DEL SECTOR DEFENSA NACiONAL, SEGURiDAD PÚBLiCA Y POLÍTiCA EXTERiOR

JULiO 2009 - FEBRERO 2010

ABRiL 2010

iNFORME DE GESTiÓN

íNDICE

PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

DEFENSA NACIONAL

1. INTRODUCCIÓN

2. ANáLISIS DE LA INSTITUCIONALIDAD a. Marco norMativo b. actuación institucional y legitiMidad

3. CONTROL CIVIL DEMOCRáTICO

4. CONCLUSIONES

SEGURIDAD PÚBLICA1. INTRODUCCIÓN

2. ANáLISIS DE LA INSTITUCIONALIDAD a. Marco norMativo b. actuación institucional y legitiMidad c. retos

3. CONTROL CIVIL DEMOCRáTICO a. gestión del Poder ejecutivo b. gestión del Poder legislativo c. retos d. transParencia en la gestión

4. CONCLUSIONES

POLÍTICA EXTERIOR 1. INTRODUCCIÓN

2. POLÍTICA EXTERIOR COMO POLÍTICA DE ESTADO

3. RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

4. RELACIONES CON ALBA

5. RELACIONES CON SICA

6. RELACIONES BILATERALES CON CENTROAMéRICA

7. RELACIONES CON UNIÓN EUROPEA

8. RELACIONES CON ASIA

9. RELACIONES MULTILATERALES

10. NICARAGUA y LAS POTENCIAS EMERGENTES

11. CONCLUSIONES

Pág. 5

Pág. 9

Pág. 17

Pág. 19

Pág. 21Pág. 22Pág. 30

Pág. 53

Pág. 59

Pág. 63

Pág. 65

Pág. 67Pág. 67Pág. 70Pág. 76

Pág. 77Pág. 77Pág. 80Pág. 80Pág. 81

Pág. 82

Pág. 83

Pág. 85

Pág. 86

Pág. 88

Pág. 95

Pág. 103

Pág. 107

Pág. 117

Pág. 121

Pág. 126

Pág. 130

Pág. 137

PRESENTACiÓNPRESENTACiÓN

Esta publicación es posible gracias al auspicio de The National Endowment for Democracy (NED). El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) es el único responsable del contenido y las opiniones expresadas en esta publicación.

6 7

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) presenta el VI Informe de Gestión del Sector Defensa, Seguridad Pública y Política Exterior, correspondiente

al período julio 2009 – febrero 2010. El presente Informe es un documento que IEEPP elabora desde el año 2007 como una iniciativa que pretende proveer más y mejor información de los hechos más relevantes acontecidos en estos tres importantes ámbitos de la administración pública.

Como institución de la sociedad civil que pro-mueve la generación de conocimiento y propone políticas públicas para un gobierno más eficiente, responsable y transparente, consideramos necesario que tanto el liderazgo político como la ciudadanía dispongan de mayores elementos de análisis sobre las normas y prácticas que organizan y hacen fun-cionar a las diferentes entidades de la administra-ción pública. Tal cual se ha reiterado en nuestros Informes anteriores, las diversas publicaciones que hemos puesto a disposición de la sociedad tienen un carácter constructivo y propositivo en función de mejorar el diálogo entre la ciudadanía y las distintas entidades públicas y coadyuvar en la mejora de la capacidad de gestión gubernamental. Consideramos que sólo mediante esta dinámica se puede fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia.

Desde esta visión, y procurando una perspectiva objetiva y responsable, el presente Informe docu-menta, analiza y evalúa el trabajo de las instituciones públicas que dirigen, coordinan y ejecutan las polí-ticas y planes del sector política exterior, seguridad pública y defensa nacional. Lo hacemos en el enten-dido que estos temas deben ser asumidos desde una óptica de política pública que trasciende el proyecto del partido de Gobierno o de cualquier otro actor político nacional. Por tanto, a través de este Informe nos proponemos continuar contribuyendo a crear

un escenario que favorezca la construcción de con-sensos y lineamientos básicos y fundamentales sobre los intereses y objetivos nacionales.

Así, al igual que en los Informes anteriores, hemos puesto especial atención al monitoreo, seguimiento y análisis de las principales acciones emprendidas por las instituciones evaluadas, así como las decisiones políticas tomadas por sus autoridades en materia de gestión del sector política exterior, seguridad pública y defensa nacional. Un tema que ha sido considera-do en el presente documento pero que será amplia-do en los próximos Informes es el control civil democrático de las Fuerzas de Seguridad (Policía Nacional y Ejército de Nicaragua) y el impacto que este tema tiene en la gobernabilidad democrática del sector. Para abordar estos aspectos se intentó conversar con los actores que desde sus ministe-rios o entidades públicas se encargan de elaborar e implementar las políticas públicas correspondientes o tomar las decisiones respectivas, sin embargo este intento ha resultado nuevamente infructuoso. Para balancear nuestros análisis, se consultaron a expertos de reconocida trayectoria e inclusive a ex máximas autoridades de algunas instituciones mencionadas a lo largo de este reporte.

Para el capítulo de defensa nacional queremos agradecer de manera especial las entrevistas conce-didas, los comentarios y consideraciones personales aportados por el ex Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército en retiro Javier Carrión, quien por primera vez desde su retiro hace casi 5 años ha dado una entrevista abierta sobre estos temas; y por el Dr. José Adán Guerra, ex Ministro de Defensa de Nicaragua, quien dio su visión sobre la importancia de la gestión civil. Igualmente agrade-cemos los aportes, comentarios y apreciaciones de dos expertos que han colaborado desde el primer Informe de IEEPP, tanto para el capítulo de defensa

8 9

como para el de seguridad pública: el ex Jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID), General de Brigada en retiro Hugo Torres; y el consultor civil en temas de defensa y miembro de la junta directiva de la Red de Expertos de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), Roberto Cajina. Para el capítulo de seguridad pública, agra-decemos con especial consideración a los ex direc-tores de la Policía Nacional, Dr. René Vivas Lugo y Fernando Caldera Azmitia; al ex Subdirector General y fundador de la Policía Nacional, Javier López Lowery; y al catedrático de la Universidad Centroamericana y experto en seguridad ciudadana, Lázaro García. Para el capítulo de política exterior de este Informe, quisiéramos reconocer y agradecer los importantes aportes realizados y el tiempo brin-dado por el Excelentísimo Embajador de Taiwán, señor Chin Mu Wu; el Excelentísimo Embajador del Brasil, señor Flavio Helmon Maicera. Asimismo, agradecemos los análisis y opiniones brindadas por el diputado suplente del Parlamento Centroamericano, Embajador Mauricio Díaz; y la Vicedecana de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Americana, Msc. Nelly Valdivia Castro. No quisiéramos dejar de un lado las considera-ciones y opiniones dadas a IEEPP para efectos del V Informe –no publicado- por el Honorable Señor Valeryl Bobrov, Ministro Consejero de la Embajada de Rusia; y por el Secretario de Relaciones Internacionales del FSLN y Diputado Presidente del Parlamento Centroamericano, Sr. Jacinto Suárez.

Finalmente, queremos aclarar que el análisis y los planteamientos contenidos en el presente trabajo son responsabilidad total del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y del equi-po de investigadores encargados de redactarlo.

RESUMEN EJECUTiVORESUMEN EJECUTiVO

Presentación

10 11

El VI Informe de Gestión del Sector Defensa Nacional, Seguridad Pública y Política Exterior, presenta un análisis general de la conducción política y el desempeño de las ins-

tituciones claves en estos ámbitos de la administración pública durante el período julio 2009 – febrero 2010.

En el sector Defensa, durante el último semestre del año 2009 un hecho que generó especial interés en la opinión pública fue la reforma a la Normativa Interna Militar (NIM) del Ejército de Nicaragua. La reforma a la NIM se enmarcó en lo estipulado por la legislación correspondiente y bajo los procedimientos establecidos. Sin embargo, debido a que en el con-texto político nicaragüense prevalece la desconfianza hacia la forma de gobernar del Presidente actual, tal reforma generó diversas suspicacias en medios de comunicación, generadores de opinión y algunos especialistas en la materia. Especialmente porque fue una decisión tomada en un escenario político poco favorable para el cuerpo militar y en circunstancias que no revistieron de la importancia que la NIM sí tiene para la estructura militar. No obstante las suspi-cacias surgidas por tales circunstancias, la reforma no fue una decisión coyuntural, sino consecuencia de un proceso de reflexión iniciado hace varios años en el seno del Ejército. Las razones oficiales más allá de lo eminentemente legal no fueron dadas a conocer, ni se conoció si la reforma fue discutida con las autori-dades civiles correspondientes.

De acuerdo a los especialistas consultados y al análisis realizado por IEEPP, es improbable que la reforma haya respondido a un interés particular del presidente Ortega por “flexibilizar” dicha institución para cooptarla a sus propios fines. La reforma res-pondió aparentemente a un interés exclusivamente institucional en función de su auto-fortalecimiento en términos de permanencia de recursos humanos calificados y otros aspectos funcionales y administra-tivos. Sin embargo, al no dejarse taxativamente esta-blecidos en la NIM los límites de tiempo en que un

alto oficial puede mantenerse en la institución, serán latentes –aunque muy remotos- los riesgos de perma-nencia innecesaria de una oficialidad determinada, que podría generar un lento relevo generacional.

En relación a la crisis política con Honduras a raíz del golpe de Estado al ex presidente Manuel Zelaya, el presidente Daniel Ortega realizó un manejo pon-derado, pese a su característica retórica y apoyo al Presidente depuesto. Sus discursos e intervenciones públicas procuraron mantener el diferendo en el ámbito diplomático y no comprometió a la institu-ción armada. En otro aspecto, la posibilidad que el Ejército de Nicaragua pueda inmiscuirse en una acción de la misma naturaleza que la de Honduras es poco viable. Aunque el Presidente insistiera que el Ejército no realizaría tal acción por su origen “revolucionario”, la razón principal evidente se debe al grado de profesionalismo e institucionalidad alcan-zada en los pasados 30 años. No es razonable pensar que el Alto Mando del Ejército estaría dispuesto a poner en tela de duda su fuerte imagen y credibilidad ante la sociedad nicaragüense, mediante un golpe de Estado al actual o a cualquier otro Gobierno.

La adhesión de Nicaragua a un acuerdo político para conformar un Comité Permanente de Defensa y Soberanía del ALBA-TCP significa un desafío importante para el escenario externo de la política exterior y de defensa del Estado nicaragüense, ya que este Comité se podría considerar como un primer paso para la posible creación de una alianza militar en el marco del ALBA. Sin embargo, la mate-rialización de esta posibilidad es aún poco probable. En cualquier caso, estos acuerdos ALBA en materia de defensa tienen connotaciones político-ideológicas que buscan hacer un contrapeso a Estados Unidos, hasta la fecha uno de los países que mantiene bue-nas relaciones de cooperación con el Ejército de Nicaragua, a diferencia de Venezuela que no se tiene conocimiento público de su aporte al fortalecimiento de la entidad castrense nicaragüense.

12 13

en la relación existente entre el presidente Daniel Ortega y la Primera Comisionada Aminta Granera que, de acuerdo a una percepción generalizada, sur-gieron debido a la influencia político – partidaria que el Mandatario de la República quiso imprimir en el seno de la Policía Nacional desde que asumió la Presidencia y lo cual era contraria al espíritu institu-cional, profesional, apartidista y apolítico que asumía la nueva jefatura policial.

Además, hubo un esfuerzo sostenido desde la Presidencia de la República por incrementar las capacidades operativas de la Policía, lo que se demostró con aumentos en los gastos corrientes de las partidas presupuestarias, con las cuales se ha veni-do incrementando el número de agentes policiales. Fue en este mismo periodo que la normativa institu-cional sufrió un cambio importante: por medio de un decreto ejecutivo se prorrogó el tiempo requerido para el retiro por jubilación de los oficiales de la Policía Nacional.

De acuerdo a lo que se planteó oficialmente, con la emisión de este decreto se evitaba que nume-rosos oficiales fundadores de la Policía Nacional que habían adquirido gran experiencia y estudios académicos, y que por su edad aún podían ofrecer más tiempo dentro de la institución, pasaran a retiro obligatorio por jubilación por el hecho de haber cumplido 30 años servicio activo, según establece la Ley 228.

También fue en este período en que se registró una desaceleración del 9% en el comportamiento delictivo general. Esto significa que los planes ope-rativos implementados por las fuerzas policiales han dado resultado a pesar de las limitaciones históricas que la Policía Nacional ha mostrado. Desde media-dos del 2009, la institución ha venido reforzando su área preventiva y ha aumentado el número de agen-tes y patrullas en las calles y puntos clave de la capital y otros departamentos.

Por otro lado, en este período se observó que los índices de legitimidad social de la Policía Nacional decayeron un poco. De acuerdo a los resultados de sondeos realizados a finales del 2009 por algunas firmas consultoras, los índices que demostraban que los ciudadanos le tenían mucha confianza a la institución, se redujeron en 3.7 puntos porcentuales; mientras que la confianza parcial aumentó en 10.9 puntos porcentuales. Esto significa que cada vez es mayor el número de nicaragüense que confía par-cialmente en la Policía Nacional, mientras que se reduce el número de aquellos que le tienen plena confianza a ésta.

Esto se debió a una serie de factores que incidie-ron negativamente en la imagen institucional de la Policía Nacional. Uno de estos factores fue la falta de actuación de algunos agentes que no intervinieron para proteger la integridad física de funcionarios de la sociedad civil cuando éstos eran agredidos por simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las inmediaciones de la Catedral de Managua.

Otro factor determinante fue la aparición de dos altas oficiales en un acto partidario impulsado por mujeres sandinistas. En este caso, una de las oficiales participó en ese acto del FSLN con el uniforme poli-cial, en abierta violación a las disposiciones de la Ley de la Policía Nacional que prohíbe a sus miembros participar en este tipo de eventos.

En lo que respecta a la Política Exterior, ésta se ha caracterizado por no mantener en los últimos años una línea constante de su interés nacional ni le ha impreso una visión de Estado, ya que por lo general ha respondido a los intereses partidarios del Gobierno de turno ó de intereses foráneos. Esta constante ha dado como resultado visible una débil política internacional y una pobre inserción de Nicaragua en los procesos globalizadores y en las organizaciones internacionales

El nombramiento del nuevo Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua se realizó en una inusual y atemporal fecha, y durante un acto partidario que de alguna manera pudo haber comprometido polí-ticamente a la imagen de la institución militar. No obstante, con el nombramiento del General Julio César Avilés, ex Jefe del Estado Mayor General, el presidente Ortega despejó dudas sobre el supuesto interés de nombrar a otro oficial más cercano a sus intereses. Por el contrario, esta decisión del máximo mandatario es un aporte al proceso de fortalecimien-to del Ejército de Nicaragua, bajo la lógica que el cambio de mando –donde el anterior Jefe de Estado Mayor asume la Comandancia- es un proceso natu-ral en la vida institucional del Alto Mando ya que se preserva la línea de desarrollo estratégico del lide-razgo militar. Se espera que el nuevo Comandante en Jefe mantendrá con un estilo propio la misma línea de los antecesores: el fortalecimiento de la institucionalidad, profesionalismo, modernización y credibilidad del Ejército de Nicaragua.

La posibilidad que el Ejército de Nicaragua ejecu-te las misiones anunciadas por el presidente Daniel Ortega, específicamente las relacionadas al resguar-do y protección de los recursos naturales (“Batallón Ecológico”) y para apoyo en construcción de un programa de interés social (“Calles para el Pueblo”), implicaría algunos retos para la institución militar. Esas son misiones legales debido a que son roles o funciones establecidas en el marco normativo de actuación del Ejército. Y legítimas porque son indi-rectamente reconocidas por la población como fun-ciones que el Ejército debe ejecutar. Y aunque sean consideradas necesarias tanto para la institución mili-tar como para el Estado, no deben asumirse como misiones permanentes que coordina el Ejército, sino roles que complementan y dan apoyo a los esfuerzos de la gestión civil.

En el período analizado en el presente informe, el Gobierno actual mantuvo el mismo modelo de

gestión civil que ha venido desarrollando desde el año 2007: un Ministerio de Defensa sin una posición de jerarquía legal o política que le revista de capacidad material y jurídica de decisión, en la que su débil estructura es reflejo de las pocas responsabilidades que se le mantienen. No se espera que esta situación cambie en lo que resta de administración Ortega. Asimismo, el control civil de las Fuerzas Armadas actualmente recae exclusivamente en la autoridad del Presidente Ortega como su Jefe Supremo. Éste es y seguirá siendo la única autoridad civil en la gestión de la defensa, mientras el Ministerio de Defensa siga estando disminuido y la Asamblea Nacional apática a los temas respectivos. Aunque se percibe que el presidente Ortega mantiene un control subjetivo del Ejército con el interés de cooptarle y acercarle a los intereses de su Gobierno y partido político, es aún muy difícil determinar que en la práctica se esté dando una adhesión del Ejército a tales intereses. El anterior y el actual Comandante en Jefe del Ejército insistieron persistentemente en mantener su apego a lo estableci-do en la Constitución y las leyes. Se espera que la tóni-ca en las decisiones en defensa y las relaciones civiles-militares sea la misma que en los 3 años anteriores: el Presidente comprometiendo al Ejército y, a su vez, el Ejército procurando reforzar su imagen pública de la institución más creíble y profesional del país.

En materia de Seguridad Pública, varios hechos resaltaron como patrones en la tendencia de la conducción y gestión del sector de la seguri-dad pública. La observación constante sobre estos hechos y del papel desempeñado por el liderazgo civil, en materia de conducción y control democrá-tico, nos conduce a deducir dos aspectos básicos alrededor de la situación de la Policía Nacional: 1)-. Se registró una leve mejoría con respecto a los años anteriores; y 2)-. Un leve desmejoramiento de su legitimidad social.

Por un lado, estos hechos demuestran que de alguna manera se superaron las aparentes tensiones

resuMen ejecutivo

14 15

cabo en noviembre de 2009 en las cuales resulto electo Porfirio Lobo, a quien hasta febrero de 2010 no lo había reconocido como el Presidente Constitucional. Por su parte con Costa Rica se avanzó al obtener la sentencia definitiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de la demanda costarricense por el uso del nicaragüen-se río San Juan, en dicha sentencia se reafirmó la soberanía y sumo imperio de Nicaragua sobre el río y le otorgó derechos de navegación que ya eran rea-lizados por costarricenses en una parte del mismo. Como siempre la agenda bilateral con Costa Rica mantuvo en primer plano las cuestiones migratorias y las divergencias destacadas entre ambos mandata-rios, así como los desacuerdos en cuanto al permiso ambiental dado por autoridades costarricenses a una empresa canadiense de minería a cielo abier-to el cual dañaría y causaría estragos en el medio ambiente y en el río San Juan.

Por otro lado y en seguimiento a la profunda crisis que mantuvo a Centroamérica en un primer instante unida y luego separada el Presidente de Guatemala Álvaro Colom realizó visita oficial a su homólogo Ortega, con el fin de llegar a un acuerdo para que Nicaragua como único país de la región que no se había mostrado de acuerdo con el Gobierno de Lobo, cediera en su posición y lo reconociera oficialmente para no seguir afectado los procesos de integración centroamericana y las negociaciones con la Unión Europea. Mientras que con Panamá se logró cerrar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio que era discutido desde el año 2002. Con la finalización y entrada en vigencia del TLC ambos países incrementarían el comercio bilateral.

La Unión Europea que mantiene uno de los nive-les de colaboración más altos en Nicaragua de toda Latinoamérica y brinda más del 50% del total de la ayuda económica que recibe el país, ha visto como el Gobierno de Ortega ha mantenido y alimentado una

posición de desacuerdo en los términos del manejo de la cooperación, donde ha puesto de manifiesto su rechazo a lo que entienden que la ayuda que brindan a Nicaragua este siendo utilizada como un instru-mento de negociación y presión política. Se derivan de esa interpretación los señalamientos por una falta de gobernabilidad democrática, transparencia, liber-tades públicas e individuales, acceso a la información gubernamental y sobre todo por el fraude ocurrido en las elecciones municipales de noviembre de 2008, lo que ha llevado inclusive que miembros del Gobierno utilicen palabras que sobrepasan el tono diplomático para referirse a personas vinculadas con la Misión de la Unión Europea en nuestro país. Estos temas han condicionado y suspendido fondos de cooperación del Grupo de Apoyo Presupuestario y que varios países europeos condicionen la entrega de fondos en distintas modalidades.

Una posible mejora de las relaciones entre la Unión Europea y Nicaragua sería el manejo de las Elecciones regionales de marzo de 2010 en el Caribe nicaragüense, donde factores como la transparencia y libertad serían claves para que se retome la agenda política y la cooperación.

Por otro lado, Nicaragua ha mantenido relacio-nes favorables y beneficiosas para el país como las que conserva con Taiwán, con la cual se obtienen una gran cantidad de recursos sin condicionamien-tos a cambio de mantener el apoyo a las aspiracio-nes taiwanesas de ser reconocido a nivel mundial como una nación independiente y soberana. Al contrario de lo que sucede con Irán, nación que ha sido condenada y aislada mundialmente por ser considerado un Estado que auspicia el terrorismo, con la cual Nicaragua desde el 2007 mantiene una relación cercana y un convenio de cooperación que no ha generado los frutos que se proyectaron y que se conoce muy poco sobre los avances, por la constante negativa del Gobierno de brindar infor-mación.

En sus relaciones bilaterales con países tradi-cionalmente influyentes como Estados Unidos ha mantenido un nivel de retórica fuerte y constante debido a las divergencias existentes, lo que ha dado lugar al mantenimiento de una relación diplomática en la cual ambos países no han logrado conciliar las posiciones y visiones que tienen de la política domés-tica e internacional. Cuestiones como la suspensión de la Cuenta Reto del Milenio (CRM), los ataques a la sede diplomática estadounidense en el país, el mantener la Embajada de Nicaragua en Washington sin un Embajador desde hace ya un año, la sentencia que da vía libre a la reelección del Presidente de la República, el mayor acercamiento de Nicaragua con países como Irán y la considerable influencia de Hugo Chávez, han confluido para ayudar a que no se regularicen ó por lo menos se mantengan cierto grado de diálogo y entendimiento entre los Gobiernos de ambas naciones.

En estos siete meses el Gobierno de la República de Nicaragua mantuvo los lineamientos de acer-camiento progresivo a sus aliados de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP) donde ha encontrado un espacio acorde a su ideología política y comercial. Además de obtener una gran ayuda en términos económicos de parte de Venezuela en calidad de préstamos y donacio-nes que se enmarcan en el ALBA, que se concibe como una instancia regional de integración, solida-ridad, cooperación genuina y complementariedad entre los países miembros que mantiene como premisa el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social sobre bases teóricas y concep-tuales de las doctrinas de izquierda, conocida como el Socialismo del Siglo XXI. Manteniendo una postura e ideales antagónicos con las políticas de Estados Unidos hacia el hemisferio americano y en el mundo entero. Estas relaciones han dejado un legado que oscila entre los beneficios sociales que han obtenido ciertos sectores de la sociedad y una

estela de secretismo y no entrega de cuentas sobre la cuantiosa ayuda económica que Venezuela ha entregado desde el año 2007, además de una con-siderable influencia del Presidente Chávez sobre el gobernante nicaragüense.

La posición de Nicaragua en el seno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se ha man-tenido en la vía de mantener y acelerar el proceso, aunque mantuviera por un lapso de tiempo una incertidumbre alrededor de la Presidencia Pro Témpore del SICA al querer negarse en un primer instante a entregarla a Costa Rica como correspon-día, sin embargo el poco apoyo que obtuvo de las demás naciones y la presión misma de la institu-cionalidad del Sistema hicieron que finalmente se mantuviera el orden y la legalidad. El proceso de integración tuvo un semestre difícil por los diferen-tes sucesos que se dieron, iniciando con el golpe de Estado que se dio en Honduras en contra del Presidente Mel Zelaya por parte de la clase política opositora coludidos con el Ejército y el empresaria-do hondureño.

A partir del golpe en Honduras la negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea se paralizó y se retomaron hasta el año 2010. Por razones que no son conocidas Nicaragua no se adhirió a la Unión Aduanera que ya forman Guatemala, El Salvador y Honduras, con ese paso el comercio intrarregional se hubiera visto fortalecido.

Con los países centroamericanos las relaciones bilaterales oscilaron entre regulares y casi nulas como es el caso de la Honduras posgolpe, con la cual se mantuvieron los mínimos acercamientos políticos y comerciales con el gobierno de facto que presidía Roberto Michelleti. Nicaragua siem-pre mantuvo una posición vertical en cuanto al no reconocimiento del Gobierno de Michelleti, así como tampoco de las elecciones que se llevaron a

resuMen ejecutivo

16 17

iNFORME DE GESTiÓN DEFENSA NACiONAL

iNFORME DE GESTiÓN DEFENSA NACiONAL

Nicaragua ha mantenido su presencia en orga-nizaciones internacionales y regionales de la mano de actitudes y políticas que mantiene Venezuela y su presidente Hugo Chávez así como los países que conforman el ALBA. Autoridades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han calificado de grandes avances las políticas sociales del Gobierno, que sin embargo no comparten la oposición política y la sociedad civil ya que aseguran existe un excesivo alineamiento de los representan-tes del PNUD en Nicaragua con el Gobierno.

Con respecto a la Organización de Estados Americanos (OEA), el Presidente Ortega ha man-tenido su deseo por abandonarla por considerar que no responde a los intereses de la mayoría de naciones latinoamericanas y caribeñas, y ha insta-do al igual que otros Presidentes a la creación de otro organismo regional en el cual no se incluyan a Estados Unidos y Canadá. Dichas pretensiones se vieron alimentadas tras la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo y la XXI Cumbre del Grupo de Río, en la cual los pre-sidentes latinoamericanos y caribeños, debatieron y estuvieron de acuerdo en la creación de una nueva organización regional ó mecanismo de concertación política que responda a los intereses netamente cari-beños y latinoamericanos.

Nicaragua por ser un país pequeño y pobre y ante el proceso de globalización tiene que recurrir a las relaciones multilaterales tanto con naciones como con conjuntos de organizaciones donde puedan mantener o plantear posiciones que favorezcan a la nación ó vayan dirigidas a potenciar los mecanismos de apoyo a naciones como la nuestra. El IEEPP desde este punto de vista aprueba las vías por las cua-les Nicaragua mantiene relaciones con países como Brasil, Rusia y China que son consideradas potencias emergentes en la arena internacional. Las visitas del Presidente Lula en 2007 y del Canciller Ruso Lavrov

en 2010 han dejado sus réditos a la política acertada hacia una diversificación y multilateralismo por parte del Gobierno.

La grave crisis económica mundial y diversos factores internos, han determinado disminuciones anuales de los flujos de cooperación. El Gobierno ha mantenido una actitud de agradecimiento a la cooperación sin condicionamientos que ofrecen paí-ses como Venezuela, Taiwán y Rusia. Al contrario de lo que ha ocurrido con Estados Unidos y Unión Europea con los cuales ha mantenido relaciones tirantes por diversos condicionamientos en materia democrática que son tomados en cuenta para el mantenimiento de los flujos económicos de coope-ración.

El Gobierno de Nicaragua podría sentarse con diferentes actores de la sociedad nicaragüense con el fin de escuchar y obtener diferentes visiones y sobre la elaboración de la política exterior con el fin de fijar una agenda que priorice la consecución de fondos de cooperación, la defensa de la soberanía e independencia, la atracción de flujos de inversión, incentivar relaciones de amistad con el entorno terri-torial natural y cercano, promover la profundización de la integración centroamericana como instrumento de desarrollo. Estos puntos de agenda podrían ser incorporados a los principios que ha expresado el Presidente de la República Daniel Ortega como pilares de la política exterior como la dignidad, soberanía, autodeterminación, respeto, unidad y soli-daridad. El ejemplo de la política de multilateralidad impulsada en El Salvador por el Presidente Mauricio Funes pudiera ser una referencia importante y estra-tégicamente viable para Nicaragua.

resuMen ejecutivo

18 19

A juzgar por las palabras pronunciadas por el hoy General en retiro, Omar Halleslevens, durante el Acto central del 30 aniversario del Ejército de Nicaragua1, la labor que

organizaciones civiles puedan desempeñar en fun-ción de una mayor y mejor fiscalización de la gestión pública es bien recibida por la institución militar. Actitud que debe ser reconocida positivamente por aquellos actores que están interesados en mejorar la calidad del diálogo entre sector público y sociedad, en especial alrededor de un asunto tan sensible como lo es la gestión de la defensa nacional. La perspectiva de trabajo que impulsa el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) en esta área se basa en los principios de conducción democrática y rendición de cuentas de las fuerzas armadas al poder civil y, a su vez, de las autoridades civiles a la sociedad. Gestión en la que conceptos como racionalidad, transparencia y eficiencia de las políticas de defensa y el gasto militar sean factores que contribuyan a mejorar la institucionalidad demo-crática.

Bajo esta lógica elaboramos y presentamos el Capítulo de Defensa Nacional del VI Informe de Gestión. Éste aborda los principales hechos aconteci-dos entre julio 2009 y febrero 2010 relacionados con

la gestión política de la defensa nacional realizada por las principales instituciones del Poder Ejecutivo: Presidencia y Ministerio de Defensa. Asimismo, ana-liza los acontecimientos más relevantes experimenta-dos en este período por la institución ejecutora de las directrices políticas de la defensa nacional (Ejército de Nicaragua) y el impacto que tales hechos tuvieron en su proceso de institucionalización, profesionaliza-ción, modernización y credibilidad.

Este documento no es una descripción pormeno-rizada de cada actividad o acción emprendida por las instituciones señaladas. Sólo se procura realizar, mediante un breve y puntual análisis, una radiografía descriptiva del escenario actual de la defensa. En este sentido, las principales fuentes de información utilizadas fueron sitios web de las instituciones públi-cas del sector, discursos de las máximas autoridades, leyes vigentes referidas a la materia en estudio, notas de prensa institucionales y, en menor medida, medios de comunicación nacionales. Se incluyen, además, aspectos teóricos que diversas entidades y especialistas han planteado alrededor del debate sobre los temas en cuestión, con el objetivo de apor-tar otras visiones, principalmente en referencia a lo que debería de ser la conducción política y control civil democrático del sector.

1. INtroDuCCIóN

“sin vacilaciones, debo reiterar que sabremos estimar y recibir con beneplácito y modestia los valiosos aportes que los diversos actores de la sociedad nicaragüense nos brinden, no duden que los apreciamos y forman parte de nuestro diario quehacer, para ser mejores y tener el valor y la entereza de rectificar cuando así se nos demande”

General de Ejército®, Omar Halleslevens, Acto 30 Aniversario del Ejército de Nicaragua.

1 Ejército de Nicaragua, revista Defensa Nacional, Edición Especial “30 Aniversario del Ejército de Nicaragua”, septiembre de 2009.

inForMe de gestión deFensa nacional

21

BASE JURÍDiCA REFERENCiAL DE ANáLiSiS

El presente Informe analiza las principales insti-tuciones del sector defensa. La base jurídica-legal de éstas radica en la Constitución Política de Nicaragua, referente normativo en el que se sustenta la Defensa Nacional. De la Constitución se emanan los prin-cipios rectores determinantes de las principales normas que regulan al sector, como lo son: a) El Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar (Ley 181 o Código Militar3), que además de reglamentar el actuar del Ejército, define las principales funciones y roles de la institución militar; y b) Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 2904), que establece el esquema funcional y ámbito de acciones de las entidades del gobierno. Existen otros instru-mentos que rigen el marco jurídico de la defensa, como son la Ley 44, Ley de Emergencia, y los trata-dos y convenios internacionales suscritos por el país.

Para efectos de nuestro Informe, nos remitiremos principalmente a la Constitución Política, Ley 181 y la Ley 290 y su reforma, Ley 6125. Igualmente se tomará como referencia el Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua, elaborado conjuntamente por el Ejército de Nicaragua y el Ministerio de Defensa en el 2004, que contiene los fundamentos y lineamientos generales de la defensa nacional como política pública, y retoma los principios establecidos

en la Constitución Política. En relación a otras ins-tituciones que se mencionarán en este reporte, se utilizarán si son necesarias sus respectivas leyes de organización y funcionamiento. Por último, se men-cionarán algunos documentos oficiales en los que se señalan aspectos funcionales y de organización de estas instituciones.

BREVE CONTEXTUALizACiÓN

Desde el año 2007, algunas decisiones de la actual administración han demarcado con mayor ímpetu una tendencia hacia la minimización de la gestión civil ministerial y del liderazgo político no presidencial. Por ende, se ha reforzado una sustancial autonomía fun-cional del cuerpo militar, aunque esté en detrimento de la institucionalidad democrática del sector.

Algunos rasgos o hechos que soportan lo mencio-nado en el párrafo anterior son: a) Ley 612, de refor-ma a la Ley 2906, en vigencia desde el 29 de enero de 2007, que profundizó la diferencia del marco regulatorio tanto del Ejército como del Ministerio de Defensa –MIDEF- (en términos de capacidades y funciones) y retiró definitivamente a este último del rol de entidad político-administrativa para la conduc-ción y rectoría del sector; b) aumento en el rango de tareas y roles del Ejército sin un efectivo control civil democrático; c) ausencia de un debate alrededor de una política de defensa que determine claramente los objetivos, metas y funciones de la defensa nacional

Así, en el Capítulo I, el más extenso, se realiza un análisis de la institucionalidad del sector. En referencia al marco normativo, se abordan las prin-cipales aristas que implicó la reforma a la Normativa Interna Militar (NIM) y su impacto en la carrera militar. En este mismo capítulo, con respecto a la actuación institucional y legitimidad en la conduc-ción política y toma de decisiones por parte de la Presidencia de la República –y la relación de ésta con el Ejército de Nicaragua-, se evalúa el manejo de la crisis con Honduras a raíz del golpe de Estado en ese país; la propuesta de una posible alianza militar en el marco del ALBA -en la que participaría el Estado de Nicaragua-; el efecto del nombramiento de un nuevo Comandante en Jefe en el profesiona-lismo e institucionalidad del Ejército de Nicaragua; y las implicancias que podría conllevar la creación de un “Batallón Ecológico” y el posible apoyo de una unidad del Ejército en la construcción de pro-gramas de construcción del Gobierno. Igualmente, en este capítulo se analiza la institucionalidad actual del Ministerio de Defensa y su importancia para el fortalecimiento del liderazgo civil en la conducción política, por ende, en la gobernabilidad democrática del sector. En el Capítulo II se realiza una valora-ción de las relaciones civiles-militares y el control civil democrático sobre las Fuerzas Armadas, los obstáculos y algunos desafíos para implementar un modelo de control civil democrático.

Con el fin de procurar mayor objetividad a los planteamientos realizados desde IEEPP y balancear el análisis, se trató de obtener la visión institucional de las autoridades actuales del Ministerio de Defensa y Ejército de Nicaragua sobre los temas abordados en el presente reporte, sin embargo al igual que

en los Informes anteriores no hubo una respuesta positiva a nuestra solicitud2. Debido a esta falta de información oficial, IEEPP entrevistó nuevamente a especialistas en temas relativos a la defensa nacional y las relaciones civiles-militares, así como a actores que fungieron durante gobiernos anteriores como máximas autoridades del Ejército de Nicaragua y del Ministerio de Defensa.

2. ANálIsIs DE lA INstItuCIoNAlIDAD

inForMe de gestión deFensa nacional

20

2 El 8 de febrero se envió correspondencia al Ministerio de Defensa y al Ejército de Nicaragua. las autoridades del MIDEF apelaron al silencio administrativo y no respondieron ninguna de las llamadas del equipo responsable de la elaboración de este reporte. Por su parte, el Ejército de Nicaragua dio pauta a un nuevo acer-camiento después de un impasse de casi dos años, cuando el 04 de marzo de 2010 el general de Brigada Adolfo Zepeda, Jefe de relaciones Públicas del Ejército, recibió al equipo de seguridad Democrática de IEEPP. sin embargo, las respuestas a nuestras inquietudes sobre la gestión de la defensa se dejó como un asunto pendiente para el próximo informe de gestión.

3 ley 181, Código de organización, Jurisdicción y Previsión social Militar, la gaceta Diario oficial, No. 164, 02 de septiembre de 1994.

4 ley 290, ley de organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, la gaceta Diario oficial, No. 102, 3 de junio de 1998.

5 ley 612, ley de reforma y Adición a la ley 290, ley de organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, la gaceta Diario oficial, No. 20, 29 de enero de 2007.

6 ley 612, ley de reforma y Adición a la ley 290, ley de organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, la gaceta Diario oficial, No. 20, 29 de enero de 2007

22 23

En la parte preambular o de considerandos, que no estaba indicada en su texto original, la NIM “se constituye en uno de los principales instrumen-tos normativos que regulan la vida interna del Ejército de Nicaragua y dado el avance y desa-rrollo institucional alcanzado, se hace necesario su actualización para armonizarlo con el cuerpo normativo que rige la institución”13.

Según lo estipulado por la nueva Normativa, los cambios introducidos son (Tabla 2):

¿REFORMA NECESARiA EN UN CONTEXTO POLÍTiCO ADVERSO?

Como es natural después de una reforma al ordenamiento jurídico de una entidad estatal, y en especial en un contexto político donde prevalece la desconfianza hacia las instituciones en general y particularmente hacia la forma de gobernar del Presidente actual14, cabe preguntarse ¿a qué se debe la necesidad de reformar dicha Normativa? Pese a que esta decisión es potestad exclusiva y autónoma del Ejército, hubo otras interrogantes alrededor de la reforma.

desde un enfoque más amplio que el estrictamente militar y con el concurso de todos los actores socia-les y políticos (intento iniciado con el Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua)7. En este escenario se enmarca la institucionalidad actual del sector.

a. Marco norMativo

REFORMA DE LA CARRERA MiLiTAR

Desde la promulgación de la Ley 612, Ley de reforma a la Ley 290, aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua a inicios del año 2007, el marco normativo del sector defensa se había mante-nido intacto por casi 3 años. En el último semestre del año 2009 un hecho que generó especial interés en la opinión pública fue la reforma8 a la Normativa Interna Militar (NIM) del Ejército de Nicaragua.

La NIM es el instrumento jurídico-reglamentario que norma la organización de la entidad castrense y establece los procedimientos de la carrera mili-tar. Con el fin de dar respuesta institucional a las funciones y misiones que el poder civil le confiere, el cuerpo armado está organizado y estructurado de forma jerárquica y piramidal9, manteniendo una cadena de mando interna en la que existe una estrecha relación entre el grado y el cargo que ostenta el personal militar, según lo establecido en la Constitución Política, la Ley 181 o Código militar y la misma NIM. El esquema teórico de la carrera

militar de los oficiales, incluyendo a los suboficiales, es el siguiente (Tabla 1):

Este esquema es el que ha determinado la vida interna institucional del Ejército desde 1998, año en que entra en vigencia la NIM. A manera gráfica, hace más de diez años, un oficial del Ejército todavía en activo indicó que la carrera militar se había carac-terizado por “la posibilidad de pasar a los distintos escalones en función de la estructura de cargos, de las escalas y las especialidades militares, de los tiem-pos de permanencia de cada categoría de personal y de los planes de enseñanza militar”10. En esta diná-mica, según el oficial, “el tránsito no se da de forma subjetiva o mecánica, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos. Y uno de los elementos centrales es que hay medidas de personal, hay entradas perió-dicas y salidas periódicas”11.

Desde su promulgación en 1998, la NIM había garantizado que la estructura de ascensos y salidas funcionara gradualmente en los años subsiguientes de la manera mencionada en el párrafo anterior. Sin embargo, por razones que se abordarán en párrafos siguientes, se impulsó desde el interior del Ejército la reforma que fue publicada en La Gaceta el 15 de diciembre de 2009. Acorde con el Código Militar, el Comandante en Jefe tiene la atribución de “emitir y reformar, en consulta con el Consejo Militar, la Normativa Interna (…)”12. Es decir, la reforma se enmarca en lo estipulado por la legislación corres-pondiente y bajo los procedimientos establecidos.

TABLA 1: ESQUEMA TEÓRICA DE LA CARRERA MILITAR

Fuente: Elaboración en base a Libro de la Defensa Nacional y Reporte Sector Seguridad- Centroamérica (FLACSO-IEEPP; 2006)

O�ciales GeneralesGeneral de EjércitoMayor GeneralGeneral de Brigada o Contra-Almirante

O�ciales SuperioresCoronel o Capitán de NavíoTeniente Coronel o Capitán de FragataMayor o Capitán de Corbeta

O�ciales SubalternosCapitán o Teniente de NavíoTeniente Primero o Teniente de FragataTeniente o Teniente de Corbeta

Subo�cialesSubo�cial PrimeroSubo�cial SegundoSubo�cial Tercero

Clases (sargentos)Sargento PrimeroSargento SegundoSargento TerceroSoldados y MarinerosSoldado (Marinero de Primera)

Escala SuperiorGrados van de Teniente a General. Militares educados para ejercer mando de pelotones, cargos de planas mayores, estados mayores, Estado Mayor General y Comandancia Gral.

Escala MediaGrados van de Teniente a Coronel. Ocupan cargos de o�ciales técnicos y especialistas en unidades de las fuerzas y órganos de dirección de la Comandancia y el Estado Mayor General. O�ciales que requieren formación profesional universitaria, y egresados de cursos asimilados.

Escala BásicaGrados jerarquizados de Sargento Tercero a Subo�cial Primero. Formación de nivel técnico medio y técnico superior en el sistema educacional. Personal militar que requiere preparación en centros especialis-tas menores y personal con formación equivalente al resto del sistema de edu-cación nacional en nivel técnico y técnico superior

Jefe de EjércitoJefe de Estado Mayor G.Jefe de Dirección (Equivalente)

Jefe de Comando MilitarJefe de Batallón (Equivalente)Jefe P.M. Batallón (Equivalente)

Jefe de Compañía (Eq.)O�cial Plana MayorJefe Pelotón (Equivalente)

47 – 49 42 – 44 37 – 39

30 – 32 26 – 28 22 - 24

302520

1584

Grado (Composición)

Cargo especí�co

Edad promedio al entrar-cargo

Tiempo de servicio al

salir-cargo Clasi�cación

de cargos

7 Para una profundización sobre la gestión de la defensa durante el actual gobierno ver Informes de gestión del sector seguridad Pública, Defensa Nacional y Política Exterior; Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), http://www.ieepp.org/documentos/informe_gestion.php.

8 reforma a Normativa Interna Militar, Diario oficial la gaceta, No. 237, 15 de diciembre de 2009.

9 El Ejército “es una estructura altamente jerarquizada y de forma piramidal, de manera que tiene un ápice, integrado por los oficiales que constituyen su columna vertebral”. teniente Coronel Darce, rené (actual general de Brigada), “Percepciones de Amenazas, roles y misiones del Ejército de Nicaragua”, Diálogo centroameri-cano, No. 32, san José, agosto 1998.

10 teniente Coronel Darce rené (actual general de Brigada), op. Cit.

11 Idem.

12 Arto. 9, Numeral 5, ley No. 181, op. Cit.

13 Párrafo primero de los Considerando, reforma a la Normativa Interna Militar, op. Cit.

14 según la encuesta de Myr del mes de diciembre 2009, un 60.4% de los entrevistados consideraron que el Presidente es un “gobernante autoritario que actúa para instaurar una dictadura”, mientras que el 32.7% opinó que es un “gobernante democrático apegado a las leyes del país”.

inForMe de gestión deFensa nacional

24 25

Las principales reacciones mediáticas y de gene-radores de opinión se enfocaron en relacionar su publicación con las palabras dadas doce días antes por el presidente de la República, durante el acto de clausura del VI Curso de Defensa y Seguridad Nacional del Ejército de Nicaragua:

“Nosotros tenemos normas todavía que debe-mos de buscar cómo flexibilizar, porque la verdad es que tanto en la Policía como en el Ejército, se nos retiran los cuadros, ¡ente-ros! Se imaginan... ¿cómo vamos a decir que el General Halleslevens va jubilado? ¿Cómo vamos a decir eso? ¡Imposible, está entero!”19

Para crear más suspicacia alrededor de la opinión del Presidente, el Jefe del Ejército en ese momento, General Halleslevens, ante algunos señalamientos dijo que no se habían dado cambios en relación a la NIM y que tales conjeturas respondían a “especu-laciones” de ciertas personas20. Sin embargo, pocos días después fue publicada la reforma, contradicien-do los hechos a las palabras pronunciadas por el General Halleslevens. El Jefe de Relaciones Públicas de la institución, General de Brigada Adolfo Zepeda, defendió la posición del Comandante en Jefe adu-ciendo que él no afirmó la reforma a los medios porque en esa fecha todavía no se había formalizado su aprobación21. Decisión que según él mismo, fue tomada por el Consejo Militar al día siguiente de expresada la opinión del General Halleslevens.

Alrededor de esta polémica, el General retirado Hugo Torres consideró que la preocupación en

torno a la reforma se vincula con un contexto polí-tico “no favorable” al Ejército, donde el Presidente podría convertirla en “una institución como las otras que ya todos conocemos y que se mueven bajo la voluntad de Ortega”22. Tiempo después, en entrevis-ta a IEEPP para efectos puntuales de este reporte, argumentó que “el hecho que el Presidente haya sido quien hiciera el anuncio el 3 de diciembre fue lo que aturdió. Algo que en otra coyuntura pudo haberse calificado como una medida normal”23.

En el mismo sentido se refiere el experto en defensa y seguridad Roberto Cajina: “el problema básico es el entorno político en que se da la refor-ma, luego de un comentario del Presidente Ortega. Entonces, se entiende que es un acuerdo político entre éste y el Ejército. Es lo que un buen entende-dor de la materia podría percibir”24. Sin embargo, Cajina contrasta en que si no se tomaba esa medida y esperaban otro escenario político, otro gobierno, la presión interna estaría en el Alto Mando porque saldrían a retiro un buen número de oficiales.

El Comandante en Jefe del Ejército entre 2000-2005, General de Ejército en retiro Javier Carrión, en entrevista exclusiva para el VI Informe de Gestión de IEEPP25, consideró que el problema no radicó necesariamente en el contexto o tiempo político en que se elaboró la reforma, sino en que el anuncio no fue realizado por iniciativa del Ejército mismo. Dejó entrever que él no tenía elementos de análisis que vincularan la reforma con una intención política del Presidente, más bien opinó que “quizás

TABLA 2: NIM Y SU REFORMA

Normativa I nterna M ilitar Original

Normativa Interna Militar Reformada

Principal cambio

Posición o�cial

Arto. 45: La estructura jerárquica del Ejército se clasi�ca en grados de: a) O�ciales; b) Sub-o�ciales; c) Clases; d) Soldados (Marineros).

La estructura jerárquica del Ejército se clasi�ca en grados de: a) O�cia-les; b) Sub-o�ciales; c) Funcionarios; d) Clases; e) Soldados (Marineros)

Inclusión de un nuevo grado: “Funcionarios”

Se re�ere al otorgamiento de un grado militar a aquellas personas que no tienen preparación militar pero sí experiencia profesional en el área civil. Además, que prestan su servicio al Ejército de Nicaragua.

Arto. 66: Se establece la codi�-cación por plantilla de los grados militares con signos literales y numéricos, correspondientes estos a nomenclaturas de carácter militar, las que se describen en la siguiente tabla

Se establece la codi�cación por plantilla de los grados militares con signos literales y numéricos, corre-spondientes estos a nomenclaturas de carácter militar, las que se describen en la siguiente tabla:

Inclusión del término “Tropas Especiales”, en la nomenclatura de los siguientes grados militares: Sargento Primero, Sargento Segundo, Sargento Tercero, Soldado de Primera, Soldado de Segunda y Soldado.

Se re�ere al otorgamiento de grados para sargentos y soldados especializados en Tropas Especiales, que no estaban contemplados en la NIM anterior.

Arto. 79: La edad para ingresar a la Academia será entre 18 y 20 años, la edad de egreso será de 22 a 24 años a ocupar cargos de Jefe Pelotón o equivalente y con grado de Teni-ente; el tiempo de servicio de los O�ciales será de 30 años, hasta el grado de Coronel.

La edad para ingresar a la Academia será entre 18 y 20 años, la edad de egreso será de 22 a 24 años a ocupar cargos de Jefe Pelotón o equivalente y con grado de Teni-ente; el tiempo de servicio de los O�ciales será de 35 años, hasta el grado de Coronel.En el caso de O�ciales Generales el tiempo de servicio podrá ser mayor a los 35 años.

Se aumenta en 5 años el tiempo de servicio de los O�ciales hasta el grado de Coronel (máximo 35 años) Se agrega el párrafo en el que se indica el aumento del tiempo de servicio, que puede ser mayor de 35 años, pero sin especi�car cuántos años más del establecido.

Tiempo de servicio de todos los o�ciales del Ejército hasta el grado de Coronel será de 35 años. El servicio de los O�ciales Generales puede ser superior al tiempo descrito.“En la NIM anterior esto ya existía, se decía que la edad de servicio de los generales estaba regida por normas particulares, es decir no se establecía una edad ni un tiempo para su retiro.”

Arto. 119: Para los O�ciales las edades límites de permanencia en los grados en las escalas respectivas será la siguiente Coronel: Escala Superior (55 años). Escala Media (60 años).

Para los O�ciales las edades límites de permanencia en los grados en las escalas respectivas será la siguienteCoronel: Escala Superior (60 años). Escala Media (60 años).

