EstudiosLa crisis en Argentina y las relacionescon Brasil y Estados Unidos: continuidady cambio en las relaciones triangularesR O B E R T O R U S S E L L Y J U A N G A B R I E L T O K A T L I A N 3

La acción pública de inconstitucionalidadcomo mecanismo corrector de la crisisde representación en Colombia (1910-2003)M A R Í A L U I S A R O D R Í G U E Z P E Ñ A R A N D A 21

CoyunturaLa oposición regional a las negociaciones con el ELNO M A R G U T I É R R E Z L E M U S 34

DemocraciaLa ontología de la “violencia política”acción e identidad en las guerras civilesS T A T H I S N . K A L Y V A S 51

En búsqueda de lo popularen la Guerra de los Mil DíasC H A R L E S B E R G Q U I S T 77

TestimonioMovimiento étnico afrocolombianoen el quehacer político de TumacoS T E L L A R O D R Í G U E Z 90

ReseñasSistemas de guerra. La economía políticadel conflicto en ColombiaA N D R É S F E R N A N D O S U Á R E Z 103

El poder y la sangre, las historias de Trujillo, ValleG O N Z A L O S Á N C H E Z G . 106

Resúmenes 109

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U N I V E R S I D A DN A C I O N A LD E C O L O M B I A

I N S T I T U T O D E E S T U D I O SP O L Í T I C O S Y R E L A C I O N E SI N T E R N A C I O N A L E S

I E P R I

COMITÉ EDITORIAL

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Fernando Cubides CipagautaD I R E C T O R

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Daniel PécautCharles BergquistWilliam Ramírez TobónGonzalo Sánchez GómezHugo Fazio VengoaASESORES ED ITORIALES

Carlos Germán SandovalAS ISTENTE ED ITORIAL

COMITÉ CIENTÍFICO

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Klaus Meschkat Alemania

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Catherine LeGrand Canadá

Norbert Lechner Chile

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Preparación editorial e impresiónUnibiblos / Universidad Nacional de Colombia

DistribuciónEl malpensante

Impresa en Colombia, 2004

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La crisis en Argentinay las relaciones conBrasil y EstadosUnidos: continuidady cambio en lasrelaciones triangulares

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I N T R O D U CC I Ó N

Las relaciones de Argentina con Brasil y Esta-dos Unidos han ocupado un lugar de crecientesignificación en los distintos esquemas que orien-taron la política exterior del país desde fines delsiglo XIX. En ambos casos, este lugar siempreconstituyó materia de fuertes debates. Brasil fueconsiderado como un aliado indispensable paraampliar la autonomía nacional y fortalecer la ca-pacidad de negociación internacional del país,pero también como el principal rival geopolíticoque amenazaba la seguridad y hasta la integridadterritorial de Argentina. Igualmente, Estados Uni-dos fue percibido en un amplio marco de visionesque lo retrataron, en un extremo, como un peli-groso imperio en permanente expansión y, en elotro, como un aliado central para asegurar un vín-culo exitoso de Argentina con el mundo. En el si-glo XX, este debate adquirió un carácter cada vezmás triangular a lo largo de un proceso históricosignado a un tiempo por la declinación argentina yel aumento del poder relativo de Estados Unidos aescala mundial y de Brasil en el ámbito sudamerica-no, respectivamente1.

En este marco, el modo de vinculación de Ar-gentina con cada uno de estos dos países tuvo unimpacto creciente y esencialmente negativo sobrelas relaciones con el otro. Así, el vínculo positivo

1 Siguiendo la definición de Dittmer según la cual “astrategic triangle may be understood as a sort of transactionalgame among three players”, la relación entre Argentina,Brasil y Estados Unidos ha constituido un típicotriángulo estratégico. De acuerdo con el mismo autor,“three different systemic patterns of exchange relationships areconceivable: the menaje à trois, consisting of symmetricalamities among all three players; the romantic triangle,consisting of amity between one pivot player and two wingplayers, but enmity between each of the latter; and the stablemarriage, consisting of amity between two of the players andenmity between each and the third”. Lowell Dittmer, “TheStrategic Triangle: An Elementary Game-TheoreticalAnalysis”, en World Politics, vol. 33, nº 4, julio de 1981,pp. 485-489.

Roberto RussellDirector de la maestría en

Estudios Internacionales de la

Universidad Torquato di Tella, Argentina

Juan Gabriel TokatlianDirector de los programas de Ciencia Política

y Relaciones Internacionales de la

Universidad de San Andrés, Argentina

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2 Para un análisis más reciente de las relaciones de Argentina con los otros dos lados del triángulo, ver Mónica Hirsty Roberto Russell, El Mercosur y los cambios en el sistema político internacional, Buenos Aires, Fundación OSDE, 2001;Deborah Norden y Roberto Russell, The United States and Argentina: Changing Relations in a Changing World, NewYork, Routledge, 2002, y Roberto Russell y Juan G. Tokatlian, El lugar del Brasil en la política exterior argentina,Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.

3 Ver, entre otros, Gustavo Ferrari, Esquema de la política exterior argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1981 y Juan CarlosPuig, “La política exterior argentina y sus tendencias profundas”, en Revista Argentina de Relaciones Internacionales,nº1, 1975.

con uno de los vértices del triángulo derivó enconfrontaciones, diferencias, distanciamientos orecelos con el otro. Hasta hoy, Argentina no ha lo-grado resolver este dilema y, en consecuencia, ar-ticular una relación simultánea con Brasil yEstados Unidos que sea funcional a sus interesesnacionales2.

El debate sobre el lugar de Brasil y EstadosUnidos en la política exterior argentina se acen-tuó tras el agotamiento de cada uno de los tresesquemas seguidos históricamente por Argentinapara orientar esa política: 1) la relación especialcon Gran Bretaña, que se extendió desde finesdel siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX;2) el paradigma “globalista” que comenzó a me-diados de los cuarenta y concluyó al término dela Guerra Fría, y 3) la estrategia de “aquiescenciapragmática” iniciada a principios de los noventay que, con diferentes gradaciones, ordenó la po-lítica exterior del país hasta el fin anticipado delgobierno de la Alianza en diciembre de 2001.

Luego de la crisis de diciembre de 2001, esteúltimo paradigma sufrió un duro cuestiona-miento. La indiferencia y el desdén del gobiernode Bush hacia Argentina mostraron la falsedadde su principal supuesto: que el plegamiento alos intereses estratégicos y políticos de EstadosUnidos en el mundo y en la región aseguraría alpaís el apoyo decidido de Washington en cir-cunstancias de graves problemas internos. Almismo tiempo, la crisis obligó a repensar tantolas relaciones con Brasil, que habían atravesadonumerosos vaivenes durante la década del no-venta, como el sentido estratégico del Mercosurpara Argentina.

Este artículo consta de cuatro partes. En laprimera, hacemos un breve repaso de los víncu-los de Argentina con Brasil y Estados Unidos des-de la puesta en práctica del modelo de larelación especial con Gran Bretaña hasta el finanticipado del gobierno de Raúl Alfonsín (8 dejulio de 1989). Seguidamente, nos ocupamos deeste mismo tema durante los gobiernos de CarlosMenem y de Fernando de la Rúa (1989-2001),un período en el que Argentina desarrolla una

estrategia de plegamiento a Estados Unidos sinparangón en América Latina y reserva a Brasil ellugar de socio fundamentalmente económico.Esta posición del país frente a sus dos aliadosconsiderados de preferencia, según el discursooficial de la época, constituyó una fuente de fric-ciones y suspicacias permanentes con Brasil. Enla tercera sección, examinamos brevemente elpapel que desempeñaron Brasil y Estados Uni-dos durante la crisis argentina de diciembre de2001 y el período que abarcó el gobierno deEduardo Duhalde (1º de enero de 2001-25 demayo de 2003), así como también el comporta-miento de ese gobierno frente a los dos países.Por último, analizamos las relaciones de Argenti-na con Brasil y Estados Unidos desde el iniciodel gobierno de Néstor Kirchner para concluircon algunas reflexiones sobre el futuro próximode estas relaciones.

EL LUGAR DE BRASIL Y ESTADOS UNIDOS EN

LA POLÍTICA EXTERIOR DE ARGENTINA

(1880-1989)

Desde 1880 hasta 1930, Argentina logró unnivel de integración al sistema internacional queno volvería a repetirse. A partir de 1860, pero es-pecialmente en los ochenta, las clases dirigentesdel país construyeron un modelo de política ex-terior que siguió tres orientaciones principales:el europeísmo, la oposición a Estados Unidos yel aislamiento de América Latina3.

El vínculo con Europa, particularmente conGran Bretaña, fue la llave que permitió al país in-tegrarse exitosamente a la economía mundial encalidad de productor y exportador de materiasprimas y alimentos. Por el contrario, Estados Uni-dos no ofrecía entonces posibilidades ciertas deentrar en su propio mercado, tanto por sus barre-ras proteccionistas como por la baja complemen-tariedad de las dos economías. Además, en elmismo momento en que Argentina ponía enpráctica un proyecto de política exterior que seextendería sin altibajos hasta los años treinta, lue-go de la Guerra Civil, la dirigencia estadouniden-se había comenzado a percibir a América Latina

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como un área de hegemonía de Estados Unidos.Esta visión se daba de bruces con las aspiracionespolíticas de las elites argentinas de ejercer un pa-pel comparable, al menos, en América del Sur.Los frutos económicos palpables de las relacionescon Europa dieron progresivamente sustento a laspretensiones argentinas de liderazgo regional y, asu vez, produjeron una creciente autoconfianzaque derivó, en numerosos casos, en un sentimien-to de superioridad cultural frente a Estados Uni-dos. La famosa frase pronunciada por el delegadoargentino Roque Sáenz Peña en la Primera Con-ferencia Panamericana (1889-1890) realizada enWashington, “Sea América para la humanidad”,resume mejor que ninguna otra el lugar de lasprioridades externas del país y, al mismo tiempo,las prevenciones de los círculos dirigentes de Ar-gentina frente a Estados Unidos, país que se perci-bía más como una fuente de amenazas que deoportunidades.

Por su parte, el aislamiento de América Lati-na fue una consecuencia directa de la debilidadde los vínculos comerciales de Argentina con laregión y se concretó en un rechazo sistemático alestablecimiento de esfuerzos asociativos perma-nentes. Esta política incluyó ciertamente a Brasil,país que, por su lado, adoptó una posición simi-lar frente a Argentina. La baja densidad de la re-lación económica tuvo su correlato en loscampos de la cultura y las ideas, pero no en el dela política exterior. Desde los orígenes mismosdel país, la mayoría de la dirigencia argentinapercibió a Brasil como rival geopolítico, una vi-sión que se nutrió más del temor a la “expansiónterritorial” brasileña y al desequilibrio de poderque de los conflictos territoriales que enfrenta-ron a los dos países durante los años de consoli-dación de sus respectivos estados nacionales. Apartir del fin de la Guerra de la Triple Alianza(1865-1870), la rivalidad bilateral se manifestóen la búsqueda de aliados en los países del ConoSur para atraerlos a una esfera de influencia pro-pia y en el desarrollo de una carrera armamen-tista. El logro de la supremacía regional y elaislamiento del otro fueron los principales obje-tivos de las políticas exteriores de ambos paíseshacia la sub-región4.

A principios del siglo XX, la visión predomi-nante de Brasil como rival fue confrontada por vi-siones cooperativas que comenzarían a cobrarfuerzas al término de la Segunda Guerra Mundial(convergencia de intereses, complementacióneconómica, contrapeso del poder de Estados Uni-dos), pero todavía en el marco de una políticapro-europea que fue adquiriendo un caráctercada vez más defensivo frente al avance de Esta-dos Unidos en América Latina.

Las profundas transformaciones producidasen la política y en las economías mundiales trasla Primera Guerra Mundial pusieron en jaque almodelo de la relación especial con Gran Bretañapara restarle progresivamente toda viabilidad.Luego de 1930, los cambios en el sistema de co-mercio mundial le asestaron el golpe de gracia ytornaron vanos los esfuerzos realizados para re-crear la antigua bilateralidad con Londres. Paraesa época, Gran Bretaña ya no tenía condicionesde proporcionar los capitales, bienes y equiposque el país necesitaba para poner en marcha susnuevas estrategias de desarrollo orientadas a laindustrialización. Ese papel le cupo fundamen-talmente a Estados Unidos, pero esta vez no sedieron las condiciones para construir un vínculoque operara como un equivalente funcional alconstruido con Gran Bretaña durante los añosde apogeo del modelo exportador.

El fin del modelo desató un amplio debate so-bre las alianzas que deberían favorecerse (Euro-pa, Estados Unidos o, más tibiamente, AméricaLatina), el grado de apertura de la economía alcomercio exterior, el desarrollo del mercado in-terno y las estrategias de industrialización. Mien-tras la mayor parte de la dirigencia argentinaaún creía que el vínculo con Europa podía recu-perar su papel central en la política exterior (“lavuelta a la normalidad”, según expresiones de laépoca), otras voces postulaban el establecimien-to de una relación estrecha con Washington tan-to por razones políticas como económicas. Lospartidarios de esta posición también asignabanun lugar de importancia a América Latina y enparticular a Brasil, debido a la necesidad de su-perar la estrechez del mercado interno y dediversificar los externos5. En una vertiente más

4 A fines del siglo XIX, Brasil desplazó el eje de sus relaciones especiales desde Londres a Washington. EstadosUnidos se constituyó en su principal mercado y, al mismo tiempo, en su primer proveedor y financista.Secundariamente, la búsqueda de una “relación especial” con Estados Unidos apuntó a neutralizar el poderíomilitar argentino y las amenazas a Brasil que pudieran surgir de una coalición sub-regional liderada porArgentina. Esta política fue así percibida en Buenos Aires; más aún, muchos dirigentes la vieron como el primerintento de reparto de influencias en el hemisferio.

5 Federico Pinedo, La Argentina en la vorágine, Buenos Aires, Ediciones Mundo Forense, 1943, p. 112.

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política, otras voces expresaron la visión coope-rativa hacia Brasil desde un ángulo distinto: el dela comunidad de origen y de la condición co-mún del subdesarrollo. Para estos autores, la ri-validad con Brasil sólo servía para hacerle eljuego a los intereses externos e internos empeña-dos en profundizar las diferencias en el mundosubdesarrollado.

En los hechos, la preocupación por el equili-brio sub-regional y la competencia por la in-fluencia en los países vecinos siguierondominando la visión argentina de Brasil. La acti-tud que ambos países adoptaron tras el inicio dela Segunda Guerra Mundial –acentuación de laneutralidad argentina y consolidación del alinea-miento brasileño con los Estados Unidos– dio lu-gar al surgimiento en Argentina de una nuevavisión de Brasil, inscrita en la lógica de la rivali-dad geopolítica, como “país llave” de la acciónfutura estadounidense en el continente6.

A partir del fin de la Segunda Guerra Mun-dial, las circunstancias internacionales y de Ar-gentina fueron dando forma a un nuevoparadigma de política exterior que desplazódefinitivamente al de la relación especial conGran Bretaña para convertirse en el principalcuadro de referencia de la acción internacionaldel país hasta el inicio del gobierno de Menem7.Sus líneas gruesas fueron trazadas durante la se-gunda mitad de la década de los cuarenta porJuan Domingo Perón, quien desde el momentoen que se hizo cargo del gobierno procuró en-contrar un modus vivendi con Estados Unidos quesatisficiera los intereses económicos de Argenti-na, sin renunciar a sus objetivos de soberaníapolítica e independencia económica. El esque-ma concebido por Perón se integró con cinco

elementos básicos: la pertenencia cultural de Ar-gentina a Occidente; el alineamiento del paíscon Estados Unidos en caso de un conflicto béli-co con la Unión Soviética; el no alineamientocon los intereses estratégicos políticos y econó-micos estadounidenses, globales y regionales, de-bido a diferencias auténticas de intereses y devisiones entre los dos países propias de su des-igual posición relativa en el sistema internacio-nal; la definición de una agenda bilateral yregional con claras jerarquías temáticas en la quelos temas económicos ocupaban el primer lugar,aun por sobre las cuestiones de seguridad, y,finalmente, la oposición a la intervención estado-unidense en los asuntos internos de los países dela región.

Estos cinco aspectos constituyeron el caucepor el que se deslizó la política exterior argenti-na hacia Estados Unidos durante los años de laGuerra Fría. Políticamente, este esquema conte-nía un componente de autonomía que no asegu-raba las lealtades que Washington esperaba deAmérica Latina en aquel período. Económica-mente, promovía heterodoxias que contrastabancon las políticas liberales y el multilateralismo fa-vorecidos por Estados Unidos. Con razón, fuepercibido como una estrategia orientada a redu-cir el poder estadounidense y a aumentar la ca-pacidad de negociación argentina ylatinoamericana. La profundización de la depen-dencia económica del país con respecto a Esta-dos Unidos desde fines de los cuarenta atenuóen ocasiones este perfil autonomista, pero jamáslo puso en la retaguardia. Incluso aquellos go-biernos argentinos que tuvieron una inequívo-ca voluntad de estrechar filas con EstadosUnidos procuraron mantener espacios de

6 Según lo explica la dirección de una revista que tendría mucha influencia en los años setenta en la configuraciónde las visiones del Brasil: “Se entiende por ‘país llave’ el que, dentro de una región determinada puede servir depivote a la política de poder de una gran potencia, la cual le otorga prioridad en sus programas de ayuda yasistencia económica, militar, etc.”, Dirección de Estrategia, “Relaciones argentino-brasileñas”, en Estrategia, nº 5,enero-febrero 1970, p. 49.

7 Denominamos a este paradigma “globalista” porque a partir de su puesta en práctica, Argentina procuró unaamplia diversificación de vínculos externos y desarrolló, como país mediano, un papel activo en las negociacionesinternacionales sobre temas políticos y económicos de naturaleza global. El mismo se ordenó a partir de lassiguientes premisas: no alineamiento con los Estados Unidos que nunca implicó equidistancia entre los bloques;impulso a la integración latinoamericana, aunque desde una perspectiva gradualista y asentada en elreconocimiento de la gran diversidad de situaciones económicas nacionales; alto perfil en los forosinternacionales en defensa de la paz, el desarme y la distensión Este-Oeste; rechazo a organismos y regímenesinternacionales que procuran congelar la distribución del poder mundial, particularmente en materia dedesarrollo de tecnologías sensibles; oposición al establecimiento de organismos supranacionales que coarten laautonomía y el desarrollo argentinos; ejecución de una estrategia de desarrollo orientada a la sustitución deimportaciones a nivel nacional y regional como vía principal para superar las vulnerabilidades del modelotradicional basado en las exportaciones primarias; introducción de reformas en el sistema económico y financierointernacional que contemplen los intereses de los países en desarrollo, y diversificación de los socios comercialesexternos sin barreras ideológicas.

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decisión propia frente a las demandas y presio-nes de Washington8.

De todos modos, la diplomacia argentina semostró menos dispuesta a confrontarse con Esta-dos Unidos que en la etapa de predominio delparadigma de la relación especial con Gran Bre-taña, acaso más forzada por la necesidad que porconvicción. Más aún, el mayor acercamiento eco-nómico a Estados Unidos fue generalmente pre-sentado como un recurso instrumental paraalcanzar el desarrollo nacional y, en la práctica,se acompañó con políticas compensatorias haciaAmérica Latina, Europa Occidental y los paísessocialistas, así como con medidas dirigidas a obs-taculizar aspiraciones estadounidenses, particu-larmente en el plano hemisférico.

En el ámbito sub-regional, Argentina no logróestablecer un patrón de relaciones duradero ca-paz de vencer antiguos recelos. Las políticas diri-gidas a fortalecer la cooperación con Brasil paraencarar con criterios comunes los temas interna-cionales y los problemas del subdesarrollo fue-ron superadas por los enfoques de política depoder que destacaban la competencia y la luchapor la influencia en el espacio sudamericano.Así, la causa latinoamericana impulsada porPerón nunca logró entusiasmar a los gobernan-tes brasileños que la vieron no sólo con escepti-cismo y desconfianza sino como una amenaza asu relación especial con Estados Unidos. Haciafines de los cincuenta, visiones compartidas so-bre la realidad regional y mundial posibilitaronun acercamiento inédito entre Argentina y Brasilque, sin embargo, quedó trunco por la situaciónpolítica interna de los dos países9. A partir de lasegunda mitad de los sesenta, la agenda de polí-tica exterior hacia la región fue dominada por

una creciente preocupación sobre la marcha as-cendente de Brasil, que se reflejaba en el incre-mento de su gravitación política y económica enAmérica del Sur. En este contexto, la relacióncon el país vecino se definió en clave de rivalidaddesde dos vertientes: la geopolítica, que ponía elacento en el desequilibrio del poder entre am-bos países con una envidia poco disimulada porlos resultados del “milagro brasileño”, y la teoríade la dependencia, que destacaba el peligro del“subimperialismo brasileño” en la Cuenca delPlata y el papel de Brasil, a partir de una alianzaprivilegiada con Washington, de gendarme deEstados Unidos en la sub-región.

Luego de muchas idas y venidas, las diferenciasentre los dos países se redujeron significativamentecon la firma del Acuerdo Tripartito sobre Corpus-Itaipú del 19 de octubre de 1979 entre Argentina,Brasil y Paraguay, que abrió interesantes perspec-tivas para avanzar en el terreno de la coopera-ción10. Poco después Argentina y Brasilfirmaron en Buenos Aires el 17 de mayo de1980 un acuerdo de cooperación para el desa-rrollo y la aplicación de los usos pacíficos de laenergía nuclear. Para esa época, el país vecinoya había dejado de ser la hipótesis de conflictoprioritaria para el pensamiento estratégico mili-tar argentino11.

Durante la Guerra de Malvinas, Brasil se soli-darizó con Argentina, aunque no estuvo deacuerdo con la acción armada. La derrota argen-tina en ese conflicto acabó para siempre con eldilema de seguridad argentino-brasileño. Pocodespués, el inicio del proceso de democratiza-ción en ambos países facilitó la realización deimportantes acuerdos de integración y en mate-ria de concertación de política exterior. Durante

8 Los desbordes hacia un mayor alineamiento o la confrontación con Washington fueron efímeros, dado queobedecieron a circunstancias de momento, tanto internas como internacionales, o fueron promovidos por gruposque nunca alcanzaron suficiente poder para instalar, a derecha e izquierda del esquema dominante, fórmulasalternativas.

9 El paso más importante, dirigido a cambiar el signo de la relación bilateral para transitar de la competencia por lainfluencia sub-regional a la cooperación, fue la firma de los Acuerdos de Uruguayana el 22 de abril de 1961 porlos presidentes Arturo Frondizi y Janio Quadros. Su principal objetivo era concertar una acción internacionalconjunta de los dos países “en función de la condición sudamericana que les es común”. Ver Juan A. Lanús, DeChapultepec al Beagle. Política exterior argentina 1945-1980, Buenos Aires, Edición Emecé, 1984, p. 298.

10 El tema principal que dividió a los dos países en los años sesenta y setenta fue el de la utilización del potencialenergético de los ríos de uso compartido –más específicamente, la disputa sobre la central hidroeléctrica queterminaría construyéndose en Itaipú– y dio lugar a un áspero enfrentamiento que trascendió el plano bilateral.

11 Es importante notar que tanto el despliegue militar argentino respecto a Chile realizado a fines de 1978, como eldesarrollado con motivo de la Guerra de Malvinas, se llevaron a cabo descartando la posibilidad de que Brasiltuviera algún tipo de participación hostil hacia Argentina. Ver Rosendo Fraga, “Una visión política del Mercosur”,en Jorge Campbell (Comp.), Mercosur entre la realidad y la utopía, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano,1999, p. 272.

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el gobierno de Alfonsín (1983-1989) se pasó gra-dualmente de la competencia a la construcciónde una alianza a la que se concibió como un pro-yecto de carácter estratégico para consolidar elproceso democrático en ambos países, resguar-dar la soberanía nacional, impulsar el desarrolloargentino en complementaridad con el de Brasily reunir masa crítica para ampliar la capacidadde negociación internacional. En esta primeraetapa de la democracia argentina, si bien se esti-muló desde el gobierno una mirada más coope-rativa hacia Brasil, abandonando la retóricaconflictiva, los recelos mutuos no desaparecieronpor completo.

E L PA R A D I G M A D E L A A Q U I E S C E N C I A

P R AG M Á T I C A : L A AG U D I Z AC I Ó N D E L A S

D I F E R E N C I A S E N E L T R I Á N G U LO ( 1 9 8 9 -

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Cuando Carlos Saúl Menem asumió la presi-dencia de Argentina en julio de 1989, el contextointernacional e interno reunía dos de las tres con-diciones identificadas por Jakob Gustavsson quefacilitan la realización de cambios significativos enmateria de política exterior: alteración de condi-ciones estructurales fundamentales en el ambien-te externo (fin de la Guerra Fría y nueva fase deglobalización económica) y la presencia de unacrisis interna de envergadura (hiperinflación)12.La tercera condición –la existencia de unliderazgo político estratégico– fue dándose pro-gresivamente en la medida en que Menem con-solidó su poder político interno a partir de laconstrucción de una nueva coalición social queprodujo, entre otros aspectos de relevancia, un“giro copernicano” en el perfil ideológico delperonismo.

El paradigma globalista fue considerado nosólo como disfuncional para orientar la políticaexterior de Argentina en este nuevo ambiente in-ternacional e interno, sino como uno de los prin-cipales causantes de la declinación relativa delpaís en el mundo. En su remplazo, el gobierno de

Menem propuso y siguió las premisas de un nue-vo paradigma de política exterior que denomina-mos de la “aquiescencia pragmática”13.

Brasil y Estados Unidos fueron definidoscomo los principales aliados de Argentina peroen planos diferentes. Brasil, en el contexto delMercosur, fue considerado como un aliado fun-damentalmente económico, mientras que las re-laciones con Estados Unidos constituyeron elprincipal eje articulador de una nueva vincula-ción de Argentina con el mundo sobre la basedel plegamiento estratégico a Washington. Estaestrategia se justificó por dos razones prácticas:Estados Unidos acababa de ganar la Guerra Fríay era la potencia hegemónica en América Latinadesde fines del siglo XIX. Con cierta nostalgiapor Argentina “próspera” y por el modelo de larelación especial con Gran Bretaña, se estimóque una alianza política y económica con Was-hington resultaría clave para asegurar un retor-no exitoso del país al orden mundial. Además, yen el plano específicamente sudamericano, elplegamiento a Washington fue percibido comola estrategia propia de las segundas potencias re-gionales (Argentina en América del Sur), mien-tras que la búsqueda del equilibrio correspondíanaturalmente a las primeras potencias de cadaregión (Brasil en América del Sur). A estas dosrazones que explican el plegamiento poniendoel ojo en variables externas al país (contextomundial y sub-regional), debe sumarse un con-junto de factores internos de Argentina: la con-dición de vulnerabilidad externa del país, sufragilidad institucional, la búsqueda de ganan-cias y la preservación y ampliación de poder polí-tico interno por parte del gobierno de Menem.

Las relaciones con Brasil se definieron con lamirada puesta en el pasado, en “otra” Argentinay en “otro” Brasil, el país que fuera un firme alia-do de Estados Unidos. Respecto a lo primero, seapeló a la imagen de Argentina próspera de finesdel siglo XIX y primeras décadas del XX, y alproyecto nacional e internacional de la genera-

12 Jakob Gustavsson, The Politics of Foreign Policy Change: Explaining the Swedish Reorientation on EC Membership, Lund,Tiden, 1998, p. 4.

13 Sus premisas fueron las siguientes: 1) el plegamiento a los intereses políticos y estratégicos de Estados Unidos,tanto globales como regionales; 2) la definición del interés nacional en términos económicos; 3) la participaciónactiva en la creación y el fortalecimiento de regímenes internacionales en sintonía con la posición de los paísesoccidentales desarrollados, particularmente en el área de la seguridad; 4) el apoyo a la integración económica enel marco del regionalismo abierto; 5) la ejecución de una estrategia de desarrollo económico ordenada en torno alos lineamientos del así llamado “Consenso de Washington”; 6) la confianza en que las fuerzas del mercado másque el Estado asegurarían una nueva y exitosa inserción internacional para Argentina, y 7) la aceptación de lasreglas básicas del orden económico y financiero internacional.

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ción que construyó aquel país y logró insertarlocon éxito en el mundo. En cuanto a Brasil comomodelo de política exterior, se recurrió a la ima-gen del país que optó por el alineamiento conEstados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.Aquel Brasil era visto en términos laudatorios,mientras que el de los noventa era percibidocon preocupación. Su relativo distanciamientode Estados Unidos y la búsqueda de mayor po-der e influencia externas en clave realista eranconsiderados como ejemplos de políticas quedebían evitarse tanto por su anacronismo comopor haber contribuido significativamente, en elcaso argentino, a la declinación del país.

El gobierno de la Alianza (Unión Cívica Radi-cal, Frepaso y otros partidos minoritarios y mo-derados de centro-izquierda) que asumió el 10de diciembre de 1999 no cambió, salvo en el es-tilo, los lineamientos básicos de la política exte-rior seguida por Menem. En un principio, elgobierno presidido por Fernando de la Rúa pa-reció inclinado a mirar más a Brasil y a relanzarel Mercosur. La visión entonces predominanteera que los vínculos con el país vecino resultabanesenciales en lo económico y lo político porigual. Sin embargo, muy pronto se hizo evidenteque la relación con Brasil no se alteraríasustancialmente. Argentina evitó comprometerseen iniciativas que podrían ser vistas como inten-tos de equilibrio u oposición al poder estadouni-dense en la sub-región. Así, en ocasión de laPrimera Cumbre de Presidentes de Sudamérica,convocada por Brasil a fines de agosto de 2000,la cancillería argentina expresó claramente queeste encuentro de doce países no debería ser in-terpretado como un intento de crear un bloquesudamericano14. De hecho, las contradiccionesen los vínculos con Brasil se exacerbaron. En elpropio gobierno, las discrepancias entre ministe-rios y funcionarios del más alto nivel condujerona una mayor tensión diplomática entre BuenosAires y Brasilia poniendo en evidencia que nosólo se carecía de una clara visión del “otro”,sino que se estaba desprovisto de una imagenpropia consistente.

En suma, las relaciones de Argentina con Bra-sil y Estados Unidos tuvieron un peso relativo cla-ramente diferenciado a favor de Washington.Nunca se trató de un triángulo equilátero. Losavances producidos en las relaciones con Brasil enel plano económico, si bien aumentaron la inter-

dependencia entre los dos países, no fueron co-rrespondidos por un aumento de las convergen-cias en el campo de la política exterior donde lasdiferencias fueron notorias y crecientes. En estemarco, las intenciones de Argentina hacia Brasil y,más específicamente, hacia el Mercosur, nuncafueron claras para la diplomacia de Brasilia, laque también aportó su cuota importante de res-ponsabilidad en la falta de avances en la relaciónbilateral. De este modo, la integración de los dospaíses quedó atrapada entre los vaivenes argenti-nos y la inflexibilidad brasileña.

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La crisis de diciembre de 2001, cuyas expre-siones más visibles fueron el fin anticipado delvacilante gobierno de Fernando de la Rúa, elcambio de cinco presidentes en doce días, lasnumerosas movilizaciones callejeras de sectoresmedios y populares unidas bajo el eslogan “quese vayan todos” y el anuncio festivo de la cesa-ción de pagos de la deuda, impulsaron un nuevodebate sobre el rumbo que Argentina debería se-guir en materia de relaciones internacionales. Ellugar de Brasil y de Estados Unidos en la políticaexterior del país volvió a ocupar el centro de laescena. Los partidarios del plegamiento a Was-hington siguieron alentando una visión negativade Brasil que fue presentado como un país de fu-turo incierto y con un tipo de política exteriorque podía arrastrar a Argentina a retomar sende-ros equivocados. Ante la gravedad de la crisis y laextrema vulnerabilidad externa del país, insistie-ron en que el plegamiento a Estados Unidos con-tinuaba siendo la mejor estrategia para sacar aArgentina del pozo a costa de la relación conBrasil, cuyo papel debería mantenerse como elde un socio fundamentalmente económico. Estaposición fue enfrentada por quienes promovíanhacer de la relación con Brasil el principal eje or-denador de la política exterior, al tiempo que de-fendían un acercamiento selectivo a Washingtonalejado de toda clase de seguidismos. El gobier-no de transición de Eduardo Duhalde navegócon dificultades entre estas dos alternativas, aun-que fue volcándose progresivamente a favor dela segunda de ellas.

El default de Argentina se esperaba en los cen-tros financieros del mundo desde hacía bastantetiempo y, por tanto, no causó ninguna clase de

14 Adalberto Rodríguez Giavarini, “Hacia la integración latinoamericana”, en La Nación, 30 de agosto de 2000, p. 17.

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sorpresas cuando finalmente ocurrió en diciem-bre de 2001. Tampoco sorprendió que De la Rúaabandonara la Casa Rosada un año antes del tér-mino de su mandato constitucional. En realidad,la fase terminal del gobierno de la Alianza se ha-bía iniciado tras su derrota en las elecciones le-gislativas del 14 de octubre de 2001 en las que lapoblación argentina, mediante el así llamado“voto bronca” expresó su creciente repudio ha-cia la clase política en general.

La vuelta del peronismo al gobierno de Argen-tina, tanto del efímero y populista AdolfoRodríguez Saá, como de su sucesor, EduardoDuhalde, fue recibida por la administración Bushcon comentarios de rutina. El presidente estado-unidense, en una carta dirigida a Rodríguez Saá,definió a Argentina como “nuestro vecino, nues-tro valioso aliado y amigo” y anunció que las rela-ciones seguirían siendo “excelentes”15. Estaspalabras de compromiso fueron seguidas porotras menos formales pero precisas: el propioBush y los principales miembros de su gobiernoaclararon repetidas veces que todo tipo de ayudaestadounidense se completaría a través del FondoMonetario Internacional (FMI) y advirtieron,fijando de entrada la que sería su aproximación ala crisis argentina, que para lograr el respaldo deWashington el país debería poner antes en ordensus políticas fiscal y monetaria y desarrollar unprograma económico que implicara “crecimientosostenido”16.

Luego de algunos titubeos iniciales, el gobier-no de Duhalde concluyó rápidamente que lafirma de un acuerdo con el FMI era una condi-ción necesaria tanto para reinstalar a Argentinaen el mundo como para comenzar a poner encaja la economía del país17. Más importante aún,ligó la realización de ese acuerdo a su propia

supervivencia. A partir de esta lectura, se fijó dosprioridades en materia de política exterior: el lo-gro de una pronta ayuda económica de EstadosUnidos y el apoyo de la administración Bush enlas arduas negociaciones que se iniciaban con losorganismos multilaterales de crédito. Para quitarpiedras del camino, y a poco de asumir, se excu-só ante el presidente Bush por las medidas decorte dirigista, que había heredado o se habíavisto obligado a tomar, y le declaró su fiel com-promiso con la libertad económica18.

En aquellos días tumultuosos y confusos deprincipios de 2002, el gobierno argentino imagi-nó que un acuerdo con el FMI era una cuestiónde corto tiempo y que los países del Grupo delos Siete (G7), con Estados Unidos a la cabeza,brindarían a Argentina una importante ayudaexterna que oscilaría entre los 15 y los 18.000millones de dólares. Muy pronto, los hechos seocuparon de mostrar que estas expectativas erandesmesuradas. El apoyo de Washington no sólono llegó sino que el gobierno de Bush utilizó aArgentina como “conejillo de indias” de su nue-va política para los países emergentes que atra-viesan crisis financieras. Como es sabido, ellasostiene que no tiene sentido prestar el dinerode los contribuyentes estadounidenses a paísescuya estructura de deuda no es sustentable, ni sa-lir al rescate de quienes realizaron malas inver-siones en economías de alto riesgo en busca demayor rentabilidad. Para su infortunio, Argenti-na pasó de ser el ejemplo de las reformas econó-micas promovidas por Estados Unidos y el FMIpara América Latina en la década del noventa enel test case de esta nueva política que, finalmente,no se aplicaría con el rigor anunciado en ningúnotro caso19. La lectura que se hizo en Washingtonfue que los costos para los intereses estadouni-

15 “Bush prometió ‘relaciones excelentes’. Le envió una carta a Rodríguez Saá”, en La Nación, 24 de diciembre de2001, p. 9.

16 “Respaldo de EE.UU al gobierno de Rodríguez Saá”, en Clarín, 28 de diciembre de 2001, p. 4.17 Los organismos multilaterales de crédito son los segundos mayores acreedores de Argentina. Con casi el 28% del

total de la deuda pública concentrado en dichos organismos, era impensable encarar el problema de la deuda sinpasar previamente por el FMI.

18 Expresamente, en una carta dirigida al presidente Bush el 25 de enero de 2002, Duhalde dice, luego de reafirmarel carácter de socios de ambos países y la condición de aliado extra-OTAN de Argentina, lo siguiente: “Migobierno está firmemente comprometido con dejar de lado, lo más rápido posible, medidas transitorias, de cortedirigista, que hemos heredado o nos hemos vistos obligados a tomar. Insisto, las presentes medidas son sólocircunstanciales y serán abandonadas tan pronto podamos normalizar las situación económica y financiera”. VerClarín, 21 de enero de 2002, p. 5.

19 Luego de haber apoyado importantes paquetes de ayuda a Argentina a través de los organismos multilaterales decrédito, el gobierno de Estados Unidos decidió en diciembre de 2001 “bajarle el pulgar” al país al no apoyar laliberación por parte del FMI de un desembolso previamente pactado de 1.264 millones de dólares.

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denses serían pequeños y que no habría efectocontagio en otras naciones emergentes, como síhabía ocurrido con las crisis financieras de Méxi-co, el sudeste de Asia, Rusia y Brasil.

El departamento del Tesoro llevó la voz can-tante de la posición del gobierno de Bush haciaArgentina, nunca mejor expresada que en las de-claraciones de su entonces titular, Paul O’Neill:“No es justo utilizar la plata de los carpinteros ylos plomeros estadounidenses para rescatar ban-cos y empresas que han malinvertido en paísesde alto riesgo en busca de una rentabilidad másalta y más rápida. Si aceptaron correr el riesgo,ellos deben asumir el costo”20. En forma menosdescarnada y con las sutilezas propias de la diplo-macia, esta posición fue absolutamente compar-tida por el Departamento de Estado. Así, lasexpectativas argentinas de que Estados Unidosadoptara una visión más política de la crisis co-rrieron la misma suerte que los fondos frescos es-perados en vano en Buenos Aires durante losprimeros meses del año.

La Argentina de la inmediata poscrisis noofrecía al mundo financiero internacional y a losgobiernos del G7, empezando por la administra-ción Bush, las condiciones requeridas para acor-dar con el FMI. A una larga historia deincumplimientos (desde su ingreso al FMI Ar-gentina sólo cumplió 4 de los 19 acuerdos quefirmó con ese organismo), tres factores de aque-lla coyuntura contribuyeron a elevar el ya alto ni-vel de desconfianza externa que producía el país:la declaración en tono de victoria del default, lanotoria incapacidad de la clase política argentinapara trabajar, en medio de la tormenta, en posde una mayor gobernabilidad y, finalmente, el te-mor de que la alianza peronista-radical que ha-bía puesto a Duhalde en la presidencia virarahacia políticas dirigistas y populistas. Para colmode males, la crisis argentina se desató sólo tres

meses después de los atentados terroristas del11 de septiembre en Estados Unidos. A poco deocurridos estos hechos, Paul O’Neill reconocióante la Comisión de Asuntos Bancarios del Se-nado que: “Una semana atrás, Argentina estabaal tope de nuestra lista de trabajo; ahora ya noestá más en ese lugar, no de la misma maneraque antes”21.

Las penurias del país y los más de diez añosde plegamiento a los intereses políticos y estraté-gicos de Estados Unidos no conmovieron a la ad-ministración Bush, que mantuvo durante variosmeses una posición de frialdad distante y no hizoesfuerzo alguno que ayudara a levantar la dismi-nuida autoestima colectiva de Argentina. Porejemplo, y a pesar de su condición de “aliado ex-tra-OTAN”, no la incluyó en la lista de las nacio-nes del Hemisferio Occidental con las que,conforme a lo expresado en su nueva estrategiade seguridad nacional, procura formar “coalicio-nes flexibles” (los países incluidos fueron Brasil,Canadá, Colombia, Chile y México).

Recién a fines de 2002, el gobierno de Bush,junto a otros del G7, ayudó a que el FMI vencie-ra sus fuertes resistencias a aprobar un acuerdotransitorio con Argentina que por entonces lleva-ba un año largo de duras negociaciones22. El Te-soro de Estados Unidos desempeñó un papel deprimer orden en la fase final de las negociacio-nes para acercar las posiciones de Argentina y elFMI. Así, por ejemplo, luego de la firma de laCarta de Intención, el Departamento del Tesoroinstó en un comunicado al Directorio del Fondoa tratar el acuerdo en el “futuro más próximo”23.Este apoyo del ejecutivo estadounidense a Argen-tina fue reconocido personalmente por el propioDuhalde al secretario de Estado de Estados Uni-dos, Colin Powell, en una reunión que mantuvie-ron en ocasión del Foro Económico de Davos enenero de 2003. Tras el encuentro, el presidente

20 “La llegada de Paul O’Neill”, en http://nuevamayoria.com/es/analisis/martini/020806.htm21 Citado en María O’Donnell, “Las consecuencias económicas de los ataques”, en La Nación, 21 de septiembre de

2001, p. 6. Si bien Argentina perdió importancia relativa para Estados Unidos luego de los golpes terroristas, aligual que el resto de América Latina, era muy improbable que hubiera recibido otro trato de Estados Unidos deno haber sucedido el 11 de septiembre. Antes de ese día, la administración Bush ya estaba preparada para aplicarmedidas ejemplares al país por sus reiterados incumplimientos.

22 El acuerdo, finalmente aprobado el 25 de enero de 2003, tuvo tan sólo una duración de ocho meses. Mediante elmismo, Argentina logró posponer los pagos que tenía que enfrentar entre enero y agosto de ese año con el FMIpor 11.000 millones de dólares y de 4.400 millones de dólares con el BID y el Banco Mundial. El conveniotambién contabilizaba 5.112 millones de dólares de vencimientos ya reprogramados en 2002, con lo cual la sumafinal se elevó a 16.112 millones de dólares.

23 Uno de los párrafos sobresalientes del comunicado dice lo siguiente: “La implementación de un efectivoprograma de transición podrá construir y fortalecer el progreso que las autoridades argentinas están haciendopara estabilizar la situación económica y financiera del país”. Citado en La Nación, 17 de enero de 2003, p. 9.

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argentino declaró que: “Estados Unidos nos apo-yaron con una colaboración que definiría comomuy militante. Estuvieron permanentementeconversando con nuestros representantes del Mi-nisterio de Economía, del Banco Central y connuestro embajador en Washington para facilitarun entendimiento”24.

Por cierto, el decisivo respaldo de EstadosUnidos para apurar el cierre del acuerdo con elFMI no se debió a un cambio de posición haciaArgentina, sino a razones prácticas de esa coyun-tura. Entre ellas, destacan las siguientes: 1) queera mejor acordar que dejar que el país cayeraen el default total y que, con ello, se volcara haciapolíticas más dirigistas; 2) que era convenienteque el gobierno de Duhalde finalizara su manda-to sin ahogo financiero; 3) que el acuerdo ayuda-ría a preservar la estabilidad macroeconómicadurante la transición a un nuevo gobierno, y,finalmente, 4) que daría algo de oxígeno al go-bierno entrante para encarar la reestructuraciónde la deuda pública.