Se aumenta en 5 años la edad límite de permanencia en servicio de los O�ciales que ostenten el grado de Coronel en la escala superior (máximo 60 años)

Estos o�ciales podrán permanecer en la institución, con el objetivo de preservarlos dentro. Puede ser el caso de los médicos con alguna especialización o especialistas en informática, u otras áreas en las cuales la institución ha invertido.

Arto. 120: La edad máxima de retiro de los O�ciales será de hasta 55 años en la escala superior y de 60 años en la escala media, excepto para el caso de los O�ciales Genera-les que se regirán de acuerdo a normas particulares.

La edad máxima de retiro de los O�ciales será de hasta 60 años, tanto en la escala superior como en la escala media, excepto para el caso de los O�ciales Generales.Por necesidad institucional y la naturaleza del cargo, el Coman-dante en Jefe podrá autorizar la continuidad en el servicio de O�cia-les Superiores, aunque hayan cumplido los 60 años de edad o los 35 años de servicio militar activo.

Se aumenta en 5 años la edad máxima de retiro en la escala supe-rior y se mantiene en la escala media (hasta 60 años).Además, se especi�ca taxativa-mente que el Jefe del Ejército puede autorizar el mantenimiento en servicio militar activo a aquellos o�ciales que pasen los 60 años o 35 años de servicio. Sin embargo, no se especi�ca cuántos años más podrá permanecer en la institución.

16

17 18

15

15 la información sobre los criterios institucionales del Ejército fue obtenida de nota periodística: El 19 Digital, “grados militares uno los gana de por vida, cargos no”, (07/01/10).

16 Por razones de espacio no se describirá en detalle la nomenclatura completa en ninguna de las dos referencias, ni el de la NIM original ni de su reforma.

17 Por razones de espacio, sólo se incluirá el grado de Coronel, grado que fue reformado.

18 Por razones de espacio, sólo se incluirá el grado de Coronel, grado que fue reformado.

19 Portal informativo Con amor Nicaragua, “Intervención de Daniel en la Clausura del VI Curso de Defensa y seguridad Nacional del Ejército de Nicaragua”, www.conamornicaragua.org.ni.

20 Ver “Halleslevens mintió sobre cambios a normativa”, la Prensa (18/12/09)

21 ídem.

22 Ver “Ven peligro de una casta de generales”, El Nuevo Diario (17/12/09)

23 Entrevista a general de Brigada en retiro, Hugo torres, ex jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID), 23 de febrero de 2010.

24 Entrevista a roberto Cajina, Consultor civil en seguridad, Defensa y gobernabilidad Democrática. 17 de febrero de 2010

25 Entrevista a general de Ejército en retiro, Javier Carrión, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua en el período 2000 – 2005, 19 de marzo de 2010.

inForMe de gestión deFensa nacional

26 27

manifestaron una razón contundente para explicar el motivo práctico por el que esta reforma fuese reali-zada hasta este período y no antes. La respuesta más cercana fue referida por el General Carrión, respec-to a que con esta reforma “lo que se hace es buscar una aproximación mejor de la que hicimos en aquel entonces. Con más experiencia y más estudio”29. En este sentido, el General retirado Torres, concluyó: “esperemos que haya sido una simple coincidencia y que sea realmente la necesidad institucional la que prescribe”30.

Sin embargo, el ex Ministro de Defensa de Nicaragua entre 2000 – 2005, Dr. José Adán Guerra, en entrevista a IEEPP para este Informe expresó que era discutible que existiera esta necesidad y que tenía sus reservas en la conveniencia de la reforma, debido a que con la misma se congestionaba mucho la pirámide que rige el escalafón militar. Argumentó, “que no contribuye mucho al relevo generacional o al incentivo de las generaciones de tenientes coro-neles y coroneles para subir de peldaño. Me parece que la normativa tal y como estaba se adecuaba a los tiempos que estamos viviendo”. Y agregó que el Ejército “como toda fuerza dinámica, debe ser regi-da por leyes dinámicas y por leyes que signifiquen cambio, dinamismo, relevo constante”31. Pero, ¿fue en realidad la necesidad institucional la que privó en la decisión? ¿Cuál es el alcance de la reforma? ¿Se incentiva el cambio generacional y relevo de mando a lo interno del Ejército?

iMPACTO DE LA REFORMA EN LA CARRERA MiLiTAR

Como se puede observar en la Tabla II, los cambios sustantivos de la reforma están interrelacio-nados con el tiempo de servicio de los oficiales y su

edad de retiro. La nueva Normativa en su Arto. 79 establece que los oficiales hasta el grado de Coronel podrán mantenerse 5 años más en servicio activo, mientras que los oficiales generales (General de Brigada, Mayor General y Comandante en Jefe) podrán pasar los 35 años. Manteniendo coherencia con este artículo, el 119 aumenta en 5 años el tiempo de servicio, exclusivamente para el grado de Coronel en la escala superior, es decir, pasa de 55 a 60 años.

El nuevo Arto. 120 aumenta en 5 años la edad máxima de retiro en la escala superior (hasta los 60 años) y mantiene esta misma edad en la escala media. Sin embargo, no aplicaría al caso de los oficiales generales, ya que éstos, de acuerdo a un nuevo párrafo en el artículo, podrían a solicitud del Comandante en Jefe mantenerse en la institución aunque hayan pasado los 60 años de edad o 35 de servicio. A criterio de IEEPP, la mayor debilidad en los tres artículos mencionados es que no se establecen los contrapesos legales necesarios para evitar que el Comandante en Jefe actual o siguiente, mantenga indefinidamente en el cargo a un oficial o grupo de oficiales afines a intereses no propios de la institución.

Desde la perspectiva del General Carrión es muy difícil que esto se pueda dar, ya que tanto la NIM como la dinámica institucional no permiten un rango de aplicación discrecional de la ley y una permanen-cia indefinida de la alta oficialidad:

“Ahora los Generales no tienen término defi-nido en el tiempo, pero en la NIM dice que si no hay cargo de General desocupado no puede ascender otro General (…). Entonces, ¿dónde está cierto cerrojo? En que si los cargos están ocupados no hay forma de que asciendan los

no fue la mejor forma de presentarlo ante la opinión pública (…)”. “A mi modo de ver, retrospectivamen-te con todo lo que ha pasado, tal vez no fue lo más indicado de que el Presidente anunciara algo que ni él maneja al detalle y que era muy sensible para la vida política y para la vida de los militares (…)”. “Lo óptimo hubiese sido anunciarlo en un 2 de septiem-bre [Aniversario de fundación del Ejército] o en otra fecha como se hizo con el Libro Blanco; de tal forma que se hiciese un discurso consensuado y conjugado a una realidad objetiva”.

En este sentido, dijo que en efecto la reforma era necesaria. Inclusive explicó que desde su mandato se había empezado a visualizar –aunque no se terminó en ese período- la idea de reformar la NIM debido a dos problemas fundamentales según su enfoque: el primero, “un problema histórico relacionado con el hecho que la mayoría de la oficialidad era fundadora y joven, por lo que se debía de acoplar la edad cro-nológica con la edad teórica de la carrera militar”; y en segundo lugar, para tratar de “asemejar la ley con algunos parámetros de otros países donde los milita-res se mantienen por más tiempo”26.

Con esto se refería a que se estaba retirando a muchos oficiales que todavía tenían mucho tiempo de vida útil para la institución y, por ende, para el Estado. Argumentó, en este sentido, que toda la oficialidad del Ejército en su momento tenía un promedio de edad de entre 37-40 años –quizás la más joven de Latinoamérica-, y que algunos oficiales ostentaban rangos de Coronel, e incluso General, pero que tenían que salir de la institución. El pro-blema entonces era que la escala promedio de edad estaba por debajo de los parámetros internacionales, por tanto con la reforma se tendía a subirlos. Y esto venía cargando también con un problema de

recursos, ya que al retirar a oficiales jóvenes, que ya habían cumplido con 18 años de servicio, el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) tenía que asumir las pensiones de los retirados por lo que la inyección de dinero era una cantidad considerable cada año.

Más allá de tales justificaciones, el General en retiro Torres durante el debate alrededor de la deci-sión de reforma a la NIM introdujo la interrogante sobre esta necesidad institucional. “¿Por qué no lo hizo al inicio de su mandato el Comandante en Jefe o por qué no lo hizo el anterior?”27. La respuesta inmediata a este señalamiento fue dada por el enton-ces Inspector General, Ramón Calderón Vindell: “(…) La normativa ha levantado algunas suspicacias en lo referente a su publicación en La Gaceta. Es facultad del Comandante en Jefe, general Omar Halleslevens (y del) Consejo Militar modificarla, ése es un trabajo que se venía desarrollando desde hace un par de años y no le veo ningún problema”28. El ex Secretario General del Ministerio de Defensa, Félix Maradiaga, opinó en un medio de comunicación que la reforma a la Normativa no fue una reacción al designio del Presidente, sino más bien a un inte-rés surgido hace algunos años desde el seno de la institución, desde “algunas voces dentro del Consejo Militar, que en su momento proponían una reforma de esa naturaleza y cuyas propuestas no tuvieron eco en gobiernos anteriores”.

Ambas opiniones, la del ex Inspector General del Ejército y la del ex Secretario General del MIDEF, concuerdan con lo dicho por el ex jefe del Ejército, General Carrión, en relación a que esta iniciativa viene siendo desarrollada desde hace varios años. No obstante, ninguno de los entrevistados para este reporte -ni aquellos que emitieron opinión a los medios de prensa sobre el tema en cuestión-,

26 ídem.

27 Ver “Ven peligro de una casta de generales”, El Nuevo Diario (17/12/09)

28 Ver “reforma militar fue elaborada en dos años”, la Prensa (22/12/09)

29 Entrevista a general de Ejército en retiro, Javier Carrión. op. Cit.

30 Entrevista a general de Brigada en retiro, Hugo torres. op. Cit.

31 Entrevista a Dr. José Adán guerra, Ministro de Defensa de Nicaragua entre 2000-2005, 24 de marzo de 2010.

inForMe de gestión deFensa nacional

28 29

sentido agrega, “por ejemplo, el Jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID), General de Brigada Denis Membreño, o el Jefe de Operaciones, General de Brigada Oscar Balladares [antes de ser nombrados en sus nuevos cargos], si no llegan a ser ascendidos al grado de Mayor General, tendrán que pasar a retiro cuando en la estructura piramidal ante-rior no están siendo presionados por los oficiales que van en ascenso”.

Por su parte, el General en retiro Hugo Torres, indica que el aumento en tiempo de servicio no aplicaría para toda la oficialidad, sino sólo en aque-llos casos “en que la institución lo requiera, por un asunto de necesidad. Puede haber algunos casos que lo justifique, por ejemplo la Dirección de Historia –no abundan los historiadores militares- o la Fuerza Aérea, el Inspector General, jefes de direcciones, jefes de tipos de fuerzas o donde se requiera, en tér-minos temporales, la permanencia un período más de ese oficial”. Además menciona que “en el caso del Comandante en Jefe no hay posibilidad de que permanezca más tiempo que 5 años”, concordando con lo analizado por el General Carrión.

En resumen, la reforma a la Normativa abre un nuevo escenario para el fortalecimiento de la insti-tucionalidad del Ejército de Nicaragua. La urgencia o necesidad de ampliar la carrera militar para llenar vacíos en la misma, es un asunto que se maneja a lo interno del Ejército pero que poco a poco irá siendo dilucidada con estudios jurídicos más amplios sobre el alcance de la nueva normativa. Y también con la supervisión del ejercicio de ascensos, retiros y man-tenimientos que la actual Comandancia vaya reali-zando. Sin embargo, es destacable que muy posible-mente en el mediano plazo esta nueva Normativa sea efectiva para mantener un mejor ordenamiento

de la carrera militar acorde con necesidades de la institución.

Está por verse en el corto plazo si la nueva Normativa no incidirá negativamente en el pro-fesionalismo del Ejército, particularmente por no dejarse claramente estipulado los límites en tiempo y edad de servicio, en el caso que sea solicitado por el Comandante en Jefe. Aunque a como lo señaló el General en retiro Javier Carrión, esto será muy poco probable. Pero no imposible. Por tanto, es necesario recalcar que de no haber una cultura democrática y de respeto a las leyes del país, desde el Ejecutivo y el Ejército, la mala aplicación de la Normativa podría:

n abrir la posibilidad de que los altos mandos de la institución militar permanezcan en sus cargos de manera indefinida y sin posibilidad de que la gestión civil disponga lo contrario,

n impactar en la modernización del sector al limitarse la posibilidad a la oficialidad joven de aspirar de manera natural a los ascensos que le corresponden,

n reforzar dentro de la institución militar redes clientelares que monopolizarían los benefi-cios que implica pertenecer a los altos man-dos,

n reforzar la percepción de que el gobierno necesita de antiguos “cuadros revoluciona-rios” para consolidar a mediano plazo su estrategia de recaptura política.

Sobre este particular, preocupa la poca incidencia y control civil en la política de ascenso y ahora de mantenimiento de oficiales en la institución36. Por ejemplo, a como fue señalado anteriormente, el hecho que la NIM pueda solamente ser reformada en el seno del Ejército enajena al poder legislativo de cualquier decisión o consulta al respecto. Si el nuevo

de abajo, por lo tanto tampoco hay forma de que sean infinitamente mantenidos los Generales actuales en los cargos, porque los de abajo van a presionar para ascender (…). No puede ser que se queden de por vida, porque el oficial tiene una vida útil por cargo y esto está más normado en las prelaciones que se hacen (…). Y si hay una permanencia excesiva, eso va a repercutir a lo interno del Ejército, lo cual no le conviene a la misma institución”32.

Además, agrega otro elemento de análisis rela-cionado con el impacto que se podría generar en la dinámica jerárquica dentro de la Comandancia General, si se diera el hipotético caso de manteni-miento de un General:

“No es imposible, desde el punto de vista humano, dejar a alguien allí. Ese es uno de los riesgos que puede haber, de mayor subjetivi-dad de dejar a alguien un tiempo más. Pero la dinámica institucional no te lo va a permitir con demasiada posibilidad de ejecución (…). Entonces como la Normativa confiere tiem-po a los cargos, y el cargo más claro es el de Comandante en Jefe, es como ilógico mantener a un General ya en la cúspide más tiempo de lo que tiene un Comandante en Jefe. Sería en contra de la lógica de la misma construcción de la carrera militar. No quiero decir que no se pueda dar teóricamente, pero sería ilógico”33.

Finalmente, cierra este asunto argumentando que para él no es razonable pensar que con la reforma haya un peligro de contaminación política del poder civil en la carrera militar:

“Porque la propuesta del ejercicio de los milita-res en funciones viene de la institución. Y mien-

tras la institución conserve una doctrina y una adecuación de la carrera desde la necesidad de la institución, no creo que el actual Comandante el Jefe tenga la intención de preservar en el grupo de generales a alguien en particular. Ese es un planteamiento que estaba dicho pero no tan tácitamente como quedó en la reforma”34.

De no ser por este vacío, la reforma no hubiera generado ciertas suspicacias a futuro. Fuera de esto, es reconocible que después de 30 años de creada la institución armada, “el desarrollo institucional alcan-zado” en relación a la carrera militar -mencionado en el preámbulo de la reforma-, podría estar referido al estado legal de un considerable número de oficiales dentro de las escalas superior y media que están pronto a cumplir los 30 años de servicio activo en la institución. Un capital humano que ha acumulado una experiencia importante en el ejercicio de sus funciones, pero que, acorde con la Normativa ante-rior, debían ser retirados en el corto plazo. Por tanto, desde esta óptica, la naturaleza de la reforma estaría encaminada a “actualizar” la NIM a fin de “armoni-zarla con el cuerpo normativo” de la institución. Es decir, darle asidero legal al mantenimiento de los recursos humanos necesarios para la ejecución de las funciones, misiones y roles del cuerpo militar.

En términos prácticos, Roberto Cajina considera que “uno de los argumentos que generalmente se utiliza para referirse a este asunto, es que el Ejército de Nicaragua, al igual que muchos homólogos en otros países, no tiene un equipo asesor o de consulta integrado por oficiales retirados al cual abocarse en caso de necesidad. Al no existir, es difícil recuperar la experiencia perdida de la alta oficialidad que paulatinamente sale de la institución”35. En este

32 Entrevista a general de Ejército en retiro, Javier Carrión. op. Cit.

33 ídem.

34 ídem.

35 Entrevista a roberto Cajina, op. Cit.36 Esta autonomía de decisión sobre cuestiones internas sin participación civil le fue otorgada al Ejército desde la entrada en vigencia de la ley 181 o Código

Militar (Ver Arto. 9, numeral 5)

inForMe de gestión deFensa nacional

30 31

Sin embargo, tal como se deduce del análisis que IEEPP ha venido realizando en los anteriores informes y también de los diversos señalamientos provenientes de algunos sectores políticos, la gestión de la defensa nacional en lo general y la dirección del Ejército en lo particular no han sido ni del todo trans-parentes (basta recordar el envío furtivo de un avión de la Fuerza Aérea a Ecuador para trasladar a un grupo de personas ligadas a las FARC) ni necesariamente democráticas (por ejemplo la ausencia de otros acto-res en el proceso de toma de decisiones). Al ser poco transparentes y democráticas estas acciones, es difícil medir su efectividad en la gestión de la política pública del sector, si es que la hay. Veremos si en el semestre abarcado en el tiempo se mantuvo la misma tendencia.

GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS Y EJéRCiTO DE NiCARAGUA: UN PONDERADO MANEJO DE CRiSiS

En el mes de julio, a raíz de la crisis hondure-ña generada por el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya –en la que existió intervención del Ejército de ese país-, se suscitaron dos situaciones en las que estuvo inmerso directa o indirectamente el Ejército de Nicaragua: un “posible conflicto” con el país vecino y su participación en una hipotética coyuntura similar en Nicaragua (golpe de Estado).

El presidente Ortega, durante su discurso previo a la conmemoración de un acto partidario, desmin-tió las supuestas intenciones señaladas por algunos sectores políticos hondureños sobre la posibilidad de que Nicaragua estuviera facilitando armas y

territorio a simpatizantes del depuesto presidente Zelaya. Lo que sí le facilitó fue espacio para realizar sus maniobras de regreso a territorio hondureño. Al respecto, dijo que, contrariamente, eran las nuevas autoridades hondureñas quienes estarían “organizan-do grupos paramilitares, para que, bajo el supuesto de que (…) están con el presidente Zelaya, disparen en contra de los que están defendiendo a los golpis-tas”39. Dejó en claro que tenía conversaciones con el mando del Ejército a fin de tomar “medidas corres-pondientes, para evitar todo tipo de provocación de parte de los golpistas”, aunque para reducir una percepción de posible ofensiva militar de las fuerzas armadas nicaragüenses observó que el Ejército había venido “trabajando para defender nuestra soberanía y para fortalecer los vínculos entre los Ejércitos cen-troamericanos”.

Al día siguiente, Roberto Micheletti, quien asu-mió el poder de facto en Honduras, denunció que en Nicaragua se estaban movilizando “pequeños gru-pos de tropas posiblemente sin autorización misma de sus comandantes”40. El presidente nicaragüense, al igual que el Alto Mando del Ejército41, negó cate-góricamente tal acusación. Y en aparente intención de reducir tensiones agregó:

“¡No hay ningún conflicto con Nicaragua! Nicaragua no está desplazando tropas a territo-rio hondureño, Nicaragua mantiene sus tropas en las posiciones normales donde siempre las ha mantenido, para resguardar la soberanía del país. Nicaragua no tiene ninguna intención de que se dispare un solo tiro en territorio hondu-reño.”42

Comandante en Jefe decidiera no retirar y mantener a un alto oficial que pasara los 35 años de servicio, ¿qué autoridad fuera del Consejo Militar podría interpelar esa decisión para garantizar la legalidad en base a criterios objetivos de necesidad, experiencia, cono-cimiento de la oficialidad, y no en correspondencia a intereses externos o fuera de la ley? Aunque deci-siones discrecionales no han caracterizado a la insti-tución militar, es sano para el ejercicio democrático mantener un contrapeso civil en la supervisión de las políticas de personal a lo interno del cuerpo armado.

b. actuación institucional y legitiMidad

Para este informe, se describirán las decisiones, actividades o acciones más relevantes emprendidas por el liderazgo civil y el Ejército en un área de

atención: lo militar37. Lo anterior se hará tomando en consideración las principales funciones que la Constitución y las leyes le confieren a los órganos del nivel político y del militar. Finalmente, se inten-tará medir la incidencia que tales acciones tuvie-ron sobre la institucionalidad, profesionalización, modernización y credibilidad de las instituciones del sector.

Desde el año 2008, el presidente Daniel Ortega dejó meridianamente establecido que él a partir de su condición de máximo mandatario sería quien ejercería directamente el mando sin necesidad de intermediario alguno; mientras, el Ejército reconocía que era aquél quien tenía el liderazgo y conducción política de la defensa y, por consecuencia, de las fuerzas armadas38. En efecto, la Constitución Política otorga al Presidente la prerrogativa de ser el actor político que toma las decisiones fundamentales de la defensa nacional y dirige las fuerzas armadas.

“(…) defensa nacional es la capacidad del estado para brindar protección a sus intereses y objetivos nacionales, mediante la disposición y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la nación”.

“la defensa nacional constituye una de las áreas estratégicas de conducción Política del estado, destinada a enfrentar las amenazas mediante acciones diplo-máticas, militares, económicas e internas. este concepto involucra al estado y a la sociedad en su conjunto, y es concebido como un instrumento eficaz de disuasión, prevención y respuesta para garantizar de modo permanente la soberanía e inde-pendencia nacional y la integridad territorial.

Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua, 2005.

37 “se define como campo de acción, el área de atención y/o responsabilidad de una o varias instituciones del gobierno o del Estado, con el objetivo de articular esfuerzos en la planificación, organización, coordinación, dirección y ejecución de las tareas y misiones de la defensa nacional para prevenir, resolver conflictos y combatir las amenazas y riesgos a la seguridad nacional, identificados por el Estado nicaragüense. los campos de acción pueden ser diplomático, militar, econó-mico, interno”. libro Blanco de la Defensa Nacional de Nicaragua, 2004. Para efectos de este informe, el campo de acción diplomático se desarrolla en el Capítulo Política Exterior y el interno, en el Capítulo seguridad Pública.

38 Ver Capítulo Defensa Nacional, IV Informe de gestión del sector Política Exterior, seguridad Pública y Defensa Nacional, Enero – Junio 2008.

39 Portal informativo Con amor Nicaragua, “Palabras de Daniel antes de iniciar la marcha conmemorando el 30 Aniversario del repliegue táctico a Masaya”, 04 de julio de 2009, www.conamornicaragua.org.ni.

40 Ver “Micheletti denuncia movimientos de tropas nicaragüenses hacia fronteras hondureñas”, El Nuevo Diario (05/07/09).

41 Ver “Ejército de Nicaragua también niega movilización de tropas”, la Prensa (05/07/09)

42 Discurso del Presidente Daniel ortega, “Declaraciones de Daniel desmintiendo acusaciones falsas hechas por los golpistas hondureños contra el gobierno de Nicaragua”, Portal informativo Con amor Nicaragua, (04/07/09), www.conamornicaragua.org.ni.

inForMe de gestión deFensa nacional

32 33

En noviembre el eurodiputado holandés, Johannes van Baalen, presidente de la internacio-nal Liberal, participó en un evento en Managua por invitación de un partido político nicaragüense. Durante su visita, se reunió con el Alto Mando del Ejército de Nicaragua con la finalidad de felicitarlos por el 30 aniversario de su creación, según se supo oficialmente. Trascendió a los medios de comu-nicación que en dicha reunión el eurodiputado preguntó si el Ejército era “neutral” ante las crisis políticas constantes en el país. El presidente Ortega reaccionó durante un acto con la Policía Nacional, donde descalificó y acusó al diputado holandés de querer incentivar en Nicaragua un golpe militar análogo al de Honduras. “Lo que él quería conocer realmente era hasta dónde el Ejército de Nicaragua tenía la misma actitud que el Ejército de Honduras”. E insistió en que se había encontrado “lógicamente, con una actitud patriótica dentro del marco de nues-tra Constitución y nuestras Leyes; y el rechazo, de parte de nuestro Ejército (…)”50.

En este contexto, se especuló sobre la veracidad de estos comentarios dados por el Presidente en rela-ción a la intención del eurodiputado. Oficialmente, el Ejército de Nicaragua se limitó a expresar que la información sobre la reunión había sido comunicada al mandatario y que no tenían comentarios al respec-to51. Pocos días después, el Comandante en Jefe se refirió a este caso y adujo que la información que su institución había comunicado al Presidente era la misma que el diputado holandés dijo a un medio de comunicación extranjero. El Jefe del Ejército

concluyó diciendo: “No queremos dar cabida a más especulaciones, ni siquiera a que se diga que estamos incursionando en este tipo de situaciones (golpe de Estado)”52, tratando entonces de no comprometerse con un debate que usualmente se maneja en los cír-culos políticos del país.

Resulta interesante que unos meses después el presidente Ortega dijera textualmente “(…) en el caso nuestro, no existe ninguna posibilidad de golpe militar, por la naturaleza de nuestros compañeros del Ejército y de la Policía; por las raíces de nuestros compañeros de estas instituciones”53. Nuevamente, la reiteración del Presidente sobre el origen de estas instituciones ponía en entredicho su visión e inte-rés de vincularles orgánicamente con su proyecto político-partidario (se profundizará sobre esto en el acápite Control Civil Democrático).

En todo caso, un golpe de Estado en Nicaragua con la intervención del Ejército tiene pocas posi-bilidades. No por su origen o simpatía al gobierno actual –cuestión no tan difícil de medir-, sino por el grado de profesionalismo e institucionalidad que ha alcanzado. No existen indicios que el Ejército tenga interés de poner en riesgo 30 años de construcción de esos pilares institucionales, más bien todo lo contrario, la tendencia mostrada es a tratar de forta-lecer la institución. Ni tampoco es razonable pensar que estarían dispuestos a poner en tela de duda, mediante un golpe de Estado al actual o a cualquier otro gobierno, su fuerte imagen y credibilidad ante la sociedad nicaragüense.

Manifestó además que las acusaciones esgrimidas en contra de su Gobierno eran una “burda maniobra (…) para tratar de difundir la idea de que el conflicto es con Nicaragua”, en la que se quería involucrar también a Venezuela para desviar la atención de la crisis interna hondureña. La situación tomó otro matiz cuando un medio nicaragüense especuló que en Nicaragua se estaban preparando milicias pro Zelaya43, lo que fue nuevamente desmentido por el Ejército de Nicaragua44.

Pese a los constantes intercambios de acusaciones, el conflicto se mantuvo en el nivel político-diplomá-tico sin llegar a concretarse acciones beligerantes del establecimiento militar de ninguno de los dos países (no se tuvo necesidad de “Ordenar el inicio de ope-raciones militares por parte del Ejército en defensa del país” –Arto. 6, inciso 2, Ley 181-). El manejo discursivo del presidente Ortega y sus decisiones, independientemente de la retórica y compromiso con el bloque ALBA, no comprometieron al Ejército de Nicaragua. Incluso, aún con el diferendo político, el Presidente respetó la relación que la institución militar nicaragüense ha mantenido con su homólogo hondu-reña, al aducir que no se habían roto “los vínculos y la comunicación entre el Ejército de Nicaragua y el Ejército de Honduras”45. Y, en este sentido, procuró que las Fuerzas Armadas de ambos países mantuvie-ran los mecanismos de confianza y diálogo:

“Queremos seguir fortaleciendo a un Ejército en tiempos de paz, pero también tenemos que estar, como lo hemos estado, con el debido

cuidado, con comunicación incluso de nuestros mandos, con los mandos del Ejército hondu-reño en la zona fronteriza, para buscar cómo aplacar y evitar un enfrentamiento.”46

EJéRCiTO DE NiCARAGUA NO GOLPiSTA: ¿POR ORiGEN O POR PROFESiONALiSMO?

Un corolario de la intervención del Ejército hondureño en el golpe de Estado, fue el debate sobre la posibilidad de réplica en Nicaragua de una situación similar. Para atizar el tema, a mediados del mes de julio del 2009 el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostuvo que en varios países de Latinoamérica incluyendo Nicaragua se estaban realizando “planes golpistas”47. No manifestó, sin embargo, que en estos supuestos planes hubiera participación del Ejército de Nicaragua.

Sobre este particular, el presidente Ortega en casi todos sus discursos en los actos partidarios del mes de julio coincidió con Chávez en que los golpes de Estado aún eran latentes en varios países de la región, pero que en Nicaragua era una posibilidad muy remota porque se tenía un “Ejército y una Policía nacidos de las entrañas de la Revolución, nacidos de la entrañas del pueblo”48. La cuestión se diluyó un poco al no haberse insistido públicamente en tal posibilidad. El propio Ejército de Nicaragua prefirió no comentar sobre el asunto49. Algunos meses después se retomó el tema con mayor inten-sidad.

43 Ver “Milicia de Zelaya se entrena en suelo nica”, la Prensa (01/08/09)

44 Ver “Ejército niega presencia de milicias hondureñas”, la Prensa (04/08/09)

45 Discurso del Presidente Daniel ortega, En “orgullosos de esta Fuerza Aérea”, Portal informativo Con amor Nicaragua, (3/07/09), www.conamornicaragua.org.ni.

46 ídem.

47 Ver “Chávez advierte de probable golpe de Estado en guatemala”, El Nuevo Diario (10/07/09)

48 Discurso del Presidente Daniel ortega, En “llegada a Nindirí durante la Conmemoración del 30 Aniversario del repliegue táctico a Masaya”, Portal informativo Con amor Nicaragua, (31/07/09), www.conamornicaragua.org.ni.

49 Ver “Ejército mantiene su silencio sobre denuncia de golpe contra ortega”, la Prensa (14/07/09)

50 Discurso del Presidente Daniel ortega, En “Entrega de motos y títulos de propiedad a la Policía Nacional”, Portal informativo Con amor Nicaragua, (14/11/09), www.conamornicaragua.org.ni.

51 Ver “Ejército reportó a ortega reunión con eurodiputado”.

52 ídem.

53 Discurso del Presidente Daniel ortega, En “Mensaje al pueblo nicaragüense del Presidente Comandante Daniel”, Portal informativo Con amor Nicaragua (20/10/09)

inForMe de gestión deFensa nacional

34 35

(…)”57. Igualmente dijo, se incluirán temas relaciona-dos con la “batalla contra el narcotráfico y contra el crimen organizado”.

Estas declaraciones del presidente Ortega así como el contenido de la Declaración, dejan entrever varios aspectos. En primer lugar, los tres componen-tes propuestos en el párrafo 28 de la Declaración de la VII Cumbre del ALBA-TCP (Comité Permanente, Estrategia y Escuela) estarían encaminados a hacer-les contrapeso a dos actores en la región: Estados Unidos y Colombia. El primero por representar la principal “amenaza” ideológica-política según la concepción del bloque ALBA, y el segundo porque es el socio táctico de Estados Unidos en el escena-rio geográfico inmediato de Venezuela y con quien firmó en el año 2009 un acuerdo de mantenimiento de soldados estadounidenses en bases militares colombianas58.

En segundo lugar, se podría estar pensando en una nueva doctrina de defensa basada en el modelo venezolano en el que las amenazas prioritarias son las de carácter interno (narcotráfico y crimen orga-nizado) o las destinadas a la defensa de riesgos rela-cionados con la naturaleza (desastres), y las misiones de las Fuerzas Armadas circunscritas a labores de la burocracia civil (en salud, construcción, entre otras). Recordemos que en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-2012 que ejecuta el Gobierno de Nicaragua, la única referencia a la defensa nacional es sobre “protección del ambiente” o alrededor de algunos riesgos y amenazas consignadas en el

Libro de la Defensa Nacional59. En tercer lugar, se plasman conceptos marcadamente ideologizados, como lo son “Defensa Integral Popular Conjunta” y “Dignidad y Soberanía de las Fuerzas Armadas”. Ambas denominaciones, en especial la Escuela, lucen “más como un plantel de adoctrinamiento político-ideológico, que como un centro de forma-ción, capacitación y entrenamiento militar”60.

Para el caso nicaragüense se plantearían algunos desafíos. Como indica Cajina61, Nicaragua en los temas de seguridad y defensa forma parte de estruc-turas subregionales que tienen su institucionalidad construida: Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas y la Comisión de Seguridad de Centroamérica y sus respectivas subcomisiones de Seguridad Pública y Defensa. ¿Implicaría entonces que Nicaragua se retiraría de dichas instancias? ¿O asumirá que ambos espacios, SICA y ALBA, son complementarios?

También, si se llegara a materializar una Estrategia de Defensa, se tendrían que esperar las repercusio-nes en las hasta ahora fuertes relaciones del Ejército de Nicaragua con Estados Unidos. La visión del máximo líder del ALBA, Hugo Chávez, es que esta sea la plataforma para la futura creación de una alian-za militar que bajo los términos tradicionales, la inte-grarían las Fuerzas Armadas de los países miembros. Venezuela a la fecha no representa para el cuerpo militar nicaragüense un aliado en cooperación de defensa y en cambio Estados Unidos es quizás el más importante62 (Ver Tabla 3).

EL ALBA: ¿HORizONTE EXTERNO ESTRATéGiCO DE LA SEGURiDAD Y DEFENSA NiCARAGüENSE? Es reconocible que la gestión de la defensa nacio-

nal no se circunscribe sólo al escenario interno. Las coaliciones estratégicas en materia de seguridad y defensa responden a las visiones de los Estados en dependencia de sus demandas de seguridad. Y, por supuesto, en dependencia de las concepciones que tenga un Gobierno para la proyección del país en el horizonte externo. Desde esa perspectiva, abordare-mos el avance que la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) tuvo en el segundo semestre del 2009 en temas de defensa y cuál es la posición de la actual administración nicaragüense.

Como se menciona en el capítulo de Política Exterior de este informe, desde que asumió el poder el Presidente Daniel Ortega ha considera-do de suma importancia que Nicaragua sea parte integral del ALBA. En el IV Informe de Gestión, IEEPP mencionó que en el marco de esta “alianza estratégica”, el presidente Daniel Ortega dio su aval a la discusión respecto a la creación de una instancia supranacional que sirviera como una especie de “Consejo de Defensa”. Sin embargo, hasta mediados del 2009 no se tenía conocimiento de la existencia de instrumentos políticos o declaraciones públicas oficiales en las que se expresara si este Consejo se había materializado.

En ocasión de la VII Cumbre del ALBA-TCP, realizada en Bolivia a mediados del mes de octubre

de 2009, los presidentes miembros discutieron la posibilidad, a propuesta del presidente venezolano, Hugo Chávez, de crear una “alianza militar defen-siva” con la finalidad de hacerle frente a “las ame-nazas del imperio” que “está tratando de cercar a Nicaragua y presionar a otros gobiernos centroame-ricanos”54. La propuesta no tuvo el eco necesario para ser adoptada en dicha Cumbre, sin embargo, dio pauta para que en la Declaración se incluyera el siguiente párrafo:

“28. Conformar el Comité Permanente de Soberanía y Defensa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA-TCP, como parte del Consejo Político cuyos objetivos principales serán la definición de una Estrategia de Defensa Integral Popular Conjunta y la constitución de una Escuela de Dignidad y Soberanía de las Fuerzas Armadas de los países ALBA-TCP”55.

La Declaración fue firmada por todos los Estados partes del ALBA, exceptuando los países del Caribe, ya que alegaron integrar el “Sistema de Seguridad Regional”56. El presidente de Nicaragua, por supues-to, se adhirió a la iniciativa. En relación a esta decisión justificó que el Comité Permanente sería un organismo que irá creciendo y ampliándose con el resto de los países del ALBA, en el que se conformarán mecanismos de defensa no sólo con el fin de “estar preparados para defendernos de un eventual golpe militar”, sino también “para la defensa de la Soberanía de nuestros pueblos, para defenderlos de cualquier tipo de agresión; para defender la Naturaleza, los Recursos Naturales,

54 Ver “Chávez propone la creación de una alianza militar defensiva”, la Prensa, Bolivia (18/10/09)

55 Declaración de la VII Cumbre del AlBA-tCP, Cochabamba, Bolivia, 17 de octubre de 2009.

56 El sistema de seguridad regional o ssr, es un acuerdo entre Estados de la región del Caribe formalizado en el “tratado Estableciendo el sistema de seguridad regional”, firmado por los gobiernos de 7 países de dicha región en marzo de 1996. De acuerdo al Arto. 4 del tratado, los propósitos y funciones del sistema son promover la cooperación entre los Estados miembros con el fin de dar respuesta a una serie de amenazas a la seguridad identificadas por los Estados caribeños. El Arto. 5 (situación del tratado), en su párrafo 2, indica textualmente que: “Cada Estado miembro (…) se compromete a no celebrar ningún acuerdo internacio-nal que se encuentre en conflicto con este tratado mientras este instrumento continúe vigente en lo que se refiere a aquel Estado miembro”. En: Comisión de seguridad Hemisférica, Consejo Permanente de la organización de los Estados Americanos (CP-oEA), www.oea.org/csh/spanish/

57 Discurso del Presidente Daniel ortega, En “Mensaje al pueblo nicaragüense del Presidente Comandante Daniel”, Portal informativo Con amor Nicaragua (20/10/09)

58 “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de la república de Colombia y de los Estados unidos de América”, firmado por ambos países el 30 de octubre de 2009.

59 Ver Capítulo Defensa Nacional, IV Informe de gestión del sector Política Exterior, seguridad Pública y Defensa Nacional, Enero – Junio 2008.

60 Cajina roberto, “El incierto futuro de una alianza militar AlBA”, revista Atenea. seguridad y Defensa, 21 de enero de 2010.

61 ídem.

62 sitio web del Ejército de Nicaragua, relaciones Militares Internacionales. Cooperación Militar Bilateral, www.ejercito.mil.ni/rmi_cmb.html

inForMe de gestión deFensa nacional

36 37

¿Comprometería el Gobierno del presidente Ortega las relaciones que el Ejército de Nicaragua ha venido fortaleciendo con algunas instituciones homólogas de otros países? Aunque la mayoría de estas instituciones serían respetuosas de las deci-siones soberanas de Nicaragua, es probable que si el Ejército de Nicaragua participara en una alianza militar de este tipo, algunas relaciones se verían deterioradas. Debe esperarse si en el transcurso del año 2010 se podrá adoptar en la práctica esa alianza. Un indicativo de que podría resultar ser una opción de poca viabilidad política se puede obtener de la Declaración Final de la VIII Cumbre del ALBA63, en la que no se hace referencia alguna a los avances en la preparación del Comité Permanente o de la Estrategia planteada.

DECiSiÓN EN LA SUCESiÓN DE MANDO: APORTE A LA iNSTiTUCiONALiDAD MiLiTAR64

Una de las atribuciones que el Presidente tiene en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas es el nombramiento del Comandante en Jefe a pro-puesta del Consejo Militar (Arto. 6, inciso 4). El pro-cedimiento para este proceso no es nada complejo ni sofisticado. El Consejo Militar se reúne y acuerda por unanimidad el nombre del oficial que pro-pondrá al Presidente de la República como nuevo Comandante en Jefe. Dicha propuesta se presenta al menos un mes antes del anuncio oficial, que es el 21 de diciembre. En esa fecha se dice quién será el oficial militar que estará al frente de la institución castrense por los próximos cinco años. Sin embargo, la propuesta del Consejo Militar puede ser rechaza-da por el Presidente y en ese caso se solicitaría una nueva. Este procedimiento, iniciado en 1994, fun-

cionó sin mayores complicaciones en los gobiernos de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Ninguno de los tres rechazó las propuestas del Consejo Militar.

Al revisar los tres procesos anteriores de traspaso del mando militar resalta como tendencia domi-nante la aplicación de lo que la opinión pública y los medios de comunicación han llamado como una “ley no escrita”. De hecho, ha sido un princi-pio del derecho consuetudinario que hasta ahora ha funcionado sin contratiempos y con resultados meritorios: el sucesor del Comandante en Jefe es el Jefe del Estado Mayor General. Así sucedió con los generales Joaquín Cuadra, quien relevó al general Humberto Ortega (1995), Javier Carrión, reemplazo de Cuadra (2000), y Omar Halleslevens, sucesor de Carrión (2005). Los tres generales: Cuadra, Carrión y Halleslevens, antes de convertirse en la máxima autoridad militar, fueron jefes del Estado Mayor General del Ejército.

En este semestre, se puso a prueba la voluntad política del Presidente de fortalecer la instituciona-lidad del Ejército de acuerdo a la norma consuetu-dinaria que ha regido a la institución. ¿Aceptaría la propuesta del Consejo Militar, o en cambio la recha-zaría y pediría una nueva alternativa quebrantando así la sucesión natural o “ley no escrita”?

Desde mitad del 2009, diversos medios especula-ron que el candidato “preferido” del mandatario era el Inspector General en funciones, Mayor General Ramón Calderón Vindell, por supuesta afinidad política con los intereses del Presidente Ortega y sus operadores políticos65. Sin embargo, en una inusual y atemporal fecha (exactamente un mes antes de lo

TABLA 3: COOPERACIÓN MILITAR

PAÍS TIPO DE COOPERACIÓN

Fuente: Sitio web de Ejército de Nicaragua, Relaciones Militares Internacionales, Cooperación Bilateral

Fuerzas Armadas del Reino de España

Fuerzas Armadas de México

Fuerzas de Defensa de Estados Unidos

Fuerzas Armadas de Francia

Fuerzas Armadas de El Salvador

Ejército de Guatemala

Fuerzas Armadas de Cuba

Fuerzas Armadas de Reino Unido

Fuerzas Armadas de la Federación Rusa

Fuerzas Armadas de China Taiwán

Fuerzas Armadas de Canadá

Ejército de Chile

Ejército de Brasil

Programa de becas (ALEMI, DEM, Medicina); Asistencia humanitaria, personal y técnica e intercambio; Intercambio sobre doctrina y orga-nización militar; Asistencia en material militar no letal.

Programa de becas (DEM y Medicina); Asistencia humanitaria, personal y técnica; Intercambio sobre doctrinas y políticas de defensa.

Programas de acción social (Nuevos Horizontes, Medrete); Capacitación militar, ubicación permanente o equipo móvil; Intercambio a nivel de cadetes; Capacitación para asistencia humanitaria; Programa de becas; Fortalecimiento de infraestructura y docente.

Programas de becas; Asistencia humanitaria; Ejercicios combinados de adiestramiento; Intercambio de doctrina y políticas de defensa.

Programas de becas; Asistencia humanitaria; Intercambio de doctrina y políticas de defensa; Patrullajes navales combinados; Búsqueda, salva-mento y rescate; Intercambio de instructores militares.

Programa de becas; Actividades conmemorativas entre academias; Intercambio de instructores militares.

Adquisición de partes para mantenimiento de equipos

Cursos de perfeccionamiento de inglés; Cursos de Operaciones de Mantenimiento de la Paz;

Adquisición de partes para mantenimiento de equipos; Asistencia de partes para mantenimiento de equipos.

Programa de becas; Asistencia de equipos de intendencia; Intercambio de doctrinas y políticas de defensa.

Cursos de idioma francés; Intercambio de doctrina en Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Programa de becas

Programa de becas

63 Declaración de la VIII Cumbre del AlBA, la Habana, Cuba, 13 y 14 de diciembre de 2009.

64 Parte del análisis sobre este tema está basado en el Capítulo Defensa Nacional, del V Informe de gestión de IEEPP (sin publicar).

65 Ver “No está seguro retiro del inspector del Ejército”, la Prensa (01/12/09)

inForMe de gestión deFensa nacional

38 39

“El Jefe de Estado Mayor, por ley, es el susti-tuto del Comandante en Jefe. (Ya sea) en caso de ausencia temporal cuando éste está en el exterior, o en ausencia definitoria, mientras se escoge un nuevo Comandante en Jefe. Entonces en la estructura de la verdadera cade-na de mando, están el Comandante en Jefe, el Jefe de Estado Mayor y el Inspector General. Estos dos son iguales ante sí y los dos van hacia el Comandante en Jefe. El uno maneja la parte del Ejército y el otro controla que esa parte sea realmente dirigida a como dicen las disposi-ciones y los reglamentos. (…) Pero la regla de mando indica que si no está el Comandante en Jefe, asume el Jefe de Estado Mayor y si éste tampoco está asume el Inspector General. Entonces, lo lógico es que la tendencia en la cadena de mando vaya por el Jefe de Estado Mayor; no es la ley escrita pero es la lógica de la estructura del conocimiento y experiencia interna”71

Al respecto, el Dr. José Adán Guerra, ex Ministro de Defensa, opina que con esta decisión se ha mante-nido la tradición interna del Ejército de Nicaragua en el nombramiento del nuevo Jefe militar. “Creo que el nuevo comandante en Jefe es una persona que está preparada para asumir este reto. Yo personal-mente creo que es el militar que tiene la capacidad, la experiencia y madurez para conducir este Ejército. Creo que va a seguir con la misma ruta, tal vez con su propio estilo a este proceso de profesionalización, de preparación del Ejército en los próximos años”72.

En efecto, luego de analizar los hechos y las opiniones vertidas por los entendidos en la mate-ria, se puede afirmar que el carácter unánime de la resolución del Consejo Militar revela, más allá del característico espíritu de cuerpo propio de las institu-ciones castrenses, un auténtico sentido de cohesión

institucional y de la determinación de preservar la línea de desarrollo estratégico trazada por el lideraz-go militar. Esta situación de consistencia institucional en el traspaso del Alto Mando del Ejército, les ha permitido transitar sin sobresaltos por la vía de la institucionalización corporativa, es decir, del resguar-do y fortalecimiento de las características propias de una entidad que se rige por -y cumple rigurosamen-te- con lo establecido en las normas que regulan su existencia y su funcionamiento.

La aprobación o rechazo de la propuesta del Consejo Militar es una potestad presidencial que no está regulada por criterios expresamente establecidos y definidos, como capacidad, profesionalismo, tra-yectoria militar, don de mando, carisma y liderazgo del oficial propuesto por el Consejo Militar. Sus integrantes conocen, mejor que nadie, dentro de la institución castrense y fuera de ella, quién es el que reúne esos atributos y tiene los méritos suficientes y necesarios para ocupar el más alto cargo del escala-fón castrense en Nicaragua.

Debe considerarse que a pesar de ser un proceso natural en la vida institucional del Ejército, no se trata del simple relevo de un Comandante en Jefe por otro, sino de un hecho que prácticamente ha estado ausente en la administración pública de las anterio-res administraciones y que constituye un verdadero ejemplo para todas las instituciones del Estado: en el cambio en la jefatura del Ejército no hay “escoba” ni “barridos” ni bruscas y caprichosas variaciones en la conducción institucional del Ejército. Por el contrario, una de las metas estratégicas del nuevo Comandante en Jefe es darle continuidad al esfuer-zo desplegado por sus antecesores y avanzar en el proceso de modernización, institucionalización y profesionalización del cuerpo castrense.

establecido en la Ley), el presidente Daniel Ortega durante su discurso en el marco de un acto partidario de grandes magnitudes anunció su decisión median-te la lectura y publicación del Acuerdo Presidencial No.301 del 2009. Resultado: nuevo Comandante en Jefe, Mayor General Julio César Avilés, Jefe del Estado Mayor General.

Para algunos especialistas66, la decisión si bien fue la acertada tuvo un bemol innecesario de con-taminación política para la institución militar: nom-bramiento en un evento partidario y con matices “populistas”. El Presidente en su discurso dijo:

“(…) fíjense bien, el Pueblo Presidente es el que va a aprobar la propuesta del Ejército (…) El Ejército propone al compañero Mayor General Julio César Avilés. Si están de acuerdo queridos hermanos, levanten la mano, ¡aquí el pueblo es el que manda, el pueblo decide! (…) Aquí, el que nombra al Jefe del Ejército, no es Daniel…¡es el Pueblo Presidente! El Pueblo Presidente es el que nombra”67.

Más allá de esta (in)formalidad y deseo de “legi-timar” el nombramiento, la decisión tuvo repercu-siones importantes en el proceso de institucionali-zación del Ejército. El General en retiro Humberto Ortega, primer Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua (1979–1995) y hermano del actual mandatario, en una entrevista a un medio de comu-nicación nacional en el marco del 30 Aniversario de la institución militar celebrado el 02 de septiembre del 2009, adelantó que confiaba en que el Presidente tomaría su decisión en base a los criterios que rigen

el pensamiento interno del Consejo Militar. En aquella ocasión dijo:

“Yo no creo que el Presidente tenga interés en estarse oponiendo a eso –propuesta del Consejo Militar- (…), la causa de rechazar o imponer generales jamás puede ser política de decir 'yo no quiero al general Avilés (…) porque no me gusta políticamente'. Aquí no es cuestión de gustos políticos; eso lo sabe el Presidente, en su madurez Daniel sabe que así funciona la carrera militar”68.

A juicio del General Ortega, la importancia de adherirse a la línea institucional radica no sólo en cumplir con el designio del Consejo Militar, sino más importante aún en la lógica de darle continuis-mo al desarrollo profesional del Alto Mando: “si al Jefe de Estado Mayor yo lo he estado preparando durante cinco años para que me suceda, cuando llegue el momento, tiene lógica que me suceda”69.

Para el General de Ejército en retiro Javier Carrión, los dos que estaban en la línea de sucesión -Jefe de Estado Mayor o Inspector General- tenían la misma preparación y por tanto cualquiera podía ejercer un buen papel como Comandante en Jefe. Pero consideró que en el entendido de los rumores que relacionaban al Inspector General con intereses afines al Presidente, el nombramiento del General Avilés para un grupo de opinión pudo significar como un acierto en lo atinente al fortalecimiento institucional70. A su criterio, y vinculado con la misma línea argumentativa del General Ortega, esta situación debería entenderse de la siguiente manera:

66 Entrevista a general en retiro, Hugo torres, op. Cit. también en Cajina roberto, “Arrebato populista en la designación del Jefe militar de Nicaragua”, revista Atenea. seguridad y Defensa, 14 de enero de 2010.

67 Discurso del Presidente Daniel ortega, En “Acto de culminación de la gran marcha de las victorias”, Portal informativo Con amor Nicaragua (21/11/09)

68 Ver “Ejército decide su sucesor y eso no se manosea”, El Nuevo Diario (02/09/09)

69 ídem.

70 Entrevista a general de Ejército en retiro, Javier Carrión. op. Cit.

71 ídem.

72 Entrevista a Dr. José Adán guerra, op. Cit.

inForMe de gestión deFensa nacional

40 41

En su discurso en ocasión del 30 Aniversario de la institución, el entonces Comandante en Jefe del Ejército, General Omar Halleslevens, hizo un com-pendio del proceso de construcción y consolidación del Ejército, pero además expuso las principales funciones, misiones y roles que actualmente cum-plen como una institución que dejó en el pasado los “paradigmas de la tradicional entidad militar para la guerra, las de cuartel, las de élites y descendencias (…)”74. De este discurso se desprende en realidad lo que serían los principales ámbitos de acción que el Ejército mantiene:

n Defensa de la soberanía, independencia e integridad del territorio

n Combate al accionar del narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas

n Participación en labores de seguridad interna, especialmente en zonas rurales

n Gestión y atención en caso de desastres natu-rales

n Combate a la pretensión de degradación y explotación ilícita de recursos “estratégicos”

n Limpieza y remoción de minas antipersonales en las zonas minadas remanentes

Igualmente, se deriva del discurso que el Ejército ha estado desarrollando actividades de colaboración vinculadas con obras de interés social ejecutadas por instituciones civiles: campañas preventivas de salud, apoyo en jornadas de alfabetización, infraestructura y habilitación de caminos, entre otras. Durante la segunda mitad del año 2009 en esta misma dirección se mantuvo el actuar del Ejército75.

Estas acciones y la ubicuidad del Ejército es un capital social muy importante para la institución. En una encuesta realizada por la consultora MyR, en el mes de diciembre de 2009, se reflejó que un 39.8% de la población consultada tenía mucha confianza en la institución militar, un 48.1% confianza parcial y solamente un 7.8% desconfiaba de ésta76. Si se comparan estos datos con la tendencia mostrada en la opinión pública de años anteriores se deduce que, en general, se da un reconocimiento positivo constante a las acciones realizadas por el Ejército de Nicaragua. Sin embargo, si se retoman los datos de confiabilidad y credibilidad que en los países del continente americano se le da a las Fuerzas Armadas se puede inferir que la tendencia en Nicaragua es similar a la de otros países de la región, es decir, que existe una ola de confianza en la región hacia los Ejércitos de la cual el Ejército de Nicaragua no es una excepción (Ver recuadro).

Al desagregar la calificación que la ciudadanía nica-ragüense da al desempeño del Ejército con relación a la gestión de sus misiones, se muestra lo siguiente:

Si se examina rápidamente cuáles misiones tienen mayor reconocimiento y legitimidad de la ciudada-nía, según la encuesta, encontramos que un número considerable de los consultados (89.5%) considera que se aprueba al Ejército en “asistir a la población en caso de desastres naturales”. Probablemente, esta muestra indica la aceptación ciudadana hacia las acciones que ha venido realizando la institución armada ante el impacto de fenómenos naturales o en la gestión de riesgo.

MiSiONES DEL EJéRCiTO: LEGALiDAD Y LEGiTiMiDAD VERSUS “FLEXiBiLizACiÓN”

El Arto. 6, inciso 13 del Código Militar, le da la atribución al Presidente de “Determinar la política de Defensa Nacional”. En términos prácticos, la Política de Defensa se refiere “a la forma en que el Estado estructura y organiza, a través del Gobierno, la defensa nacional de un país, lo cual compren-de una definición de lo que el país requiere en términos de seguridad externa, seguridad interior y acciones frente a condiciones extremas como catástrofes”73. Una aproximación a la Política de Defensa de Nicaragua está contemplada en el Libro Blanco de la Defensa, sin embargo, no hay indicios claros y públicos sobre la posibilidad que actual-mente se impulse la elaboración de ésta, desde el enfoque integral y estratégico con que fue plan-teado en ese documento producto de un amplio debate nacional.

En este segundo semestre del año 2009 se ha evidenciado, como abordaremos más adelante, un intento del presidente Ortega por “flexibilizar”, según sus propias palabras, los alcances de las fun-ciones y misiones del Ejército. Pero, ¿qué tan legal, legítima y necesaria puede ser esta intención? ¿Cuál sería la viabilidad de esta propuesta? Si retomamos la definición arriba mencionada, se desagrega que la política de defensa busca adoptar medidas frente a amenazas internas, externas y riesgos naturales. Para este fin, se deben delimitar y definir las misiones y roles de cada cuerpo de seguridad de un país, en dependencia de la percepción de esas amenazas y riesgos, y de sus capacidades y recursos.

Según el recuadro anterior, en el Libro Blanco de la Defensa Nacional se establece que el Estado de Nicaragua reconoce una serie de amenazas a su seguridad. Entonces, ¿cuáles son las principales acti-vidades, acciones y tareas del Ejército en relación a estas amenazas y riesgos?

73 Holzmann guillermo, “Políticas de Defensa: Notas para su Definición teórica e Implementación Práctica”, en research and Education in Defense and security studies (rEDEs), Center for Hemispheric Defense studies (CHDs), Brasilia, Brasil, 2002, pp. 3.

74 Ejército de Nicaragua, revista Defensa Nacional, Edición Especial “30 Aniversario del Ejército de Nicaragua”, septiembre de 2009.

75 la revisión de los principales medios de comunicación indica que el Ejército ha mantenido su capacidad operativa durante el segundo semestre del 2009, principalmente en su apoyo a la Policía Nacional contra el narcotráfico, crimen organizado y seguridad en zonas rurales. Debido a la falta de información oficial sistematizada sobre los resultados de estas actividades y acciones, en el presente Informe no se profundizó al respecto.

76 Myr Consultores, sistema de Monitoreo y opinión Pública, sismo XXIII, seguridad Nacional, Diciembre 2009.

el estado de nicaragua reconoce algunas amenazas y riesgos para la seguridad nacional. dentro de las amenazas a la seguridad nacional, el estado de nicaragua identifica dos grandes categorías de amenazas:

- amenazas a la soberanía e integridad territorial (Pretensión de algunos esta-dos sobre espacios territoriales, marítimos y recursos de nicaragua)

- amenazas no tradicionales a la seguridad nacionalo narcoactividad, el crimen transnacional organizado y actividades conexaso el terrorismoo desastres naturales de grandes magnitudes

Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua, 2005.

inForMe de gestión deFensa nacional

42 43

o Batallón Forestal) que estuviera conformada por quinientos efectivos para proteger los recursos fores-tales78 e inclusive, según el Jefe de la Defensa Civil, General de Brigada Mario Perezcassar, para apo-yar al Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) en “la siembra y mantenimiento de las fuentes de agua y todas aquellas actividades que puedan mitigar un poco los efectos del cambio climático”79.

Aunado a esto, el Presidente durante el mismo acto propuso y solicitó al Ejército de Nicaragua que se considerara la reconversión de las brigadas que conforman las Unidades de Desminado del Cuerpo de Ingenieros, una vez concluido el proceso de

remoción y destrucción de minas en Nicaragua, con el fin de apoyar a las Alcaldías en el desarrollo del Programa Gubernamental “Calles para el Pueblo”80. Desde el inicio de su ejecución, este ha sido uno de los Programas emblemáticos del actual gobierno y ha sido financiado con fondos de la cooperación vene-zolana, es decir, un programa de interés social que se ha reconocido ampliamente en la opinión pública como una iniciativa manejada por las estructuras del partido de gobierno más que por la gestión pública gubernamental.

Ambos casos, el “Batallón Ecológico” y el Ejército apoyando en la construcción de un proyecto partida-rio-gubernamental, generan algunas interrogantes:

En este contexto de legitimidad a las acciones del Ejército –y de legalidad como fue mencionado ante-riormente-, en el mes de diciembre de 2009, durante la Clausura de un Curso de Seguridad y Defensa, el primer mandatario delineó su interés de formalizar la participación del Ejército en tareas de resguardo de los recursos naturales:

“La importancia que tiene cada día, el que la comunidad nicaragüense y todas sus institucio-nes, y en particular el Ejército de Nicaragua, le den una mayor importancia a la protección y defensa del Medio Ambiente, la protección y defensa de nuestras reservas naturales (…) Ahí estamos defendiendo Bosawás, de los intentos de devastación (…) la Reserva Indio Maíz…son recursos estratégicos para nuestro país, para nuestra propia sobrevivencia”77.

En esencia, este interés es coherente con lo esta-blecido en la Constitución, las leyes, los lineamientos generales de la Política de Defensa y las prioridades estratégicas del Gobierno contenidas en el PNDH. Además, responden a una necesidad latente de conservar y proteger las reservas naturales ante la creciente explotación indiscriminada de dichos recursos.

En este sentido, como medida inmediata para abordar la problemática, el presidente Ortega duran-te la juramentación del recién nombrado Jefe del Ejército, General de Ejército Julio César Avilés, el 21 de febrero del año 2010, introdujo nuevamente el término “flexibilización” del Ejército para enfrentar los actuales desafíos. Solicitó al Alto Mando orga-nizar una brigada permanente (Brigada Ecológica

Misión Positivo Negativo

Garantizar la seguridad nacional

Luchar contra bandas armadas en el territorio nacional

Luchar contra el terrorismo

Protección de las fronteras Honduras y Costa Rica

Asistir a la población en caso de desastres naturales

Lucha contra el crimen organizado

Protección y defensa de aguas territoriales

Lucha contra el narcotrá-�co internacional

Muy buena: 25.4%Buena: 58.4%

Muy buena: 26.6%Buena: 53.5%

Muy buena: 18%Buena: 38.1%

Muy buena: 40.9%Buena: 42.8%

Muy buena: 49.4%Buena: 40.1%

Muy buena: 34.1%Buena: 46.6%

Muy buena: 37.3%Buena: 43.9%

Muy buena: 42.1%Buena: 43.2%

Total: 83.8%

Total: 80.1%

Total: 56.1

Total: 83.7%

Total: 89.5%

Total: 80.7

Total: 81.2%

Total: 85.3%

Total: 10%

Total: 10.8%

Total: 35.2%

Total: 8.4%

Total: 6%

Total: 9.5%

Total: 9.3%

Total: 8.5%

según la Perspectiva desde el barómetro de las américas 2009, “la evidencia empírica muestra que las Fuerzas armadas en américa latina continúan gozando, relativamente, de niveles altos de confianza ciudadana”. los datos de la encuesta del barómetro en el año 2008 indicaban:

“(…) en primer lugar, que en promedio, el grado de confianza ciudadana en las Fuerzas

armadas de la región es de 59.2% de un total de 100 puntos posibles. este valor está muy por encima del puntaje obtenido por instituciones de representación, tales como los par-tidos políticos o el congreso latinoamericano. en segundo lugar, en este contexto de altos niveles relativos de confianza, existe una variación significativa entre países. en el extremo superior, los países con los niveles más altos de confianza son canadá, estados unidos y México, con 79.3, 74.8 y 70.8 puntos respectivamente. en el otro extremo, los países con los niveles más bajos de confianza son Honduras, Paraguay y argentina, con 51.9, 41.5 y 36.3 puntos respectivamente”.

en el caso del ejército de nicaragua, de acuerdo al barómetro, se ubica en el sexto lugar de 20 países encuestados, con un nivel de confianza promedio de 60.9 puntos.

Montalvo Daniel, Perspectivas desde el Barómetro de las Américas: 2009 (Núm. 27).

77 Discurso del Presidente Daniel ortega, En “Daniel en clausura del VI Curso de Defensa y seguridad Nacional. Ejército de Nicaragua”, Portal informativo Con amor Nicaragua (21/11/09)

78 Ver “resumen fin de semana, 20 y 21 de febrero de 2010”, El 19 Noticias. Curiosamente, ni en el Portal informativo Con amor Nicaragua, ni en otro sitio web ofi-cialista está disponible el discurso íntegro del Presidente ortega en esa ocasión.

79 Ver “Batallón Ecológico del Ejército combatirá efectos del cambio climático”, la voz del sandinismo (24/02/10)

80 Ver “resumen fin de semana, 20 y 21 de febrero de 2010”, El 19 Noticias.

inForMe de gestión deFensa nacional

44 45

Sin embargo, el General Torres advierte que algunas acciones, como la de construcción de “Calles para el Pueblo”, son asuntos delicados que pueden verse íntimamente relacionadas a expresiones de organización partidaria (por connotación clientelar y de política partidista, más que política de Estado). “Si se empieza a ver ese entresijo entre la acción de esta institución partidista con la acción del Ejército, se pueden crear conclusiones que sólo pueden dañar la institucionalidad del Ejército”86.

A manera global y en espera de un debate más amplio que integre a las autoridades civiles y el estamento militar, y un estudio pormenorizado al respecto, se pueden plantear varias apreciaciones:

a) parece regir una legítima intención de maxi-mizar las potencialidades operativas y de des-pliegue, así como las capacidades materiales instaladas que tiene el Ejército y que, por el momento, carecen las instituciones civiles. Por tanto, se debe encaminar a resolver un proble-ma real de forma transitoria, mientras las enti-dades civiles fortalecen sus propias capacidades con los pocos recursos disponibles. Razonable sería fortalecer en el menor tiempo posible el capital humano civil y los medios para su inter-vención.

b) los aspectos técnicos y políticos alrededor de la gestión en el resguardo de los recursos naturales y de la construcción de infraestruc-tura vial son responsabilidades exclusivas del resorte institucional civil. En todo caso, ni el Ejército ni las instituciones correspondientes (MTI, INAFOR, MAGFOR) deben usurpar las funciones que a cada una, por ley, le com-peten. Si se decide finalmente iniciar la ejecu-ción de planes operativos se deben concebir la ejecución y coordinación en términos comple-

mentarios y no mutuamente excluyentes, pero con la dirección y rectoría de la burocracia civil.

c) lo anterior no implica reconocer que mantener estas funciones en el portafolio del Ejército, al mediano y largo plazo, puede no ser positivo para una gestión eficaz del gasto militar y el de las instituciones civiles involucradas. Una delimitación poco clara de qué corresponde realizar a cada una, podría desequilibrar el presupuesto y se correría el riesgo de no ser eficientes y racionales en su administración. No es recomendable aumentar el gasto militar para ejecutar una tarea de índole no militar, aunque esté establecido en la ley; y menos, reducir el presupuesto de una entidad civil para trasladár-selo al Ejército. Sobre todo cuando no existen actualmente mecanismos institucionales efecti-vos para la rendición de cuentas y transparencia en el uso del gasto militar. Lo que impide una auditoría social al respecto.

En el caso del apoyo en la construcción de Calles para el Pueblo, el Ejército tiene un desafío importante para su imagen y profesionalismo, y por consecuencia, no es todavía clara la viabilidad de materialización de esta misión. El Ejército deberá tener mucho cuidado en el análisis costo-beneficio de sus decisiones y en la delimitación del alcance de su participación. No definir los términos de su vinculación en esta iniciativa que tiene un peso y una connotación partidaria total podría hacer diluir en un sector poblacional la frontera entre la actua-ción institucional militar y la adscripción de la ins-titución a un proyecto de características netamente partidaria.

¿Estas son misiones o responsabilidades que deben corresponderles a una institución de esta naturaleza? ¿Quién coordinará las actividades a ejecutar? ¿Qué rol desempeñará el Ejército y cuáles las instancias civiles? ¿De dónde saldrán y hacia dónde irán los recursos para la implementación de los planes correspondientes? ¿Quién regulará la administra-ción y eficiencia de los recursos?

El General de Ejército en retiro, Javier Carrión, opina que estas tareas o misiones que ha planteado el Presidente no son nuevas y tampoco están fuera de la ley. “Si está planteada en la ley, yo no tengo por qué objetarla (el Ejército) porque soy un ejecu-tor del Estado”81. Tratando de diferenciar entre lo que la institución hace en apego a la ley y lo que realiza en obediencia al mando presidencial, el General Carrión agrega que “el Código (militar) y la Ley determinan que el Ejército desarrolla accio-nes sociales. Nosotros (el Ejército) no calificamos las intenciones del político. (…) En mucho de esto existe la acción cívica, que viene de la doctrina de defensa nacional de apoyar a la población a hacer obras”82.

Su explicación se amplía a afirmar que la crea-ción del Batallón Ecológico y unidades del Ejército coadyuvando en la construcción de infraestructura vial, responden a una necesidad tanto del Ejército, como principalmente a una necesidad del país en su conjunto. En el caso del cuerpo de ingenieros, explica que al finalizar su labor en el desminado, se debería de aprovechar la experiencia, medios y capacidades desarrolladas por éste, de manera que

sea un “producto institucional que se pone al servicio del Estado. No importa con qué Presidente sea”83. Y en referencia al Batallón Ecológico, justifica que “si queremos preservar el bosque, hay que tener un instrumento de preservación. Y hoy por hoy, ese instrumento pasa por el Ejército. Cuando los guar-dabosques sean respetados, por así decirlo, entonces se elimina el batallón ambiental y se desarrolla las capacidades del guardabosques”. Concluye, “la única institución que puede hacerse respetar en Nicaragua en algunos aspectos que son clásicamente orientados o ejecutados por los civiles, es el Ejército”. No obs-tante su defensa a estas misiones y a la institución, el General Carrión reconoce que sí podrá haber en algún momento suspicacias y desvíos sobre la actua-ción del Ejército, porque eso está “dentro del marco del elemento humano”.

Por su parte, el General en retiro Hugo Torres analiza esta situación de la siguiente manera: “Se debe tener cuidado en no caer en rigideces por un lado, en el sentido de creer que los Ejércitos están solamente para el resguardo de la seguridad del país, la soberanía. La realidad es que se ha venido cam-biando. El Ejército puede cumplir distintas misiones en apoyo a la población, sin desnaturalizarse, para no convertirse en guardabosques, que eso le toca a otros ministerios”84. El General Torres delimita aún más el rango de acción que debería tener el Ejército: “(…) Puede ser auxiliar, puede ayudar en esta misio-nes, así como lo hace con la Policía, pero no sustituir el rol de otras instituciones del Estado o convertirse en agencia de desarrollo o duplicadora de otras ins-tituciones que ya existen”85.

81 Entrevista a general de Ejército en retiro, Javier Carrión. op. Cit.

82 ídem. Para reforzar este punto, el general Carrión refiere que el Ejército desde el gobierno de la ex presidenta Violeta Barrios a inicios de los años noventa ha venido desarrollando acciones sociales y que la han realizado sin adherirse a intereses políticos y procurando no vincularse a banderas políticas.

83 ídem.

84 Entrevista a general de Brigada en retiro, Hugo torres. op. Cit.

85 ídem. 86 ídem.

inForMe de gestión deFensa nacional

46 47

torio de sus dos instituciones principales: Ministerio de Defensa (MIDEF) y Ejército de Nicaragua.

Esta situación no aporta a la gobernabilidad democrática del sector. La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, mientras ejercía el cargo de Ministra de Defensa de su país, expresó que en un régimen democrático el liderazgo político debe fundamentarse en la constitución dentro del Poder Ejecutivo de un Ministerio de Defensa que tenga capacidad de decisión89. Reconoce que las decisio-nes deben ser adoptadas por autoridades a las que se le otorga legalidad y legitimidad para tal fin, es decir, aquellas electas por “soberanía popular”: Presidente y legisladores. La lógica de la modernización de la administración pública de un Estado indica que para una conducción efectiva de cualquier sector –tanto en lo político como en lo técnico-, la responsabilidad presidencial debería ser delegada en la autoridad correspondiente. En los asuntos de defensa, por tanto, debería ser un Ministerio de Defensa a través de su máxima autoridad quien debería ejercer tal responsabilidad.

Al respecto, el ex Ministro José Adán Guerra reflexiona que la importancia de la autoridad minis-terial recae en que ésta es responsable de ser inter-mediario político y canal directo entre el Presidente y el mando del Ejército, para gestionar exclusivamen-te en el día a día los temas atinentes a la defensa que un Presidente, por sus diversas funciones, no puede atender. Entonces, argumenta el Dr. Guerra, tener un Ministerio con autoridades y funciones sustan-tivas “contribuye a tener una visión más clara, una relación más transparente de supervisión y gestión, convirtiendo a los civiles en los verdaderos formula-

dores de las políticas públicas del sector y al Ejército en los verdaderos ejecutores de las políticas de la defensa nacional”90.

Para el General en retiro Hugo Torres, es esen-cial la existencia de un Ministerio de Defensa fuer-te, en capacidades y recursos, para cumplir en su calidad de intermediario político las misiones que la ley le manda. En General Torres complementa que el Ministerio de Defensa como parte de sus funciones debería ser la entidad que “dirige las rela-ciones internacionales de la defensa, las discusiones pertinentes a todos los temas doctrinarios sobre defensa, los esfuerzos por conseguir recursos para el cumplimiento de las misiones del Ejército y para aplicar lo establecido en el libro blanco de la defensa nacional”91.

Una opinión que podría ser coherente con la visión del Ejército fue dada por el General de Ejército en retiro Javier Carrión, quien considera que el Ministerio de Defensa más que un interme-diario político se debería de ver como un interme-diario institucional que coadyuve en las misiones del Ejército como parte de un engranaje del sector de la defensa. “Para nosotros (Ejército) es importante que ese engranaje funcione, porque entre mejor funcione ese engranaje civil mejor funcionamos como país”92.

En general, las tres opiniones ponen en perspec-tiva la importancia que un Ministerio de Defensa puede tener en un régimen democrático. Pese a no existir un acuerdo en relación a si el Ministerio es un intermediador político con capacidad de deci-sión o solamente institucional –cuestión que debe ser analizada y debatida con mucho detenimiento

MiNiSTERiO DE DEFENSA: DEBiLiDAD iNSTiTUCiONAL Y CONDUCCiÓN POLÍTiCA NO PRESiDENCiAL87

Importancia del Ministerio de Defensa en un régimen democrático

En Nicaragua, al analizar las circunstancias ins-titucionales actuales del sector defensa, no debe soslayarse que tanto el Ejército de Nicaragua como el Ministerio de Defensa han transitado paralela-mente al proceso de democratización del país por un trayecto sinuoso en la construcción de su propia institucionalidad. Las “asimetrías e incoherencias”88, la fortaleza o debilidad, la autonomía o invisibilidad, la credibilidad o desconocimiento que se puedan tener hoy de ambas instituciones es directamente

proporcional, por una parte, al conjunto de decisio-nes y omisiones políticas realizadas por el liderazgo civil (principalmente de los poderes Ejecutivo y Legislativo) en las últimas cuatro administraciones, y por otra a la capacidad de influencia y negociación de los militares con dicho liderazgo.

En la introducción al análisis de la institucionali-dad del sector mencionábamos que el contexto en todo el período Ortega se caracteriza por “algunas decisiones de la actual administración (que) han demarcado con mayor ímpetu una tendencia hacia una minimización de la gestión civil ministerial y del liderazgo político no presidencial”. Esto se refiere a que con la reforma a la Ley 290 la base jurídica del sector defensa sufrió cambios que alteraron drástica-mente aunque de forma asimétrica el marco regula-

dentro de un régimen democrático, el liderazgo político o civil en la defensa se funda en a lo menos tres ideas:

- Primero, que las decisiones compete adoptarlas a quienes se inviste de poder para hacerlo como resultado del ejercicio de la soberanía popular, y que este poder para decidir es distinto y está separado de la fuerza o capacidad para imponer la deci-sión de que se trate.

- segundo, que así como en democracia es preciso que aquellos carriles no se con-funda, resulta necesario también evitar que toda eventual crisis producto de una decisión adoptada por un poder decisorio no traspase al ámbito de las organizacio-nes donde radica la fuerza. es decir, que la titularidad de un Ministerio de defensa recaiga en un civil y no en un militar.

- tercero, y como conclusión, que un Ministerio de defensa es parte constitutiva del Poder ejecutivo, es decir, de un poder del estado con capacidad decisoria.

Michelle Bachelet, ex Presidenta y ex Ministra de Defensa de la República de Chile

87 Parte del análisis sobre este tema está basado en el Capítulo Defensa Nacional, del V Informe de gestión de IEEPP (sin publicar).

88 De acuerdo a roberto Cajina, la reconversión de la defensa (entendida como el “proceso de cambio del establecimiento de la defensa en su conjunto en la transición del autoritarismo a la democracia; es decir, la transformación de todo el establecimiento del viejo régimen autoritario a uno que responda a las exigen-cias de la democracia”), hasta el año 2002 era todavía un proceso con amplias asimetrías e incoherencias, pero que hasta la fecha no ha sido revertido. El mayor prisma de esta asimetría es la bifurcación entre el avance firme de la institución y liderazgo militar hacia su propia consolidación, y la constante falta de enten-dimiento y voluntad del poder político para adaptar y fortalecer legal e institucionalmente a las circunstancias actuales la gestión y el control civil. Ver Cajina roberto, reconversión de la Defensa en Nicaragua: Asimetrías e incoherencias, security and Defense studies review, vol. 2, 2002; y Presentación “Nicaragua: un Estado sin Política de seguridad”, durante la Conferencia Internacional: Políticas y Concepciones de seguridad de los Países del AlBA, Quito, 9 y 10 de diciembre de 2009.

89 Conferencia de la Ministra de Defensa Michelle Bachelet en la universidad Central, “El liderazgo político, una mirada desde la defensa”, santiago, mayo 2004.

90 Entrevista a Dr. José Adán guerra, op. Cit.

91 Entrevista a general de Brigada en retiro, Hugo torres, op. Cit.

92 Entrevista a general de Ejército en retiro, Javier Carrión. op. Cit.

inForMe de gestión deFensa nacional

48 49

administrativo, y aparte de relaciones formales con el Ejército, la cartera de Defensa no tiene autoridad institucional ni legal sobre las fuerzas militares”99.

Capacidad material y jurídica de decisión

Un reflejo de la falta de autoridad de este Ministerio sobre el estamento militar se infiere de la Ley 612. Ésta en lugar de procurar un avance insti-tucional, imprimió un mayúsculo retroceso. Eliminó cinco de las once funciones que el artículo 20 de la Ley 290 le fijaba al MIDEF, siete de las cuales eran accesorias; de las cinco eliminadas, dos eran sustan-tivas -las relativas a Inteligencia y Defensa Civil- y tres de menor relevancia -referidas a medio ambiente y recursos naturales; atención a retirados del Ejército; y recursos físicos del territorio, estudios territoriales, cartografía y meteorología. Es justo decir no obstan-te que en la práctica estas funciones nunca fueron adecuadamente asumidas por la gestión civil del Ministerio de Defensa. En parte por la falta de apoyo político de los Presidentes a los ministros de defensa, en parte por las limitadas capacidades presupues-tarias y en parte por la presión interna y solapada de los mandos militares para que el Ministerio de Defensa fuera en realidad una institución disminuida y acotada.

Las dos restantes funciones sustantivas -corres-pondientes a políticas de defensa y presupuesto de defensa- fueron modificadas sustancialmente, al igual que cuatro accesorias tanto en su contenido como en sus alcances -apoyo al Ministerio de Gobernación en las acciones conjuntas Policía-Ejército, participación en la Junta Directiva del Instituto de Previsión Social Militar, políticas de navegación aérea y acuática, y

agregadurías militares en el extranjero-. A las seis funciones que sobrevivieron modificadas se añadie-ron siete nuevas funciones, de las cuales sólo tres —las referidas a Desminado Humanitario, Limitación y Control de Armas, y Relaciones Civiles-Militares— son sustantivas para el sector defensa, y para las que se precisa definir si se construyen nuevas estructuras ministeriales o se ajustan a las aún existentes. Las cuatro restantes son insustanciales.

En relación a la política institucional contenida en el Presupuesto General de la República 2009, es competencia del ente ministerial del sector “dirigir la elaboración de las políticas y planes referidos a la defensa de la soberanía, la independencia y la inte-gridad territorial nacional. Dentro de estas atribu-ciones, coordinar, aprobar los planes y acciones del Ejército de Nicaragua”100. Sin embargo, los hechos e información pública disponible en la página web del Ministerio no muestran que la entidad civil esté desa-rrollando o dirigiendo política alguna. Asimismo, durante el segundo semestre de 2009, no hubo indi-cios sobre participación directa de las autoridades ministeriales en la toma de decisiones del sector.

Para el año 2009, el presupuesto del MIDEF ascendió a 17 millones 619 mil córdobas (aproxi-madamente 866,224 dólares), un 1.96% del presu-puesto total canalizado al sector defensa. El restante 98.04% le corresponde al Ejército de Nicaragua. Se debe subrayar que se desconoce si los funcio-narios que se desempeñan en el área sustantiva del Ministerio, a tres años de gestión, han acumulado el nivel de preparación necesaria para la formulación o al menos elaboración de una visión o propuesta de lo que debiera ser una política pública del sector.

entre civiles y militares en el país-, se denota que la existencia de esta institución no debe ser vista como un requisito “democrático” sino como una condi-ción indispensable para fortalecer la gestión civil de los asuntos de la defensa nacional. A continuación veremos si se ha avanzado en la construcción de un modelo de gestión civil ministerial o si se ha debili-tado aún más el liderazgo que esta cartera debiera tener en un régimen democrático, tal y como se analizó en los párrafos precedentes.

MiNiSTERiO DE DEFENSA: iNSTiTUCiONALiDAD Y FUNCiONALi-DAD A 3 AñOS DE GOBiERNO

Para efectos de analizar el alcance de la capaci-dad del Ministerio de Defensa en la actualidad, se hará una valoración en función a tres criterios93 : a) posición de jerarquía real, b) capacidad material y jurídica de decisión y c) estructura acorde a respon-sabilidades94. Se incluirá, además, una descripción general de las principales acciones públicas desarro-lladas por el Ministerio en este período, para dar una panorámica sobre el peso de ésta en la gestión de la defensa.

Posición de jerarquía de acuerdo a la legislación vigente

La base jurídica del Ministerio de Defensa es exi-gua y se limita, por una parte, a una única referencia en la Constitución: El Ejército de Nicaragua “Estará sometido a la autoridad civil que será ejercida direc-tamente por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, o a través del ministerio correspondiente”95; y por otra, al contenido del artículo 20 de la Ley 61296, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo; y a unos cuantos artículos del Decreto 71-9897.

En ninguna de estas leyes se reconoce al Ministerio de Defensa como un eslabón directo y concatenado a la cadena de mando. El propio hecho que la máxima autoridad de lo que es el actual y reducido Ministerio de Defensa sea una funcionaria que ocupa “una jerarquía inmediata inferior a la de los Viceministros en el despacho”98 indica que la cartera no tiene un peso político proporcional a la que por naturaleza tendría que corresponderle en una sociedad que se supone va en proceso de con-solidación democrática. Al respecto, Roberto Cajina deduce que el MIDEF es solamente administrado por “las autoridades civiles en el orden burocrático

93 “la conducción política para lograr su cometido, requiere contar en primer lugar con una posición de jerarquía real. En segundo lugar, con una capaci-dad material y jurídica de decisión. Y en tercer lugar, con una estructura capaz de soportar las responsabilidades del sector”. Pacheco gaitán, guillermo, “los Ministerios de Defensa en la agenda de la modernización del Estado”, en Donadio Marcela y tibiletti Paz (ed.), Atlas Comparativo de la Defensa en América latina, (Argentina: rEsDAl y ser en el 2000, 2007).

94 ídem.

95 Arto. 95, Constitución Política de la república de Nicaragua.

96 ley 612, op. Cit.

97 Decreto No. 71-98, reglamento a la ley 290, ley de organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, la gaceta Diario oficial, No. 205 y 206, 31 de octubre de 1998.

98 Arto. 24, Decreto No. 71-98, op. Cit.

99 Presentación “Nicaragua: un Estado sin Política de seguridad”, durante la Conferencia Internacional: Políticas y Concepciones de seguridad de los Países del AlBA, Quito, 9 y 10 de diciembre de 2009, pp. 6.

100 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, libro de Presupuesto general de la república 2009, Capítulo Defensa Nacional, pp. 196, http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/presupuesto-gral.-de-la-republica. En el acápite sobre transparencia en la gestión, se abordará la incoherencia entre el marco nor-mativo y las funciones establecidas en el libro de Presupuesto y Marco presupuestario de Mediano Plazo 2006-2009.

inForMe de gestión deFensa nacional

50 51

análisis del contexto hemisférico de cara a la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.

n una Dirección General de Coordinación Interinstitucional con dos direcciones específi-cas: Dirección de Relaciones Civiles-Militares y Dirección de Protección y Defensa Civil. La Dirección en general está en concordan-cia con varias funciones conferidas por la Ley 612. En términos formales la primera Dirección específica está en correspondencia con una de las funciones del MIDEF estable-cidas por la Ley 612; pero en la segunda es evidente que debe tratarse de un desatinado error porque la reforma de la Ley 290 elimi-nó la función de “Coordinar las acciones de la Defensa Civil y dirigir acciones de prevención y auxilio como consecuencia de desastres naturales y catástrofes”, que teóricamente ejercía el MIDEF hasta antes de la reforma.

Es importante señalar que dejar la Dirección de Relaciones Civiles-Militares bajo esta Dirección General, implicaría que las autoridades superiores del MIDEF definieran lo que conciben como rela-ciones interinstitucionales, ya que la naturaleza, sig-nificado y alcance de las relaciones civiles-militares trasciende la esfera de las relaciones entre institu-ciones y/o funcionarios. En esencia, la primera se refiere a las relaciones entre el poder político (civil) y el poder militar, donde el poder político toma las decisiones políticas en materia de Defensa Nacional, y el Ejército, por su carácter instrumental, las ejecu-ta. La segunda, se circunscribe al relacionamiento, dinámica y colaboración de trabajo entre dos o más instituciones de la misma burocracia estatal, o con otras foráneas.

n una División General de Relaciones Internacionales y Cooperación con dos divisiones específicas, una de ellas División de Organismos Internacionales y la otra, División de Prensa, Relaciones Públicas y Protocolo. Se corresponde principalmente a los incisos d), g) y k) de la Ley 612. No se especifican sus funciones, ni se conoce el per-sonal asignado. Conforme el Decreto 71-98, Prensa, Relaciones Públicas y Exteriores y Protocolo es un órgano de asesoría y apoyo a la Dirección Superior de todos los ministerios de Estado, pero en este caso fue removida de su posición original y convertida en una divi-sión específica adscrita a una división general cuya esencia es superior a las relaciones públi-cas.

Desempeño del MIDEF en un campo de acción reducido

Para evaluar el desempeño institucional de MIDEF en relación a las funciones, metas y priori-dades estratégicas mencionadas, y en concordancia con su estructura, se tomó en consideración la escasa información pública relacionada a las actividades ministeriales en la gestión de la Defensa Nacional. Las Notas de Prensa publicadas en su sitio web muestran que desde el 01 de julio de 2009 hasta el 22 de febrero de 2010 el quehacer institucional de la dirección ministerial estuvo centrado en:

n Intervenciones o participaciones de la Secretaria General102 en los actos de aniver-sario de las distintas fuerzas que componen el Ejército de Nicaragua y de otros órga-nos comunes. Asimismo, participación en la inauguración del VI Curso de Defensa y Seguridad Nacional, impartido por el Ejército de Nicaragua.

Por el contrario, sí se reconoce el grado de expertise y capacidad de gestión de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Desminado, ya que fue la única área administrativa en la que se mantuvo el personal de dirección de la administración anterior. Aunque tampoco se tiene referencia del peso que pudiera tener esta dirección en un ambiente donde el Ejército soslaya abiertamente la existencia institu-cional del Ministerio de Defensa en un contexto adi-cional en que las operaciones ligadas al desminado están a punto de concluir.

Coherencia entre responsabilidades y estructura institucional

Además de las funciones tipificadas en la Ley 612 y de la política institucional mencionada en el Libro de Presupuesto, en el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2007-2009 se establecen que las prioridades estratégicas del MIDEF son: “a) fortale-cer las relaciones internacionales con los Ministerios de Defensa y/o instituciones homólogas, así como con otras instancias de carácter multinacional; b) resguardar nuestras fronteras; c) vigilar y proteger en lo posible los recursos naturales; d) impulsar la implementación de la Ley de la Defensa Nacional; e) cumplir con el Programa Nacional de Desminado en las actividades correspondientes al año 2007-2008; f) avanzar en la implementación del Programa de Modernización del Ministerio de Defensa”101.

A partir de este entramado normativo y de directrices políticas, se puede comparar si existe coherencia entre las responsabilidades asignadas y la estructura orgánica-funcional actual. En el Libro de Presupuesto General de la República se presenta el organigrama en el que se incluyen los componentes más importantes de dicha estructura. Con mayor especificidad se presenta el organigrama en el sitio

web institucional. A partir de ambos organigramas se puede describir que el MIDEF estructuralmente tiene:

n una Dirección General de Desminado (con una dirección específica de Asuntos huma-nitarios), estructura que no tiene precisa sus funciones y personal. Está en corres-pondencia con el inciso j) de la Ley 612, y del inciso e) de las prioridades estratégicas. Desde una óptica racional debería ser eli-minada una vez se declare al país libre de minas antipersonal y concluya así el Programa Nacional de Desminado Humanitario y, en consecuencia, la misma Comisión Nacional de Desminado Humanitario. Aunque habría que esperar si se le otorgarán otras fun-ciones relacionadas más con Asistencia a Víctimas con los compromisos adquiridos en el Tratado de Prohibición de Minas Terrestres. Específicamente para el funcio-namiento de la Sub-comisión de Asistencia Médica y Rehabilitación de Sobrevivientes de Minas, uno de los temas pendientes del Estado en relación

n una Dirección General de Políticas de Defensa con una dirección específica adscri-ta, identificada como Dirección de Asuntos Hemisféricos. No se tiene conocimiento de las funciones y el personal asignado. Se corresponde a los incisos a) y b) de la Ley 612, con la política institucional, y el inciso d) de las prioridades estratégicas. Se desco-noce, hasta la fecha, si esta dirección general cumple a cabalidad con su función y qué políticas y estrategias ha formulado expresa y públicamente, como debe ser, en acatamiento de lo preceptuado por la ley. Esta Dirección, en todo caso, tendría en el año 2010 una fun-ción importante de seguimiento, monitoreo y

101 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2007-2009, pp. 152. 102 Ver acápite discursos en el sitio web del MIDEF, sección Divulgación y Prensa. www.midef.gob.ni

inForMe de gestión deFensa nacional

52 53

CONTROL CiViL Y RELACiONES CiViLES-MiLiTARES EN NiCARAGUA: CONSiDERACiONES PREViAS

Abordados y analizados los rasgos de la gestión del presidente Daniel Ortega en materia de defensa nacional en los tres años de su administración no sería totalmente justo indicar que la concentración de poder que ha regido en su relación con el Ejército sea un mecanismo novedoso. Todo lo contrario. En los últimos 20 años, la dinámica de las relaciones civiles-militares, la toma de decisiones y el control civil ha gravitado en un aparente acuerdo bidirec-cional entre el poder civil legítimamente constituido, representado exclusivamente por el Presidente de la República y el estamento militar presidido por el Comandante en Jefe del Ejército. Tal como lo explica el ex Ministro de Defensa, Dr. José Adán

Guerra, esta práctica ha sido recurrente en todas las administraciones:

“Desgraciadamente, los tomadores de decisión -en mayor o en menor grado- no escapan a la gran influencia de la cultura política en su rela-ción con las Fuerzas Armadas. En ese sentido, el estilo del actual Presidente es muy propio de una relación más directa con el estamento militar, igual a la que ejercieron los presidentes anterio-res, quienes tampoco escaparon de esa dinámica aun existiendo un Ministro de Defensa”105.

Aunque en referencia específica a la interrela-ción Bolaños-Carrión (presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército, respectivamente, entre 2002-2005), otra opinión en esa misma lógi-ca fue certeramente planteada por la investigadora Margarita Castillo Villarreal:

La Secretaria General en sus discursos en conmemoración a las entidades del Ejército, tuvo como denominador común el recono-cimiento a la labor que han desempeñado históricamente, pero no profundizó en las directrices o esfuerzos que el MIDEF está o estará realizando en un futuro con el fin de fortalecer las capacidades, tanto de su institu-ción como del cuerpo armado103. Se rescata la iniciativa de impulsar actividades de enseñan-za sobre temas de defensa nacional y seguri-dad; sin embargo, éste no debe verse como un único medio de preparación educativa, sino solamente como un canal de discusión y diá-logo entre civiles y militares sobre la temática.

n Gestión de recursos para el Programa Nacional de Desminado Humanitario. En este período, los resultados concretos en cuanto a esta gestión fueron mencionados en el Capítulo de Política Exterior de este Informe. Principalmente, se firmó con Rusia un convenio de cooperación que comprende un fondo de 6.5 millones de dólares para compra de equipos y otros gastos, en función de culminar la labor del desminado en el año 2010.

n Participación de la Secretaria General en la 10ma Reunión de Estados Partes de la Convención de Ottawa o Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales, en la que anunció en nombre del Gobierno que el país cumpliría su compromiso de declararse territorio libre de minas104.

n Alrededor de 10 reuniones y encuentros con agregados militares, misiones especiales,

representantes de organizaciones internacio-nales, para tratar temas generales relacionados con desminado, derecho internacional huma-nitario, entre otros.

n Designación del Ministerio de Defensa como autoridad nacional en Nicaragua de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ).

En comparación con sus funciones, las actividades relevantes realizadas en el segundo semestre del 2009 evidencian la debilidad institucional del Ministerio de Defensa como resultado de las reformas y adi-ciones a la Ley 290, que le dejaron sin capacidades políticas e institucionales estratégicas y sin funciones técnicas y administrativas de consideración para el sector. Además, igual o más importante aún, la falta de una Política de Defensa, como política de Estado, y la ausencia del MIDEF en la conducción política de la Defensa, como sucede en cualquier gobierno democrático, redujeron cualitativamente el alcance de la gestión como entidad civil rectora del Sector.

Aunado a lo anterior debe resaltarse que en los últimos tres años no se tiene conocimiento de una reorganización sustancial que tenga su fundamento en un plan estratégico de desarrollo institucional. El Ministerio no cuenta con un presupuesto adecuado y no se sabe si cuenta con los recursos humanos suficientes para cumplir con las funciones asignadas por la ley. Sin tampoco tener un respaldo político del Presidente para una gestión mínima del sector es claro que en tales condiciones el Ministerio de Defensa ha reforzado en más de 3 años su inviabi-lidad e invisibilidad como institución base para la gestión civil del sector defensa en Nicaragua..

3. CoNtrol CIVIl DEMoCrátICo

“existen desafíos para la gestión civil desde el Ministerio de defensa y desde la asamblea nacional, para consolidar el control civil sobre los asuntos de defensa. a manera de conclusión podemos señalar que el control civil se ha mantenido limitado por la falta de voluntad política de los gobiernos y de las facciones representadas en la asamblea nacional por revisar y poner en marchas las reformas pendientes que tienen que ver con la modificación de las leyes ordinarias vinculadas al sector, que permitan:

- la incorporación del Ministro de defensa en la cadena de mando de la estructura de defensa, que lo dote de poderes para dirigir y coordinar el presupuesto de defensa y supervisar el gasto militar. y también que favorezca la intervención civil real en las decisiones sobre los ascensos militares.

- una política de defensa que favorezca el respeto a la institucionalidad democrática y afiance el control civil.

iEEPP, informe sobre la naturaleza de las transformaciones del sector defensa en Nicaragua: Una propuesta de reforma. Septiembre 2006

103 No decir públicamente si está realizando dicha acción, no es necesariamente negativo. sin embargo, al no hacerlo, se le resta proyección a la labor institu-cional y además restringe a la opinión pública de tener conocimiento sobre si el MIDEF busca “apoyar al Presidente en la procuración de condiciones, recursos y mecanismos para que el Ejército de Nicaragua cumpla con las misiones asignadas por mandato constitucional y las establecidas en las leyes”, tal y como lo establece el inciso b) del Arto. 20, de la ley 612.

104 Discurso de sra. ruth tapia roa, secretaria general del Ministerio de Defensa, X reunión de Estados Partes de la Convención de ottawa, noviembre 2009. 105 Entrevista a Dr. José Adán guerra, op. Cit.

inForMe de gestión deFensa nacional

54 55

que se han evidenciado en los informes anteriores de IEEPP sobre la gestión del sector, indican que puede haber un interés del Presidente de acercar la institución militar a la forma cómo concibe su gobierno, es decir un gobierno donde la dualidad Estado – Partido es casi indisoluble.

Un ejemplo de esto lo dio el primer mandatario en la juramentación del nuevo Comandante en Jefe, el 21 de febrero del 2010. En dicha ocasión replicó la constante retórica sobre el origen de la institución y la de sus mandos históricos. “Surgieron de la lucha guerrillera” exclamó en dicha actividad. Señaló también que “sigue siendo válida la consigna: Pueblo, Ejército, Unidad, garantía de la victoria”110. Se observa diáfanamente que el Presidente mezcló la institucionalidad militar con una consigna partidaria adoptada en los años 80. ¿Con qué propósito?

A consideración del General en retiro Hugo

Torres, lo anterior se debe a que la visión estratégica del Presidente en la administración del poder públi-co es controlar a cuanta institución pueda, desde una posición personalista, a favor de objetivos e intereses particulares y partidarios. Sobre esto razona, “(El Presidente) tiene una relación directa con el Ejército y lo que aspira es a una subordinación de los milita-

res a él”111. En este sentido, ¿es esa la intención del Ortega?

Como lo explica el politólogo español Cotino Hueso112, el problema de la primacía del poder civil no radica en la subordinación del estamento militar a un Gobierno legítimo (ascenso al poder mediante elecciones y el ejercicio democrático del mismo) que tiene su propio proyecto político-partidario, sino en cuan coherente sean las decisiones y mandatos de un Presidente con el Estado de Derecho, y no con sus intereses exclusivamente partidarios o privados.

Sobre este asunto, el General de Ejército en reti-ro Humberto Ortega en una entrevista a un medio nacional en el marco del 30 Aniversario del Ejército planteó que a su modo de ver no existe voluntad del presidente Ortega de acercar al Ejército a sus propios intereses:

“Para quienes tienen reservas de que si el Ejército se va a prestar a servir como brazo, del FSLN o de Daniel Ortega, yo les digo, a mi modo de ver, que no hay una voluntad de llevarnos al despeñadero por esta vía, de nadie, incluyendo al FSLN o a Daniel Ortega, de nadie. Ah, que hay gente que le gustaría que el Ejército fuera menos beligerante para actuacio-

“La decisión del Presidente obedece, muy probablemente, a la predilección por un estilo de gobernar que le permite a él, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo, concentrar en sus manos el poder directo sobre la institución que controla las armas. Concentrar este poder en detrimento de otras instancias civiles de gobierno, tal como, el Ministro de Defensa. El Ejército de Nicaragua, por su parte, aparente-mente, prefiere lidiar con el Presidente en vez de hacerlo con intermediarios cuando se trata de la negociación y toma de decisiones en el área de defensa. Lo anterior manifiesta que aún falta mucho por hacer en cuanto a fortale-cer el liderazgo civil sobre el poder militar en Nicaragua”106

Esta necesidad de fortalecimiento del liderazgo civil fue debatida por candidatos a diputados pro-pietarios y suplentes de todas las fuerzas políticas contendientes en las elecciones del 2006, durante un Foro impulsado por IEEPP107. Una conclusión de los aspectos tratados en la actividad fue que en los planes de gobierno de la mayoría de los partidos políticos se planteaba el reforzamiento en términos de capacidades de la instancia de rectoría, intermediación y conducción política del sector (Ministerio de Defensa). Sin embargo, una vez asumido el poder, el Presidente Ortega no tardó ni una semana en rechazar esa alternativa, cuando reformó la Ley 290 y, tal cual se señaló en páginas precedentes, debilitó exponencialmente a dicho Ministerio.

ADMiNiSTRACiÓN ORTEGA Y CONTROL SUBJETiVO DE LAS FUERzAS ARMADAS

Sin una autoridad civil ministerial, y sin un Poder Legislativo activo en la supervisión y control de los asuntos de la defensa108, surgen las siguientes interrogantes: ¿qué tipo de control civil sobre las fuerzas armadas existe en la actualidad? ¿Puede ser democrático un control directo del Presidente sobre el Ejército y sin participación aparente de otras instancias? El control civil, de manera muy general, se ha concebido clásicamente en lo teórico y prác-tico desde dos paradigmas postulados por Samuel Huntington: control civil subjetivo y control civil objetivo. Según su teoría, ampliamente desarrollada en su obra El Soldado y el Estado109, el primer para-digma se refiere a la maximización del poder civil –o de un grupo de éste- en función de una relación personal con el estamento militar. El segundo, se enfoca en la maximización del profesionalismo de la entidad militar y de mecanismos institucionalizados de control sobre las fuerzas armadas.