Con el telón de fondo de las extenuantes e in-ciertas negociaciones con el FMI, el gobierno deDuhalde procuró no contradecir a Washingtonen los temas de naturaleza político-diplomática yestratégica que dominaron la agenda política bi-lateral de ese año. El caso más evidente en estesentido fue el mantenimiento del voto de conde-na a Cuba en materia de derechos humanos enla sesión anual de la Comisión de Derechos Hu-manos (CDH) de la ONU que tiene lugar en Gi-nebra. Cuando aún se esperaba en Buenos Airesuna pronta ayuda económica de Washington, Ar-gentina adelantó su voto de censura a La Haba-na un mes antes de la votación del proyecto deresolución que invitaba al gobierno de Cuba arealizar esfuerzos para obtener avances en elcampo de los derechos humanos, civiles y políti-cos. En Ginebra, Argentina se sumó al grupo de23 países a favor de la condena, que también in-tegraron Costa Rica, Chile, Guatemala, México,Perú y Uruguay por América Latina. De estemodo, el gobierno de Duhalde mantuvo la posi-ción sostenida por los anteriores gobiernos deCarlos Menem y Fernando de la Rúa al tiempo

que desoía al Congreso, cuyas dos Cámaras ha-bían aprobado un pedido al ejecutivo para queel país se abstuviera de condenar a Cuba25. Elúnico país latinoamericano que votó en contrade la resolución, además de Cuba, fue Venezue-la, mientras que Brasil y Ecuador se abstuvie-ron26.

La posición argentina no despertó como enotros años mayores debates en el país. Ello se de-bió no sólo a que la crisis interna relegó el temaa un plano secundario, sino también a que el for-mato de la condena adoptada en 2002 fue másamigable; se trató de una invitación al gobiernode Fidel Castro a introducir mejoras en el campode los derechos humanos. Además, la resoluciónreconoció “los esfuerzos hechos por la repúblicade Cuba en la realización de los derechos socia-les de la población pese a un entorno internacio-nal adverso”27.

Buenos Aires y Washington también expresa-ron fuertes coincidencias frente a la situación co-lombiana. En este caso, la cercanía de laposición de Argentina con la de Estados Unidosno fue producto tan sólo de la necesidad sino deacuerdos genuinos entre los dos países. El go-bierno de Duhalde respaldó más explícitamenteque ningún otro gobierno sudamericano al nue-vo presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su es-trategia frontal de “lucha contra el terrorismo”.Lo hizo porque estaba persuadido de que la de-mocracia corría serios peligro en Colombia, por-que temía un efecto dominó que llegara –por víadel despliegue político de las FARC– a tocar laspuertas de una Argentina fuertemente convulsio-nada por la crisis, porque mostraba ante EstadosUnidos que el país estaba seriamente comprome-tido a combatir el terrorismo (a la espera de queel gobierno de Bush no insistiera demasiado enel pedido de envío de tropas a Afganistán e Irak)y, por último, porque se diferenciaba de la postu-ra fuertemente crítica de Brasilia hacia Washing-ton y al “Plan Colombia”28.

Además, Argentina fue el único país sudame-ricano que envió a su canciller a la reunión delpresidente Uribe con sus pares de Centroamérica(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,

24 La Nación, 26 de enero de 2003, p. 9.25 Ver “La Cámara Baja se sumó al reclamo del Senado”, en http://www.lainsignia.org/2000/enero/be_156.htm26 Ver resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/18, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos.27 Ver Ídem.28 Cabe acotar que en el período 2002-2003 Buenos Aires no se pronunció contra el Plan Colombia ni contra la

posterior Iniciativa Regional Andina de Washington que regionalizaba, de hecho, la “guerra contra las drogas”.

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Nicaragua y Panamá) realizada en Panamá el 11de febrero de 200329. Durante este encuentro,solicitado por Colombia debido al incrementode las acciones terroristas de las FARC a partir dela toma de mando de Uribe, el canciller argenti-no se opuso categóricamente a las acciones desa-rrolladas por la insurgencia colombiana y opinóque: “A las FARC habría que darles el mismo tra-tamiento que a Al Qaeda”30. Es interesante notarque pocos días después de estas declaraciones, ymarcando sus diferencias con Argentina, el prin-cipal asesor de Lula en materia de política exte-rior, Marco Aurelio García, señaló que “Brasil nocalificaba a las fuerzas insurgentes colombianasdebido a que, eventualmente, se vería impedidode ser mediador en un posible acuerdo de paz”31.

Ya de regreso a Buenos Aires, el canciller ar-gentino impulsó una cumbre de ministros de Re-laciones Exteriores del Grupo de Río, que nollegaría a realizarse, con el fin de adoptar medi-das destinadas a controlar e inmovilizar recursosfinancieros y de otra índole que facilitan la ex-pansión regional del “narcoterrorismo”. Estefrustrado intento constituye otro claro ejemplode la lógica que orientó la política exterior delpaís hacia Washington durante el mandato deDuhalde. La convocatoria se impulsó por solida-ridad hacia Colombia, pero también porque enese momento se analizaba en el Senado de Esta-dos Unidos un proyecto para sancionar a los paí-ses que no colaborasen en la inminente guerracontra Irak, a la que Argentina ya había decididono sumarse32.

Ante la creciente ofensiva de Washington con-tra el régimen presidido por Saddam Hussein, elgobierno argentino procuró encontrar una fór-mula de equilibrio que satisficiera a la opiniónpública interna, fuertemente opuesta a una in-tervención militar, y, al mismo tiempo, no desai-rara las expectativas y requerimientos deWashington. Desde una postura inicial en la que

incluso se especuló con la posibilidad de partici-par con tropas de paz tanto en Afganistán comoen Irak luego de concluido el conflicto bélico eneste último país, se pasó gradualmente a la posi-ción de no participar en la guerra de ningunamanera, independientemente de que ella se ini-ciara por una decisión unilateral de Estados Uni-dos o en el marco del Consejo de Seguridad. Eneste camino, el gobierno argentino tuvo variasidas y venidas, aunque siempre mantuvo una os-tensible voluntad de tomar distancia de actitudesque pudiesen ser leídas en Washington como deneutralidad. Ante las consultas del Departamen-to de Estado con respecto al tipo de ayuda que sepodría esperar de Argentina en caso de que seiniciara el conflicto, el gobierno de Duhaldeofreció el despliegue de un hospital de campañamodular de la Fuerza Aérea, así como especialis-tas militares en desminado y control de armasquímicas y biológicas. Esa oferta del gobierno ar-gentino constituía una forma de homologaciónimplícita de la guerra; si bien se trataba de unaayuda calificada de humanitaria, era un aportede especialistas militares en un escenario quedaba por hecha la operación militar de EstadosUnidos y la posterior necesidad de respaldo a esapresencia33. Por su parte, el canciller Ruckaufsiempre puso más énfasis en sus críticas al régi-men de Bagdad y en los peligros que implica elterrorismo para la seguridad internacional queen la necesidad de que la guerra fuese el resulta-do de una decisión aprobada por el Consejo deSeguridad.

En el balance, Washington consideró la posi-ción de Argentina como positiva por dos razonesprincipales: por su tácito reconocimiento a queel conflicto bélico era inexorable y por su bajo ni-vel de críticas. Argentina no adoptó una posturade firme oposición a la guerra, como lo hizo Bra-sil que compartió la tesis defendida por Francia.Asimismo, pocos días antes del inicio de la gue-

29 El catalizador de este encuentro fue el atentado de las FARC al club El Nogal (35 muertos y 165 heridos) enBogotá el 7 de febrero de 2003.

30 El Espectador (Colombia), 16 de febrero de 2003. Tal fue el reconocimiento del apoyo argentino a Colombia que elpresidente Uribe, quien rara vez asistía a las ceremonias de posesión de mandatarios en el área en su primer añode gobierno –por ejemplo no fue a la de Lula–, asistió a la toma de mando de presidente Néstor Kirchner enbuena medida como retribución al presidente saliente, Eduardo Duhalde.

31 El Tiempo (Colombia), 19 de febrero de 2003.32 Daniel Santoro, “Guerra a la logística de la droga colombiana”, en Clarín, 26 de febrero de 2003, p. 7.33 Joaquín Morales Solá, “Respaldo implícito argentino a la ofensiva ante un pedido de Estados Unidos”, en La

Nación, 6 de febrero de 2003, p. 7, y “La Argentina frente al nuevo orden mundial”, en La Nación, 23 de febrerode 2003, p. 27.

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rra se opuso a una propuesta de la diplomaciabrasileña para llevar a cabo una reunión de lospaíses de América del Sur destinada a confor-mar una actitud común frente al conflicto. Elargumento utilizado por Argentina fue que lamagnitud global del problema requería la con-vocatoria de toda América Latina, en especialde México34.

En el último tramo de su gobierno, y más ali-viado por algunos signos de recuperación de laeconomía argentina, el gobierno de Duhalde fueelevando su nivel de oposición a la intervenciónmilitar estadounidense en Irak, más pensandoen el proceso electoral interno que en las rela-ciones del país con Estados Unidos. La misma ló-gica explica el cambio de voto en 2003 –de lacondena a la abstención– por la cuestión de losderechos humanos en Cuba35. En ese momento,todo aquello que tuviera un tono anti-Bush erafuncional a su doble propósito de que “su” can-didato, Néstor Kirchner, llegara a la segundavuelta y de que Menem fuese derrotado en suambición presidencial. El cambio de voto, aligual que la elevación del nivel de crítica hacia laguerra elegida por Estados Unidos en Irak mar-caba fuertes diferencias entre Kirchner yMenem, quien fiel a lo realizado frente a su go-bierno en la década de 1990, era partidario deacompañar a Estados Unidos en Irak y de mante-ner el voto de condena en el caso de Cuba.

Es cierto también que el voto de abstencióntuvo algo de sabor a venganza por la frialdad dela administración Bush hacia Duhalde. Al mis-mo tiempo, fue un modo de expresar la volun-tad argentina de acercar posiciones con Brasil yde reconocer la solidaridad de Brasilia en losmomentos más dramáticos de la crisis36. Mien-tras desde Washington y varias capitales euro-peas se fustigaba a Buenos Aires por el mal

manejo de la economía, el gobierno de Fernan-do Henrique Cardoso sostuvo que el FMI no po-día ser insensible a la crisis argentina y queBrasil seguía confiando políticamente en suprincipal socio comercial del Mercosur. Másadelante, ya con Lula en el gobierno, fue co-brando cuerpo la imagen del país vecino como“modelo de desarrollo alternativo” al puesto enpráctica en los noventa y como “principal carta”de inserción internacional de Argentina paradar paso, en plena campaña electoral, a la vi-sión de Brasil como “socio político” en un em-peño por realizar en común. Como presidenteelecto, Lula viajó a Buenos Aires en diciembrede 2002, en lo que constituyó su primer viaje alexterior. Poco tiempo después, y con Lula ya enla presidencia de Brasil, los dos presidentes tu-vieron el 14 de enero de 2003 una reunión detrabajo en Brasilia en la que expresaron sufirme determinación de profundizar la alianzaestratégica bilateral, de extenderla a nuevoscampos y de transformarla en el motor de la in-tegración de América del Sur. También destaca-ron la importancia de la coordinación de ambospaíses en las negociaciones comerciales interna-cionales, en particular, con la Unión Europea enel proceso de conformación del ALCA37. Alfinalizar la reunión, Duhalde definió a la socie-dad entre ambos países como “inevitable” e “in-dispensable”. La voluntad del nuevo gobiernobrasileño de fortalecer el Mercosur y las relacio-nes con Argentina le ofrecieron un importanteespacio de acción internacional en el acotadouniverso de sus opciones externas. Sin embargo,la voluntad proclamada de ambos gobiernos dedar un nuevo impulso a la relación bilateral y alMercosur volvió a quedar como una asignaturapendiente, para convertirse en uno de los princi-pales desafíos de la política exterior argentina en

34 Entrevista a Carlos Ruckauf, “No inmiscuirse no es ser neutral”, en La Nación, 23 de marzo de 2003.35 En 2003 nuevamente se trató el caso de Cuba en la CDH de Naciones Unidas. El 17 de abril de 2003 una

resolución co-auspiciada por Costa Rica, Nicaragua, Perú y Uruguay solicitó que el gobierno cubano recibiese a larepresentante personal del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para inspeccionar el estado delos derechos humanos en la isla. La resolución se aprobó con 24 votos a favor (por Latinoamérica, se sumaron alos cuatro co-auspiciantes mencionados, los gobiernos de Guatemala, Paraguay, Chile y México), 20 en contra(sólo Venezuela por América Latina votó en ese sentido) y 9 abstenciones (Brasil y Argentina fueron los dos votosregionales de abstención).

36 Cabe apuntar aquí que una de las primeras medidas adoptadas por Duhalde luego de asumir fue enviar a José dela Sota –ex embajador en Brasil y actual gobernador de Córdoba– para que Brasil aceptase rápidamente al nuevogobierno argentino, no dudara de su legitimidad y lo apoyara en sus negociaciones con los organismosmultilaterales de crédito.

37 Comunicado de prensa conjunto, “Reunión de trabajo entre los presidentes Luis Inácio Lula da Silva y EduardoDuhalde”, en La Nación, 15 de enero de 2003.

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el futuro próximo. Esta vez, la pelota pasó a ma-nos de Néstor Kirchner.

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R E L AC I O N E S CO N E S TA D O S U N I D O S Y

B R A S I L

Al término del mandato de Duhalde, Argentinaatravesaba una coyuntura nuevamente propiciapara revisar, con los límites obvios que le imponíanlas circunstancias internacionales y domésticas, supolítica exterior. A un ambiente externo signadopor la intervención militar de Estados Unidos enIrak violando la legalidad internacional se suma-ban, en el ámbito interno, el agotamiento del para-digma de la aquiescencia pragmática y el acceso algobierno de un nuevo presidente con una visióndel mundo y un estilo de gestión particular queeran, en ese momento, desconocidos para la granmayoría de los argentinos.

Este último aspecto amerita, a nuestros fines,una atención especial. Los dos marcos de refe-rencia principales del presidente Kirchner son laexperiencia frustrada del retorno del peronismoal gobierno de Argentina en los años setenta y elexperimento peronista de los noventa, bajo elliderazgo de Menem, que considera nefasto parael país38. Por una cuestión generacional, sus pri-meras vivencias políticas corresponden a la déca-da del setenta cuando vivió, de maneraencadenada, las luchas que llevaron al regresode Perón al país, el trienio peronista (1973-1976

1976-1983) y el contradictoriopapel de Estados Unidos hacia Argentina que viocon buenos ojos el golpe de Estado de 1976 du-rante la administración de Gerald Ford, peroque desarrollaría poco después, a partir del ini-cio del gobierno de Jimmy Carter en enero de1977, una activa política en defensa de los dere-chos humanos. La búsqueda de una estricta sub-ordinación de los militares al poder civil, sufuerte compromiso en favor de los derechos hu-manos, la expectativa de regenerar, desde un Es-tado más autónomo, una nueva “burguesíanacional” y su voluntad de dar nuevo curso a lasrelaciones con Estados Unidos se insertan en lalógica de aquella experiencia setentista y la lectu-ra que de ella hace tres décadas después.

A su vez, la debacle socioeconómica definales de los noventa, que concluiría con la cri-sis de 2001, aportó nuevos elementos al univer-so político íntimo del presidente. Sudisposición a combatir algunos enclaves de co-rrupción, sus críticas al recetario neoliberal aus-piciado por el FMI, su inclinación a negociarduramente con ciertos sectores internos (em-presas privatizadas) y externos (tenedores debonos del default argentino) y su voluntad defortalecer vínculos con América Latina y deaproximarse más a Cuba obedecen, en sustan-cial medida, a la racionalidad de diferenciarsedel legado menemista, su entorno vivencial máspróximo en lo temporal.

En cuanto a su estilo de gestión –particular-mente en la forma en que se manifiesta en el cam-po internacional–, dos notas prevalecierondurante el primer año de gobierno: el uso de lapolítica exterior con fines de política interna y elmanejo personal de la primera. En el primer caso,Kirchner ha apelado a cuestiones de orden inter-nacional con el objeto de robustecer su débil legi-timidad de origen y, con ello, ampliar sus espaciosde gobernabilidad. Así, sustancia y estilo de la po-lítica exterior deben leerse, en buena medida, a laluz de la primacía que otorga a las cuestiones depolítica interna. El ejemplo más claro es su postu-ra frente a los organismos multilaterales de crédi-to y los acreedores privados, que combina lafirmeza de los argumentos con un discurso con-testatario con algún dejo setentista. Al mismotiempo, Kirchner fue asumiendo un perfil noto-riamente visible en los principales temas de la po-lítica exterior: la no realización de ejerciciosmilitares conjuntos entre Argentina y EstadosUnidos debido a su oposición a conceder inmuni-dad funcional al personal militar estadounidense;el control y la redacción de las condicionesespecíficas del acuerdo alcanzado con el FMI enseptiembre de 2001; los vaivenes iniciales en lasrelaciones entre Buenos Aires y Brasilia, muy in-fluidas por conjeturas y percepciones personales;el veto directo –finalmente inefectivo– para que elex ministro de Economía de la Alianza, José LuisMachinea no fuese designado al frente de laCepal y, por último, el anuncio de que asumiríadirectamente el manejo de las relaciones con Es-tados Unidos.

38 Ver, en particular, José Natanson, “Carlos Altamirano: Kirchner tiene una visión estilizada de los años 70”, enPágina 12, 17 de febrero de 2004, y Juan Gabriel Tokatlian, “Kirchner frente al mundo”, en La Nación, 6 defebrero de 2004.

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El mapa cognitivo del presidente y su estilode gestión, en el contexto de la poscrisis argen-tina, adquieren particular relevancia para elanálisis de las relaciones de Argentina con Esta-dos Unidos y Brasil, a pesar de que no se hantraducido todavía en una estrategia definida depolítica exterior. En el primer caso, es evidenteque no habrá vuelta al plegamiento a Washing-ton pero tampoco una estrategia de ruptura.Antes de cumplir dos meses de gestión, en juliode 2003 Kirchner viajó a la capital de EstadosUnidos para asistir a un breve encuentro solici-tado por el presidente George W. Bush. Aunquese trató de una visita protocolar de conocimientomutuo, la cuestión de la deuda externa de Ar-gentina dominó las conversaciones. El encuentrocorroboró el interés del ejecutivo estadouniden-se en respaldar algo más explícitamente las ne-gociaciones entre Argentina y los organismosmultilaterales de crédito39; no sólo se había pro-ducido un cambio de gobierno en Buenos Airesque requería una nueva cuota de oxígeno desdeafuera, sino que Washington no podía seguirdesconociendo el torbellino sociopolítico quesacudía la región, desde el norte al sur deSudamérica. Ignorar a una Argentina que habíapreservado la democracia en horas tan difícileshubiese sido una pésima señal diplomática ha-cia el conjunto de América Latina. De su lado,el mandatario argentino podía no compartir laorientación política de la administración Bush,pero no estaba en condiciones de comenzar sugestión sin un acuerdo con los organismosmultilaterales de crédito; un default con estosorganismos hubiera llevado a Argentina a pro-fundizar tanto su aislamiento internacionalcomo su crisis interna. Una mutua lógica prag-mática, más que una visión principista o ideoló-gica, de uno y otro lado, marcó el primerdiálogo entre Kirchner y Bush.

Este sello pragmático inicial caracterizó elprimer año de relaciones bilaterales. A pesar de

la molestia del Pentágono y del Departamentode Estado por la no realización en octubre de2003 de ejercicios militares conjuntos; de la críti-ca en enero de 2004 del subsecretario de Estado,Roger Noriega, por la decisión argentina de vol-ver a abstenerse en abril de 2004 de censurar aCuba en materia de derechos humanos en elseno de la CDH de la ONU y de posturas distin-tas en el plano de la seguridad regional, en lasnegociaciones comerciales en el marco delALCA y de la Ronda Doha y sobre la situaciónpolítica de Bolivia y Venezuela, Argentina y Esta-dos Unidos preservaron un espacio de diálogo yencuentro que se centró en los aspectosfinancieros40. Estados Unidos combinó una mez-cla de apoyo y de presión que se pusieron clara-mente de manifiesto a partir de 2004. En efecto,el gobierno de Bush representó un papel mode-rador ante los países del G-7 más duros con Ar-gentina para facilitar sus negociaciones con elFMI, al tiempo que ejerció fuertes y crecientespresiones en defensa de los bonistas privados es-tadounidenses41.

Por su parte, las relaciones entre Argentinay Brasil transitaron de un conjunto de desen-cuentros iniciales que la inmovilizaron, a unaserie de avances importantes que le imprimennueva fuerza. Los primeros meses del mandatoKirchner se caracterizaron por asiduas referen-cias a la importancia de Brasil para la políticaexterior argentina. Sin embargo, muy prontolos principales funcionarios encargados de lapolítica exterior señalaron que mientras el paísvecino diseñaba y ejecutaba su política interna-cional en clave “sudamericana” –su espacioprimero y natural de proyección–, Argentinadeseaba y pretendía una mirada más “latinoa-mericana”. La distinta valoración de una yotra unidad geopolítica y económica –Américadel Sur para Brasil y América Latina para Ar-gentina– volvía a expresar los temores argenti-nos de una eventual hegemonía brasileña en

39 Ver Mara Laudonia, “George Bush invitó al Presidente argentino a visitar la Casa Blanca”, en El Cronista, 18 dejulio de 2003; Ana Baron, “Un encuentro para limar desconfianzas”, en Clarín, 19 de julio de 2003, y JorgeRosales, “La agenda económica de Bush y Kirchner”, en La Nación, 20 de julio de 2003.

40 Ver Daniel Gallo, “Peligra un ejercicio militar con EE.UU.”, en La Nación, 2 de octubre de 2003; Matías Longoni,“Los más rebeldes de Cancún se dan cita en Buenos Aires”, en Clarín, 10 de octubre de 2003; José Rosales, “CriticóNoriega el auxilio de Kirchner a Cuba”, en La Nación, 18 de octubre de 2003; Daniel Santoro, “EE.UU. criticó larelación con Cuba y hubo un entredicho diplomático”, en Clarín, 7 de enero de 2004; Jorge Elias, “Misiónconjunta a Bolivia”, en La Nación, 17 de octubre de 2003, y Julio Blanck, “Una zambullida de Kirchner en lapolítica de la región”, en Clarín, 16 de enero de 2004.

41 Vale señalar que el 9,1% de los US$ 87.050 millones de bonos argentinos en default está en manos deestadounidenses, el cuarto porcentaje después de Argentina misma, Italia y Suiza.

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Sudamérica42. Las referencias a Brasil, por otrolado, se daban en el marco de un franco estanca-miento del Mercosur: las promesas repetidas desu relanzamiento “político” no podían obviarque en términos de su significado económico elmecanismo mostraba signos manifiestos de ago-tamiento por su falta de profundización einstitucionalización. En breve, durante el pri-mer trimestre del gobierno Kirchner, Brasil fuemás un aliado retórico que una contraparte tras-cendental de un proyecto por realizar en común.

En la segunda parte de 2003, las fluctuacionesentre Buenos Aires y Brasilia fueron notorias. Porun lado, el gobierno interpretó que Brasil –Lula enespecial– había guardado un inquietante silenciofrente al acuerdo alcanzado por Argentina con elFMI en septiembre, que contemplaba metas fiscalesmenos onerosas que las acordadas por Brasilia conese organismo. Por otro lado, y en sentido opuesto,durante la visita oficial de Lula a Argentina en elmes de octubre, los dos mandatarios sellaron el asíllamado “Consenso de Buenos Aires” que convoca,entre otros aspectos de importancia, a laintensificación de la unidad y la integración en elámbito regional, al rechazo al ejercicio unilateraldel poder en el campo internacional y a la concre-ción de políticas nacionales activas a favor del em-pleo y la producción43.

No obstante este compromiso, las perspecti-vas estratégicas disímiles volvieron a aflorar du-rante la única entrevista simultánea concedidapor los dos mandatarios. En ocasión de esa visita,Lula señaló:

Estamos dando un paso definitivo para con-solidar el Mercosur y mostrar al mundo queexisten otras alternativas que la dependenciadel grupo de países ricos que a menudo actúancomo si fuéramos de segunda categoría. La Ar-gentina y el Brasil necesitan su relación con Es-tados Unidos y con Europa, pero tenemosmucho, pero mucho más, que hacer entre noso-tros. Dada la importancia política y económicade ambos países, podemos ser un buen ejem-plo, e incentivar a que otros países se vuelquen

hacia América del Sur y miren menos a ultra-mar... Por eso la prioridad de mi política exte-rior es la integración de América del Sur ydentro de ella nuestra relación con Argentina,dada su importancia.

La respuesta de Kirchner a la misma preguntafue:

Nosotros apostamos fuertemente a la cons-trucción bilateral, a la construcción delMercosur como un bloque que no sólo debeser económico, sino que tiene que ser políticocomo marco contenedor del punto de in-flexión de nuevos tiempos. Ese Mercosur, ne-cesariamente debe abrirse a los países andinos;tenemos que armar una convergencia muyfuerte en América Latina que, sumada a lasrelaciones con México, nos permita generarun bloque con una voz fuerte, que pueda ne-gociar en serio, insertarnos en serio en elmundo44.

A comienzos de 2004, la proximidad entreArgentina y Brasil pareció adquirir un sentidomás práctico y urgente al impulso de una comple-ja combinación de factores internos y externos.Sin duda, el factor principal del acercamientobilateral fue el impacto negativo de la cuestiónde la deuda externa sobre la realización de losproyectos reformistas promovidos por ambos go-biernos. El gobierno argentino necesitaba másrespaldos externos –que no obtenía con facilidaden los países del G-7– para legitimar una suertede modelo de “nuevo trato” entre el FMI y lospaíses altamente endeudados y, al mismo tiempo,ampliar su margen de maniobra en un momentoen que debía enfrentar un horizonte de duras ne-gociaciones con el FMI y los bonistas privados.Así, el apoyo del gobierno brasileño a las posi-ciones críticas sustentadas por Argentina antelos organismos multilaterales de crédito fue per-cibido por el gobierno de Kirchner como funda-mental para dotarlas de mayor legitimidad ycredibilidad externas.

42 La idea de vincularse al conjunto de América Latina implica, para quienes la sustentan, acercarse más a México–un aliado confiable de Estados Unidos– con el objeto de contrabalancear el poder de Brasil y dejar siempreabierta la posibilidad de “desertar” –hará acordar, por ejemplo, algún tipo de compromiso comercial bilateral conEstados Unidos–. Aunque de difícil realización en la hora actual, esta visión tiene mucho peso en la cancilleríaargentina y se ha reflejado en el discurso oficial del gobierno de Kirchner en materia de política exterior.

43 Ver Mónica Hirst, “Con Brasil, socios para crecer”, en Clarín, 15 de octubre de 2003; Joaquín Morales Solá, “Traslos disensos, Buenos Aires marcará la era de los consensos”, en La Nación, 16 de octubre de 2003, y Lucas Colonia,“Kirchner y Lula ratificaron su alianza”, en La Nación, 18 de octubre de 2003.

44 Ver Horacio Verbitsky, “Mucho más que dos”, en Página 12, 19 de octubre de 2003.

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Por su parte, el Brasil de Lula no podía mos-trar, al cabo de un año de gestión, crecimientoeconómico alguno (el PBI retrocedió un 0,2% en2003) ni logros concretos en su delicada agendasocial interna. Además, el presidente brasileñofue perdiendo apoyo doméstico de sectores em-presarios, como así también en la franja de iz-quierda y en los grupos progresistas que lo habíanpuesto en el gobierno, incluso de parte de su pro-pio partido político (Partido de los Trabajadores).Para colmo de males, vivió el estallido de casos decorrupción por parte de funcionarios cercanosque derivó en una mayor pérdida de popularidady en el avance político de la oposición de derecha.Lula podía mostrar una estatura diplomática cre-ciente de su país en el campo político y en temascuya maduración exigen tiempo y consenso (porejemplo, la reforma del Consejo de Seguridad dela ONU y la obtención de un asiento permanentepara Brasil), pero pocos progresos, cuando no re-trocesos, en el campo económico y social. La ne-cesidad de ablandar su política de ajuste parainvertir en infraestructura y acción social –a riesgode tener otro año sin crecimiento y con aún peo-res indicadores sociales– lo llevó a estrechar filascon Argentina de Kirchner con el fin de recupe-rar parte de su discurso de centro-izquierda quehabía quedado sepultado tras quince meses depolítica económica ortodoxa45. Según se aprecia,necesidades convergentes de ambos gobiernos ex-plican el acercamiento práctico y conceptual quequedó expresado en la Declaración Conjunta so-bre Cooperación para el Crecimiento con Equi-dad firmada por ambos presidentes en Río deJaneiro el 16 de marzo de 2004. En este documen-to, y en un tono sumamente moderado, Kirchner yLula acordaron, entre otros aspectos destacables,“conducir las negociaciones con organismosmultilaterales de crédito asegurando un superávitprimario y otras medidas de política económicaque no comprometan el crecimiento y garanticenla sustentabilidad de la deuda, de modo tal de pre-servar inclusive la inversión en infraestructura”46.

Por cierto, una conjunción de importantesfactores externos también contribuyó a facilitarla mayor coincidencia apuntada: la necesidad deaunar posiciones en las negociaciones con laUnión Europea y para construir el ALCA; el ma-yor despliegue militar de Estados Unidos en

América Latina a través de sus Forward OperationLocations en El Salvador, Curazao y Ecuador,acompañado de una creciente presión para invo-lucrar a los militares de la región en ámbitos es-trictamente policiales; el aumento del torbellinopolítico y militar en los Andes (la crisis político-institucional de Venezuela, la persistencia delconflicto armado en Colombia y su impacto re-gional, la inestabilidad institucional en Bolivia,Ecuador y Perú) que demanda cada vez más unaacción diplomacia conjunta argentino-brasileña,y la reaparición de fricciones limítrofes enSudamérica (Colombia-Venezuela, Chile-Bolivia)y sus potenciales efectos desestabilizadores parael área en su conjunto.

Hasta aquí, es indudable que desde el Con-senso de Buenos Aires del 16 de octubre de2003 al Acta de Copacabana del 16 de marzode 2004, los dos gobiernos han dado pasosalentadores47. En el terreno financiero,Kirchner y Lula han decidido coordinar más ymejor los parámetros que guiarán las relacionesde ambos países con el FMI. No se trata de lacreación de un “club de deudores”, sino de laconcreción de un “paraguas conceptual” comúnpara las respectivas negociaciones ante el FMI.En el campo de las negociaciones comerciales,Brasilia y Buenos Aires han fortalecido su com-promiso de actuar conjuntamente tanto en elmarco de la Ronda Doha como con la UniónEuropea y en el espacio hemisférico. En el ám-bito diplomático multilateral, los dos gobiernoshan reafirmado el voto por la abstención en eltratamiento del tema de los derechos humanosen Cuba en el seno de la CDH de Naciones Uni-das. Asimismo, en el marco de la Resolución1529 del Consejo de Seguridad de la ONU, Bra-sil (con 1.100 efectivos) y Argentina (con 200efectivos) se comprometieron con el desplieguede una fuerza de estabilización en Haití, des-pués de la confusa renuncia del presidenteJean-Bertrand Aristide. Finalmente, en el frentediplomático bilateral, se estableció la presenciade un diplomático argentino en la representa-ción de Brasil ante el Consejo de Seguridad dela ONU en 2004 y se planea llevar a cabo dosexperiencias de consulados conjuntos enHamburgo y en Boston, en la sede de los consu-lados de Argentina y de Brasil, respectivamente.

45 Ver Luis Esnal, “Brasil busca recuperar el discurso de centro-izquierda”, en La Nación, 16 de marzo de 2004, p. 8.46 Declaración Conjunta sobre Cooperación para el Crecimiento con Equidad, Río de Janeiro, 16 de marzo de 2004,

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cultura, mimeo.47 Ver “Acta de Copacabana”, Río de Janeiro, Brasil, 16 de marzo de 2004, mimeo.

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C O N C LU S I O N E S

Por razones distintas pero concurrentes, Bue-nos Aires, Brasilia y Washington fueron desarro-llando tras la crisis de 2001 una relacióntriangular bastante sensata que se aleja de su di-námica histórica tradicional. Como se vio en eltrabajo, el gradual ascenso de Estados Unidos depotencia hemisférica (entre finales del siglo XIXy comienzo del XX) a superpotencia mundial(terminada la Segunda Guerra Mundial) y algran polo solitario (después del fin de la GuerraFría), la baja densidad de vínculos entre las trespartes, la competencia argentino-estadounidensehasta las primeras tres décadas del siglo XX y lapersistente rivalidad argentino-brasileña durantebuena parte del siglo pasado hicieron imposibleuna relación triangular armoniosa. Por su parte,Buenos Aires y Brasilia optaron, en diferentescircunstancias históricas, por un plegamiento os-tensible hacia Washington (Brasil, entre los añostreinta y comienzos de los setenta y Argentina, du-rante los noventa) pero jamás se dio una convergen-cia efectiva entre ambos para aunar posicionesvis-à-vis Estados Unidos. Como “wing players” Ar-gentina y Brasil quedaron prisioneros de sus pro-pias disputas, y de la estrategia de divide et imperade Washington, en vez de transformar sus comporta-mientos bilaterales y coordinar sus respectivas polí-ticas hacia el jugador pivote, Estados Unidos. Elmás errático de los tres actores fue Buenos Aires,variando mucho más su orientación hacia EstadosUnidos y Brasil de lo que éstos lo hicieron respectode Argentina.

En esta nueva ocasión histórica, el desequili-brio de fuerzas entre los tres países pudo haberinducido, en una situación de gran fragilidad deArgentina, a la puesta en práctica de políticas depoder, al desinterés sobre la suerte de Buenos Ai-res por parte de Washington y de Brasilia o, másaún, al abandono. Sin embargo, una sorpren-dente mezcla de pragmatismo y prudencia en lostres vértices del triángulo permitió la concurren-cia de políticas alrededor de lo que podríamosdenominar una estrategia de control de daños.El gobierno de Bush, si bien adoptó una posi-ción de relativa frialdad hacia el país a principiosde la crisis, siempre evitó que las diferencias polí-ticas bilaterales contaminasen el proceso de ne-gociaciones económicas de Argentina con losorganismos multilaterales de crédito y terminódesempeñando un papel importante para que elpaís pudiera cerrar sus acuerdos con el FMI,primero con Duhalde y luego con Kirchner.Brasil, con los ojos puestos en su propio espejo

y en la crítica situación político-económica detodos sus países vecinos, siempre procuró quese entendiera la dimensión política de la crisisargentina y, en especial, sus consecuencias so-bre la estabilidad democrática en la región.Desde esta lectura, contribuyó a que los miem-bros del G-7 adoptasen una postura más flexiblehacia Argentina.

Hacia adelante, el principal desafío es pasardel control de daños a políticas definidas en cla-ve positiva que posibiliten una mayor armoníatriangular. Para ello, es preciso un cambio con-ceptual de envergadura de parte de todos losprotagonistas, en particular del principal poderdentro del triángulo, Estados Unidos. Este paísdebería entender y aceptar que una relación ar-gentino-brasileña fortalecida puede ser funcio-nal a sus intereses de seguridad de largo plazo enAmérica del Sur. Brasil y Argentina pueden re-presentar un papel clave para ayudar a resolvernumerosos problemas de la región (en especial,en el mundo andino) y en asegurar queSudamérica sea una zona libre de armas de des-trucción de masiva y no contaminada por el des-pliegue del terrorismo internacional.

Simultáneamente, Argentina y Brasil no de-ben construir sus vínculos bilaterales sobre labase de la oposición a Estados Unidos. Ademásde anacrónica, tal definición no sólo impedirála unión de los dos países, sino que terminarádividiéndolos. El sentido estratégico profundode una sociedad argentino-brasileña se resumeen cuatro aspectos fundamentales: la formaciónde una zona de paz, la consolidación de la de-mocracia, la constitución de un espacio econó-mico común y la construcción de “masa crítica”para fortalecer la capacidad de negociación delos dos países frente al mundo. Actualmente,existen poderosas fuerzas motoras, tanto de na-turaleza positiva (democratización, integración,superación de hipótesis de conflicto,identificación positiva con el otro, predominiode visiones cooperativas) como negativa (au-mento de la sensibilidad y vulnerabilidad exter-na de los dos países) que favorecen el desarrollo deun proyecto estratégico común. Es cierto que estatarea debe realizarse en un contexto en el que laposición relativa de los ambos países se ha altera-do significativamente en detrimento de Argentina.Sin embargo, en lugar de despertar prevencionessobre una nueva forma de dominación, esta situa-ción debería ser otra de las principales fuerzas mo-toras que impulsen a Argentina, sin ninguna clasede ingenuidades, a construir una relación de amis-

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tad con Brasil. Como lo muestra el caso euro-peo, las asimetrías de poder entre países no im-piden la ejecución de un proyecto estratégicocomún. Sí obligan a los más poderosos aautorrestringirse y a dar muestras claras y persis-tentes de vocación comunitaria. La experienciade los noventa –como la vivida tras la crisis ar-gentina de 2001– nos enseña que aún falta mu-cho para que queden definitivamente atrás losrecelos y las desconfianzas mutuas. No obstanteello, los recientes avances bilaterales aquí men-cionados, si bien motivados más por razonesprácticas que por convicción, deben ser segui-dos con atención dado que pueden dar pie a uncambio cualitativo en las relaciones argentino-brasileñas en una nueva clave de amistad.

Entre sus principales tareas pendientes, el go-bierno de Kirchner tiene que definir una nueva yconsistente estrategia de política exterior queremplace al paradigma de la aquiescencia pragmá-tica. La Argentina de la poscrisis, debilitada in-ternamente y muy vulnerable respecto del mundo,necesita tener amigos y aliados; es altamente im-probable que tal escenario crítico se resuelva me-diante el aislamiento o la confrontación. Los casosde Alemania y Japón después de la Segunda Gue-

rra Mundial y el de Europa Oriental al términode la Guerra Fría son elocuentes en cuanto a lasconsecuencias de seguir uno u otro camino:una reinserción positiva asistida por actores conmayor poder relativo o un ensimismamiento ne-gativo signado por el abandono por parte de losprincipales países regionales y mundiales. Inde-pendientemente del perfil específico quefinalmente se adopte en materia de política ex-terior, dos cosas parecen claras a estas alturas:que Kirchner buscará una nueva vinculación in-ternacional en la que no habrá lugar para el ais-lamiento ni para la confrontación ideológicacon los mayores centros de poder, y que procu-rará establecer buenas relaciones con Brasil yEstados Unidos, aunque de distinta naturaleza.En el primer caso, se trata de dar sustancia a lalargamente anunciada alianza estratégica bilate-ral; en el segundo, de construir un vínculo posi-tivo y cordial que se sustente en la defensa deintereses específicos. Los vínculos con estos dospaíses no agotan el amplio universo de los vín-culos externos de Argentina pero aún constitu-yen la base principal de toda estrategia exitosade política exterior.

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La acción pública de

inconstitucionalidad

como mecanismo

corrector de la crisis de

representación en

Colombia, 1910-2003*

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la puesta en marcha de la democracia,desencadenada por Madison en su célebre dis-curso del Federalista nº 10, se convirtió dos siglosmás tarde en un modelo hegemónico en los esta-dos modernos que buscan ser asociados con elrégimen democrático.

El carácter plenamente democrático del par-lamento, en el que sus miembros son elegidospor las mayorías y sus decisiones respaldadaspor el mismo mecanismo, ha garantizado his-tóricamente a esta institución un alto grado delegitimidad. Sin embargo, tal legitimidad seencuentra en las últimas décadas fuertementecuestionada por la denominada “crisis de re-presentación”.

La crisis de representación pone el lente deaumento en la insuficiente o inadecuada repre-sentación que suele recaer sobre determinadoscolectivos que, de forma permanente o tempo-ral, son excluidos del parlamento. Tal denunciase agrava cuando de manera reiterada estas mi-norías étnicas, lingüísticas, políticas, entre otras,suelen coincidir con los sectores en los que lamarginalidad económica y social se perpetúa.

La ausencia de mecanismos claros que permi-tan una participación abierta de la ciudadaníaen la agenda política y la toma de decisiones pú-blicas se ha hecho evidente cuando los ciudada-nos han aumentado sus reclamos departicipación.

Ante esta crisis de representación de los parla-mentos, el presente trabajo constituye un análisisde una experiencia concreta de inclusión políticade la ciudadanía y de las minorías desde el ámbitode la justicia. Es el caso de la acción pública deinconstitucionalidad, instituida a principios del si-glo xx en Colombia, como herramienta de con-trol constitucional y ciudadano a la ley.

Por un lado, se aborda el origen de la acciónpública de inconstitucionalidad a partir de suvinculación con el movimiento político UniónRepublicana. Por ello, en el transcurso de estaexposición intentaremos hacer una aproxima-

María Luisa Rodríguez PeñarandaDocente de la Universidad Externado de Colombia

* Este artículo ha sido presentado como comunicaciónen el 53º Congreso de la Comisión Internacionalpara el Estudio de la Historia de las InstitucionesRepresentativas y Parlamentarias, celebrado enBarcelona en septiembre de 2003. Asimismo formaparte de la tesis doctoral titulada “La dificultadcontramayoritaria en el caso colombiano. Acciónpública de inconstitucionalidad y democraciadeliberativa”, defendida en la Universidad PompeuFabra en Barcelona, España.

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1 Un recuento detallado de estos acontecimientos y lo importante que resultan para contextualizar las palabras deMadison cuando habla de “minorías” (privilegiados, poderosos e ilustrados) y “mayorías” (pueblo apasionado ydesposeído) se encuentra en Roberto Gargarella, “Crisis de la representación política”, México, Biblioteca deÉtica, Filosofía del Derecho y Política, nº 53, 1997.

ción a las motivaciones de este grupo y su rela-ción con aquellos principios de auténtico cuñorepublicano, como son la ciudadanía activa y lavirtud cívica.

Asimismo, se trata la acción pública deinconstitucionalidad como un mecanismo co-rrectivo de la omisión de participación que, gra-cias a las ventajas propias del ámbito en el que serealiza –la Corte Constitucional–, se beneficia deaspectos importantes de la deliberación, comoson la imparcialidad, igualdad y libertad.

De hecho, la acción pública es una herramien-ta jurídica que instituye y entrega la capacidad deveto a todos los ciudadanos. Estos últimos, con suimpulso y con sus argumentos, pueden someter aun proceso de control ante el más alto tribunal enmateria constitucional –la Corte Constitucional–,todas aquellas leyes y decretos con fuerza de leyque consideren que vulneran el pacto funda-cional, la Constitución. Si el tribunal en cuestiónjuzga que las normas acusadas violan efectivamen-te la Constitución, éstas son expulsadas defini-tivamente del ordenamiento jurídico.

El análisis de la acción pública enlaza con losreclamos que, en términos de participación y de-liberación, son elevados por aquellos autores quesimpatizan con la versión deliberativa de la de-mocracia. A partir de esta experiencia y en estecontexto teórico, ¿es válido que un mecanismode control de constitucionalidad sirva de correc-tor de las deficiencias que en materia de repre-sentación aquejan a los parlamentos modernos?