Así, bajo estas definiciones, podemos sostener que pareciera existir en el actual manejo de las relaciones civiles-militares un balance entre ambos conceptos pero con una relativa primacía del control civil subjetivo. Los reiterados recordatorios que el Presidente hace en sus discursos en relación al ori-gen de la institución militar, así como ciertos hechos

“en un estado democrático debe lograrse que las Fuerzas armadas queden a disposición del gobierno. de otra parte, al mismo tiempo, y no con menor importancia, la organización militar, pese a ser subor-dinada a un gobierno –político y partidista-, deben quedar al margen de los intereses particulares del mismo y sus dirigentes”.

Lorenzo Cotino Hueso

106 Margarita Castillo Villarreal, “Civiles y Militares: Negociando en la Nicaragua Post-revolución sandinista”, Military review, marzo 2005.

107 Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), “seguridad y Defensa desde la Perspectiva de los Partidos Políticos”, Memoria del Foro “responsabilidad política en la gestión del sector seguridad en Nicaragua”, Managua, 2006.

108 En la poca bibliografía escrita sobre los temas de defensa en Nicaragua es recurrente la mención que se hace al escaso control parlamentario en estos asuntos. un estudio de IEEPP en el año 2005 concluyó que “el control civil se ha mantenido limitado por la falta de voluntad política de los distintos gobiernos y de las facciones representadas en la Asamblea Nacional por revisar y poner en marcha las reformas pendientes que tienen que ver con la modificación de las leyes ordi-narias vinculadas al sector (…)”. En: Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), “Informe sobre la naturaleza de las transformaciones del sector defensa en Nicaragua: una propuesta de reforma”, Managua, 2006.

109 Huntington, samuel P, “the soldier and the state”, Harvard university Press, Cambridge, Mass., 1957. la síntesis en este trabajo sobre los paradigmas de control civil fue realizada en base a la traducción realizada por el Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos (IDEPE) al capítulo “Poder, Ideología y Profesionalidad: las relaciones civiles-militares en teoría”, de la obra en mención. En http://www.idepe.org/frame.htm

110 Ver “resumen fin de semana, 20 y 21 de febrero de 2010”, El 19 Noticias.

111 Entrevista a general de Brigada en retiro, Hugo torres, op.

112 Cotino Huzo, lorenzo, “supremacía y control civiles de la defensa y las fuerzas armadas. seguimiento y propuestas para América latina”, Documentos CIDoB América latina No. 22, Barcelona, noviembre 2007.

inForMe de gestión deFensa nacional

56 57

crática. Producto de este modelo de conducción civil, en un contexto de intensa polarización política, el Ejército corre el riesgo constante de verse “arras-trar al terreno político partidario”119, tanto por el partido de Gobierno, como por las fuerzas políticas de oposición.

A consideración del General Ortega, en este esce-nario lo menos que debe hacerse es “usar al Ejército para resolver reyertas políticas”120. Lo interesante de su criterio es que plantea que para evitar una profun-dización del supuesto intento de “contaminación” el compromiso debe ser compartido. “La responsabili-dad mayor no está nada más en la conducción actual de la institución Ejército o institución Policía, sino, fundamentalmente, de quien tiene que velar para que estas instituciones a su vez no se conviertan en castas policiales o castas militares”121. ¿Cuál es ese mecanismo y cuáles deben ser las instituciones?

CONTROL CiViL DEMOCRáTiCO: DESAFÍOS PARA SU APLiCACiÓN

Uno de los principales desafíos para la institucio-nalidad democrática del sector es asumir un com-promiso con el control civil democrático. Pero no

en una acepción limitada a la subordinación de las fuerzas armadas solamente a las autoridades civiles elegidas democráticamente, sino también ampliada al reconocimiento del derecho legítimo de super-visión que tienen los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

La relación Presidente – Ejército está por demás extensamente abordada. No así la relación Ejército con otras instancias estatales ni el rol que éstas de-sempeñan en el control democrático. Tal y como se mencionó en el análisis de la institucionalidad del Ministerio de Defensa, las instancias que deben velar por la supervisión civil de los asuntos de defensa son aquellas integradas por funcionarios directamente elegidos por la ciudadanía (presidente y diputados) o por nombramiento directo de una autoridad legítima (Ministros o equivalentes). En el caso de las institu-ciones del sector defensa es clara la situación.

Ni el Ministerio de Defensa desde el Ejecutivo, ni la Asamblea Nacional desde el Legislativo, ejer-cen control alguno. El primero –como se vio en el capítulo anterior- porque no representa ni legal, ni técnica, ni políticamente un canal institucional para la conducción política. El segundo porque, aun

nes políticas, eso es otra cosa, son tentaciones, pero chocan con el alto deber de la institución militar de saber jugar su papel ajustada a la ley conforme a sus obligaciones”113

El General Ortega se remite al Código Militar para reforzar su argumento. De acuerdo a él, desde su elaboración en 1994, el Ejército se aseguró que no se dejara la institución “al poder absoluto del Presidente de turno”, ya que en ese contexto era difícil prever “qué tipo de mandatario, en sus actitudes podía sobrevenir en el futuro”, aunque sí pudieron predecir “la falta de maduración de las fuerzas políticas y sus extensiones en los poderes”. Por tanto, para mantenerse al margen de voluntades políticas crearon en la Ley militar mecanismos de “protección” del instituto armado que obligan al Presidente de turno a “actuar en el marco de la Ley y de la Constitución, por mucho respeto y deber que uno tiene que tenerle al Ejecutivo”. Y por otra parte, concluye, también “el Ejército debe obedecer a partir de la Constitución y de la Ley”114.

Este mensaje de “respeto” a la Ley fue perenne-mente repetido tanto por el recién retirado General de Ejército, Omar Halleslevens y en diversas opor-tunidades por otros oficiales del Alto Mando115. El actual General de Ejército Avilés asumió la Comandancia siguiendo la misma línea institucional. Inició sus primeros días de jefatura con intervencio-nes públicas ponderadas, según consideraciones de IEEPP y algunos expertos y analistas116. En el discur-

so durante su juramentación, el General Avilés se distanció de cualquier viso de cooptación del poder político presidencial y recordó que el sello de su labor será fortalecer lo que sus antecesores han desa-rrollado en relación a los cuatro pilares del Ejército “institucionalización, profesionalización, moderniza-ción y credibilidad”117.

Dejó en claro lo establecido en las leyes funda-mentales del sector: la institución se regirá en estricto apego a la Constitución Política y estará subordinada a “la autoridad civil ejercida directamente por el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua”. ¿Cómo se logra un contrapeso que permita reducir los már-genes de discrecionalidad del poder político y de autonomía del estamento militar?

Como hemos analizado en este reporte, los hechos muestran que las decisiones determinantes de la institucionalidad del Ejército son tomadas por su Alto Mando (por ejemplo, la reforma a la Normativa Interna Militar) y aquellas que requieren un grado de compromiso del Estado en su conjunto son sólo tomadas por el Presidente. Ambas son lega-les118. Pero no existe intervención de otros actores en estos procesos de decisión –al menos un debate abierto con legisladores-, ni en lo militar ni en lo político-estratégico. Es decir, no son decisiones tan democráticas como debieran de ser en un Estado que se supone en proceso de consolidación demo-

“el control democrático de las fuerzas armadas se refiere a las normas y reglas que rigen la relación entre las fuerzas armadas y la sociedad, mediante el cual las fuerzas armadas están subordinadas a las autoridades democráticamente electas y sujetas a las supervisión del poder judicial, así como los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil”.

Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF)

113 Ver “Ejército decide su sucesor y eso no se manosea”, El Nuevo Diario (02/09/09)

114 ídem. se recomienda leer dicha entrevista, porque en relación a la obediencia o no a los intereses presidenciales particulares, el general ortega plantea acertadamente las circunstancias en las que el Ejército puede alegar el respeto a sus obligaciones contenidas en la Constitución y las leyes. Pone como ejemplo la crisis de 1994, cuando siendo él Comandante en Jefe del Ejército, se tuvo la entereza de “recomendar” a la Presidenta de turno el no decidir a favor de un man-dato específico: “Mire, Presidenta, hay cosas que no se pueden hacer y no es que deseamos desobedecer, pero el Presidente tiene que mandar de acuerdo a un protocolo de procedimiento enmarcado en la Constitución”.

115 Capítulo Defensa Nacional, IV Informe de gestión IEEPP.

116 Ver “Avilés 'sorteó' a ortega”, El Nuevo Diario (22/02/09). también entrevistas a roberto Cajina, Idem; general en retiro Hugo tórres, Idem; Ex Ministro de Defensa, Dr. Adán guerra, Idem.

117 Ver “Nuevo Jefe detalla planes próximos de institución castrense”, El 19 Digital (22/02/10)

118 Es decir que son funciones constitucionalmente reconocidas por la Constitución y las leyes respectivas.

119 Entrevista a general en retiro, Hugo torres, op. Cit. En esta opinión, el general torres toma en consideración un aspecto mencionado en este reporte: unidad de ingenieros del Ejército participando en la construcción de un proyecto político-partidario (Calles para el Pueblo). también se hace referencia a un hecho parti-cular que será abordado en el siguiente reporte de IEEPP: el nombramiento de un número importante de oficiales retirados en puestos relevantes en el gabinete de gobierno o en la estructura de las empresas AlBA ligadas al partido de gobierno.

120 Ver “Ejército decide su sucesor y eso no se manosea”, El Nuevo Diario (02/09/09).

121 ídem.

inForMe de gestión deFensa nacional

58 59

y, por otro lado, de fortalecer al Ministerio de Defensa con personal militar que sirvan de asesores a la autoridad civil en temas exclusiva-mente técnicos-militares.

c) Una discusión de reforma del sector, entre actores civiles y militares, que retome como línea base de debate lo establecido en el Libro de la Defensa Nacional. Y en ese sentido, mejorar la concepción de las relaciones civiles-militares en el país, donde la subordinación del poder militar a las autoridades civiles sea asumida tanto por la oficialidad como por la clase política.

d) Una difusión amplia de los temas de la defen-sa como asuntos que le competen también a la sociedad. Es claro que estos temas no son prioritarios en la agenda pública, sin embargo, no significa que no sean importantes. En este punto radica la función fundamental de los medios de comunicación y, especialmente, de organismos de la sociedad civil para discutir y debatir todos los aspectos relacionados con la defensa.

1. El principal hecho ocurrido en los ocho meses que abarca este reporte (julio 2009-febrero 2010) relacionado con el marco normativo del Ejército de Nicaragua fue la reforma a su Normativa Interna Militar (NIM). Esta medida se realizó en pleno respeto a las disposiciones contenidas en el Código Militar referidas a los procedimientos para la reforma de la NIM. Fue una decisión tomada en un escenario polí-tico poco favorable para el cuerpo militar y en circunstancias que no revistieron de la impor-tancia que la NIM sí tiene para la vida interna militar. No obstante las suspicacias surgidas por tales circunstancias, la reforma no fue una decisión coyuntural, sino consecuencia de un proceso de reflexión iniciado hace varios años en el seno del Ejército. Las razones oficiales más allá de lo eminentemente legal no fueron dadas a conocer, ni se conoció si la reforma fue discutida con las autoridades civiles correspon-dientes.

2. Es improbable que la reforma a la NIM haya respondido a un interés particular del presi-dente Ortega por “flexibilizar” dicha institución para cooptarla a sus propios fines. La reforma respondió aparentemente a un interés exclu-sivamente institucional en función de su auto-fortalecimiento en términos de permanencia de recursos humanos calificados y otros aspectos funcionales y administrativos. Sin embargo, debe señalarse que al no dejarse taxativamente establecidos en la NIM los límites de tiempo en que un alto oficial puede mantenerse en la ins-titución, serán latentes –aunque muy remotos- los riesgos de permanencia innecesaria de una oficialidad determinada, que podría generar un lento relevo generacional.

teniendo atribuciones básicas, no las cumple ya sea por su propia voluntad (complacencia con el lide-razgo militar) o simplemente por falta sustancial de capacidades. Cajina plantea al respecto:

“En sociedades como la nicaragüense en las que desde siempre ha prevalecido un fuerte sis-tema presidencialista y una arraigada cultura de supremacía del Poder Ejecutivo en los sectores Seguridad y Defensa, resulta casi inevitable que el Parlamento no sólo luce sino que en reali-dad funciona como apéndice de aquél, 'como si se tratara de una institución formal que por disposiciones constitucionales obliga a realizar allí la legitimación de las propuestas presiden-ciales'”122.

Alrededor de este complejo asunto, puede supo-nerse, como lo indica Cotino Hueso, que “las autori-dades civiles tienen no pocas dificultades para hacer efectivo todo el poder legítimo que la Constitución les confiere sobre una burocracia tan especial como la militar por su desconocimiento de la materia”123. El General de Ejército en retiro, Javier Carrión, argu-menta por ejemplo que la debilidad de actuación del Ministerio de Defensa tradicionalmente ha respon-dido a que no hay una institucionalidad en desarro-llo en esa cartera, generalmente tanto por falta de voluntad de los Presidentes como por carencia de formación o permanencia sostenida en el Ministerio de “un desarrollo institucional civil”. También, se refiere a que son escasos los organismos especializa-dos en temas atinentes a defensa que pueden discutir estos temas y que, además, éstos tienen muchos obs-

táculos para abordar estos asuntos generalmente por falta de información institucional estatal124.

Desde ningún punto de vista, sin embargo, este déficit debe ser pretexto para asumir que la defensa y lo militar son patrimonio de una comunidad exclu-siva de militares activos o retirados. Y menos que el liderazgo político, y en general la sociedad, se desin-teresen y auto-limiten en la conducción o, al menos, discusión de los temas relativos a la defensa nacional. Tal como lo asume el ex Ministro José Adán Guerra, el tema de la defensa nacional “no es patrimonio de unos pocos, sino de toda una sociedad”125. Por tanto, este tema merece abordarse por sí mismo mediante una serie de reflexiones que tomen en consideración algunos puntos que IEEPP ha venido planteando en sus publicaciones126:

a) Un liderazgo civil ministerial y legislativo par-ticipando en el proceso de toma de decisiones en los asuntos de la defensa nacional y en la supervisión de la ejecución de tales decisiones. Ampliar el rango de acciones del Ejército, sean éstas legales, amerita una previa discusión entre todos los actores, caso que no está siendo desa-rrollado en la actualidad;

b) En consecuencia a lo anterior, un Ministerio de Defensa que tenga capacidad de decisión, con poderes para gestionar el presupuesto de defensa y supervisar el gasto militar; para dirigir la política de personal y, en especial, la política de defensa. Sobre este aspecto, debe considerarse la viabilidad y necesidad de incluir al Ministro de Defensa en la cadena de mando

4. CoNClusIoNEs

122 Presentación “Nicaragua: un Estado sin Política de seguridad”, durante la Conferencia Internacional: Políticas y Concepciones de seguridad de los Países del AlBA, Quito, 9 y 10 de diciembre de 2009.

123 Cotino Huzo, lorenzo, “supremacía y control civiles de la defensa y las fuerzas armadas. seguimiento y propuestas para América latina”, Documentos CIDoB América latina No. 22, Barcelona, noviembre 2007.

124 Entrevista a general de Ejército en retiro, Javier Carrión. op. Cit.

125 Entrevista a Dr. José Adán guerra, op. Cit.

126 tómese como referencia las pautas de reforma propuestas en: Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), “Informe sobre la naturaleza de las transformaciones del sector defensa en Nicaragua: una propuesta de reforma”, Managua, 2006.

inForMe de gestión deFensa nacional

60 61

3. El presidente Daniel Ortega realizó un manejo ponderado de la crisis política con Honduras a raíz del golpe de Estado al ex presidente Manuel Zelaya. Pese a la característica retórica del presi-dente Ortega y el apoyo al Presidente depuesto, sus discursos e intervenciones públicas procura-ron mantener el diferendo en el ámbito diplo-mático. Ante los constantes señalamientos de los grupos pro-golpistas en Honduras sobre un posible interés desde Nicaragua de un enfren-tamiento bélico, la posición gubernamental y del Ejército nicaragüense fue de establecer dis-tancia a tales posturas, desmintiendo y dejando en claro incluso que existían comunicación y buenas relaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países.

4. La posibilidad que el Ejército de Nicaragua pueda inmiscuirse en una acción de la misma naturaleza que la de Honduras es poco viable. El presidente Ortega se refirió a ese tema y adujo que la institución armada no ejecutaría un golpe de Estado en Nicaragua debido a los orígenes históricos de sus mandos, tratando de vincularle al partido de Gobierno. Sin embar-go, la razón principal por la que el Ejército no realizaría tal acción es por el grado de profe-sionalismo e institucionalidad alcanzada en los pasados 30 años. No es razonable pensar que el Alto Mando del Ejército estaría dispuesto a poner en tela de duda su fuerte imagen y credi-bilidad ante la sociedad nicaragüense, mediante un golpe de Estado al actual o a cualquier otro Gobierno.

5. La adhesión de Nicaragua a un acuerdo políti-co para conformar un Comité Permanente de Defensa y Soberanía del ALBA-TCP significa un desafío importante para el escenario externo de las políticas exterior y de defensa del Estado nicaragüense, ya que este Comité se podría considerar como un primer paso para la posible creación de una alianza militar en el marco del ALBA. Sin embargo, la materialización de esta posibilidad es aún poco probable. En cualquier caso, estos acuerdos ALBA en materia de defensa tienen connotaciones político-ideoló-gica que buscan hacer un contrapeso a Estados Unidos, hasta la fecha uno de los países que mantiene buenas relaciones de cooperación con el Ejército de Nicaragua, a diferencia de Venezuela que no se tiene conocimiento públi-co de su aporte al fortalecimiento de la entidad castrense nicaragüense.

6. El nombramiento del nuevo Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua se realizó en una inusual y atemporal fecha, y durante un acto partidario que de alguna manera pudo haber comprometido políticamente a la imagen de la institución militar. No obstante, con el nom-bramiento del General Julio César Avilés, ex Jefe del Estado Mayor General, el presidente Ortega despejó dudas sobre el supuesto interés de nombrar a otro oficial más cercano a sus intereses. Por el contrario, esta decisión del máximo mandatario es un aporte al proceso de fortalecimiento del Ejército de Nicaragua, bajo la lógica que el cambio de mando –donde el anterior Jefe de Estado Mayor asume la Comandancia- es un proceso natural en la vida institucional del Alto Mando ya que se preserva la línea de desarrollo estratégico del liderazgo militar. Se espera que el nuevo Comandante en Jefe mantendrá con un estilo propio la misma línea de los antecesores: fortalecer la institu-cionalidad, profesionalismo, modernización y credibilidad del Ejército de Nicaragua.

7. La posibilidad que el Ejército de Nicaragua eje-cute las misiones anunciadas por el presidente Daniel Ortega, específicamente las relaciona-das al resguardo y protección de los recursos naturales (“Batallón Ecológico”) y para apoyo en construcción de un programa de interés social (“Calles para el Pueblo”), implicaría algu-nos retos para la institución militar. Esas son misiones legales debido a que son roles o fun-ciones establecidas en el marco normativo de actuación del Ejército. Y legítimas porque son indirectamente reconocidas por la población como funciones que el Ejército debe ejecutar. Y aunque sean consideradas necesarias tanto para la institución militar como para el Estado, no deben asumirse como misiones permanen-tes que coordina el Ejército, sino roles com-plementarios de esta institución en el apoyo a los esfuerzos de la gestión civil. En todo caso, la viabilidad de estas misiones y el probable impacto que puedan tener en la institucionali-dad civil y el profesionalismo del Ejército son asuntos que deben ser ampliamente discutidos por actores civiles interesados en una gestión transparente y eficiente del sector.

8. La importancia del liderazgo civil de un Ministerio de Defensa radica en que esta ins-titución, por delegación del Presidente de la República, debe ser responsable de la conduc-ción político-estratégica de los asuntos atinentes a la defensa. Es decir, todos aquellos temas que el Presidente por sus funciones no puede aten-der. El Gobierno actual, sin embargo, mantiene el mismo modelo de gestión civil desde el año 2007: un Ministerio de Defensa sin una posi-ción de jerarquía legal o política que le revista de capacidad material y jurídica de decisión, en la que su débil estructura es reflejo de las pocas responsabilidades que se le mantienen. No se espera que esta situación cambie en lo que resta de administración Ortega.

9. El control civil de las Fuerzas Armadas actual-mente recae exclusivamente en la autoridad del Presidente Ortega como su Jefe Supremo. Éste es y seguirá siendo la única autoridad civil en la gestión de la defensa, mientras el Ministerio de Defensa siga estando disminuido y la Asamblea Nacional apática a los temas respectivos. Aunque se percibe que el presi-dente Ortega mantiene un control subjetivo del Ejército con el interés de cooptarle y acercarle a los intereses de su Gobierno y partido político, es aún muy difícil determinar que en la práctica se esté dando una adhesión del Ejército a tales intereses. Por el contrario, el anterior y actual Comandante en Jefe del Ejército han insistido persistentemente en mantener su apego a lo establecido en la Constitución y las leyes. Se espera que la tónica en las decisiones en defen-sa y las relaciones civiles-militares sea la misma que en los 3 años anteriores: el Presidente com-prometiendo al Ejército y, a su vez, el Ejército procurando reforzar su imagen pública de la institución más creíble y profesional del país.

inForMe de gestión deFensa nacional

62 63

iNFORME DE GESTiÓN SEGURiDAD PÚBLiCA

iNFORME DE GESTiÓN SEGURiDAD PÚBLiCA

64 65

Este sexto informe de la gestión del sector seguridad pública, el cual volvemos a poner en sus manos luego de un periodo de ausen-cia127, comprende el análisis del contexto

político e institucional en el que se desenvolvieron las instituciones que componen el mismo, dentro del período entre el 1 de julio del 2009 al 28 de febrero del 2010, abarcando así un total de ocho meses.

Como observará, hemos adoptado algunos cam-bios en la forma del informe; sin embargo, la meto-dología con que fue elaborado el mismo sigue siendo prácticamente la misma. La información se ha reco-pilado a partir de una serie de documentos oficia-les (Policía Nacional, Ministerio de Gobernación, Presidencia de la República, La Gaceta, Asamblea Nacional, etc.), entrevistas a expertos en la temática, publicaciones de los principales medios de comu-nicación y sesiones legislativas relativas al sector seguridad pública.

Varios de los expertos entrevistados fueron Directores Generales de la Policía Nacional y ex altos oficiales de esa institución quienes colaboran con el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de manera constante.

En ese sentido, queremos agradecer al Dr. René Vivas Lugo y Fernando Caldera Azmitia, ex direc-tores generales de la Policía Nacional; Javier López Lowery, ex Subdirector General y fundador de la Policía Nacional; Lázaro García, catedrático de la Universidad Centroamericana y experto en seguri-dad ciudadana; Hugo Torres, General de brigada en retiro; y Roberto Cajina, experto en Defensa y Seguridad.

Al igual que en los cinco informes anteriores, lamentamos que los puntos de vista institucionales del Ministerio de Gobernación, no están contenidos en este documento debido a que la Dra. Ana Isabel Morales, titular de esa cartera, dejó sin respuesta nuestra solicitud de entrevista128.

1. INtroDuCCIóN

127 El Quinto Informe del sector Política Exterior, Defensa Nacional y seguridad Pública, que comprendía el período ubicado entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2009, no fue publicado por inconvenientes que estuvieron fuera de la voluntad del equipo del Programa de seguridad Democrática del IEEPP.

128 la solicitud formal se les envió el 8 de febrero del 2010.

inForMe de gestión seguridad Publica

66 67

Durante el período analizado, varios hechos marcaron claramente la tendencia de la ges-tión del sector seguridad pública:

1. Promulgación del decreto 94 – 2009 o Decreto que regula los procedimientos de jubilación ordinaria y pensionamiento para los miembros de la Policía Nacional, con el cual se prorrogó el tiempo de permanencia en las filas de esa institución a los oficiales que debían ser reti-rados por vencimiento del tiempo de servicio que establece la Ley 228 o Ley de la Policía Nacional.

2. Continuó la tendencia del incremento del delito, aunque con una clara desaceleración del mismo debido a los planes y acciones que implementó la Policía Nacional.

3. Fuertes golpes al crimen organizado y desman-telamiento de laboratorios y bases logísticas del narcotráfico en el Pacífico y Caribe del país; y

4. Una disminución de las tensiones genera-das a partir del interés del Presidente de la República por controlar partidariamente a la Policía Nacional y la resistencia de la Directora General de esa institución por mantener un apego a la institucionalidad, profesionalismo y apoliticidad de las fuerzas policiales.

En este acápite, expondremos en detalle las valoraciones técnicas y políticas que se desprende de cada uno los puntos anteriores, a partir de la información recopilada dentro del proceso de ela-boración de este informe y de la entrevista a diver-sos expertos en la materia que, como ya dijimos anteriormente, algunos de ellos son ex Directores Generales de la Policía Nacional, ex Subdirectores Generales y fundadores de esa institución y personas civiles con vastos conocimientos.

a. Marco norMativo

Desde nuestro II Informe de Gestión del Sector Política Exterior, Seguridad Pública y Defensa Nacional129, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Pública (IEEPP) visualizó que a la Policía Nacional se le avecinaba un problema: la jubilación ordinaria de la mayoría de oficiales que componen la actual estructura de mando y que, por ley, debían retirarse al cumplir los 30 años de servicio en la institución.

Para que sepamos de qué estamos hablando, la Ley de la Policía Nacional, en su artículo 99, estable-ce dos condiciones para el retiro por jubilación ordi-naria de los miembros de esa institución: a-. Al cum-plir 25 años de servicios para los oficiales que estén ubicados dentro del Escalafón Ejecutivo130; y b-. Al cumplir los 30 años de servicios para aquellos agentes que estén ubicados en el Escalafón de Oficiales131.

2. ANálIsIs DE lA INstItuCIoNAlIDAD

129 Elaborado para el período Mayo –Agosto del 2007 y publicado en octubre de ese mismo año.

130 El Escalafón Ejecutivo comprende a los agentes del orden que ostentan los grados de Policía, suboficial, suboficial Mayor e Inspector.

131 El Escalafón e oficiales comprende a los agentes del orden que ostentan los grados de Inspector, teniente, Capitán, subcomisionado, Comisionado, Comisionado Mayor, Comisionado general y Primer Comisionado. Este último escalafón se divide a su vez en tres categorías: oficiales subalternos, oficiales supe-riores y oficiales generales.

inForMe de gestión seguridad Publica

Este aspecto de la ley representaba un problema debido a que la mayoría de oficiales que integran la estructura de mando de la Policía Nacional, muchos de ellos fundadores de esa institución, llegarían a cumplir 30 años de servicio activo en el 2009 y, de acuerdo con la disposición, debían pasar a retiro más del 60% de estos oficiales. Si se hacía cumplir la ley, significaba que la Policía Nacional perdería gran parte de su capital humano en su cadena de mando, fundamentalmente por la experiencia adquirida con los años y porque en ellos están los oficiales con los mayores grados académicos obtenidos en las univer-sidades nacionales y extranjeras.

Sin embargo, este problema fue superado a último momento. El 30 de diciembre del 2009, el presidente Daniel Ortega emitió el decreto 94 – 2009 para prorrogar en cinco años el retiro de los oficiales por jubilación ordinaria. De esa forma, los oficiales que integran el Escalafón Ejecutivo ya no se retirarían por jubilación ordinaria a los 25 años de servicio, sino a los 30; y en el caso de los que están ubicados en el Escalafón de Oficiales, se podrán jubilar a los 35 años y no a los 30. El retiro aplicaría para todos en el 2014.

Sin embargo, aunque el problema del retiro de los oficiales fundadores estaba resuelto, el decreto del presidente Ortega fue recibido por algunos como un “paso necesario” y para otros como un acto en el que el Mandatario pretendía continuar con su supuesto control partidario dentro de la institución debido a que la mayoría de estos oficiales habían militado dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Los que esgrimen el primer argumento, funda-mentan que el mismo era un paso necesario para

superar el problema que se avecinaba y evitar una descapitalización humana en la cadena de mando de la Policía Nacional132. Consideran positivo el paso que dio el presidente Ortega porque de esa forma se da tiempo a que las autoridades policiales diseñen un plan de retiro gradual de estos oficiales.

Del otro lado están aquellos que no ven el decreto 94 – 2009 como algo “saludable” para la institucio-nalidad de la Policía Nacional debido a que el pre-sidente Ortega persigue mantener activos dentro del cuerpo policial a oficiales vinculados a su partido y que le son fieles. El fundamento de este argumento se basa en la manera en que fue emitido el decreto: de último momento y con resultados que violentan las mismas disposiciones de la Ley 228 o Ley de la Policía Nacional.

Desde que se promulgó esa ley133 y su reglamento (Decreto 26 – 96), la Policía Nacional no contó con un programa que garantizara los derechos profe-sionales y de jubilación que estaban contenidos en la Ley 228. No fue sino hasta diez años después, que el entonces presidente Enrique Bolaños, casi al finalizar su periodo, emitió el decreto 47 – 2006 o “Reglamento especial por jubilación de años de servicios de la Policía Nacional”, el cual creaba el Programa de jubilación por años de servicios (PRJU – PN), el cual se encargaría de los procesos y formalismos para el retiro de los oficiales bajo este concepto.

Tanto el decreto ejecutivo 26 – 96 y, posterior-mente, el Reglamento especial por jubilación por años de servicios de la Policía Nacional o decreto ejecutivo 47 – 2006, mantenían una relación jurídica jerarquizada con su norma superior, en este caso la Ley 228, y ambos respetaban los tiempos estable-

132 Entrevista a Fernando Caldera, Primer Comisionado en retiro y ex Director general de la Policía Nacional.

133 la ley 228 fue aprobada el 31 de julio de 1996 y publicada en la gaceta, Diario oficial, No. 162 del 28 de agosto del mismo año.

68 69

cidos por ésta para que los miembros de la Policía Nacional alcancen la jubilación ordinaria por años de servicios cumplidos: 25 ó 30 según el escalafón donde estaría ubicado el oficial, dando certeza jurí-dica a todo el cuerpo normativo institucional de la Policía Nacional.

Con la entrada en vigencia del decreto ejecutivo 94 – 2009, este orden y certeza jurídica en la norma-tiva institucional se rompió violentamente por cuan-to este último decreto no está en consonancia con la Ley 228. De acuerdo al artículo 1 de este decreto, los tiempos requeridos para la jubilación ordinaria por servicio activo se prorrogan hasta 30 años para los oficiales del escalafón ejecutivo y hasta 35 años para los del escalafón de oficiales.

Con esta disposición se reforman los tiempos requeridos para la jubilación ordinaria que estaban contemplados en el decreto 47 – 2006, lo cual es legal en cuanto a forma, pues el presidente Ortega tiene facultades para reformar decretos ejecutivos o reglamentos generales de ley. Sin embargo, se frac-ciona y se viola la concordancia jerarquizada, legal y legítima entre la Ley 228 y el decreto 47 – 2006. Lo más desconcertante es que con el último decreto se pretende desconocer que los tiempos estipulados en la Ley 228 para alcanzar la jubilación por años de servicios es de 25 años para el del escalafón ejecutivo y 30 años para el escalafón de oficiales.

Si se ha establecido conceptualmente que el ordenamiento jurídico es una estructura piramidal con escalones en los cuales las normas jurídicas se relacionan entre sí en una dinámica denominada “regularidad jurídica”, entonces esta regularidad ha sido violentada, por lo que podríamos decir también que este decreto presidencial es ilegal e ilegítimo, porque también se ha definido que un acto jurídico es legal y legítimo sí y solo sí está conforme con las normas del escalón superior.

No puede una norma inferior contradecir lo que dice una norma superior. Si es así, se está en un conflicto en el ordenamiento jurídico y, según se ha establecido en nuestro Derecho Positivo, cuando se da este conflicto lo que priva es lo que dice la ley con superioridad jurídica. Eso significaría que siguen estando vigentes los tiempos establecidos por la Ley 228. Si en la práctica se aplica lo que dice el decreto ejecutivo 94 – 2009, la Policía Nacional podría estar violando su propia ley y creando un vacío jurídico – institucional peligroso.

La lectura política que hacen los expertos que esgrimen la teoría de que este decreto del presidente Ortega persigue su interés de prolongar su control dentro de esta institución, es que recurrió a cambiar los tiempos y reformar lo establecido por leyes y decretos anteriores al legislar desde sus facultades porque desconfió someter un proyecto de reforma específica a la Ley 228 en la Asamblea Nacional posiblemente por temor a que la misma se convir-tiera en un punto más de la permanente negociación política con la oposición a su gobierno.

Con este paso se evitaría que los diputados liberales o de otras bancadas representativas en la Asamblea Nacional, “metieran mano” y perjudicaran al presidente Ortega en su intención de nombrar a un oficial superior leal a él como sucesor de la Primera Comisionada Aminta Granera, actual direc-tora general de la Policía Nacional.

inForMe de gestión seguridad Publica

b. actuación institucional y legitiMidad

El 5 de septiembre del 2009, la Policía Nacional celebró su XXX Aniversario de fundación. Este fue un hecho muy importante dentro de este período analizado. Durante el acto especial, se destacó que el mismo estaba dedicado al comandante Tomás Borge Martínez, actual Vicesecretario General del FSLN y embajador de Nicaragua en el Perú, porque, según se explicó oficialmente, esta institución había sido fundada por él.

Sin embargo, a pesar de ese hecho y, aún más, de que en una buena parte del discurso oficial la directora general de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera, recordara que los orígenes sandinistas y revolucionarios de esa institu-ción, ella cerró con un claro mensaje: “Somos una Policía moderna, profesional, apolítica y apartidista, obediente y no deliberante, en estricto apego a la Constitución y las leyes, subordinada al poder civil, al servicio de todos y todas las nicaragüenses”134.

En el acto estaban presente el presidente Daniel Ortega y parte de su gobierno, además de invitados especiales, como los representantes de la coope-ración externa que desde hace más de una década apoyan con financiamiento a programas específicos de la Policía Nacional. Y aunque esta posición oficial de la dirección superior del cuerpo de orden público no incomodó como en ocasiones anteriores, sí tuvo una respuesta partidaria clave.

Veintitrés días después que la Primera Comisionada Granera dejaba en claro la posición institucional respecto a la vida política del país, dos oficiales mujeres de alto rango aparecieron en un acto público y partidario contraviniendo con ello lo dispuesto en la misma Ley 228, el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional y, quizás lo más grave, dejando en ridículo la institucionalidad del cuerpo policial y a su Directora General.

Esto ocurrió en un congreso de mujeres sandi-nistas celebrado en el auditorio de la Universidad de Ingeniería el 28 de septiembre, el mismo mes del XXX Aniversario. La Comisionada General Mercedes Ampié, jefa de la Comisaría de la Mujer, y la Comisionada Mayor Mirlen Méndez, entonces jefa de la delegación policial en el Reparto Schick, declararon estar en “campaña permanente” para mantener al presidente Ortega y a la Primera Dama, Rosario Murillo, en el poder tras las elecciones del 2011.

Lo peor de esto fue que la comisionada Méndez participó en el acto del FSLN vestida con uniforme policial, con sus grados y medallas, como si de una representación oficial de la Policía Nacional se tra-tara.

La Ley 228 prohíbe rotundamente a los miem-bros de la Policía Nacional realizar o participar en proselitismo político dentro o fuera de la institu-ción135, mientras que el Reglamento Disciplinario lo considera una infracción disciplinaria muy grave136.

134 Discurso oficial de la Directora general de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta granera, durante la celebración del XXX Aniversario de fundación de esa institución: www.policia.gob.ni

135 Párrafo tres del artículo 2 de la ley de la Policía Nacional.

136 De acuerdo a este reglamento, las infracciones disciplinarias tienen tres categorías: leves, graves y muy graves. El reglamento Disciplinario de la Policía Nacional fue emitido por decreto ejecutivo número 27 – 96, del 20 de noviembre de 1996 y publicado en la gaceta, Diario oficial, No. 33 del 17 de febrero de 1997.

70 71

En este particular, este reglamento estipula en el numeral 14, del artículo 14, que una de las infracciones disciplinarias muy graves es “prestar colaboración a organizaciones políticas o sindicales, de manera tal que comprometan la credibilidad de la institución”. De acuerdo siempre con este reglamento, su artículo 17 establece las sanciones disciplinarias para este tipo de infracciones: desde recargo en el servicio hasta la rebaja de cargo, grado y retiro definitivo.

A pesar de lo que establece la ley policial y el reglamento disciplinario, nunca se conoció oficial-mente que si quiera se les haya llamado la atención a las oficiales que participaron en el acto partidario, es por eso que algunos expertos creen que más allá de la violación a la institucionalidad de la Policía Nacional, lo que se pretendió fue enviar un claro mensaje a la Directora General en respuesta a su dis-curso oficial del XXX Aniversario: “Somos sandinis-tas”. Se cree que es muy posible que esta acción de las dos Comisionadas no haya sido un acto aislado.

LEGiTiMiDAD SOCiAL

Aunque algunas actuaciones de agentes de la Policía Nacional han puesto en entredicho la imagen de esta institución, la confianza que tiene la pobla-ción en general y la valoración que hace la misma al trabajo efectuado por el cuerpo del orden público, continúan siendo altas.

De acuerdo a los resultados de la XXIII edición del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública (SISMO), de la firma encuestadora M&R Consultores, el 79.4% de la población entrevistada expresó tener confianza en la Policía Nacional, mientras que sólo un 20.6% expresó lo contrario137.

Sin embargo, cuando desagregamos los datos y se hace una comparación con los primeros tres años del periodo del ex presidente Enrique Bolaños, encontramos que en lo que va del periodo del presidente Daniel Ortega, la confianza parcial en el cuerpo policial aumentó, el porcentaje de aquellos que tenían mucha confianza disminuyó y los que desconfían completamente decreció también.

(Ver gráfico 1)

GRÁFICO 1 Comparativo del promedio del grado de con�anza en la Policía Nacional

(Primeros 3 años de gobierno Bolaños / Ortega)

Fuente: M&R Consultores

20% 16.30%

51%

61.90%

27.90%

20.50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

E. Bolaños D. Ortega

Mucha Parcial Ninguna

Lo anterior significa que se redujo en 3.7 puntos porcentuales el promedio de las personas que tenían mucha confianza en la Policía Nacional, lo que hizo que el promedio de personas que confían parcial-mente subiera en 10.9 puntos porcentuales. Dicho en palabras sencillas, hay menos gente que confía plenamente en la institución policial.

Cuando se analizan las razones del porqué un porcentaje de la población encuestada (20.6%) no confía en las autoridades policiales, la mayoría res-pondió que son ineficientes (43.4%), seguido de un segmento que opinó que son corruptos (30.2%) y otro grupo (17.8%) afirmó que no confiaban por a la Policía no le interesa la población.

137 M&r Consultores aplicó esta encuesta entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre en todo el territorio nacional. El tamaño de la muestra fue de 1,600 perso-nas entrevistadas. los resultados obtuvieron un margen de error del 2.5% y un nivel de confianza del 95.5%, de acuerdo con los datos técnicos presentados por esta firma.

inForMe de gestión seguridad Publica

Llama la atención estas razones, sobre todo porque cuando se hace un análisis del cruce de variables de la encuesta, se puede visualizar que la opinión está prácticamente divida cuando se les preguntó a los entrevistados a qué responde la actuación de la Policía Nacional. Un 46% respondió que esta actuación responde a los intereses de la ciudadanía, pero un 44.7% que aseguró responde a otros intereses.

Al desagregar “otros intereses”, se descubre que el 18.6% asegura que la actuación policial obedece a intereses personales o económicos; otro 15.5%, intereses de la institución; y un 10.6%,, intereses partidarios.

POLiCÍA LOGRA DESACELERAR EL iNCREMENTO DEL DELiTO

En materia de seguridad ciudadana, lo que más destacó en este período analizado fue desacelera-ción en el incremento del delito. Desde el 2005, el delito denunciado ante las delegaciones de la Policía Nacional en todo el país, experimentaba un ritmo de crecimiento 15 por ciento. Sin embargo, para el 2008 ese ritmo de crecimiento se redujo al 11 por ciento y para el 2009 el mismo fue de dos puntos porcentuales menos; es decir, el delito en general solamente aumentó en un 9 por ciento138.

Esto significa que los planes operativos imple-mentados por las fuerzas policiales han dado resulta-do a pesar de las limitaciones históricas que la Policía Nacional ha revelado que tiene (presupuestarias, logísticas, de vehículos, medios de comunicación y hasta de armamento reglamentario), han dado buenos resultados. Desde mediados del 2009, la

institución ha venido reforzando su área preventiva y ha aumentado el número de agentes y patrullas en las calles y puntos clave de la capital y otros depar-tamentos.

Sin embargo, a pesar de esta desaceleración del delito en general, los crímenes de mayor peligrosi-dad139 se mantuvieron en la misma proporción y, lo que es peor aún, el uso de armas de fuego aumentó. De acuerdo a las cifras oficiales dadas a conocer por la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM) de la Policía Nacional, en el 2009 se come-tieron 5,209 delitos con armas de fuego, un 60% más que en el 2008, cuando se cometieron 3,251 delitos con este tipo de armas. La cifra es alarmante y demuestra que la delincuencia común podría estarse armando.

De acuerdo al comportamiento de los delitos cometidos con armas de fuego y registrados por la Policía Nacional, se observa una tendencia decre-ciente a partir del 2006, pero la misma adquiere un sentido inverso y a partir del 2008 la tendencia se vuelve creciente. (Ver gráfico 2)

GRÁFICO 2 Comportamiento de los delitos cometido con armas de fuego

Fuente: DAEM, Policía Nacional

2005 2006 2007 2008 2009

Delitos 4,072 3,049 2,261 3,251 5,209

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

138 Informe de la directora general de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta granera, durante la XIX reunión de Mandos Policiales, celebrada en febre-ro del 2010.

139 Asesinatos, homicidios, robos con intimidación, violaciones, secuestros y otros.

72 73

La línea de tendencia que demuestra el gráfico anterior se invierte a partir del 2007. Al parecer, la delincuencia comienza a tener mayor acceso a las armas legales e ilegales a partir del 2008 y, ya para el año siguiente, el incremento fue vertiginoso. Una explicación a esto sugiere que en los últimos dos años hubo más robo de armas. La Policía Nacional ha explicado que el “tráfico de hormigas”, una modalidad que indica un comercio ilegal de peque-ñas cantidades de armas robadas, sería una de las causas.

El registro estadístico refuerza el planteamiento anterior. Durante el 2009 fueron robadas 505 armas de fuego, principalmente a personal de las empresas privadas de vigilancia; mientras que en el 2008, la cantidad fue de 386. Esto nos indica que hubo un aumento de 30.8% de armas robadas en el 2009. Es decir, se registró un promedio de 1.3 armas robadas diario y un promedio de 38 al mes.

A pesar del uso de armas de fuego en los delitos, una buena noticia dada a conocer por la Primera Comisionada Granera, fue que la gigantesca brecha que comenzó a abrirse en el 2004, entre el delito denunciado y delito esclarecido se redujo en el 2009.

El siguiente gráfico demuestra cómo la brecha entre estos dos indicadores de la Policía Nacional, comenzó a profundizarse a partir del 2004 y, para el 2008, reflejaba que las autoridades estaban esclare-ciendo menos de la mitad de los delitos denunciados en las delegaciones policiales de todo el país.

(Ver gráfico 3)

GRÁFICO 3 Efectividad de la Policía Nacional 2000 - 2007

Fuente: Policía Nacional

73.5 74.1 74.972 75

51.947.9 45.7 44

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Delitos esclarecidos

Pero a finales del 2009, este indicador ascendió a 54.6%; es decir, de cada 100 delitos denunciados, la Policía Nacional logró esclarecer 54.6. Esto indica que mejoró la capacidad de respuesta de los agentes del orden al delito cometido y a la demanda de res-puesta por parte de la población.

Queremos aclarar en este punto, que IEEPP aún no tiene el total de las estadísticas delictivas del 2009, debido a que la Policía Nacional no las pre-senta todavía. Por ello, no podemos hacer el análisis respectivo del comportamiento de las denuncias presentadas ante las delegaciones policiales. Sin embargo, tenemos las estadísticas del período com-prendido entre enero y noviembre del año pasado y las cifras comparativas del 2008.

De esta manera podemos afirmar que el delito en general creció en un 6.7%. El delito contra las per-sonas140 se incrementó en un 2% y aquellos que se cometieron contra la propiedad141, prácticamente no aumentaron (0.9%). Los delitos que experimentaron un mayor crecimiento son aquellos que se cometie-

140 Esta familia abarca todos los delitos que se comenten contra el individuo: asesinatos, homicidios, violaciones, lesiones, estupros, raptos, etc.

141 Esta familia abarca todos los delitos que se cometen contra el patrimonio de las personas: hurto, robos, asaltos, daños a la propiedad, estelionatos, etc.

inForMe de gestión seguridad Publica

ron contra la libertad individual142 (33.5%) y contra la salud pública143 (21.3%).

En el análisis detallado de las estadísticas, tene-mos que en este período los delitos contra las perso-nas que más se incrementaron fueron los homicidios culposos (135.7%), parricidios (125%) y los abortos provocados144 (400%).

En el caso de los delitos contra la propiedad, el de mayor incremento fue el robo con intimidación o asalto como comúnmente se conoce. De un total de 6,090 ocurridos entre enero y noviembre del 2008, paso a 7,553 en el mismo período del 2009, es decir, 1,463 delitos más para un incremento total del 24%. Y en el caso de los delitos contra la libertad individual, los secuestros pasaron de 46 en el 2008 a 124 registrados en el 2009, para un incremento del 169.9%.

ACCiONES CONTRA EL CRiMEN ORGANizADO

En las estadísticas delictivas a las que nos refe-rimos, los delitos vinculado al accionar del crimen organizado, encontramos que hubo un incremento del 100% en los delitos de financiamiento al nar-cotráfico, 185.7% más de delitos de producción de estupefacientes (marihuana, cristales, metanfetami-nas y otras), 172.7% más de delitos de almacena-miento de estupefacientes y, algo muy curioso hasta ahora, 1,400% más de delitos de producción y tráfico de precursores145.

La siguiente tabla demuestra el detalle del com-

portamiento de estos delitos del crimen organizado en el período comprendido entre enero y noviembre del 2009 y su respectivas cifras comparativas del 2008.

Las estadísticas continúan indicándonos que la Policía Nacional es efectiva en la lucha contra el narcotráfico internacional. En la segunda mitad del 2009, las autoridades antinarcóticos desarticularon una célula del cartel del Golfo que utilizaba la ruta Cárdenas – Sapoá, en el sector fronterizo de Rivas con Costa Rica.

El golpe más fuerte fue dado a un jefe del trans-porte de drogas en Centroamérica y su grupo, a quien se le confiscó vehículos, propiedades inmue-bles, semovientes, armas y, además, le fueron des-cubiertas una serie de sociedades fantasmas que había inscrito en el Registro Público Mercantil de Managua para aprovecharlas como fachadas para cometer lavado de dinero o legitimación de capi-tales. También se desarticuló una red vinculada al cartel guatemalteco de Lorenzana.

Según un informe presentado por la Primera Comisionada Granera, se logró el enjuiciamiento de 2,078 personas vinculadas al tráfico de drogas, de ellas sólo el 4.1% eran extranjeros. Ella presentó como los principales logros la captura de cuatro toneladas de cocaína; es decir, once toneladas menos que en el 2008.

Entre algunos bienes incautados al narcotráfico figuran 207 vehículos (37 pesados y 170 livianos), 66 medios acuáticos (20 lanchas, 11 pangas y 28

142 secuestros, plagios, amenazas, violación de domicilio, etc.

143 tráfico interno de estupefacientes, tráfico internacional de estupefacientes, almacenamiento de estupefacientes, etc.

144 A pesar de estar penalizado el aborto, este fue el delito contra la persona que más incrementó entre enero y noviembre del 2009 con respecto al mismo perio-do del 2008.

145 los precursores son la materia prima para producir drogas ilegales.

74 75

motores) y 35 bienes inmuebles (25 viviendas y 10 fincas).

A pesar de estos resultados, debemos resaltar aquí el caso Walpasiksa. En esta localidad miskita, ubicada sobre el litoral del Caribe a unos 60 kiló-metros al sur de Bilwi, principal ciudad de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). El 8 de diciembre del 2009, una patrulla naval que transpor-taba militares y policías fue atacada a tiros cuando atracó en la costa. Los agentes se disponían a inves-tigar el aterrizaje de una avioneta que, de acuerdo a las versiones oficiales, transportaba unos 800 kilos de cocaína.

En el incidente armado murieron dos miembros de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua y varios miembros civiles de la comunidad indígena. A parte del hecho de violencia, llamó la atención que en esta comunidad operaba una base logística y social del narcotráfico colombiano, principalmente de miem-bros del cartel de Cali.

Esta base logística fue descubierta como resulta-dos de la investigación oficial por el incidente arma-do. Poco a poco, las verdaderas dimensiones del apoyo social y logístico que los comunitarios daban al narcotráfico dejarían asombradas tanto a las auto-ridades como a la opinión pública.

Lo que se descubrió fue una vasta red de apoyo

logístico al narcotráfico que, aunque tenía su base en Walpasiksa, se extendía por gran parte del litoral del Caribe y en comunidades más adentro del territorio de la RAAN. Los narcos colombianos se habían logrado asentar con cédulas falsas nicaragüenses y habían logrado reclutar mediante pago en efectivo a la mayoría de las personas, aprovechándose de su condición de pobreza extrema y otras vulnera-bilidades sociales. La acusación presentada por el Ministerio Público en un proceso judicial que se abrió a varios colaboradores del narcotráfico, es que éstos habían logrado formar tres grandes grupos de apoyo logístico denominados “Grupo Estrella”, “Grupo Especial” y “Grupo Adicional”, los cuales operaban en cinco grandes comunidades indígenas de la RAAN.