E L I D E A L D E L A R E P R E S E N TAC I Ó N P L E N A

Las razones que suelen retrotraerse para lacreación y puesta en marcha del sistema repre-sentativo nos remiten, por lo general, a razonesprácticas. El tamaño tanto de los territorioscomo de las poblaciones de los nuevos estadosque querían acoger la forma republicana, de loque más tarde serían los Estados Unidos de Amé-rica, resultaron argumentos sólidos y contunden-tes para animar a los federalistas a explorarnuevas fórmulas que sustituyeran la democraciadirecta.

La imposibilidad de reunir a todos los ciuda-danos en una asamblea general aparecía comoun obstáculo visible para la democracia directa.Tal impedimento operó en beneficio del argu-

mento en pro de la implementación de la demo-cracia representativa; pero ello no significabaque esta última fuera, efectivamente, la única al-ternativa viable.

Madison, al igual que los otros “padres funda-dores” de la Constitución estadounidense, fue se-riamente influido por los acontecimientosposteriores a la independencia estadounidenseentre 1782 –en que se consigue el primer acuer-do con Gran Bretaña–, y 1787, en que se realizóla convención de Filadelfia. El enfrentamientode clases sociales entre deudores, identificadoscomo la gran mayoría desposeída, y acreedores,integrada por la minoría privilegiada, advirtió aMadison de los riesgos que podría acarrear el ac-ceso al poder político de los primeros, en detri-mento de los intereses de los privilegiados,haciendo uso de las vías que brindaba el sistemaconstitucional.

El temor al poderío popular que despertaba larepública se cristalizó cuando un granjero del Es-tado de Rhode Island, Jonathan Hazard, llegó alCongreso y consiguió tomar medidas que aligera-ron las formas de pago de las deudas de la mayo-ría, en total desacuerdo con los privilegiados1.

Por ello, una de las preocupaciones latentesen Madison fue afianzar dentro de la estructurapolítica de la Unión una estrategia que suavizaray dominara la violencia del espíritu de partido.Esta tendencia se convertiría en una de las venta-jas de la representación frente a los sistemas polí-ticos alternos.

Madison presuponía que las mayorías, movidaspor las pasiones del pueblo y con la extensión delvoto, accederían en igualdad al Congreso, y queéste se convertiría en el ámbito propio de los ciu-dadanos no privilegiados. Mientras, las otras ra-mas del poder público como ejecutivo y altascortes, por su sistema de elección no popular nidirecta, serían los bastiones de los privilegiadosque, con decisiones contramayoritarias, contra-rrestarían el poder de los desposeídos.

Desde la visión madisoniana, el peligro princi-pal de los gobiernos populares era la tiranía delas mayorías interesadas y dominadoras, porqueen su concepto las minorías se controlaban conel voto. La facción consistía en un cierto númerode ciudadanos que, movidos por el impulso de lapasión común o por un interés en contravía con

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los derechos de las minorías, actúan en contradel bien público o de los intereses de la comuni-dad considerada en su conjunto. En su análisis,Madison entiende que las causas que dan origena la facción no pueden suprimirse, ya que elloimplicaría suprimir las pasiones y la libertad. Ydado que éstos son aspectos que escapan a todocontrol racional, la supresión de libertades, en-tendida como un remedio, podría ser peor que laenfermedad. En cambio, según Madison, sí quees posible controlar sus efectos a través de la de-mocracia representativa y el sistema federal.

Multiplicar las facciones fue el remedio queplanteó Madison para sofocar el intento de do-minación de una sola facción. Es decir, dotar detal apertura al sistema para que permita que to-das las facciones con capacidad de dominaciónlogren acceder al parlamento y neutralizarse mu-tuamente mediante los acuerdos a los que estánforzados a realizar. De este modo, mientras másfacciones existan, más representantes de intere-ses diversos habrá, y más difícil será la implanta-ción de los intereses de unos en perjuicio de losotros. Se espera entonces que en el tránsito de ladiscusión las posiciones egoístas e interesadas ce-dan terreno a fin de encontrar un punto de equi-librio que beneficie a todos, el bien común. Así,del principio de la mayoría simple y llana se pasaal concepto de mayorías limitadas2.

Propuesta por Madison en el Federalista nº 103,el modelo de democracia representativa ideadapara neutralizar los “peligros de la mayoría y susefectos” constituye, de facto, la reacción de la elitea la amenaza que representaban los nuevos po-deres del pueblo para conseguir sus propósitos yproteger sus intereses.

Madison no estaba solo en su propuesta, apa-rentemente contradictoria, de entregar novedosospoderes al pueblo para, paso seguido, limitarlos.Como nos recuerda el filósofo Roberto Gargare-lla, pese a las importantes diferencias que se en-contraron en las discusiones en torno a cómo

distribuir el poder entre la nación y los distintosestados, todos los constituyentes estadouniden-ses, federalistas y antifederalistas, estuvieron uni-dos por ciertos criterios básicos:

Todos ellos defendieron el sistema representa-tivo como un medio óptimo para separar a la ciu-dadanía del ejercicio directo del poder. Lademocracia directa, en este sentido, no era sim-plemente difícil de practicar, sino (fundamental-mente) indeseable. (…) De allí que se diseñaranun sistema en el que las mayorías quedabaninhabilitadas para deliberar de por sí, y práctica-mente incapacitadas para ejercer un control efec-tivo sobre el gobierno. El sistema diseñadofacilitaría (sobre todo a partir de las elecciones in-directas) el arribo al poder de individuos de clasealta; y estaría dirigido, en tal sentido, y especial-mente, a la protección de las minorías de aquellosque Hamilton denominara abiertamente “los ri-cos y bien nacidos4.

Este hecho explica por qué, pese al rechazoa la monarquía, los constituyentes estadouni-denses aceptaron una Cámara alta o Senado in-tegrado por “los mejores” y de alto sentidoaristocrático, que se conseguiría con la elecciónindirecta y una serie de calificaciones comoedad mínima y cierta cantidad de años de resi-dencia en el Estado que los elegía. Esta conjun-ción de requisitos permitiría que sólo laspersonas con mayor riqueza accedieran al sena-do. Condiciones que asegurarían funcionarios“mejor informados y con mayor estabilidad decarácter” según establecía el Federalista nº 625.El senado sería el órgano con vocación de fre-nar la espontaneidad o la “furia democrática”de la cámara baja.

Con ello lo que se esperaba era que la delibe-ración de los representantes silenciara la delibe-ración ciudadana, y ésta es justamente la ventajacon la que gozó la democracia representativapara imponerse en los estados modernos. En

2 Giovanni Sartori explica que la democracia moderna no es “pura y simplemente el gobierno de la mayoríaincondicional”, sino que ésta es una fórmula abreviada del gobierno de la mayoría limitada, “que respeta a losderechos de la minoría” y que permite mayorías cambiantes, es decir, cuyo régimen proporciona una movilidaddonde el libre juego de las elecciones permita el tránsito de minorías a mayorías y viceversa. Ver Giovanni Sartori,Teoría de la democracia. El debate contemporáneo, vol. 1, Alianza Editorial, 1988, pp. 55 y ss.

3 El Federalista nº 10 ha sido considerado el más importante de los escritos en relación con la Constituciónestadounidense y pieza fundamental para comprender la estructura orgánica y funcional de este estado. JamesAlexander Madison y John Jay, The Federalist Papers, Inglaterra, Penguin Classics Books, 1987, pp. 122-128.

4 Roberto Gargarella, “Crisis de…”, Ob. Cit., p. 47.5 Roberto Gargarella hace un recuento detallado de las múltiples alusiones que los constituyentes Madison, Morris,

Pinckney y Baldwin hacen a la riqueza y propiedad que deben poseer los senadores, ídem., p. 66.

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consecuencia, el mandato representativo es unamedida de estirpe contramayoritaria.

Bernard Chantebout nos recuerda queRousseau, en el contexto europeo, había sugeri-do otra alternativa que no fuera el paso por larepresentación, un sistema del que desconfiaba.Si el voto directo resultaba imposible, los dipu-tados del pueblo no podrían ser “representan-tes”, sino simples “comisarios” investidos de unmandato “imperativo”. Es decir, “de un manda-to preciso determinando el sentido de su votosobre la mayor parte de asuntos, con recurso alreferéndum cada vez que hubiere duda sobre lavoluntad real de los comisionistas6.

El mandato imperativo, de fuerte raigambrecivil, propuesto por Rousseau establecía que elmandatario es una parte que depende directa eimperativamente del mandante. Proposiciónque fue terminantemente rechazada por losparlamentarios en Estados Unidos, Francia e In-glaterra.

De hecho, la implicación del pueblo en losdebates de los asuntos públicos ya resultaba bas-tante incómoda para los pensadores políticos delsiglo XVIII. En este sentido, Montesquieu en1748 expresaba:

Había un gran vicio en la mayoría de las anti-guas repúblicas: es que el pueblo tenía el dere-cho a tomar resoluciones activas, y quedemandaban alguna ejecución, cosa de la cual esenteramente incapaz. El (pueblo) sólo debe en-trar en el gobierno para escoger sus representan-tes (…) (El espíritu de las leyes, XI, VI).

Ahora bien, si para la burguesía francesa elmandato imperativo resultaba peligroso, paralas clases medias y bajas el mandato representa-tivo cristalizaba un claro engaño al pueblo. Laidea del mandato representativo prosperó enFrancia sólo con la introducción de un ingenio-so artilugio jurídico, suficientemente abstractocomo para escurrirse de las mentes no forma-das y suficientemente complejo como paraadormecer las mentes instruidas: la teoría de lasoberanía nacional.

Construida en su esencia por Sieyès, la teoríade la soberanía nacional, introducía, en palabrasde Duguit, “el misterio de la santísima trinidaden la ciencia política”7. Según Sieyès, la sobera-

nía pertenece al pueblo, pero el pueblo entendi-do como un conjunto en tanto que entidad abs-tracta que él denomina nación: “El pueblo es lanación. La nación es soberana, pero ella consti-tuye una persona moral distinta de los individuosque la componen y con una voluntad propia”8.

La nación entonces goza de ciertas caracterís-ticas como la indivisibilidad, con tal suerte que latotalidad de los representantes, al acceder al ór-gano legislativo, representan a la nación entera,mientras que cada representante por sí solo úni-camente se representa a sí mismo. La calidad derepresentante es atribuida al órgano deliberantey no a sus miembros individualmente. En esto re-posa que el diputado no representa directamen-te a sus electores, ya que no es más que unelemento constitutivo de un órgano que, tomadoen su conjunto, representa a toda la nación. “Porlo tanto él (representante) no puede recibir desus electores ninguna consigna de voto y sólodebe encontrar su inspiración legislativa en suconciencia. Él (representante) ejerce un manda-to representativo”9.

A diferencia del caso francés, BernardChantebout explica que en Inglaterra no fue ne-cesaria la elaboración de una teoría tan sutil yrefinada para justificar la soberanía del parla-mento y la independencia de los elegidos. SegúnChantebout, el parlamento inglés fue él mismoquien arrancó la soberanía al monarca y se ase-guró de devolverla al pueblo, lo que permitió aalgunos autores ingleses, como Dicey oBlackstone, afirmar que el parlamento ejerce lasoberanía en virtud de su propio derecho y nocomo mandatario del pueblo. En su discurso alos electores de Bristol en 1774, Edmund Burkese expresó en el mismo sentido que Montes-quieu al afirmar que él no admitiría ser limita-do por órdenes autoritarias provenientes de suelectorado, impulsando en Europa la idea de lademocracia representativa.

C R I S I S D E R E P R E S E N TAC I Ó N

Si la eliminación del mandato imperativosignificó un progreso en aras de la independenciade los representantes, para los ciudadanos se con-virtió en la eliminación del único vínculo posiblede control a sus elegidos. No obstante, aunquehubiese permanecido el mandato imperativo, las

6 Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, Paris, Armand Colin, 2000, p. 99.7 Ídem., p. 97.8 Ídem., p. 99.9 Ídem., p. 100.

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dificultades fácticas para lograr clasificar, sepa-rar y valorar la voluntad ciudadana seríaninfinitas10.

En cualquier caso, la principal diferencia en-tre las antiguas y las nuevas democracias estriba,como asegura Madison, en “la absoluta exclusióndel pueblo en su calidad de colectivo de cual-quier participación en las segundas y no en la ab-soluta exclusión de los representantes del pueblode la administración en las primeras”11.

Si la representación del pueblo fuera plena,posiblemente los reclamos de una mayor partici-pación ciudadana no serían legítimos. Pero la re-presentación se torna dudosa porque lafragmentación del tejido social en las sociedadesmodernas hace difícil tal propósito.

Gracias al estudio de Bernard Manin sabemosque el gobierno representativo ha sufrido múlti-ples y significativos cambios desde la segunda mi-tad del XIX. El primero de ellos, considerado degran impacto, consistió en la extensión del sufra-gio universal. Esta extensión es posible que aca-rreara un enrarecimiento de la pretendidahomogeneidad de la voluntad general o, por lomenos, evidenció que la voluntad general se ha-bía predicado a costa de menguar o ignorar lavoluntad de las minorías.

La extensión del derecho al sufragio amplióel número de personas e intereses por represen-tar. De forma concomitante, el advenimiento y laconsolidación de los partidos políticos de masasapareció como el intermediario natural para ca-nalizar las necesidades e intereses del electorado.Este actor, no observado por los fundadores delgobierno representativo, pasó a ser un elementomás dentro de los constitutivos de la democraciarepresentativa.

La lógica del partido que impulsa con su ma-quinaria a un candidato se convierte en uncondicionamiento a la actuación de éste, limitadapor los preceptos y jerarquías que guían el parti-do en lo que suele denominarse disciplina internade partidos. Esta relación entre el candidato y supartido se ve preferenciada respecto a otra rela-ción igualmente presente: la del candidato consus electores. La fidelidad exigida al candidato ha-cia su partido se ubica por encima de la que éstele debe a los ciudadanos que lo eligen.

Determinada por el nuevo papel de los parti-dos políticos y los programas, esta situación mar-

ca la primera crisis del parlamentarismo. Sin em-bargo, esta crisis fue superada con la percepciónde que, si bien los partidos políticos habían pro-vocado la defunción del parlamentarismo origi-nario, el gobierno representativo como tal nohabía sido destruido en dicho proceso. Sus prin-cipios constitutivos, entre ellos la autonomía par-cial de los representantes, aún estaban vigentes.

La intermediación de los partidos políticosestableció una nueva forma de representaciónque con el tiempo llegó a considerarse como lamás apropiada para acercar a gobernantes y go-bernados. Mucho más democrática que su pre-cedente del pluralismo liberal, esta nuevafórmula conseguiría atar los destinos del parti-do con la democracia. De esta forma, la legiti-midad y credibilidad de los partidos seconvirtieron en el baremo natural de la buena omala salud de una democracia específica.

Ahora bien, el proyecto de unidad de los par-tidos y su necesidad de representar el máximode intereses comunes como reflejo de la reali-dad, degeneró, por mera estrategia electoral, enun alejamiento de aquellos intereses que no en-cajaban en los propios de la clase media,racialmente uniforme y culturalmentecohesionada o, si se quiere, “de la mayoría satis-fecha”12. Con tal suerte que los grupos minorita-rios terminaron siendo excluidos de formaendémica de los escenarios de la toma de deci-siones públicas, y sus intereses y necesidades ig-norados, con graves consecuencias para lapretensión “del ideal de representación” de lasociedad.

Por su parte, en las últimas décadas y en formacreciente, los grupos minoritarios han venido ins-tituyendo un proceso de concienciación de susderechos civiles y políticos. Este proceso ha gene-rado varios debates académicos sobre la multi-culturalidad; la adquisición de derechos colectivospara grupos étnicos añejamente discriminados; laextensión de mecanismos de participación ciuda-dana, así como una representación permanenteen los principales órganos de deliberación políti-ca. Lo anterior ha impulsado que países como Ca-nadá, Nueva Zelanda y Colombia que, de formaabierta o tácita, han reconocido su multicul-turalidad, hayan iniciado procesos de ajuste ensus parlamentos con presencia permanente detales colectivos.

10 Hanna Fenichel Pitkin, El concepto de representación, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985.11 Citado por Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, Ciencias sociales, Alianza Editorial, 1998, p. 12.12 Antonio J. Porras, Representación y democracia avanzada, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 57.

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Pese a estos avances, la lógica de las mayoríastambién impera en el procedimiento de aproba-ción de las leyes dentro del parlamento. Final-mente, esta dinámica cuántica desvirtúa lapresencia de los representantes de las minoríasque, por su escasa representación, no consigueninfluir en la agenda política ni tener un peso im-portante a la hora de decidir.

Si la democracia representativa se muestra in-flexible para resolver los problemas que su mis-ma aplicación genera, como es la exclusión delas minorías, ¿podemos considerar otras estrate-gias para que de forma directa la ciudadaníapueda, en el escenario de la justicia y en igual-dad con los poderes públicos, elevar su voz paraque ésta sea tenida en cuenta y, en caso de asistir-le la razón, excluir aquellas leyes que le perjudi-quen o le excluyan?

En este sentido, aceptar las limitaciones de lademocracia representativa no significa, de mane-ra alguna, abandonar las reclamaciones de igual-dad en el acceso a la representación. Por tanto, lasolución que se vislumbra se encuentra en la bús-queda de los medios institucionales necesariospara el reconocimiento explícito y la representa-ción de los grupos oprimidos. Ello implica variosaspectos: financiar públicamente la defensa de es-tos grupos; ampliar los mecanismos de participa-ción ciudadana en diferentes ámbitos y grados decobertura; garantizar la representación políticapor personas del mismo grupo; destacar el proce-dimiento interno de la toma de decisiones me-diante el reforzamiento de la deliberación, y porúltimo, establecer el derecho a vetar aquellas polí-ticas que afecten directamente al grupo.

Este último factor, el derecho al veto, puedeasistirse del supuesto de que:

Cuando minorías permanentes numéricamentedébiles, de características culturales, raciales, nacio-nales y religiosas se enfrentan con una mayoría querechaza toda cooperación, no es probable que los

derechos de esta minoría estén protegidos ni que setengan en cuenta sus intereses aplicando la normade “una persona, un voto”. En este caso, todos loselementos formales de democracia pueden existir,pero el espíritu puede ser violado o ausente. SegúnRichard Rose, en una situación semejante, la igual-dad ante los tribunales y la aplicación por parte deéstos de los derechos legales puede ser una vía me-jor que el voto para obtener la plena ciudadanía13.

En consecuencia, una de las maneras posiblesde paliar las situaciones endémicas de crisis derepresentación la conforma la defensa constitu-cional de los derechos de grupo y el cumpli-miento de la Constitución mediante la figura delveto ciudadano.

LA ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD

La hipótesis que defendemos es que la ac-ción pública de inconstitucionalidad constituyeuna herramienta de control constitucional yparticipación ciudadana que proporciona unavía alterna para que los ciudadanos puedan par-ticipar en la corrección de las leyes que vulne-ran la Constitución14. El veto al legislador conimpulso ciudadano debe ser entendido comoun mecanismo que perfecciona el modelo de lademocracia representativa por su capacidadpara incluir en el proceso de toma de decisio-nes políticas a las minorías, tanto mutantes15

como estables. Una democracia en la que losciudadanos participan no solamente en la gesta-ción de las leyes, sino también en la elimina-ción de las mismas, que aquí opera de maneradirecta.

En breve, se trata de un control posterior,puesto que para su interposición se requiere quelas normas por demandar hayan culminado elproceso de formación previsto o su perfecciona-miento. Concentrado, porque la competenciapara su conocimiento se encuentra, en exclusiva,

13 Juan Linz, La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza Universidad, 1993, p. 59.14 En Colombia, la defensa constitucional de los derechos puede plantearse, por vía general, a través de las acciones

de inconstitucionalidad o nulidad dependiendo de si la ofensa de los derechos se origina en una ley o en un actode la administración. Cuando de lo que se trata es de violaciones concretas de derechos fundamentales producidaspor la acción u omisión de cualquier autoridad pública, la persona agraviada tiene la posibilidad de hacerseescuchar y proteger sus derechos mediante la acción de tutela, y para violaciones concretas de los derechossociales, la vía jurídica para su protección son las acciones populares y de cumplimiento.

15 La minoría mutante se integra por todos aquellos ciudadanos que podrían ubicarse dentro de la mayoría, peroque, en razón de ciertos matices propios de la historia personal, condiciones físicas, económicas y sociales, sediferencian puntualmente o sólo coyunturalmente de los demás. Para profundizar en el concepto de minoríasmutantes, consultar: María Luisa Rodríguez Peñaranda, “La dificultad contramayoritaria en el caso colombiano.Acción pública de inconstitucionalidad y democracia participativa”, en Revista derecho del Estado, nº 8, junio de2000, p. 244.

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en cabeza de la Corte Constitucional. Abstracto,porque los legitimados para actuar no deben de-mostrar un grado de afectación de la norma sinomeramente su interés en proteger la norma su-prema. Pública, porque los legitimados para ac-tuar son todos los ciudadanos.

La conjunción de estas características haceque cualquier ciudadano o grupo de ciudadanospueda demandar aquellas leyes que consideranque atentan contra los principios de nuevo enfo-que de convivencia multicultural y respeto a ladiversidad consignados en la Constitución. Detal forma que la capacidad inclusiva del diseñoprocedimental garantiza que estas voces gocende un escenario privilegiado para la defensa desus derechos constitucionales. Vista así, la acciónpública de inconstitucionalidad constituye uncontrapoder donde los insuficientemente repre-sentados pueden crear opinión pública que riva-lice con la producida por el statu quo.

Al permitir la exclusión de las normas queviolan el pacto fundacional de los ciudadanos, laacción pública genera un canal que involucra alas minorías, cualesquiera que ellas sean, en elproceso decisorio. Si bien se encuentran con ba-rreras para llevar su voz hasta el auditorio dondese realiza la creación de las leyes, su voz podrá es-cucharse con toda su fuerza y eco en el procesode exclusión de la norma. Con ello, estamos de-fendiendo la teoría de la interpretación constitucio-nal abierta impulsada por Peter Häberle, cuyocriterio es que “la interpretación o exégesis cons-titucional es un proceso abierto como tal queademás debe seguir cara al futuro”16.

De este modo, mediante la acción pública deinconstitucionalidad la jurisdicción constitucio-nal ofrece una alternativa real deinstitucionalización de la capacidad de veto conimpulso ciudadano.

Acción Pública y Unión Republicana (1910-1914)

El enigmático origen de esta institución,puesta en marcha en Colombia en 1910 por un

movimiento pocas veces señalado y que seautodenominó Nuevo Republicanismo, planteamúltiples interrogantes sobre los que todavíadesconocemos cuánto es lo que efectivamentepodríamos llegar a saber.

Lo que sí sabemos es que el punto de quiebrede la tradición política colombiana del recurso ala guerra, toma de facto del poder por el vence-dor y redacción de una nueva Constitución, seinició a partir de las propuestas políticas aporta-das por la Unión Republicana en la primera dé-cada del siglo XX. Los fuertes ideales deresistencia civil a la dictadura, tolerancia política,concordia entre los ciudadanos, renuncia alfaccionismo y a la guerra civil, dejaron una hon-da huella, aunque excepcional, en la historiaconstitucional y política colombiana.

Ante el riesgo de desarticulación total del te-rritorio nacional17, la Unión Republicana surgiócomo un grupo político e ideológico que busca-ba forjar la paz mediante un acuerdo que inclu-yera a los partidos políticos liberal y conservadorpara enmendar la Carta suprema y garantizar sucontinuidad.

Con la aparición de este movimiento se pusofin, en primer lugar, a la Asamblea Constituyentecopartícipe de la dictadura que regía en el mo-mento. Una vez efectuado el cambio presiden-cial, el general Ramón González convocó unaNueva Asamblea Nacional compuesta por repre-sentantes elegidos por las municipalidades decada circunscripción electoral. Conformada ensu mayoría por seguidores de la Unión Republi-cana que, como movimiento independiente, seintegró de individuos de los dos partidos, liberaly conservador, la Nueva Asamblea Nacional seinstaló el 15 de mayo de 1910.

Este grupo tenía como denominadores comu-nes su enquistamiento en la naciente elite indus-trial antioqueña y su deseo de devolver al país elcarácter democrático:

Pedro Nel Ospina, conservador de las guerrasciviles, pero además iniciador de la industria

16 Peter Häberle, Pluralismo y constitución. Estudios de teoría constitucional de la sociedad abierta, Madrid, Editorial Tecnos,2002, p. 89. Esta tesis entra en contraposición con aquella que defiende que son los jueces los únicos que poseenla capacidad interpretativa de la Constitución y las leyes, y el control de constitucionalidad debe circunscribirse auna confrontación entre ambas. Así, Sandra Morelli recientemente ha expresado “(…) cabe precisar que enrealidad conceptos de autorizados científicos no constituyen ni un método epistemológicamente válido para lasociología jurídica en cuanto a la finalidad de aprehender el objeto de estudio, ni un método probatorio de recibopara el derecho constitucional cuando de establecer la constitucionalidad de una norma se trata, pues en esteúltimo caso el juez constitucional debe realizar un análisis de correspondencia entre la norma superior, laConstitución y la norma acusada”. Ver Sandra Morelli, La Corte Constitucional: Un papel institucional por definir,Bogotá, Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2001, p. 151.

17 Especialmente evidente después de la pérdida de Panamá en 1903.

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textil en Antioquia; Mariano Ospina V., de lamisma estirpe y perspectiva; Antonio JoséRestrepo y Libardo López, vinculados por hilosvisibles al liberalismo y a los balbuceos de la ac-tividad industrial; Carlos E. Restrepo que, ne-gándose a ser conservador o liberal, fue comoel portavoz jurídico y político del grupo hasta elfinal de su vida, y Jorge Rodríguez y AlejandroLópez, desde entonces conductores intelectua-les del esfuerzo, como Fidel Cano, allí presente,que era el vocero de la prensa. Todosantioqueños, cosa natural: en Antioquía se ini-ciaba la industria18.

Que los líderes del movimiento republicanotuvieran como cuna común a Antioquia no fuefruto del azar. Este departamento se proyectabacomo un bastión económico importante en di-versos sectores de la economía: como destacadosbanqueros del Estado central muy cercanos alsector empresarial de Bogotá19, comocontroladores del comercio de exportación deltabaco y de los medios de transporte20, y tambiénen el café que ya se imponía como un cultivopredominante21.

Pese a la importancia económica de losantioqueños dentro de una débil economíade exportación, el historiador Daniel Pécautasegura que esto no significó “de ninguna ma-nera” que los antioqueños estuviesen en situa-ción de imponer un plan político nacional22.El poder político de Bogotá permaneció incó-lume ante la creciente influencia económicade Antioquia, que no llegaba a ser tan crucialen su faceta política como para aspirar a riva-lizar con la capital.

En síntesis, esta no correspondencia entre po-der económico y político se convirtió en el mo-tor que alimentaría la necesidad de sentar loscimientos sólidos de una democracia viable, la“verdadera república democrática”, y asimismoasegurarse, mediante la toma de medidas inge-niosas jurídica y políticamente, un lugar privile-giado en la escena política y económica.

La desconfianza en las mayorías y la necesi-dad de introducir elementos en la estructura delEstado que favorecieran a las elites económicasexplican que, del mismo modo que en los “pa-dres fundadores” de la Constitución estadouni-dense, los rasgos contramayoritarios fueronconsiderados imperiosos para el equilibrio delsistema político en los integrantes de la UniónRepublicana.

En el caso de los reformistas colombianos,la mencionada desconfianza en las mayorías seagrava en la figura del presidente y del legisla-dor. Por ello, a través de la inserción de medi-das contramayoritarias, como el control deconstitucionalidad, permitieron que fueran losciudadanos quienes gozaran del papel más re-levante, concediéndole la facultad que bajo suquerella se iniciara el control a las leyes y de-cretos-leyes que en su concepto vulneraran laCarta suprema. Los republicanos optaron pordar un importante papel a la ciudadanía y do-tarla de los medios que le permitieran compro-bar el cumplimiento de la Constitución y lasleyes por los poderes públicos. Esto explicaque, dentro de las motivaciones de su ideario,se manifestara la necesidad de “velar por elrespeto de los derechos individuales de los co-lombianos, reclamando o protestando

18 Darío Mesa, La vida política después de Panamá, Manual de historia de Colombia, Santafé de Bogotá, Tercer MundoEditores, p. 111. Citado por Óscar José Dueñas Ruiz, Control constitucional. Análisis de un siglo de jurisprudencia,Bogotá, segunda edición, Ediciones Librería del Profesional, 1997, p. 140.

19 F. R. Safford, Commerce and enterprise in Central Colombia 1821-1870, Ph. D. Colombia University, 1965, pp. 114 y ss.Citado por Daniel Pécaut, Orden y violencia: Colombia 1930-1954, Bogotá, vol. 2, Siglo Veintiuno editores deColombia, Ediciones Tercer Mundo, 1987, p. 35.

20 A. López Toro, Migración y cambio social en Antioquia durante el siglo XIX, Bogotá, CEDE, 1970. Citado por DanielPécaut, Ob. Cit., p. 35.

21 El café se cultivaba desde hacía años en pequeñas superficies, pero su auge decisivo no empieza verdaderamentesino alrededor de los años ochenta y sobre todo de los noventa del siglo XIX, continúa acelerándose hasta 1930.Entre 1895 y 1910, el volumen de las exportaciones se triplica; entre 1918 y 1930 vuelve a triplicarse. Para elperíodo 1905-1909, su valor representa el 39% del total de las exportaciones; para 1923-1929, el 69%. Antioquiay Caldas pasan de aportar el 35,4% de la producción nacional de café en 1913 a un 47% en 1932. Ídem., p. 58-63.La estabilidad de la dominación oligárquica gracias al café y la incipiente industria se concentra en el territorioque se denominará “el eje cafetero” y que coincidirá con el viejo Caldas, Antioquia y Quindío.

22 Daniel Pécaut, Orden y violencia…, Ob. Cit., pp. 35-36.

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pacíficamente contra toda violación de esosderechos, cualesquiera que sean las opinionespolíticas y la condición social de las víctimas, yprocurar que se haga efectiva la responsabili-dad de los mandatarios o autoridades que re-sulten autores de la violación”23.

De esta forma, la Unión Republicana sedesmarcó del liderato estadounidense en elplanteamiento de las relaciones del poder pú-blico, la toma de las decisiones públicas y la ciu-dadanía. Los federalistas, ante la amenaza quesignificaban las mayorías en el Congreso, idea-ron en el ámbito de la Convención Federal uncompromiso común que Bernard Manin resu-me bajo la denominación “principio de la dis-tinción”, que combina meticulosamente unestricto sistema representativo y el esquema defrenos y contrapesos.

De conformidad al principio de la distinción, seaseguraba

(…) un fuerte distanciamiento entre la ciuda-danía y la política: dado el fundado temor deque circunstanciales mayorías se “apropiasen”del sistema institucional (y, en definitiva, del apa-rato coercitivo estatal) para utilizarlo en subeneficio, se procuró, por un lado distinguir ydistanciar a los representantes de los representa-dos, y por otro, fijar cuidados adicionales sobrela rama mayoritaria del gobierno, que era la quecorría más riesgos de resultar atrapada por aque-llas mayorías facciosas24.

En cambio, entre los reformistas colombia-nos el espíritu de partido en su máxima expre-sión, el faccionismo exasperado no era ya unaamenaza sino el infortunado pan de cada día.Para neutralizarlo, el principal líder delrepublicanismo, Carlos Restrepo, intentó fun-dar un tercer partido que sirviera de puenteideológico y acercamiento entre los otros dos,liberal y conservador:

Nada prueba mejor, una vez más, que el espí-ritu de partido es absolutamente destructivo del

patriotismo, que el espíritu de partido no es otracosa que una forma de la ausencia de patriotis-mo, que el hombre de partido subordina la pa-tria a su partido, y sacrifica la patria a sus odiosde secta; y que, al contrario, en los tiempos mo-dernos, quien dice republicano dice patriota;que el republicanismo no es otra cosa que el ins-tinto patriótico que se rebela y reacciona –domi-nándolas– contra todas estas pasiones egoístasque franquean complacientemente las fronterasde la patria, pero que, en cambio, instalan enér-gicamente en el seno del país gobiernos de gue-rras civiles y la guerra civil permanente25.

Conociendo la influencia económica de losintegrantes de la Unión Republicana, ¿cómo ex-plicar que este grupo llegara a poner en riesgosus propios intereses, dando amplios poderes alos ciudadanos?

Para responder esta pregunta es necesario po-ner el lente de aumento en el concepto de ciu-dadanía. Mientras que los estadounidensesoptaron por una concepción abierta de la mis-ma, entendida como un derecho universal y noexcluyente, los reformistas colombianos de prin-cipios del siglo XX, y bajo la perspectiva delrepublicanismo clásico, apostaron por dotar deamplios poderes a la ciudadanía pero restrin-giendo su detentación. Paradoja que se aclaracuando verificamos que, lejos de ser una accióncon vocación popular, como su nombre lo sugie-re, se trataba de una acción centrífuga, de oposi-ción al poder legislativo centralizado en Santaféde Bogotá y dirigida a reforzar los poderes de losprivilegiados de otras regiones.

La ciudadanía restringida de la Constituciónde 1886 es mantenida inexcusablemente por losrepublicanos colombianos. Según lo dispuestoen el artículo 44 del acto legislativo nº 3 de1910, poseían el status de ciudadanos todos loshombres26 que supieran leer y escribir, o tuvierenuna renta anual de trescientos pesos, o propie-dad raíz por valor de mil pesos, a quienes se

23 Carlos E. Restrepo, Orientación republicana, Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1972, tomo I, p. 439. En la mismavertiente Carlos Restrepo no dudó en expresar “Si viéres que me aparto de la ley –exclamó en su discurso alaceptar la Presidencia– gritádmelo muy alto, y si a pesar de todo juzgáis que persisto en el error, conspirad contramí y salvad la patria”. Fernando Uribe Restrepo, Prólogo, Orientación…, Ob. Cit., p. 15.

24 Roberto Gargarella, “La comunidad igualitaria y sus enemigos. Liberalismo, republicanismo e igualitarismo”, en:Andrés Hernández (Comp.), Republicanismo contemporáneo. Igualdad, democracia deliberativa y ciudadanía, Bogotá,Siglo del Hombre Editores, 2002, p. 79.

25 Carlos E. Restrepo, Orientación… Ob. Cit., tomo I, p. 45.26 La norma no lo dice expresa sino tácitamente porque habla sólo de ciudadanos, refiriéndose al género masculino.

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facultaba para elegir directamente al presidentede la República y a los representantes27.

La elevada cualidad de alfabeto o propietariolimitaba la condición ciudadana a una oligarquíaestrecha que excluía al pueblo y las mayorías.Por ello, la acción pública de inconstituciona-lidad, en sus inicios, sólo se confía a una eliteque, teniendo acceso a la representación políti-ca, rivaliza con el poder central por competiti-vidad económica.

Por otra parte, que este movimiento pacíficose autodenominara “republicano” no deja deplantear ciertas preguntas. La Unión Republica-na plantea una vuelta al mismo ideal republica-no que de forma persistente estuvo en las mentesde los líderes independentistas28, pero alejandolos vicios que esta forma de gobierno generaba yque había permitido la instalación de ejecutivosmarcados por el autoritarismo.

El cuño ideológico republicano

Una mirada retrospectiva de las reformas em-prendidas por la Unión Republicana nos permi-te distinguir la influencia del manto ideológicode autentico cuño republicano en su aspecto po-lítico que rescata fundamentos importantes de lateoría clásica de la república. Asimismo, en cier-tas premisas coincide fuertemente con las basesdel republicanismo político renovado que ha he-cho aparición en la reciente teoría política con-temporánea. En su aspecto económico, losrepublicanos colombianos manifestaron su sim-

patía por la teoría económica de origen liberalconforme al sistema de organización de los pro-cesos de producción capitalista.

Al parecer, la Unión Republicana transitó enmedio de las corrientes dominantes del pensa-miento político sin decantarse exclusivamentepor una de ellas. Por una parte profesaba un li-beralismo a ultranza en el sentido de establecerun cúmulo de derechos donde el Estado no in-terviene y, por otro lado, entregaba a los ciuda-danos instrumentos para desafiar las leyes de susrepresentantes.

En su manera de entender la república esta-bleció una tercera vía que, siendo eminentemen-te liberal en el proyecto económico, cuelaaspectos importantes de la república clásica en larelación con los ciudadanos y atributos de la ciu-dadanía. Esta característica, la defensa de los de-rechos individuales, parece restarle al NuevoRepublicanismo su prosapia republicana. Sinembargo, Carlos Restrepo se concentró en la de-fensa de los valores que no son apropiadamenteconsiderados individuales sino sociales, como latolerancia, educación para todos sin distinciónsocial, el no faccionismo, el patriotismo, el amoral trabajo… Valores, todos ellos, impregnados deun conocido aroma republicano29, al igual que elderecho a la libertad de prensa.

Anticipándose a su tiempo, la Unión Republica-na consiguió consolidar e institucionalizar un nue-vo espacio para el diálogo, cuyo resultado tuvieraconsecuencias directas en la toma de decisiones

27 La exclusión de la mayoría de los habitantes del territorio nacional de la condición de ciudadanos se mantendríahasta la reforma de 1936 en la que los liberales le devolverían al país la igualdad de sufragio que losconstituyentes del 86 habían restringido. El sufragio universal (art. 33) sería el sistema de elección del presidentede la República, representantes al Congreso, diputados a las Asambleas y concejeros municipales. La ciudadaníasería aún aplazada para las mujeres dos décadas más, consiguiendo la igualdad política mediante el plebiscito de1957.

28 Un análisis bastante atractivo sobre el republicanismo hispano que fundaron los líderes independentistas es elrealizado por François-Xavier Guerra, “La identidad republicana en la época de la Independencia”, en GonzaloSánchez Gómez y María Emma Wills Obregón (Comp.), Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionalespara los ciudadanos del futuro, Memorias del Simposio Internacional y IV Cátedra Anual de Historia “ErnestoRestrepo Tirado”, Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 2000, pp. 255-283.

29 El Nuevo Republicanismo también imaginó y recreó un proyecto de construcción nacional de inspiraciónantioqueña donde el ciudadano ideal acogía una serie de valores no menos normativizados que los de Núñez:“Devoción a la Iglesia católica, ‘blancura’, legitimidad, matrimonio y capitalismo”. Valores en oposición a ciertastradiciones y prácticas consideradas periféricas, asociadas con los costeños o personas asentadas en el Caribe y elPacífico colombiano, como “el concubinato o unión libre, la prostitución, la vagancia, la migración estacional, laausencia de propiedad privada o de asentamientos agrícolas permanentes, la disidencia política y la falta de unaidentificación prioritaria con el culto católico”. Este proyecto cultural condicionaba: “(…) el acceso a la caridad,la educación, los servicios públicos, la movilidad social y la participación política (…) (a) la aceptación denociones ‘burguesas’ que regían el orden social”. Para profundizar en ello, consultar Mary Roldán, “Violencia,colonización y la geografía de la diferencia cultural en Colombia”, en Análisis Político, Bogotá, nº 35, sep./dic. de1998, Universidad Nacional de Colombia, pp. 3-25.

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públicas30. Los propulsores de la acción públicaimaginaron una estrategia de disenso y consensodonde el ciudadano puede, una vez expedidas lasleyes o decretos con fuerza de ley, dirigirse anteotra autoridad neutral, cuya tarea sea vigilar elcumplimiento de la Constitución. Éste es un esce-nario donde el ciudadano se encuentra en condi-ciones de libertad e igualdad con los otrosciudadanos y con los representantes de los pode-res públicos para dialogar. La palabra del ciudada-no, sin representantes ni intermediarios, puedearribar a las más altas esferas del Estado para revi-sar las leyes que considere injustas y que, una vezdebatidas, se revestirán de una legitimidad pre-eminente.

Recordemos que para J. Habermas el espacio pú-blico tiene que apoyarse en una base social en laque los iguales derechos de ciudadanía hayan cobra-do eficacia social. Este autor coloca el listón alto a lahora de cualificar la deliberación, ya que la solidari-dad entre extraños, que excluya la violencia, seráposible únicamente si existe una sociedad que hayasuperado las barreras sociales y goce de una igual-dad real31. Como si esto fuera poco, Habermas creeque, aun instalando una sociedad comunicativa eigualitaria en términos sociales, ésta deberá enfren-tarse a las restricciones comunicativas, cognitivas ymotivacionales a las que están sujetas la políticadeliberativa y la transformación del poder comuni-cativo en poder administrativo32. Es decir, no bastacon una igualdad social, sino que también es desea-ble una igualdad intelectual, emocional ycomunicativa de ciudadanos ideales para un diálogo

ideal. Tan estricto presupuesto de la igualdad totalcomo prerrequisito de la deliberación se convierteen una condición que podría llegar a invalidar la de-liberación. Pero aun satisfaciéndola, todavía no nosinforma sobre cómo un diálogo reflexivo surgidoentre iguales podría articularse e influir en la tomade decisiones públicas.

En este sentido, el Nuevo Republicanismo pro-yectó que ese diálogo se daría entre iguales, por lomenos socialmente, dadas las restricciones que so-bre la ciudadanía pesaban en la época. Lo cierto esque, con los años, la acción pública se transforma-ría en un instrumento transgresor que visualiza ciu-dadanos de carne y hueso. Ciudadanos educadosdesigualmente y enfrentados a grandes barreras so-ciales pero que pueden, mediante la acción públi-ca, explicar sus razones desde su propia posiciónsocial. La acción pública, lejos de exigir una igual-dad real, busca neutralizar la innegable y por lo de-más vergonzosa desigualdad que impera enColombia. Justamente, esa distribución desigual derecursos y su correlato de desigual poder decisional–tan notorios en los órganos principales de tomade decisiones políticas por los grupos de interés–son, en el espacio de la justicia, invisibles.

Por ende, si bien la igualdad social queHabermas exige para esa deliberación33 esdrásticamente insatisfecha en Colombia, el espacioen que se surte la acción pública consigue que losconvocados a participar apoquen las ventajas de susposiciones sociales para efectos de influir en la de-cisión final. A la vez, este espacio judicial permite alos participantes que resalten sus diferencias, que

30 Analizando el cuño republicano desde una perspectiva política moderna, el filósofo J. Habermas considera quepara alcanzar el mutuo entendimiento entre los ciudadanos no basta con la formación de la voluntad política enlos órganos del Estado, como es el parlamento. Para la política, “entendida como una praxis de autolegislacióncívica, el paradigma no es el mercado sino el diálogo”. Sin embargo, empíricamente el republicanismohabermasiano se queda corto a la hora de explicitar cuáles son esos otros espacios donde la deliberación puedadesarrollarse de manera institucionalizada. De hecho, Habermas autorrestringe el ámbito de la deliberación a notodas las instituciones sociales y ni siquiera para todas las instituciones estatales. E incluso distingue la prácticadeliberativa en dos ámbitos: el de formación de la opinión y el de toma de decisiones. Por supuesto, siemprepodemos hacer una práctica deliberativa abierta e inclusiva en espacios públicos, pero también en los privadosque surgen de manera más o menos espontánea: en la escuela, en la prensa, en las asociaciones, en el trabajo, encongresos, etc., pero cuyo problema fundamental es la estructura anárquica que detentan y la dificultad paraintroducirse e influir en la toma de decisiones públicas.

31 Jürgen Habermas, Facticidad y validez, Valladolid-España, Editorial Trotta, 2000, p. 385.32 Ídem., p. 406.33 Las altas condiciones que exige Habermas para su política deliberativa son sencillamente ideales, y por tanto

algunos países podrán acercarse más o menos a ese ideal, pero está claro que ninguno lo satisface plenamente.Sin embargo, previamente he de alertar que uno de los problemas metodológicos al que nos tenemos queenfrentar al estudiar las sociedades no prósperas económicamente y carentes de liderazgo internacional es lautilización de autores que escriben para países desarrollados y que no obstante poseen una gran influencia enpaíses en vías de desarrollo. Posiblemente la sola implementación de estos autores para un contextosubdesarrollado sea de entrada una equivocación. Pero he decidido asumir este riesgo.

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cuenten sus vivencias, que realcen su condición declase, que comuniquen y transmitan su percepciónde las leyes y la Constitución desde el lugar queocupan, para que sean precisamente estas razoneslas que condicionen la decisión y no el peso socialde los participantes.

En este sentido, la acción pública estableceun esquema político que combina una forma decrear y canalizar la opinión pública ciudadanapara influir en la toma de decisiones públicas,desafiando la decisión y opinión de sus represen-tantes, y ello sin colapsar al Estado y sin atiborrara los ciudadanos. La aplicabilidad que propor-ciona la acción pública dentro de la políticadeliberativa es suficiente para reservar, dentro dela teoría política, un lugar privilegiado para elmovimiento Nuevo Republicanismo.

La resaca republicana

El período de reajuste constitucional generadopor la Unión Republicana y promisorio en sus ini-cios se desvaneció prontamente. Su principal pro-motor, Carlos Restrepo, al hacerse con lapresidencia en el inmediato periodo posterior a lasreformas en los años 1910-1914 se resistió a reali-zar, de manera separada, alianzas permanentes conlos partidos tradicionales. Así, primero rechazó unapropuesta del clérigo para la formación de un par-tido conservador-católico34 y más tarde una ofertadel general Rafael Uribe Uribe para fusionar elpartido liberal y el republicanismo35. Con tal suerteque las reiteradas negativas de Restrepo consiguie-

ron que los dos partidos tradicionales se unieran,aunque sólo fuera estratégicamente, para derrotaral Nuevo Republicanismo.

Los principales obstáculos con los que se encon-tró el ideario republicano fueron tanto las prácticasy los usos de los partidos tradicionales, acostumbra-dos a la rapiña electoral que sin recato promovíanla violencia política, como los problemas de índoleeconómica. Sobre este aspecto, en los albores delsiglo XX Colombia era un país en el que los ci-mientos de la estructura económica estaban aúnpor fijarse, mientras que la desigualdad social ca-balgaba sin frenos. La opción económica republi-cana acogió en su seno la visión más radical delliberalismo económico, con un individualismo in-sostenible bajo la mirada de un Estado neutro e in-diferente. A los problemas económicos y socialescrecientes se les brindaba únicamente respuestaspolíticas formales, acuerdos bipartidistas, reformasconstitucionales y Estado de derecho36.

La Unión Republicana nace y muere en elmismo instante en que logra sus objetivos. Enrealidad, “más que un partido, el republicanismohabía sido una coalición provisional de la oligar-quía moderada de ambos partidos empeñada enla reforma del sistema político. Realizada ésta,parecía difícil justificar la permanencia del gru-po, y los políticos más doctrinarios promovieronla reagrupación de los antiguos partidos”37.

El ideario progresista republicano degeneróen un período despectivamente denominadocomo democracia oligárquica38, término que haría

34 La propuesta vendría de Antonio José Uribe en nombre del arzobispo Herrera Restrepo a tan sólo un mes de queCarlos Eugenio Restrepo ocupara la Presidencia. Para mayor profundidad sobre las consecuencias de su negativa,consultar su obra, Carlos Eugenio Restrepo, Orientación..., Ob. Cit., tomo 2, pp. 88 y ss.

35 Ídem., pp. 97 y ss.36 La perspectiva económica de la Unión Republicana más parece acercarse al libertarismo anglosajón (Nozick), y

latinoamericano de Apuleyo Mendoza y Vargas Llosa. Los libertaristas defienden las libertades de mercado, y exigen lalimitación del papel del Estado en cuanto a políticas sociales. Kymlicka, Filosofía política contemporánea. Una introducción,Barcelona, Ariel Ciencia Política, 1995, p. 109. Sin duda bastante distante del ideario contemporáneorepublicano donde la igualdad y la justicia deben siempre apoyarse en la solidaridad, para cuyo propósito elEstado debe intervenir sin dominación. Ver Philip Pettit, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno,Barcelona, Paidós, 1999.

37 Jorge Orlando Melo, “La república conservadora”, en Colombia hoy, Siglo veintiuno editores de Colombia, 1978,p. 70.

38 El término “democracia oligárquica” ha sido permanentemente empleado para explicar la longevidad de lademocracia civil restringida y el recurso a la violencia, acusándose a la oligarquía colombiana de un poderíoexcepcional. Sin embargo Daniel Pécaut, alejándose de tal presupuesto, ha puesto sobre el papel la ambigüedad delvocablo “oligarquía” en el caso colombiano. “Si se refiere a la concentración del poder económico, éste es en 1930indudablemente menor en Colombia que en los países latinoamericanos en los que el desarrollo hacia el exterior esmás antiguo e intenso. Si se designa la fusión del poder económico con el político, su empleo conduce a poner enevidencia el papel tan importante de algunas grandes familias en ambos dominios, pero lleva a hacer caso omiso de laconsiderable autonomía de la escena política, que es lo único que permite entender las pasiones partidistas. (…) si seremite a la simple monopolización del poder político, se expone a subestimar la considerable influencia del personalintermedio, cuya renovación es a menudo rápida”. Consultar, Daniel Pécaut, Orden y violencia…Ob. Cit., p. 18.

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carrera en la vida política nacional y que persisti-ría durante lustros como sello de identificaciónde una añeja democracia excluyente y dirigida abeneficiar a unos pocos: la elite económica e in-telectual.

Del gran ideario, sólo dos aspectos lograríantrascender su tiempo y convertirse en el princi-pal legado de este movimiento:

En primer lugar, demostrar que las elites ypartidos políticos pueden pactar, pese a sus dife-rencias, para resolver conflictos de gran enverga-dura y de manera alternativa. Como aseguraba elprofesor Gerardo Molina, “las reformas constitu-cionales de 1910 forman parte todavía de la es-tructura del Estado, y sobre todo se ha afianzadola idea, victoriosa en esa fecha, de que toda cartafundamental debe ser el producto del entendi-miento de los partidos que se reparten el domi-nio de la república”39.

Esta estrategia permitió que Colombia pasaraa ser considerada como uno de los escasos paísescon sistema presidencial y democracia conso-ciativa40. Los años agregarían que también en losacuerdos deben incluirse la voz de los margina-dos social y políticamente. Sin ellos, los acuerdosestán condenados al fracaso y la transitoriedad.

En segundo lugar, instituir la acción públicade inconstitucionalidad. La innovación constitu-cional que supuso para Colombia y la justiciaconstitucional la instalación de esta acción fue,durante años, apocada por la estrechez en suuso. En efecto, el acceso escalonado a la condi-ción ciudadana tendría un efecto adormecedorde la institución de la acción pública que seríainfrautilizada por décadas y mantenida por merainercia institucional.

El desconocimiento de la acción pública porparte de la mayoría de los ciudadanos había he-cho de esta institución un instrumento de la eliteintelectual, política y jurídica. Las cualidades y lareal implementación de esta acción surgieron,como un ave fénix de entre las cenizas de laConstitución de 1886, con el nacimiento de laConstitución de 1991.

39 Gerardo Molina, Las ideas liberales de Colombia… Ob. Cit., p. 287.40 En este sentido, consultar la obra de Robert A. Dahl, La democracia y sus críticos, Barcelona, Ediciones Paidós, 1993,

pp. 307-309.41 Pettit explica que para restringir la dispersión del poder y evitar que las autoridades pasen a ser poderes

arbitrarios que pongan en peligro la estabilidad de la república, las decisiones legislativas deben ponerse enmanos de Cámaras distintas, y la condición del imperio de la ley ha de estar motivada independientemente,provocando diversos modos de rendición de cuentas entre poderes, dentro de los cuales se encuentra el controlde constitucionalidad a la ley. Ver Philip Pettit, Republicanismo… Ob. Cit., pp. 300 y ss.

A manera de conclusión, el análisis del origendel movimiento Unión Republicana y sus inte-grantes nos permite reconstruir el contexto en elcual parecía tener sentido la formación de estepartido, fugaz pero pertinente, que produjo unode los más importantes ajustes a las tradicionesdel sistema político colombiano. Al parecer, ladenominación republicana no fue aleatoria, y re-sulta coherente con postulados importantes pre-dicados por la ancient teoría política republicana,en especial sobre la amplia esfera participativade la ciudadanía que contrasta con una estrechavisión sobre quienes podían ostentarla. Asimis-mo, es congruente con planteamientos reciente-mente reformulados, como por ejemplo sobre lanecesidad de establecer controles deconstitucionalidad para la defensa de la demo-cracia deliberativa41, por los republicanos de últi-ma generación. No obstante, aunque la UniónRepublicana sea consecuente con la tradiciónideológica de auténtico cuño republicano, estehecho nos dice algo, pero no todo, para com-prender cuáles fueron las fuentes de inspiraciónque sirvieron de base para que este movimientopolítico ideara y llevara a cabo la instalación dela acción pública y no otro mecanismoparticipativo.

Las reformas impulsadas por el nuevorepublicanismo consiguieron, en el contexto co-lombiano, generar alternativas de conciliaciónentre la democracia representativa y el elementociudadano. Con sus propuestas, los reformistascolombianos lograron adelantar estrategias quereforzaran los ya perceptibles flancos débiles dela democracia representativa y que ahora, comonunca antes, gozan de mayor vigencia. Por ello,con la mise en œuvre de la acción pública, los re-publicanos colombianos propusieron una op-ción, viable y esperanzadora, de resolución deaquellas críticas que en su época planteaba la re-pública, y algunas otras que florecerían casi unsiglo más tarde, en el sentido de reclamar mayorparticipación ciudadana en el control y toma delas decisiones públicas.F E C H A D E R E C E P C I Ó N : 0 8 / 1 0 / 2 0 0 3

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La oposición regional alas negociaciones conel ELN*

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I N T R O D U CC I Ó N

Durante los años 1999-2001, el MagdalenaMedio vivió un período de profunda convulsiónpolítica que tuvo como motivación principal laoposición a la declaración de una zona desmilita-rizada para realizar las negociaciones entre elGobierno Nacional y el ELN. Mediante el recur-so a la protesta y a la movilización (paros detransporte, bloqueos de vías y parálisis temporalde algunas actividades económicas) distintos sec-tores sociales encabezados por la Asociación Ci-vil para la Paz (Asocipaz) lograron aplazarreiteradamente la celebración de la “ConvenciónNacional” en territorio del sur de Bolívar. Este fe-nómeno sólo era comparable con lo ocurridoveinte años antes en Puerto Boyacá, cuando elgobierno de Belisario Betancur ponía en marchaotro proceso de paz1.

El surgimiento de Asocipaz en Santa Rosa delSur (Bolívar) y la extensión de su influencia enun buen número de municipios del MagdalenaMedio ilustra un cambio drástico de las relacio-nes entre ciertos sectores sociales y políticos y losgrupos armados ilegales (guerrilla yparamilitares) asentados en este territorio. Estehecho muestra también la serie de tensiones ypugnas que a nivel regional generó la decisiónpresidencial de adelantar un proceso de negocia-ción con el ELN, la guerrilla de mayor influenciahistórica y política en esta zona desde los años se-tenta, justo en el momento en que las AUC seinstalaban a la fuerza en las cabeceras municipa-les del sur de Bolívar y lograban golpear de ma-nera significativa a esta organización insurgente.

En las páginas que siguen se analiza la seriede circunstancias y hechos que favorecieron elfortalecimiento del liderazgo de Asocipaz. En

Omar Gutiérrez LemusSociólogo de la Universidad Nacional de Colombia,

magíster en Análisis de problemas políticos,

económicos e internacionales contemporáneos,

Universidad Externado de Colombia.

* Este trabajo fue elaborado en el marco delproyecto Guerra, democracia y globalización queadelanta el IEPRI y es financiado por el LondonSchool of Economics y Colciencias.

1 Durante los años ochenta, otra organización social,Acdegam, lideró un proceso de oposición a lasnegociaciones entre el Gobierno y las FARC en PuertoBoyacá. Ver Carlos Medina G., Autodefensas, paramilitaresy narcotráfico en Colombia, Bogotá, Editorial DocumentosPeriodísticos, 1990.

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2 La mayor parte de la argumentación que sigue está basada en los testimonios de personas que habitan o fuerondesplazadas del sur de Bolívar. Debido a la naturaleza del tema que se aborda, las identidades de estas personasson mantenidas en reserva.

3 Sobre este particular se puede consultar: Manuel Alonso E., Conflicto armado y configuración regional. El caso delMagdalena Medio, Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia, Medellín, 1997; Martha Cecilia GarcíaV., “Las cifras de las luchas cívicas, cuatrienio Barco 1986-1990”, en: Cinep, documentos ocasionales, nº 62, Bogotá,1990; Amparo Murillo P. et al., Un mundo que se mueve como el río: historia y cultura en la región del Magdalena Medio,Santafé de Bogotá, ICANH-PNR, 1994.

4 Distintos testimonios afirman que las primeras plantaciones de coca en esta zona datan de 1986 y se establecieronen los alrededores de Monterrey (Simití), hasta donde llegaban compradores de los carteles; posteriormentehacen presencia los grupos paramilitares: “[...] La coca fue buen negocio hasta hace cinco años (1998); entrabanlos compradores del Cartel de Cali, en competencia con los compradores que venían del Cartel de Medellín,entonces al cuál alzara más sus precios, el que diera mayores precios [...] compraban semanalmente doscientos,trescientos kilos (de base de coca), entre ambos; bueno, pero una vez hacen presencia los paramilitares, seadueñan del negocio y empiezan a regir una normas que dicen: ¡El precio es éste y no lo subimos de aquí! El kilo(de base) de coca, que comenzó en quinientos mil pesos, ya estaba en millón ochocientos, lo tenían ahí loscarteles; bueno, pues los paramilitares lo plantaron a dos millones y ahí quedó [...]”.

5 Ver, por ejemplo, las declaraciones hechas por el alcalde de Santa Rosa del Sur, Isidoro Galvis, al periódicoVanguardia Liberal, 22 de julio de 1997, p. 4B.

6 También era indudable que las AUC pretendían cortar el eje horizontal que hacía posible las acciones subversivasdesde Urabá, en el noroccidente, hasta Arauca, en el nororiente, y que incluía a todo el sur de Bolívar. VerAlejandro Reyes P., Regionalización de los conflictos agrarios y la violencia política en Colombia, p. 284.

7 Ver “La guerrilla intervendría en elecciones”, en Vanguardia Liberal, 21 de mayo de 1997, p. 4B.

especial se exploran aspectos relativos a los gru-pos sociales que apoyaron su nacimiento y “legi-timaron” sus propuestas políticas en los ámbitoslocal y regional; las formas de movilización popu-lar que ensayó y los métodos de divulgación desus reivindicaciones; las razones que esgrimiófrente al gobierno central y a la población civilpara justificar su oposición al proceso de nego-ciación con el ELN; la forma de ejercicio de laautoridad que intentó imponer desde los gobier-nos municipales y las relaciones que mantuvocon los grupos paramilitares2.

A N T E C E D E N T E S

Los orígenes de Asocipaz deben buscarse enlos sucesos que rodearon las elecciones munici-pales de 1997 y la serie de movilizaciones campe-sinas ocurridas en el sur de Bolívar entre 1996 y1998. Ciertamente, durante 1997 tanto el ELNcomo las FARC deciden impedir las eleccionesde alcaldes y concejos municipales; esta determi-nación trajo hondas consecuencias dado que lle-vó a un punto de ruptura las relaciones entre laclase política local y los grupos guerrilleros. Deotra parte, las marchas campesinas de 1996 y1998 marcaron el distanciamiento de las “elites”locales y las organizaciones cívicas y campesinasque habían acaparado la vida social y política delsur de Bolívar durante casi treinta años, a travésde paros y movilizaciones3.

Los cambios introducidos por la descentrali-

zación en la vida política local (elección popularde alcaldes y gobernadores) y el fortalecimientode las redes del narcotráfico4 minaron las basesde los acuerdos que permitieron la convivenciaentre la guerrilla y la clase política local antes de1996. Estos fenómenos fomentaron también laintegración del sur de Bolívar al contexto econó-mico y político del departamento y al resto delMagdalena Medio5. Al mismo tiempo, en este pa-norama, los grupos paramilitares hicieron apari-ción y cumplieron un papel fundamental.

Las AUC hicieron irrupción en el sur de Bolí-var persiguiendo y asesinando a los alcaldes yconcejales en los municipios donde la guerrillatenía una reconocida influencia. Esto sucedió acomienzos de 1997 en municipios como Yondó,Río Viejo y Tiquisio. De esta forma se puso enevidencia que esta ofensiva paramilitar tenía unfuerte componente político6. Por su parte, laguerrilla reaccionó intimidando a otro sector dela clase política (Santa Rosa del Sur, Simití) quecreía más cercano a la gobernación de Bolívar y,suponía, era un potencial aliando de los gruposparamilitares. En otras palabras, para los insur-gentes fue claro que el arribo de las AUC al surde Bolívar tenía un origen político y electoralmuy asociado al accionar de las redes de los par-tidos locales y, en consecuencia, tomaron la deci-sión de impedir las elecciones para alcaldes yconcejos municipales por celebrarse en octubrede ese año7.

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Lo anterior hizo que el proceso electoral se si-tuara en el centro de una confrontación militarque ascendía. Tanto los paramilitares como laguerrilla utilizaron la coerción como arma políti-ca para imponerse frente a la población civil y alos gobiernos municipales. Durante 1997 y 1998,la situación de desplazamiento, parálisis econó-mica, caos administrativo (los alcaldes despacha-ban desde Cartagena) y crisis de gobernabilidadgenerada por las presiones y agresiones de losgrupos armados fue el rasgo político predomi-nante en el sur de Bolívar8.

Al mismo tiempo, las consecuencias de estaselecciones sobre el conflicto armado fuerontrascendentes. En Santa Rosa, la naciente elitepolítica y económica entró en una enconadaoposición a los grupos guerrilleros y optó por lasolución que ofrecían los grupos paramilitares;los políticos de Simití se sumarían poco despuésa esta decisión. En otros municipios, el cambiofrente a la guerrilla fue más lento; San Pablo re-sistió hasta enero de 1999, cuando fue evidenteel dominio paramilitar en la zona “urbana”; enMorales estos grupos alcanzaron lentamente eldominio sobre la vida política y pública de loshabitantes de la isla9. De alguna manera, la adhe-sión a la estrategia de los paramilitares significópara muchas administraciones una salida a losproblemas de gobernabilidad suscitados por laselecciones de octubre.

En una perspectiva diferente, las marchascampesinas de 1996 y 1998 marcaron otro pun-to de ruptura de la población civil frente a laguerrilla. Indudablemente el recurso a las mar-chas sufrió un proceso de desgaste e hizo palpa-ble un fenómeno de alejamiento político entrelos sectores que durante largo tiempo habíancompartido su participación en ellas10. De una

parte, las organizaciones comunales y socialesque encabezaron sucesivos paros y moviliza-ciones terminaron señaladas como aliadas in-condicionales de la guerrilla y fueronmarginadas de la vida pública de los munici-pios11. De otra parte, los gobiernos locales, ele-gidos popularmente, decidieron superar lasubordinación que mantenían frente a estas or-ganizaciones promotoras de paros y rompieronla obediencia que mantenían frente a la guerri-lla para presentar directamente, frente al esta-do central, las mismas peticiones de inversiónsocial, en calidad de representantes legales delos intereses de la población12.

En adelante las movilizaciones y los paros cívi-cos harían aún más evidentes los cambios en lasrelaciones de poder en el sur de Bolívar. No se-rían ya las organizaciones sociales y comunitariassus principales protagonistas; otros actores, anta-ño subordinados, y otros intereses apareceríanen los sucesos más recientes, ocurridos entre1999 y 2001. Ciertamente la serie de manifesta-ciones de inconformidad frente al Gobierno ocu-rridas en estos años fueron organizadas por lossectores económicos más pudientes (comercian-tes, transportadores, narcotraficantes y ganade-ros), la clase política local y los gobiernosmunicipales13. Con un signo ideológico contra-rio, estos fenómenos seguirían conservando suimportancia como espacios de expresión de inte-reses y expectativas frente al estado central.

Aun así, el rasgo característico de lasmovilizaciones más recientes ocurridas en el sur deBolívar y en el Magdalena Medio ha sido la oposi-ción a las negociaciones de paz con el ELN14. Eneste sentido, los manifestantes se acercaron a lospropósitos de las AUC en su afán por asegurar eldominio militar de la zona y obtener reconoci-

8 Ver, por ejemplo, “Los concejales entre la espada y la pared”, en Vanguardia Liberal, 9 de enero de 1998, p. 3C.9 Testimonios de pobladores de Santa Rosa, Morales y San Pablo.10 Las marchas y los paros más importantes ocurrieron en 1971 y 1972, en San Pablo; en junio de 1985, en el sur de

Bolívar y en junio de 1987, en buena parte del nororiente del país.11 Eran comités cívicos, organizaciones de mineros, Juntas de Acción Comunal y organizaciones de izquierda como

la Unión Patriótica y A Luchar. Testimonio de líderes campesinos participantes en las marchas de 1996 y 1998.12 Así, por ejemplo, en noviembre de 1996, un grupo de seis alcaldes de sur de Bolívar reclamaron el liderazgo de

los acuerdos pactados entre el Gobierno y la Marcha Campesina; según ellos, hacían esta petición porque “losacuerdos son manejados en pro de intereses personales de los miembros del Comité Central de la marcha [...]”.Los alcaldes insistían en manejar los pactos “porque somos los que conocemos los problemas de la zona y somoslos representantes de los municipios ante el Estado”. Ver “Alcaldes del sur exigen liderar los acuerdos de lamarcha”, en El Universal, 28 de noviembre de 1996, p. 9C.

13 Testimonios de pobladores de San Pablo y Morales.14 Con excepción de las movilizaciones de pobladores ocurridas entre junio y julio de 2003, como protesta frente a

las fumigaciones de plantaciones de coca con glifosato.

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miento político del Estado. Como se dijo arriba, elcaso de Asocipaz ilustra bien esta intención.

En resumen, se sustenta aquí la idea de quebuena parte de las motivaciones de la oposicióna las negociaciones entre el Gobierno y el ELNfue resultado del reconocimiento y la expresiónde los intereses de las nacientes elites locales y, almismo tiempo, fue consecuencia de un procesode deterioro paulatino de las relaciones entre lapoblación civil y los grupos insurgentes, asuntoescenificado en las elecciones de 1997 y en lasmarchas campesinas de 1996 y 1998. En estecontexto, las acciones militares de las AUC en-contraron cierta justificación ideológica; funda-mentalmente entre algunos de los sectores quese beneficiaban de la producción ycomercialización de pasta de coca o entre losgrupos más afectados por el secuestro y el pagode “contribuciones” a los grupos guerrilleros.

Al mismo tiempo, las elites locales encontraronmotivos para movilizar a sectores populares revi-viendo el temor a algunos hechos protagonizadospor la guerrilla durante su período de “hegemo-nía”. Sin embargo, esta alianza social no fue unifor-me en todos los municipios y mostró muy prontoimportantes fisuras que significaron el agotamien-to de las propuestas sustentadas por Asocipaz.

L A S M O V I L I Z AC I O N E S D E O P O S I C I Ó N A L A

C O N V E N C I Ó N

Los reiterados anuncios de la desmilitariza-ción de un territorio del sur de Bolívar15 para ce-lebrar la Convención del Gobierno, la sociedadcivil y el ELN, provocaron sucesivas reaccionesde grupos de habitantes de distintos municipios

del sur de Bolívar16, Santander17, Antioquia18 yCesar19 que organizaron, en el transcurso del año(febrero de 2000, marzo de 2001), una serie demarchas que tuvieron como propósito incomuni-car temporalmente el nororiente del país20.

El objetivo fundamental de quienes se opo-nían a esta decisión presidencial, que daría vía li-bre a los diálogos de paz con aquellaorganización insurgente, era establecer ciertomargen de representación y de injerencia civilpara los sectores que, por diversas razones, te-mían las consecuencias que podían traer la en-trega al ELN de lugares de los cuales había sidoexpulsado recientemente. En otro plano se pro-clamaban desconfiados con el proceso de paz yexigían veladamente una solución militar al con-flicto; este era un rasgo que caracterizaba unanueva fase de lo que se consideró un movimien-to contrainsurgente, extendido para ese enton-ces a todo el Magdalena Medio21.

De alguna forma, con el recurso a la moviliza-ción, los manifestantes intentaron emular algu-nas facetas de las “marchas campesinas”sucedidas en épocas anteriores. No obstante, estavez el signo ideológico y los propósitos queacompañaban a quienes se oponían a la realiza-ción de la Convención eran opuestos omarcadamente diferentes de los que alentaronlas pasadas movilizaciones22. Esta vez se pedía–aunque nunca se mencionó explícitamente–,que se reconociera en la mesa de negociacioneslos avances territoriales y militares logrados porlas AUC y se diera espacio político a quienes, ennombre de un sector de la sociedad civil, com-partían esta posición23. En un sentido más pro-

15 Al comienzo (1999) se dijo que eran 7.600 km2 de los municipios de Santa Rosa, Simití, San Pablo y Morales. Alfinal (2001) se habló solamente de dos municipios: San Pablo y Cantagallo.

16 Arenal, Río Viejo, Regidor, Morales, Santa Rosa, Simití y San Pablo.17 Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, San Rafael de Lebrija, etc.18 Yondó, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, etc.19 Aguachica, San Martín, San Alberto, etc.20 Se bloqueó la troncal que comunica el centro del país con la costa Atlántica y se presentaron obstrucciones a la

altura de Aguasclaras (Aguachica), en la margen derecha del río Magdalena, y en otros sitios conocidos como LaGómez (Sabana de Torres), La Fortuna Lizama (San Vicente de Chucurí) y Puerto Boyacá (Boyacá).

21 Carlos Medina documenta la primera fase de este movimiento, nacido en 1983, que tuvo como epicentro a PuertoBoyacá y como líder más destacado a Pablo E. Guarín. Ver Carlos Medina G., Ob. Cit.

22 Particularmente podría considerarse como una “reedición en negativo” del gran paro cívico del nororiente,ocurrido en 1987.

23 En contraste, en 1996 y 1998, las organizaciones campesinas habían solicitado al Estado el desmonte de los gruposparamilitares; la realización de investigaciones para esclarecer los nexos de estos grupos y miembros activos de lasFuerzas Militares; el respeto y la protección de los derechos humanos; su reconocimiento como ciudadanos conderechos y deberes, etc.

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fundo, con este intento se quería advertir sobrela dimensión política de la guerra llevada a cabocontra la subversión y mostrar el amplio apoyosocial acumulado alrededor de la estrategiaparamilitar.

No obstante, debe advertirse que en el trans-curso de tres años de guerra (1997-1999) ciertasdiferencias sociales y políticas de la poblacióndel sur de Bolívar, manifestadas en el apoyo a al-guno de los bandos enfrentados, se habían he-cho cada vez más evidentes. Los habitantes de laszonas más distantes y marginadas (colonos ycampesinos) parecían identificarse con la guerri-lla, y los residentes de los “cascos” urbanos máscercanos, a los paramilitares. Pero, obviamente,la delimitación de estas diferencias ideológicasno era excluyente o, en todos los casos, productode decisiones y actos individuales libres o volun-tarios; muchas veces en su concreción habíandesempeñado un papel importante las relacio-nes de poder y las amenazas de muerte. Además,estas diferencias políticas tenían una traducciónmás acertada en ciertas zonas donde existía unaverdadera división ideológica del espacio24.

En el territorio de estos municipios eran claraslas diferencias entre las cabeceras municipales ylos corregimientos. Los paramilitares dominabanampliamente las primeras, mientras que la guerri-lla era relativamente fuerte en los segundos, espe-cialmente en aquellos que se encuentran en laspartes más altas de la serranía de San Lucas y don-de existían yacimientos de oro o pequeñas planta-ciones de coca25. Con todo, parecía crecer lafranja de territorio en disputa en la que la supre-

macía de cada bando era transitoria26. Esta situa-ción había quebrado la unidad político-adminis-trativa de los municipios y, en distinto grado,había subordinado las organizaciones comunita-rias, los gobiernos civiles y las actividades de lospartidos políticos a las decisiones de los grupos ar-mados dominantes en cada localidad.

L O S P R OTAG O N I S TA S D E L A S

M O V I L I Z AC I O N E S

Como se dijo, el grupo humano que protago-nizó estos hechos era heterogéneo y materializa-ba en el terreno civil y político la posicióndefendida por las AUC, en el sentido de oponer-se por todos los medios a la celebración de laConvención en el Magdalena Medio. El balanceposterior de la respuesta de estos habitantes a ladecisión presidencial puede calificarse como“eficaz” en el sentido de que la mayoría de las ve-ces se adelantó a la publicación oficial de la de-claración de la zona de encuentro27; concentrópor momentos la atención del alto Gobierno y laUnión Europea, que apoyaba los acercamientosde paz; impulsó un proceso organizativo de las“elites” locales en la mayor parte del MagdalenaMedio28 y provocó una corriente de opinión a ni-vel regional y nacional que se identificó con laposición de los manifestantes29.

Durante las sucesivas jornadas de paro y movi-lización, los organizadores (Asocipaz y la Asocia-ción No al Despeje) se tomaron las cabeceras delos principales municipios del sur de Bolívar(San Pablo, Santa Rosa, Simití y Morales); man-tuvieron reunida a la población, que voluntaria-

24 Ciertamente, algunas zonas del sur de Bolívar están segmentadas socialmente por grupos que se oponenrotundamente o apoyan las negociaciones con la guerrilla. Estas divisiones tienen origen en el poblamiento de lazona y las luchas sociales por la tierra que se han vivido allí desde mediados del siglo XX. Una reedición de estosconflictos puede hallarse en el proceso de constitución de la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra.Ver, por ejemplo, Asociación del Valle del Río Cimitarra, “El valle del río Cimitarra y el Magdalena Medio: unaregión victimizada por el Plan Colombia y el paramilitarismo de Estado”. En este artículo se hace explícita laposición de uno de estos sectores sociales y políticos con aspiraciones hegemónicas en el sur de Bolívar.

25 Durante mucho tiempo se sostuvo que los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares ocurrían en las zonas(corregimientos y veredas) donde existían grandes cultivos de coca; no obstante, se puede interpretar tambiénque el auge de estos cultivos ocurrió inmediatamente después del arribo de las AUC al sur de Bolívar. Este últimoargumento relativiza la opinión sostenida por las Fuerzas Militares, según la cual la disputa por las zonasproductoras de cultivos ilícitos ha sido el principal objetivo de los grupos irregulares. Podría pensarse incluso quelas AUC han sustituido y ampliado las funciones que antes cumplían los carteles de la droga, y la posibilidad deenriquecimiento rápido ha sido un señuelo en el proceso de reclutamiento de sus “comandantes” locales.

26 Esta franja se prolonga a lo largo de las estribaciones orientales de la serranía de San Lucas desde Cantagallo, enel sur, hasta Arenal, en el norte.

27 Testimonio de habitantes de Simití y San Pablo.28 La gran excepción fue Barrancabermeja.29 Ver, por ejemplo, “Preocupa a bumangueses zona de encuentro para ELN”, en Vanguardia Liberal, 16 de febrero de

2001, p. 3A.

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mente o por coacción se disponía a ir a las mar-chas; organizaron comités de vigilancia y distri-bución de alimentos; arengaron o intimidaron alos asistentes y controlaron totalmente el trans-porte fluvial y terrestre. Según distintos testimo-nios, estas acciones fueron adelantadas con elapoyo vedado o abierto de hombres armadosque se identificaron como integrantes de lasAUC30.

Casi simultáneamente, las autoridades y lossectores económicos y sociales influyentes deotros municipios de Cesar y Santander hicieronpública su solidaridad con la movilización; así, porejemplo, en Bucaramanga se creó el Comité deApoyo al sur de Bolívar que reunía a reconocidospolíticos y a representantes de Fedegan,Fedegasan, Camacol, Andi, Cotelco, Palmicultoresde Santander, etc. Con estos apoyos, la opciónparamilitar parecía tener un amplio soporte sociala nivel regional, y esto alentaba a los promotoresde las marchas para ser cada vez más ambiciososen sus pretensiones políticas31.

Es obvio entonces que quienes con mayoresargumentos se oponían a la celebración de laConvención en el sur de Bolívar no eran simple-mente campesinos, como reiteradamente lo die-ron a entender los medios de comunicación.Para comenzar, los dirigentes de Asocipaz y de“No al Despeje” eran políticos locales que semantenían en sus cargos debido al fuerte apoyoque recibían de las elites de sus municipios. A suvez, estas elites eran el grupo social básico queimpulsaba y mantenía las movilizaciones de pro-testa; entre sus integrantes se contaban ganade-ros, comerciantes, transportadores, medianos ygrandes cultivadores de coca, etc. Los campesi-nos que participaban en los bloqueos de víaseran trabajadores de fincas o pescadores; habíatambién “raspachines” de coca, pobladores “ur-banos” y funcionarios de las alcaldías que pordistintas razones se mantenían coyunturalmenteunidos al movimiento de oposición “al despeje”.Esto, sin contar con el respaldo indirecto de em-presarios y políticos de otros municipios y ciuda-des del Magdalena Medio.

En conclusión, estas movilizaciones no tenían

una inspiración fundamentalmente campesina,tal como ocurrió en 1998 con el éxodo que llegóa Barrancabermeja; por el contrario, en este casosí se hicieron presentes distintos tipos de pobla-dores rurales, los gobiernos locales, el sector co-mercial, los empresarios, y la clase política tuvoun papel protagónico32.

LAS RAZONES DE OPOSICIÓN A LA CONVENCIÓN

La mayor parte de la población residente enlas cabeceras municipales tenía razones particu-lares para oponerse a la celebración de la Con-vención Nacional en el sur de Bolívar. Temíanque este suceso trastocara su vida cotidiana, limi-tara su libre movilidad y afectara sus intereses po-líticos y económicos. Todo esto tenía unaespecial importancia en una zona donde comen-zaba a dominar la economía ilícita de la coca(ver tabla 1) y los paramilitares recibían unaaceptación subrepticia.

Como se anotó, la oposición más fuerte erala encabezada por las elites locales, compuestaspor comerciantes, transportadores, líderes polí-ticos, ganaderos y los nuevos empresarios agrí-colas (palmicultores y productores de lácteos).Para este grupo, las contradicciones con la gue-rrilla eran claramente ideológicas. A esto seagregaba su repudio a los métodos definanciación de los insurgentes (“impuestos” ala producción, secuestro de personas y la apro-

30 Según algunos testimonios, en Morales un jefe de las AUC, “El Llanero”, reunió a la población para organizar lasmarchas de oposición a la Convención.

31 El presidente de Fedepalma llegó a anunciar la paralización de las inversiones de palma africana previstas en el surde Bolívar. “Nuevo despeje frena inversión en palma”, en El Universal, 7 de febrero de 2001, p. 2A.

32 En 1998 fue reiterada y visible la negativa de los sectores políticos y sociales dominantes a participar en el éxodocampesino a Barrancabermeja. Ver, por ejemplo, “Campesinos rechazan orden de paro del ELN”, en VanguardiaLiberal, 8 de julio de 1998, p. 4D.

tabla 1Extensión de los cultivos de coca en el sur de Bolívaraño número de porcentaje de

hectáreas var iac ión1992 3.4001993 2.300 -32,351994 2.000 -13,041995 2.100 5,001996 2.200 4,761997 2.500 13,631998 3.500 40,001999 5.897 68,502000 5.960 1,062001 6.149 3,17Fuente: Proyecto SIMCI.

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piación de ganado)33 y la suposición de que laConvención significaría un retroceso en sus in-tenciones de integración política y económicaal resto del Magdalena Medio.

Para esta elite, la creación de una zona desmi-litarizada suponía una tardía legitimación de ladominación de la guerrilla, no solo en el sur deBolívar sino en todo el Magdalena Medio, con laamenaza adicional de que el ELN se encontraríamuy cerca de importantes ciudades comoBarrancabermeja, Aguachica y Bucaramanga,epicentros de la actividad económica de un vastosector del oriente del país. Además, se temía quese pusiera en riesgo la producción y el suminis-tro de petróleo de Ecopetrol en Casabe (Yondó)y Cantagallo34 .

De otra parte, existía ya cierto grupo de “em-presarios” de la coca que debían su prosperidadeconómica a la protección que recibían, bási-camente, de los grupos paramilitares y a lacomplicidad de las autoridades de control(ejército y policía) con respecto a la entradade precursores químicos para el procesamien-to del alcaloide. Este negocio funcionaba bienen condiciones de clandestinidad y en espaciosdonde era posible garantizar –a través del so-borno, la corrupción de las autoridades o elpago de cuotas a los grupos armados– el tránsitode insumos, el desplazamiento de trabajadores(raspachines), la instalación de “laboratorios” deprocesamiento y la salida de la mercancía a otraszonas del país. En estas circunstancias, la instala-ción de una zona para la Convención suponía,paradójicamente, un verdadero control del Esta-do y una presencia más cercana de institucionesnacionales e internacionales que harían menos

eficiente o bloquearían el funcionamiento delcircuito de la producción y procesamiento de lacoca35.

Se sabía que en los puntos de negociaciónentre el ELN y el Gobierno Nacional se contem-plaba un ambicioso programa de inversión so-cial, apoyado por la Unión Europea, y sepondría en marcha un proyecto de erradicaciónde cultivos ilícitos36. Estas iniciativas tendríanhondas repercusiones para los habitantes delsur de Bolívar, quienes dependían cada vez más,directa o indirectamente, de la economía de lacoca37. Además, los pobladores temían que eldespeje sirviera de excusa para aumentar el re-clutamiento de jóvenes para las filas insurgenteso facilitara las retaliaciones de la guerrilla con-tra aquellos que, por distintas razones, habíanapoyado o se habían mantenido callados ante laentrada de los paramilitares; también contraquienes habían llegado o retornado luego de laentrada de éstos38.

Al mismo tiempo, los gobiernos municipalesse veían amenazados por el poder que adquiriríala guerrilla, como efectivamente se habían vistoperjudicados sus intereses en las elecciones de1997. Además con el “despeje” se crearían“veedurías populares” y la guerrilla intentaríaresquebrajar las redes electorales que habían sus-tentado en el poder a muchos alcaldes del sur deBolívar. También, pensaban que se le facilitaría ala guerrilla avanzar en sus planes estratégicos deconsolidar un “poder popular” en contravía di-recta a los presupuestos del proceso de descen-tralización e, incluso, de algunas garantíasconstitucionales. El ELN aspiraba a participar enla construcción de un nuevo orden constitucio-

33 Según algunos testimonios, durante los años ochenta, el ELN echó a perder un acuerdo entre el Fondo Ganaderode Santander, Ecopetrol y los campesinos para el levante de ganado vacuno en San Pablo con la imposición de“vacunas” y la proliferación de amenazas a los productores.

34 Esta producción se calculaba en 12.400 barriles de crudo diarios; más 2 millones de pies cúbicos de gas.35 En febrero de 2001, durante la “Operación Simón Bolívar”, el ejército desmanteló en San Blas (Simití) cinco

laboratorios que procesaban cerca de cinco mil kilos de base coca al mes. Estos laboratorios eran propiedad de lasAUC. Ver “Destruyen fortín de las AUC”, en El Universal, 17 de febrero de 2001, p. 2A.

36 Se comenzaba a perfilar lo que sería el primer “Laboratorio de Paz” en el Magdalena Medio. Ver, por ejemplo,“Sustitución de cultivos”, en Vanguardia Liberal, la página Magdalena Medio, 15 de enero de 2001, p. 6B.

37 Según información de la Gobernación de Bolívar, se producen 15 toneladas anuales de base de coca en los sietemunicipios del sur del departamento. De acuerdo con datos no oficiales, esta producción alcanza las 34 o 35toneladas anuales.

38 Según Codhes, entre 1999 y 2001, cerca de 26.000 personas fueron desplazadas a la fuerza de los municipios delsur de Bolívar y el valle del río Cimitarra. Oficialmente se calcula que la población actual de esta zona asciende a173.259 habitantes, es decir, se ha desplazado a cerca del 15% de este total.

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nal, y los municipios del sur de Bolívar podríanservir de “laboratorio” para este proyecto39.

Finalmente, aunque sucesivamente dos comi-sionados de paz habían insistido en que esta ex-periencia sería distinta a la ensayada en elCaguán (con las FARC), en opinión de muchoshabitantes todavía no eran públicas ni precisassus características40. De alguna forma, esta incer-tidumbre justificaba la protesta ante el Estado yla guerrilla que, en opinión de muchos, tomabandecisiones sobre el territorio de estos municipiossin consultar previamente a los habitantes41. Cier-tamente, muchos sectores sociales mostraban enla práctica que no se sentían representados o noentendían a fondo las reivindicaciones naciona-listas de los herederos del cura Pérez.

En otras palabras, más allá de las justifica-ciones ideológicas y las consideraciones estra-tégicas del conflicto armado, era evidente quela celebración de la Convención lesionaría mu-chos intereses particulares que apenas unosmeses atrás se habían visto fortalecidos o reva-lidados con la instauración del orden para-militar. También podía interpretarse que laConvención constituiría un atentado contra elorden económico forjado por el circuito de lacoca y, en el terreno político, podía significarel menoscabo del ordenamiento institucionalemanado de la Constitución de 1991. Se pre-sentaba así una suerte de imbricación regionalentre elementos ilegales o exteriores a lainstitucional formal y componentes legales olegítimos dentro del ordenamientoinstitucional que dieron soporte y aliento aesta serie de protestas y movilizaciones.

EL NACIMIENTO DE ASOCIPAZ Y SUS RELACIONES

CON EL ESTABLECIMIENTO

Según distintos testimonios, el movimientoque se oponía a la Convención tenía un fuerterespaldo de los gobiernos municipales, reunidosen Asosur42, de la Gobernación de Bolívar y de al-gunos funcionarios del estado central, concreta-mente del Ministerio del Interior. La forma rápidacomo reaccionaron los opositores a la decisióndel Gobierno, antes de que ésta fuera dada a co-nocer a la opinión pública, el tipo demovilizaciones regionales que protagonizaron ylos resultados que obtuvieron durante los proce-sos de negociación, serían las pruebas más clarasde la estrecha relación entre esferas de poder enel orden local y nacional43. Además, las fuerzas mi-litares reaccionaron de forma inusualmente tran-quila y no impidieron la reiterada organizaciónde movilizaciones y bloqueos de vías, aun cuandoexistían indicios de que los paramilitares y losnarcotraficantes las apoyaban activamente44.