El Caribe sigue siendo el eslabón débil en la lucha del Estado de Nicaragua contra el narcotráfico internacional y los grupos locales de apoyo logístico, debido a las limitaciones presupuestarias de las ins-tituciones encargadas de combatir este flagelo. Las poblaciones de esta parte del país son vulnerables debido a su condición socio – económica, viven en extrema pobreza y su estructura de producción es mínima, sólo para autoconsumo, por lo que no generan recursos y han visto en el narcotráfico a un agente de desarrollo local, debido a que el Estado está prácticamente ausente en la mayoría de éstas.

Otra vulnerabilidad que presentan es la geográ-

TABLA 1 Delitos contra la salud pública. Comparativo enero – noviembre 2009/2008

Delitos 2009 2008 + ( - ) Inc/Dec

Total 1,415 1,167 248 21.3%

Financiamiento 2 1 1 100%

Trá�co interno 508 521 -13 -2.5%

Trá�co internacional 0 4 -4 -100%

Transporte ilegal 0 30 -30 -100%

Producción 20 7 13 185.7%

Almacenamiento 30 11 19 172.7%

Promoción o estímulo 8 7 1 14.3%

Pr od. Y tráf. De precursores 15 1 14 1,400%

Otros 428 82 346 422%

Faltas contra la salud 404 503 -99 -19.7% Fuente: Policía Nacional

inForMe de gestión seguridad Publica

fica, fundamentalmente aquellas que están situadas sobre el litoral Caribe. Solamente en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), existen al menos 26 principales comunidades situadas en la costa del mar Caribe o cerca de ésta y de fácil acceso entre ellas porque están conectadas a través de cau-dalosos ríos y lagunas a través de los cuales se puede navegar con pangas rápidas. Estos ríos prácticamente se han convertido en “carreteras de agua” por donde los narcotraficantes trafican su producto.

Algunas de estas comunidades importantes, por la cantidad de habitantes y posición geográfica son: Bilwi, Wawa, Karatá. Auastara, Bismuna, Cabo Viejo, Dakura, Haulover, Klingna, Kuanwatla, Prinzapolka, Walpasiksa, Sandy Bay, Ariswatla, Tuapi y Wouhnta.

c. retos

Uno de los retos principales para la Policía Nacional continúa siendo el retiro progresivo de los oficiales fundadores de la institución y su relevo generacional146. Tal y como dijimos en el II Informe de Gestión del Sector Política Exterior, Seguridad Pública y Defensa Nacional, “el relevo generacional en la estructura de mando de la Policía Nacional, podría definir el rumbo que tomará la institución. Es muy importante lograr que se transmitan los valores del profesionalismo, apoliticidad, apego a la ley, honestidad, dignidad y servicio a la población que ha mantenido y debe mantener ese cuerpo policial”.

Aunque se haya prorrogado a cinco años más el retiro por jubilación de éstos oficiales, lo anterior no se logrará si los mandos de la Policía Nacional no diseñan un plan para el retiro escalonado de los mismos y un proceso de transición y transmisión de

los valores que hasta ahora ha caracterizado el actuar policial. Los crecientes casos de corrupción interna y el vínculo que se ha investigado oficialmente entre el crimen organizado y algunos agentes de alto rango, es una señal clara de advertencia al cuerpo policial.

Otro reto importante en esa etapa de la vida insti-tucional de la Policía Nacional es mantener el profe-sionalismo, apoliticidad y apartidismo entre todos sus miembros. El cumplir con este requisito es importante para el mantenimiento de la legitimidad que la institu-ción ha adquirido a través de estos últimos 19 años. Esto logrará reducir la enorme brecha actual que existe entre delitos denunciados y delitos esclarecidos.

Desde el punto de vista operativo, otro reto para la institución es recuperar los indicadores de efecti-vidad que tenía antes del 2004, cuando de cada 100 delitos denunciados los policías lograban esclarecer 74. Esto debido a que la población demanda cada vez más y mejores respuestas a sus demandas. En una medición hecha recientemente por el IEEPP, se encontró que la principal razón del por qué las personas víctimas de un delito no ponen la denuncia, es por falta de atención y de respuesta por parte de las autoridades policiales147.

Incrementar los niveles de seguridad y patrullaje en la zona del Caribe es un desafío constante para el Estado y sus instituciones. La pobreza extrema junto con vulnerabilidades geográficas, sociales y económicas que presentan las comunidades miskitas del litoral caribeño, representan un caldo de cultivo para opera-ciones de envergadura del narcotráfico internacional. El Estado no debe permitir que ocurra una nueva Walpasiksa en esa región y debe profundizar su control y soberanía sobre territorio nicaragüense en esa zona, actualmente en peligro por la amenaza del narcotráfico.

146 Entrevista a Javier lópez lowery, ex subdirector general y fundador de la Policía Nacional.

147 II Encuesta sobre Percepción de seguridad Ciudadana. IEEPP. 2010.

76 77

148 Estos son us$57,840,191.

149 Estos son us$57,973,774.

Con las reformas que se hicieron a la Ley 290 o Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, ahora es el presidente de la República

quien atiende directamente a la Policía Nacional porque se redujo la competencia del Ministerio de Gobernación en ese sentido, cartera a la que institu-cionalmente estaba supeditada la Policía Nacional.

En ese sentido, el presidente Daniel Ortega es quien ha conducido en los últimos tres años a la Policía Nacional y, de acuerdo al análisis de los hechos que demuestran una clara tendencia en la conducción del sector, podemos decir que esta ges-tión estuvo marcada principalmente por un decido apoyo para incrementar las capacidades operativas del cuerpo policial, por un lado, y una disminución de las tensiones generadas a partir del interés del Presidente de la República por controlar partida-riamente a la Policía Nacional y la resistencia de la Directora General de esa institución por mantener un apego a la institucionalidad, profesionalismo y apoliticidad de las fuerzas policiales.

Consideramos como control civil democrático sobre las fuerzas armadas y policiales, la conducción político – institucional de las principales autoridades civiles de un gobierno determinado que reduzca los espacios de autonomía funcional de las instituciones de seguridad por medio de la subordinación de los militares y policías a estas autoridades.

a. gestión del Poder ejecutivo

Lo primero que debemos destacar es que la polí-tica del presidente Ortega hacia la Policía Nacional ha mantenido el aumento paulatino del presupuesto asignado a la institución experimenta desde el 2002. Esto ha permitido incrementar el número de oficia-les y, por ende, mejorar en alguna medida las capa-cidades preventivas y reactivas de la Policía Nacional.

Desde el 2002, el presupuestario de la Policía Nacional ha crecido en un promedio de 15.9% anual; sin embargo, este incremento no significa un mejor salario o una mejoría en las condiciones de trabajos de los agentes, ni tampoco una mejoría en el rubro del combustible para patrullas. Lo que se ha logrado con esto, es aumentar la planilla policial. En otras palabras se ha aumentado los presupuestos totales para pagar a más policías. La meta planteada por Jefatura Nacional de la institución, es lograr crecer hasta 12 mil policías. En los últimos tres años, el número de agentes pasó de 9,000 a 10,500, a un ritmo de 500 por año.

De acuerdo a un análisis hecho por el equipo del Programa de Presupuesto Público del IEEPP, el presupuesto policial creció menos para el 2009 que el promedio de los años anteriores. De esta forma, a la Policía Nacional se le asignó C$1,176,440,578148 para el año pasado; es decir, más de 150 millones de córdobas con respecto al 2008, cuando se le asignó un total de C$1,026,202,668149. Con estas cifras tenemos que el presupuesto del 2009 con respecto al 2008 creció en un 14.6%.

3. CoNtrol CIVIl DEMoCrátICo

inForMe de gestión seguridad Publica

GRÁFICO 4 Comparativo del presupuesto de la Policía Nacional

Período 2002 – 2009

Fuente: Policía Nacional

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Presupuestos en C$ Millones

UNA REALiDAD CONSTANTE

A pesar que es poco lo que se sabe y lo que se informa sobre cómo se distribuye en realidad el pre-supuesto dentro de las dependencias de la Policía Nacional, se destacó que para el 2009 esta institución recibió un incremento de C$104 millones para el concepto de servicios personales (salario, aguinaldo, aporte patronal al INSS, beneficios sociales, etc.) Cabe destacar que de este dinero, C$79.7 millones iban dirigidos para la Dirección y Servicios Policiales Administrativos que se encarga de la burocracia policial atendiendo los “asuntos de escritorios” y la para otras direcciones más sensibles el incremento fue menor150.

Por ejemplo, para el rubro de Investigación y Persecución del Delito, el área más sensible de la Policía Nacional y la cual abarca todas sus direc-ciones especializadas y patrullas, al aumento fue a penas de C$19.8 millones. Esto confirma que se ha aumentado más en la parte de gastos de planilla que

en los gastos para operativos de prevención y perse-cución del delito que, a la larga es lo que demanda la población151.

Si continuamos analizando las desproporciones que existen, vamos a encontrar por ejemplo que por el concepto de Servicios No Personales (teléfono, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos, viáti-cos, etc.), la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana, encargada de analizar los datos para la seguridad pública, recibió un aumento de C$28.1 millones, mientras que las unidades operativas y más sensibles recibieron apenas C$3.2 millones. La diferencia es abismal.

Por último, esta diferencia es marcada tam-bién cuando se analiza el presupuesto del rubro Materiales y Suministros (alimentos, combustible, vestuario, repuestos, etc.), para la Jefatura Nacional y Servicios Policiales Administrativos recibieron un aumento de C$18.6 millones, mientras que a Investigación y Persecución del Delito apenas este incremento fue del C$1.5 millones. Pero lo peor de este es que para Prevención Estratégica del Delito, no sólo no recibió aumento, sino que hubo un recor-te de C$5.1 millones.

Por otro lado, por la vía de la cooperación exter-na y directamente del gobierno, la Policía Nacional recibió en donación 8 automóviles, 26 camionetas, 408 motos, 3 jeep, una furgoneta, 3 microbuses y un autobús. Sin duda que estas donaciones amorti-guaron la necesidad de patrullas que históricamente ha presentado la Policía Nacional, sin embargo, no se pudo hacer un comparativo porque los datos no están disponibles.

150 Como miembro del equipo del Programa de Presupuestos Públicos, simeón rizo, entonces coordinador y ahora subdirector ejecutivo del IEEPP, hizo un análi-sis que se publicó luego como un artículo de opinión en la Prensa, bajo el título “Aumento a la Policía no significa aumento al policía”.

151 ídem.

78 79

UNA CLARA SEñAL

Otro detalle que caracterizó la gestión del Poder Ejecutivo en la conducción del sector seguridad pública, ocurrió el 8 de agosto del 2009 cuando la población pudo observar claramente a miembros de la Policía Nacional diametralmente opuestos a los valores y principios institucionales que la Jefatura Nacional intenta impregnar en todos los niveles de oficiales y miembros del cuerpo policial.

Ese día, la población pudo observar cómo miem-bros de las organizaciones de la sociedad civil que llegaban a los predios de la Catedral de Managua para celebrar un acto cultural y expresar su descon-tento por las políticas del gobierno, fueron agredidos violentamente por simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y, lo que fue peor, se observó que algunos agentes poli-ciales no intervinieron para proteger la integridad física y la vida de éstos, incumpliendo de esta forma el mandato más sagrado de la Constitución Política de la República el cual los obliga a resguardar la vida e integridad de todos los ciudadanos nicaragüenses.

La denuncia que Marlin Sierra Palma interpuso ante Frank LaRue, relator para la libertad de expre-sión del Consejo de Derechos Humano de la ONU; y Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, expresa claramen-te la forma en que oficiales de la Policía Nacional incumplieron con su deber, por ello reproducimos íntegramente parte de su denuncia:

“…los hechos antes mencionados, contaron con la connivencia de miembros de la Policía Nacional

quienes se encontraban presentes y no hicieron absolutamente nada para evitar las agresiones y prevenir los actos delictivos ocurridos; mencio-nando incluso que William Rodríguez periodista –independiente-, mientras filmaba los hechos, le fue arrebatada su cámara y trípode por parte de los simpatizantes del Presidente Ortega; situación que informó a un oficial de Policía que se encon-traba en el lugar de los hechos, quien persuadió al agresor para que devolviera la cámara. El agresor regresó la cámara y el trípode con la condición de que se le entregara la video–cinta. El Policía solicitó al periodista que extrajera el casete y lo entregara; lo que se vio obligado a hacer para no perder el equipo ya que es su único medio de sub-sistencia, convirtiéndose el Policía en un colabora-dor para la violación a la libertad de prensa”152.

A pesar de las denuncias interpuestas formalmen-te ante las instituciones competentes a nivel nacional (Fiscalía, Policía Nacional), nunca se investigó a los agresores que fueron identificados plenamente por la Coordinadora Civil. Se trataba de trabajadores de la Alcaldía de Managua, miembros de la Juventud Sandinista y colaboradores del FSLN que habían sido contratados por la municipalidad y que, con-vertidos en fuerzas de choque para la violencia e intimidación política, fueron enviados a atacar a los miembros de la Coordinadora Civil.

Además, nunca hubo un proceso interno que la Policía Nacional haya impulsado para sancionar a sus oficiales que no intervinieron para evitar que se cometiera delito contra los agredidos, muchos de los cuales sufrieron lesiones graves al ser agredidos sal-vajemente. De acuerdo con el Código Penal vigente, el o los oficiales que no actuaron para proteger la vida e integridad física de los agredidos incurrieron en el delito de omisión153.

152 Documento de la denuncia que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), publicó en su página web: www.cenidh.org.ni

153 Artículo 468 del Código Penal, el cual dice literalmente así: omisión del deber de perseguir delitos: la autoridad, funcionario o empleado público que, faltan-do a la obligación de su cargo, deje ilegalmente de promover o proseguir la persecución de los delitos de que tenga noticias, será sancionado con doscientos a quinientos días multa e inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público de uno a tres años”.

inForMe de gestión seguridad Publica

b. gestión del Poder legislativo

La gestión del Poder Legislativo sobre el sector seguridad pública fue pobre durante este periodo analizado. De acuerdo a las atribuciones que la Ley 606 o Ley Orgánica del Poder Legislativo otorgan a la Asamblea Nacional, este poder del Estado puede ejercer una fiscalización directa sobre las institucio-nes de este sector.

El seguimiento y fiscalización del sector seguridad pública es facultad de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de acuerdo al artículo 62 de la ley en referencia.

A pesar de los problemas que se suscitaron por la falta de actuación de parte de algunos oficiales de la Policía Nacional y los problemas éticos y violatorios a la Ley de la Policía Nacional que generó la parti-cipación de dos Comisionadas en un acto partidario del FSLN, nunca se convocó a la Jefatura Nacional de la Policía para que diera al menos una explicación ante el legislativo.

El artículo 14 de la Ley 606, establece que los diputados tienen derecho a solicitar a través de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que los Ministros o Viceministros de Estado, Presidentes o Directores de Entes Autónomos y Gubernamentales; rindan informes por escrito o citarlos a comparecer personalmente para que informen verbalmente a los diputados sobre cualquier inquietud importante que haya surgido. Además éstos pueden interpelar a cualquier funcionario del gobierno si el caso lo amerita.

También el artículo 56 de la Ley 606 faculta a las comisiones legislativas “citar, por medio de la Secretaría de la Asamblea Nacional, a los Ministros y Viceministros de Estado, Presidentes o Directores de Entes Autónomos y Gubernamentales cuando sus exposiciones se estimen necesarias para escla-recer irregularidades en el funcionamiento de los servicios de su dependencia o para responder a las observaciones que los diputados les formularen” respecto a una indagación.

De todas maneras, a pesar de las facultades dic-tadas por la ley, los diputados no las ejercieron para investigar el por qué nunca se actuó en los casos aquí descritos.

c. retos

Los retos aquí planteados giran alrededor del tema político – institucional. El Poder Ejecutivo, ejercido por el Presidente de la República. En ese sentido, a la hora de elaborar el presupuesto de la Policía Nacional se debe garantizar que las partidas dirigida a los rubros Prevención y Persecución del Delito, vayan creciendo a la medida que lo hacen los rubros administrativos.

Un incremento real del presupuesto policial es aquel que ofrece aumentar las capacidades opera-tivas del cuerpo policial para que pueda haber una labor efectiva tanto en el área preventiva como en el área reactiva de esa institución154.

A la vez, la conducción política que desde el Ejecutivo se imprime directamente a la Policía Nacional155, debe ajustarse al marco jurídico ins-

154 Entrevista a Fernando Caldera Azmitia, Primer Comisionado en retiro y ex director general de la Policía Nacional.

155 Aunque las reformas a la ley 290 o ley de organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, que generó la ley 612, la conducción política del Ministerio de gobernación se mantuvo intacta, en la práctica el Presidente de la república dirige a la Policía Nacional sin intervención de mediador alguno, otorgándole a ésta última cierto grado de autonomía funcional.

80 81

titucional. Esta institución es un ente jurídico de derecho público y, por lo tanto, su actuación y conducción debería estar ajustada a lo que la ley faculta y manda. Sin embargo, a la fecha no ha sido así. Encausar esto representa el reto principal que se plantea al Poder Ejecutivo.

Por otro lado, la Asamblea Nacional, por medio de su Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, debe balancear la conducción democrática del sector seguridad pública a través del ejercicio del control legislativo. Los diputados tienen la facultad por ley de ejercer un control civil efectivo sobre las instituciones de seguridad, principalmente la Policía Nacional. Este balance en el control civil es necesario debido a que se ha demostrado que podría haber una conducción discrecional desde el Poder Ejecutivo156.

d. transParencia en la gestión

Aunque la Policía Nacional no reportó sus estadísticas de la Dirección de Asuntos Internos para este informe, algunos reportes internacionales sobre derechos humanos nos dan una pista del comportamiento de los casos de corrupción y abu-sos de autoridad en los que incurrieron los agentes del orden.

De acuerdo a éstos informes157, durante el 2009 la Dirección de Asuntos Internos (DAI)158 recibió un total de 2,283 denuncias, 1,686 (73.8%) respon-

dían a quejas por mala conducta policial y, dentro de éstas, 984 (58.3%) fueron interpuestas por abuso en el uso de la fuerza. Este año, fueron sancionados 899 oficiales, de los cuales 151 fueron dados de baja deshonrosa.

Del análisis comparativo de las estadísticas159, se demuestra que las denuncias ante la DAI se han incrementado a un ritmo del 11% anual. Mientras en el 2008 se registraron un total de 2,069 quejas contra agentes del orden, en el 2009 este total aumentó a 2,283. (Ver gráfico 5)

GRÁFICO 5 Comparativo de las denuncias ante la DAI

Período 2007 – 2009

Fuente: Reporte Anual de Derechos Humanos 2009, Departamento de Estado.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2007 2008 2009

Denuncias ante Asuntos Internos

Sin embargo, a pesar del incremento de las denuncias por abusos o delitos de los miembros de la Policía Nacional, la tendencia de los dos últimos años con respecto al número de oficiales sanciona-dos es decreciente. En el 2007 fueron sancionados 1,107 policías; en el 2008 el número fue de 1,091 y para el 2009 esta cifra disminuyó en 899 en total. (Ver gráfico 6)

156 Entrevista a lázaro garcía, catedrático de sociología de la uCA y experto en seguridad ciudadana.

157 reporte Anual de Derechos Humanos 2009, Caso Nicaragua, Departamento de Estado, gobierno de los Estados unidos de Norteamérica. Esta parte de las estadísticas fueron alimentadas directamente por la Policía Nacional a la sección de la Embajada de los Estados unidos en Nicaragua que se encarga de hacer el reporte respectivo de este país.

158 Esta es la dirección encargada de investigar las denuncias que por abusos, violación a los derechos humanos, corrupción y delitos comunes cometen los miembros de la Policía Nacional.

159 Estadísticas de Asuntos Internos 2008 – 2007, publicadas en la página web de la Policía Nacional. sin embargo, las estadísticas del 2009 no están publicadas en el mismo sitio.

inForMe de gestión seguridad Publica

GRÁFICO 6 Comparativo de los policías sancionados

Período 2007 – 2009

Fuente: Reporte Anual de Derechos Humanos 2009, Departamento de Estado y Policía Nacional.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2007 2008 2009

Policías sancionados

La sanción más grave impuesta por abusos de autoridad, delitos y corrupción policial es la baja deshonrosa, la cual implica un proceso interno que concluye con el retiro definitivo del policía tanto de sus funciones como de su cargo dentro de la institu-ción. En el 2008 fueron licenciados bajo esta figura 185 policías, mientras que en el 2009 la cifra alcanzó los 151 agentes del orden.

Para este informe, no obtuvimos de parte de la Policía Nacional una valoración institucional sobre este comportamiento. Nuestra pregunta en este caso era conocer los factores que explican el por qué mientras las denuncias ante la DAI aumentaron en los últimos dos años, el número de policías sancio-nados y dados de bajas disminuyó.

El Reporte Anual de Derechos Humanos 2009, elaborado por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, expone que el bajo salario de los miembros de la Policía Nacional, el cual apenas alcanza los US$100 para la mayoría de los agentes, “crearon condiciones para que los oficiales fueran susceptibles al soborno, corrupción y tráfico de drogas”; sin embargo, no hay estadística sobre esto que pueda medir una tendencia o com-portamiento del involucramiento de los policías en casos delicados de crimen organizado.

Con base en el análisis hecho durante este período de la gestión del sector seguridad pública, podemos concluir que:

1. La entrada en vigencia del decreto ejecutivo 94 – 2009 generó una solución al problema que planteaba el artículo 99 de la Ley 228 o Ley de la Policía Nacional, porque se pro-rrogó a cinco años más el tiempo que deben alcanzar los oficiales de esa institución para obtener su licenciamiento por jubilación. De esta forma, el tiempo de servicio requerido para el retiro por jubilación quedó de 30 años para los oficiales del Escalafón Ejecutivo y 35 para los del Escalafón de Oficiales. Con esta decisión del Poder Ejecutivo, todo el personal policial que no estaba en edad para jubilarse, pero que el 5 de septiembre del 2009 cum-plían con el tiempo estipulado originalmente en la Ley 228, continuarán sirviendo a la ins-titución y ésta, a su vez, no perderá elementos con gran experiencia en el trabajo policial.

2. En este periodo se percibió un mejoramiento de las relaciones entre la Jefatura Nacional de la Policía y el presidente de la República, Daniel Ortega, contrario a los primeros dos años del gobierno del actual presidente, período en el que fue evidente el surgimiento de tensiones entre la directora general de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera, y el Mandatario, las cuales obedecieron esencial-mente al carácter partidario que éste último imprimió a la conducción de la institución, lo que causó resistencia en la Jefatura Nacional de la Policía debido al carácter apartidista y apolítico que desde el mando superior se quiso imprimir a esta conducción.

4. CoNClusIoNEs

82 83

3. A pesar de lo anterior, luego de la celebración del XXX Aniversario de fundación de la Policía Nacional se dieron “algunas señales” que indi-caron un alto grado de influencia partidaria dentro de esta institución cuyo marco jurídico establece que la misma es apolítica y aparti-dista. Veintitrés días después de esta celebra-ción y luego que la directora general Primera Comisionada Aminta Granera afirmara categó-ricamente en su discurso el carácter apartidista de la Policía Nacional, dos altas oficiales de la institución aparecieron en un acto público del FSLN en el que declararon estar en “campa-ña permanente” para mantener al presidente Ortega y a la Primera Dama, Rosario Murillo, en el poder tras las elecciones del 2011. Una de estas oficiales había sido ascendida al grado de Comisionada General por decreto ejecutivo que emitió el presidente Ortega.

4. Aunque el delito en general experimentó una desaceleración en su tendencia creciente, se mantuvo el ritmo de los delitos más peligrosos. Lo preocupante de este caso, es que durante el 2009 aumentó la peligrosidad y el riesgo de este tipo delito debido a un mayor uso de armas de fuego por parte de la delincuencia común. Las estadísticas demuestran que el repunte en el uso de armas de fuego para cometer delito en este año fue 60% mayor que en el 2008. La delincuencia podría estarse armando, de acuerdo a la Policía Nacional el año pasado se registró un promedio 1.3 armas robadas diario.

5. La Policía Nacional continuó asestando duros golpes al crimen organizado, específicamente al narcotráfico internacional. En ese sentido, durante este periodo se desarticularon dos grandes células vinculadas al cartel mexica-no del Golfo y al cartel guatemalteco de Lorenzana; además del desmantelamiento de una red centroamericana de transporte de drogas. Estas y otras acciones, como la captura de 2,078 personas por casos de narcotráfico, indican una política de Estado de no permitir o tolerar el asentamiento de grupos delictivos extranjeros y nacionales en el territorio nicara-güense.

6. La gestión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la conducción del sector seguridad pública no demostró un ejercicio efectivo del control civil democrático. En el caso del Ejecutivo, al tiempo que se benefició a la Policía Nacional con medidas precisas para incrementar su capa-cidad operativa, la ausencia de acciones para corregir errores de actuación en el ejercicio de la profesión policial, fue evidente en este perío-do. No se investigó ni se corrigió numerosas causas graves como la falta de intervención de algunos agentes del orden cuando funcionarios de organizaciones de la sociedad civil fueron agredidos en los terrenos de la Catedral de Managua y la violación abierta a la Ley 228 que cometieron dos altas oficiales de la institución policial al participar en un acto partidario, una de ellas con uniforme policial. Además, tam-poco se observó una participación activa del Poder Legislativo en el ejercicio de ese control civil democrático.

inForMe de gestión seguridad Publica

iNFORME DE GESTiÓN POLÍTiCA EXTERiOR

iNFORME DE GESTiÓN POLÍTiCA EXTERiOR

84 85

El presente informe como los anteriores cinco, es un análisis de la gestión del Gobierno de Nicaragua en sus relaciones internacionales, por medio de una sistematización de los

actos más relevantes ocurridos en el período julio de 2009 - febrero de 2010 y que tuvieron impacto en las relaciones con otros actores estatales y no estatales. Para este fin, se realizaron entrevistas a especialistas en relaciones internacionales y analistas políticos, así como a Embajadas acreditadas en el país como la República Federativa del Brasil, República de China Taiwán, Unión Europea, Federación Rusa, quienes dieron sus puntos de vista y comentarios sobre el manejo y aplicación de las relaciones exteriores en Nicaragua. También se revisaron documentación de medios de comunicación oficiales e independientes para conocer opiniones y agendas de trabajo en mate-ria de las relaciones internacionales de Nicaragua.

El Informe parte de la premisa de que el Presidente de la República es quien dirige las rela-ciones internacionales del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien formula, propone y ejecuta la política exterior del Estado1.

Como en los anteriores Informes se intentó arduamente obtener información o posición oficial de la oficina del Ministro de Relaciones Exteriores2 sobre los diversos eventos descritos en este repor-te, sin embargo, al igual que el caso del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional no logramos ser atendidos por ningún funcionario de esta institución. Por eso, es justo advertir que omisiones u opinio-nes que en realidad se vea para el Gobierno que no representan la perspectiva de Cancillería deben entenderse en el contexto de las limitaciones propias de instituciones públicas que insisten en mantener

un patrón de no acceso a información y de conce-bir organizaciones como IEEPP como parte de un proyecto desestabilizador por no estar adscrito a las estructuras del partido FSLN.

En los capítulos I y II de este Informe, se anali-zan las relaciones diplomáticas de Nicaragua con los actores más importantes a nivel político y de coope-ración, en el capítulo III las relaciones con Estados Unidos, mostrando los principales acontecimientos que tuvieron lugar en el período reportado y una breve reseña de la política del Presidente Barack Obama hacia la región centroamericana. En el capítulo IV se describe y analiza las relaciones con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), las reuniones llevadas a cabo y las relaciones bilaterales con Venezuela enmarcadas entre las principales para el Gobierno de Nicaragua. En el capítulo V se abordan las relaciones con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y los principales avances y retrocesos que se dieron por la difícil coyuntura en la que transitaron los países centroamericanos; en el capítulo VI el lector podrá encontrar un breve resumen y análisis de las relaciones bilaterales con Costa Rica, Honduras y Panamá a nivel centroamericano. En el capítulo VII y VIII se aborda las relaciones con la Unión Europea, desde la óptica de la cooperación y rela-ciones políticas, y las relaciones con países de Asia, centrándonos en Taiwán e Irán. En el capítulo IX se hace un breve análisis sobre lo acontecido en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos y con el Grupo de Río (GRIO). Finalmente en el capítulo X encontrará las relaciones de Nicaragua con algunos de los países considerados Potencias Emergentes en la actualidad.

inForMe de gestión Política exterior 1. INtroDuCCIóN

1 Dichas atribuciones se encuentran establecidas en la Constitución Política de Nicaragua y la ley No. 290. “ley de organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”.

2 Comunicación escrita solicitando entrevista el día 8 de febrero. Posteriormente por teléfono y correos electrónicos, sin obtener una respuesta positiva.

86 87

2.1. DéBiLES REFERENTES SOBRE LA POLÍTiCA EXTERiOR DE NiCARAGUA COMO POLÍTiCA PÚBLiCA

Como el resto de las administraciones anteriores, no existe de parte de este gobierno una política pública explícita y conocida en materia de política exterior. Al respecto solo se conocen algunas decla-raciones o posiciones de personas más bien ajenas al gobierno pero muy cercanas al presidente Ortega y muy influyentes dentro del partido FSLN que son conocidas de alguna manera como sus ideólogos

en asuntos exteriores. En el año 2007 el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, en conjunto con la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional realizó un Foro denominado “La Política Exterior como política de Estado” en la cual participó el Sr. Aldo Díaz Lacayo, asesor del FSLN en asuntos internacionales y expuso como líneas generales del Gobierno, una política revolucio-naria internacional que reconoce el multilateralismo como alternativa a la unipolaridad, la reivindicación de la soberanía y los polos económico-comercial para convertirlo en un polo político a través de los procesos de integración latinoamericanos3.

Basados en el concepto de Reynolds, un Estado debería tener una lista de acciones estructuradas y definidas para dar a cono-cer y conseguir lo que se definiría como el

interés principal en las relaciones internacionales que exterioriza el Estado con el fin de mantener su espacio, soberanía e independencia. Sin embar-go, en Nicaragua no se ha conocido que algún Gobierno haya realizado esfuerzos para llamar a todos los actores involucrados para la discusión, creación y puesta en marcha de una política exterior como una política de Estado, y no de Gobierno o de partido político, con el fin de dar a conocer una estrategia y definir los intereses nacionales a partir de las necesidades de la nación. Esto nos indica que existe una clara incapacidad estructural de los diversos gobiernos para definir un marco concep-tual y práctico en el cual se defina la aplicación de una política exterior coherente de largo plazo y que contenga los principales objetivos del Estado en la arena internacional.

En la práctica, la tónica ha sido que cada Gobierno imprime su perspectiva de las relaciones internacio-nales a partir de su visión, intereses y su ideología

política, lo que ha dado lugar a la discontinuidad, dispersión, incoherencia y contradicciones de los principales objetivos que debería tener la política exterior de Nicaragua. Precisamente esos elementos han dado lugar a que nuestro país, de por sí débil y pequeño en el escenario mundial, mantenga una muy pobre presencia en el ámbito internacional.

El entorno internacional y regional en el que Nicaragua se encuentra inmersa ha dado lugar a que se dé un mayor impulso a los procesos integracionis-tas (SICA, ALBA, GRIO) y a un mayor multilatera-lismo a través de las organizaciones internacionales y de nuevas relaciones diplomáticas con naciones emergentes. Asimismo se encuentra marcado por la tendencia latinoamericana y caribeña de buscar nuevos caminos y respuestas a sus necesidades desmarcándose poco a poco de la influencia y pre-sencia estadounidense en sus políticas. En el caso de Nicaragua, esta perspectiva se consolida con el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien enmarca lo esencial de su política exterior hacia el camino marcado por Hugo Chávez y su socialismo del siglo XXI, como modelo alternativo al manteni-do estos años por Estados Unidos.

2. PolítICA EXtErIor CoMo PolítICA DE EstADo

POLÍTICA EXTERIOR DE NICARAGUA, DESDE LA VISIÓN DEL GOBIERNOla Política exterior de la actual administración está regida bajo los principios de la

soberanía y la dignidad nacional. a partir de la asunción al poder del actual presidente daniel ortega los principales objetivos e intereses nacionales se han visto reflejado en los distintos procesos de integración llevados a cabo en la región tales como unasur, el sica y el alba, a la que jacinto suárez, unas de las principales fuentes de opinión del partido sandinista en materia de política exterior, llama “la única alternativa viable para nicaragua” y por supuesto no se puede obviar la relación de confrontación con los estados unidos. Para suárez “no puede seguirse con una relación subordinada a los estados unidos y que conlleva a condicionamientos de carácter ideológico y que están sujetos a los intereses hegemónicos del primer Mundo”.

la Política exterior de nicaragua aboga por un sistema multilateral más justo y demo-crático, al que jacinto suárez se refiere como “la presencia del tercer en el mundo en el consejo de seguridad y no de la imposición del Primer Mundo a sus intereses al tercer Mundo”. de igual forma, suárez afirma que “la oea tiene que ser sustituida”, ya que el papel de nicaragua en este organismo ha sido cumplido. así mismo, suárez indicó que “nicaragua reivindica los indicadores y principios básicos definidos en la cumbre del Milenio, el consenso de Monterrey y la declaración de París que establecen compromi-sos mutuos entre países cooperantes y países socios para el desarrollo”.

Entrevista a Jacinto Suárez, Secretario de Relaciones internacionales del FSLN.

Política exterior es el conjunto de acciones de un estado en sus rela-ciones con otras entidades que también actúan en la escena internacio-nal, con objeto, en principio, de promover el interés nacional.

Reynolds, P. A.: “introducción al Estudio de las Relaciones internacionales”. Madrid, Editorial Tecnos, 1977.

3 Ver: “la Política Exterior como Política de Estado” Memoria del Foro. 2 de diciembre de 2007. www.ieepp.org

inForMe de gestión Política exterior

88 89

El Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008 – 2012, elaborado por el Gobierno del Presidente Ortega, esboza a grandes rasgos la definición y acciones que utilizan para la política exterior que, “se basa en el mandato constitucional de promover relaciones respetuosas con toda la comunidad inter-nacional”4. En el documento se enumeran ciertos temas que son de prioridad para el Gobierno, no así un marco de acción ó lineamientos de Estado para la política exterior de Nicaragua.

Los lineamientos de la política exterior del actual Gobierno fueron delineados por el canciller Samuel Santos López en un discurso pronunciado en la Casa de América en Madrid, España en febrero de 2010. En dicho discurso, el canciller Santos expresó que Nicaragua “aspira a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, inspirada en los ideales unitarios de Bolívar y Sandino, y de todos los pró-ceres de la independencia. La libertad, la sobera-nía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo nicaragüense. Aspira al establecimiento de un orden internacional justo y lucha decididamente por la paz y aboga por un mul-tilateralismo más justo y democrático”5.

A partir de estos referentes, se puede entender de forma más o menos clara el camino que ha tomado la política exterior a partir del año 2007. Dichos lineamientos ofrecen el establecimiento de una política exterior dirigida al mantenimiento y conse-cución de derechos y aspiraciones de la nación en la arena internacional. Se desprende la apuesta del gobierno por el multilateralismo con el fin de buscar mayor acercamiento con países emergentes, poten-

cias regionales que den mayor sustento a las aspira-ciones de menor dependencia de Estados Unidos, así como un mayor dinamismo en los organismos internacionales y regionales.

3. relaciones con estados unidos

Con la llegada de Barack Obama a la Presidencia de Estados Unidos se esperaban cambios en la política exterior estadounidense y un mayor acer-camiento a los países latinoamericanos. En la Quinta Cumbre de las Américas, realizada en abril de 2009, el Presidente Obama se reunió con los Presidentes de América Latina y enfatizó en su dis-curso que Estados Unidos estaba dispuesto a abrir un nuevo capítulo de diálogo con sus homólogos latinoamericanos, en el que existiera el respeto mutuo, intereses comunes y valores compartidos entre las naciones6.

El discurso y postura del Presidente Obama aun-que no haya presentado una línea de cambio en las políticas hacia la región, fue considerado como con-ciliador y flexible, lo que abrió en su momento espe-ranzas de una relación más dinámica y sobretodo de mayor apertura a las demandas y necesidades de la región. Sin embargo, diversos analistas han insistido que varios asuntos como la crisis financiera mundial, los grandes temas de las guerras en Irak y Afganistán, los intentos de Irán por conseguir armas nucleares, la difícil relación con China Popular y Rusia, dejaron un poco de lado las intenciones de retomar unas relaciones más cercanas con América Latina.

¿Cuál es la visión de la política exterior actual de Estados Unidos y el peso que ésta tiene en Latinoamérica?

la agenda del Presidente obama está car-gada de temas nacionales, caracterizada por una tendencia hacia una guerra cultural inter-na dejando relativamente poca energía para temas internacionales en general. en este sen-tido, los temas internacionales tienen su “locus” en otras partes del mundo que no son precisa-mente latinoamérica. su zona estratégica es el Medio oriente, países como israel, irán, y las guerras en afganistán e irak. todo eso opaca a latinoamérica. los únicos temas latinoameri-canos que captaron la opinión de los estados unidos fueron el terremoto de Haití y la crisis en Honduras.

Hasta hace poco, en el departamento de estado existió un vacío en su relación con la región –en gran medida porque no se había nombrado a arturo valenzuela como subsecre-tario de asuntos del Hemisferio occidental-, lo que obligó a la administración obama a seguir los lineamientos de la estrategia política del gobierno anterior. en este contexto surgió Honduras que representó un importante desa-fío y absorbió toda la capacidad que tenían los estados unidos en el departamento de estado para abordar, analizar e influenciar sobre cier-tos temas latinoamericanos. la situación no se pudo manejar adecuadamente y esto generó una crisis interna en la administración, porque aún teniendo el control del ejecutivo y el con-trol de e la cámara alta y baja del congreso, fueron dos senadores republicanos los que impusieron su visión sobre lo que debió haber ocurrido en Honduras. los demócratas no estu-vieron a la altura del primer gran desafío.

¿Cómo interpretamos la relación entre Nicaragua y Estados Unidos?

dentro de ese contexto, nicaragua aunque sí tiene cierta relevancia para estados unidos –como lo expresa arturo cruz- su nivel es mínimo ya que nicaragua no representa una amenaza estratégica. el salvador, en cambio, es más importante. un indicativo de esto es que el Presidente Funes se reunió con el Presidente obama en la casa blanca. estando claros de esto la pregunta importante es: ¿cuánto peso le da los estados unidos a que se opere y se fomente la democracia en los países latinoame-ricanos? no me refiero a guerras -eso está fuera de toda posibilidad-, sino en saber hasta dónde estarían los estados unidos dispuestos a usar las palancas de poder para tratar de encauzar los países de la región hacia la democracia y hacia la buena gobernabilidad. Hasta la fecha no han hecho mucho (estados unidos), más allá de suspender la cuenta reto del Milenio, que a mi criterio no fue una decisión sabia.

en el ámbito internacional lo que ortega quiere es que los estados unidos y los donan-tes internacionales le permitan consolidar su dictadura personal, familiar y si es posible financiarla indirectamente. daniel quiere que los estados unidos y donantes internacionales tradicionales, respeten el uso de los fondos venezolanos para que los utilicen en los pro-pósitos políticos y personales que él estima conveniente. en el fondo él tiene dos grandes financiadores, uno es venezuela y otro son los donantes tradicionales. y hasta la fecha ha logrado que ambos coexistan. la unión europea ha cancelado la ayuda presupuestaria, mientras lo estadounidenses cancelan la cuen-ta reto del milenio.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL EXTERIOR DE LA ASAMBLEA NACIONAL DIPUTADO FRANCISCO AGUIRRE SACASA

3 Ver: “la Política Exterior como Política de Estado” Memoria del Foro. 2 de diciembre de 2007. www.ieepp.org

4 Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-2012 capítulo I, Numeral IX, desde el número 69 hasta el 79. Pág. 27 – 29. Managua, Abril 2008.

5 Ver discurso: “la Política Exterior de Nicaragua” del Canciller samuel santos lópez. Madrid, España, 19 de febrero del 2010, Casa de América.www.cancilleria.gob.ni

6 Ver “obama agradece a ortega por no culparlo del pasado” la Prensa, 17 de abril de 2009. http://www.laprensa.com.ni/archivo/2009/abril/17/noticias/ultimahora/322557.shtml

inForMe de gestión Política exterior

90 91

que “Obama no tiene el tiempo en el día para pres-tar mucha atención a la región”9 y Peter Hakim10 Presidente de Dialogo Interamericano ha expre-sado que hay un ambiente de decepción por el primer año de Gobierno de Obama y su relación con Latinoamérica, ya que no ha podido establecer mayores y más cercanos vínculos, además de la poca madurez política que se vio en los casos de Honduras, así como con el establecimiento de bases militares en Colombia. De esta forma la supuesta firme determinación del presidente Obama para lograr una “asociación de igualdad” está muy largo de concretarse según la opinión generalizada de ana-listas de los principales centros de análisis dedicados a las relaciones de Estados Unidos con América Latina.

3.1 ¿DETERiORO DE RELACiONES?

Las relaciones con los Estados Unidos tuvieron momentos tensos y de normalidad enmarcados en la ya característica dualidad que mantiene el Gobierno, entre la siempre dura retórica del Presidente Ortega y algunos miembros de su Gabinete y los lazos de cooperación y comercio que básicamente se mantie-nen dinámicos.

En términos generales, los acontecimientos más significativos de las relaciones políticas entre Estados Unidos y Nicaragua tuvieron que ver como siempre con asuntos propios de la dinámica de la política interna de Nicaragua, y de la siempre insistencia del gobierno de los Estados Unidos a través de sus embajadores de involucrarse en estas situaciones. Sobresalieron en este periodo, asuntos relacionados con ataques a la sede de la Embajada de Estados

Unidos en Managua, la suspensión definitiva de la Cuenta Reto del Milenio y la sentencia que da vía libre a la reelección del Presidente de la República. Situaciones que generaron adversidades fuertes en las relaciones bilaterales y en un contexto en que oficialmente Nicaragua mantenía su decisión de no nombrar un representante diplomático en la capital estadounidense.

En efecto, ha transcurrido un año (marzo 2009) desde que Nicaragua no cuenta con embajador en Washington D.C., después que el ex Embajador Arturo Cruz anunciara el cese de sus funciones en la que posiblemente es la más importante sede diplo-mática para Nicaragua. El canciller Samuel Santos se refirió a esta situación en una visita que realizó a varios países de Europa en el mes de febrero de 2010. En esa ocasión expresó que el Gobierno de Nicaragua “aún busca un representante diplomático para Washington con el fin de mejorar las relaciones con ese país, ya que estas relaciones siempre ha teni-do sus altos y bajos”11.

El Embajador de Estados Unidos en Managua, Robert Callahan, afirmó en noviembre de 2009 que “obviamente hay problemas” en las relaciones entre su país y Nicaragua, y reconoció que los vínculos entre ambos gobiernos son apenas “regulares”12. Estas declaraciones demostraron en ese momento los problemas y molestias existentes por parte de Estados Unidos. Esencialmente las declaraciones del embajador Callahan, insistían en el proceso de deterioro de las libertades públicas y el orden demo-crático que ha afectado el país desde las irregularida-des señaladas durante las elecciones municipales de noviembre de 2008.

Sólo algunos acontecimientos en el hemisferio americano como la ruptura del orden democrá-tico en Honduras, las relaciones con Cuba y con el resto de países miembros del ALBA, el uso de bases militares en Colombia por militares estado-unidenses, han llamado la atención hasta cierto punto de la diplomacia estadounidense. Eventos que dejan como saldo una relación poco fluida entre Centroamérica y Estados Unidos. En lo que coinciden los pocos analistas especializados en las relaciones Centroamérica y Estados Unidos y esta-blecidos en Washington DC, como Kevin Casas del Brookings Institution, el enfoque de Estados Unidos hacia la región, previo al golpe de Honduras, estuvo centrado más en sus relaciones con México y Brasil. Con el primero por su importante e histórica relación de países fronterizos, y con el segundo por la posibilidad que puede representar Brasil como

interlocutor válido y fuerte con aspectos de potencia regional para gobiernos que en América Latina están desplazados a la izquierda del espectro político.

Desde el punto de vista de expertos en las rela-ciones de Estados Unidos con América Latina, el Presidente Obama debería prestar atención firme a la agenda hemisférica en su dimensión bilateral, regional y global, para así lograr renovar la confian-za y credibilidad en la política de Estados Unidos, devolviendo la cortesía y la cooperación a las rela-ciones interamericanas, y de esta forma, establecer las bases para un hemisferio más integrado política y económicamente7. Advierten que el presidente esta-dounidense no ha convertido a nuestra región en una de sus principales prioridades de política exterior, ni es probable que lo haga8. De igual forma, Michael Schifter, Director de Diálogo Interamericano dice

¿Qué hay que cambiar? ¿Cómo Usted se sentiría cómodo viendo las relaciones políti-cas de Estados Unidos y otros con Nicaragua? ¿En qué términos?

tener líderes que cambiaran la cultura políti-ca de nuestro país. considero que es mediocre continuar con esta dinámica donde la percep-ción es más importante que la realidad. a mí me gustaría que estados unidos y otros países cooperantes ayudaran a sostener la economía del país. en este aspecto, ellos tienen derecho a opinar sobre nuestra política al igual que lo tiene cualquier país democrático, sin que esto

necesariamente signifique ser injerencista. Me gustaría ver a un gobierno norteamericano y aquellos de la unión europea diciendo “esta-mos dispuestos a ser los socios de ustedes, pero ustedes tienen que demostrarnos que vale la pena invertir la plata de nuestros con-tribuyentes en su país”. los estados unidos con los europeos están cayendo en la trampa de financiar indirectamente el proyecto de daniel ortega, permitiendo que él utilice la ayuda no transparente venezolana, de una manera que no responda consideraciones de gobernabili-dad, transparencia y rendición de cuentas.

7 Ver Peter Hakim: “una segunda oportunidad: EE uu y América latina” revista Política Exterior nº 129, Mayo /Junio 2009. Ver también: “Another Chance for u.s. Policy in the Americas” http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/NavalWarCollege_May09_publication.pdf

8 Ver: Andrés oppenheimer: “obama y latinoamérica, un año después” El Nuevo Herald, 11 de mayo de 2009. http://www.elnuevoherald.com/2009/11/05/v-fullstory/580839/obama-y-latinoamerica-un-ano-despues.html#ixzz0iXnQlH3W

9 Michael schifter: “las prioridades de obama en América latina.” 15 de marzo de 2010. http://www.confidencial.com.ni/articulo/206/las-prioridades-de-obama-en-america-latina

10 Ver: “obama y latinoamérica: un decepcionante primer año” revista Foreign Affairs latinoamérica. Volumen 10. Número 1, año 2010.

11 Ver: “Buscan embajador para mejorar relación con EEuu” radio la Primerísima, 19 de febrero de 2010. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/gene-ral/70998

12 Ver: “Callahan señala problemas entre Nicaragua y EE.uu.” la Prensa, 19 de noviembre de 2009. http://www-ni.laprensa.com.ni/2009/11/19/politica/8237

inForMe de gestión Política exterior

Entrevista al Presidente de la Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional Diputado Francisco Aguirre Sacasa

92 93

Gobierno no aceptaría ningún “chantaje político”16. El retiro de esta cooperación no hizo más que demostrar con mayor vehemencia las posiciones tirantes entre ambos gobiernos. Pero en realidad, la importancia de esta cooperación fue soslayada por el gobierno nicaragüense y por el mismo presidente Ortega, al señalar que no era imprescindible debido a que tenía el apoyo del ALBA para hacerle frente, a través de la constitución de ALBA Solidaria con un apoyo de U$50 millones de dólares17. No obs-tante, hasta la fecha que abarca este reporte no se tenía evidencia, ni constancia oficial o pública que esta cooperación hubiera sido efectiva de parte de Venezuela en la dimensión planteada por el mismo presidente Daniel Ortega.

3.3 CRÍTiCAS A CORTE SUPREMA DE JUSTiCiA (CSJ) Y ATAqUES A EMBAJADA

El Gobierno de Daniel Ortega acusó a finales de octubre a Estados Unidos de “injerencia” ante la Organización de Estados Americanos (OEA)18, después de que tanto el Departamento de Estado, como el Embajador Callahan criticaran la actuación “precipitada” e “indebida” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, por la suspensión de un artículo constitucional, que impide la reelec-ción continua y por más de dos períodos como Presidente. Con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se limpiaba el camino para que el presidente Ortega tuviera la opción de presentarse nuevamente a elecciones y en caso de ganar, repetir su mandato. Asimismo, el Ministerio de Relaciones

Exteriores emitió un comunicado oficial, donde declaraba “inaceptable la política injerencista y des-estabilizadora del Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, expresada por el Embajador Robert Callahan”19. Algunos funcionarios y diri-gentes sandinistas reaccionaron también pidiendo al Gobierno que declarara “non grato” al Embajador Callahan20, al tiempo que seguidores del gobierno, orientados por operadores políticos cercanos al Presidente Ortega se manifestaron, lanzaron objetos y causaron daños a la Embajada estadounidense en Managua.