Como se dijo, era claro que el comportamien-to de las facciones partidistas de la zona y los go-biernos municipales frente a las movilizacionesde oposición a la Convención tenía como refe-rente los drásticos cambios en las relaciones depoder ocurridos en el sur de Bolívar desde199745; sin embargo, la consecuencia más impor-tante de las movilizaciones organizadas durante2000 y 2001 fue la constitución de Asocipazcomo una organización de carácter regional y ci-vil que intentó canalizar políticamente los efec-tos de las protestas. En efecto, esta organizaciónse proclamó como la representante de las comu-nidades del sur de Bolívar46 y en esta condición

39 El uso del mismo término “laboratorio” por parte del ELN y los embajadores de la Unión Europea ayudó a crearcierta confusión entre los habitantes del sur de Bolívar.

40 Dado que las FARC mantienen presencia en esta zona, solicitaron también hacer parte de la mesa de negociaciónde la Convención Nacional.

41 Estas decisiones eran claras dentro de la negociación directa entre el Gobierno y el ELN, pero no eran de dominiopúblico en el Magdalena Medio.

42 Esta asociación de municipios se había creado unos años atrás. Ver “Los municipios del sur de Bolívar seasociaron”, en Vanguardia Liberal, 26 de agosto de 1996, p. 2B.

43 Testimonio de pobladores de San Pablo y Simití.44 Así lo declaró el alto comisionado de paz, Camilo Gómez, en febrero de 2001: “[...] todo mundo conoce con

claridad la interferencia del narcotráfico y del paramilitarismo en el problema de la zona en el sur de Bolívar. Esoes claro y preciso. El país no se puede privar de un proceso de paz por cuenta de factores agravantes como esos[...]”. Tomado del periódico El Universal, 6 de febrero de 2001, pp. 1A y 9B.

45 Otro antecedente de importancia en la indisposición entre elites locales y guerrilla puede rastrearse en la historiade la explotación de minas de oro en la serranía de San Lucas. Al respecto hay algunas referencias, porejemplo,“El líder del sur de Bolívar”, en El Universal, 12 de febrero de 2001, p. 4B.

46 En realidad, Asocipaz estaba compuesta por dos delegados de 24 municipios de distintos departamentos del país(sin unidad ni continuidad territorial) y en este sentido podía ser considerada como una expresión nacional antesque específica del sur de Bolívar.

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comenzó a desempeñar un papel de interlocutorfrente al Estado en asuntos de inversión social yde desarrollo. Incluso se presentó como laabanderada de causas que no protagonizó; porejemplo, las movilizaciones campesinas de 1996y el éxodo a Barrancabermeja en 1998.

Paradójicamente, Asocipaz mostró una organi-zación interna muy débil. Sus principales sedesfueron los municipios de Santa Rosa del Sur y SanPablo, en los cuales fue representada públicamen-te por unas pocas personas (entre ellas CelsoMartínez). En otros municipios como Morales oCantagallo su presencia directa fue menos visible.En esencia, su organización en el sur de Bolívarconsistió en una división estratificada por célulaso núcleos municipales que tenía una direccióncentralizada en Santa Rosa. Esta situación hace su-poner que muchos de sus impulsores reales deci-dieron mantener un bajo perfil y canalizaronbuena parte de su proyección regional y nacionala través del Movimiento No al Despeje. Además,el recién creado Bloque Central Bolívar de lasAUC representó un papel clave al “garantizar” lascondiciones de seguridad a los actividades deAsocipaz y ejercer diferentes grados de coerciónsobre la población para mantener la movilizacióndurante el tiempo que fuera necesario47.

Aun así, el poder político informal que ejer-cía Asocipaz, y sus promotores sociales, por enci-ma de los gobiernos municipales, se materializómuy pronto en acciones autoritarias y coactivas.En los municipios del sur de Bolívar controló ladistribución de bienes y la prestación de servicios(comida, transporte fluvial, etc.), durante la de-claración de los paros locales y retuvo a la pobla-ción como medida de presión ante los anunciosdel “despeje” para celebrar la Convención. Enefecto, en los días de paro las únicas personasque pudieron movilizarse libremente por la re-gión eran los líderes de Asocipaz o aquellas queestaban organizadas en comités y contaban conel permiso de los paramilitares. Además algunosalcaldes y funcionarios locales (Morales, SantaRosa, Arenal) se involucraron en los paros y blo-queos de las vías o sirvieron de intermediariosentre los marchistas y el Gobierno central.

Con todo, Asocipaz y sus promotores hicieronun gran esfuerzo para mostrar al Gobierno Na-cional que contaban con una base social que po-dían movilizar en cualquier momento en defensade una causa que favorecía el orden reciente-mente impuesto. Al mismo tiempo, la más activa

de todas las elites locales, la de Santa Rosa delSur, parecía consolidar su protagonismo regio-nal. Prueba de todo lo dicho es el texto delacuerdo final entre el Gobierno y los “campesi-nos” representados por Asocipaz:

el gobierno nacional y los campes inosdel sur de bol ívar , sur del cesar , magda-lena medio santandereano , ba jo c auc a ,nordeste antioqueño y nordestenortesantandereano , declaran :1 Que la paz es un valor supremo de la nación. Es

un derecho y es un deber de obligatoriocumplimiento, que vincula a todos los ciudadanosy al Gobierno.

2 Que la construcción de la paz por parte del Estadodebe vincular a la población civil.

3 Que para ello, los suscritos campesinos nosconstituimos en “Asociación Civil para la paz deColombia, Asocipaz, y el Gobierno Nacional secompromete a promover su organización y donarun capital semilla para su adecuadofuncionamiento.

4 Que los espacios para la construcción de la paz enColombia no pueden significar el despeje de lasociedad civil y ésta debe participar en su diseño.

5 Que los campesinos han sido informados que elGobierno Nacional viene llevando a cabo acuerdoscon el Ejército de Liberación Nacional, ELN, paradefinir los mecanismos que nos conduzcan a unapaz negociada, mediante la celebración de unaConvención Nacional y la negociación con elGobierno.

6 Que los campesinos han reiterado al GobiernoNacional la inconveniencia de una zona dedistensión en los cinco municipios del sur deBolívar por sus efectos y coletazo tanto en laregión misma como en el área de incidencia.

7 Que los suscritos campesinos consideran su deberactuar como protagonistas en el proceso en curso,para que con su intervención sea posible dar vida auna zona de convivencia, por el respeto a la vida,la libertad y el reencuentro para la reconciliaciónde los colombianos.

8 Que por tal virtud, el Gobierno se compromete acrear un espacio de interlocución entre el Estado yel ELN.

9 Que para estos efectos, los campesinos solicitan elacompañamiento y una verificación nacional einternacional.

47 Algunos testimonios mencionan el asesinato de personas sospechosas de ser “infiltradas” de la guerrilla, durantelas jornadas de bloqueos de vías.

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10 Que organizados como Asociación, los campesinosse darán un Directorio con adecuadarepresentación regional, cuya sede será elmunicipio de Santa Rosa del Sur, departamento deBolívar. El Gobierno ofrecerá garantías para sufuncionamiento y movilización.

11 Que a partir de la fecha se define la puesta enmarcha de las mesas de trabajo sobre inversiónsocial, para evaluar los puntos del pliego depeticiones campesinas, que deberán instalarse enSanta Rosa del Sur el próximo 22 de febrero. Estasmesas deberán evaluar los acuerdos de las marchascampesinas de 1996 y 1998.

Dado en Aguasclaras, Aguachica, sur del Cesar,

primer municipio modelo de paz en Colombia,

el 17 de febrero de 2000.

De los sucesos de Aguasclaras se puede con-cluir que Asocipaz fue el espacio en el que seaglutinaron temporalmente distintos e importantessectores de la población civil dentro de un proyec-to contrainsurgente y, gracias a esto, alcanzaronun alto nivel de coordinación política y social desus actividades en todo el Magdalena Medio. Noes azar que el término Convención Nacional, lar-gamente estudiado y publicitado, fuera sustituidode la noche a la mañana por el de Zona de Convi-vencia, luego de los acuerdos de Aguasclaras; coneste cambio se daba reconocimiento a otro tipode injerencia de la población civil local en la ne-gociación con el ELN48. Igualmente, mediante elrecurso a las movilizaciones, las AUC se estabanjugando a fondo una carta política para recibir re-

conocimiento oficial; todo esto lo hacían sin ungran desgaste, a través de Asocipaz49, y con resulta-dos más efectivos que los conseguidos por loscampesinos del éxodo50.

EL INTENTO DE CONSTRUIR UN MOVIMIENTO

CONTRAINSURGENTE

Con el Acuerdo de Aguasclaras, Asocipaz logróun reconocimiento institucional que no alcanzóel de la Mesa de Voceros Campesinos del éxodoen un proceso más largo y dramático51. Su pro-puesta de injerencia en el desarrollo operativo dela Convención y la negociación entre el Gobiernoy el ELN fue aceptado por el ministro del Interior,lo mismo que su petición de obtener la realiza-ción de obras de desarrollo, en contraprestaciónde su reconocimiento a la creación de una zonade distensión en el sur de Bolívar. Muy pronto seinstalaron las mesas de trabajo para determinar el“plan de inversión social” para la Zona de Convi-vencia; Asocipaz actuaba allí como único interlo-cutor del Gobierno central52.

Con todo, entre abril de 2000 y mayo de2001, se hicieron dos nuevos intentos por deli-mitar la zona desmilitarizada para la Convencióny dar inicio a las negociaciones “bilaterales”. Enabril, el gobierno de Pastrana y la cúpula delELN acordaron el despeje de tres municipios:San Pablo, Cantagallo y Yondó. Éstos serían losúltimos intentos, luego de descartar la inclusiónde Simití y Santa Rosa dentro del espacio cedidotemporalmente al ELN. Igualmente, en estasoportunidades “todo” el Magdalena Medio sealzó para oponerse a esta decisión53. Asocipaz

48 Esta organización pensaba representar los intereses más débiles del orden social a escala nacional; sin embargo,los intereses más poderosos en el orden regional respaldaban directa o indirectamente el proyecto de las AUC.

49 Pese a las declaraciones públicas de algunos de los principales líderes de Asocipaz y de “No al Despeje” (CelsoMartínez, Carlos Clavijo, Lincoln Castilla, Eliseo Acevedo) no les fue posible demostrar su distanciamiento oindependencia frente a las AUC. Incluso uno de ellos, Leonel Uribe, secretario de Gobierno de Yondó y,posteriormente, personero de Sabana de Torres, llegó a reconocer frente al procurador general de la Nación queera integrante de las AUC.

50 La construcción de la moderna carretera en el eje Cerro Burgos-Simití-Santa Rosa es una prueba contundente dela efectividad y las limitaciones de la acciones de Asocipaz, a través de la combinación de la protesta y lasrelaciones con distintos funcionarios o instituciones del Estado. Esta carretera se construyó en una zona rodeadade ciénagas y humedales, y se encuentra actualmente aislada de la red vial que comunica al Magdalena Mediocon el resto del país.

51 La “Mesa de Voceros” fue la organización que representó a las organizaciones campesinas durante el éxodo de1998 a Barrancabermeja.

52 Durante estas jornadas, Asocipaz pidió al Gobierno reconocimiento como legítimo representante de lascomunidades en lo referente a la inversión social en la zona minera de Santa Rosa, Arenal y Río Viejo. De estaforma desconocía el trabajo anterior realizado por la organización Asoagromisbol.

53 Las organizaciones sociales, las instituciones y el gobierno de Barrancabermeja, lo mismo que el gobernador deSantander, Miguel Jesús Arenas, fueron los únicos sectores políticos que respaldaron esta decisión presidencial.El gobernador de Bolívar, Miguel Raad H., la aceptó a regañadientes.

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modificó su posición de aceptar un despeje con-dicionado y declaró que no lo aceptaría bajo nin-guna circunstancia54.

Así, en mayo y en junio de 2000 se realizaronnuevamente bloqueos a las principales vías de co-municación55, y los grupos paramilitares rodearonel territorio de los tres municipios por despejar. Seamplió a todo Santander, Bolívar y Cesar el movi-miento de oposición a las negociaciones con elELN, y después de varios intentos por convencer asus detractores, el Gobierno echó nuevamenteatrás la decisión de celebrar la Convención Nacio-nal en el sur de Bolívar56. Esto constituyó un nuevotriunfo para Asocipaz que seguía declarando enpúblico que no se oponía a un proceso de paz conel ELN en otro lugar del país o del exterior57. Se or-ganizaron manifestaciones en todos los municipiosdel sur de Bolívar y se mantuvo la movilización civilde oposición a la Convención durante semanas.Por ejemplo, en San Pablo algunos habitantes setomaron por varios días las sedes de las institucio-nes gubernamentales; en Morales estuvo a puntode ocurrir un enfrentamiento armado entre defen-sores y opositores a la zona desmilitarizada, situa-ción que medió y resolvió el párroco delmunicipio, y en Yondó hubo una movilización quecontó con el apoyo de la Alcaldía e involucró a loshabitantes de algunos corregimientos donde lasAUC tenían cierto respaldo popular58.

Como se mencionó, otro hecho significativofue la conformación de la Asociación “No al Des-peje”, que agrupó a sectores sociales y políticos decerca de 40 municipios de todo el país59. De he-cho, fue este movimiento el que encabezó, juntocon Asocipaz, las negociaciones con el Gobierno,realizadas en el sector de Lizama (Santander) yPuerto Boyacá (Boyacá) en mayo de 2000, y quecondujeron nuevamente a la clausura de las posi-bilidades de celebrar la Convención en el sur deBolívar. Se puede decir entonces que a nivel local,Asocipaz, y a nivel regional y nacional, “No al Des-peje”, fueron las organizaciones políticas a travésde las cuales, poderosos intereses contuvieron ladecisión presidencial de negociar con el ELN.Además, estas organizaciones pretendieron ser lasbases del nuevo movimiento socialcontrainsurgente nacido en el Magdalena Medio.La aparente fortaleza política de este movimientose mostró en el respaldo que obtuvo de los gre-mios de la producción de Santander y en el “for-zado” paro económico60 que se mantuvo durantecasi un mes en todo el nororiente colombiano yque amenazó con lesionar sensiblemente la eco-nomía de esta zona del país61.

Dado que en principio no compartían el re-curso al taponamiento de vías y al paro de trans-porte, los gremios de Santander crearon un“frente unido” que realizó alianzas con sectores

54 De nada sirvió que el ELN prometiera respetar las autoridades civiles y políticas, aceptara la conformación de unaguardia cívica y permitiera el acompañamiento y la verificación del proceso que se llevaría a cabo durante laConvención. Ver “Gobierno le despejará Yondó, Cantagallo y San Pablo al ELN”, en Vanguardia Liberal, 25 de abril25 de 2000, p. 3A, e “Incertidumbre en el sur de Bolívar por despeje”, en El Universal, 25 de abril de 2000, pp. 1Ay 2A.

55 Fueron siete los puntos bloqueados sobre la “Troncal de la Paz”: en la Mata y Aguasclaras (Cesar), en PuertoAraújo y Puerto Parra (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), La Dorada (Caldas) y Honda (Tolima).

56 Esta vez los manifestantes más radicales amenazaron con “tomar las armas” si el Gobierno creaba la zonadesmilitarizada. Por su parte, el Gobierno aseguró que no decretaría ninguna zona de distensión para celebrarnegociaciones con la guerrilla sin antes informar y consultar a la ciudadanía de los municipios afectados.

57 Carlos Castaño propuso realizar la Convención en zonas remotas del departamento de Córdoba o del municipiode Tiquisio. Con estas propuestas se intentó humillar al ELN.

58 Testimonios de habitantes de San Pablo y Morales.59 Aunque este movimiento tenía su radio de acción en ocho municipios (Cimitarra, Yondó, Puerto Parra, Puerto

Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Boyacá y Puerto Salgar) convocó a un grupo más grande demunicipios entre los que se encontraban: 1) de Santander: Sabana de Torres, Puerto Wilches, Zapatoca, SanVicente de Chucurí, El Carmen, Río Negro y Lebrija; 2) de Norte de Santander, Caldas y Tolima, respectivamente:La Esperanza, La Dorada y Honda; 3) de Antioquia: Cáceres, Caucasia, Valdiavia, Tarazá, Sonsón y Carepa; 4) deCesar: Aguachica, San Martín, San Alberto, La Gloria, Gamarra, Pailitas y Pelaya.

60 Reiteradas veces estos gremios rechazaron los métodos de Asocipaz y de la Asociación “No al Despeje” parapromover su causa; sin embargo, poco a poco fueron radicalizando su posición hasta admitir la posibilidad derealizar un paro económico por voluntad propia para impedir la celebración de la Convención en el sur deBolívar. Ver “Gremios dispuestos a parar por No al Despeje”, en Vanguardia Liberal, 27 de mayo de 2000, p. 3A.

61 Según algunos cálculos, este paro arrojó pérdidas cercanas a los 100 mil millones de pesos en el departamento deSantander. Ver “El Congreso buscará un acuerdo para el despeje”, en Vanguardia Liberal, 21 de junio de 2000, p. 3A.

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políticos y económicos de departamentos limí-trofes, y buscó “mecanismos legales” para presio-nar al Gobierno con el fin de impedir el despejede los mencionados municipios. El 24 de mayode 2000 hicieron pública la siguiente carta:

señor doctorandrés pastrana arangopres idente de la repúblic asantafé de bogotá

Los gremios de Santander, ANDI, Fenalco,Cámara de Comercio, Acopi, Camacol, SociedadSantandereana de Ingenieros, SociedadSantandereana de Arquitectos, Fedegasan, Fenavi,Lonja de Propiedad Raíz de Bucaramanga,Porcicultores de Santander, Sociedad deAgricultores de Santander, Palmicultores deSantander, Acicam, Cotelco y los empresariossantandereanos, reunidos en el día de hoy en laCámara de Comercio de Bucaramanga, queremosdejar claridad y fijar nuestra posición en referenciaal conflicto que actualmente vive Colombia con lanueva zona de distensión proyectada en elMagdalena Medio:

Primero: La paz es la necesidad obligada y másurgente en la reconstrucción de Colombia. Esnuestro deseo y decisión participar en cuanto seanecesario para ayudar a lograrla, y por ello vemosmuy positiva toda labor encaminada a su búsqueda.

Segundo: Manifestamos nuestro rechazo a lazona del despeje en el Magdalena Medio.Estratégicamente para Santander y el país, exponermás a Barrancabermeja constituye un riesgoimposible de asumir, además que el río Magdalenajunto con la carretera Troncal de la Paz son las víasmás importantes de transporte y comunicación de lacosta Atlántica con el interior del país.

Tercero: Rechazamos los procedimientosutilizados hasta el momento con los pobladores delMagdalena Medio: Yondó, Cantagallo y San Pablo,por cuanto el Gobierno adquirió compromisos conel ELN sin tenerlos en cuenta.

Cuarto: La situación de Santander es crítica por

todos los problemas que esta decisión ha creado. Laindustria avícola, la más importante de la región,que genera más de 125.000 empleos en estedepartamento, está desapareciendo ante laimposibilidad de transportar sus insumos y vendersus productos. También la industria molinera, lostransportadores, exportadores y el comercio estamoscorriendo grave riesgo. Por lo anterior, de notomarse una decisión inmediata, la economía deldepartamento podría abocarse a la quiebra, congrave incremento del desempleo y sus consecuenciasen el orden público de la región.

Quinto: Por estas razones, queremos solicitarle,señor presidente de la República, que rectifique ladecisión tomada y que se busquen alternativasdiferentes para pactar con el ELN, donde se tenga encuenta y respete la voluntad de las comunidadesimplicadas.

Señor presidente, por favor no más ingredientesde angustia62.

De esta forma, con el recurso a la moviliza-ción social, la protesta y al paro, nacía un movi-miento contrainsurgente en el sur de Bolívarque organizaría una red de apoyo político y eco-nómico a todo lo largo y ancho del MagdalenaMedio. La emulación de los métodos utilizadosen los años anteriores por las organizacionescampesinas sirvió para alcanzar el reconocimien-to oficial y la institucionalización de sus reivindi-caciones. El agregado de intereses sociales quelogró polarizar a su favor fue la clave del éxito deeste movimiento.

Aun así, entre febrero y mayo de 2001 sereeditó la historia de paros y bloqueos, y los acto-res volvieron a asumir sus papeles de manera casiidéntica63, sólo que esta vez el Gobierno Nacionalfue más lejos y acusó a los dirigentes de Asocipaz64

de estar ligados a los intereses de narcotraficantesy paramilitares65. Para el Gobierno era evidenteque el área sembrada de cultivos ilícitos en el surde Bolívar sobrepasaba las 6.000 hectáreas66 y losparamilitares eran mucho más que simples inter-

62 Tomada del periódico Vanguardia Liberal, 25 de mayo de 2000.63 Esta vez los taponamientos fueron terrestres (sobre la Troncal de la Paz) y fluviales (en el río Magdalena). Fue

significativo que en estos hechos participaron habitantes de algunas comunas de Barrancabermeja y delcorregimiento de El Centro; esto no había sucedido antes.

64 Esta vez Asocipaz intentó mostrar un mayor grado de organización local y regional. Los voceros de estaorganización eran más numerosos y distintos a los que encabezaron las protestas anteriores.

65 Ver “Narcotraficantes y paramilitares financian marchas”, en El Universal, 17 de febrero de 2001, p. 1A.66 Según el Simci, el área sembrada de coca en el sur de Bolívar, en 2001, era de 6.148 hectáreas; distribuidas en

siete municipios, y especialmente en zonas rurales dominadas por los paramilitares (Santa Rosa y Simití). VerProyecto Simci, Área de cultivos ilícitos de coca, censo 1º. de noviembre de 2001.

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mediarios o facilitadores de la comercialización oprocesamiento de la coca; en realidad, estos gru-pos se estaban convirtiendo en sofisticadas estruc-turas clandestinas que organizaban la compra dela base de coca, fijaban precios a los productores,cobraban “tarifas” sobre la misma producción, de-legaban a personas de toda su confianza la com-pra del alcaloide67, montaban y vigilaban loslaboratorios de procesamiento dentro y fuera delsur de Bolívar y sacaban el clorhidrato de cocaínahacia las rutas de transporte internacional68. Eranverdaderos “carteles” en ciernes, que hacían todoesto al amparo de la coacción y del poder territo-rial que poseían.

En este contexto, los alcaldes optaron por re-cobrar cierto protagonismo frente al Estado y lacomunidad internacional69. A esto contribuyó lasituación de creciente agotamiento de los argu-mentos de Asocipaz para oponerse a la negocia-ciones de paz, las fuertes presiones de las AUC,el descrédito de algunos líderes de Asocipaz y elanunció de la Unión Europea de invertir recur-sos significativos para el desarrollo del sur de Bo-lívar70, Los ojos y las acciones de las NacionesUnidas, de los Estados Unidos y la Unión Euro-pea estaban puestos en esta zona, y cada vez eramás difícil ocultar las razones y los intereses rea-les que se movían detrás de las palabras de los lí-deres de Asocipaz. Por su parte, los alcaldesintentaban “institucionalizar” el flujo de recursosy los beneficios que se derivarían de la inversióninternacional.

En este sentido fue significativa la posición dealgunos gobiernos locales de mantenerse “almargen” de la organización de las nuevas jorna-das de protesta contra el “despeje”, realizadas en

67 Distintos testimonios insisten en que las AUC han ahuyentado o eliminado a antiguos y distintosintermediarios en la comercialización o en el procesamiento de base de coca en esta zona del país.Desaparecieron los “chichipatos”, los “traquetos” y los “paracaidistas”, nombres dados en algunas zonas delpaís a este tipo de intermediarios; los que hoy permanecen en funciones dependen directamente de las AUC odel llamado “Cartel de Aguachica”.

68 Al mismo tiempo, las AUC ejercían control sobre la gasolina robada a Ecopetrol y su transporte a las zonasproductoras de base de coca.

69 Ver “Alcaldes del sur también tienen voz”, en El Universal, 9 de febrero de 2001, p. 3A.70 Ver “Europa da apoyo al sur de Bolívar”, en El Universal, 10 febrero de 2001, pp. 1A y 5B.71 Ver “Apoyo a la marcha del No al Despeje”, en El Universal, 17 de febrero de 2001, p. 5B; “Otro rumbo para la

paz”, en El Universal, 17 de marzo de 2001, pp. 1A y 2A.72 “Piden congelar la zona de encuentro”, en El Universal, 17 de abril de 2001, pp. 1A y 2A.73 Las fumigaciones amenazaban con “desestabilizar” la economía del sur de Bolívar.74 Esto se concretaría poco después en el diseño y la ejecución de proyectos productivos de palma africana, cacao

y yuca industrial apoyados por dependencias oficiales (Plante, Finagro) y entidades como el Programa deDesarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm).

febrero de 2001; esta posición contrastaba con lamantenida apenas un año antes. Poco tiempodespués también Asocipaz parecía flexibilizarsus argumentos frente a la posibilidad de reali-zar la Convención71, y por esta razón surgieronfuertes desacuerdos entre Celso Martínez y Car-los Castaño.

Sin embargo, en abril de 2001, las AUC volvie-ron a lanzar una ofensiva contra los campamentosdel COCE en el sur de Bolívar; el resultado nueva-mente fue la paralización del proceso de negocia-ción: el cronograma de conversaciones entre elELN y el Gobierno se interrumpió; la guerrillaacusó al Ejército y a los paramilitares de actuarunidos y ser enemigos de la paz; el presidente re-clamó a las Fuerzas Armadas lealtad, y Asocipaz y“No al Despeje” pidieron al Gobierno buscar otrasalternativas dado que el ELN no estaba en capaci-dad de defender la zona que reclamaba para laConvención72. Todo esto sucedía mientras se reali-zaban las primeras fumigaciones a los cultivos decoca en cumplimiento del Plan Colombia73. Portodo lo anterior, el ELN suspendió losacercamientos con el Gobierno, mientras los opo-sitores a las negociaciones de paz vieron en laofensiva de las AUC y en la realización de lasfumigaciones la oportunidad de esgrimir nuevosargumentos y reafirmarse en su posición.

Aunque en mayo de 2001 se repitió el juegode los acercamientos entre el ELN y el Gobierno,y ocurrieron paros y bloqueos de vías, el temaque más atención despertó fue la aplicación dela política de erradicación forzosa de cultivosilícitos (fumigaciones con glifosato) y la puestaen marcha de programas de desarrollo alternati-vo en el sur de Bolívar74. De esta forma el Gobier-

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75 Eran recursos de la comunidad internacional, la nación y el Plan Colombia. Ver periódico El Universal, 13 de juniode 2001, p. 5B.

76 Ver periódico El Universal, 5 de noviembre de 2001, p. 2D.77 La versión social del Plan Colombia en el sur de Bolívar está a cargo de organizaciones como Fupad, AID, ARD y

FIP.78 Desde 2002 la UE financia el Laboratorio de Paz en trece municipios del Magdalena Medio, con una inversión

cercana a los 15 millones de euros. La Agencia Colombiana de Cooperación (ACCI) y el Programa de Desarrollo yPaz del Magdalena Medio (Pdpmm) están encargados de la ejecución del Laboratorio de Paz.

79 Para un recuento teórico y analítico de la relación entre elites regionales, Gobierno Nacional, narcotraficantes yFuerzas Armadas durante los procesos de paz, ver Mauricio Romero V., Paramilitares y autodefensas 1982-2003,IEPRI-Planeta, 2004.

80 En esto Asocipaz imitó la táctica seguida por Acdegam, en el sentido de intentar el control de los gobiernosmunicipales. Ver Carlos Medina G., Ob. Cit., pp. 235-236.

81 “AUC pedirán cuentas a candidatos electos”, en Vanguardia Liberal, 15 de mayo de 2000, pp. 1A y 3A.82 Esto fue claramente lo que sucedió en municipios como San Pablo en 2001.

no combinaba el componente de coacción conla inversión social en una estrategia de ejecuciónrelacionada con el Plan Colombia75. De otra par-te, las FARC y el ELN intensificaban su ofensivacontra las AUC y colocaban en peligro la seguri-dad de los integrantes de Asocipaz, quienes, ate-morizados, demandaron mayor presencia de lasfuerzas armadas en las cabeceras municipales76.Esta conjunción de hechos y las acusaciones decorrupción a sus directos, marcaron el ocaso deAsocipaz.

En conclusión, la dinámica de movilizacióngenerada por Asocipaz para consolidar un movi-miento contrainsurgente mostró muy pronto suslimitaciones. Entre los factores que agotaron esteproyecto se pueden contar: el endurecimientodel Gobierno Nacional frente a las reivindicacio-nes de los marchantes; el reconocimiento oficialde la ampliación de los cultivos de coca y el ini-cio de las fumigaciones con glifosato; la constan-te interferencia de las AUC en los propuestas ylas acciones de Asocipaz; la intensificación de lapresencia de organismos internacionales (BIP,Acnur, PNUD, OIM); la ejecución del Plan Co-lombia en su doble versión, militar y social77; elapoyo de la Unión Europea al proceso de paz yla inversión en programas sociales78; el fortaleci-miento de la presencia guerrillera en ciertas zo-nas y el distanciamiento entre algunos gobiernosmunicipales (Santa Rosa y San Pablo) y los líde-res de Asocipaz. Como epílogo se puede decirque, para la mayoría de los habitantes consulta-dos, la presencia institucional y el ascendientepolítico de Asocipaz son hechos del pasado.

LA FRUSTRADA PROYECCIÓN POLÍTICA

DE ASOCIPAZ

Esta organización proyectó los intereses delos grupos locales dominantes en el sur de Bolí-var en una coyuntura especial que combinaba losesfuerzos de paz entre el Gobierno Nacional yuna organización insurgente y la ofensiva desata-da por las AUC en un momento en el que busca-ban un reconocimiento político equiparable alde la guerrilla79.

Así, durante todo el año 2000, Asocipaz vivióun período de fortalecimiento que alcanzaría sumayor proyección en las elecciones locales deoctubre80; sin embargo, muy pronto fueron evi-dentes sus limitaciones como proyecto político.En mayo, las AUC anunciaron su intención deintervenir el proceso electoral con el objetivode garantizar su “transparencia”81. En sus comu-nicados públicos, este grupo irregular pedía alos candidatos un compromiso real con sus pro-gramas de gobierno; veladamente se otorgaba elderecho de vetar o de avalar los candidatos a lasalcaldías y concejos. Todos los aspirantes, de unau otra manera, debían contar con el visto buenoo por lo menos con la indiferencia de las AUCfrente a sus intenciones políticas. Esto sucedió alo largo y ancho del sur de Bolívar.

La concomitancia entre la intención deAsocipaz de fortalecer su propuesta a través delcontrol de los gobiernos municipales y el anun-cio de las AUC de intervenir el proceso electoralse prestó para lecturas muy polémicas entre loshabitantes del sur de Bolívar. De hecho, algunosde los candidatos más cercanos a las propuestasparamilitares perdieron las elecciones82. Contodo, otras cuatro situaciones inmediatas contri-buyeron a minar la hegemonía del movimientocontra-insurgente: la primera se relaciona con el

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83 El grupo de países amigos del proceso de paz (Suiza, Francia, España, Cuba y Noruega) conformarían estacomisión.

84 Cosa distinta sucedió en Barrancabermeja donde los grupos guerrilleros fueron desalojados de las comunasnororientales y surorientales. Esta ofensiva fue iniciada por las AUC en 1997 y terminó en 2001, dejando cientosde muertos entre combatientes y civiles.

85 Ver supra punto 9 del acuerdo de Aguasclaras.86 En Aguachica, el precio de kilo de base de coca es mayor en $3.000 o $4.000. En Santa Marta alcanza el doble del

precio establecido por las AUC en el sur de Bolívar.87 Algunos de estos hechos son los siguientes: el cobro diferido que hicieron los paramilitares de los costos de las

marchas a los habitantes de algunos municipios; el incendio de un hotel en Santa Rosa, donde residía elcomandante de las AUC; el papel de sicarios que han asumido los integrantes de esta organización para“solucionar” conflictos entre particulares; el asesinato de un candidato a la alcaldía de San Pablo; las amenazasde las AUC y el intento de inculpar a la población civil de los reveses militares que han sufrido frente a laguerrilla, etc.

relativo fracaso de la ofensiva de las AUC contralos frentes guerrilleros existentes en el sur de Bo-lívar; la segunda tuvo que ver con la negativa delgobierno de Santa Rosa de someter a “consultapopular” la posibilidad de realizar la ConvenciónNacional en la zona rural del municipio, y el re-chazo rotundo de Asocipaz y de “No al Despeje”a la invitación para asistir a la “pre-convención”que se realizaría en Ginebra (Suiza); la tercera,se derivó de la reiterada desaprobación a la con-formación y al funcionamiento de la comisión deverificación nacional e internacional83; la cuartase vinculó a las reacciones que suscitaron los ase-sinatos de civiles a manos de las AUC.

Ciertamente, la gran ofensiva anunciada porCarlos Castaño contra los “campamentos deGabino” en San Pablo, en julio de 2000, fue unfracaso. En la práctica, los frentes de ELN de-mostraron ser más fuertes en el terreno militarque sus enemigos. Además las dos guerrillas(ELN y FARC) se unieron en lo operativo paraenfrentar a las AUC, de suerte que Castaño nocumplió su promesa de “recobrar para la na-ción” la totalidad del sur de Bolívar84. Este fraca-so desalentó las aspiraciones de algunos líderespolíticos cercanos a Asocipaz y a “No al Despeje”,quienes empezaron a temer por sus vidas y opta-ron por asumir un perfil más discreto. De otraparte, ciertas comunidades rurales asentadas enla serranía de San Lucas tuvieron un respiro dealivio al comprobar la contención que sufrieronlos paramilitares. Incluso, en la dimensión muni-cipal, la guerrilla recobró ciertos espacios físicosy de influencia política, perdidos en los años in-mediatamente anteriores.

Otro hecho que debilitó a Asocipaz fue la ne-gativa del alcalde de Santa Rosa, Pastor García,de someter a consulta popular el posible despejede parte del territorio del municipio para reali-

zar las negociaciones con el ELN. Esta decisiónfue tomada luego de que el Concejo Municipalle otorgara al alcalde facultades para tal fin. A losojos de muchos habitantes, esto contrariaba laposición defendida por Asocipaz frente al Go-bierno Nacional, en el sentido de contar con laopinión popular en un asunto tan delicado, yademás se aproximaba mucho a la oposiciónmantenida por las AUC ante las negociacionesentre el Estado y los grupos insurgentes. Esto dealguna manera se confirmó con la negativa deAsocipaz y de “No al Despeje” de vincularsecomo parte interesada en la reunión de Ginebra,en julio de 2000.

Reiteradamente, el movimiento contrainsur-gente propuso la creación de una comisión deacompañamiento y verificación nacional e inter-nacional en caso de que se creara la zona desmi-litarizada en el sur de Bolívar85. Sin embargocuando el ELN aceptó la creación de la mencio-nada comisión y se definió su composición, los lí-deres de Asocipaz y “No al Despeje” alegarondificultades operativas y logísticas para que éstacumpliera sus funciones. Además, estos mismoslíderes asumieron posiciones ambiguas con res-pecto a la aceptación o el rechazo de los recursosque el grupo de países amigos del proceso depaz deseaba invertir para el desarrollo social enel sur de Bolívar.

Por último, los continuos asesinatos de perso-nas que intentaban sacar a riesgo propio pastade coca del sur de Bolívar a través de CerroBurgos86 provocaron en diversos momentos reac-ciones colectivas contra las AUC en Santa Rosa.En adelante, sucederían hechos que evidencia-rían el crecimiento de cierta animosidad entreciertos sectores de la población y las AUC enSanta Rosa y en otros municipios del sur de Bolí-var87. La consecuencia más notoria de esta rela-

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88 Este Bloque cuenta con aproximadamente 5.500 efectivos, está dividido en 27 frentes de guerra y mantienepresencia en diez departamentos, entre los que se cuentan Bolívar, Antioquia, Santander y Arauca. Además, tieneuna dirección militar a cargo de “Julián Bolívar” y un responsable político, Ernesto Báez; su comandante“máximo” es Javier Montañez.

89 Cabe destacar que Acdegam se opuso a las negociaciones entre el Gobierno de Betancurt Cuartas y las FARC,iniciadas en 1984. Ver Carlos Medina G., Ob. Cit., pp. 190-191.

90 Carlos Medina G., ídem., p. 234.

ción negativa fue el debilitamiento de las pro-puestas políticas que dieron vida a Asocipaz y elnacimiento de una corriente de opinión que tí-midamente se arriesgaba a cuestionar la “hege-monía” de los paramilitares en la vida política yeconómica de estos municipios.

En síntesis, durante todo 2001 se extendió lasituación de crisis política en el sur de Bolívardado que el Gobierno Nacional y el ELN persis-tieron en su intención de celebrar la ConvenciónNacional en este territorio. Sin embargo, algu-nos hechos externos marcaron un giro en la si-tuación política de la zona: paradójicamente, elinicio de la ejecución del Plan Colombia atrajomás presencia institucional (AID, ARD, Fupad,Programa Plante, Red de Solidaridad) y un áni-mo de inversión social y económica desconocidopara sus habitantes; la presencia más activa de or-ganismos de las Naciones Unidas (OIM, PNUD,Acnur) y la Unión Europea pusieron cierto fre-no a las aspiraciones del movimientocontrainsurgente, dado que pusieron al descu-bierto la situación de violación del DIH e hi-cieron aún más vulnerable la propuestapolítica de Asocipaz. Otro hecho que opacó elprotagonismo de esta organización fue la crea-ción del Bloque Central Bolívar de las AUC,que cuenta con una amplia presencia en la zonay tiene una estructura política propia88.

CONSIDERACIONES FINALES

En apariencia, Asocipaz intentó replicar lahistoria de Acdegam en Puerto Boyacá, en elsentido de ser una plataforma política y adminis-trativa que permitiera alcanzar en el planoinstitucional legal los objetivos de una organiza-ción irregular. Sin lugar a dudas existen ciertassimilitudes; por ejemplo, el hecho de que ambasorganizaciones hayan nacido utilizando los mis-mos mecanismos que las organizaciones campesi-nas habían empleado para llamar la atención delEstado y tuvieran como objetivo central la crea-ción de un bloque político “regional” que seopusiera a las negociaciones entre el GobiernoNacional y los grupos guerrilleros89.

Además, tanto Acdegam como Asocipaz tuvie-

ron buenas relaciones con destacados represen-tantes de los gobiernos centrales de turno. En elprimer caso, fue conocida la estrecha relaciónpolítica que sostuvieron Pablo Guarín y el enton-ces ministro de Gobierno, Jaime Castro; en el se-gundo caso fue clave el vínculo de algunoslíderes de Asocipaz y funcionarios del ministeriodel Interior. Sin duda estas relaciones influyeronen el reconocimiento oficial y en el acercamien-to entre las mencionadas organizaciones y el Go-bierno. De otra parte, las dos organizacionesactuaron contra los grupos guerrilleros“hegemónicos” en sus territorios –las FARC y elELN, respectivamente–, y frente a ellos procla-maron una acción social y política integral paraalcanzar el desarrollo de los municipios90.

Sin embargo, en otros aspectos se diferencia-ron. Asocipaz reunió tanto a políticos liberalescomo conservadores, mientras que Acdegamhizo parte de la corriente oficial del Partido Li-beral y fue excluyente con otros sectores políti-cos. Al mismo tiempo, la prédica ideológica deAcdegam contra las FARC estuvo enmarcada enlos argumentos anti-comunistas, tan conocidosdurante los años ochenta; por su parte, Asocipazidentificó al ELN con el pasado de pobreza yatraso que conoció el sur de Bolívar durante dé-cadas y, en oposición, se colocó a sí misma enuna perspectiva de “modernización” y de integra-ción al resto del país.

Con todo, dos hechos fundamentales sepa-ran las experiencias de Acdegam y Asocipaz: laintensificación del conflicto interno y la presen-cia de instituciones internacionales. Ciertamen-te, desde 1998 la guerra asumió una dinámicadesconocida antes en el país; fue justamente en-tonces cuando Carlos Castaño inició su ofensivacontra el ELN en el sur de Bolívar. Pero tam-bién fue ese año cuando el Gobierno Nacionalinició el proceso de negociación con las guerri-llas e invitó a la comunidad internacional a par-ticipar y hacer aportes en el desarrollo delmismo. Esta doble circunstancia impidió queAsocipaz repitiera la historia de Acdegam y mar-có un proceso más acelerado de descomposi-ción de su propuesta.

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91 Es muy posible que estos sectores estuvieron deseosos de dirigir recursos acumulados en el narcotráfico haciaactividades lícitas, realizando de esta forma una suerte de reconversión productiva en proyectos agroindustriales.

De otra parte, Asocipaz mostró la fragilidadde la frontera entre lo legal y lo ilegal dentrodel ordenamiento institucional. Desde unapostura aparentemente civil, esta organizacióndesempeñó un papel clave en el rumbo delconflicto armado a nivel regional y, a través depresiones políticas y físicas, se opuso a una de-terminación del Gobierno Nacional. AunqueAsocipaz tuvo como espacio de nacimiento yacción a los gobiernos municipales y a las re-des partidistas locales y regionales, lo funda-mental fue que se movilizó para apoyarindirectamente la aspiración de las AUC de sertratada de la misma forma que las FARC o elELN dentro de un proceso de paz. Además,Asocipaz terminó proponiendo y recibió la so-lidaridad de algunas instituciones del Estado,para un “modelo de desarrollo” que recogía lavisión de los sectores sociales enriquecidos con

el narcotráfico y que apoyaban al movimientocontrainsurgente91.

Finalmente, se puede caracterizar a Asocipazcomo un fenómeno organizativo encabezado porlas elites locales, que buscó con sus manifestacio-nes la inclusión y la aceptación política y econó-mica de sectores sociales antes marginados dentrodel statu quo regional, en momentos en que se de-sarrollaba un proceso de paz entre el Gobierno yla guerrilla. Estas circunstancias explican la acti-tud de estos sectores con respecto a los grupos in-surgentes y su dependencia frente a lasaspiraciones políticas de las AUC. Esto, además,fue perceptible en la relación que mantuvo con elmovimiento “No al Despeje”, nacido en el Magda-lena Medio y de conducta más radical frente a lanegociación con la guerrilla. Ciertamente, en mu-chos pasajes Asocipaz parecía subordinada a la di-námica impuesta por “No al Despeje”.

FE CHA DE RECEPCIÓN: 08/04/2004

FECHA DE APROBACIÓN: 16/05/2004

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La ontología de la“violencia política”:acción e identidad enlas guerras civiles

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la discusión se centrará sobre variosproblemas conceptuales originados por la com-prensión actual de violencia política, especialmen-te en lo pertinente a las acciones, motivaciones eidentidades en las guerras civiles. Con frecuencia,las acciones “en el terreno” resultan estar relacio-nadas con conflictos locales y privados, más quecon la confrontación dominante de la guerra. Ladisyunción entre las dinámicas de arriba y las di-námicas de abajo debilitan los supuestos prevale-cientes sobre las guerras civiles, que son indicadasdesde dos marcos interpretativos competitivos,más recientemente descritos como “codicia yagravio”. En lugar de postular una dicotomía en-tre codicia y agravio, señalo la interacción entreidentidades y acciones políticas y privadas. Lasguerras civiles no son conflictos binarios sino pro-cesos complejos y ambiguos que promueven la ac-ción “conjunta” de actores locales y, más allá delos locales, la de civiles y ejércitos cuya alianza re-sulta en violencia que se agrega y aun así refleja susdiversas metas. Es la convergencia de motivos loca-les e imperativos más allá de los locales lo que im-prime a las guerras civiles su carácter particular –ycon frecuencia desconcertante–, ambivalente entrelo político y lo privado, lo colectivo y lo individual.