3.4 ViSiTA DE SENADORES ESTADOUNiDENSES Y SUBSECRETARiO ADJUNTO DE DEFENSA PARA ASUNTOS DEL HEMiSFERiO OCCiDENTAL

El 22 de febrero visitaron Nicaragua los senado-res estadounidenses Christopher Dodd (demócrata de Connecticut) y Robert Corker (republicano de Tennessee). Ambos se reunieron con líderes de la oposición política y con el vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo. En la reunión con la oposición dialogaron sobre las denuncias de un retroceso en la democracia, el combate al narcotráfi-co y los temores por la reedición de un conflicto béli-co en el país, en caso de que los comicios presiden-ciales del 2011 sean fraudulentos. Posteriormente sostuvieron un encuentro con el vicepresidente para abordar “temas de interés común” y “preocupacio-nes” bilaterales entre los que destacan mencionar las elecciones de la Costa Caribe, el futuro del Consejo

Consistente con esta posición de la representa-ción diplomática de Estados Unidos en Nicaragua, en diciembre del 2009, la Secretaria de Estado, Hilary Clinton, expresó preocupación por los líderes latinoamericanos que socavan el orden democrático y constitucional después de ser electos legítima-mente, como -en su opinión- ocurre en Nicaragua y Venezuela. En esas declaraciones, la Secretaria de Estado indicaba que “los líderes que son electos de manera libre, justa y legítima, pero que después de ser elegidos comienzan a socavar el orden constitu-cional y democrático, el sector privado, los derechos de los ciudadanos de vivir libres de hostigamiento, de represión y de poder participar libremente en sus sociedades”. De la misma forma, expresó que “cual-quier líder electo no debe solamente fortalecer su propia posición y su base de apoyo, sino respetar los derechos de los ciudadanos que lo eligieron construir sobre la base de la democracia para que el desarrollo democrático y económico vayan de la mano...” Fue en este punto cuando la titular del Departamento de Estado aprovechó para recalcar el mensaje de que los líderes, como Daniel Ortega y Hugo Chávez, se deben quedar en el camino de la democracia13. Las palabras de la Secretaria Clinton encontraron res-puesta pronto cuando en la VIII Cumbre del ALBA, Ortega dijo que “el imperialismo norteamericano es el principal terrorista del mundo… Terrorismo es continuar con esa política de querer definir la actuación de cada uno de los países en el mundo, no solamente en América Latina, sino en el mundo”14. Con esas declaraciones, se logra entender lo que son en realidad el flujo de relaciones diplomáticas entre dos países que no logran conciliar sus visiones sobre lo que esperan de sus relaciones políticas bilaterales. Nicaragua como parte del ALBA, es aun abundante

en su retórica antiestadounidense, y Estados Unidos no se desprende de la percibida por el gobierno del presidente Ortega, como molesta e incómoda acti-tud de inmiscuirse en los asuntos internos del país.

3.2 CUENTA RETO DEL MiLENiO

La Cuenta Reto del Milenio (CRM) Nicaragua, fue establecida como una iniciativa para aumentar los ingresos y reducir la pobreza en los departa-mentos de León y Chinandega por medio del cre-cimiento económico. La CRM es un programa de 5 años que se ejecuta gracias a una donación de US$ 175 millones de dólares, del Gobierno y pueblo de los Estados Unidos a través de la Corporación Reto del Milenio (MCC). La CRM trabaja en tres componentes: el Desarrollo de Negocios Rurales, Infraestructura Vial y el Fortalecimiento de los Derechos de la Propiedad15.

El Gobierno de Estados Unidos canceló en junio de 2009 un desembolso de aproximadamente 62 millones de dólares, de los 175 millones que con-templaba el programa de la CRM para Nicaragua. La decisión fue tomada debido a la falta de reformas significativas y fortalecimiento de la democracia, Estado de Derecho, libertad económica e inversión social, y especialmente por no tomar acciones para responder a las preocupaciones expresadas por los nicaragüenses y la comunidad internacional respecto a las irregularidades de las elecciones municipales de noviembre del 2008.

El vicecanciller Jaentschke, expresó que la sus-pensión de la CRM se debió a “una cadena de mentiras, manipulaciones y subjetividades” y que el

13 Ver: “Washington preocupado por Nicaragua.” Informe Pastran, 11 de diciembre de 2009

14 Ver: “ortega denuncia que EEuu conspira para destruir AlBA” radio la Primerísima, 15 de diciembre de 2009. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/66781

15 Ver: http://www.cuentadelmilenio.org.ni/

16 Ver: “Nicaragua no acepta chantajes políticos de Estados unidos” la Voz del sandinismo, 11 de junio de 2009. http://www.lavozdelsandinismo.com/nicara-gua/2009-06-11/nicaragua-no-acepta-chantajes-politicos-de-estados-unidos-dijo-vicecanciller/

17 El Presidente ortega expresó que “instrumentos poderosos como el AlBA”, garantizarían el aporte económico que los países donantes entregan de manera con-dicionada. Ver: “Mejor, “más libres” el nuevo diario, 27 de noviembre de 2008. http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/33503

18 Ver: “rechazo en la oEA injerencismo EEuu” radio la Primerísima, 26 de octubre del 2009. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/63329. Ver tam-bién: “Nicaragua denuncia en oEA injerencismo yanqui” el 19 digital, 30 de octubre de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7441:nicaragua-denuncia-en-oea-injerencismo-yanqui&catid=23:nacionales&Itemid=12

inForMe de gestión Política exterior

94 95

mecanismos de cooperación. También expresó el interés del Gobierno estadounidense de “seguir profundizando” la relación bilateral con Nicaragua y cooperar en el combate al crimen organizado ya que el Estado no es más el enemigo26. Lo que dejó en claro el sentimiento de cooperación y acercamiento que seguirán impulsando desde Washington no obs-tante los vaivenes del día a día en las relaciones de los dos países.

4. relaciones con la alianza bolivariana Para los Pueblos de nuestra aMérica (alba)

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fue fundada el 14 de diciembre de 2004, inicialmente por Cuba y Venezuela, posteriormente se sumaron Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Dominica. Los paí-ses miembros tienen una población de más de 75 millones de personas.

El ALBA es un mecanismo de integración dife-rente al esquema tradicional de las organizaciones internacionales, ya que la premisa de ALBA es que se necesita una “nueva forma de integración regional y una unidad política verdadera y más amplia para que tenga lugar un desarrollo con independencia, con una integración para fortalecer la soberanía y las relaciones sociales justas, en vez de liberalización y desnacionalización”27.

El ALBA surge a partir de una iniciativa del enton-ces Presidente de Cuba, Fidel Castro y el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, destinada a ser un contrapeso político y económico a Estados Unidos en su influencia en la región latinoamericana y cari-beña. A través del peso económico y estratégico que tiene el petróleo venezolano que es la principal carta de negociación para que otros Estados se adhieran a la iniciativa bolivariana.

El ALBA se sustenta ideológicamente a través del llamado “Socialismo del Siglo XXI”, que a partir de 2005 Chávez inició a proclamar como el sistema de Gobierno de Venezuela. El socialismo del siglo XXI es definido a través de tres teoremas “a) la

Supremo Electoral (CSE), las relaciones con el Ejército de Nicaragua y la lucha contra el narcotráfi-co21. El vicepresidente Morales expresó que también se abordaron la necesidad de ampliar el TPS22 a unos tres o cuatro mil nicaragüenses, la aprobación del waiver23, así como el tema de los misiles Sam- 7, el nombramiento del embajador de Nicaragua en Washington, las relaciones con Honduras y las refor-mas a la ley electoral24.

Posteriormente, y en ocasión de asistir al traspaso del general Julio Avilés como nuevo jefe del Ejercito de Nicaragua el Dr. Frank Mora, Subsecretario

Adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó que la idea del presidente Obama desde que asumió el poder era de “trabajar juntos de una manera multinacional, porque las amenazas y los desafíos a los que nos enfrentamos no son sólo amenazas transnacionales, sino que son amenazas no tradicionales, amenazas complejas, que un país no puede solucionar solo, y eso requiere una respuesta multinacional”25.

Asimismo, Mora dijo que mantienen una exce-lente relación bilateral con el Ejército de Nicaragua y que con seguridad seguirán profundizando los

“el comercio justo se debería de interpretar como un tipo de comercio que surge de una nueva relación, libre, directa y honesta (no fraudulenta) entre tres nuevos sujetos económicos: los productores en vías de empobreci-miento, los consumidores solidarios y los intermediarios sin ánimo de lucro”. el comercio justo se trabaja mediante un modelo más justo de intercambio comercial, posibilitando el acceso de los productores más desfavorecidos al mercado y promoviendo el desarrollo sostenible.

Espanica

19 Nota de Prensa del Ministerio de relaciones Exteriores, NP- 196-2009. 29 de octubre de 2009. www.cancilleria.gob.ni

20 Funcionarios como el Magistrado del Consejo supremo Electoral, José luis Villavicencio; el Coordinador de la bancada parlamentaria del FslN, Edwin Castro; el diputado gustavo Porras; el Viceministro de relaciones Exteriores, Manuel Coronel Kautz. Ver: “Washington y Managua elevan retorica” Informe pastran, 29 de octubre de 2009.

21 Ver: “senadores Eu toman pulso político a Nicaragua” la prensa, 23 de febrero de 2010. http://www-ni.laprensa.com.ni/2010/02/23/politica/17164

22 Estatuto de Protección temporal (tPs por sus siglas en inglés) es un estatus migratorio temporal que se otorga a los nacionales de países designados beneficia-rios, quienes temporalmente no pueden regresar a su país por correr riesgos debido a un conflicto armado continuo, una catástrofe ambiental u otras condicio-nes extraordinarias y temporales. Nicaragua en la actualidad tiene designado hasta el 5 de julio de 2010 el tPs. servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados unidos. http://www.uscis.gov/

23 Waiver es la aplicación de la disposición legal de la ley de Autorización de relaciones Exteriores de 1994 y 1995 que en su sección 527 prohíbe la ayuda bilateral de los Estados unidos y su apoyo en el otorgamiento de préstamos por parte de instituciones financieras internacionales a aquellos países en donde los ciudadanos estadounidenses no hayan recibido del gobierno local una indemnización adecuada y efectiva por sus reclamos de propiedades confiscadas. la prohibición de ayuda que se aplica a todo país que se encuentre en las mismas condiciones. Embajada de los Estados unidos en Nicaragua. http://spanish.nicaragua.usembassy.gov/

24 Ver: “senadores de Estados unidos concluyen visita” la prensa 22 de febrero de 2010. http://www-ni.laprensa.com.ni/2010/02/22/politica/17089

25 Ver: “El adversario ya no es un Estado” El Nuevo Diario, 21 de febrero de 2010. http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/68817

26 Ver: “EEuu con interés por profundizar nexos diplomáticos” radio la Primerísima, 22 de febrero de 2010. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/gene-ral/71169

27 Ver: “Financiamiento alternativo para el desarrollo: el papel de Venezuela y el AlBA” 22 de mayo de 2008 Alejandro Bendaña. http://www.cadtm.org/financia-miento-alternativo-para-el

inForMe de gestión Política exterior

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) es una pla-taforma de integración enfocada en los países de américa latina y el caribe sustentada bajo los principios de solidaridad, cooperación genuina y comple-mentariedad entre los países miembros y pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de izquierda. Fue fundada el 14 de diciembre de 2004, inicialmente por cuba y venezuela, posteriormen-te se sumaron bolivia, nicaragua, ecuador, Honduras, antigua y barbuda, san vicente y las granadinas y dominica.

Portal ALBA, 28 de Abril del 2004. http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&

pa=showpage&pid=1

96 97

mil reses a Venezuela y unas 27 mil toneladas de frijoles. También habló de iniciar la exportación de carne de pollo y de aceite de soya32.

No obstante los beneficios divulgados del ALBA en Nicaragua, sus operaciones son cuestionadas perennemente por casi todos los sectores no san-dinistas. Se indica que amparados en la supuesta solidaridad de esta iniciativa, ALBANISA, su brazo operativo en Nicaragua, esencialmente ha enriqueci-do y beneficiado por mucho a un grupo muy cerca-no a la familia del Presidente Ortega -y al Presidente mismo- mediante la adquisición de activos en casi todos los ámbitos de la economía nacional. De la cooperación obtenida en el marco del ALBA se ha criticado también fuertemente la no transparencia del uso de los fondos, y la negativa del liderazgo sandinista a incluir estos fondos el Presupuesto General de la República, en un contexto de pro-fundas limitaciones de carácter social. En general se aduce que los fondos ALBA son manejados como recursos privados ajenos a cualquier control dentro de la estructura de rendición de cuentas del sector público. Y que aunque se parte de la premisa que los beneficios del ALBA surgen de sendos acuerdos sus-critos de Estado a Estado, los recursos económicos son básicamente de libre y exclusiva disponibilidad para los más altos y cercanos operadores políticos al presidente Daniel Ortega.

Se argumenta que para el Gobierno de Nicaragua el ALBA y sobretodo Venezuela, es una de las mayores influencias políticas, económicas y sociales enmarcada en la cooperación sin controles pre-supuestarios, en la dinámica retórica anti estado-unidense, anti imperialista y anti sistema. Lo que para unos ALBA significa independencia, auto-determinación, comercio justo o solidario. Para otros, es un esquema de relaciones internacionales

sumamente ideologizado y politizado acorde a los lineamientos impuestos y seguidos por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) y la política del gobernante venezolano, Hugo Chávez. Para Mauricio Díaz, ex diplomático nicaragüense y Nelly Valdivia académica especializada en asuntos internacionales esa situación ha conllevado a que el Gobierno asuma posiciones que no dejan muchos resultados positivos y factibles al país y que además terminan uniendo al país a una desgastante cruzada anti imperialista.

4.1 REUNiONES DEL ALBA

Hasta febrero de 2010 el ALBA se había reunido en ocho ocasiones a partir de su creación en el año 2004. En todas estas reuniones han diversificado sus proyectos y ámbitos de cooperación e inversión entre los países miembros. Muchas han sido las pro-mesas de apoyo hacia los países que conforman el ALBA desde Venezuela.

En todas las reuniones una de las dinámicas que predomina es el sentimiento anti estadounidense y anti sistema en el cual encuentran un sustento ideológico para buscar nuevos países miembros que compartan esas ideas y sentimientos. Además de ofrecer ayuda en términos muy favorables en distintos campos económicos, sociales, culturales y ambientales.

4.1.1 VII reunión

El 17 de octubre del 2009 se llevó a cabo la VII Reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA – TCP), año en el cual estaba arribando a su quinto año de nacimiento como una herramienta integracionista en materia política,

apropiación del ciento por ciento del valor por los trabajadores, menos fondos de inversión y fondos sociales, lo que le confiere un alto Valor Adquisitivo Disponible (VAD) a las mayorías; b) el intercambio por equivalencias y, c) la democracia participativa”26.

Según los medios informativos pro ALBA, en cinco años de funcionamiento esta iniciativa se ha convertido en una realidad en el escenario hemisfé-rico y ha significado “una nueva forma de ejercer la solidaridad, la igualdad de deberes y derechos y el res-peto mutuo entre países hermanos de Latinoamérica y el Caribe, liberados de la hegemonía imperial y del dominio oligárquico… y como un nuevo esquema de integración verdadera, de nuevo tipo, justo y solida-rio”27. Para el presidente del Parlacen y Secretario de Relaciones Internacionales del FSLN, Jacinto Suarez, el ALBA es un “proceso de integración más integral, no un proceso con carácter estrictamente comercial”28. Por su parte, para el Presidente Ortega, es de suma importancia que Nicaragua sea parte inte-gral del ALBA ya que el país “se encuentra entre dos lógicas, la que impone el capitalismo global y donde se dictan reglas y acuerdos bajo la lógica del libre mercado y no se reconoce las asimetrías y otra lógica en un nuevo espacio del ALBA que no nos está plan-teando que recortemos los gastos sociales”29. En igua-les términos el canciller Samuel Santos refirió que el ALBA “constituye el paso de integración regional más avanzado y justo del mundo y ha permitido que se formen lazos de profunda solidaridad entre todos los pueblos iberoamericanos”30.

En términos generales las operaciones empresa-riales alrededor del ALBA son diversas. Existen los programas denominados ALBA Generación, ALBA Alimentos de Nicaragua (Albalinisa), ALBA Caruna, ALBA solidaria, ALBA forestal, ALBA Riegos y ALBA Solidaria. Todos, orientados con una lógi-ca mixta donde convergen intereses empresariales privados de gran magnitud, con acciones que se orientan a subsidios y apoyos económicos y en espe-cies a sectores sociales desfavorecidos. Según Rafael Paniagua, Gerente General de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), citando un informe de junio del año 2008 al 30 de noviembre del 2009 del 2009, se había beneficiado a más de tres millones 970 mil habitan-tes y generado más de 134 mil empleos de manera directa e indirecta. Alba Generación había aportado 290 megavatios al día, lo que representa un 57 por ciento de la generación nacional que el país nece-sita. Además, se habían beneficiado 6,395 grupos solidarios, 111,972 jóvenes mediante la construcción de 208 campos deportivos. Se construyeron mil 243 cuadras y 631 viviendas. También a través del Programa Nacional de Arroz, Venezuela se compró 183 mil quintales a Nicaragua de arroz. El Programa de Abono para el Pueblo distribuyó 21 mil tonela-das métricas de urea, a un precio diferenciado del normal31. Y según el vicepresidente de Albalinisa, Antonio Contreras, las expectativas para el 2010 son aún más grandes pues se proyecta duplicar las exportaciones al pasar de 110 millones de dólares que se lograron hasta octubre a 229 millones. Las operaciones incluirían además la exportación de 20

26 Ver: “El socialismo del siglo XXI rompió los controles ideológicos del sistema capitalista” de Heinz Dieterich. 23 de septiembre de 2007. http:b//www.aporrea.org/ideologia/a41533.html

27 Ver: “AlBA: fructífero balance en sólo 5 años” Nidia Díaz. granma, Cuba. 7 de diciembre de 2009. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/66221

28 Entrevista a Jacinto suarez. Diciembre 2008.

29 Ver: “El poderío del AlBA” la trinchera de la Noticia, 14 de diciembre de 2009. http://www.trinchera.com.ni/archivo/2009/diciembre/diciembre_14/cierre.html

30 Discurso de Canciller samuel santos lópez en la Casa América, Madrid, España. 19 de febrero de 2010. www.cancilleria.gob.ni

31 Ver: “AlBA ha hecho en Nicaragua lo que no hicieron en siglos” radio la Primerísima. 19 de diciembre de 2009. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/67089 32 Ver: “El poderío del AlBA” la trinchera de la Noticias, 14 de diciembre de 2009.

inForMe de gestión Política exterior

98 99

se dio la primera transacción comercial con la nueva moneda entre Cuba y Venezuela39. Nicaragua hasta febrero de 2010, no había anunciado ninguna acción que conllevara el uso del SUCRE.

Respecto al ALBA, Hugo Chávez, en una de sus intervenciones durante el evento, señaló que el foro es un “espacio geopolítico de integración y liberación”, en el cual se reúnen Gobiernos que mantienen ideologías similares y que buscan por medio de la solidaridad mejorar la vida de sus paí-ses, además de buscar la “liberación” de los Estados Unidos. Asimismo destacó que el Sistema Único de Compensación Regional (Sucre) “es un paso a la soberanía monetaria para liberarnos de la dicta-dura del dólar, que el imperio yanqui le impuso al mundo”40.

Como vemos, las reuniones de este bloque han buscado como inspiración la retórica antiestado-unidense y anti imperialista, anti libre comercio y con ideas de acelerar un cambio en el orden inter-nacional predominante, algo que ha dejado muy pocos réditos en Nicaragua, ya que según Mauricio Díaz y Nelly Valdivia, especialistas consultados para este Informe y que consideran que existe muy poca apertura del Presidente y sus operadores políticos, acompañado de “secretismo” en la relación con los países del ALBA, ante lo cual la mayoría de la población desconoce los acuerdos firmados en el marco del ALBA.

4.1.2 VIII Cumbre

La VIII Cumbre del ALBA se llevó a cabo en La Habana, Cuba del 11 al 14 de diciembre del 2009. En esa oportunidad el Presidente Ortega en su discurso, habló de la posibilidad de salir de la OEA, potenciar el Grupo de Rio (GRIO) donde está incluido Cuba y acusó a Estados Unidos de ser uno de los principales terroristas del mundo y de buscar los medios para crear “inestabilidad” en América Latina “con el único propósito de recuperar su hegemonía y destruir los procesos populares de la región”41, esto en el marco del golpe de estado en Honduras.

Los líderes del ALBA acordaron consolidar proyectos en energía, educación, salud y ciencia, y la entrada en vigor del sucre, moneda virtual que creó el bloque para el comercio intrarregional y que aspira a concretarse como el euro42. El Sucre debía iniciar sus funciones en enero 2010. Por otro lado, en el discurso del Presidente Chávez, sorprendió al hablar de un supuesto golpe de estado en contra de Nicaragua por parte de los Estados Unidos, Chávez dijo que “el imperio está tratando de recuperar lo que ellos llaman su patio trasero, y, en primer lugar, Centroamérica. Van a tratar de derrocar a Ortega…”43.

La alianza rechazó al acuerdo que permite a Estados Unidos usar siete bases militares en Colombia, por considerarlo un “peligro real” y la “amenaza más grave” a América Latina. Además de considerar que están en proceso de militarizar

económica, social y de cooperación sur-sur, además de un sistema que busca como dejar de tener como referente a naciones como Estados Unidos.

En la declaración final se incluye un llamado a respetar los derechos de la Madre Tierra; se consti-tuyó formalmente la aplicación de la moneda común denominada Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), el establecimiento de los principios fundamentales que regirán el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) y el apoyo al gobierno legítimo de Honduras33.

El presidente Ortega informó que compartiría con la empresa Gran Nacional de Alimentos de esa ins-tancia regional el proyecto de la utilización del enor-me volumen de agua del Gran Lago de Nicaragua para la irrigación de toda la zona del Pacífico, además de abastecer a las comunidades costeras de la zona. Ortega explicó en esa oportunidad que, al tener dos años de iniciado el proyecto irrigaría cinco mil hectá-reas para producir granos básicos, cereales, dotar del líquido a la ganadería y suministrar ya un total de 27 mil toneladas de alimentos por año. “En cinco años se estarían irrigando 65 mil hectáreas y esto produci-ría 297 mil toneladas de alimentos, cereales y granos básicos y en 15 años, se estarían irrigando 625 mil hectáreas para una producción de tres millones un mil toneladas por año”34.

El Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) fue creado como un mecanismo de transac-

ción comercial único que desplazaría al dólar como moneda de pago, con el fin de llegar a conformarlo como una divisa monetaria que pudiera ser utilizada a nivel interno y externo de las naciones que con-forman el ALBA. En declaraciones al diario ofi-cialista el 19, Orlando Gómez, Director General de América de la Cancillería indicó que la creación del sucre permitiría “potenciar la comercialización entre los países de las nueve naciones que conforman el bloque regional”; así como les facilitaría “el comer-cio sin necesidad de tener como patrón monetario el dólar, la iniciativa tiene también una intención política, que es irse desprendiendo como alianza y como país de esa dependencia del dólar…”35.

El Ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce, señaló que este sistema estaría dirigido a “incentivar el comercio exterior bajo los principios del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), un acuerdo político social y económico que reivindica los negocios justos, complementarios y solidarios para que los países de la ALBA superen sus asimetrías”36. Para el Viceministro boliviano de exportaciones Huascar Ajata el sucre significaría “ganar en soberanía económica, ganar en soberanía en la política monetaria entre nuestros países”37. La creación de una moneda en los países ALBA pretendía iniciar sus funciones a partir del 1 de enero del año 2010, con ese fin los Bancos Centrales tendrían que realizar ajustes en sus actuaciones. Pero fue hasta finales de enero de 2010 que el Presidente Chávez anuncio la entrada en vigor del SUCRE y tendría un valor de 1.25 dólares38. A inicios de febrero

33 Ver: “Concluye Cumbre del AlBA con una integración reforzada y con un llamado a defender el planeta” telesur, 17 de octubre de 2009.

34 Ver: “Compartirá Nicaragua con empresa alba proyecto en el gran lago” Informe Pastran, 19 de octubre de 2009.

35 Ver: “El sucre potenciará relación comercial de países del AlBA” El 19 digital, 19 de octubre de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&id=7121

36 Ver: “AlBA diseñará en noviembre plan de implantación del sucre” la prensa 19 de octubre de 2009. http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2009/octubre/19/noticias/ultimahora/355630.shtml

37 Ver: “países usarán moneda común para el comercio exterior a partir de 2010” Infolatam, 13 de octubre de 2009. http://www.infolatam.com/entrada/alba_pai-ses_usaran_moneda_comun_para_el_-16632.html

38 Ver: “ dos acciones del AlBA: solidaridad con Haití y el sucre". Juventud rebelde. www.juventudrebelde.cu/internacionales/2010-01-28/dos-acciones-del-alba-solidaridad-con-haiti-y-el-sucre.

39 Ver: “Venezuela y Cuba efectúan la primera operación con el sucre” 3 de febrero de 2010. http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1884245/02/10/Venezuela-y-Cuba-efectuan-la-primera-operacion-con-el-sucre.html

40 “AlBA busca ser foro político e incentivo comercial al margen de EEuu” AFP – 18 de octubre de 2009.

41 Intervención de Daniel en la Clausura de la VIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, AlBA, realizada en la Habana, Cuba 14 de diciembre del 2009

42 Ver: “ortega llama a abandonar la oEA.” El nuevo diario, 15 de diciembre de 2009. http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2009/12/15/politica/115582

43 Ver: “ortega llama a abandonar la oEA.” El nuevo diario, 15 de diciembre de 2009. http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2009/12/15/politica/115582

inForMe de gestión Política exterior

100 101

Nicaragua sea vista como una “alineación impues-ta” por Chávez debido al apoyo económico que ha brindado al Gobierno del presidente Ortega quien ha puesto la mayoría de las expectativas económicas y de cooperación en Venezuela. En la práctica esto ha implicado para el gobierno de Nicaragua dejar de lado o soslayar la importancia de socios tradicionales en el ámbito internacional, como Centroamérica y Estados Unidos, para auto asumir y auto imponerse cruzadas que tienen que ver con intereses personales y aspiraciones mesiánicas del presidente Chávez, más que con realidades a las que Nicaragua pueda aspirar en un contexto de desigualdad que lo ubica como uno de los países más pobres de América Latina48.

La idea de la alineación impuesta es completa-mente descartado por el canciller Samuel Santos pues la relación entre Nicaragua y Venezuela debe verse desde la perspectiva de dos gobiernos que comparten postulados de política exterior, al igual que se comparten esos postulados con países como Cuba, Brasil, Argentina, Bolivia y Chile. No obstan-te, Nicaragua tiene sus propias expectativas respecto a su política exterior. Particularmente para el caso de Venezuela “nos une la identidad del Alba, porque es un área política y comercial en la que nos hemos puesto de acuerdo. Son transacciones más justas, intercambios políticos”49.

4.2.2 Comisión Mixta

La Comisión Mixta Venezuela-Nicaragua50, se reunió en Managua el 4 de noviembre de 2009 para relanzar y ampliar los proyectos de desarrollo social que se ejecutan en Nicaragua bajo los principios soli-darios del ALBA. En esta reunión acordaron que se ampliarían los proyectos sociales como Una Casa Mejor, Casas para el Pueblo, Usura Cero, Hambre Cero y los programas de desarrollo agropecuario, que son financiados por la cooperación venezola-na. Igualmente serían ampliados los proyectos de exportaciones de vaquillas, frijoles, carne, leche, café, no solo para Venezuela sino para otros países del ALBA.

En dicha reunión destacaron que la cooperación entre Venezuela y Nicaragua ha tenido resultados positivos en beneficio de ambas naciones y pueblos. El Ministro de Agricultura y Tierras de Venezuela, Elías Jaua, expresó que “Nicaragua se ha convertido en una de las reservas estratégicas de Venezuela para enfrentar las políticas de desabastecimiento de los opositores al Gobierno, el monopolio de la agroin-dustria nacional que intenta chantajear al pueblo venezolano y al Gobierno”51.

nuevamente la región latinoamericana con esas bases y vigilar de cerca a las naciones que han optado por el Socialismo44. Según Chávez, “están convirtiendo a Colombia en una base militar yanqui” y tratando de cercar a Venezuela. El Presidente Ortega, ha dicho reiteradamente que las bases militares son una amenaza para la revolución en Venezuela y demás países que siguen la lucha de los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) de liberarse del imperialismo estadounidense y amenazan la sobera-nía, la paz y dignidad de América Latina45.

4.1.3 AlBA en Copenhague

La Alianza Bolivariana denunció que los países ricos no quieren resultados justos en la reunión que se celebró del 7 al 18 de diciembre de 2009 en Copenhague, Dinamarca, sobre el cambio climático, sino imponer un convenio que afecta al 80 por cien-to de la población mundial. La crisis ambiental que está viviendo el mundo “es consecuencia del sistema capitalista, del prolongado e insostenible patrón de producción y de consumo de los países desarrolla-dos, de la aplicación e imposición al resto del mundo de un modelo de desarrollo absolutamente depreda-dor”, según los miembros de la Alianza46.

En esta reunión Nicaragua participó a través del canciller Samuel Santos, quien en su discurso arre-metió contra las potencias económicas del mundo, culpándolas de ser las responsables de las graves

distorsiones del ambiente. Asimismo, se refirió a que en Nicaragua se ha venido trabajando “con claro sentido de responsabilidad y compromiso, a través del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y la participación directa de los nica-ragüenses en los consejos del poder Ciudadano, han iniciado acciones dirigidas a la preservación del medio ambiente Dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2007 – 2011, la Estrategia Nacional del Medio Ambiente, y la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, Nicaragua ha formulado y está ejecutando ya una Estrategia de Cambio Climático y una Estrategia Agroambiental y de Salud que con-templan acciones de prevención, mitigación y adap-tación al cambio climático a todos los niveles, desde el hogar hasta el ámbito nacional”47.

4.2 RELACiONES BiLATERALES

4.2.1 Venezuela – Nicaragua

La relación con Venezuela es vista y asumida por el Gobierno de Ortega como su vértice, su plataforma; la razón de ser para su proyecto social, político y económico. El peso e influencia del presi-dente Chávez cruza todos los ámbitos de la políticas domesticas e internacionales. Por eso, no es extraño que para diversos analistas la política exterior de

44 Ver: “AlBA condenó en declaración final bases militares y el golpe en Honduras” El 19 digital, 14 de diciembre de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8672:alba-condeno-en-declaracion-final-bases-militares-y-el-golpe-en-honduras&catid=24:internacionales&Itemid=15

45 Ver: “ Arremete presidente de Nicaragua contra bases militares en Colombia” http://colombia.noticiasabc.com/2009/11/09/arremete-presidente-de-nicaragua-contra-bases-militares-en-colombia/. Ver también: “Colombia y EE uu firman acuerdo sobre bases militares” radio la Primerísima, 30 de octubre de 2009. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/63710. “Presidentes de Bolivia y Nicaragua rechazan las bases de EEuu en Colombia” 9 de septiembre de 2009. http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=16159

46 Ver: “AlBA condenó en declaración final bases militares y el golpe en Honduras” El 19 digital, 14 de diciembre de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8672:alba-condeno-en-declaracion-final-bases-militares-y-el-golpe-en-honduras&catid=24:internacionales&Itemid=15

47 Discurso del Canciller samuel santos lópez ante la 15ava. Conferencia de las Naciones unidas sobre Cambio Climático. Copenhague, Dinamarca. 17 de diciem-bre de 2009.

48 Entrevista al ex Embajador Mauricio Díaz. 24 de febrero de 2010.

49 Ver: “En Nicaragua no hay libertad de expresión para el gobierno” El país, España. 22 de febrero de 2010. http://www.elpais.com/articulo/internacional/Nicaragua/hay/libertad/expresion/gobierno/elpepuint/20100222elpepuint_1/tes

50 la Comisión Mixta nace el 6 de marzo de 2007, con la “I reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre la república de Nicaragua y república Bolivariana de Venezuela. se constituyó para el desarrollo del intercambio solidario y justo entre ambos pueblos, e impulsar varios acuerdos de cooperación energética, agrícola y social. Ver: “Venezuela y Nicaragua instalan Comisión Mixta” El nuevo diario, 5 de marzo de 2007. Ver: “Instalan comisión mixta Venezuela-Nicaragua” la prensa, 5 de marzo de 2007. http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2007/marzo/05/noticias/ultimahora/177323.shtml

51 Ver: “AlBA ampliara proyectos en Nicaragua” Informe Pastran, 4 de noviembre de 2009

inForMe de gestión Política exterior

102 103

país, reveló que “el poderoso brazo financiero de Chávez logró sostener a Ortega desde que asumió, para consolidarle como su principal aliado político en Centroamérica y catapultarle a una eventual reelección consecutiva en los comicios de noviembre de 2011”57.

Pero más allá de las promesas cumplidas o incumplidas en materia de cooperación, lo cierto es que Venezuela se ha convertido en un importante socio comercial para Nicaragua. Estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN)58 reflejan que a lo largo de 2009, Venezuela se constituyó en el tercer socio comercial del país, solo por detrás de Centroamérica y Estados Unidos. Es claro en este sentido, que el gobierno del presidente Ortega ha logrado capitalizar las ventajas políticas sostenidas por ambos países en el contexto del llamado comer-cio justo, así como las ventajas productivas propias Nicaragua, abasteciendo con productos muy pun-tuales y de suma necesidad en una economía como la venezolana con profundas carencias alimenticias.

5. relaciones con el sisteMa de integración centroaMericana (sica

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) define en el Protocolo de Tegucigalpa como sus principales fines la Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. Se constituyó en 1991 para lograr que los Estados y pueblos unieran sus esfuerzos y lograr una integración regional a la medida de sus desafíos y logros.

Nicaragua ejerció la Presidencia Pro Témpore (PPT) en el primer semestre de 2009, donde esbozó como los grandes temas de la agenda nicaragüense la crisis financiera mundial, la seguridad alimentaria, la unión aduanera, la consecución de un acuerdo de asociación justo con la Unión Europea, entre otros.

A finales de junio la PPT fue entregada a Costa Rica, según el orden establecido en el SICA. Nicaragua en un primer momento pretendió no pasarla al vecino del sur, según las autoridades nicaragüenses porque Costa Rica no tenía un real compromiso con la integración. Desde el gobierno de Nicaragua se indicó que el presidente Oscar Arias no había acudido a las recientes cumbres del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)59, y sobre la base de esta situación se buscó apoyo de los demás Presidentes de la región para trasladarla a Guatemala, en un claro desacato a lo establecido en los Convenios centroamericanos. Esas pretensiones fueron fuertemente criticadas a lo interno del país y a nivel regional. Finalmente Ortega anunció que

4.2.3 Cooperación de Venezuela para suplir la Cuenta reto del Milenio

El 13 junio del 2009, el Presidente Ortega anunció el proyecto de cooperación denominada “ALBA Solidaria” que sería un fondo de 50 millo-nes de dólares para impulsar los proyectos que dejó inconcluso la Cuenta Reto del Milenio luego de su suspensión52. Luego el 25 de julio del mismo año el Ministro de Transporte e Infraestructura, Fernando Martínez, manifestó, que a inicios de septiembre del 2009 iniciarían los trabajos de ejecución de los tres proyectos de carretera que se supone iban a ser financiadas por medio de la Cuenta Alba-Solidaria. En total son 60 kilómetros previstos a ser rehabilita-dos con 35 millones de dólares que estarían siendo Alba-Solidaria53. Sin embargo, medios de prensa citaron que el Ministro de Hacienda había confirma-do que en realidad el programa venezolano entraría en operación a principio de enero del 2010, para construir algunas carreteras, y que los fondos serian manejados al margen del Presupuesto General de la República de ese año54.

Es complejo verificar en qué nivel estarían estos compromisos asumidos entre Venezuela y Nicaragua para reemplazar los fondos retirados de la Cuenta del Milenio. La opacidad informativa como norma de la gestión pública del gobierno, y en general la falta de acceso a información sobre las decisiones

que afectan a la cooperación venezolana limita emitir juicios sobre la veracidad de la cooperación prome-tida y los montos hasta hoy recibidos para solventar el vacío dejado por la cooperación de la Cuenta del Milenio.

4.2.4 Desconocimiento de posible Deuda Bilateral con Venezuela

La Asamblea Nacional aprobó en noviembre de 2009 una resolución para desconocer como deuda bilateral los fondos que envía el Gobierno de Venezuela a Nicaragua y que no han sido incluidos en el Presupuesto General de la República. La reso-lución estaba propuesta a ser enviada al congreso de Venezuela y plantea al gobierno de Daniel Ortega que, a partir de 2010, incluyera dentro del presupuesto la cooperación de Chávez55. Situación que en realidad no sucedió en el ejercicio presupuestario del 2010.

Los desembolsos y promesas del presidente Chávez a través de la denominada Albanisa, que es la entidad encargada de manejar los varios tipos de negocios y empresas “grannacionales”56 superarían los 7 mil millones de dólares desde enero de 2007, y abarcaría entre otros los sectores de energía, cons-trucción, agropecuarios, financieros, vivienda, salud y transporte. Un informe elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas de Venezuela (CIECA), grupo no estatal de estudios socioeconómicos de ese

52 Esta suma será desglosada de esta manera: 4 millones 343 mil dólares para la Intendencia de la Propiedad; 6 millones 493 mil dólares para INEtEr; 637 mil 970 dólares para el registro de la propiedad, 102 mil dólares 720 para resolución de Conflictos de Propiedad; 617 mil dólares para la Procuraduría general de la república; 252 mil dólares para INIFoM y 2 millones 553 mil dólares para el Programa de ordenamiento de la Propiedad. Ver: “El poderío del AlBA” la trinchera de la Noticia, 14 de diciembre de 2009. http://www.trinchera.com.ni/archivo/2009/diciembre/diciembre_14/cierre.html. también http://www.elpueblopresidente.com/El-19/4106.html

53 Ver: “Carreteras de Alba-solidaria empiezan en septiembre” radio la Primerísima, 25 julio de 2009 http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/57409

54 Ver: “operaciones misteriosas de AlBA solidaria” la Prensa, 7 de noviembre de 2009. http://www.laprensa.com.ni/2009/11/07/politica/7116

55 Ver: “Asamblea desconoce deuda con Venezuela” la prensa, 4 de noviembre de 2009. http://www-ni.laprensa.com.ni/2009/11/04/politica/6781

56 El concepto de empresas grannacionales surge en oposición al de las empresas transnacionales, por tanto, su dinámica económica se orientará a privilegiar la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas garantizando su continuidad y rompiendo con la lógica de la reproducción y acumulación del capital. En sitio web del Ministerio del Poder Popular para la comunicación e información de Venezuela. http://www.minci.gob.ve/doc/concep-tualizacion_de_proyectos.pdf

57 Ver: “Chávez busca enclave”. El nuevo diario, 4 de noviembre de 2009. http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/61024

58 Ver: Informe “Balance comercial de mercancías por principales socios comerciales”. http://www.bcn.gob.ni/publicaciones/mensuales/externo/exterior/3.pdf también ver: “Venezuela, el tercer socio comercial” El 19 digital, 14 de octubre de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=27:economia&id=7012:venezuela-tercer-socio-comercial-de-nicaragua&Itemid=18

59 Ver: “ortega busca apoyo para que Costa rica no presida el sICA” trinchera de la Noticia, 19 de junio de 2009. http://www.trinchera.com.ni/archivo/2009/junio/junio_19/nacional_10.html

inForMe de gestión Política exterior

104 105

empieza a debilitar el Parlamento Centroamericano.” Ortega explicó que se conspiró “utilizando la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para provocar la expulsión de República Dominicana del Parlamento Centroamericano”61. Asimismo el canciller Santos consideró que el golpe supuso un "debilitamiento de la institucionalidad democrática, tanto nacional como regional, incidencia negativa en la actividad comercial de la región, suspensión indefinida de proyectos regionales” además implicó el "entorpeci-miento de la negociación del acuerdo de asociación con la Unión Europea, aparte que para los órganos locales ha representado que Honduras se ha retirado de los aportes en los organismos de integración”62.

El proceso de integración se estancó por todas esas crisis que se sucedieron a través del segundo semestre de 2009, lo que ha representado un retraso en los avances tanto de los temas de agenda como en la mejora de la institucionalidad, que se ha visto afec-tada por la falta de voluntad política de los Estados de dar mayor eficiencia y eficacia a los distintos órganos del SICA.

El especialista en temas de integración Mauricio Herdocia aseguró que “los verdaderos desafíos del SICA están en fortalecer su vocación comunitaria, cumplir con los imperativos jurídicos que hacen de

los procesos de integración un verdadero Estado regional de derecho, acatar el principio de univer-salidad que significa que todos los estados parte del SICA sean también parte de todos los convenios y órganos medulares del SICA, y dar vida a una integración concreta, democrática, de impacto en la gente, lo cual implica trasladar funciones comu-nitarias a las instituciones y mostrar los beneficios visibles del proceso a una ciudadanía que sienta su pertenencia regional”63.

5.2 FALLiDA ADHESiÓN DE NiCARAGUA A UNiÓN ADUANERA64

Nicaragua se incorporaría al Protocolo de Modificación al Convenio Marco para el Establecimiento de una Unión Aduanera entre los Territorios de las Repúblicas de Guatemala y El Salvador el 4 de septiembre de 200965. Anteriormente El Salvador y Guatemala lo habían suscrito también en enero de 2009, Honduras se adhirió en mayo del mismo año.

Para el SICA, la adhesión de Nicaragua “se con-vertiría en un importante avance cualitativo y cuan-titativo en el proceso para la construcción de una Unión Aduanera Centroamericana”66, con el cual el

entregaría la presidencia pro témpore del SICA el 29 de junio. El mandatario nicaragüense señaló que “no perdemos las esperanzas, de que independien-temente del hecho que estamos más avanzados en la integración Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que también el pueblo costarricense se vaya incorporando con más fuerza, igual que el pueblo panameño”60.

5.1 PROCESO DE iNTEGRACiÓN

Han sucedido diversos acontecimientos en los países que conforman el SICA, que han trastocado la dinámica con la que venía trabajando. Por ejem-plo en Honduras, se efectuó un golpe de estado, en Guatemala surgieron voces de sectores fuertes para destituir al Presidente Álvaro Colom, en El Salvador

asumió por primera vez un presidente de izquierda y en Panamá llegó a la presidencia Ricardo Martinelli, que es de clara posición política de derecha. Todos esos acontecimientos han generado cambios en la correlación política de la región y dado una dinámica nueva al SICA, pero no han sido catalizadores de un fortalecimiento institucional ni avances en el proceso de integración, generando atrasos y debilitamiento al proceso integracionista.

Nicaragua por medio del Presidente Ortega mani-festó que “la integración centroamericana ha venido siendo seriamente afectada por el golpe de estado ocurrido en Honduras y la conspiración contra el Parlamento Centroamericano (Parlacen)”. En ese contexto el Presidente Ortega expresó que existe una “conspiración contra el Parlacen, después del golpe la situación cambia y por diferentes razones se

60 Ver: “Daniel confirma entrega de presidencia sICA a Costa rica” radio la Primerísima, 21 de junio de 2009. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/gene-ral/55212

61 Ver: “Presidente hace llamado a defender integración centroamericana” El 19 digital, 4 de diciembre de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8461:presidente-daniel-hace-llamado-a-defender-integracion-centroamericana&catid=23:nacionales&Itemid=12

62 Ver: “golpe en Honduras lastra la unión centroamericana” El Nuevo Diario, 19 de febrero de 2010. http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/68664

63 Ver: “El sistema de integración necesita integrarse” El Nuevo diario, 20 de septiembre de 2009. http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/57565

64 la unión Aduanera, “es la sustitución de dos o más territorios aduaneros por uno solo, entre los cuales existe libre movilidad de bienes independientemente del origen, eliminando los derechos aduaneros para todos los productos y cuyos miembros aplican idénticos aranceles y restricciones a terceros países; un Arancel Externo, política comercial externa y administración aduanera comunes; y un mecanismo de recaudación, administración y distribución de los ingresos tributarios; requisitos necesarios para la eliminación de los puestos fronterizos entre los países parte”. Entre las principales ventajas de la unión Aduanera, están una mayor fluidez del comercio, disminución de costos en la administración pública y el transporte, uso racional de la infraestructura y fortalecimiento de la posición negociadora frente a terceros. se espera que la unión Aduanera entre El salvador, guatemala y Honduras beneficie a las empresas a la vez que fomente el empleo en estos países. www.sica.int

65 Ver: “Nicaragua se incorpora a la unión Aduanera Centroamericana” El nuevo diario, 1 de septiembre de 2009. http://www.elnuevodiario.com.ni/econo-mia/56090

66 Ver: “sICA anuncia a Mel en adhesión de Nicaragua unión aduanera” la primerísima, 2 septiembre de 2009. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resu-men/59863

inForMe de gestión Política exterior

el sistema de integración centroamericana (sica), es el marco institucional de la integración regional de centroamérica, creado por los estados de belice, costa rica, el salvador, guatemala, Honduras, nicaragua y Panamá. asimismo, participan la república dominicana como estado asociado; los estados unidos Mexicanos, la república de chile y la república Federativa del brasil como observadores regionales; la república de china (taiwán), el reino de españa y la república Federal de alemania, como observadores extra regionales. el sica fue constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante la suscripción del Protocolo a la carta de la organización de estados centroamericanos (odeca) o Protocolo de tegucigalpa, el cual reformó la carta de la odeca, suscrita en Panamá el 12 de diciembre de 1962; y entró en funcionamiento formalmente el 1 de febrero de 1993. el sica lleva a cabo aproximadamente 100 pro-gramas regionales ejecutados por sus distintas entidades y que abarcan áreas tales como turismo, Medio ambiente, economía, educación y cultura, institucionalidad y Programas sociales. la Presidencia Pro- tempore del sica es rotada de manera semes-tral y entro en vigencia a partir del ii semestre del 1999.

Portal SiCA, 2009.http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx?idEnt=401

106 107

y solidaridad que contribuyan a lograr un acuerdo equitativo. Sin embargo, en lo relativo a medidas sanitarias y fitosanitarias y reglas de origen, medidas arancelarias, entre otras barreras al comercio, la negociación ha sido tensa y de poca flexibilidad por parte de la UE.

Hasta la fecha que cubre este reporte, los gobiernos centroamericanos y la clase política aún no lograban dar evidencia creíble que llevara a asumir un interés por sobreponer los intereses de la región y de los pue-blos, a los intereses de partidos y de visiones corto-placistas para avanzar hacia un verdadero proceso de supranacionalidad. Es claro que el balance indica que en la región todavía pesa la falta de voluntad política para trascender del discurso a un verdadero fortale-cimiento del Sistema de la Integración Regional. Si la integración fuera algo más que un discurso, es evi-dente que se podrían construir consensos en la diver-sidad compleja que es Centroamérica, para lograr un bloque sólido que les permitiera negociar con mayor consenso y fuerza frente a la Unión Europea. Máxime reconociendo las asimetrías que caracterizan a ambas regiones y por los riesgos mismos que implica para Centroamérica el haber aceptado entrar en una negociación en la cual, la arquitectura en esencia de la negociación ya es asimétrica, y en donde se denota que en realidad ninguna de las dos regiones logra la integralidad en la negociación de los pilares políticos, económicos y de cooperación.

En la semana del 22 al 26 febrero de 2010, se volvió a retomar el ritmo de las negociaciones y se llevó a cabo la VII Ronda de Negociación entre Centroamérica y la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. El jefe de la delegación de la Comisión Europea (CE) para Centroamérica y Panamá, Mendel Goldstein expresó en el contexto de esa

reunión que la idea era progresar rápidamente. “No empezaremos de cero, ya tenemos el 75 y 80 por ciento del tratado negociado”69. Por su parte, los empresarios nicaragüenses, esperaban que en esta ronda se definieran las cuotas de entrada de impor-tantes rubros nacionales como la carne, el banano, el azúcar y el ron70. Sin embargo, no se concretó nada en esta nueva ronda sobre el tema comercial, debido a la poca apertura de la Unión Europea para permi-tir el acceso y las cuotas a los principales productos nicaragüenses y centroamericanos. Dejando este tema para la próxima ronda de negociaciones, que se estaría llevando a cabo en marzo de 2010.

6. relaciones bilaterales en centroaMérica

6.1 COSTA RiCA

La relación con los vecinos del sur entre julio y diciembre de 2009, no pasaron de ser regulares y en cierta medida retóricas debido a las constantes desavenencias que se producen entre los gobernan-tes de ambos países desde el 2007. La enemistad entre los Presidentes Ortega y Arias que data desde los años ochenta, cuando ambos fueron Presidentes por primera vez, se ha visto reflejada nuevamen-te en distintos escenarios y por una variedad de temas nacionales, regionales e internacionales. Sin embargo, para el especialista costarricense en rela-ciones internacionales, Carlos Murillo Zamora las relaciones entre ambos países debe verse a partir la expectativa por quién ganaría las elecciones en Costa Rica. “Esto creó un impasse en las relaciones bilaterales pero también ambos gobiernos tuvieron otros temas en la agenda doméstica más relevantes que las relaciones bilaterales y no hay que olvidar

comercio intrarregional se vería incrementado, favo-reciendo a las economías de los países que confor-man la Unión Aduanera. Según cifras del SICA en el año 2008, el comercio intrarregional alcanzó un monto de $ 6,373 millones de dólares. Sin embargo la adhesión de Nicaragua fue suspendida “por pro-blemas de agenda” de los presidentes del CA-467, y hasta finales de febrero de 2010 no se había realiza-do o por lo menos conocido públicamente alguna acción sobre el tema.

5.3 ACUERDO DE ASOCiACiÓN UE – CENTROAMéRiCA68

Centroamérica y la Unión Europea están en un proceso de negociación de un Acuerdo de Asociación entre ambas regiones, iniciado en abril del 2007. Al culminar el año 2009 se han desarro-llado ya VI rondas de negociación. La séptima no fue posible por el retiro de Nicaragua y luego por el golpe de estado suscitado en Honduras con todas las implicaciones políticas, económicas y sociales que ello conllevó.

Las mayores tensiones a esa fecha están en lo relativo al diálogo político en el marco institucio-nal en cuanto al concepto de “Parte”. La Directiva de Retorno aprobada por la UE se observó en Centroamérica como un acto de criminalización de la migración, ante lo cual los centroamericanos pro-ponen una política migratoria entre ambas regiones basada en un marco de derechos de los/as migran-tes establecido en las Convenciones de Naciones Unidas, en los Convenios de la OIT y en los pactos y tratados internacionales sobre derechos humanos.

Desde la sociedad civil la principal preocupa-

ción es que aunque en los discursos se hablaba del interés de ambas partes de fortalecer el proceso y el Sistema de Integración Centroamericana, no obstante Panamá y Costa Rica tienen una especie de Integración “a la carta”, ambos son parte de las Secretarías del sistema, y de algunos órganos como la reunión de presidentes y El Consejo de Ministros. Pero ni Costa Rica, ni Panamá participa de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Sin embargo, para aprovechar este acuerdo Panamá propone una Secretaría de Integración Económica (SIECA) más uno (más Panamá) y en lo relativo a la instancia de seguimiento que tendrá este acuerdo integrado por el PARLAMENTO Europeo y el PARLACEN, Costa Rica propone una instancia por Centroamérica, que es PARLACEN más representantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Definitivamente esto evidencia que el SICA se continúa debilitando más que fortalecerse estratégicamente en otro más comu-nitario, más integrador y al servicio de la ciudadanía centroamericana.

En el pilar de Cooperación las partes han avan-zado en varios temas, no obstante la mayor tensión ha estado en el Fondo Económico Financiero que Nicaragua ha presentado. Desde un inicio esta propuesta no logró el consenso centroamericano y la Unión Europea ha planteado claramente que el monto que se propone es de proporciones con las que ellos no pueden comprometerse. No obstante, han formado una comisión paralela a la negocia-ción para ir abordando este tema, sin que todavía se conozcan resultados al respecto. En el pilar de Comercio es quizá donde estén las mayores dificul-tades, ya que es el pilar en donde el trato real a las asimetrías debería verse mas diáfanamente garan-tizando la aplicación de medidas de transitoriedad

67 Ver: “suspenden acto de adhesión de Nicaragua a unión aduanera” la prensa, 2 de septiembre de 2009. http://archivo.laprensa.com.ni/movil/suspenden-acto-de-adhesion-de-nicaragua-a-union-aduanera-7735.html

68 Este sub capítulo fue desarrollado en conjunto con la sra. Haydeé Castillo Flores, Miembro del Foro de Mujeres para integración de Centroamérica y del CCsICA

69 Ver: “Acuerdo con la uE está en la recta final” la prensa, 29 de enero de 2010. http://www.laprensa.com.ni/2010/01/29/economia/14618

70 Ver: “Istmo espera con entusiasmo negociaciones con uE” El Nuevo Diario, 15 de febrero de 2010. www-ni.elnuevodiario.com.ni/nacionales/68370

inForMe de gestión Política exterior

108 109

Los derechos de Costa Rica se limitan entonces a navegar con objeto de comercio en la parte del río San Juan autorizada por el Tratado, pero no podrá hacerlo con fines de relevo de personal en puestos de Policía Fronteriza a lo largo de la margen derecha del río, y del avituallamiento de esos puestos con el equipamiento oficial, incluyendo armas de servicio y municiones.

El fallo de la CIJ motivó declaraciones triunfa-listas del Gobierno de ambos países. En Nicaragua, el Presidente Ortega interpretó la sentencia de la CIJ como una ganancia para ambas naciones, y en ese sentido ratificó que “el río le pertenece a Nicaragua”. El canciller Samuel Santos calificó la sentencia como “un triunfo para Nicaragua. No cabe la menor duda”. Por su parte el representante de Nicaragua ante la Corte, Carlos Argüello expresó: “La Corte dejó clarísimo, que Costa Rica no tiene ningún derecho a circular con sus autoridades por el río San Juan. Ninguna autoridad costarricense, con armas o sin armas, tiene derecho a circular por el río San Juan, por cualquier propósito: ni para abastecer sus puestos de seguridad, o con cualquier finalidad”78. Sin embargo, la oposición y los medios de comunicación nicaragüenses se mostraron poco convencidos con el triunfalismo del Gobierno y dejaron ver que el caso ni fue ganado por Nicaragua, ni fue bien manejado por el Gobierno y que Costa Rica ganó al ampliárseles los derechos79.

Con la sentencia, Nicaragua puede y debe regla-mentar, inspeccionar y emitir permisos de nave-gación a las embarcaciones costarricenses en las aguas del río. Es así como el 24 de septiembre, el Presidente Ortega introdujo el Decreto y las normas

de reglamentación para la navegación por el río y la creación de la Comisión Interinstitucional para desarrollar e implementar la Reglamentación de la Navegación en el Río San Juan, específicamente en la parte donde la Corte Internacional de Justicia, le otorga derechos limitados de navegación a la República de Costa Rica80.

Finalmente la sentencia de la CIJ sienta las bases para que ambos países inicien un proceso de desa-rrollo de esa zona tan pobre del país y destinen los recursos necesarios. Que ya no sea visto el río como un motivo de discordia y enfrentamiento entre los Gobiernos por un recurso natural que debería ser percibido como una oportunidad para un desarrollo socioeconómico y ambiental sostenible.

6.1.2 ley de Migración

En agosto de 2009, el Presidente Arias firmó las reformas a la Ley de Migración y Extranjería, apro-badas por unanimidad en el Congreso. Entre los cambios que contiene la nueva ley, es que elimina los matrimonios por poder que contempla la actual legislación, obligando a los extranjeros casados con costarricenses que usen el matrimonio para obtener residencia legal en el país a demostrar “conocimien-to recíproco” de la pareja al momento de solicitar por primera vez o revalidar la cédula que le otorga ese estatus migratorio.

También permite sancionar el delito de tráfico ilícito de personas y establece medidas para fortale-cer los controles de ingresos y salidas de extranjeros del país, con la creación de la policía migratoria81.

que para la administración Arias, Centroamérica no fue prioridad…”71.

Las divergencias económicas, políticas y sociales existentes hacen que los intereses de cada país mar-quen una agenda compleja y hasta cierto punto difícil de mantener en un nivel de concordancia necesaria. Tal fue el caso, como se ha referido en paginas ante-riores, que se suscitó en junio de 2009 con las dificul-tades que se dieron para el traspaso de la Presidencia Pro Tempore (PPT) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) del Gobierno. En esa oportunidad el gobierno nicaragüense manifestó su rechazo a trasladarle a Costa Rica la Presidencia Pro Tempore y trató de entregarla a Guatemala72, aduciendo que prefería no darla a Costa Rica ya que consideraban a este país como “anti integracionista” y “mañoso” en su relación con los vecinos, según expresó el vicecanciller Coronel Kautz. Costa Rica calificó de “irrespetuosas, inapropiadas y hostiles”, las expresiones del vicecanciller Coronel Kautz. En iguales términos se refirió el secretario de Relaciones Internacionales del FSLN Jacinto Suárez “lo único que le interesa es la integración económica, pero, además, desde una posición ventajista, oportunista, Arias pasará seis meses al frente del SICA tratando de destruirlo. Solo cosas malas podemos espe-rar…”73. En su oportunidad, Guatemala rechazó la posibilidad de aceptar la Presidencia Pro Tempore

del SICA y reiteró que Costa Rica debía de asumir-la74. Finalmente el Presidente Ortega anunció que entregaría la Presidencia del SICA a Costa Rica el 29 de junio de 2009.

En realidad, el carácter obligatorio de la rota-ción geográfica cada 6 meses de la Presidencia Pro Tempore del SICA está definido y establecido75 y ningún Gobierno puede caer en desacato ya que estaría causándole un gran daño a la institucionalidad del sistema de integración. Otro punto álgido fue el papel que jugó Oscar Arias en la búsqueda de solu-ciones para el caso de Honduras, donde fue esco-gido como mediador entre las partes enfrentadas; intervención que para las autoridades nicaragüenses obedecía únicamente a imposiciones de Estados Unidos para que Arias tuviera protagonismo a nivel regional.

6.1.1 Fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el río san Juan

La Corte Internacional de Justicia, emitió su fallo sobre el río San Juan el 13 de Julio76 dejando de lado las pretensiones costarricenses de hacer uso del río sin control alguno de las autoridades nicaragüenses, asimismo no le permitió el transporte de la Fuerza Pública con armas77.

71 Entrevista escrita al especialista, profesor costarricense y Doctor en relaciones Internacionales Carlos Murillo Zamora.

72 Ver: “Nicaragua podría entregar presidencia sICA a guatemala y no a Costa rica” el 19 digital, 25 de Mayo de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3433:nicaragua-podria-entregar-presidencia-sica-a-guatemala-y-no-a-costa-rica&catid=23:nacionales&Itemid=12

73 Ver: “Managua descarta ceder sICA al país este viernes”. la nación, 17 de junio de 2009. http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/junio/17/pais1999010.html

74 Ver: “ortega entregará el sICA a Arias” El nuevo diario, 16 de junio de 2009. http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2009/06/16/nacionales/103662

75 Ver: “Protocolo de tegucigalpa a la Carta de la organización de Estados Centroamericanos (oDECA)” en la XI reunión de Presidentes centroamericanos, tegucigalpa, Honduras, 13 de Diciembre de 1991, en su Artículo 14.- la reunión de Presidentes se integra por los Presidentes constitucionales de los Estados Miembros, y se realizará ordinariamente cada semestre, y extraordinariamente cuando así lo decidan los Presidentes. sus decisiones se adoptarán por consenso. El país sede de la rEuNIoN DE PrEsIDENtEs será el Vocero de Centroamérica, durante el semestre posterior a la realización de la misma.”

76 Costa rica demandó a Nicaragua en la CIJ para lograr la navegación de sus guardias armados por el río san Juan, en el año 2005.

77 Fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 13 de julio de 2009 Judgment “Case concerning the dispute regarding navigational and related right.” Costa rica v. Nicaragua

78 Ver: “Diferentes ópticas sobre fallo de CIJ.” El nuevo diario, 14 de julio de 2009. http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2009/07/14/nacionales/105496

79 Entre los principales detractores se encuentran leonel teller, Vocero del PlC, los ex cancilleres Eduardo Montealegre, Francisco Aguirre, el ex vicecanciller Víctor Hugo tinoco.

80 Ver Nota de prensa del Ministerio de relaciones Exteriores del 24 de septiembre de 2009.

81 Ver: “Arias sanciona ley de Migración” la prensa, 20 de agosto de 2009.

inForMe de gestión Política exterior

110 111

en virtud de que contraviene la legislación ambiental local e internacional”84.

En noviembre de 2009, se llevó a cabo una audiencia oral pública promovida por la Sala Constitucional de Costa Rica, en la cual costarricen-ses que están en contra de la minería a cielo abierto explicaron a parte del cuerpo judicial los proble-mas que conllevaría las actividades mineras en Las Crucitas. Para el ambientalista Marco Tulio Araya, presidente del organismo Unovida, el gobierno de Nicaragua debería asumir una posición más tajante frente al proyecto minero Crucitas, ubicado a unos tres kilómetros en línea recta del San Juan, para evitar su posible contaminación por el uso de quí-micos al extraer oro. Según Araya, la posición del Gobierno de Nicaragua ha sido muy tibia, de cara a la contaminación catastrófica que podría sufrir el río San Juan mediante el arrastre de sedimentos de cianuro, los cuales llegarían al río nicaragüense a través del cauce del río Infiernillo. “El Gobierno de Nicaragua debería tomar mejores acciones como recurrir a convenios internacionales, para frenar este proyecto que afectaría sus aguas superficiales y mantos acuíferos regionales”, recomendó Araya85.

ONG que trabajan en temas medioambientales en Nicaragua solicitaron “suspender”86 las relaciones diplomáticas con Costa Rica por este tema. Hasta el mes de febrero que abarca el presente Informe no se conocían mayores acciones del gobierno de Nicaragua sobre el tema.

6.1.4 roces diplomáticos

Con la gestión del presidente Ortega y la del pre-sidente Arias, las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica parecieran estar destinadas a desavenencias y problemas de toda índole por antonomasia. En el segundo semestre de 2009, en el mes de noviembre el periódico costarricense La Nación investigó e informó de “irregularidades” en el uso de los vehí-culos acreditados como diplomáticos de parte de la embajada nicaragüense en ese país. Cabe resaltar que cada Embajada en el país receptor tiene derecho para introducir vehículos exonerados de los impues-tos pertinentes. No obstante, según lo establecen la Convención de Viena y las leyes costarricenses, los vehículos exonerados por razones diplomáticas solo pueden ser usados por las embajadas y consulados, o sus funcionarios debidamente acreditados87.

Sobre ese particular, las autoridades costarricen-ses exigieron al embajador de Nicaragua, Harold Rivas, explicar por qué su hermano y Presidente del Consejo Supremos Electoral Roberto Rivas Reyes y su familia, utilizan en Costa Rica esos vehículos exo-nerados, con placas asignadas a esa sede diplomáti-ca. El canciller costarricense Bruno Stagno calificó este hecho como “muy desafortunado” y explicó que la Cancillería tiene la potestad de declarar “non grato” al agente diplomático que incumpla la norma-tiva que regula los privilegios y beneficios otorgados por el país88.

Además, por cada gestión migratoria, los extranjeros deberán pagar 25 dólares, con los que se financiará un Fondo Migratorio mediante el cual se costearán los servicios de salud, educación y seguridad ciu-dadana que Costa Rica ofrece a la población inmi-grante. A la vez, la legislación refuerza la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes, pues prohíbe a la policía detener a alguien por más de 24 horas para verificar su estatus migratorio. También se establece una multa de 100 dólares por mes para la persona extranjera que permanezca de manera irregular en el país y se sancionará a las personas que contraten a inmigrantes sin papeles. La información disponible indica que en Costa Rica viven 311.758 extranjeros de forma legal, según datos oficiales, la mayoría de origen nicaragüense. Además, existe un número imposible de precisar que puede ser entre 200.000 y 500.000 inmigrantes ilegales, lo que convierte a ese país en uno de los que mayor flujo migratorio tienen en el mundo en relación a su población82.

Estas nuevas reformas a la Ley de Migración, estaban prevista a entrar en vigor en marzo de 2010, con las que Costa Rica espera ordenar un poco las oleadas migratorias. Sin embargo, para Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones y el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), constituye un duro golpe para los migrantes nicaragüenses que residen allí ya que casi la totalidad de los migrantes hacia ese país vecino son pobres y no podrán apelar las resoluciones administrativas de deportación83. Por su parte, el Gobierno no se manifestó públicamente en ningún sentido sobre los nuevos cambios que incorporaría dicha Ley.

6.1.3 Minería a cielo abierto “las Crucitas”

El temor que ha generado la explotación a cielo abierto en la zona de Las Crucitas en Costa Rica, cerca del río San Juan hizo que distintas organi-zaciones ambientales exhortaran al Gobierno de Nicaragua y Costa Rica a detener el proceso de permisos para iniciar los trabajos de extracción de oro y otros minerales. El Gobierno de Nicaragua en el año 2008 por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el MARENA, sentó su posición clara y firme sobre este asunto protestando y exigiendo por medio de nota diplomática a las autoridades costarricenses por haber otorgado una resolución positiva de viabilidad ambiental emiti-da por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el 24 de abril de 2008, a la Empresa Minera Infinito, subsidiaria de la Empresa cana-diense Vanesa Ventura, para la explotación de una yacimiento aurífero.

Ante esa posibilidad la mayoría de diputados nicaragüenses respaldaron una resolución legislativa donde resuelve “exhortar al gobierno de Nicaragua a revisar las políticas de promociones y otorgamiento de concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan, adecuando la legislación vigente en esta mate-ria para evitar la instalación y operación de empresas que puedan contaminar el ambiente y causar daños irreversibles a estos ecosistemas”. Igualmente, los diputados resolvieron solicitar a sus homólogos costarricenses, a través de las instancias regionales correspondientes, “la revisión y derogación del Decreto en el que se declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas,

82 Ver: “Costa rica se dota de una nueva ley de migración” radio la Primerísima, 5 de agosto de 2009. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resu-men/57997

83 Ver: “ley de migración costarricense afecta a migrantes nicas” radio la Primerísima, 6 de octubre de 2009 http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/gene-ral/62122

84 Ver: “Diputados exhortan suspender concesiones mineras en río san Juan” El Nuevo Diario, 23 de septiembre de 2009. http://www.elnuevodiario.com.ni/politi-ca/57806

Ver también: “Diputados solicitan frenar proyecto minero” la prensa, 24 de septiembre de 2009.

www.laprensa.com.ni/archivo/2009/.../24/.../351090.shtml

85 Ver: “Piden a ortega frene contaminación del río san Juan” la prensa, 13 de noviembre de 2009.

http://www-ni.laprensa.com.ni/2009/11/13/nacionales/7719

86 Ver: “llaman a romper con Costa rica por proyecto minero” El nuevo diario 20 de enero de 2010.

87 Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas de 1961. ley de reajuste tributario (ley Nº 7088 del 30 de noviembre de 1987

88 Ver: “País pide cuentas por uso de vehículos exonerados a nicas” la Nación, 17 de diciembre de 2009

inForMe de gestión Política exterior

112 113

En octubre, el Presidente Ortega indicó durante su intervención en la VII Cumbre del Alba que se realizaba en Bolivia que miembros de la resistencia de Honduras estaban buscando armas en países centroamericanos, para enfrentar al Gobierno de Micheletti. Las palabras del Presidente Ortega fue-ron desmentidas por Juan Barahona, coordinador del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de estado, quien dijo que en ningún momento estaban buscando armamento94.

El Presidente Zelaya, estuvo viviendo en Nicaragua hasta días antes del 21 de septiembre, cuando apa-reció en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, anunciando su regreso para retomar el poder, por medio de acciones populares. Sin embargo, no pudo realizar ningún tipo de acción ya que de inmediato el gobierno de facto amenazó con procesarlo por una serie de delitos que penden sobre Zelaya ante la justicia de su país. Dicha acción agudizo la crisis interna entre opositores y partidario de Zelaya y mantuvo en vilo a la comunidad internacional por los posibles desenlaces que se hubieran podido generar. También generó protestas del gobierno de facto de Michelleti a Brasil por haber permitido la estadía de Zelaya en la sede diplomática de ese país de América del Sur.

6.2.2 Acuerdo de san José y Diálogo de guaymuras

Tanto el Gobierno de Michelleti como los nego-ciadores de Zelaya, iniciaron un proceso de negocia-ción patrocinado por Oscar Arias, quien presentó la Propuesta denominada “Acuerdo de San José”, la

cual contemplaba entre los acuerdos más importan-tes el retorno de Zelaya al poder, la integración de un gobierno de unidad nacional y el adelantamiento en un mes de las elecciones previstas para noviembre y la creación de una comisión de la verdad. El presi-dente Ortega se opuso desde un primer momento a que Arias actuara como mediador, acusándolo de “torpedear” el proceso de integración y de ser un agente de Estados Unidos, para favorecer una solu-ción que diera apoyo al gobierno de facto.

Posteriormente los hondureños propusieron en el marco del Acuerdo de San José el Diálogo de Guaymuras95 que fue instaurado el 7 de octubre. El diálogo tuvo como testigos de honor la comi-sión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) y buscaba que las partes llegaran a acuerdos positivos para reencauzar a Honduras por el camino de la democracia y la reconciliación.

6.2.3 Elecciones Presidenciales

El 29 de noviembre de 2009, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, las cuales fueron con-sideradas como atípicas y con poca aprobación de la comunidad internacional al ser elecciones que se realizaban con un gobierno golpista. Las elecciones se dieron en un ambiente de paz, resultando como ganador el candidato Porfirio Lobo, del Partido Nacional.

Nicaragua dejó saber que no reconocería dichas elecciones primeramente con declaraciones del can-ciller Santos, quién indicó que “todos los países del mundo, con excepciones de unos cuantos que sabe-

El embajador Rivas, por su parte expresó a dife-rentes medios de comunicación que su caso era “una persecución en contra de mi persona y mis familiares y de los miembros de esta misión. No es primera vez que me siguen a mí o a mi familia, por lo que consi-dero que esto es algo dirigido desde Nicaragua por los medios que se oponen al gobierno…”89.

Inclusive el gobierno de Nicaragua inició una investigación de las exoneraciones de la embajada de Costa Rica como medida reciproca. Estas exo-neraciones de automóviles de lujo, abrió un amplio espacio de críticas y ataques en la clase política nacio-nal entre los detractores y defensores del Gobierno, dando lugar a pocas reflexiones serias sobre el grave problema que se podría dar a nivel diplomático y por ende, un deterioro de unas ya débiles relaciones bilaterales.

6.2 HONDURAS

Las relaciones bilaterales con Honduras se vieron seriamente deterioradas a partir del golpe de estado perpetrado el 28 de junio de 2009 en contra del pre-sidente Manuel Zelaya. Al respecto, Nicaragua man-tuvo una posición firme de no reconocimiento del gobierno de facto, presidido por Roberto Michelleti.

Inmediatamente después del golpe, el Gobierno de Nicaragua activó un proceso de reuniones que se dieron en Managua, lo cual el oficialismo llamó “Managua, capital de la democracia de América Latina”90. En la reuniones participaron países miem-

bros de organizaciones como el SICA, GRIO y ALBA, en las cuales los Presidentes que acudieron a las citas mantuvieron su respaldo al presidente Zelaya y total rechazo al gobierno de facto. La casi totalidad de reacciones a nivel mundial fueron de apoyo a Zelaya, con lo que Michelleti y su gobier-no fueron excluidos de todos los foros regionales e internacionales. Inclusive la OEA suspendió a Honduras91, invocando por primera vez el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Aunque un poco antes el gobierno de facto declaraba que renunciaba al organismo regional, sin embargo dicha decisión “no tiene ningún efecto jurídico” pues se trata de una decisión emitida por un gobierno no reconocido por la comunidad internacional, dijo José Miguel Insulza, secretario general de la OEA.

6.2.1 ¿Comprando ó buscando armamento en Nicaragua?

El Gobierno de Nicaragua a través de la Misión Permanente en la OEA, denunció planes del gobier-no de facto de Honduras de pretender acusar a Nicaragua de suministrar armas a simpatizantes de Zelaya con las que supuestamente “atacarían a las fuerzas de Micheletti tanto policiales como militares. Nicaragua los desmiente”92. También el Gobierno de Michelleti indicó que se “realizaban movimientos inti-midatorios cerca de la línea de la frontera entre ambos países de tropas del Ejército de Nicaragua”93. Lo que fue desmentido tanto por el Presidente Ortega como por el mismo Ejército de Nicaragua y jamás compro-bado por el gobierno golpista de Honduras.

89 Ver: “Costa rica investigará a diplomáticos nicas” Informe Pastran, 27 de noviembre de 2009

90 Entrevista a la sra. rosario Murillo, http://www.sepres.gob.ni/

91 Comunicado de Prensa c-219/09 “la oEA suspende la pertenencia de honduras a la institución” oEA, 5 de julio de 2009. http://www.oas.org/oaspage/press_releases/press_release.asp?scodigo=c-219/09

92 Ver: “Nicaragua advierte en la oEA sobre ''planes macabros'' de golpistas en Honduras” El 19 digital, 4 de julio de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4669:nicaragua-advierte-en-la-oea-sobre-planes-macabros-de-golpistas-en-honduras-&catid=23:nacionales&Itemid=12

93 Ver: “Ejército no se dejará provocar por golpistas” El 19 digital, 6 de julio de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4711:ejercito-no-se-dejara-provocar-por-golpistas&catid=23:nacionales&Itemid=12

94 Ver: “seguidores de Zelaya desmienten a ortega” la prensa, 19 de octubre de 2009

http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2009/octubre/19/noticias/politica/. también ver: “resistencia hondureña desmiente a ortega” el nuevo diario, 19 de octubre de 2009. http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2009/10/19/politica/111862

95 “Diálogo guaymuras. Acuerdo tegucigalpa/san José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras” oEA/ser. g. CP/Inf. 5928. 30 de octubre de 2009.

inForMe de gestión Política exterior

114 115

instauró un gobierno al amparo de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional Hondureño.

Nicaragua siempre se mantuvo firme en su deci-sión de no reconocer a Michelleti, y hasta el período que cubre este reporte, no reconocía al presidente Lobo. Sin embargo, tarde o temprano tendrá que realizarlo por los vínculos indisolubles existentes entre ambos países, así como por las múltiples implicaciones que tendrá el no reconocer el proceso que ha tenido curso en Honduras, tales como las relaciones comerciales, el proceso de integración y los Acuerdos de Asociación con la Unión Europea.

6.3 PANAMá

6.3.1 tratado de libre Comercio

En este período las relaciones con Panamá se vieron potenciadas debido a la aprobación y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, el cual venía siendo discutido desde el año 2002. El TLC entró en vigor el 21 de noviem-bre luego de realizarse el correspondiente canje de instrumentos de ratificación en la Cancillería de Panamá en octubre. El texto del acuerdo establece que a partir de la medianoche del 23 de noviembre, el 90% del intercambio comercial entre ambos paí-ses tendrá libre acceso. Para el 10% restante se han establecido cuotas de exportación y desgravaciones, es decir reducciones de aranceles o impuestos a la importación, a plazos de hasta una década102.

El Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Orlando Solórzano, estimó que el inter-

cambio comercial entre Nicaragua y Panamá aumen-taría cerca de un 20 por ciento anual, como efecto del Tratado de Libre Comercio (TLC)103. Para el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Roberto Henríquez, la entrada en vigencia de este Protocolo, “redundará en oportunidades” para los productores, exportadores, prestadores de servicios e inversionistas, lo cual incidirá de forma directa, como lo han hecho ya otros tratados, en el desarrollo económico y social del país104.

6.3.2 Panamá y el Parlacen

El 20 de agosto, el nuevo Canciller y Vicepresidente de Panamá Juan Carlos Varela realizó una visi-ta oficial a su homólogo Samuel Santos con el fin explicar personalmente la decisión del gobier-no panameño de iniciar el proceso de retiro del Parlamento Centroamericano (Parlacen), órgano deliberativo y político del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA)105, lo cual sería analizado por el Gobierno nicaragüense, sin apoyar la posición panameña, pero también sin rechazarla y dejando en claro que Nicaragua es respetuoso de la instituciona-lidad del SICA.

El Presidente Ortega reveló que había conversa-do con el Presidente de Panamá Ricardo Martinelli y le expresó que “era importante que Panamá fortaleciera el Parlamento Centroamericano”106. Mostrando de esta forma el interés de Nicaragua de mantener un proceso de integración cohesiona-do, fuerte y con miras hacia unir más a los países que no forman parte de todos los órganos del SICA.

mos cuáles son sus intereses, hemos señalado que no vamos a reconocer las elecciones de Honduras”96. Posteriormente el Presidente Ortega expresó que las elecciones eran “un proceso de orden político que lo que quieren es legitimar el golpe militar, pero el pueblo hondureño con el tiempo va ir dando las respuestas, lógicamente hemos definido nuestra posición en el ALBA, no reconocemos ese tipo de elecciones…”97. Sin embargo el vicepresidente Jaime Morales Carazo, sugirió a Ortega, normalizar las relaciones con Honduras y reconocer al mandatario hondureño electo Porfirio Lobo. El vicepresiden-te Morales Carazo argumentó que Nicaragua y Honduras son “países hermanos, vecinos, y tene-mos un gran intercambio comercial. Buena parte de nuestras exportaciones salen por puerto Cortés, en el Caribe de Honduras”98.

6.2.4 Desenlace de la crisis hondureña

El año 2009, terminó con la elección de Lobo y algunos reconocimientos diplomáticos de países y organismos internacionales, sin contar con el de Nicaragua. El 28 de enero del año 2010, se realizó la toma de posesión de Lobo contando con muy poca participación de Jefes de Estado y de Gobierno lo que se interpretó como una señal del poco respaldo con el que contaba para iniciar su gestión como Presidente de Honduras99. En su discurso inicial, el presidente Lobo llamó a la reconciliación entre los hondureños y a dejar atrás las grandes divergencias que se dieron por el golpe de estado a Zelaya, con

el fin de construir un Gobierno de “unidad nacio-nal”100. También solicitó a la comunidad internacio-nal a reconocer su Gobierno y darle la oportunidad de volver a recibir flujos de cooperación y no mante-ner al país suspendido de la OEA y reintegrarlo a las negociaciones como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y SICA.

En visita a España, el canciller Santos explicó que el Gobierno de Nicaragua es "consciente de la nece-sidad de regularizar las relaciones con Honduras", pero exigió condiciones como “garantías de respeto a los derechos humanos y la total vigencia de garan-tías ciudadanas a los hondureños” que según Santos “viven en un estado de represión selectivo”101.

Todo parece indicar que la tendencia es hacia una situación de lenta normalización de las relacio-nes entre Nicaragua y Honduras, lo que sería un importante impulso para retomar el proceso de inte-gración en Centroamérica y las negociaciones para el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Las posiciones encontradas que se dieron con lo acontecido en Honduras estuvieron a la orden del día en los diversos medios de comunicación, dis-cursos y reuniones hemisféricas a todos los niveles, donde se daban los argumentos en contra y a favor de la acción llevada a cabo por las fuerzas armadas y sectores políticos hondureños. Lo cierto es que se rompió el orden constitucional hondureño mediante un golpe de estado que retiró de la presidencia a Mel Zelaya por sus supuestos desacatos a la ley y se

96 Ver: “santos: gobierno no reconocerá elecciones en Honduras” la Prensa, 27 de noviembre de 2009. http://www.laprensa.com.ni/2009/11/27/nacionales/8931

97 Ver: “Presidente Daniel reitera que Nicaragua no reconocerá elecciones golpistas de Honduras” El 19 digital, 28 de noviembre de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8321:presidente-daniel-reitera-que-nicaragua-no-reconocera-elecciones-golpistas-de-honduras&catid=21:politica&Itemid=14

98 Ver: “Morales Carazo sugiere reconocer a lobo” la Prensa, 6 de enero de 2010.

99 Ver: “los retos de Porfirio lobo” Infolatam, 28 de enero de 2010. http://www.infolatam.com/entrada/honduras_los_retos_de_porfirio_lobo-18585.html

100 Ver: “Porfirio lobo ante reto de gobierno de “unidad nacional” El Nuevo Diario, 30 de noviembre de 2009. http://www.elnuevodiario.com.ni/internaciona-les/62947

101 Ver: “golpe en Honduras lastra la unión centroamericana” El Nuevo Diario, 19 de febrero de 2010. http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/68664

102 Ver: “Nuevo tlC en una semana” la prensa, 16 de noviembre de 2009. http://www.laprensa.com.ni/2009/11/16/economia/7902

103 Ver: “tlC con Panamá entró en vigencia” El observador económico, 15 de diciembre de 2009 http://www.elobservadoreconomico.com/articulo/1016

104 Ver: “Entra en vigencia el Protocolo Bilateral entre Panamá y Nicaragua.” Panamá América, 24 de noviembre de 2009.

105 Nota de Prensa de la Cancillería de la república, NP-163-2009, 20 de agosto de 2009. http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm

inForMe de gestión Política exterior

116 117

7. relaciones con la unión euroPea (ue)

Las relaciones con la Unión Europea han venido decayendo debido a situaciones que se suponen han afectado la institucionalidad democrática en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua ha rechaza-do diversas expresiones de la UE para mejorar el ámbito democrático y de gobernabilidad en el país, como por ejemplo la mejora del sistema electoral o el respeto de las libertades públicas. El jefe de la Delegación Comisión Europea, Mendel Goldstein, ha expresado en distintas ocasiones de que no exis-ten garantías de que el dinero de apoyo presupues-tario que la Comisión Europea tiene suspendido -75 millones de dólares aproximadamente- sea desem-bolsado tras las irregularidades que se presentaron en las elecciones municipales.

7.1 RELACiÓN POLÍTiCA

La Unión Europea tomó la decisión de suspender los desembolsos de cooperación directa al presu-puesto de la República después del señalado fraude electoral municipal de noviembre de 2008. Ante esto, la primera dama Rosario Murillo, denunció que “en un país pequeño, bloqueado, los imperios norteamericano y europeo pretenden imponer sus diseños de cooperación y exigirle a Nicaragua que responda a sus modelos y no al que estamos logran-do impulsar de acuerdo a la voluntad popular”108. Dando una idea de que el Gobierno no estaría acep-tando los lineamientos de gobernabilidad y democra-cia que solicitan para mantener la cooperación, y que más bien la Unión Europea tendría que aceptar los lineamientos estratégicos de las políticas sociales y económicas que estaban impulsando con un sentido popular y centrado en el apoyo directo al pueblo.

6.4 GUATEMALA

6.4.1 Visita oficial del Presidente álvaro Colom

El 5 de febrero de 2010, el Presidente Álvaro Colom visito a su homólogo nicaragüense con el fin de dialogar sobre temas de la seguridad y estabi-lidad de la región centroamericana, la situación de Honduras, así como formas que den continuidad a los esfuerzos comunes para enfrentar los retos que plantea el combate a la pobreza, al desempleo y las consecuencias del cambio climático. La agenda era abierta, sin embargo el tema de fondo fue buscar coincidencias para reconocer el nuevo gobierno de Honduras.

El presidente Ortega dijo que el presidente Colom llegaba al país “con propuestas e iniciativas que contribuirán a lograr una salida a la crisis que vive nuestra región en el tema de seguridad y esta-bilidad democrática, que sigue estando amenazada por el golpe (de Estado) de Honduras.” Por su parte el Presidente Colom expresó que su visita se enmarcaba en “la intención de intercambiar ideas y propuestas para preparar la Cumbre de Río y poder

ir de alguna manera con avances en la solución de la crisis centroamericana, que hay como efecto del golpe de estado que todos rechazamos que se dio en Honduras”107.

La visita del presidente Colom se dio en un con-texto importante y complejo para la región centro-americana ante el inminente inicio de las conversa-ciones con la Unión Europea para seguir avanzando en el Acuerdo de Asociación y el reconocimiento del nuevo Gobierno de Honduras, asuntos claves para obtener el éxito deseado por Centroamérica en sus negociaciones con la UE. Ya Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá reconocieron al Presidente Lobo, restando únicamente el Presidente Ortega.

106 Ver: “Presidente hace llamado a defender integración centroamericana” El 19 digital, 4 de diciembre de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8461:presidente-daniel-hace-llamado-a-defender-integracion-centroamericana&catid=23:nacionales&Itemid=12

107 Ver: “Presidente Daniel recibe a mandatario guatemalteco álvaro Colom” El 19, 5 de Febrero de 2010 http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10024&Itemid=12

108 Ver: “Murillo: EE.uu. y uE quieren imponer sus modelos” la prensa, 2 de septiembre de 2009. http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/septiembre/02/noti-cias/ultimahora/347149.shtml. y ver también: “Diálogo con la uE en Nicaragua” Informe Pastran, 2 de septiembre de 2009.

inForMe de gestión Política exterior

existen una sucesión de eventos que tomaron lugar en nicaragua, que han demos-trado una relación deteriorada con la unión europea. entre estos sucesos se encuen-tran: las ofensivas palabras del vicecanciller coronel Kautz y el Pdte. ortega sobre la sra. Francesca Mosca y la ex embajadora de suecia eva zettenberg. Frases como “deberían bañarse con agua bendita esas diablas” ortega por su parte dijo que la cooperación europea eran “minucias, moscas que se paran en la inmundicia”.

el nivel de colaboración que la unión europea brinda a nicaragua es el más alto en latinoamérica; así mismo, la cooperación económica es importante e influye signifi-cativamente en la economía nacional y la situación política y social del país. de esta misma forma, el nivel de ayuda internacional per cápita es el más alto en el mundo. a su vez, la unión europea brinda más del 50% del total de la ayuda económica que recibe nicaragua. según el memorándum de acuerdo firmado por el gobierno de nicaragua y la comunidad europea, la unión europea colabora en los siguientes aspectos: desarrollo local en el ámbito rural, propiedad de tierra, sector educativo, gobernanza y seguridad ciudadana y principalmente, cooperación económica.

Comisión Europea-Nicaraguahttp://www.delnic.ec.europa.eu/es/index.htm

118 119

7.3 REACCiÓN AL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTiCiA, EN RELACiÓN A REELECCiÓN

El Consejo de la Unión Europea se reunió el 15 de noviembre de 2009, con un punto de agenda muy polémico sobre el país, como lo fue el hecho de que el 19 de octubre, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una resolución en la cual suspendía un artículo constitu-cional, que impide la reelección continua y por más de dos períodos como presidente, lo que allanaría el camino para que el Presidente Ortega repita su mandato. Según confirmó el oficial de prensa de la Comisión Europea para América Central y Panamá, Pedro Mucciolo, quien agregó que la reunión era de alto nivel. Hasta diciembre de 2009 ninguna autoridad de la Unión o de la Comisión Europea se había pronunciado sobre la sentencia de la Sala Constitucional114.

En dicha sentencia, se declara inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que establece que “no podrá ser presidente ni vicepresidente de la República el que lo hubiera ejercido en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que hubiere ejercido dos períodos presidenciales”. La sentencia alcanza a otros 109 alcaldes sandinistas, pues también declaró inaplicable el artículo 178 de la Carta Magna, el cual, entre otras cosas, dice que “el alcalde y vicealcalde sólo podrán ser reelectos por un período” y que “la reelección del alcalde y vicealcalde no podrá ser para el período inmediato siguiente”.

El Gobierno citó a los embajadores acreditados en Nicaragua con el fin de explicar el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia115. El Embajador de Holanda, Lambert Grijns expresó que “el proceso y el contenido de la sentencia serán importantes para las decisiones que ellos como miembros del Grupo de Apoyo Presupuestario vayan a tomar”. El vicecan-ciller Manuel Coronel Kautz afirmó que llamaron a los embajadores para explicar los fundamentos del fallo de la Corte, pero consideraba que no ocurrirían represalias en el futuro como consecuencia, pues pensaba “todos los presidentes de los embajadores se han reelegido o se quieren reelegir. No creo que estén en desacuerdo”, dijo Coronel Kautz116.

Casi un mes después la Comisión Europea expre-só su “preocupación” en una nota que envió al can-ciller Samuel Santos. Sin embargo un día después el mismo Santos descartó “darle explicaciones” a la Unión Europea (UE) por su expresada “preocupa-ción” acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la reelección117.

El diálogo y los contactos siguieron entre ambos actores y es así como el 10 de diciembre, se reunie-ron los miembros de la Mesa Global (cooperantes) con representantes del Gobierno. El jefe de la Comisión Europea, Mendel Goldstein declaró al respecto que no se trató “de un evento político”, sino que más bien fue para hacer un “balance de la cooperación, de todos los donantes, los de Europa, pero también los organismos multilaterales, Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá; y para hablar con el gobierno, del Plan Nacional de Desarrollo Humano

Estas expresiones hacen cada vez más difícil el entendimiento político y el avance en temas de cooperación entre Nicaragua y la Unión Europea. Para miembros de la Delegación de la Comisión Europea en Nicaragua109 es claro que la mejoría en las relaciones bilaterales dependerá de las señales y acciones que realice el Gobierno en materia de libertades, confianza hacia las instituciones públicas y el esfuerzo para que las próximas elecciones se enmarquen en un proceso libre, transparente y con participación de observación electoral nacional e internacional.

7.2 COOPERACiÓN

La cooperación de la Unión Europea se ha man-tenido congelada a partir de los acontecimientos del denunciado “fraude electoral” de las elecciones municipales de noviembre de 2008, dicha coopera-ción asciende a la cantidad 97 millones de dólares. Sobretodo aquella cooperación que está destinada al Presupuesto por medio del Grupo de Apoyo Presupuestario110 que solo desembolsó unos 14 millones de dólares. Aunque ciertos desembolsos se siguen dando a Nicaragua, no representan la mayoría de lo presupuestado en cooperación por la Unión Europea, lo que ha significado un drástico recorte de los fondos con los que opera el Gobierno.

En julio del 2009 el viceministro para asuntos de Cooperación, Valdrak Jaentschke visitó Bruselas, Bélgica, para organizar el viaje a Nicaragua del Director General Adjunto de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea (CE), Stefano Sannino, quien finalmente visitó el país el 1 de septiembre para dialogar sobre democracia, derechos humanos, transparencia electoral y posiblemente, de las sus-pendidas ayudas al país111.

Después de la visita del Sr. Sannino, la Comisión Europea (CE) confirmó que desbloquearía 10 millones de dólares, para ser invertidos en proyec-tos de educación. Según el jefe de la Delegación de la CE para Centroamérica y Panamá, Mendel Goldstein, “la Comisión demostró su buena volun-tad ante Nicaragua, de restablecer la confianza en su sistema electoral”. Indicó que la ayuda retenida a Nicaragua es la destinada al apoyo presupuestario, que maneja a libre discreción el Ejecutivo. Sostuvo que estaban “muy decepcionados” con lo ocurrido en los comicios municipales y con algunas otras tendencias”112.

Asimismo Goldstein expresó que van a conti-nuar “el diálogo con la esperanza de que tal vez se pueda descongelar más en el año próximo. Va a depender de la manera en la cual se van a desa-rrollar las elecciones regionales en Marzo del 2010 y de los demás temas que están discutiendo con el gobierno”113.

109 Entrevista a miembros de la Delegación de la Comisión Europea para Centroamérica. 15 de febrero de2010.

110 El grupo de Apoyo Presupuestario (gAP) está integrado por Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Holanda, suecia, suiza, reino unidos, la unión Europea y organismos multilaterales que aportan en dinero su ayuda al país para que lo incluya en el Presupuesto general de la república.

111 Ver: “Diálogo con la uE en Nicaragua” Informe Pastran, 2 de septiembre de 2009. “Enviado uE llega a dialogar sobre ayuda suspendida”. radio la Primerísima, 2 de septiembre de 2009. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/59831

112 Ver: “goldstein afirma que hay un diálogo «serio y con un buen ambiente» con el gobierno” radio la Primerísima, 4 de octubre de 2009. http://www.radiola-primerisima.com/noticias/general/61922

113 Ver: “Donantes seguirán apoyando a Nicaragua” Informe Pastran, 27 de noviembre de 2009.

114 Ver: “Consejo uE evalúa a Nicaragua” El nuevo diario, 16 de noviembre de 2009. http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2009/11/17/politica/113751

115 Ver: “Coronel Kautz minimiza ofensiva diplomática contra fallo de CsJ” la prensa, 21 de octubre de 2009. http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2009/octu-bre/21/noticias/ultimahora/356048.shtml

116 Ver: “Embajadores salen raudos de cancillería” El Nuevo Diario, 21 de octubre de 2009. http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/59910

117 Ver: “uE indaga sobre “fallo” reeleccionista”. la prensa, 24 de noviembre de 2009. http://www-ni.laprensa.com.ni/2009/11/24/politica/8661

inForMe de gestión Política exterior

120 121

8. relaciones con Países de asia

Tomando en cuenta el escenario internacional cambiante, con los nuevos países que están emer-giendo como potencias medianas y que han iniciado un camino de reclamo o de posicionamiento de nue-vos espacios en los principales ámbitos mundiales, Nicaragua ha mantenido, e iniciado en otros casos, un acercamiento político con algunas de esas nacio-nes con una visión interesante de multilateralidad de sus relaciones internacionales. Esto con el fin de obtener mayores beneficios y sustentar esas relacio-nes en la “amistad, la solidaridad y la reciprocidad entre los Estados”121.

8.1 iRáN

La República Islámica de Irán ha abierto un mayor espacio de relaciones comerciales y políticas en Latinoamérica, gracias a su cercanía con países como Venezuela –los asociados al ALBA también- y Brasil. Países a través de los cuales busca ser avalado como potencia regional, y reconocido en su derecho a ser potencia nuclear. Irán pretende además diversi-ficar su comercio y cooperación, en asuntos como el petróleo, extracción de gas, armamento y energía. En noviembre de 2009 el Presidente de Irán, Mahmoud Ahmadineyad, realizó una visita a Brasil, Bolivia y Venezuela, como parte de su política de aceptación y mejorar su imagen a nivel mundial ante el aisla-miento al que ha estado sometida esta nación. Irán es el tercer país más rico en reservas de petróleo y gas, sin embargo atraviesa una fuerte crisis econó-mica, la cual se complica aún más por los conflictos existentes con sus países vecinos del Medio Oriente

y mantiene la política de enriquecimiento de uranio en búsqueda de una producción de energía atómica pacifica.

Nicaragua e Irán retomaron relaciones con la llegada al poder de Daniel Ortega en el 2007, rela-ciones que fueron confirmadas con la firma de un convenio de cooperación el 14 de Enero de 2007. En el convenio, se abordaba el análisis de un posible Tratado de Libre Comercio en el que Irán se com-prometía a la realización de múltiples proyectos. En realidad los gobiernos de ambos países hasta la fecha han firmado una cantidad importante de acuerdos en los que se establece cooperación en diversos ámbitos y dimensiones, pero no se tiene evidencia del inicio de alguno de esos proyectos en los montos y dimensiones comprometidos en esos acuerdos.

La relación de Nicaragua con Irán genera inter-namente muchos anticuerpos. Preocupa mucho la agresividad de su presidente, su insistencia en el programa nuclear, pero sobre todo su declarada y agresiva agenda anti estadounidense de la que el presidente Ortega se suscribe animosamente. En Nicaragua, preocupa también que el presidente Ortega agregue a su corta lista de amistades estrechas y cercanas a un presidente que administra un gobier-no esencialmente antidemocrático.

No obstante estos sentimientos en la opinión pública nacional no sandinista, las relaciones con Irán podrían tener un potencial importante bene-ficio para Nicaragua si son manejadas en el marco de relaciones respetuosas y desideologizadas de cooperación sur-sur. Resulta natural que Nicaragua, siendo un país dependiente del petróleo y sus deri-vados, busque mejorar sus relaciones con países

(PNDH)”118. En la citada reunión conocieron la nueva versión del PNDH, el que fue catalogado por los diplomáticos como “mucho mejor” en compa-ración a los borradores expuestos anteriormente119.

7.4 PERSPECTiVAS

Las perspectivas de la relación entre Nicaragua y la Unión Europea no son muy favorables. Existe mucha desconfianza hacia el Gobierno por el incum-plimiento de normas de gobernabilidad democráti-ca. Particularmente sobre la falta de compromiso para garantizar que las elecciones regionales fueran libres, transparentes y con presencia de observa-dores nacionales e internacionales. En la Unión Europea preocupa también que no se mantenga vigente el respeto a la libertad de expresión y pro-testa de parte de los sectores opositores civiles, el pluralismo, y la independencia de los poderes del Estado. Han llamado además la atención sobre la falta de transparencia en el sector público y la parti-dización de la justicia.

Reiteradamente los miembros de la Comisión Europea, así como los Embajadores acreditados en el país refieren que la recuperación de la coopera-ción al apoyo presupuestario, depende de la actua-ción del presidente Ortega y su gobierno. No obs-tante, fuentes diplomáticas de la Comisión Europea, que optaron por el anonimato para los efectos de este reporte, insisten que de seguirse deteriorando esas condiciones de gobernabilidad, o de no recti-ficarse el patrón de no respeto a la gobernabilidad democrática, se mantendrá congelado el apoyo pre-

supuestario y con posibilidades de que esos recursos sean canalizados a otros países ó para diferentes proyectos que no sean del Estado120.

La información y evidencia disponible indica que Nicaragua ha perdido credibilidad ante amplios sec-tores de la comunidad internacional fuera del ámbito ALBA y particularmente las naciones europeas se encuentran decepcionadas del actuar del gobierno actual, situación que sin dudas tiende a agravarse por-que las elecciones regionales de marzo de 2010 no fueron observadas por organizaciones creíbles, por la falta de voluntad del presidente Ortega de hacer cambios en la composición del Consejo Supremo Electoral y por interpretaciones “sui generis” de los operadores políticos del gobierno a la Constitución de Nicaragua. En estas condiciones el panorama para Nicaragua será complejo y muy difícil de sortear ante la falta de cooperación que se generaría.

Es evidente que el gobierno del Presidente Ortega tendrá que buscar el camino que lleve al país a recu-perar su credibilidad a través de la separación de los poderes y la toma de decisión independiente de cada uno de estos. Ser más abierto y flexible a las críticas, consejos y llamamientos que han realizado la oposi-ción política y la sociedad civil con el fin de buscar puntos de encuentro para desarrollar una estrategia integral y política balanceada que facilite su inserción nuevamente en el camino de la gobernabilidad y por ende al acceso a los fondos de la cooperación internacional.

118 Ver: “Donantes seguirán apoyando a Nicaragua” Informe Pastran, 27 de noviembre de 2009.

119 Ver: “Donantes priorizan desarrollo”. la prensa, 11 de diciembre de 2009. http://wwwni.laprensa.com.ni/2009/12/11/politica/10099

120 Entrevista a miembros de la Delegación de la Comisión Europea para Centroamérica. 15 de febrero de 2010.121 Ver discurso: “la Política Exterior de Nicaragua” del Canciller samuel santos lópez. Madrid, España, 19 de febrero del 2010, Casa de América.www.cancilleria.

gob.ni

inForMe de gestión Política exterior

122 123

n Reconstrucción de centros de salud (no existe información de avances).

n Servicios de laboratorio de alta tecnología (no existe información de avances).

sector Puertos n Construcción de dos Puertos en el Muelle de

Corinto (no existe información de avances).

n Proyecto de Puerto de Aguas Profundas de Money Point (no existe información de avan-ces).

sector vivienda urbana y rural n Construcción de 10,000 viviendas de interés

social en los próximos 5 años (no existe infor-mación pública sobre montos).

n Crédito hipotecario de largo plazo al sistema financiero nacional (no existe información de avances).

sector agua y saneamiento n Perforar en el corto y mediano plazo entre 10 a

20 pozos (no existe información de avances).

n Mejorar y reconstruir la red de distribución de agua existente (no existe información de avan-ces).

n Estudios para el suministro de agua a partir de fuentes alternativas (no existe información de avances).