Por lo menos quince personas murieron enAfganistán cuando pistoleros atacaron un puestoaislado de policía cerca de Kabul, la capital delpaís, en agosto de 2002. La identidad de losatacantes no pudo ser esclarecida. El jefe de poli-cía local dijo que los hombres eran talibanes ypartidarios de la organización terrorista al-Qaeda. Sin embargo, “otras fuentes locales” sugi-rieron que los hombr es eran ladrones ysaqueadores1. Esta historia ilustra la pobre cali-dad de la información en las guerras civiles; tam-

Stathis N. KalyvasProfesor de Ciencia Política en la Universidad de Yale.

Stathis-Kalyvas@yale.edu

1 Gunfight shatters Kabul, BBC News, World Edition,news.bbc.co.uk/2/hi/south _asia/2178607.stm, 30 demayo de 2003.

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bién sugiere que las denuncias sobre identidad yacción pueden ser auto-manejadas y que la infor-mación puede ser instrumentalmente manipula-da por varios actores. En forma menos obvia,deja entrever una percepción informada por mo-tivaciones rígidas, categorías binarias enlazadasmutuamente con motivaciones exclusivas que losatacantes pudieron haber tenido, ya sean éstostalibanes o ladrones, y sus motivos pudieron ha-ber sido “políticos” (si fueron talibanes) o “priva-dos” (si fueron ladrones). Pero los pistolerospudieron haber sido ambos, ladrones y talibanes–simultáneamente o por secuencia, dependien-do del contexto. De igual forma, su violenciapudo haber sido dirigida tanto política como pri-vadamente.

El anterior episodio compendia algunos delos problemas con nuestra actual comprensiónde las guerras civiles, particularmente nuestrainterpretación de las identidades y acciones delos actores junto con sus alianzas y motivos, ynuestra presunción sobre la violencia de la gue-rra. Las percepciones prevalecientes son infor-madas desde dos marcos interpretativoscompetitivos, típicamente yuxtapuestos en unadicotomía: más recientemente, como “codicia yagravio”2. El primero es de inspiraciónhobbesiana, recalcando una ontología de gue-rras civiles caracterizada por el quebrantamien-to de la autoridad y la subsiguiente anarquía.En esta visión, que se remonta a Tucidides, lasguerras civiles fomentan la privatización de laviolencia, trayendo de frente, en un estilo vir-tualmente aleatorio, todo tipo de motivacionesen lo que es una “guerra de todos contra to-dos”3. Esta tesis influye en la comprensión ac-

tual de las guerras civiles étnicas4 y las llamadas“nuevas guerras” presuntamente motivadas porla codicia y el saqueo5. El otro marco, que pode-mos llamar schmittiano, implica una ontologíade las guerras civiles con base en lealtades ycreencias abstractas de grupo, donde el enemi-go político se convierte en un adversario priva-do solamente en virtud de una previa enemistadcolectiva e impersonal. La enemistad impersonaly abstracta que Carl Schmitt pensó era el rasgoesencial de la política6 hace eco de la percepciónde la guerra de Rousseau, no como de “hombrea hombre” sino de “estado a estado”. Los indivi-duos, proclamaba Rousseau, sólo eran enemi-gos por accidente, y luego sólo como soldados7.En contraste con la tesis hobbesiana, que daprelación a la esfera privada en exclusión de lapolítica, la schmittiana recalca la naturalezafundamentalmente política de las guerras civi-les y sus procesos concomitantes; informa sobreinterpretaciones de guerras civiles8 tradicional-mente “ideológicas” o “revolucionarias”, comotambién argumenta sobre guerras civiles étnicasy “violencia intra-comunal” que pone de relievefuertes creencias, enemistad de grupo y antipa-tía cultural9.

En lugar de proponer una dicotomía de codi-cia y agravio, yo señalo la interacción entre lasidentidades y las acciones políticas y privadas.Voy a comenzar resaltando una observación sim-ple aunque parece ser tan común como teórica-mente marginada: las guerras civiles no sonconflictos binarios sino procesos complejos y am-biguos que fomentan una aparente mezcla masi-va aunque variable de identidades y acciones, alpunto de ser definida por esa mezcla. Dicho de

2 Paul Collier y Anke Hoeffler, Greed and grievance in civil war, Centre for the Study of American Economies WorkingPaper Series, 2002-0l.

3 Jonathan J. Price, Thucydides and Internal War, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 29.4 John Mueller, “The banality of ethnic war”, en International Security, nº 25, 2000, pp. 42-70. Barry Posen, “The

security dilemma and ethnic conflict”, en Survival, nº 35, 1993, pp. 27-47.5 Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, Stanford, Stanford University Press, 1999. David

Keen, “The economic functions of violence in civil wars”, en Adelphi Paper, No 320, London, Oxford UniversityPress, International Institute for Strategic Studies, 1998.

6 Carl Schmitt, The Concept of the Political, George Schwab, New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, 1996.7 Ingrid Detter De Lupis, The Law of War, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.8 Gabriele Ranzato, “Un evento antico e un nuovo oggetto di riflessione”, en Ranzato Gabriela, Guerre fratricide: Le

guerre civili in eta contemporanea, Torino, Bollati Boringhieri. Norberto Bobbio, “Guerra civile?”, en Teoria Politica, 1-2, 1992, pp. 297-307. Stanley G. Payne, The Franco Regime, 1936-1915, Madison, University of Wisconsin Press,1987.

9 Ashutosh Varshney, “Nationalism, ethnic conflict, and rationality”, en Perspectives on Politics, 1:1, pp. 85-99, 2003.Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, Berkeley, University of California Press, 1985.

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otra forma, la ambigüedad ampliamente observa-da es fundamental más que incidental a las gue-rras civiles; un asunto de estructura más que deruido. La fuente teórica de esta observación seremonta a la disyunción entre identidades y ac-ciones a nivel central o de la elite por una parte,y a nivel local o masivo por la otra. Esta disyun-ción toma dos formas: primero, las acciones “enel terreno” que con frecuencia parecen más rela-cionadas con los asuntos locales o privados quecon la confrontación dominante de la guerra; se-gundo, los actores individuales y locales tomanventaja de la guerra para arreglar conflictos loca-les o privados que con frecuencia no tienen nin-guna relación con las causas de la guerra o losobjetivos de los beligerantes. Esta disyunciónreta las presunciones prevalecientes sobre elmodo de operar en las guerras civiles y originauna serie de preguntas: ¿Cuál es la ventaja expli-cativa de interpretaciones enfocadas exclusiva-mente en la escisión maestra? ¿Qué significanrealmente las etiquetas e identidades en el terre-no? ¿Qué tan razonable es el inferir la distribu-ción de alianzas individuales y localesdirectamente de la escisión maestra? ¿Es correc-to describir y analizar toda violencia en las gue-rras civiles como “violencia política”?

Estas preguntas nos fuerzan a pensar de nue-vo en el papel de las escisiones en las guerras ci-viles y a desafiar la clara división entre laviolencia política y privada. En este artículo seña-lo varias implicaciones y perfilo una base mínimaalternativa de la escisión fundamentada en lainteracción de las identidades y acciones en elcentro y en la periferia. Los actores que buscanel poder en el centro utilizan recursos y símbolospara aliarse con los actores marginales que estánluchando por conflictos locales, logrando así la“producción conjunta” de acción. Esta base mí-nima es completamente consistente con ladisyunción observada entre el centro y la perife-ria, que puede ser ahora conceptualizada denuevo como una interacción entre varios actorescentrales y locales con diferentes identidades,motivaciones e intereses.

Esta comprensión de las guerras civilescomplementa en parte las existentes y en partelas subvierte: mientras que las guerras civilespresentan ambos comportamientos, el puropartidario y el desviado, ellas también conten-

drán acciones que son simultáneamente am-bos; por otra parte, las bases empíricas de lasinterpretaciones schmittiana y hobbesiana pue-den ser con frecuencia un cúmulo de datosparcializados e incompletos como tambiéndemasiado agregados. Hago énfasis en lastrampas de pasar por alto evidencia importan-te sólo porque no es fácilmente sistematizada.En ciertos campos de la investigación, la reco-lección de datos confiables y sistemáticos a nivelmasivo es extremadamente difícil si no imposi-ble; las guerras civiles están entre los casos másobvios de señalar. El indispensable análisis y ladesagregación empirica10 son imposibles sin eluso de la información típica no sistematizada, yfinamente graneada. Por último, la especifica-ción de conceptos, modelos y mecanismoscausales basados en perspicacias derivadas deesta evidencia empírica mejorará el análisisteórico de las guerras civiles y permitirá reali-zar ensayos innovadores que también evalua-rán esta base empírica.

COMPLEJIDAD Y AMBIGÜEDAD

Las guerras civiles son típicamente descritascomo conflictos binarios, clasificados y entendi-dos sobre la base de lo que se percibe ser la di-mensión principal del asunto o escisión;entonces hablamos de guerras ideológicas,étnicas, religiosas o de clase. De la misma mane-ra, etiquetamos a los actores políticos en guerrasciviles étnicas como actores étnicos, la violenciade las guerras étnicas como violencia étnica, y asísucesivamente. Más aún, dicha caracterización setorna más sutil de lo anticipado porque las gue-rras civiles usualmente entrañan una combina-ción confusa de identidades y acciones.

Consideren la siguiente descripción de la gue-rra americana de Independencia en Carolina delSur: “Un grupo de falsos amigos y saqueadoresllegaron con los verdaderos patriotas. Y esto eracierto para ambos lados de esta terrible lucha.Los Whig proscritos y los Tory proscritos o másbien los proscritos que pretendían ser Whigs oTories según fuera la ocasión, estaban asolandoel país tanto o más como los que estaban comba-tiendo por un bando o por el otro”11. Años mástarde, Abraham Lincoln describió la guerra civilen el oeste americano como una situación en laque “los asesinatos por viejos rencores y los asesi-

10 Rogers Brubaker y David D. Laitin, “Ethnic and nationalist violence”, en Annual Review of Sociology, 24, 1998, pp.243-252.

11 Edward McCrady, The History of South Carolina in the Revolution, 1180-1183, New York, Paladin, p. 39, 1969.

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natos por dinero proceden de cualquier manto,el que cubra mejor para la ocasión”12. La guerracivil china fue con frecuencia combatida porcoaliciones locales diversas y cambiantes de ban-didos y milicias13 durante largo tiempo; los co-munistas eran para los bandidos “únicamenteuno de varios posibles aliados o patrones tempo-rales”14. En Manchuria, por ejemplo, era extre-madamente difícil diferenciar entre miembrosde la resistencia anti-japonesa y los bandidos,porque moverse entre el uno y el otro era muycomún: se estima que 140.000 de un total de300.000 miembros de la resistencia tenían ante-cedentes como bandoleros. Los delincuentes co-munes fueron utilizados extensivamente durantela revolución cultural15. Los determinantes deviolencia en la provincia de Antioquia durante laViolencia colombiana fueron:

mucho más complejas de lo que podría suge-rir cualquiera de las diferencias innatas, ineludi-bles entre los grupos monolíticos de liberales yconservadores –la explicación tradicional de laViolencia–”; de hecho, “el punto de la violencia,aun en las supuestas áreas de la ‘colonizacióntradicional’ donde los objetivos de los partidoseran la fuerza motriz detrás de la insurrecciónarmada es que ésta era multi-facética y ambigua,que las consideraciones políticas y económicasnunca pueden ser consideradas como fuerzasdiscretas16.

En resumen, la ambigüedad es endémica alas guerras civiles17; esto convierte su caracteri-zación en la búsqueda de una naturaleza siem-

pre más profunda, más “real”, presumiblementeescondida debajo de fachadas engañosas (unejercicio parecido a descubrir muñecas rusas).Así, con frecuencia se argumenta que las gue-rras religiosas son realmente sobre clases, o quelas guerras de clases son realmente sobreetnicidad, o que las guerras étnicas son sólo so-bre codicia y saqueo, y así sucesivamente18. Ladificultad de caracterizar las guerras civiles esun problema conceptual más que uno de medi-da. En todo caso, entre más detallados sean loshechos, será mayor la dificultad para establecerlos “verdaderos” motivos y asuntos en el terre-no, como Paul Brass amablemente nos ha mos-trado en el caso de los motines étnicos enIndia19. Una alternativa sería el reconocer en lu-gar de ello que los motivos subyacentes a la ac-ción en la guerra civil son inherentementecomplejos y ambiguos. Al mismo tiempo, el soloconsignar este punto es tan poco satisfactoriocomo el ignorarlo. En lugar de ello, es necesa-rio teorizar esta comprensión más compleja delas guerras civiles para incorporarla dentro dela investigación sistemática. Hacer esto requiereprimero la identificación de la fuente de la am-bigüedad que parece estar localizada en lainteracción entre el centro y la periferia.

LA DISYUNCIÓN ENTRE EL CENTRO Y LA

PERIFERIA

Como en muchos otros lugares, la ocupaciónde las Filipinas por los japoneses durante la Se-gunda Guerra Mundial generó tanto un movi-miento de resistencia como una guerra civil,

12 Michael Fellman, Inside War: The Guerrilla Conflict in Missouri during the American Civil War, New York, OxfordUniversity Press, 1983, p. 85.

13 Odoric Y. K Wou, Mobilizing the Masses: Building Revolution in Henan, Stanford, Stanford University Press, 1984.14 E. J. Hobsbawm, Bandits, London, Abacus, 2001.15 Rana Mitter, The Manchurian Myth: Nationalism, Resistance, and Collaboration in Modern China, Berkeley, University of

California Press, 2002.16 Mary Roldan, La Violencia in Antioquia, Colombia, 1946-1953, Dirham, Duke University Press, 2002, pp. 132, 276.17 Idem., 230. Guido Crainz, “Memoire des conflicts et inertie d’une guerre civile: I.:Emilie en 1945-1956”, en Jean-

Clement Martin, La guerre civile entre histoire et memoire, Nantes, Ouest Éditions, 1995, pp.121-127. Jean-ClementMartin, “Rivoluzione francese e guerra civile”, en Gabriele Ranzato, Guerre fratricide: Le guerre civili in etacontemporanea, Torino, Bollati Boringhieri, 1994, pp. 27-85.

18 Por ejemplo, bajo el barniz de la religión, la guerra civil algeriana fue realmente sobre asuntos “seculares ypolíticos”. Ver Freeman, 1994, 14. Los choques entre dayaks, malayos y madureses en Kalimantan Occidental,Indonesia, tampoco fueron sobre religión; ver Davidson (por salir). Un argumento popular reciente es quemuchas guerras civiles son un poco más sobre saqueo; ver Kaldor, 1999, Enzensberger, 1994, y Kalyvas (unacrítica), 2001.

19 Paul R. Brass, Theft of an Idol. Text and Context in the Representation of Collective Violence, Princeton, PrincetonUniversity Press, 1997.

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cuando algunos filipinos se unieron a los japone-ses. En su investigación sobre las Visayas Occi-dentales, Alfred McCoy encontró que, aunque elpaís experimentó sucesivos cambios políticos ra-dicales entre 1941 y 1946 (incluyendo una de-mocracia mancomunada de Estados Unidos, unaadministración militar japonesa y una indepen-dencia nacional), los líderes políticos provincia-les y municipales siguieron peleando las mismasluchas faccionarias parroquiales con sus rivaleslocales. Las facciones competidoras de la región,señala McCoy, no fueron insensibles a los gran-des eventos que estaban emanando de Manila yde más allá; de hecho, ellos se adaptaron rápida-mente a cada régimen sucesivo en un esfuerzopor utilizar sus recursos para su propia ventaja yen perjuicio de los rivales. El vestuario y los di-rectores de reparto cambiaban constantemente,mientras que los actores y el diálogo permanecíanigual. Mientras que el contexto cambiaba y las fac-ciones y sus aliados se dividían y realineaban, lospropios rivales permanecían en constante oposi-ción diametral, y haciendo esto definían mayor-mente las etiquetas y categorías nominales departido, tales como “guerrillero” o “colabora-dor”. La violencia en general estaba directa-mente relacionada con estos conflictos. Lainvestigación detallada de McCoy sobre los ase-sinatos de ocho hombres prominentes en Iloiloen 1942, reveló que todo tenía su origen en losconflictos electorales previos a la guerra entrefacciones municipales rivales por el control delos puestos de la Alcaldía y el Concejo. En la ma-yoría de los casos, los líderes de las faccionesopuestas habían estado involucrados en unacompetencia personal intensa con sus propios ri-vales –usualmente sus vecinos de la plaza– poruna década o más, y así tomaron ventaja de lanueva situación para ajustar cuentas políticas lo-cales. McCoy concluye que las disputas entre fac-ciones durante el tiempo de la guerra no fueronimpuestas en Iloilo desde arriba sino que surgie-ron espontáneamente de los niveles más bajosdel sistema político provincial20. Un estudio de laisla Filipina de Leyte durante el mismo períodoconfirma los hallazgos de McCoy. Elmer Lear en-contró que las guerrillas reclutaban a sus segui-dores entre los miembros de la facción política

que había fracasado en ganar en la elección pre-via, ya que los ganadores fueron reclutados paraservir a los japoneses:

Ningún bando actuó necesariamente porprincipios. Fue el viejo caso de –engatusamosaquí y engatusamos allá– rivalidad desnuda porel botín de la oficina local. En algunas municipa-lidades existía una larga enemistad entre las fac-ciones. Era de esperarse que si la facciónactualmente en el gobierno se encontraba ali-neada del lado de la colaboración, la facción porfuera del gobierno condenaría ruidosamente asu adversario y proclamaría su devoción a la re-sistencia21.

Uno podría desechar a las Filipinas como uncaso aislado. Sin embargo, consideremos la for-ma como se jugó la revolución francesa, un con-flicto trascendental y clásicamente ideológico, enlas provincias francesas. Resulta que las divisio-nes en las provincias eran con frecuencia alta-mente locales y tenían poca relación con losasuntos centrales de la revolución. Por ejemplo,era muy posible que una ciudad a la que se le ha-bía negado su petición de ser la capital de losnuevos distritos administrativos creados por Parísno sintiera ninguna simpatía por la República yse volvería en su contra. Richard Cobb nos brin-da el siguiente relato de la forma como se fueronperfilando las alianzas provinciales:

Era una cuestión de oportunidad, de poderde los grupos locales, de donde uno estaba en lacola, de hasta qué punto las ambiciones habíansido satisfechas, de cómo saltar sobre aquellosque estaban adelante. Aquí es donde los eventosexternos podían ser fácilmente explotados; cuan-do las etiquetas políticas de París se colocabanen la espalda de las provincias ello podía signifi-car algo completamente diferente... Podía serque las etiquetas ni siquiera vinieran de París;ellas podrían ser de origen local. En el Loira, el“federalismo” fue traído desde afuera por gruposde hombres armados que cabalgaron desdeLyon. Pero la experiencia del “federalismo” y lasubsiguiente represión dirigida contra aquellosque habían colaborado con él, le permitieron aun grupo de poder –con casi exactamente la mis-ma posición social y riqueza– desalojar al otro en

20 Alfred W. McCoy, “Politics by other means: World War II in the Western Visayas”, en Alfred W. McCoy, SoutheastAsia under Japanese Occupation, New Haven, Yale University Southeast Asia Studies, 1998, pp. 191-245.

21 Elmer Lear, “The Japanese occupation of the Philippines, Leyte, 1941-1945”, en Data Paper, nº 42, Southeast AsiaProgram, Department of Far Eastern Studies. Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1961.

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aquellas ciudades que habían sido más afectadaspor la crisis [este es mi énfasis]22.

David Stoll se hace eco de Cobb, escribiendosobre un tiempo y lugar muy diferentes, en laGuatemala contemporánea:

Cuando los forasteros miran al país ixil, tien-den a mirarlo en términos de una lucha políticatitánica entre la izquierda y la derecha. Pero parala mayoría de los nebajeños, éstas son categoríasimpuestas por fuerzas externas a la situación queellos perciben en forma bastante diferente. Lasdivisiones de clase y étnicas que parecen obviaspara los forasteros, para los nebajeños están in-terceptadas por lazos de familia y comunidad.Debido a su gran conocimiento local, losnebajeños están íntimamente conscientes de laopacidad y confusión de la política local, muchomás que los intérpretes de afuera... Lo que pare-cen ser las consecuencias claras de desarrollosnacionales e internacionales para los observado-res cosmopolitas, están para la gente local en-vueltas en toda la ambigüedad de la vida local23.

El reciente descubrimiento periodístico de queAfganistán es “un mundo donde las rivalidades lo-cales y los fines globales parecen desabastecerselos unos a los otros” y donde la “política es inten-samente local, con muchos líderes de la guerraintercambiando posiciones en alianzas de conve-niencia que van turnándose de acuerdo con loscambios de fortuna en los 22 años de la guerraque comenzó con la invasión soviética en 1979”24,es sólo el último caso de un patrón recurrente.Consideren la siguiente evidencia anecdótica deuna gran variedad de guerras civiles.

Roger Howell recalca “la persistencia de las es-tructuras y rivalidades locales” durante la guerracivil inglesa, “aun frente a las intensas presionesde afuera, una persistencia que es frecuentemen-te disfrazada a primera vista porque los patronesbajo los cuales se etiqueta la lucha ‘nacional’ –mo-nárquicos contra parlamentarios, presbiterianoscontra independientes– fueron tomados por losmismos participantes y superimpuestos en la lu-cha ‘local’”25 . Un estudio detallado de la comuni-dad del condado de Bergen en New Jersey,durante la revolución americana muestra “que lasbatallas locales y más sangrientas entre milicias re-beldes y leales estaban relacionadas con animosi-dades anteriores a la guerra entre grupos étnicos,rivales políticos, iglesias y aun entre vecinos”26. La“feroz” guerra civil librada en Carolina del Nortedurante la revolución americana “involucrabacomplejidades con frecuencia distantes de laguerra entre Gran Bretaña y los revolucionariosdel tribunal y del Estado”27. Lo mismo fue ciertomás tarde en el contexto de la guerra civil ame-ricana. En mayo de 1862, el mayor generalJohn M. Schofield argumentaba que “el senti-miento más amargo existente entre la gente dela frontera” era “el resultado de viejos feudos einvolucraba muy poquito, si algo, la cuestión dela unión o de la desunión”28. Roger Gouldmuestra que gran parte del conflicto que tuvolugar en París entre 1848 y 1872 estaba más re-lacionado con batallas de territorio entre ba-rrios que con un reflejo de la lucha de clasesque se utiliza para describir la política francesadurante este período29. Los conflictos localescon frecuencia triunfaban sobre los ideológicos,escribe H. R. Kedward en su estudio sobre la

22 Richard Cobb, Reactions to the French Revolution, London, Oxford University Press, 1972.23 David Stoll, Between Two Armies: In the Ixil Towns of Guatemala, New York, Columbia University Press, 1993. _ Ted

Swedenburg, Memories of Revolt: The 1936-1939 Rebellion and the Palestinian National Past, Minneapolis, University ofMinnesota Press, 1995.

24 Amy Waldman, “A nation challenged: The commander; Mghan warlord’s rivals link him to U.S. attacks”, en TheNew York Times, 3 de enero de 2002, pp. A15 y B2.

25 Roger Jr. Howell, “Newcastle and the nation: The seventeenth-century experience”, en R. C. Richardson, TheEnglish Civil Wars: Local Aspects, Phoenix Mill, U.K., Sutton Publishing, 1997, pp. 309-329.

26 Citado en John Shy, A People Numerous and Armed: Reflections on the Military Struggle for American Independence, NewYork, Oxford University Press, 1976.

27 Jeffrey J. Crow, “Liberty men and loyalists: Disorder and disaffection in the North Carolina backcountry”, enRonald Hoffman, Thad W. Tate, and Peter J. Albert, An Uncivil War: The Southern Backcountry during the AmericanRevolution (Perspectives on the American Revolution), Charlottesville, University Press of Virginia, 1985, pp. 125-178.

28 Michael Fellman, Inside War: The Guerrilla Conflict in Missouri during the American Civil War, New York, OxfordUniversity Press, 1989.

29 Roger Gould, Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune, Chicago, Universityof Chicago Press, 1995.

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guerra civil en la Francia de la ocupación duran-te la Segunda Guerra Mundial30. En su recons-trucción de las violentas batallas políticascombatidas en la región de Segovia occidentalen Nicaragua a finales de 1920, MichaelSchroeder encontró que ellas:

tenían largas genealogías y estaban profunda-mente institucionalizadas a nivel local... [Ellas]emergieron de la intersección contingente de lu-chas étnicas a nivel de pueblos, regional y luchaspolíticas a nivel nacional... La violencia expresa-ba muchas luchas continuas dentro de la socie-dad segoviana, un micro-universo de relacionesllenas de conflictos desarrollados a través deltiempo entre familias, hogares, partidos, comuni-dades, patrones y clientes y varias capas del Esta-do. Bajo esta luz, tal vez lo más extraordinariosobre esta violencia es su carácter absolutamentedoméstico, local31.

Una dinámica similar emergió más tarde, du-rante las guerras civiles sandinista y la de los con-tras. Los policías en Quilalí, Nicaragua, eranbásicamente la “armada que seguía al clanTalavera, cuyo terreno era éste”, informa PaulBerman, agregando que los clanes políticos eran“la personificación de cada evento rural nicara-güense que nunca era adecuadamente reportadoal mundo exterior en los años que siguieron a larevolución sandinista”32.

Un estudio de una ciudad del norte de Espa-ña encontró que la principal escisión en su ba-rrio central comenzó a principios de los añostreinta como una disputa entre dos doctores quecompetían por el título del doctor oficial de laciudad, lo que implicaba una práctica lucrativagarantizada por el Estado. Muchas familias se co-locaron del lado de un doctor o del otro:

Simultáneamente el disturbio político del fi-nal de la República agregó una dimensión políti-ca más amplia a lo que en esencia fue unadisputa basada en asuntos locales. El tira y afloje

de la guerra es con frecuencia descrito hoy entérminos de los asuntos liberales-conservadoresde la época, pero la mayoría de los informantesestán de acuerdo en que los asuntos básicos fue-ron locales y personales33.

Las rivalidades de clan en los pueblos chi-nos perfilaron las decisiones de los campesinossobre si estar del lado de o contra los comunis-tas durante la guerra civil que tuvo lugar allí.El análisis de Peter Seybolt sobre la guerra civilchina durante la ocupación de Japón revelauna disyunción similar entre el centro y la pe-riferia:

Muchas de las batallas combatidas entre loschinos tenía poco que ver con la colaboración ola resistencia. Éstas fueron luchas por el poder yel botín que ponen a competir a las autoridadescentrales contra las autoridades locales; a las au-toridades locales una en contra de la otra, a losbandidos contra los comerciantes y los dueñosde la tierra, a las sociedades secretas contra losbandidos, a los miembros del Guomindang con-tra los comunistas, y así sucesivamente34.

Durante la Violencia colombiana, la “elimina-ción de miembros de la oposición de aldeas par-ticulares... parece haber obedecido a la lógica defeudos personales, diferencias de partidos y riva-lidades intermunicipales”. Un reporte del envia-do del gobernador conservador de Antioquia alpueblo de Cañasgordas reveló “una sociedad sór-dida, corrupta, dividida y violenta hendida porlas facciones, feudos familiares, animosidades lo-cales, celos personales, rencores, codicia, conflic-tos entre los que tienen y los que no tienen yluchas por el poder”35. Los asesinatos masivosque tuvieron lugar en Indonesia entre 1965-1966 fueron ostensiblemente articulados alrede-dor de la escisión comunismo/anticomunismo;sin embargo, un examen sostenido de lasmasacres regionales puso al descubierto todo

30 H. R. Kedward, In Search of the Maquis: Rural Resistance in Southern France, 1942-1944, Oxford, Oxford UniversityPress, 1993.

31 Michael J. Schroeder, “Horse thieves to rebels to dogs: _Political gang violence and the state in the westernSegovias”, en The time of Sandino, Nicaragua, 1926-1934. Journal of Latin American Studies, 28:2, 1996, pp. 383-434.

32 Paul Berman, “In search of Ben Linder’s killers”, en The New Yorker, 23 de septiembre de 1996, p. 65.33 Susan Tax Freeman, The Pasiegos: Spaniards in No Man’s Land, Chicago, University of Chicago Press, 1979.34 Peter J. Seybolt, “The war within a war: A case study of a county on the North China Plain”, en David P. Barrett and

Larry N. Shyu, Chinese Collaboration with Japan, 1932-1945: The Limits of Accommodation, Stanford, StanfordUniversity Press, 2001, pp. 201-225.

35 Mary Roldan, Ob. Cit.

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tipo de conflictos locales. Por ejemplo, en la pro-vincia de Lampung, al sur de Sumatra, la violen-cia era causada por un conflicto entre losmusulmanes locales y los colonos trans-migrantesjavaneses. En algunas áreas de Timor, las víctimaseran protestantes, mientras que en otras eran se-guidores de cultos locales; en Lombok era entrebalineses y chinos. Los asesinatos en Java Centraly del Este fueron causados por hostilidades entrelos grupos culturales-religiosos musulmanes loca-les conocidos como abangan; en Bali ellos esta-ban asociados con rivalidades de larga duraciónentre grupos patrocinados36. En una visita alcampo libanés, el escritor de viajes WilliamDalrymple se sorprendió al descubrir que unasangrienta incursión de la milicia Samir Geageafalangista (cristiana) contra las oficinas centralesde la milicia marada (igualmente cristiana)liderada por Tony Franjieh fue ostensiblementeuna lucha sobre asuntos políticos (los falangistasque prefieren la división del Líbano y losfranjiehs que desean que siga completo): “De he-cho tenía sus verdaderas raíces en algo más pri-mitivo todavía: un feudo de sangre de un sigloatrás entre Bsharre, la ciudad de Geagea y Edeny Zgharta, los reductos de Franhieh situados acuarenta millas al oeste”. Dalrymple llega a laconclusión de que “la historia de la incursión fueextraordinaria y reveló más claramente que cual-quier otra cosa la realidad feudal medieval detrásdel barniz civilizado de la política libanesa del si-glo veinte”37. Cuando el ejército le pidió al líderde la milicia en la aldea guatemalteca de EmolCentral que diera un ejemplo de los “subversi-vos” locales, él escogió a sus víctimas de Coto,“los rivales tradicionales de Emol Central”38. Lamasacre de periodistas de 1983 por los habitan-tes de Uchuraccay, Perú, condujo a una investiga-ción extensiva que eventualmente rastreó la

masacre hasta la animosidad entre montañeses yabajeños; las tierras bajas eran más fáciles de pe-netrar para los rebeldes de Sendero Luminosoporque eran geográficamente más accesibles. Sinembargo, una vez que Sendero fuera asociadocon las comunidades de tierras bajas, se originó laenemistad con los de la montaña, una enemistadque los antropólogos ya habían rastreado a unalarga tradición de rivalidad entre las comunidadesde la montaña y de las tierras bajas39. La guerra ci-vil liberiana durante los noventa disparó decenasde escisiones locales:

Se ha dicho en algunas áreas que la guerraen el suroeste reabrió viejos feudos que datande 1930. Ciertamente militarizó las disputasentre facciones que previamente habían sidola materia prima de la política local y que enla-zaba las luchas locales con los intereses nacio-nales. Como la misma guerra dio origen aenemistades locales o a medida que los antago-nismos anteriores se fueron arreglando por lafuerza durante el tiempo de la guerra, emergióun tipo de micro-política de guerra en el queciertos territorios sufrieron más que otros enmomentos particulares. Las áreas peor afecta-das fueron aquellas que fueron devastadas re-petidamente debido a que los rivales localeslanzaron incursiones oscilantes y contra-ata-ques de los unos contra los otros40.

La razón por la que los miembros de la tribude Toposa aceptaron armas del gobiernosudanés para luchar contra sus antiguos compa-ñeros insurgentes Dinka en el suroeste de Sudántienen su origen en las viejas disputas y robos deganado entre los dos grupos41. Más recientemen-te, en el Congo, “los analistas distinguen entre lagran guerra, el conflicto principal entre el go-bierno congolés y los ejércitos rebeldes tratando

36 Robert Cribb, “Introduction: Problems in the historiography of the killings in Indonesia”, en Robert Cribb, TheIndonesian Killings, 1965-1966. Studies from Java and Bali, Monash University, Centre of Southeast Asian Studies,1990, pp. 1-43.

37 William Dalrymple, From the Holy Mountain: A Journey among the Christians of the Middle East, New York, Henry Holt,1997.

38 Judith N. Zur, Violent Memories: Mayan war Widows in Guatemala, Boulder, Colo, Westview Press, 1998.39 Mario Vargas Llosa, Un barbare chez les civilises, Paris, Gallimard, 1998.40 Stephen Ellis, “Liberia 1989-1994: A study of ethnic and spiritual violence”, en African Affaires, 94, 1999, pp. 165-

197. The Mask of Anarchy: The Destruction of Liberia and the Religious Dimension of an African Civil War, New York, NYUPress, p. 129.

41 Scott Peterson, Me against My Brother. At war in Somalia, Sudan, and Rwanda: A Journalist Reports from the Battlefields ofAfrica, New York, Routledge, 2000.

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de derribarlo y las muchas pequeñas guerras quesiguen siendo combatidas bien adentro de lasselvas del Congo”. Como un analista lo expresó:“El nivel nacional y el nivel local son dos cosasbien diferentes en el Congo”42.

Con todo, lo sobresaliente de las escisiones lo-cales es que están omnipresentes en las descrip-ciones a nivel de terreno de todas las guerrasciviles, y se sostienen en sociedades que estánmarcadamente polarizadas en términos de cla-ses43, religión44 y etnicidad45. No sería una exage-ración decir que las referencias a la disyunciónentre el centro y la periferia están presentes encasi cada relato descriptivo46.

Esta disyunción es consistente con la observa-ción de que las guerras civiles son “ribetes de lu-chas complejas”47 más que simples conflictosbinarios pulcramente ordenados a lo largo de unasola dimensión del asunto. En este sentido, las gue-rras civiles pueden ser entendidas como procesosque brindan un medio para que una variedad deofensas salgan a flote dentro de un conflicto ma-yor, particularmente a través de la violencia. ComoColin Lucas anota sobre la contrarrevolución en elsur de Francia, el conflicto revolucionario brindóun lenguaje para otros conflictos de naturaleza so-cial, comunal o personal48.

Una comprensión de la dinámica de la guerracivil tan sustancialmente configurada por las es-cisiones locales es también totalmente consisten-te con sugerencias recurrentes de que lasescisiones maestras con frecuencia fallan en te-ner en cuenta la naturaleza del conflicto y suviolencia49, y que la violencia puede no estar re-lacionada o no estar completamente relaciona-da con el discurso dominante de la guerra50;que las guerras civiles son imperfectas y que sonagregaciones fluidas de múltiples, más o menostraslapadas, más pequeñas, diversas y localiza-das guerras civiles51 que entrañan una compleji-dad bizantina52 y un astillamiento de laautoridad dentro de “miles de fragmentos ymicro-poderes de carácter local”53.

Esta evidencia se mofa de la intuiciónantropológica de que las políticas locales no sonsólo (o principalmente) la reflexión local de lapolítica nacional. En su análisis de la política lo-cal en Sri Lanka, Jonathan Spencer muestra que“a los aldeanos no les impusieron la política sim-plemente; más bien ellos se apropiaron de la po-lítica y la utilizaron para sus propios propósitos”.Él agrega que “la gente no era necesariamenteenemiga porque estuvieran en diferentes parti-dos; con frecuencia ellos terminaban en diferen-

42 Marc Lacey, “Letter from America: With all the little wars, big peace is elusive”, en The New York Times, 9 de abrilde 2003, p. A4.

43 David Stoll, Ob. Cit. Ted Swedenburg, Ob. Cit.44 Roger Dean, “Rethinking the civil war in Sudan”, en Civil wars, 3:1, 2000, pp. 71-79.45 Paul Richards, Fighting for the Rain Forest: War, Youth, and Resources in Sierra Leone, Portsmouth, N.H., Heinemann,

1996.46 Para evidencia similar, ver Chung Kunsik (en Yoon, 2002), Johnson, 2001, Schoppa, 2001, Cahen, 2000, Bax,

2000, Pettigrew, 2000, Romero, 2000, Schroeder, 2000, Bazen-guissa-Ganga, 1999b, Hart, 1997 y 1998,Besteman, 1996, Horton, 1998; McKenna, 1998, Starn, 1998, Brovkin, 1994, Stoll, 1993, Kriger, 1992, Lipman,1990, Groth, 1995, Linn, 1989, Jones, 1989, White, 1989, Collier, 1987, Perry, 1980 y 1984, Calder, 1984,Hinton, 1984, Marks, 1984, Cabarrús, 1983, McCoy, 1980, Fiennes, 1975.

47 Susan F. Harding, Remaking Ibieca: Rural Life in Aragon under Franco, Chapel Hill, University of North CarolinaPress, 1984, p. 59.

48 Colin Lucas, “Themes in southern violence after 9 Thermidor”, en Gwynne Lewis and Colin Lucas, Beyond theTerror: Essays in French Regional and Social History, 1194-1815, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp.152-194.

49 Roldan, 2002, Ob. Cit.50 Varshney, 2001, Ob. Cit.51 Anthony Beevor, The Spanish Civil War, London, Cassell, 2001; Anthony Loyd, My War Gone By, I Miss It So, New

York, Penguin, 2001.52 Michael Johnson, All Honourable Men: The Social Origins of War in Lebanon, London, Centre for Lebanese Studies

and I. B, Tauris, 2001.53 José Luis Ledesma Vera, “Espacios de poder, violencia y revolución: una perspectiva política de la represión en el

Aragón republicano durante la guerra civil”, en Antonio Morales Moya, El difícil camino a la democracia, Madrid,Sociedad Estatal Espana, Nuevo Milenio, 2001, pp. 249-268.

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tes partidos porque eran enemigos”. Por esto, élseñala: “Por lo menos parte de la aparente in-coherencia ideológica y sociológica de la alianzapolítica de los partidos” puede remontarse al he-cho de que la política brinda un medio para ex-presar conflictos locales:

Es posible ver una gran parte de la política dealdea como un poco más que el vestir las dispu-tas domésticas con los atavíos de la competiciónde los partidos políticos, explotando la expectati-va pública de problemas que acompañan a la po-lítica de partidos para poder ajustar cuentasprivadas en el idioma de los asuntos públicos. Lapolítica de partidos está establecida tan firme-mente en Sri Lanka, en parte debido a su afini-dad electiva con aquellos que están divididos oque están dividiendo las comunidades que deotra forma no poseen un idioma diario con elcual caracterizar su propia desunión: la políticaofrece justamente dicho idioma54.

Mientras que las escisiones locales no son deninguna manera el único mecanismo que produ-ce alianzas y violencia, éstas parecen tener un im-pacto sustancial en la distribución de las alianzasy también sobre el contenido, la dirección y laintensidad de la violencia. Esta evidencia brindasoporte a la idea de que ambas, la distribuciónde alianzas entre la población y la violencia quetiene lugar, son con frecuencia (aunque no siem-pre) una función de rivalidades localespreexistentes cuya conexión con la escisión queinforma sobre la guerra civil es tenue y suelta,aun cuando los conflictos estén enmarcados enla terminología discursiva de la escisión maestra.Por supuesto, la evidencia sólo puede seranecdótica ya que, por obvias razones, carece-mos de estudios sistemáticos sobre la dinámicade las guerras civiles a nivel local y también demedidas de las escisiones locales55. Dejando delado la con frecuencia cuestionable calidad de la

información agregada (macro) sobre las guerrasciviles, es importante señalar que la evidenciadisponible es particularmente impresionante ymerece atención ya que los estudios a nivelmacro consistentemente han pasado por alto ymal interpretado estas dinámicas. Aunque es im-posible asegurar en este punto el peso relativode las escisiones locales dentro y a través de laguerra, es necesario reconocer el significado deeste fenómeno; éste debería ser el chispazo queorigine un programa de investigación conducen-te a una declaración rigurosamente empírica so-bre su predominio. Un camino obvio es el deincorporar estas intuiciones dentro de modelosdeductivos cuyas predicciones puedan ser luegoprobadas independiente y sistemáticamente condatos finamente desgranados56.

Aunque omnipresentes en la literatura des-criptiva, estas dinámicas han sido pasadas poralto por los estudios a nivel macro tanto descrip-tivos como teóricos sobre las guerras civiles, conmuy pocas excepciones57. En su lugar, la mayoríade los relatos infieren identidades y acciones lo-cales e individuales directamente de la escisiónmaestra de la guerra. Las escisiones locales sonolvidadas por un número de razones. Primero, esuna división del trabajo separando las tareas derecoger evidencia a nivel micro e interpretar lasmacro-dinámicas; segundo, es una preferenciaepistemológica por lo universal sobre lo particu-lar y por lo fácilmente codificable sobre la evi-dencia desordenada; tercero, es la ambigüedadde las dinámicas a nivel local que en alguna for-ma es paralela a la distinción entre estructuras“objetivas” y acciones “subjetivas”58; cuarto, es elhecho de que las escisiones locales son típica-mente articuladas en el lenguaje de la escisiónmaestra de la guerra, con frecuenciainstrumentalmente. Para dar un ejemplo recien-te, las facciones locales en Afganistán se acusa-ron una a la otra de ser talibán o al-Qaeda, con

54 Jonathan Spencer, A Sinhala Village in a Time of Trouble: Politics and Change in Rural Sri Lanka, Oxford UniversityPress, 1990, pp. 12, 80, 184.

55 El Índice de la Fraccionalización Etno-Lingüística (ELF) no captura por supuesto las escisiones locales.56 S. Kalybas, The logic of violence in civil war, Unpublished manuscript, University of Chicago, 2003.57 Ídem.; Martín, 1994 y 2002.58 Es posible pensar sobre la envidia de la persona como una manifestación individual de lucha de clases (ejemplo,

Harding, 1984), o –de otra manera– la participación de una persona en la lucha abstracta de clases como unacoartada individual para la expresión de su envidia subjetiva individual. Crib, 1990, p. 28, hace una proclamabastante similar sobre la violencia que tuvo lugar en Indonesia 1965-1966, cuando argumenta que los asesinatosmotivados por rencores privados son políticos ya que tienen lugar en una atmósfera cargada donde “muy poquitono era político en un sentido o el otro, y los rencores caen dentro de este patrón más amplio de polarizaciónsocial”. Todavía más, es tanto valuable y posible desentrañar analíticamente a los dos.

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la intención de lograr que sus rivales fuesenbombardeados por la Fuerza Aérea de los Esta-dos Unidos59. Como resultado, los observadores yparticipantes inocentes incluyendo los más im-portantes tienden a confundir las escisiones loca-les60. En general, los estudios académicos confrecuencia comparten con las historiografías “ofi-ciales” la tendencia a borrar las divisiones proble-máticas internas –“fisuras de clase, actos detraición o iniciativas campesinas que sean inde-pendientes del control de las elites”– y a suavizar“los ribetes dentados del pasado”61.

Al mismo tiempo, los investigadores que estánafinados con la gran masa de los partidarios(antropólogos, periodistas, historiadores orienta-dos hacia lo micro) reportan estas dinámicaspero olvidan teorizarlas. Un punto de partida endirección hacia la teorización es el de esbozarunas pocas y amplias distinciones. Las escisioneslocales pueden ser preexistentes o inducidas porla guerra; ellas se pueden alinear ordenadamen-te con las escisiones centrales o subvertirlas, yellas pueden ser consistentes con el paso deltiempo o más fluidas y aleatorias.

La guerra activa las líneas de falla cuando setrata de escisiones locales preexistentes. Cuandolas escisiones locales previas a la guerra ya hansido politizadas e injertadas dentro de la estruc-tura nacional de escisiones, su autonomía y visi-bilidad en cuanto a las escisiones localesdisminuyen; y sin embargo, aun así la escisiónmaestra no las puede borrar. Para entender laviolencia, uno tiene que tener en cuenta las esci-siones locales según lo sugiere la siguiente des-cripción de East Tennessee durante la guerracivil americana:

La política de extender amplios poderes a losunionistas nativos y hacerlos socios en la ocupa-ción del East Tennessee tenía el objetivo de res-taurar un gobierno leal tan pronto como fuese

posible. Pero esa política combinada con las polí-ticas federales cada vez más duras conllevaba se-rios riesgos. Brindaba nuevas oportunidades paralos unionistas de tomar venganza contra lossecesionistas, y fomentaba más que constreñía laviolencia partidaria y el desorden. Los unionistastenían su propia agenda, una agenda que nosiempre engranaba con los fines federales, y estadiferencia con frecuencia creaba complicacionespara el comando de la Unión62.

En el más extremo de los casos, las escisioneslocales pueden perder toda autonomía y conver-tirse en meras manifestaciones locales de la esci-sión central. A la inversa, la escisión central puederamificarse en escisiones locales que permanecenactivas aun después de que la escisión central hayaterminado. Éste parece haber sido el caso de Co-lombia, donde la escisión ideológica de liberales yconservadores procreó segregación residencial ypatrones de matrimonio entre parientes63.

Con frecuencia, las escisiones locales sonpreexistentes sin haber sido injertadas dentro dela escisión maestra, lo que aumenta su visibili-dad. Es así como el conflicto entre royalistas yparlamentarios en Leicestershire durante la gue-rra civil inglesa fue también un conflicto entrelas familias Hastings y Grey que “se remontaba afeudos personales de más larga duración que laguerra civil; de hecho debido a su rivalidad porel control del país desde mediados del siglo die-ciséis. Para estas dos familias, la rebelión era, enun nivel, simplemente un escenario más amplioen su ya larga batalla por el dominio local”64. Laviolencia entre protestantes y católicos queirrumpió en el suroeste de Francia durante laRevolución Francesa no fue simplemente religio-sa; puso a competir a unas contra otras, a fami-lias particulares con un largo registro de feudosen el pasado: los Lanteiris contra los Labastine

59 El gobernador de la provincia de Khost, al sur de Afganistán, “dijo que estaba convencido que la mayoría de laactividad reportada como de al-Qaeda se trataba en realidad problemas tribales. Una tribu trata de eliminar a susrivales llamándolos al-Qaeda y haciendo que la coalición los bombardee”. Fuerzas de E. U., 2002, p. 3.

60 Los revolucionarios parisienses fallaron en agarrar la compleja dinámica de una guerra civil que se originó en elsur francés, en 1790-1791, entre las ciudades de Avignon y Carpentras; esto fue un choque menos sobre ideas yprogramas y más sobre el ajuste de cuentas personales y locales. Sin embargo, Robespierre enmarcó el conflicto enla línea de escisión nacional. Ver Martín, 1998 y Skinner, 1995.

61 Ted Swedenburg, Ob. Cit., p. 21.62 Noel C. Fisher, War at Every Door: Partisan Politics and Guerrilla Violence in East Tennessee, 1860-1869, Chapel Hill,

University of North Carolina Press, 1997, p. 143.63 James D. Henderson, When Colombia Bled: A History of the Violencia in Tolima, University of Alabama Press, 1985.64 Alan Everitt, “The local community and the great rebellion”, en R. C. Richardson, The English Civil Wars: Local

Aspects, Phoenix Mill, Sutton, 1997, pp.15-36.

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en Chamborigaud, los Dossier contra los Rouxen Vauvert y los Roussel contra los Devaulx enBagnols65. Igualmente, “la familia y la facción dic-taron el curso de la división de IRA en unidadesen todo Irlanda” durante la guerra civil. “Nueva-mente era los Brennans contra los Barretts enClare, los Hanniganites contra los Manahanitesen Limerick del este y los Sweeneys contra losO’Donnells en Donegal a medida que todos losfeudos se reiniciaron”66. El choque entre libera-les y conservadores en Colombia “con frecuenciacreció de la enemistad de larga duración entrelas familias. Los Urrego liberales, por ejemplo, seunieron a Franco, mientras que sus enemigos demucho tiempo atrás, los Cossio y Montoya deCaicedo hacían parte de las filas de la policía y lacontrachusma (bandas) conservadora en las ciu-dades cercanas”67. Los periodistas encuentran amenudo patrones similares: la guerra entre lamilicia pro-iraquí kurda jash y los rebeldeskurdos fue también un conflicto entre las fami-lias Sourchi y Barzani68; al otro lado de la fronte-ra, en el occidente de Turquía, la guerra étnicaentre los kurdos y el estado turco en el pobladode Ugrak fue también entre los Guclu y las fami-lias Tanguner y Tekin, ambas kurdas69.

La guerra puede originar nuevas escisioneslocales porque el cambio de poder a nivel localpuede perturbar arreglos delicados. Después deque los rebeldes de Sendero Luminoso nombra-ron nuevos líderes en la aldea, “la columna gue-rrillera se iría sin darse cuenta de que habíadejado atrás un cúmulo de contradicciones quequedaron sin resolver. Aun en aquellos casos enlos que no ocurrió ninguna rebelión manifiesta,la imposición de una nueva autoridad generó re-sentimientos iniciales y a los primeros campesi-nos aliados de las fuerzas armadas, los‘informantes’ (soplones) en la terminologíasenderista”70. En el valle central peruano de

Canipaco, la población gozó de una “especie deluna de miel” con Sendero Luminoso hasta queirrumpió una disputa entre dos comunidades so-bre la distribución de las tierras previamenteusurpadas por las haciendas:

La participación de cuadros armados de Sen-dero Luminoso del lado de una de las comunida-des en la confrontación masiva contra unaconfederación de comunidades rivales provocóuna ruptura con esta última, que decidió entre-gar a dos comandos senderistas que habían cap-turado en la refriega con las autoridades enHuancayo. Esta acción provocó las represalias deSendero Luminoso que culminaron con la ejecu-ción de trece líderes campesinos. Las víctimasfueron secuestradas de sus comunidades y asesi-nadas en la plaza central de Chongos Alto71.

Una de las más potentes escisiones producidaspor las guerras civiles es generacional: los rebeldes(y también los titulares) con frecuencia reclutangente joven que luego proceden a reprimir a losancianos de la aldea. La guerra puede también ba-jar el costo del comportamiento de oportunidaddisparando decenas de escisiones locales.

Cuando las escisiones locales subvierten lascentrales, los conflictos de facción emergen den-tro de los supuestamente unidos campos políti-cos. McCoy describe cómo dos facciones en lasVisayas Occidentales, Filipinas, se dividieron bas-tante uniformemente entre los regímenes de laresistencia y los colaboradores durante la ocupa-ción japonesa. Sin embargo, durante la guerra,miembros de la misma facción política en ladosopuestos cooperaron estrechamente los unoscon los otros, mientras que los miembros de fac-ciones opositoras dentro de la resistencia y delgobierno patrocinado por los japoneses, respec-tivamente, lucharon fieramente los unos contralos otros72. En forma similar, Carlos Rafael

65 Gwynne Lewis, The Second Vendee, Oxford, Oxford University Press, 1978.66 Peter Hart, The IRA and Its Enemies: Violence and Community in Cork, 1916-1923, New York, Clarendon Press, 1998.67 Roldan, 2002, Ob. Cit.68 C. J. Chivers, “Feud between Kurdish clans creates its own war”, en The New York Times, 24 de febrero de 2003, p.

A8.69 Karl Vick, “In Kurdish Turkey, a new enemy: Village guards, empowered during war, turn guns on returnees”, en

The Washington Post, 31 de octubre de 2002, p. A18.70 Carlos Ivan Degregori, “Harvesting storms: Peasant rondas and the defeat of Sendero Luminoso in Ayacucho”, en

Steve J. Stern, Shining and Other Paths: War and Society in Peru, 1980-1995, Durham, Duke University Press, 1998,pp. 128-157.

71 Nelson Manrique, “The war for the central Sierra”, en Steve J. Stern, Ob. Cit., pp.193-223.72 Alfred W. McCoy, Ob. Cit., pp. 191-245.

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Cabarrús nos muestra que en algunas de las co-munidades rurales que él estudió en El Salvador,los conflictos de parentela causaron importantesdivisiones dentro de las facciones políticas73.

Un enfoque exclusivo en escisiones (tanto lo-cales como no locales) fallaría en tener en cuen-ta la variación en los niveles de persecución. Lasescisiones locales pueden ser compatibles tantocon una escalada de la violencia cuando las fac-ciones opuestas tratan de tomar ventaja, y conmoderación cuando cuentan con los medios deefectuar arreglos locales, pueden anticipar co-operación futura y acudir a una política de gru-po efectiva en orden de prevenir una escaladadescentralizada74. Responder por la violenciarequiere que las dinámicas locales estén in-crustadas en un análisis de las dinámicas de laguerra, especialmente de la lógica del controlterritorial75.

Resumiendo, el examinar las escisiones loca-les abre un fascinante mundo de posibilidadesempíricas para explorar los diversos caminos, tra-yectorias, modalidades y combinaciones de esci-siones centrales y locales como también de susconsecuencias. La investigación sobre elclientelismo76, las redes77 y las facciones locales78

constituye una fuente obvia a este respecto.

I M P L I C AC I O N E S T E Ó R I C A S

Es posible pasar por alto la dinámica a nivelmicro si la meta es lograr una interpretaciónhistórica del conflicto a nivel macro y a largoplazo. El hecho de que la mayor parte de la vio-lencia en Missouri durante la guerra civil ameri-cana estuviese más relacionada con conflictoslocales que con el problema de laesclavitud79 recorta las amplias líneas de las in-

terpretaciones estándar a nivel macro de la gue-rra civil americana sólo en parte, mientras quetambién causan una pérdida de la eficacia des-criptiva. Sin embargo, el análisis de la dinámicade la guerra civil (cómo y por qué la gente seune o huye, cómo se ejecuta la violencia, etc.)es imposible sin prestarle atención minuciosa ala dinámica local. Dicha atención es tambiénnecesaria para lograr un estrecho ajuste entre lateoría80 a nivel micro y macro, y para la interpre-tación de conclusiones a nivel nacional sobrevariables clave tales como el comienzo, la dura-ción y la terminación de las guerras civiles. Porejemplo, uno de los pronósticos más fuertes delcomienzo de la guerra civil, el producto internobruto puede capturar en parte el efecto de lasescisiones locales81; estados pobres y subdesarro-llados han fallado en penetrar su periferia efec-tivamente, lo que habría reducido el relieve delas escisiones locales82 creando así oportunida-des para que los rebeldes las exploten.

Siguen a continuación varias implicacionesteóricas de la comprensión de las guerras civilesinformadas por la dinámica de las escisiones lo-cales. Las etiquetas de identidad deberían mane-jarse con precaución: los actores de la guerracivil no pueden ser tratados como si fueran uni-tarios. Las etiquetas acuñadas al centro puedenser engañosas cuando son generalizadas a nivellocal; por tanto, las motivaciones no pueden serderivadas de identidades en la cima. La inter-cambiabilidad de los individuos subyacente alconcepto de conflicto y violencia de grupo esmás variable que constante. Es tan probable queel lugar de la acción pueda estar en el fondocomo en la cima, de manera que los civiles nopueden ser tratados como actores pasivos, mani-

73 Carlos Rafael Cabarrús, Génesis de una revolución: análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en ElSalvador, México, D.F., Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1983.

74 James D. Fearon y David D. Laitin, “Explaining interethnic cooperation”, en American Political Science Review, 90:4,1996, pp. 715-735.

75 S. Kalybas, 2003, Ob. Cit.76 Piattoni, 2001, Ob. Cit.77 Gould, 1995, Ob. Cit.78 Aschenbrenner, 1987, Ob. Cit.79 Michael Fellman, Inside War: The Guerrilla Conflict in Missouri during the American Civil War, New York, Oxford

University Press, 1989.80 Nicholas Sambanis, “A review of recent advances and future directions in the literature on civil war”, en Defense and

Peace Economics, 13:2, 2002, pp. 215-243.81 Fearon y Laitin, 2003, Ob. Cit.82 Seymour M. Lipset y Stein Rokkan, Party Systems and Voice Alignments, New York, Free Press, 1967.

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83 David Stoll, Ob. Cit. Ted Swedenburg, Ob. Cit.84 Raymond C. Kelly, Warless Societies and the Origin of War, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2000.85 Kevin Toolis, Rebel Hearts: Journeys within the IRA’s Soul, New York, St. Martin’s Griffin, 1997.86 Paul D. Escott y Jeffrey J. Crow, “The social order and violent disorder: An analysis of North Carolina in the

Revolution and Civil War”, en The Journal of Southern History, 52:3, 1986, pp. 373-402.

pulados o invisibles; más aún, ellos con frecuen-cia manipulan a los actores centrales para quearreglen sus propios conflictos.

La primacía analítica actualmente disfrutadapor las escisiones maestras implica que las diná-micas locales son percibidas como una mera (ymás bien irrelevante) manifestación local de laescisión central; los efectos posteriores de accio-nes y decisiones tomadas a niveles más altos sonautomáticos y sin problemas. Con esta perspecti-va, los actores locales sólo pueden ser réplicas delos actores centrales y su estudio sólo se justificacon base en la historia local o en un anticuadointerés. Se sigue con que no es problemático ge-neralizar directamente del nivel central al local;en otras palabras, que los actores (por ejemplo,los serbios) sean unitarios, y que los motivos (porejemplo, dominio étnico) sean válidos para to-dos los miembros individuales y acciones inclui-da la violencia. Así, hablamos de actores talescomo shias, albaneses o trabajadores después dela descripción de las guerras civiles alrededor delos temas “modulares” como religión, etnicidado clases sociales. Estas etiquetas no son neutrales;típicamente ellas implican una teoría decausalidad. Las guerras civiles (y su violencia)son asumidas como directamente causadas porescisiones religiosas, étnicas o de clase.

Sin embargo, la disyunción entre escisionescentrales y locales reta la validez de dichas eti-quetas. Aunque las escisiones maestras infor-man y motivan la dinámica local en gradodiverso, la disyunción observada entre las dossuscita interrogaciones críticas sobre la dinámi-ca de la guerra civil y su violencia. Igualmente,la tendencia pronunciada a inferir motivacionesdirectamente de identidades en el centro es mi-nada. La violencia en una guerra étnica o declase puede que no sea una violencia ni étnicani de clase. Por ejemplo, Stoll muestra cómo losprimeros indios ixil que colaboraron con los re-beldes en Guatemala “no eran trabajadores po-bres de plantación por temporada como losestrategas [rebeldes] parecen haberlo anticipa-do. En lugar de ello, eran hombres prominen-tes de San Juan Corzal, comerciantes ycontratistas relativamente bien establecidos que

deseaban enlistar a los guerrilleros en los amar-gos feudos políticos de su ciudad”. A la inversa,sus enemigos locales “que se habían desacredi-tado ellos mismos en sus cargos y estaban sien-do derrotados en las elecciones podían ahoradenunciar a sus oponentes con el ejército”83.

El concepto de conflicto de grupo o violenciade grupo (y, por tanto, conflicto étnico y violen-cia étnica y así consecutivamente) entraña la to-tal inter-cambiabilidad de los individuos, ya seacomo participantes y perpetradores o como obje-tivos. “El conflicto de grupo” tiene sentido sólo silos miembros del grupo son totalmentesustituibles unos por los otros84. Si los objetivosde la violencia son seleccionados alrededor deparámetros que van más allá de los atributos degrupo, entonces la violencia no puede ser descri-ta como simplemente étnica, de clase, etc. Unaindicación de que éste puede ser el caso es la na-turaleza altamente íntima de la interacción, par-ticularmente si está expresada en violencia:

La Brigada de East Tyrone [del IRA] no eraun ejército sino una banda, una compañía de úl-timo minuto sin fundamento, de campesinos or-dinarios, mecánicos, conductores de tractor,desempleados, extraños profesores de escuela,herederos de los desposeídos que se reunieronjuntos para matar a enemigos particulares cono-cidos como Edward Gibson, Thomas Jameson yHarry Henry. El IRA no estaba combatiendo unaguerra sino una campaña esporádica de asesina-tos en las pequeñas comunidades rurales deTyrone para atacar al enemigo en su medio [esteénfasis es mío]85.

A pesar de la política de clase denunciada enla América revolucionaria, existe un consensoentre los historiadores en que las tensiones declase no pueden explicar las amplias variacionesen los niveles de violencia de exterminio mutuoen Virginia y en las Carolinas86. Lo mismo pare-ce ser cierto en Nicaragua: “Existían pobrescampesinos que corrían a decirle a la Guardiacuando veían a los sandinistas, y había miem-bros de familias ricas urbanas que desertabande las guerrillas y les contaban a las autoridadestodo lo que ellos sabían acerca de sus antiguos

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87 Matilde Zimmerman, Sandinista, Durham, N.C., Duke University Press, 2000.88 Mart Bax, “Warlords, priests and the politics of ethnic cleansing: A case study from rural Bosnia Herzegovina”, en

Ethnic and Racial Studies, 23:1, 2000, pp. 16-36.89 Toolis, 1997, Ob. Cit, p. 35.90 Ídem.91 Agustin De Foxa, Madrid de Corte a Checa, Barcelona, Planeta, 1993.92 Kemal Pervanic, The Killing Days: My Journey through the Bosnian War, London, Blake Publishing, 1999.93 Perkins, 1999, Ob. Cit. Se pueden encontrar ejemplos similares en Rwanda. Des Forges reporta un caso donde una

familia hutu fue asesinada después de haber sido denunciada por ser tutsi por los vecinos, “quienes deseaban su

compañeros”87. En algunas áreas de la predomi-nantemente croata rural Herzegovina, muchode la violencia durante los noventa fue una con-secuencia de las enemistades locales88. La vio-lencia entre la aldeas vecinas de Coagh yArdboe en Irlanda del Norte, que costó la vidade 30 hombres en el espacio de tres años afinales de los ochenta e inicios de los noventa(para una población combinada de un pocomás de mil personas) no se trató simplementede violencia entre el Ejército Republicano Irlan-dés Católico y la Fuerza Voluntaria Protestantede Ulster, sino sobre una “amarga enemistad” yel “más reciente ciclo de un feudo de sangre”que colocó a estas dos aldeas en particular unacontra la otra. En otras palabras, la naturalezade la violencia en esta área no puede ser enten-dida como una simple referencia a la escisiónreligiosa en Irlanda del Norte, sino que requie-re conocimiento sobre la escisión local entreCoagh y Ardboe89.

Lo mismo va para los individuos. Con frecuen-cia, la escisión maestra establece la línea básicaque determina cuáles son los grupos relevantes.Sin embargo, la presunción es de que la no inter-cambiabilidad de los individuos es violada con laintroducción de un criterio de selección secunda-ria basado en características individuales no rela-cionadas con la identidad de grupo. Los motivosvarían, pero el rencor y el saqueo parecen preva-lecer. La persecución intergrupal incitada por elsaqueo entre los vecinos es común90. Debido aque la escisión de clase definía las identidades re-levantes de grupo en la Barcelona republicana du-rante la guerra civil española, los porteros, lassirvientas y otro personal doméstico en barrios debuena clase podían perseguir a las familias de cla-se media y alta que residían en los edificios dondeellos trabajaban91. Más aún, como un residente deBarcelona me dijo, los porteros con frecuencia se-leccionaban ellos mismos a sus víctimas individua-les basados en sus propios rencores que iban másallá de las divisiones de clase.

La selección individualizada puede tener lu-gar aun bajo extremas circunstancias de limpiezaétnica y genocidio. Un antiguo prisionero delnotorio campo de Omarska en Bosnia describela violencia infligida por los guardias serbios alos prisioneros musulmanes. Un día, un guardiaserbio vino durante la noche e insultó a un pri-sionero, quien, como un juez, lo hizo multar poruna ofensa de tráfico a finales de los setenta. Enotra ocasión:

Sakib Pervanic, un hombre de treinta y dosaños de mi pueblo, “desapareció” debido a unviejo rencor contra su padre. El padre de Sakib,Mustafa, había hecho negocios con RadeGruban, pero al pasar los años no habían arre-glado algunas deudas de negocios. Rade era pro-pietario de un par de pequeñas tiendas deabarrotes donde también vendían artículos parael hogar. Una de las tiendas quedaba en el pue-blo. Este negocio iba bien y él decidió expandir-lo con ventas al por mayor de cemento, pero notenía el espacio suficiente para almacenarlo.Mustafa le permitió usar parte de su sótano paraeste propósito, pero no pudieron ponerse deacuerdo en el precio del arrendamiento. Comoresultado, Mustafa se negó a pagarle a Rade poralgunos artículos que él había comprado a crédi-to. Rade ahora deseaba vengarse, pero Mustafaestaba en el campo, en Trnopolje. Eso lo salvó aél pero no a su hijo92.

Después de que la guerra de Kosovo terminó,un periodista reportó que:

el capitán Kevin Lambert me contó sobre unamujer albanesa que acusó a un serbio de secues-trarla durante la guerra. Las tropas del capitánLambert arrestaron al hombre, pero al investigardescubrieron que la familia de la mujer había es-tado presionándolo para que les vendiera suapartamento. ¿Era éste un caso de acusar falsa-mente a un serbio para conseguir su apartamen-to? Sin pruebas, el ejército de Estados Unidosdecidió que sí lo era93.

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riqueza”. Prunier, 1995, p. 203, reporta que milicianos hutu usaron su poder para “ajustar litigios privados”;“viejas cuentas privadas fueron pagadas con sangre”. Después del genocidio, Prunier, 1995, p. 358, señala quealdeanos hutu inocentes “fueron señalados por vecinos envidiosos que deseaban apoderarse de sus propiedades”.

94 Jan T. Gross, Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland’s western Ukraine and western Belorussia, Princeton,Princeton University Press, 1988.

95 Roldan, Ob. Cit.96 Kay B. Warren, Indigenous Movements and Their Critics: Pan-Maya Activism in Guatemala, Princeton, Princeton

University Press, 1998.97 Juliet Du Boulay, Portrait of a Greek Mountain Village, Oxford, Oxford University Press, 1974.98 Thaxton, 1997, Ob. Cit.99 Sudhir Kakar, The Colors of Violence: Cultural Identities, Religion, and Conflict, Chicago, University of Chicago Press,

1996.

La observación de Jan Gross sobre la violenciaque irrumpió en la parte occidental de Poloniadurante la ocupación soviética de 1939 capturaparticularmente bien este aspecto del rencor pri-vado:

Aunque todavía mucha de la violencia re-presentaba una explosión de conflictosétnicos, religiosos y nacionalistas, no obstantesu intimidad me chocó. Con más frecuenciaque no, las víctimas y sus verdugos se conocenunos a otros personalmente. Aún después devarios años, los sobrevivientes todavía mencio-nan nombres. Definitivamente, la gente tomaesta oportunidad para vengarse por daños persona-les del pasado [énfasis mío]94.

Debido a la importancia prevalente de la cimaa expensas del fondo, existe una pronunciada ten-dencia a localizar la acción de la violencia en loanterior; de ahí la propensión a retratar la violen-cia de las guerras civiles como si fuese externa-mente impuesta sobre los desprevenidos –y portanto inocentes– civiles95. Desde este punto de vis-ta, los civiles son objetos más que sujetos de la vio-lencia. Los campesinos guatemaltecos tienden adescribir la guerra civil como “algo en lo que lascomunidades rurales están involucradas pero sinser de su autoría”96. Refiriéndose a la experienciade una aldea griega durante la guerra civil de Gre-cia, un antropólogo anotó: “Los aldeanos fueroncomo siempre las víctimas de las luchas de otros,más que un elemento activo de la lucha en sí”97.Esta perspectiva es sucintamente expresada en va-rios adagios sobre las proverbiales hormigas atra-padas en la pelea entre los elefantes y los búfalos.En efecto, mucho del discurso contemporáneosobre los derechos humanos implica esta presun-ción, que también se hace eco en las teoríasinstrumentalistas del conflicto étnico donde losindividuos son manipulados por los políticos en

pos del poder político. Cuando no son vistoscomo víctimas, los individuos simplemente des-aparecen. Ellos son agregados a los grupos (“losserbios”, “la gente”) cuyas acciones son dirigi-das por otros. El término “marioneta” que seutilizó para describir al ejército colaborador du-rante la ocupación japonesa de China y otras si-tuaciones similares en otras partes98, indica elpredominio de una teoría de “instigador” delconflicto violento. Esta teoría no es necesaria-mente inexacta, especialmente cuando el enfo-que es justo sobre la parte visible de laviolencia; sin embargo, socava o niega categóri-camente que existan también “instigadores”cuya participación es esencial para transformarla animosidad en violencia99.

Muchas de las descripciones detalladas de laviolencia sugieren la presencia de considerablesuministro e iniciativa locales en la producciónde ésta. En lugar de ser impuesta sobre las comu-nidades por extraños, esta evidencia sugiere quela violencia, con frecuencia (pero no siempre),crece desde el interior mismo de las comunida-des aun cuando ésta sea ejecutada por forasteros;es, en otras palabras, íntima. El siguiente análisisde Sinn Féin, concejal de Coalisland, Irlanda delNorte, sugiere que la escisión “religiosa” en estaárea, aunque activada sobre la misma línea de laescisión maestra del conflicto, coincide en partecon un conflicto (local) entre dos subconjuntosde gente en Coagh y Coalisland, distinto de otrosconflictos locales entre los grupos protestantes ycatólicos a través de Irlanda del Norte:

El UDR [Regimiento de Defensa de Ulster]de Coagh vino a Coalisland, que es una ciudadnoventa y nueve por ciento nacionalista, y patru-lló alrededor de la ciudad. Ellos podían parar alos escolares en su camino a la escuela, les regis-traban sus maletas escolares, o paraban los au-tos... Ellos requisaban y leían todo, cartas,

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100 Citado en Toolis, 1997, Ob. Cit., p. 42.101 Listas de nombres son comunes en las guerras civiles. Éstas han sido usadas, entre otros lugares, durante la guerra

de guerrillas en Navarra (Tone, 1994), la guerra civil americana (Ash, 1995; Fellman, 1989), la guerra civil rusa(Werth, 1998), la guerra civil española (Ledesma Vera, 2001), Malaya (Kheng, 1908), Italia (Fenoglio, 1973), Laviolencia colombiana (Roldan, 2002), Algeria (Faivre, 1994), Vietnam (Herrington, 1997; Wiesner, 1988), Angola(Maier, 1995), Liberia (Outram, 1997; Ellis, 1995), Guatemala (Carmack, 1988; Stoll, 1993; Paul y Demarest,1988), Punjab (Gossman, 2000), las Filipinas (Berlow, 1998), Bosnia (Pervanic, 1999), Colombia (Rosenberg,1991); Arn-son y Kirk, 1993), Sierra Leona (Richards, 1996), Congo-Brazzaville (Bazenguissa-Ganga, 1990a). Losrumores de que las listas de nombres han sido compiladas también es prevalente (Kaufman, 2001).

102 Citado en Hank Nelson, “Taim Bilong Pait. The impact of the Second World War on Papua, New Guinea”, enAlfred W. McCoy, Ob. Cit., pp. 246-266.

103 Stephen V. Ash, When the Yankees Came: Conflict and Chaos in the Occupied South, 1861-1865, Chapel Hill, Universityof North Carolina Press, 1995.

104 Vladimir N. Brovkin, Behind the Front Lines of the Civil War: Political Parties and Social Movements in Russia, 1918-1922,Princeton, Princeton University Press, 1994.

105 Roldan, Ob. Cit.106 Jeremiah Moses Essien, In the Shadow of Death: Personal Recollections of Events during the Nigerian Civil War, Ibadan,

Heinemann, 1987.

documentos privados de su abogado, aun cuan-do fuera obvio que no había ninguna conexióncon la fuerza de seguridad. El hombre del UDRpodía leer cualquiera de esos documentos; másaún, podía contar las monedas que usted llevabaen sus bolsillos, aun cuando él era su vecino máspróximo. La única calificación que necesitaba eraque él era miembro de la UDR. Esto condujo auna gran tensión... Esto hacía sentir a la gentehumillada y engendró una total hostilidad contrala comunidad leal y dio la impresión de que erauna guerra de católicos contra protestantes. Perono tenía nada que ver con la religión; era simple-mente el hecho de que una sección de la comu-nidad se armó contra la otra mientras se privabaa esa otra sección de cualquier medio para de-fenderse [mi propio énfasis]100.

Las descripciones de la policía, el ejército, olos barridos, arrestos o asesinatos de la guerrillarevelan que la violencia en las guerras civiles en-traña a menudo la participación de los miem-bros de la comunidad, quienes actúan ya seacomo proveedores de la información o (con me-nos frecuencia) como participantes en formamás directa. La dependencia de los actores polí-ticos sobre la información local es típicamenteexpresada por el uso muy difundido de las listasnegras, según lo sugiere el siguiente reporte deColombia:

Por lo menos ocho campesinos fueron asesina-dos en la villa del norte de San Roque en lo que lapolicía reportó sospechaban que era un ataque dela guerrilla de derecha o paramilitares. Pistolerosmataron a cuatro miembros de una familia en

una estación de gasolina, luego entraron en lacasa de cuatro trabajadores del campo y abrieronfuego después de verificar su identidad contrauna lista que llevaban, dijo la policía. El área estambién con frecuencia escenario de ataques porparte de la guerrilla de izquierda101.

En su juicio de la posguerra, el teniente gene-ral Takeo Ito, un comandante japonés en Papúa,Nueva Guinea, le dijo a los jueces que las listasde ejecuciones eran recopiladas de esta forma:“La información de que una persona era un es-pía y había hecho contacto con los soldados aus-tralianos era dada por un nativo a un soldadojaponés”102. Cuando las fuerzas federales invadie-ron a Arkansas Central en 1863, una delegaciónde unionistas de Pine Bluff fue a encontrarsecon ellos; las tropas procedieron a saquear las ca-sas de los simpatizantes de los rebeldes; como unresidente anotó, “ellos sabían el nombre de cadauno y dónde vivían ellos”103. Después de que losblancos capturaron una ciudad durante la gue-rra civil rusa, “era suficiente con que alguien se-ñalara con un dedo” para que una personamuriera104. La lista de víctimas en la ciudad co-lombiana de Buriticá era rutinariamente presen-tada con anticipación al cura párroco para suaprobación105. Después de haber sido denuncia-do y arrestado, durante la guerra civil de Biafra,un hombre recordó: “No debería volver a Uyoporque mi gente está detrás de mi sangre”106.Casi cada caso de aparente violenciaindiscriminada en Guatemala descrita en detallepor Robert Carmack y sus asociados resultó ha-ber entrañado alguna forma de información lo-

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107 Robert M. Carmack, “The story of Santa Cruz Quiche”, en Robert M. Carmack, Harvest of Violence: The MayaIndians and the Guatemalan Crisis, Norman, University of Oklahoma Press, 1988, pp. 39-69.

108 Barry Bearak, “Crisis in the Balkans: The atrocities; Kosovo town’s tale of betrayal and massacre”, en The New YorkTimes, 6 de mayo de 1999, p. AI.

109 Joseba Zulaika, Basque Violence: Metaphor and Sacrament, Reno, University of Nevada Press, 1988.110 Susan F. Harding, Remaking Ibieca: Rural Life in Aragon under Franco, Chapel Hill, University of North Carolina

Press, 1984.111 Thucydides, History of the Peloponnesian War, trans. Rex Warner, London, Penguin, 1972.112 “Y muchos ciudadanos para vengar injurias privadas los condujeron a las casas de sus enemigos; porque era

suficiente que una sola voz gritara en medio de la multitud: ‘A la casa de tal o cual’, o que aquel que sostenía elestandarte en sus manos se volviera hacia él”. Maquiavelo, 1988, libro 3, párrafo 15.

113 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Mayer, trans. George Lawrence, New York, Harper and Row, 1969.114 Kay B. Warren, Indigenous Movements and Their Critics: Pan-Maya Activism in Guatemala, Princeton, Princeton

University Press, 1998.115 Juliet Du Boulay, Portrait of a Greek Mountain Village, Oxford, Oxford University Press, 1974.

cal: listas de nombres utilizadas en masacres delejército compuestas con información suministra-da por la gente local, “órdenes para matar... te-nían un origen local”, y la gente era asesinadadespués de la intervención de viejos enemigos107.Los serbios locales participaron en la masacre decerca de 40 albaneses étnicos en el pueblo deSlovinje en Kosovo (abril 15 y 16 de 1999); deacuerdo con un testigo, “cuando vino el ejército,nuestros propios serbios se colocaron una másca-ra y participaron de la matanza. Ellos sabían aquién escoger. Ellos sabían quién tenía dine-ro”108. Una mujer campesina vasca, cuya familiasufrió a manos de los nacionalistas durante laguerra civil española, lo resume mejor: “No fueFranco el que nos hizo daño, sino la misma gen-te de acá, de la aldea”109.

La participación local es compatible con todotipo de motivos, desde el más ideológico hasta elmás oportunista. La evidencia sugiere que unmotivo clave es el que arregla las disputas priva-das no relacionadas con la escisión maestra de laguerra. Muchos actos de violencia que en la su-perficie (y para los extraños) parecen haber sidogenerados por motivaciones exclusivamente polí-ticas, resultan con frecuencia y bajo estrechoexamen haber sido “causados no por políticasino por odios personales, venganzas y envi-dia”110. Tucidides sostiene que el crimen perso-nalmente motivado enmascarado por unpretexto político es una de las característicasesenciales de la guerra civil111, mientras queMaquiavelo describe la situación donde motinespolíticamente motivados ofrecen un pretextopara la violencia privada112. Tocqueville hace unaobservación similar cuando argumenta que “el

interés privado que siempre juega el mayor pa-pel en las pasiones políticas, es... hábilmente es-condido bajo el velo del interés público”113. En suestudio sobre Guatemala, Kay Warren encuentraun “mensaje más profundo” escondido en losapuntalamientos locales y privados de un asesina-to que parece político e impersonal114. Elantropólogo que afirma que los aldeanos griegosfueron “siempre las víctimas de las luchas deotros más que un elemento activo de la luchamisma” enumera unas páginas más adelante ensu libro, un sinnúmero de motivos privados de-trás de la violencia de la guerra civil griega; porejemplo, “un hombre se unió a los comunistascon la intención expresa de matar a un herederorival de su padre”115.

Las historias de Aristogiton y Harmodios deuna parte y de Pavlik Morozv de la otra, son par-ticularmente sugerentes en este respecto.Tucidides cuenta la historia de Aristogiton yHarmodios, dos atenienses reconocidos por ha-ber matado al dictador Hiparcos: “De hecho laaudaz acción tomada por Aristogiton yHarmodios fue debido a un lío amoroso. Ya lesexplicaré en más detalle esto y les mostraré a losmismos atenienses que no son mejores que otraspersonas cuando se trata de producir informa-ción exacta sobre sus propios dictadores y los he-chos de su propia historia”. Parece ser queHiparcos, sin éxito, se acercó a Harmodios, “unhermoso joven en la flor de su juventud, quienera amado y poseído por Aristogiton”.Harmodios rechazó las insinuaciones deHiparcos y le contó a Aristogiton, “quien estandoenamorado como estaba, se enojó terriblementey tuvo miedo de que Hiparcos, con todo su po-

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116 Tucidides, libro 6, 1972, párrafo 54-59.117 Sheila Fitzpatrick y Robert Gellately, “Introduction to the practices of denunciation in modern European history”,

en Sheila Fitzpatrick and Robert Gellately, Accusatory Practices: Denunciation in Modern European History, 1189-1989,Chicago, University of Chicago Press, 1997, pp. 1-21.

118 Milton Finley, The Most Monstrous of Wars: The Napoleonic Guerrilla war in Southern Italy, 1806-1811, Columbia,University of South Carolina Press, 1994.

der, pudiera tomar a Harmodios por la fuerza.Por tanto, él comenzó inmediatamente y hastadonde pudo desde su posición a conspirar paraderrocar a la dictadura”. Eventualmente, des-pués de una complicada secuencia de eventos,Harmodios y Aristogiton asesinaron a Hiparcos.Como concluye Tucidides: “De esta forma laconspiración de Harmodios y Aristogiton se ori-ginó en el sentimiento herido de un amante”116.Pavlik Morozov fue el joven soviético que infor-mó sobre su padre kulak y que luego fue asesina-do por sus tíos en venganza de ello, enseptiembre de 1932. Pavlik se volvió famosocuando el régimen soviético lo promovió comoel honesto joven pionero que en una situaciónde lealtad conflictiva entre la familia y el Estado,noblemente colocó primero los intereses del Es-tado. El escritor Máximo Gorky citó a PavlikMrozov como un ejemplo de heroísmo soviético,y por décadas Pavlik fue tratado como el santopatrón de los pioneros y elogiado en monumen-tos públicos, reuniones y libros inspiradores paraniños. Sin embargo, los anticomunistas mencio-naron su caso como un indicativo del decaimien-to moral del totalitarismo, donde el controlideológico minaba y destruía hasta los lazos fami-liares. Pero una cuidadosa investigación descu-brió una motivación diferente detrás de laacción de Pavlik: su padre, el presidente del so-viet local rural, había abandonado a su mujer ehijos y se había ido a vivir con una mujer más jo-ven de la misma aldea. Pavlik denunció a su pa-dre ya sea por resentimiento personal (como elhijo mayor a los 13 o 14 años, él tenía que cui-dar de su familia) o porque fue instigado por sumadre por venganza o por un primo que queríaser presidente del soviet rural117.

Por toda su manifiesta importancia, este as-pecto de la violencia permanece oculto a la ma-yoría de los observadores, quienes cuando nodesechan toda la violencia como “criminal”, tien-den a codificarla automáticamente como “políti-ca” (étnica, religiosa, partidaria, etc.). En efecto,la violencia de las guerras civiles es descrita y cla-sificada como “violencia política”. La mayoría delos estudios macro no hacen caso del contenidoprivado de la “violencia política” y descifran mal

los casos individuales. Sin embargo, identificar elmodo de operar es altamente consecuencial des-de un punto de vista teórico.

Los intersticios de la violencia política y priva-da brindan espacio considerable para la manipu-lación, un hecho notado por igual tanto por losparticipantes como por los observadores. Porejemplo, las tropas francesas enviadas porNapoleón a suprimir la rebelión en Calabria en1807, observaron que la gente local estaban se-cuestrando su guerra. Los voluntarios que seunieron a los guardias cívicos tenían una:

tendencia a proseguir la venganza local muydistante del esfuerzo de la guerra. Existe muchaevidencia de que el deseo de resolver una ene-mistad de larga vigencia con una familia rival lo-cal era un fuerte impulso para unirse a laGuardia Cívica. En varias ocasiones, los residen-tes del pueblo pidieron a los franceses que lespermitieran ejecutar a prisioneros calabreses queeran miembros de una familia rival o de un pue-blo rival118.

Esto ciertamente hace eco en los recientes de-sarrollos contemporáneos en Afganistán e Irak.

Aunque en algunas instancias políticas los ac-tores gustosamente suscriben facciones localesen cada respecto, en otras instancias ellos sonmanipulados por dichas facciones y dirigidos aactuar en formas que de otra manera ellos hu-bieran preferido evitar. Los actores locales algu-nas veces tienen éxito en lograr que los actorescentrales dirijan su violencia en contra de enemi-gos privados, describiéndolos en el idioma de laescisión maestra. La visión comparativa de SheilaFitzpatrick y Robert Gellately de denuncia de lasdictaduras europeas resalta exactamente estepunto:

Debido a la aceptación excepcional del Esta-do totalitario a recibir denuncias de los ciudada-nos y de actuar a partir de ellas, los formidablespoderes de ese Estado quedaron a la disposiciónde ciudadanos individuales. Si usted tiene unenemigo privado, ¿por qué no denunciarlo antela policía como judío o troskista? Luego laGestapo o el NKVD lo llevarán lejos a un campode concentración y su problema estaría resuel-

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119 Sheila Fitzpatrick y Robert Gellately, Ob. Cit., pp. 1-21.120 Benedict J. Kerkvliet, The Huk Rebellion: A Study of Peasant Revolt in the Philippines, Berkeley, University of California

Press, 1977.121 Carlos Rafael Cabarrús, Ob. Cit.122 David Stoll, Ob. Cit. Ted Swedenburg, Ob. Cit.123 Joyce Pettigrew, “Parents and their children in situations of terror: Disappearances and special police activity in

Punjab”, en Jeffrey A. Sluka, Death Squad: The Anthropology of State Terror, Philadelphia, University of PennsylvaniaPress, 2000, pp. 204-225.

124 Ralph Thaxton, Salt of the Earth: The Political Origins of Peasant Protest and Communist Revolution in China, Berkeley,University of California Press, 1997.

to... Este tipo de denuncia manipuladora fue ex-tremadamente común en ambas sociedades. Losenemigos de clase fueron denunciados en laUnión Soviética de Stalin por vecinos que codi-ciaban sus apartamentos; los judíos fueron de-nunciados por sus vecinos en la Alemania nazicon el mismo propósito y con éxito similar119.

Tanto durante la ocupación japonesa de Fili-pinas como durante la rebelión Huk, las autori-dades locales tomaron ventaja de la situación“para resolver viejas disputas de los días antes dela guerra acusando a sus enemigos de estar con-tra el gobierno sin mostrar ninguna prueba deello”120. En El Salvador, las disputas por agua ypor tierras entre las familias campesinas, comotambién los conflictos por el poder político lo-cal, llevaron a la violencia porque “ellos trataronde resolverlas utilizando a los grupos políti-cos”121. En una ciudad de Guatemala, “a medidaque los guerrilleros ingresaban a las relacionessociales locales, les presentaban a los vecinos quesentían que habían sido engañados en la distri-bución de las tierras; [eran] nuevas formas desaldar sus cuentas”122. Algunas veces, el procesoconlleva cadenas más complicadas de principalesy agentes, como en la siguiente descripción dePunjab, India:

Indudablemente las animosidades entre fac-ciones y familias dentro de los pueblos son ex-plotadas por el Estado como una forma deentorpecer el desarrollo de nuevas lealtades. Ensu lucha contra el terrorismo, la policía interfie-re en peleas maritales y disputas por las tierrasen los pueblos, apoyando y por tanto comprome-tiendo a una de las partes. Falsas denuncias se-rían registradas por una de las partes en disputacon apoyo del estado, al efecto de que el opo-nente tiene lazos con el terrorismo. La naturale-za individual de las grandes peleas sobre lastierras entre y dentro de las familias... [fue]eclipsada por el uso muy difundido de dichas pe-

leas por la policía. Las disputas se salieron decontrol cuando la policía, como instrumentosdel Estado, usó todos estos dichos conflictos paraprogresar en su misión contra el terrorismo. Losincidentes fueron procesados y convertidos enuna estructura terrorista. Entonces los oficialesde policía reclamarían los correspondientes pre-mios. De esta forma los oficiales superiores lesdarían protección y rara vez les solicitarían ren-dir cuentas. En medio de situaciones tales comoéstas, inocentes sin conexión con los militantesse encontraron en medio de graves problemas123.