En esa misma ocasión, el embajador manifestó que estos son solo algunos proyectos y que hay algunos pendientes de formalizar, entre ellos la cons-trucción de una planta eléctrica y una procesadora de leche. La instalación de plantas hidroeléctricas, la construcción de 10 mil viviendas de interés social, la instalación de fábricas procesadoras de leche, y el

levantamiento de dos muelles en Corinto y de un puerto de aguas profundas en Monkey Point, siguen siendo una incógnita para la población, todavía para el año 2008, no se había concretado ninguno de esos proyectos124. Se supone que actualmente Irán finan-cia la construcción de 10,000 viviendas sociales ade-más de diversos proyectos energéticos. Sin embargo la evidencia sobre esta cooperación es poco visible y desde todo punto de vista ínfimo en relación a la cantidad de acuerdos y promesas de cooperación asumidos entre los dos países.

8.1.2 Deuda

La creciente buena relación entre ambos países, la firma de convenios de cooperación y la promesa que le hizo personal y públicamente en Managua el 14 de enero del 2007 el presidente de Irán Mahmoud Ahmadineyad al presidente Ortega, de interponer sus buenos oficios ante el parlamento de su país para lograr la aprobación del perdón de la deuda de 164 millones de dólares que Nicaragua tiene con dicho país adquirida en la década de los años ochenta por compra de petróleo125.

En Octubre de 2009, delegaciones iraníes habrían venido a Nicaragua para cobrar la deuda que origi-nalmente era de 53 millones de dólares y que ha ascendido a 164 millones debido a la acumulación de intereses126.

como Irán que mantienen una de las más grandes reservas petrolíferas en el mundo. El detalle estriba en el precio que el presidente Ortega esté dispuesto a pagar apoyando una agenda en política exterior tan controversial como la de Ahmadineyad.

8.1.1 Cooperación

En Mayo de 2009 en una entrevista al emba-jador residente de la República Islámica de Irán en Nicaragua, Akbar Esmeaeil Pour, se refirió al Convenio de Cooperación firmado en el 2007, recordando los numerosos proyectos que se pre-tenden llevar a cabo, entre estos la construcción de represas hidroeléctricas y sistemas de riego, de agua potable, estudios de desarrollo portuario, coope-ración pesquera, desarrollo del sector energético, edificación de viviendas populares, fabricación de automotores, educación y comercio. Asimismo, anunció que su gobierno “donó un millón 600 mil dólares para la construcción de un policlínico” que sería construido en Managua122.

Sobre el Convenio de Cooperación al que hacía referencia el embajador iraní muy poco se ha avan-zado ó no se ha dado a conocer avances de todos esos proyectos los cuales retomándolos de un trabajo realizado en 2008 por IEEPP123 a este tiempo son muy pocos los resultados positivos.

ComuniCado Conjunto niCaragua – irán

(4 de agosto de 2007)

sector Energía y Minas n Proyecto Brito (616 MW) con un monto de

1,200 millones de dólares. (En febrero de 2010, se conoció por medios noticiosos que dicho Proyecto sería ejecutado por una empre-sa de capital brasileño)

n Proyecto para la generación de energía en la comunidad de Estrella.

n Proyecto para la generación de energía en la comunidad Piedra Puntuda.

n Proyecto Hidroeléctrico Boboke (70 MW), (no existe información de avances).

sector Agropecuario y Forestal n Suministro de 4.000 tractores de distintos tama-

ños (no existe información de avances).

n Construcción de 5 plantas procesadoras de leche y 10 centros de acopios lecheros (no exis-te información de avances).

n Equipos modernos para el sistema de riego (no existe información de avances).

n Cursos y talleres de capacitación para el desa-rrollo agropecuario (no existe información de avances).

sector saludn Instalación de un policlínico en Managua (hasta

mayo de 2009 se coloco la primera piedra, este tendrá una inversión de U$1.6 millones de dólares).

n Capacitación de personal salud (no existe infor-mación de avances).

122 Ver “Irán financia construcción de una Policlínica en Managua”. radio la Primerísima, 25 de Mayo de 2009. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/gene-ral/53694

123 Informe “relaciones de Nicaragua con Venezuela e Irán. tendencias y Hechos”. Managua, agosto 2008. www.ieepp.org. Con información actualizada.

124 Ver: “Ya paso un año y nada con Irán” El Nuevo Diario, 21 de enero de 2008. http://blogs.elnuevodiario.com.ni/imprimir/2008-01-21/68399

125 Ver: “Irán se resiste a condonar deuda nica” la Prensa, 6 de noviembre de 2009. http://www-ni.laprensa.com.ni/2009/11/06/economia/6979

126 Ver “Irán cobra deuda a Nicaragua”. El Nuevo Diario, 06 de octubre de 2009. http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/58812

inForMe de gestión Política exterior

124 125

8.2 TAiwáN

Las relaciones bilaterales se han venido afian-zando y actualmente es una de las más estables y fructíferas de las que puede disponer el gobierno del presidente Ortega. Según el embajador de Taiwán en el país, las relaciones “cada día van mejor” ya que se han venido ampliando los “proyectos de coopera-ción, obras sociales, avances en el sector productivo y cultural”132.

En enero del 2008 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China-Taiwán, lo que ha mejorado las relaciones comerciales entre ambos países. El mayor logro alcanzado en este aspecto ha sido que la balanza comercial de Nicaragua en 2008 y 2009 con este país es superavi-taria, esto quiere decir, que el valor de los productos exportados ha sido mayor a los importados.

8.2.1 Visita oficial del Presidente de taiwán

En el marco de la visita del presidente Ma Ying Jeou de China Taiwán el 3 de Julio de 2009, el Presidente taiwanés confirmó los lazos de coopera-ción entre ambos países y en su discurso se refirió a la crisis económica internacional, la cual es un fenómeno que ha afectado a todos los países del mundo, pero afirmó que no afectaría las relacio-nes de cooperación que mantienen ambos países. Asimismo anunció la ampliación de su cooperación principalmente en el área de capacitación profesio-nal dirigida a pequeñas y medianas empresas y a la erradicación del analfabetismo133.

El presidente Ortega expresó que con Taiwán se había “encontrado un comportamiento solidario, que toma en cuenta las asimetrías entre nuestras economías, un comportamiento que ha significado y ha multiplicado en el pueblo capacidades para producir”; por su parte el Presidente Ma dijo que Taiwán desea “no solo mantener estas relaciones, estos proyectos, sino en adelante ampliar estos pro-gramas de beneficio social”134.

8.2.2 Cooperación

De parte de Taiwán la agenda de cooperación hacia Nicaragua es relativamente significativa. Incluye el apoyo financiero a programas emblemáticos como Hambre Cero y Usura Cero, y la asistencia técnica a instancias claves como el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR). Taiwán tam-bién es un importante financiador de una diversidad de proyectos en el sector social.

En realidad, las relaciones con Taiwán son una de las más cordiales y beneficiosas para el gobierno del presidente Ortega, así como lo ha sido para los anteriores gobiernos que como el actual, han garantizado el reconocimiento internacional de este país como estado independiente. En este caso las relaciones bilaterales se han mantenido en una esfe-ra de pragmatismo para un gobierno necesitado de cooperación internacional. En términos generales, la cooperación taiwanesa representa en cierta forma un asunto de orden estratégico para el Gobierno

8.1.3 Posición de Estados unidos

La Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, emitió declaraciones advirtiendo las consecuencias que podrían traer las relaciones tan cercanas con Irán127.

Clinton, advirtió a los países latinoamericanos sobre las consecuencias que podrían sufrir si tienen cercanas relaciones con Irán… “Si desean coquetear con Irán, deben observar cuidadosamente cuáles podrían ser las consecuencias. Esperamos que piensen dos veces y si lo hacen, los apoyaremos”, declaró Clinton en una charla sobre diplomacia en la sede del Departamento de Estado128. A lo que el presidente Ortega respondió que “Estados Unidos y las fuerzas pro imperialistas de cada país no aceptan que un pueblo trate de desarrollar su propio mode-

lo y un programa de justicia, de solidaridad en su patio y con otros pueblos hermanos”… “y entonces comienzan a entorpecer ese proceso y lo primero que hacen es recurrir a la desestabilización que con-lleva a acciones inconstitucionales, como los golpes de estado”129.

Irán fue catalogado como el “Estado más activo auspiciante del terrorismo” en el mundo, según un estudio, realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos130. Sin embargo, el embajador de Irán en Nicaragua expresó que “a pesar de lo que dicen algunos países que las relaciones con Irán tiene sus peligros, ya se dan cuenta los pueblos que Irán es un pueblo solidario, es luchador y que quiere tener una presencia cada vez más a base de demostrar su hermandad y solidaridad con los amigos, hermanos y compañeros como el pueblo nicaragüense…”131.

132 Entrevista al Embajador de taiwán en Nicaragua, Chin Mu Wu.16 de febrero de 2010.

133 Ver “Nicaragua y China taiwán reiteran voluntad de fortalecer cooperación”. El 19 Digital, 03 de Julio de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=21:politica&id=4642:nicaragua-y-china-taiwan-reiteran-voluntad-de-fortalecer-cooperacion&Itemid=14

134 Ver: “Nicaragua y China taiwán reiteran voluntad de fortalecer cooperación” El 19, 3 de Julio de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=21:politica&id=4642:nicaragua-y-china-taiwan-reiteran-voluntad-de-fortalecer-cooperacion&Itemid=14

127 Ver “la oposición nicaragüense critica a Daniel ortega por sus relaciones con Irán”. la tribuna, 13 de Diciembre de 2009. http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=75760

128 Ver: “Washington preocupado por Nicaragua” Informe Pastran, 11 de diciembre de 2009

129 Ver: “ortega denuncia que EEuu conspira para destruir AlBA” radio la Primerísima. | 15 diciembre de 2009. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/gene-ral/66781

130 Ver: “Country reports on terrorism 2008” Chapter 3: state sponsors of terrorism office of the Coordinator for Counterterrorism. 30 de abril de 2009. http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2008/122436.htm

131 Ver: “Embajador de Irán en Nicaragua: El pueblo iraní está más unido” El 19 digital, 11 de febrero de 2010. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=21:politica&id=10187:embajador-irani-el-pueblo-irani-esta-mas-unido-&Itemid=14

inForMe de gestión Política exterior

“la multilateralidad se manifiesta en la práctica como una institución, u organiza-ción, que se deriva de ideales específicos y compartidos entre más de dos estados, y que forma parte del derecho internacional; su mayor expresión desde 1945 es la organización de las naciones unidas”. como un ejemplo claro de la multilateralidad en américa latina, se encuentra la colaboración sur-sur, que se ha posicionado como una prioridad en la región, siendo una opción viable para apoyar el desarrollo a partir de los recursos y la experiencia que cada país puede compartir con otros de igual o menor desarrollo relativo, en un proceso de cooperación mutua.

Naciones Unidas, Cooperación Sur-Sur

126 127

No obstante la buena relación que parece existir entre la representación del PNUD en Nicaragua y el gobierno del presidente Ortega, diversos sectores políticos de oposición y de la sociedad civil han criticado a la representación del PNUD por el exce-sivo alineamiento que ha mantenido con el gobier-no138. Esta idea se reforzó cuando Alfredo Missair, Coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua declaró a los medios de comu-nicación que había “que mirar hacia adelante, y lo

que ocurrió el año pasado o no ocurrió, es un asunto que no se puede deshacer, sino que hecho está, para bien, para mal, o para como cada uno lo juzgue”139, declaraciones que hacían referencia a las denuncias de fraude electoral en las elecciones municipales de noviembre de 2008 y que se asumieron en la opinión pública como un triste acuerdo entre el PNUD y el gobierno para dar por cerrado una situación de evidente falta de compromiso con la gobernabilidad democrática.

de Nicaragua, pues al final de cuentas se trata en su mayoría de dinero líquido y de apoyo en infraes-tructura otorgado sin ningún tipo de requerimiento vinculado al mantenimiento del orden democrático, la transparencia o el respeto al estado de derecho. Mientras se asegure el apoyo a Taiwán a sus aspira-ciones a ser reconocido como un país independiente y soberano, la cooperación seguirá fluyendo como hasta ahora ha sucedido.

9. relaciones Multilaterales

9.1 ORGANizACiÓN DE LAS NACiONES UNiDAS (ONU)

En el acto del 64 aniversario de las Naciones Unidas, el canciller Samuel Santos señaló que el Gobierno de Nicaragua tiene excelentes relaciones de trabajo con el Sistema de las Naciones Unidas y reconoció la importancia de los programas que ejecuta en todo el país, y reveló que el impacto de los proyectos conjuntos de las Naciones Unidas es verificado y admirado por el país135.

En noviembre de 2009 el Coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, Alfredo Missair concluyó su período y en su discurso de despedida reconoció los logros del Gobierno, en los cam-pos de inversión de la salud, la educación gratuita, la campaña nacional de alfabetización, la ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, los programas de hambre cero y usura cero, así como los esfuerzos en contra del cambio climático136.

9.1.1 Visita de la Directora regional para América latina del PNuD

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y la Coordinadora del Consejo de de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, sostuvieron un encuentro con la Directora Regional para América Latina del Programa de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Rebeca Grynspan y con el Coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua, Alfredo Missair, a quie-nes explicaron el trabajo que estaba realizando el Gobierno en el combate a las desigualdades sociales heredadas del modelo capitalista a como suelen referirse a los años de los gobiernos de la derecha política en Nicaragua.

Ortega aseguró que la idea era “conducir al país a un régimen de pobreza con dignidad, que significa llevar a los pobres educación, cultura, deporte y tra-bajo tanto para jóvenes como para adultos”. Por su parte, la Sra. Grynspan, mencionó que de acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano en Centro América, la seguridad en Nicaragua es una de las mejores. También aseguró que Nicaragua había sido el único país que ganó proyectos en un programa de cooperación con España, en el marco del logro de los Objetivos del Milenio, como son la educación, la salud, el medio ambiente, y mortalidad materno -infantil. “De ocho proyectos Nicaragua obtuvo la aprobación de seis, por un monto superior a los 39 millones de dólares”137.

135 Ver “Naciones unidad conmemoro 64 aniversario con feria de reciclaje”. sistema de Naciones unidas Nicaragua, 27 de octubre de 2009. http://www.onu.org.ni/noticia/1013

136 Ver “representante oNu reconoce logros del gobierno de ortega”. Bolsa de Noticias, 19 de Agosto de 2009. http://www.bolsadenoticias.com.ni/2009/agos-to/19/index.htm

137 Ver: “Encuentro de Daniel con rebeca gryspan”. www.conamornicaragua.org.ni/.../rEuNIoN%20DE%20DANIEl%20CoN%20lA%20HNA%20rEBECA%

138 Ver: “rechazan posición de representante del PNuD” la prensa, 2 de marzo de 2009. http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/marzo/02/noticias/politi-ca/314728.shtml

139 Ver: “¿Volverá ayuda uE y EEuu? santos, que sí; Arce no cree” radio la Primerísima, 24/02/09 http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/48098

inForMe de gestión Política exterior

el grupo de río nació en 1986 con la declaración de río de janeiro firmada por argentina, brasil, colombia, México, Panamá, Perú, uruguay y venezuela el antece-dente del bloque de río fue el grupo contadora, creado en 1983 cuando colombia, México, Panamá y venezuela se unieron para buscar la paz en centroamérica, que vivía guerras civiles en el salvador, nicaragua y guatemala. contadora impulsó los acuerdos de paz de esquipulas que llevaron la paz a centroamérica.

en 1986 se convirtió en grupo de los ocho y extendió su acción a otros problemas regionales. en 1990 el grupo contadora adoptó el nombre de grupo de río, integra-do por argentina, belice, bolivia, brasil, colombia, costa rica, chile, cuba, ecuador, el salvador, guatemala, guayana, Haití, Honduras, jamaica, México, nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, dominicana, uruguay y venezuela y la comunidad del caribe o caricom, que reúne a su vez por 15 países de la región.

en 1990 ingresaron chile, ecuador, bolivia, Paraguay y un representante del caribe y otro de centroamérica. en 2008 se unieron cuba, Haití y guyana. el mecanismo ha mantenido 20 encuentros presidenciales y 30 reuniones de cancilleres y en marzo del 2008 se decidió que los jefes de estado celebraran cumbres cada dos años y no anual-mente.

Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

128 129

Corte Suprema de Justicia había actuado de forma “indebida y “precipitada” tras declarar inaplicable un artículo que impedía la reelección presidencial en el país143; el Representante alterno de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, se sumó a la posición del embajador Callahan. Como se indicó en páginas precedentes, dichas declara-ciones crearon un ambiente de violencia por parte de los simpatizantes del Gobierno de Nicaragua, quienes atacaron y destruyeron el rótulo de la sede diplomática estadounidense, pintaron las paredes y pancartas mostrando su rechazo al embajador Estadounidense en el país. El representante de Estados Unidos ante la OEA Lewis Amselem, en una reunión del Consejo Permanente que debatió la situación en Honduras, denunció que “manifestantes fueron conducidos a la embajada y protestaron con pancartas previamente impresas y tenían artefactos para lanzar piedras que usaron para destrozar el con-sulado”, mientras que el representante de Nicaragua OEA, Denis Moncada, afirmó que la manifestación fue producto de “declaraciones inadmisibles injeren-cistas e intervencionistas” que obligaron “a que una parte de la población de Managua se movilizara”144.

Nicaragua ha mantenido una posición dura en la OEA. Junto con Venezuela perennemente han insis-tido en la habilitación de una estructura multinacio-nal diferente a la OEA y sin la presencia de Estados Unidos y Canadá.

9.3 GRUPO DE RÍO (GRiO)

Del 22 al 23 de febrero de 2010 se llevó a cabo en México la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo y la XXI Cumbre del Grupo de Río, en la cual los Presidentes latinoamericanos y caribeños, debatieron sobre la creación de una nueva organización regional que excluyera a Estados Unidos y Canadá. En dicha reunión no participó Honduras por estar excluida de la OEA. La finalización de ambas Cumbres dio a conocer una Declaración de la Cumbre de la Unidad, donde se refieren todos los países asistentes a la necesidad y propósito de crear un nuevo meca-nismo de concertación política para toda la región. Aunque se le nombró como Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, formalmente hasta el 2011 en una reunión en Venezuela se definirá su nombre, el estatus jurídico y lo más importante, el papel que jugará en el hemisferio dicha organización regional.

Igualmente se tiene que dar tiempo para saber si en realidad se podrá crear esta organización, y si será complementaria ó suplantará al final de cuentas a la Organización de los Estados Americanos. Teniendo en cuenta que no estaría participando Estados Unidos, principal socio de la gran mayoría de países en el Hemisferio.

El presidente Ortega expresó que “Sólo unidos podremos librar esta batalla. Con esta nueva orga-nización podremos enfrentar de manera efectiva situaciones complejas que afecten o pudieran afectar la unidad en la región"145. El canciller Santos conside-

9.1.2 Participación en Asamblea general de oNu

En la realización del debate del 64 Periodo ordi-nario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, celebrado en septiembre del 2009, Nicaragua fue representada por el canciller de la República, Samuel Santos López. Situación particularmente llamativa pues este tipo de eventos supone casi de manera obligada la presencia y participación de los jefes de estado. En esa ocasión el ministro Santos se refirió tanto a la situación del país resaltando los aspectos positivos del gobierno de Ortega, tales como, la reducción del analfabetismo, el control exi-toso a la pandemia AH1N1, el aumento de la poten-cia de la reserva eléctrica, así como los elogios y agradecimientos a los miembros del ALBA. Expuso la posición del Gobierno nicaragüense al oponerse al bloqueo económico en contra de Cuba, abrazó la causa justa de la independencia de Puerto Rico, apoyó el retorno de las islas Malvinas a la República de Argentina, manifestó su apoyo sin condiciones al pueblo Palestino y condenó el golpe de estado en Honduras140. En realidad, el evento sirvió para cono-cer en Nicaragua la posición oficial del gobierno del presidente Daniel Ortega sobre una variedad de temas relacionados con lo que se supone es la visión estratégica de su política exterior.

9.2 ORGANizACiÓN DE LOS ESTADOS AMERiCANOS (OEA)

En general la relación Nicaragua – OEA debe entenderse a partir del constante cuestionamiento del presidente Ortega a la funcionalidad de esta instancia en términos de su subordinación a los inte-reses de los Estados Unidos. El presidente Ortega en su discurso en la VIII Reunión del ALBA, expresó sus dudas sobre la capacidad de acción de la OEA e incluso llegó a plantear que “¿Qué sentido tiene estar en la OEA? La OEA tiene ahí un país que conspira para mantener su hegemonía, su dominación sobre el resto de países que somos miembros de la OEA. Estados Unidos tiene indiscutiblemente un enorme poder en la OEA y tiene enorme responsabilidad en los últimos acontecimientos en la región”141. Esas palabras fueron interpretadas como una advertencia de que Nicaragua estaba buscando una salida de la organización hemisférica, al no ver respaldadas las posiciones del país así como las de las naciones que conforman el ALBA.

En otros temas, tras el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia que facilita el proceso de reelección del presidente Daniel Ortega y de Alcaldes, el embajador Nicaragüense ante la OEA, Denis Moncada, denunció durante una reunión del Consejo Permanente que Estados Unidos y Canadá han tomado una posición injerencista en la políti-ca interna del país142, debido a sus declaraciones contrarias al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia. El embajador Robert Callahan dijo que la

140 Discurso DI- 015-2009. samuel santos lópez en el 64 Periodo ordinario de sesiones de la Asamblea general de la oNu. 29 de septiembre de 2009. http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/dc.shtml

141 Ver: “ortega denuncia que EEuu conspira para destruir AlBA.” la Habana. radio la Primerísima. 15 de diciembre de 2009. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/66781

142 Ver: “Nicaragua denuncia en oEA injerencismo yanqui” el 19 digital, 30 de octubre de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7441:nicaragua-denuncia-en-oea-injerencismo-yanqui&catid=23:nacionales&Itemid=12

143 Ver “Nicaragua denunció ante oEA injerencia Eu y Canadá en asuntos internos”. radio la Primerísima, 29 de octubre de 2009. En: http://www.radiolaprimerisi-ma.com/noticias/general/63749

144 Ver “Nicaragua y EEuu intercambian ataques e la oEA”. Diario las Américas, 31 de octubre de 2009. En: http://www.diariolasamericas.com/news.php?nid=87988

145 Ver: “la unidad nos permitirá ser libres dice ortega en g-río” radio la Primerísima, 23 febrero de 2010. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/gene-ral/71211

inForMe de gestión Política exterior

130 131

Venezuela a través de su presidente Hugo Chávez, es justo decir también que de alguna manera, la gestión de los operadores en materia de política exterior del actual gobierno ha implicado un mayor acerca-miento con potencias emergentes como Brasil. El gobierno sandinista reafirma explícitamente su com-promiso de fortalecer el orden multilateral donde la soberanía y solidaridad internacional sean los principales pilares, basados en el respeto mutuo y el respeto al derecho internacional147.

Este acercamiento, se ha visto en acciones como la visita del presidente Luis Inacio Lula Da Silva, el 7 de agosto de 2007, siendo la primera que realizaba un Jefe de Estado de Brasil a nuestro país. En el marco de esa visita, Nicaragua solicitó a Brasil -que ya había condonado el 95% de la deuda- que el res-tante 5% equivalente a 5.9 millones de dólares, fue-ran canjeados o invertidos en proyectos sociales para el desarrollo del país. Asimismo, se firmaron varios acuerdos de cooperación en las áreas de desarrollo agrario, forestal, educación, salud y energía, también sobre la posibilidad de inversión y comercio. Según el embajador de Brasil, Flavio Helmond Macieira ese país “busca seguir en dirección al desarrollo económico pleno, y a influenciar positivamente su región geográfica de forma que el conjunto de países de esa región asciendan a la condición de países desarrollados”148.

10.1.1 Cooperación

A partir de esa visita Brasil ha incrementado sus niveles de cooperación técnica en sectores puntua-les: formación técnica en energía, cultivo de peces, preparación de raciones animales, suministro de medicamentos y vacunas, en el sector salud y fores-tal. Dando lugar a una nueva relación de coopera-ción sur – sur149 entre ambos países y en ocasiones triangulada con agencias especializadas de Naciones Unidas150, en la cual Brasil ha puesto un gran interés sobre todo en el campo de la formación de técnicos de instituciones estatales que trabajan en áreas fores-tales, acuíferas, agrícolas, alimentarias.

En octubre de 2009, el Señor Flavio Helmond Macieira, embajador de la República Federativa del Brasil y Valdrack Jaentschke, viceministro-secretario de Cooperación, suscribieron tres ajustes comple-mentarios a proyectos de cooperación científico– técnico que beneficiarían a técnicos nicaragüenses en diferentes ramas del conocimiento. La firma de estos ajustes se dio en el marco de una visita multi-disciplinaria de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), que visitó Nicaragua en seguimiento a los acuerdos y proyectos que existen desde 2007151.ra al GRIO “el espacio de intercambio político más

adecuado y genuino para coordinar y acercar posi-ciones en torno a los grandes temas de una agenda internacional latinoamericana”146.

10. nicaragua y las Potencias eMergentes

Nicaragua ha planteado y mantenido una política hasta cierto punto abierta en sus relaciones interna-cionales, ampliando y potenciando el abanico de posibilidades de relaciones con países que se confi-

guran ya como potencias emergentes. Para el gobier-no del presidente Daniel Ortega el afianzamiento de estas relaciones tendría que ver con la búsqueda de relaciones de cooperación e intercambio más hori-zontales y justas con países como Brasil, la República Popular China y Rusia.

10.1 BRASiL

Aunque como se ha indicado en paginas prece-dentes, si bien la base sobre la que Nicaragua cons-truye su política exterior puede explicarse en buena parte a partir de su relación y las aspiraciones de

146 Ver discurso: “la Política Exterior de Nicaragua” del Canciller samuel santos lópez. Madrid, España, 19 de febrero del 2010, Casa de América.www.cancilleria.gob.ni

147 Discurso Presidente Daniel ortega en Visita del Presidente luis Inacio lula Da silva, en la universidad Politécnica (uPolI).Managua, 8 de agosto de 2007.

148 Entrevista escrita al Embajador de Brasil en Nicaragua Flávio Helmold Macieira.

149 la Cooperación sur - sur ha sido instrumentalizada de manera sistemática y continua, ha demostrado ser un mecanismo útil para enfrentar la realidad mundial y reducir la vulnerabilidad de países frente a los factores internacionales adversos. Ver: “Mecanismo de impulso para promover la Cooperación sur-sur” http://www.sela.org/public_html/AA2K3/EsP/docs/Coop/Coop-Inter/Di40.htm

150 Por ejemplo a través de la FAo y la Iniciativa América latina y Caribe sin Hambre. http://www.rlc.fao.org/iniciativa/pdf/coopreg.pdf

151 Ver: “Firma de ajustes complementarios con Brasil”. http://www.elpueblopresidente.com/INtErNACIoNAl/4865.html

inForMe de gestión Política exterior

las relaciones entre nicaragua y brasil se fortalecieron a través de la declaración conjunta que ambos mandatarios firmaron en el 2007, en la que reiteraron la voluntad de reafirmar la amistad y solidaridad entre ambas naciones. brasil ha sido la fuerza impulsadora de varios grupos regionales sudamericanos que por posición geográfica tienen los mismos intereses, sin embrago no se asegura que estos intereses puedan fraccionarse o diversificarse. brasil ocupa el tercer lugar entre los países con más veci-nos, luego de china continental que tiene 16 y de rusia, que posee 14. tiene fronteras con todos los países de américa del sur, con excepción de chile y ecuador. además, según el banco Mundial, la economía de brasil es la Primera de américa latina, la segunda de toda américa y la sexta a nivel global. brasil es el quinto país más grande del mundo, posee el río más caudaloso del mundo, el bosque tropical y húmedo más grande del mundo y una de las reservas biológicas más ricas del orbe. brasil es un país que tanto por su posición geográfica como por su economía emergente ejerce gran influencia y por lo que las relaciones de este país para con nicaragua deberían ser cada vez más estrechas y amistosas.

El Nuevo Diario, 02 de Abril del 2009. Ver: “Líder regional Latinoamericano: Brasil”. http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2009/04/02/opinion/98813

Radio La Primerísima, 08 de Agosto de 2007. Ver:”Texto integro de la Declaración Conjunta Brasil- Nicaragua”. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/18065

132 133

10.2.1 relaciones Comerciales

Del 27 al 30 de noviembre del 2009 se realizó una feria comercial de productos chinos. China presentó más de medio centenar de empresas en una feria comercial con la que busca fortalecer las relaciones comerciales bilaterales, pese a la inexistencia de lazos diplomáticos entre ambos países. Xu Yanbo director de exposiciones del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT) manifestó durante la inauguración de la exposición que en América Latina, “Nicaragua ya es uno de sus principales socios comerciales, porque su intercambio comercial con China en 2008 fue de 254 millones de dólares, el 19,3 por ciento más que en 2007”154. “En esta exposición, empresarios nicaragüenses y chinos conocerán de manera directa productos de ambos países constatando la calidad, lo que no será difícil por la dinámica de intercambio comercial que ya existe entre las dos naciones”, dijo por su parte el asesor pre-sidencial para Asuntos Económicos, Bayardo Arce. En esa oportunidad, Arce anunció que Nicaragua asistiría a la Exposición Mundial 2010 en Shanghai, que se efectuará de mayo a octubre del 2010 y que el presidente, Daniel Ortega, donaría a la Asociación Nicaragüense de Amistad con la República Popular China y su Pueblo (PRONICA-CHINA) un terreno para la construcción de un parque155.

El evento fue visto por la prensa nacional como un acercamiento no tanto entre Nicaragua y China, sino entre el FSLN y China. Los hechos hablan por sí solos. La Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense-China Popular, conformada el 24 de

agosto del 2009, es presidida por Francisco López, vicepresidente de Albanisa y tesorero del parti-do de Gobierno. La Asociación Nicaragüense de Amistad con la República Popular China y su Pueblo (ProNica China) –con cuatro años de existencia- es presidida por Arce Castaño, y como vicepresidente está el contralor sandinista José Pasos Marciaq. La información precedente refuerza el esquema de que las relaciones chinas son manejadas esencialmente por los operadores políticos más cercanos a Ortega, quienes usualmente se vinculan a las grandes opera-ciones empresariales del Partido, del Presidente y su familia156. En realidad, con un pragmatismo desbor-dante el gobierno y el partido están obteniendo lo mejor de las dos Chinas; dinero fresco y constante de Taiwán y oportunidades de negocios sin precedentes con la China Continental amparados en el repetitivo esquema mixto donde diversos asuntos públicos del gobierno son gestionados en realidad por el partido.

10.2.2 Peso mundial de China

China Continental ha venido diversificando sus intereses en lo que va de la década en América Latina con fuertes inversiones directas en Brasil, Argentina y Perú. Ha mantenido negociaciones de acuerdos de libre comercio con varios países, entre ellos Costa Rica, país con el cual mantiene relaciones diplomática plenas y ha pretendido que sea un tipo de “base de operaciones”157 para a atraer al resto de países de Centroamérica.

10.1.2 Inversiones

El embajador Helmond Macieira, manifestó el interés de su país en mejorar las relaciones comer-ciales con Nicaragua y lograr un incremento en las exportaciones de Brasil a Nicaragua que durante el 2008 reportaron más de 62 millones de dóla-res152, destacándose como productos de exportación maquinaria agrícola y automóviles. El embajador también indicó que en los planes de diálogo del Gobierno de Brasil y de establecimiento de bases para proyectos económicos, las relaciones en el 2009 fueron muy satisfactorias. Pero en términos de comercio e intercambios efectivos de inversión, estu-vieron debajo de lo deseable sobretodo en razón de la crisis internacional153. No obstante, Brasil aspira aun a apoyar el crecimiento económico nicaragüense y de Centroamérica, por medio de la “implantación de proyectos pioneros y la construcción de una tradi-ción de trabajo conjunto”. Uno de los proyectos más importantes es la construcción de la hidroeléctrica de Tumarín, que tiene la vocación de “funcionar como plataforma para el desarrollo futuro de otros proyectos”.

10.1.3 relación favorable

Brasil es considerado como la potencia regional de América Latina, esto lo ha logrado con una proyección de crecimiento económico sostenido, convirtiendose en la mayor economía a nivel lati-noamericano, logrando una reducción gradual de las grandes inequidades existentes en su población. Junto con su importante crecimiento ha manteni-do políticas sociales beneficiosas sin necesidad de endeudarse grandemente. Brasil además ha incursio-nado en la política internacional buscando un lugar entre las más grandes potencias.

Tomando en consideración el creciente pode-río brasileño en la escena internacional, Nicaragua podría encontrar una vía de crecimiento de su ima-gen a nivel hemisférico, proyectando de esa forma una política exterior más diversificada. Igualmente, es un escenario óptimo para reforzar y reposicionar la importancia de la cooperación sur-sur con mode-los económicamente exitosos y respetuosos del esta-do de derecho y las libertades públicas.

10.2 REPÚBLiCA POPULAR DE CHiNA

Nicaragua al mantener relaciones diplomáticas con Taiwán se ve imposibilitada de establecerlas con China Popular. China Popular mantiene una práctica política de que las naciones que reconozcan a Taiwán como nación independiente no podrán mantener relaciones diplomáticas con este país. Sin embargo, eso no ha inhibido a que el gobierno, particularmente a través de importantes operadores políticos del FSLN esté impulsando agresivamente más y mejores relaciones comerciales con ese país.

El increíble y sostenible crecimiento económico de China Popular la ha convertido en una potencia que para algunos está llamada a ser la sucesora de Estados Unidos en el sistema internacional. Con sus tasas de crecimiento, China se abrió al mundo e invirtió en América del Sur una gran cantidad de dinero. Además ha firmado varios acuerdos relacio-nados con la explotación y exploración de productos como el níquel, petróleo, gas, soja, y muchos otros. La penetración china en el continente ha generado un abanico de posibilidades de obtener beneficios de negociar y comerciar con una nación que tiene gran parte de la población mundial.

152 Ver: “Brasil con interés en incrementar comercio con Nicaragua” El Nuevo diario, 16 de diciembre de 2009. http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/64172

153 Entrevista escrita al Embajador de Brasil en Nicaragua Flávio Helmold Macieira.

154 Ver: “China y Nicaragua buscan fortalecer sus relaciones comerciales”. Infolatam, 28 de agosto de 2009. http://www.infolatam.com/entrada/china_y_nicara-gua_buscan_fortalecer_sus_-15734.html

155 Ver: “China y Nicaragua buscan fortalecer sus relaciones comerciales”. Infolatam, 28 de agosto de 2009. http://www.infolatam.com/entrada/china_y_nicara-gua_buscan_fortalecer_sus_-15734.html

156 Ver: “orteguismo refuerza lazos con China roja” la prensa, 29 de agosto de 2009. http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/agosto/29/noticias/naciona-les/346404.shtml

157 El Ministro de Comercio Exterior de Costa rica, Marco Vinicio ruiz, aseguró hoy que su país pretende convertirse en una plataforma de inversión para China en Centroamérica y México, además de impulsar el crecimiento del comercio bilateral.

inForMe de gestión Política exterior

134 135

de orden estratégico a nivel mundial. Después del reconocimiento se sucedieron una serie de visitas del más alto nivel entre ambos países. Aunque desde el lado de la diplomacia rusa acreditada en Nicaragua el reconocimiento de las provincias separatistas de Abjasia y Osetia del Sur representó un paso serio para mejorar las relaciones con Nicaragua, la expec-tativa rusa ha sido de mantener siempre excelentes relaciones de colaboración con el país, independien-temente del reconocimiento a esas provincias159.

10.3.1 Cooperación

En Julio de 2009, en el marco de la visita del Viceprimer Ministro ruso Igor Sechin a Nicaragua, ambos Estados suscribieron una serie de acuerdos entre los que se encuentran uno referido al libre visado. En el acuerdo también se abordaba la explo-ración de hidrocarburos, cooperación energética en la que incluye la exploración de petróleo en las zonas marítimas y terrestres160, así como el fortalecimiento de la industria pesquera161.

Se prevé que en el campo militar podría haber una potencial inversión de Rusia en Nicaragua. En mayo, medios de prensa nacionales publicaron artículos en los que se indicaba que Nicaragua estudiaba la posibilidad de comprar armamento militar a Rusia, entre ellos varios helicópteros y aviones162. En Noviembre de 2009, el gobierno ruso y el Ejército de Nicaragua firmaron un convenio de donación por un total de 6,5 millones de dólares en

equipos y técnicas especializadas para el desminado y para el fortalecimiento de la Institución ante su capacidad de respuesta a los desastres naturales163 que constantemente azotan al país; el programa de desminado humanitario es ejecutado con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cabe destacar que el apoyo ruso es necesario ya que casi todo el armamento del Ejército de Nicaragua es de origen ruso, por lo que sería una buena inversión para el apoyo en mantenimiento y si es posible su modernización.

10.3.2 Visitas de alto nivel

El Gobierno de Nicaragua, a través del vicecanci-ller Manuel Coronel Kautz, participó en encuentros de intercambio con instituciones gubernamentales de la Federación de Rusia vinculadas a la coope-ración y asistencia. Entre los principales temas abordados se destacan la definición de la estructura de la Comisión Intergubernamental, y los temas que la Comisión desarrollara en un futuro cercano: cooperación en las aéreas de transporte e infraes-tructura, energía, industria, minería, agricultura y áreas forestales, pesca, ciencia y educación, salud, el proyecto del Canal Interoceánico, así como áreas de prevención y mitigación de los efectos por desastres naturales, entre otros164.

China está llamada a ser la próxima potencia mundial, de hecho ya es la segunda economía más poderosa del mundo y es conocida como la “fábrica del mundo” por sus impresionantes volúmenes de exportación. Desde esta perspectiva, los avances mantenidos en el sector comercial entre Nicaragua y China son una oportunidad de negocios y de apertura comercial, la cual está dejando y dejará satisfactorios réditos al país.

Sin embargo, hay que ser cuidadosos con los eventos y las comunicaciones que se mantengan por las relaciones que existen con Taiwán. La isla de Taiwán es reclamada por China Continental como territorio nacional y la llama “provincia rebelde”. Se han enfrentado en el plano diplomático y político en diversas ocasiones por la solicitud de Taiwán de ser reconocida internacionalmente como una nación libre y soberana. Con la asunción del presidente Ma en Taiwán, las disputas entre ambos se han calmado. Asimismo se trazaron nuevos planes para que China Popular no siga buscando como arrebatar los pocos aliados que los taiwaneses tienen en el mundo, a cambio de que Taiwán no siga buscando apoyos para ser reconocida como nación independiente.

El último caso en el cual China Popular arrebató un aliado a Taiwán fue el caso de Costa Rica, que en el año 2007 rompió todo vínculo con Taiwán para abrazar la diplomacia china, y que en un pri-mer momento se intuyó que desencadenaría una reacción tipo “juego de domino”, donde al caer un país los demás países de Centroamérica seguirían ese mismo camino. Sin embargo, esto no llegó a ser así, aún con las alusiones de los nuevos presidentes de El Salvador Mauricio Fúnes y de Panamá Ricardo Martinelli, quienes en sus campañas presidenciales llegaron a mencionar que estarían analizando la

pertinencia de un mayor acercamiento e inclusive iniciar relaciones diplomáticas con China y por ende romper con Taiwán sus lazos.

Nicaragua, a diferencia de Costa Rica y al igual

que el resto de los países centroamericanos, ha mantenido su posición firme de mantener relacio-nes diplomáticas con Taiwán, eso sí, en el marco de potenciar las relaciones comerciales con China Popular que al final desea que sea así antes de no tener ningún tipo de relaciones.

10.3 RUSiA

En los años ochenta, Rusia se convirtió en uno de los principales aliados de Nicaragua y a raíz del retorno al poder de Ortega y la firma de acuerdos bilaterales en el Kremlin entre los mandatarios Daniel Ortega Saavedra y Dimitri Medvedev en Diciembre del 2008, las relaciones bilaterales entre ambos países se han venido estrechando cada vez más. En esa ocasión, el mandatario ruso manifestó las intenciones de mantener relaciones cordiales, duraderas y beneficiosas mutuamente con Nicaragua y América Latina.

También parece ser que coadyuvó al fortale-cimiento de las relaciones bilaterales el hecho de que Nicaragua fuera la segunda nación del mundo, después de Rusia, en reconocer la independencia de Abjasia y Osetia del Sur158. El reconocimiento por parte de Nicaragua, fue en realidad una operación que puede leerse en dos términos; primero, como una jugada estratégica del Gobierno para obtener mayor reconocimiento y apoyo económico ruso; y segundo, como una forma de reiterar que la política exterior de Nicaragua va en sentido opuesto a la visión de los países occidentales sobre algunos temas

159 Entrevista a Valeryl Bobrov. Ministro Consejero de la Embajada de rusia en Nicaragua

160 Ver “rusia explorara petróleo en zonas marítimas y terrestres en Nicaragua”. El Nuevo Diario, 28 de Julio de 2009. http://www.elnuevodiario.com.ni/naciona-les/53376

161 Ver “Nicaragua y rusia suscriben acuerdos de cooperación”. El 19 Digital, 28 de Julio de 2009. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=27:economia&id=5297:nicaragua-y-rusia-suscriben-acuerdos-de-cooperacion&Itemid=18

162 Ver: “ortega amenaza con rearme”. la prensa, 29 de julio de 2009. http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/julio/29/noticias/politica/340849.shtml

163 Ver “Ejercito recibe ayuda de rusia”. Bolsa de Noticias, 11 de Noviembre de 2009. http://www.bolsadenoticias.com.ni/2009/nov/11/nacionales.htm

164 Ver: “Nicaragua y rusia planifican acciones de desarrollo y cooperación” Nota de Prensa de Cancillería de Nicaragua, NP- 008-2010. 20 de enero de 2010158 El 2 de septiembre de 2008, el Presidente de Nicaragua reconoció la independencia de osetia del sur y Abjasia, y respaldó al gobierno ruso en las tensiones

que ha tenido con las potencias occidentales.

inForMe de gestión Política exterior

136 137

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergéi Lavrov visitó Nicaragua el 14 de febrero y se reunió con el Presidente Ortega. La visita sirvió para consolidar los lazos de amistad y cooperación entre ambos países, así como para resta-blecer la Comisión Binacional para la cooperación económica, comercial, científica y técnica. Se reanuda-rán las actividades de la oficina comercial en Nicaragua, la cual también funcionará como una oficina regional, dando con esto un gran apoyo y reconocimiento al país. Asimismo, acordaron que las inversiones rusas se reforzarán con la firma de los acuerdos interguber-namentales sobre la potenciación y promoción de las inversiones tanto rusas como nicaragüenses.

El ministro Lavrov se comprometió a impulsar la cooperación técnico-militar enfocada en la lucha con-tra las drogas, el terrorismo y el crimen organizado en el país. Además, expresó que la cooperación rusa se sustenta en el interés de desarrollar “un mundo multipolar, en la supremacía del derecho interna-cional, en el papel central de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y en el rechazo del uso de la fuerza en asuntos internacionales”165. Asimismo, destacó que el reconocimiento de Nicaragua en octu-bre de 2008 a la independencia de Osetia del Sur y Abjasia fue "una muy importante contribución a la formación de un nuevo mundo global basado en la justicia y que no tenga lugar el doble rasero"166.

La visita de Lavrov se enmarcó en un viaje de consolidación de relaciones con países de América Latina, para enfocarse en obtener el papel de poten-cia regional y nuevamente buscar esferas de influen-cia en la región.

10.3.3 Política rusa

La diplomacia rusa ha hecho desde hace varios años esfuerzos de acercamiento a países en Latinoamérica como Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Las intenciones rusas se han visto cla-rificadas con la cooperación e inversiones que ha venido manteniendo en la región latinoamericana y caribeña, además y tal vez sea lo más importante, ha expandido las ventas de armamento en la región lati-noamericana167. Con este tipo de relaciones, Rusia ha deseado regresar al hemisferio después de haber obtenido un papel preponderante en algunos países antes de que cayera el Muro de Berlín, con el fin de desarrollar una política exterior ya no ideologizada y más bien con una participación pragmática en los procesos de desarrollo comercial de América Latina.

De hecho, el viaje del canciller Lavrov a Nicaragua dejó bastantes señales claras de la importancia que le han dado a estas relaciones, sobretodo motivadas por encontrar puntos de encuentro en el desarrollo de un multilateralismo más fuerte y diseñado acorde a los intereses de naciones que necesitan mayores espacios en el sistema internacional. Cabe señalar que según diplomáticos rusos, la Federación Rusa actualmente posee una visión distinta de las relacio-nes de cooperación de la que mantuvo durante la época de guerra fría, por eso Rusia regresa nueva-mente al escenario internacional sin ideologías, sino con pragmatismo y Latinoamérica ha respondido positivamente ante este hecho168.

11. conclusiones

La política exterior es (debería ser) una herra-mienta para promover los intereses de Nicaragua ante la comunidad internacional y no de intereses políticos – partidarios que existen en el actual gobier-no y son constatados en el día a día de las relaciones internacionales del país. La alineación del Gobierno hacía países como Venezuela, Rusia e Irán ha sido visto como un tipo de relaciones cargadas ideológica-mente, pero además como una muestra de apertura y flexibilidad en las relaciones internacionales.

La política exterior de Nicaragua históricamente ha sido alineada, improvisada, desordenada, sin una estrategia definida o dirigida hacia la consecución de objetivos definidos, lo que hace que sea una política reactiva y muy probablemente sea el espejo de la polí-tica interior desordenada que existe en el país. Las contradicciones no son nuevas, tomando en cuenta que cuando se trata de asuntos internacionales existe una escenario en el que parece pesar más las orienta-ciones de carácter ideológico y de añoranza a la vieja forma bipolar de ver el mundo: países industrializa-dos y del primer mundo opresores, y países del sur y desarrollados, víctimas de los primeros.

Las tirantes relaciones con países aliados históri-camente y que juegan un papel preponderante en la facilitación de fondos de cooperación ha dado lugar a que dichos fondos estén siendo recortados ó sus-pendidos, lo que afecta en gran medida el desarrollo socioeconómico del país. El Gobierno no puede seguir en ese juego de atacar a representantes de países donantes y luego enviar a personeros, como el Canciller Samuel Santos a procurar dar otra ima-gen del país y su Gobierno. El Gobierno tiene que sentarse y dialogar con las naciones que mantiene diferencias los puntos en desavenencia para no afec-tar la imagen del país y a la población que es la que finalmente resiente las malas decisiones ó políticas que se implementan.

El Gobierno de Nicaragua podría sentarse con diferentes actores de la sociedad nicaragüense con el fin de escuchar y obtener diferentes visiones sobre la elaboración de la política exterior con el fin de fijar una agenda. Ésta debería priorizar la consecución de fondos de cooperación, la defensa de la soberanía e independencia, la atracción de flujos de inversión, incentivar relaciones de amistad con el entorno terri-torial natural y cercano, promover la profundización de la integración centroamericana como instrumento de desarrollo. Estos puntos de agenda podrían ser incorporados a los principios que ha expresado el presidente de la República Daniel Ortega como pilares de la política exterior como la dignidad, soberanía, autodeterminación, respeto, unidad y soli-daridad. El ejemplo de la política de multilateralidad impulsada en El Salvador por el Presidente Mauricio Funes pudiera ser una referencia importante y estra-tégicamente viable para Nicaragua.

Una conjugación bien estructurada y coherente de esos elementos nos daría el resultado de poder establecer políticas, campos de acción y decisiones de forma congruente con los objetivos de un país pequeño como el nuestro que se encuentra inmerso en procesos de globalización, integración y en un contexto de crisis económica mundial, logrando en conjunto con todos los actores involucrados en la política exterior la consecución de los intereses nacionales de Nicaragua.

165 Presidente Daniel se reunió con Canciller de la Federación rusa sergéi lavrov” El 19, 14 de febrero de 2010. http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10247&Itemid=12

166 Ver: “Destacada visita de lavrov” Informe Pastran, 15 de febrero de 2010

167 De hecho en 2009, rusia desplazo a Estados unidos como el mayor proveedor de armas a América latina, según un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Ver: “rusia superó a Eu y es el que más armas vende a latinoamérica”. El clarín, argentina. 4 de enero de 2010

168 Entrevista a Valeryl Bobrov. Ministro Consejero de la Embajada de rusia en Nicaragua.

inForMe de gestión Política exterior

138 139

www.ieepp.org

EqUiPO DE TRABAJO :Defensa nacional: Yassir ChavarríaSeguridad pública: Roberto Orozco BetancourtPolítica exterior: Ricardo De León Borge Javier Meléndez Quiñónez

REViSiÓN Y EDiCiÓN FiNAL:Javier Meléndez Quiñónez

DiSEñO GRáFiCO:Lenin Membreño Gudiel

Contacto

Con el auspiCio de