La comprensión de que los agentes con fre-cuencia manipulan a sus principales produce de-claraciones paradójicas, como cuando RalphThaxton informa que en la China ocupada “elrégimen títere de Yang alcanzó sus propios inte-reses sobre los de sus maestros japoneses”124.

La interacción de los puntos políticos y priva-dos se ve representada en un rompecabezascrucial que fue sucintamente expresado en la fa-mosa formulación de Lenin: Kto kovo? ¿Quiénestá llevando a quién de la mano? ¿Quién mani-pula a quién? ¿Están los actores centrales usandoa los locales, o es todo lo contrario? En un librosobre la ejecución de su madre durante la guerracivil griega, Nicholas Gage toma este rompecabe-zas como su tema principal:

A medida que manejaba hacia la plaza, seguíaescuchando sobre el sonido del motor del carrouna frase que mi hermana y mi padre habían re-petido cien veces: “Tin fagane i horiani” (“Fueronlos aldeanos quienes la devoraron”). Para mi fami-lia, las guerrillas comunistas como Katis fueron unacto impersonal de Dios, desencadenado sobrenuestra aldea por la guerra, como una plaga. Fue-ron nuestros vecinos a los que responsabilizamospor la muerte de mi madre; los aldeanos que su-surraban secretos a la policía de seguridad y quetestificaron contra ella en el juicio. Esto era algoque yo tenía que resolver: tal vez los aldeanos fue-

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125 Nicholas Gage, Eleni, New York, Ballantine Books, 1984.126 Roger Jr. Howell, “Newcastle and the nation: The seventeenth-century experience”, en R. C. Richardson, The

English Civil Wars: Local Aspects, Phoenix Mill, U.K., Sutton Publishing, 1997, pp. 309-329.127 André Bernand, Guerre et violence dans la Grece antique, Paris, Hachette, 1999.128 Peter Loizos, Intercommunal killing in Cyprus, 23 de marzo de 1988, pp. 639-653.129 Paul y Demarest, 1988, Ob. Cit., p. 153. Roldan, 2002, Ob. Cit., p. 286, escribe sobre Colombia que “en muchos

casos, la violencia de la mitad del siglo veinte no fue el resultado espontáneo de conflictos partidarios localesinherentes sino más bien conscientemente utilizados como punta de lanza por sectores selectivos del gobiernoregional o tácitamente fomentado por jefes locales para avanzar en los intereses que no tenían muy poco o nadaque ver con las diferencias ideológicas”. La Comisión Surafricana de Verdad y Reconciliación señaló un puntosimilar cuando argumentó que el estado de apartheid perseguía una política “para manipular de forma socioétnica, con la intención de movilizar a un grupo contra el otro” (citado en Pigou, 2001, p. 226). En Sri Lanka,Spencer, 1990, p. 184, observa: “Si la política provee un medio necesario para la resolución de disputas y agravioslocales, lo hace apelando a fuerzas y poderes afuera de la comunidad local”.

ron realmente más culpables por su muerte quelos hombres que cumplieron la sentencia y dispa-raron las balas. Me gustaría saber si algo acerca demi madre incitó a la gente de Lia para ofrecerlacomo chivo expiatorio. O tal vez los aldeanos sólohabían sido manipulados por los guerrilleros queexplotaron su debilidad moral, sus celos mezqui-nos y sus miedos porque los guerrilleros queríanmatar a mi madre por algún propósito político.¿Cuál fue la verdadera razón para que ella fueraejecutada?125.

INTERACCIÓN

Tanto la fuerza relativa de las dinámicas cen-trales frente a las locales, como el modo de ope-rar son perennemente desconcertantes. Lacuestión está muy bien formulada por Howell:“Lo que uno necesita saber es la forma como losasuntos, las percepciones y los problemas localesse perfilaron e informaron a la perspectiva nacio-nal... y a la inversa, cómo ese sentido de lo gene-ral, que es una parte tan integral de laperspectiva nacional, fue transferido y tal veztrasladado de nuevo a la estructura y lenguaje dela política local”126.

Ya he discutido la propensión de los relatos anivel macro a pasar por alto completamente ladinámica local; este ensayo deja en claro que se-ría igualmente errado el privar (despojar) a la es-fera local y privada de acción. En efecto, laevidencia aducida hasta ahora parecería socavarla tesis de Schmitt a favor de la de Hobbes, queapoya una visión de la guerra civil como un pro-ceso tan absolutamente descentralizado ydescontrolado hasta llegar a ser casi sin ley, sinsentido y al azar. ¿Podemos entonces nosotros re-ducir las guerras civiles a simples agregacionesde feudos privados y conflictos locales, tanto

como hizo Homero cuando describió la guerracomo una agregación de duelos?127 ¿Son las gue-rras civiles nada más que “feudos escritos engrande?”128. Parafraseando un conocido aforis-mo, ¿son todas las guerras civiles política local?La respuesta es negativa.

Entre los investigadores que destacan la impor-tancia de los conflictos privados y locales, algunosadoptan una nota correcta de precaución argu-mentando que aunque estos conflictos involucrana individuos y comunidades locales, sus orígenesson externos. La descripción detallada de la ope-ración de un escuadrón de la muerte en una pe-queña población de Guatemala hecha porBenjamin Paul y William Demarest nos muestracómo un grupo de individuos fue investido por elejército con poderes excepcionales, que ellos utili-zaron en la búsqueda de venganza, poder local,“dinero, licor y sexo”. Ellos concluyen:

Es muy tentador el echarle la culpa del brotede violencia en San Pedro a las divisiones socia-les y al ajuste de viejas cuentas, pero esta tenta-ción debe ser resistida. La competencia religiosay las vigorosas luchas internas políticas fueron lascaracterísticas de la vida en San Pedro antes de1980, sin que ello produjera violencia. Lo mismose puede decir de los antagonismos personales.Ellos surgieron en el pasado y fueron resueltospor medios que no llegaron al asesinato. Lo queinterrumpió la paz en San Pedro no fue la pre-sencia de diferencias y divisiones, sino el recluta-miento por parte del ejército de agentes y espíasque tuvieron el efecto de sacar partido de estasescisiones129.

Entonces es correcto decir que la naturalezadescentralizada y localizada de la violencia re-publicana durante la guerra civil española noimplica que fuera una instancia de violencia es-

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130 José Luis Ledesma Vera, “Espacios de poder, violencia y revolución: una perspectiva política de la represión en elAragón republicano durante la guerra civil”, en Antonio Morales Moya, El difícil camino a la democracia, Madrid,Sociedad Estatal Espana Nuevo Milenio, 2001, pp. 249-268.

131 Warren, 1998. Ver también Seybolt, 2001, p. 202. “Tal como los japoneses estaban usando a los chinos en labúsqueda de sus intereses imperialistas durante la guerra, muchos chinos estaban usando a los japoneses en labúsqueda de sus intereses domésticos”.

132 Linshan Hua e Isabelle Thireau, Enquête sociologique sur la Chine, 1911-1949, Paris, Presses Universitaires deFrance, 1996.

133 Watanabe, 1992, pp. ix-x, encontró que en un pequeño pueblo de Guatemala donde él estudió (SantiagoChimaltenango), las disputas y animosidades personales y locales abundaban pero fallaban en producir violencia:“Aun durante los peores meses de la campaña de contra-insurgencia del ejército guatemalteco en 1982-1983, elpueblo se negó a sucumbir a las auto-recriminaciones, a los traficantes de poder y a los asesinatos que infectarona todos sus vecinos”.

134 Roger Jr. Howell, “Newcastle and the nation: The seventeenth-century experience”, en R. C. Richardson, Ob. Cit.,pp. 309-329.

135 Stanley Aschenbrenner, “The civil war from the perspective of a Messenian village”, en Lars Baerentzen, John O.Latrides, and Ole L. Smith, Studies in the History of the Greek Civil War, 1945-1949, Copenhagen, MuseumTusculanum Press, 1987, pp. 105-125.

136 Fitzpatrick, 1994, Ob. Cit., p. 255.137 Mark Mazower, Inside Hitler’s Greece: The Experience of the Occupation, 1941-1944, New Haven, Yale University Press,

1993.138 Richard Cobb, Reactions to the French Revolution, London, Oxford University Press, 1972.139 Remy Bazenguissa-Ganga, “The spread of political violence in Congo-Brazzaville”, en African Affairs, nº 98, 1999a,

pp. 37-54.

pontánea y anárquica de actores descontrolados,como es usualmente asumida por los historiado-res130, o que la violencia en la guerra civil es dedoble filo131. Estos puntos han sido bien tomadoscomo advertencias contra una interpretación delos conflictos privados y locales que pase por altoel contexto político en que ellos ocurrieron. Enla mayoría de los lugares, los conflictos locales ylas venganzas privadas están presentes sin estallaren violencia. Las sanciones del Estado y los meca-nismos de control social previenen su traslaciónen violencia y brindan la forma de manejar latensión social132. Aun en el contexto de la guerracivil, dichos conflictos no siempre resultan enviolencia133.

Parecería obvio que tanto la dinámica centralcomo la dinámica local son importantes. Howellescribe sobre la guerra civil inglesa: “En variosmomentos a través del siglo, las políticas local ynacional se han entrecruzado en formas que in-tensificaron la naturaleza del debate político. Lasinjusticias locales se convirtieron en el medio através del cual muchos asuntos, intereses y pre-ocupaciones nacionales fueron percibidos, mien-tras que los asuntos y etiquetas de debatenacional fueron utilizados para cubrir las luchaspolíticas locales”134. Stanley Aschenbrenner des-cribe la guerra civil griega en una población grie-ga, como “una secuencia de acción y reacción

que no necesitaba de energía exterior para con-tinuar, aunque, por supuesto, fue explotada poragentes externos”135. El proceso de interacción escapturado a nivel individual por la práctica de ladenuncia. Fitzpatrick observa que mientras esto“puede ser visto en términos de ‘cima parte infe-rior’ como un mecanismo de control del Estadoy un medio para monitorear la opinión pública...también hay un posible ‘fondo hacia arriba’, in-terpretación de la función de denuncia: si el Es-tado usa esta práctica para controlar a susciudadanos, los ciudadanos individuales tambiénla pueden usar con el propósito de manipular alEstado”136. Lo anterior está muy bien expresadoen una carta desde la Grecia ocupada, en 1944:“Jason, hijo de P.”, esta carta, prosigue, sirvió alos italianos en su isla tan bien que ellos “cum-plieron con todos sus deseos”137. Cobb tambiéncapturó esta interacción cuando describe casosde violencia durante la Revolución Francesacomo situaciones “donde no había frontera en-tre la venganza privada y la venganza colectiva”que fueron ejercidos por la gente que colocó su“violencia privada a uso público”138. La violenciaen Congo-Brazzaville está retratada como una si-tuación donde “no había distinción entre una es-fera privada y una esfera pública”139, un puntoque se hace eco en un estudio de Nicaragua,donde los motivos de la violencia “aparentemen-

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140 Lynn Horton, Peasants in Arms: War and Peace in the Mountains of Nicaragua, 1919-1944, Athens, Ohio UniversityCenter for International Studies, 1998.

141 Seth Mydans, “East Timor family’s terror: Trapped at home by gunmen”, en The New York Times, 27 de septiembrede 1999, pp. AI, A6.

142 Noel C. Fisher, War at Every Door: Partisan Politics and Guerrilla Violence in East Tennessee, 1860-1869, Chapel Hill,University of North Carolina Press, 1997.

143 Gross, 2001, Ob. Cit., p. 4.144 Gross, 1988, Ob. Cit., pp. 117-120.145 Jung Chang, Wild Swans: Three Daughters of China, New York, Doubleday, 1992.

te fueron tanto personales como políticos”140. Lamuerte de Alfonso Goncalves en septiembre de1999 en Timor del Este fue “tan personal comopolítica”; Goncalves fue asesinado no sólo por suspuntos de vista en pro de la independencia, sinotambién por un feudo familiar relacionado conuna sobrina que se había fugado en contra de laresistencia de la familia, con un militar pro-indonesio. Años más tarde, durante el terror queinundó a Timor del Este en el despertar delreferendo, los miembros de la familia del milicia-no vinieron a la casa de Goncalves y lo asesina-ron141. En la guerra civil de Tennessee, losparticipantes no siempre separaron la violenciamotivada por fines políticos y la violencia origina-da por agravios personales142.

Paradójicamente, la politización extrema dela vida bajo los regímenes totalitaristas conduce ala privatización extrema de la política. Por tratarde convertir todo lo que es personal en político,los totalitaristas consiguen el resultado exacta-mente opuesto: ellos convierten lo político enprivado. Jan Gross argumenta que la esencia deltotalitarismo es “la institucionalización del resen-timiento”143. En un estudio sobre la ocupaciónsoviética de la parte occidental de Ucrania y laparte occidental de Bielorrusia en 1939, él en-cuentra que el nuevo aparato de poder estaba“motivado por intereses particulares, como ven-gar errores personales, mitigar el hambre o satis-facer la codicia” en un patrón afín con la“privatización del Estado”. Él describe la violen-cia allí como una situación donde “el Estado sir-vió de franquicia, como efectivamente lo fue, deindividuos locales, que usaban su poder para per-seguir sus intereses privados y ajustar cuentas; labúsqueda de sus intereses privados se convirtióen el método principal de cumplir con las obli-gaciones oficiales y establecer la autoridad”. Élagrega que:

las autoridades soviéticas realizaron búsque-das y arrestos... directamente en respuesta a las

denuncias de vecinos que tenían cuentas perso-nales que saldar... Acusaciones, denuncias y ani-mosidades personales podían conducir al arrestoen cualquier momento. La gente fue oficialmen-te motivada a efectuar acusaciones y denuncias...Quienquiera que tenía un rencor contra alguienmás, un viejo feudo, o que tuviera a otro comoun grano de sal en el ojo, tenía un escenariopara mostrar sus habilidades; había un oído fatí-dico listo para escuchar144.

Jung Chang sitúa la fuente de mucha de la vio-lencia perpetrada durante la revolución culturalen la movilización de envidia y resentimiento deMao. En su historia familiar, ella elocuentementemuestra cómo la politización de la vida priva-da finalmente conduce a la privatización de lapolítica:

Los comunistas se habían embarcado en unreorganización radical no sólo de las institucio-nes, sino de la vida de la gente, especialmente delas vidas de los que se “habían unido a la revolu-ción”. La idea era que todo lo personal era polí-tico; de hecho, nada se podía tomar como“personal” o privado. La insignificancia fue vali-dada al ser etiquetada como “política” y las re-uniones se convirtieron en el foro mediante elcual los comunistas canalizaban todo tipo de ani-mosidades personales”.

Chang nos brinda el siguiente ejemplo per-sonal:

Mi madre estaba también horrorizada de es-cuchar que mi abuela había sido denunciada–por su propia cuñada, la esposa de Yu-lin–. Ha-cía tiempo que ella se había sentido abusada pormi abuela, ya que tenía que hacer todo el trabajode la casa mientras que mi abuela, dirigía la casacomo su dueña. Los comunistas urgieron a todoel mundo a hablar contra “la opresión y la explo-tación”, entonces le dieron una estructura políti-ca a los rencores de la Sra. Yu-lin145.

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146 Stefano Bartolini, The Political Mobilization of the European Left, 1860-1980: The Class Cleavage, Cambridge,Cambridge University Press, 2000.

147 Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, Berkeley, University of California Press, 1985.148 Barry Posen, “The security dilemma and ethnic conflict”, en Survival, 35:1, 1993, pp. 27-47.149 Michael Suk-Young Chwe, Rational Ritual: Culture, Coordination, and Common Knowledge, Princeton, Princeton

University Press, 2001.150 Un ejemplo de estilo: supongamos que el pueblo x está compuesto por dos facciones, a y b. Los rebeldes

(usualmente los primeros que actúan) se presentan (usualmente a través de agentes locales) y movilizan a a;luego esta facción extrae recursos de b, confiando en el poder de los rebeldes. Más tarde, se presenta el ejército ypersigue a los rebeldes; b se une al ejército y denuncia a los líderes de a.

151 Los comunistas vietnamitas y chinos constituyen un ejemplo claro en este respecto (Elliott, 2003; Hua y Thireau,1996).

152 Las facciones locales refuerzan la disciplina interna a través de normas y políticas efectivas de grupo.153 Pierre Clastres, Archeologie de la violence, Paris, Éditions de l’ Aube, 1999.

La evidencia sugiere que el carácter íntimoque “la violencia política” despliega con frecuen-cia no es necesariamente la reflexión de unaideología impersonal o abstracta o de una polari-zación basada en la identidad y el odio; es tam-bién el resultado sorprendente de la interacciónentre las esferas políticas y privadas.

ESCISIÓN Y ALIANZA

Para resumir, la interacción entre los actoressupra-locales y locales, y las esferas privadas y pú-blicas, es insinuada por varios trabajos pero hasido abandonada sin teorizar. A continuación es-toy esbozando el relato teórico faltante.

Se asume que los actores del centro han sido li-gados con la acción en la superficie mediante elbien conocido mecanismo de la escisión. Esto im-plica varias bases mínimas subyacentes, las másnotables, a saber: la organización centralizada146,las preferencias comunes147, el miedo148, o la coor-dinación alrededor de puntos focales149. Este artí-culo introduce otra base mínima que liga elcentro y la periferia: la alianza. La ventaja teóricade la alianza es que permite actores múltiples másque unitarios, acción localizada en ambos, el cen-tro y la periferia más que sólo en uno de los dos, yuna variedad de preferencia e identidades en con-traste con una común y abovedada. La alianza im-plica una transacción entre los actoressupra-locales y los locales, donde los primerosproveen a estos últimos con músculo externo per-mitiendo así ganar una ventaja decisiva local; encanje por ello, el anterior se apoya en conflictoslocales para reclutar y motivar partidarios y así lo-grar el control, recursos e información150 locales,aun cuando su agenda ideológica sea opuesta a lolocal151. Desde esta perspectiva, el beneficio selec-tivo que produce la acción y el apoyo colectivo es

la violencia que opera aquí no sólo como un ins-trumento de coerción sino como fuente condu-cente a la movilización152.

La alianza es para los actores locales más unmedio que una meta, confirmado por la eviden-cia antropológica153. Un gran parte de la acciónen la guerra civil es, por supuesto, simultánea-mente descentralizada y ligada a un conflictomás amplio; esto incluye la violencia, que puedeser ambas, tanto política como privada al mismotiempo. La acción reside en ambas esferas, la priva-da y la política. La guerra civil entonces puede en-tenderse como la transformación de un procesoconjunto en la búsqueda del poder por parte delos actores colectivos y la búsqueda de ventaja lo-cal por parte de los actores locales. Este punto devista es una alternativa a la dicotomía convencio-nal entre los marcos schmittianos y hobbesianos.Los conflictos locales y privados explotan enviolencia sostenida, no porque la guerra civilsea un momento de anarquía hobbesiana, nicomo resultado de los diseños y manipulacio-nes de actores supra-locales. Lo que importa,en lugar de ello, es la interacción entre losdos.

La relevancia de esta conceptualización es dedos trasfondos. Primero, permite un entendi-miento teórico de la guerra civil que incorporael puzzle de la disyunción entre el centro y la pe-riferia y la ambigüedad extensiva relacionada.Segundo, convierte la interfaz centro-periferiaen un asunto central y nos fuerza a pensar másprecisamente sobre las modalidades que ligan alos distintos actores y las motivaciones. Esta inter-pretación tiene la ventaja adicional de incluir engeneral tanto las acciones estratégicas de los ac-tores políticos como las acciones oportunistas delos individuos locales.

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154 Paul Ricoeur, Time and Narrative, trans. Kathleen McLaughlin and David Pellauer, Chicago, University of ChicagoPress, 1984.

155 Roy 1999. La “facción islámica-democrática” incluía grupos regionales, profesionales y étnicos tales como elgharmi (del área de Karategin), los pamiris (del área de Gorno-Badakhshan) e intelectuales del área dePendjikent, donde la “facción conservadora” estaba compuesta por leninabadis del área de Leninabad, koulabis deKoulab, hissaris de Izar y la etnia de Ousbeks. Salibi, 1988, provee un análisis similar de la guerra civil libanesa.

156 S. Kalybas, “New and old civil wars: A valid distinction?”, en World Politics, 54:1, 2001, pp. 99-118.157 Tucidides, 1972, libro 3, párrafo 82.158 Christian Geffray, La cause des armes au Mozambique: Anthropologie d’une guerre civile, Paris, Karthala, 1990.

Podemos entonces pensar en la escisióncomo una formación simbólica que simplifica,perfecciona e incorpora una variedad descon-certante de conflictos locales –una visión com-patible con la forma como los observadoresexternos, como los historiadores, confían enuna “narrativa maestra” como una forma de“conjura”, y así lograr contar un historia concre-ta y apasionante extraída de muchas otras com-plejas–154. De igual forma, la alianza nos permitever las guerras civiles como concatenaciones demúltiples y a veces disparatadas escisiones, más omenos colocadas holgadamente alrededor de laescisión maestra. Esto es consistente con la intui-ción y las interpretaciones de un buen númerode investigadores. Por ejemplo, Olivier Roy inter-preta la escisión islámica/conservadora de laguerra civil de 1992, en Tajikistán, en términosde lo que él describe como el rasgo esencial dela política tajik, principalmente mahalgeray olocalista. Él desagrega la escisión maestra (reli-gión) de esa guerra en un número de conflictosdisparatados de múltiples dimensiones, talescomo región, profesión, posición dentro delaparato estatal y etnicidad155. Previsiblemente,es más fácil discernir estas dinámicas en guerrasciviles recientes, que carecen del tipo de discur-sos modulares proveídos por la Guerra Fría.Pero la evidencia disponible sugiere que la co-munidad de estas dinámicas, las diferenciaspercibidas entre los conflictos de la pos GuerraFría, y las guerras civiles previas pueden atri-buirse más a la defunción de categorías concep-tuales ya disponibles causadas por el final de laGuerra Fría que a la naturaleza fundamental-mente diferente de las guerras civiles de antesde la Guerra Fría156. De igual forma, el factor deque las escisiones étnicas o religiosas localessean generalmente más fáciles de discernir porparte de los observadores externos que las defacción puede también causar un sesgo en elmomento de informar, codificar e interpretarla evidencia.

Tucidides insinúa el mecanismo de la alianzacuando argumenta en su análisis de la guerra ci-vil en Corcyra, que “en tiempo de paz no habríauna excusa ni ningún deseo para llamar a [alia-dos externos] pero en tiempo de guerra, cuandocada partido puede siempre contar con unaalianza que no le haga daño a sus oponentes yque al mismo tiempo fortalezca su propia posi-ción, se volvió una cosa natural para todos losque deseaban un cambio en el gobierno el pedirayuda de afuera”157. Al mismo tiempo, la inter-vención externa es posible sólo cuando las fac-ciones locales y los individuos desean y puedenllamar a los forasteros. El determinar cuándo eseste el caso y quién se alía con quién necesita unanálisis refinado que tome en consideración tan-to las dinámicas intra-comunitarias como las di-námicas de la guerra civil. Por ejemplo, unpatrón recurrente es que los perdedores en losconflictos locales son los que probablemente semuevan primero, y por tanto sean los primerosen llamar a las fuerzas foráneas. Existía una altaprobabilidad de que las autoridades locales quehabían sido marginadas por el gobierno enMozambique se unieran a la insurgenciaRenamo; en Sierra Leona, “los perdedores deuna disputa por tierras locales o por la jefaturalocal pueden algunas veces aliarse con los insur-gentes para asegurar la venganza. Ese parece serel caso de la decapitación de un jefe Paramount,Gboney Fyle en el Distrito de Bonthe”158. En estesentido, la guerra civil es la oportunidad ideal dela revancha para los perdedores en los conflictospor el poder local, como también para los indivi-duos que se sientan menospreciados y envidio-sos. Es difícil expresar esto mejor que unhombre que después de que el ejército de laUnión entró en el Condado de Madison enAlabama anunciara su intención de matar a su ri-val local y luego de “ir con algunos de los solda-dos de la Unión y sacar todo de la casa de [surival] y quemar todo el lugar completamente...Él ha sido un gran tipo por mucho tiempo, pero

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159 Citado en Ash, 1995, Ob. Cit., p. 128.160 S. Kalyvas, 2003, Ob. Cit.161 A pesar de los motivos no étnicos detrás de muchos de los actos de violencia (incluyendo el robo perverso y el

asalto a los apartamentos de los vecinos) la etnicidad se convirtió en “la categoría principal con la que la gente enel terreno narra y comprende la violencia de la guerra” (Dale, 1997, p. 91). La religión ha sido utilizada enforma oportuna en Sudán como un medio de justificar acciones o de asignar culpas (Dean, 2000); como tal,observa Peterson, 2000, 174-175, “puede ser una ventana de adorno, un medio de movilizar tropas y efectivopara ambos lados”, pero la guerra ha causado una intensificación del sentido religioso “para las poblacionesgolpeadas por este conflicto”.

162 Charles Tilly, Coercion, Capital and European States (Studies in Social Discontinuity), Cambridge, Blackwell Publishers,1992.

ahora ha llegado la hora de bajarlo”159.La escasez sistemática de datos hace imposi-

ble en este momento registrar y analizar las mo-dalidades de interacción entre los actorescentrales y locales. Sin embargo, es posible ade-lantar dos hipótesis sobre la importancia relativade la alianza comparada con los mecanismoscima-parte inferior, tales como organización cen-tralizada o preferencias comunes dentro de laguerra civil. Primero, lo más probable es que losmecanismos cima-parte inferior hagan la mayo-ría del “trabajo pesado” antes de la guerra, du-rante las etapas iniciales o después de que laguerra haya terminado. Cuando la guerra estáocurriendo, la alianza puede prevalecer ya que laguerra tiende a fragmentar el espacio geográfi-co, colocando así un premio sobre las dinámicaslocales160. Una vez que la guerra ha terminado, lanarrativa central de la escisión brinda un caminopara después del hecho simplificar, perfilar y cu-brir las ambigüedades y contradicciones de laguerra, incluido el papel de las alianzas161. Algu-nas veces la invocación por parte de los actoreslocales e individuales del símbolo o mensajemaestro puede convertirse en una profecía auto-cumplida a medida que los asuntos e identidadeslocales se redefinen, reconstruyen y proyectanhacia atrás siguiendo la conclusión del conflicto.La recurrencia de las mismas alianzas sobre eltiempo y la dependencia sobre los mismos sím-bolos y mensajes centrales puede ultimadamenteintegrar y fundir la multitud de escisiones localesdentro de una escisión maestra, consistente conla observación de que las guerras son procesosconstruidos por el Estado162. Una segunda hipó-tesis tendría en cuenta el relativo relieve de laalianza a través de las guerras civiles: cuanto me-nos poderosos y centralizados sean los actorespolíticos que estén combatiendo en la guerra,menores serán las oportunidades de imponer elcontrol directamente, y por tanto será mayor laprobabilidad de que tengan que recurrir a las

alianzas locales. Una implicación es que la asisten-cia sustancial de terceros puede hacer que la alian-za sea menos útil por lo menos para un partido.

CONCLUSIÓN

La guerra civil es un contexto que coloca unpremio en la acción conjunta local de los actoreslocales y supra-locales, internos y externos, indivi-duales u organizaciones, civiles y ejércitos: la ac-ción (incluida la violencia) resulta de su alianzaen la búsqueda de sus diversas metas –cuya princi-pal manifestación empírica es la ambigüedad–. Elmarco interpretativo aquí elaborado conlleva dosimplicaciones teóricas principales para las teoríassobre las guerras civiles y la “violencia política”.Primero, y contrario a Schmitt, la “violencia políti-ca” no es siempre necesariamente política; identi-dades y acciones no se pueden reducir adecisiones tomadas por las organizaciones belige-rantes, a los discursos producidos en el centro, y alas ideologías derivadas de la principal escisión dela guerra. Entonces, posicionar a los actores unita-rios, inferir las dinámicas de identidad y acciónexclusivamente de la confrontación dominante yenmarcar las guerras civiles en términos binarioses engañoso; en lugar de ello, las escisiones loca-les y la dinámica intra-comunitaria deben ser in-corporadas dentro de las teorías de la guerra civil.Segundo, y contrario a Hobbes, la guerra civil nose puede reducir a un mero mecanismo que abrelas compuertas al azar y anárquicamente a unaviolencia privada. La violencia privada es general-mente constreñida por las modalidades de laalianza que debe ser explotada sistemáticamente.La guerra civil promueve la interacción entre losactores con distintas identidades e intereses. Es laconvergencia de los motivos locales y los imperati-vos supra-locales lo que dota a la guerra civil consu carácter particular y conduce a una violenciaconjunta que empantana la división entre lo polí-tico y lo privado, lo colectivo y lo individual.FECHA DE RECEPCIÓN: 04/03/2004

FECHA DE APROBACIÓN: 13/05/2004

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En búsqueda de lopopular en la Guerrade los Mil Días

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de todos los conflictos civiles que hanmarcado la historia de Colombia, desde los tiem-pos de las guerras de independencia a principiosdel siglo XIX hasta la aparentemente intermina-ble violencia de nuestro propio tiempo, la di-mensión popular de la Guerra de los Mil Días(1899-1902) sigue siendo la más oscura. Mien-tras que algunos estudios de otros períodos deviolenta lucha civil rutinariamente hacen énfasisen las preocupaciones y acciones de la clase tra-bajadora o popular y de grupos sociales explota-dos, otros estudios revelan la visión autónoma yla política independiente de dichos grupos fren-te a las elites sociales, estos asuntos permanecenrelativamente minimizados, escasamente docu-mentados y pobremente entendidos en los estu-dios sobre la Guerra de los Mil Días. Este artículorevisa mis propios esfuerzos, comenzados hacecerca de treinta y cinco años, por entender lasdimensiones populares de la Guerra, y luego en-tra a discutir otros esfuerzos más recientes de loshistoriadores colombianos para ampliar nuestroentendimiento sobre este tema. El texto terminacon algunas reflexiones de cómo los avances enla historia colombiana y los cambios en los asun-tos colombianos y mundiales en las últimas déca-das nos invitan a repensar todo el asunto de lopopular en la Guerra de los Mil Días. Mi conclu-sión es que hacer esto puede influir en nuestroentendimiento de la historia colombiana de lossiglos XIX y XX, y de la crisis que enfrenta elpaís hoy.

Mi propia búsqueda de lo popular en la Gue-rra de los Mil Días comenzó en junio de 1968cuando viajaba de Estados Unidos a Colombia enbusca de un tema para una disertación doctoralen historia. No era ajeno a Colombia –había ser-vido allí en los Cuerpos de Paz entre 1963 y1965 y me había casado con una colombiana–pero la idea de escoger un tema para la diserta-ción era sin embargo atemorizante. Yo sabía quedebido a las exigencias de una carrera académi-ca en Estados Unidos, el tema que escogiera esta-

Charles BergquistProfesor del Departamento de Historia,

Universidad de Washington, Seatlle

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ría conmigo por un largo tiempo y determinaríaen gran parte mi éxito profesional. Investigar yescribir una disertación tomaría por lo menosdos años en las mejores circunstancias. Luego, siel trabajo era aprobado y tenía la buena fortunade asegurar un empleo en una universidad, man-tener ese trabajo significaba convertir la diserta-ción en un libro que pudiera ser publicado poruna editorial académica. Este proceso, debido altrabajo de enseñar y otras responsabilidades pro-fesionales, frecuentemente demoraba otros cin-co años. En efecto, escoger un tema para ladisertación significaba decidir cómo pasar los si-guientes siete años trabajando en un proyectoque determinaría en gran parte el futuro éxitoprofesional.

Yo creía que la selección de una disertaciónera también importante debido a razones políti-cas e ideológicas. El año de 1968 fue, por su-puesto, uno de esos momentos dramáticos en lahistoria del mundo moderno (1848 fue otro)cuando el momentum de las fuerzas democráticasy populares parecía estar al borde de rompercon el orden establecido de las cosas para crearuna nueva sociedad. Las demostraciones masivasde estudiantes y trabajadores en Francia, Italia yMéxico sacudieron los pilares de sus respectivassociedades en ese año. El conflicto liderado porlos comunistas en Vietnam –que derrotaría a lanación capitalista más poderosa del mundo– ha-bía llegado a su clímax, y un movimiento masivocontra la guerra había cogido impulso dentro delos mismos Estados Unidos. A través de AméricaLatina, el éxito de la revolución cubana había es-timulado movimientos revolucionarios, y aun laselites latinoamericanas y sus aliados en el gobier-no de Estados Unidos hablaron sobre la necesi-dad de una reforma democrática para poderatajar el avance de las revoluciones socialistas alo largo del hemisferio. Como estudiante gradua-do que se estaba especializando en historia deLatinoamérica, me sentía arrebatado por estosacontecimientos. Como muchos de mis colegas,aprendí a entender estas luchas en términosmarxistas y participaba en demostraciones encontra de la guerra en la universidad y de ladesobediencia civil en las calles. En ese momen-to, creíamos que la comprensión histórica debíareflejar e informar sobre las luchas democráticasy populares que envolvían al mundo. El escogerun tema de disertación sobre historia colombia-na no era simplemente un ejercicio académico,era también de vital significado político.

Durante los meses que pasé en Colombia a

mediados de 1968, evalué varios posibles aspec-tos para la disertación, incluida la violencia,tema que se ha convertido en el lynchpin de losestudios colombianos del siglo XX. Al final mequedé con la Guerra de los Mil Días por variasrazones. Esta guerra no sólo fue la más grandede los conflictos civiles de Colombia en el sigloXIX, también parecía marcar el punto de decisi-vo en la historia nacional, una transición de lapolítica de inestabilidad, violencia y estanca-miento económico de casi medio siglo, a la esta-bilidad política y el desarrollo económico. Y sinembargo, a pesar de su importancia, la Guerra ylos períodos que la rodean desde la Regenera-ción hasta el Quinquenio de Reyes fueron muypoco estudiados en comparación con el períodode la Independencia y la etapa inicial republica-na en el siglo XIX, y en la etapa después de 1930en el siglo XX. Y aunque las fuentes de archivoque tratan sobre la Guerra de los Mil Días, comoaquellas de finales del siglo XIX y principios delsiglo XX en general estaban en su mayoría sinorganizar y sin catalogar en el Archivo Nacionalcolombiano –una situación de marcado contras-te con el material abundante y bien ordenadoque se encuentra en este repositorio y en otrossobre la época colonial–, con la ayuda de investi-gadores colombianos pude identificar un granvolumen de material básico sobre el período dela Guerra, la mayor parte de él sin explorar porotros historiadores. Este material incluía variascolecciones de papeles personales de políticosde la elite de la época, incluidos entre los másimportantes los del líder liberal del tiempo deguerra, Rafael Uribe Uribe, localizados en laAcademia Colombiana de Historia. También en-contré una inmensa colección de telegramas re-lacionados con la guerra, guardados en unarchivo militar almacenado por el Ministerio dela Defensa (más adelante volveré sobre la impor-tancia de esta fuente). Además de fuentes no im-presas como éstas, estaba por supuesto una grancolección de periódicos de la época guardadosen las bibliotecas Nacional y Luis Ángel Arango.Y estos mismos repositorios guardan varios volú-menes de memorias de participantes de la eliteen la Guerra, como también un puñado de estu-dios secundarios del conflicto escrito por histo-riadores posteriores.

Ninguna de estas fuentes resultó ser muy re-veladora sobre los motivos y el papel que la gen-te de las clases populares desempeñó en laGuerra, pero ese fue un problema que sólo pudeapreciar en su totalidad mucho más tarde. Al

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comienzo de mi investigación, yo pensaba que elestudio de la Guerra de los Mil Días probaría sermuy revelador en cuanto a las fuerzas popularesen la historia colombiana (y por ende latinoame-ricana y del mundo). Después de todo, la Guerrafue un conflicto grande y prolongado, la guerracivil más larga en toda América Latina duranteun siglo que fue marcado –o por lo menosdefinido– por dichos conflictos. De la literaturasecundaria disponible era evidente que las eliteshabían representado papeles importantes en laprecipitación de la guerra; de hecho, el gruesode esta literatura gira exclusivamente sobre lasmotivaciones y acciones de este grupo. Pero lagente que más participó en la lucha pertenecíaobviamente a las clases populares, la mayoría,trabajadores rurales agrícolas. Entonces penséque una inspección más cercana de los registroshistóricos revelaría mucho más acerca de sus mo-tivaciones y del papel que desempeñaron en elconflicto.

En 1970, una vez terminado mi curso y apro-bados mis exámenes finales, regresé a Colombiapara iniciar la investigación en serio sobre laGuerra. Desde un comienzo, la mayor parte deesa investigación se enfocó en las causas y la di-námica de la Guerra de los Mil Días, preguntasque parecían desglosarse en dos partes separa-das, una que tenía que ver con las elites y la otracon las clases populares. Los lectores del produc-to terminado que apareció en forma de diserta-ción en 1974 y luego como un libro en inglés en19781, sabrán que tuve mucho más éxito en laexploración del lado elite de estas preguntas queel que tuve con las dimensiones populares.

No voy a recordar ese análisis en detalle aho-ra. Basta con decir que el argumento que fui ca-paz de desarrollar respecto a las elites fuebastante detallado y profusamente documenta-do. También fue revisionista especialmente enlo relacionado con el trabajo (en su mayoría deinvestigadores británicos y de Estados Unidos)que dependía de estereotipos raciales y cultura-les (personificado en el concepto de “políticascaudillistas”) para explicar las guerras civiles delsiglo XIX en América Latina. En vez de ello, yoargumenté que el conflicto de la elite tenía pro-fundas dimensiones materiales, programáticas eideológicas, y que aunque hay motivaciones per-sonales, regionales y clientelistas que influyen enlos políticos, sus actitudes y acciones podrían ser

totalmente comprendidas únicamente en rela-ción con las tendencias del sistema más ampliodel capitalismo mundial. Finalmente, argumentéque la Guerra de los Mil Días era la culminaciónde medio siglo de lucha entre las elites liberalesy conservadoras sobre la pauta y el contenido delas reformas liberales diseñadas para promoverel desarrollo de la agricultura de exportación enColombia. Este argumento, a mi entender, cons-tituye la principal contribución del estudio.

Aunque hice lo posible, el argumento que lo-gré desarrollar en relación con el papel de lasclases populares en la Guerra fue bastante me-nos exitoso. El primer problema tuvo que vercon las fuentes. Simplemente no pude encontrarmaterial en el que los elementos populares ha-blaran directamente sobre sus preocupaciones yexperiencia. La inmensa mayoría de la gente tra-bajadora, tanto rural como urbana, era analfabe-ta, y por razones que sólo hasta ahora son másclaras para mí y que se discuten plenamente alfinal de este ensayo, aun los miembros educadosde la clase artesana, que desempeñaron un papeltan importante en la política colombiana a partirde la mitad del siglo XIX, han visto su situaciónmaterial socavada, su organización independien-te y proyectos democráticos desmantelados y susvoces censuradas y reprimidas. Hice algunos es-fuerzos para identificar a los participantes de laGuerra que todavía estaban vivos, pero las pocasentrevistas que realicé –que fueron un respirohumano del trabajo en los archivos–, fallaron enpasar más allá de las generalidades.

Me di cuenta de que, en su mayoría, tendríaque llegar indirectamente hasta la experiencia ylas motivaciones de las clases populares a travésdel tipo de archivos y fuentes impresas anterior-mente listadas. No es necesario decir que los re-sultados de esta estrategia fueron limitados. Sóloen raras ocasiones dichas fuentes dejan vislum-brar las motivaciones y preocupaciones popula-res. La literatura secundaria sobre la Guerra nofue tampoco de mucha ayuda para revelar sus di-mensiones populares. Estaba enfocada casi total-mente en las personalidades, actividades yconvicciones de las elites, y virtualmente ignoróa la mayoría de los colombianos involucrados enla Guerra. La mayoría de los escritores que porlo menos se preocuparon por las motivacionesde los miembros de las clases populares en elconflicto sólo recalcaron su persecución, descri-

1 Una edición en español, Café y conflicto en Colombia, 1886-1910, fue publicada primero en Colombia en 1981,Medellín, Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales; las referencias que siguen pertenecen a esa edición.

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biéndolos como participantes pasivos, ignoranteso aniñados que fueron engañados o forzados atomar las armas.

Durante mi investigación encontré suficienteevidencia de reclutamiento coercitivo y forzadotanto por parte de las fuerzas del gobierno con-servador como por parte de los revolucionariosliberales para rechazar la idea de que los solda-dos fichados y de rango fueron embaucados paraparticipar en el conflicto. La coerción, por su-puesto, fue más allá de la fuerza política total, in-cluidas las presiones económicas, especialmenteel acceso a la tierra para trabajadores dependien-tes en las grandes haciendas. Este tipo de coer-ción y la conformidad con los proyectos elite queparecía implicar han sido frecuentemente co-mentados por los estudiosos susceptibles a lasimplicaciones políticas de sistemas tremenda-mente explotadores de tenencia de la tierra y deltrabajo.

A través de archivos notariales pude docu-mentar aspectos de dichos sistemas a finales delsiglo XIX en la zona cafetera del occidente deCundinamarca, un área que también se convir-tió en un escenario principal de la Guerra. Perola documentación del enlace entre dichas es-tructuras económicas y sociales y la participa-ción popular en la guerra me eludió en granparte. Sin embargo, un documento que encon-tré me reveló las posibilidades para su interpre-tación. Era un conjunto de instrucciones deRafael Uribe Uribe, quien se estaba preparandopara asumir el trabajo de administrar una granhacienda en Cundinamarca en 1894. “Es con-veniente”, le dijeron, “ejecutar un escarmientoen uno de los que en la hacienda son considera-dos como invulnerables, y que quizá ayudan afomentar la rebeldía. Expulsado uno, los de-más se someten”2. Una vez que se ha digeridolas implicaciones de este tipo de coerción eco-nómica, es más fácil entender la evidenciaabundante que indicaba que los trabajadoresdependientes frecuentemente se unían a sus te-rratenientes rurales, ya fueran estos liberales oconservadores, cuando estas elites sociales mar-chaban a la guerra.

También encontré otro tipo de evidencia querefutaba la noción de la pasividad popular. Des-cubrí evidencia considerable de resistencia porparte de la población civil al reclutamiento (es-

pecialmente a manos del Gobierno), que usual-mente tomó la forma de escape. Con base enesta evidencia –la más concreta y satisfactoria,documentada en los telegramas militares del Go-bierno anteriormente mencionados–, las nocio-nes de pasividad e irreflexión y comportamientoaniñado de las clases bajas puede fácilmente des-cartarse. Pero si dichos estereotipos negativos demotivación popular pueden ser fácilmente des-pejados, ¿qué más podría decirse del papel de lasclases bajas en la guerra? Ante la ausencia defuentes que permitieran a dicha gente hablarcon sus propias voces, ¿qué puede hacer un his-toriador? Una táctica utilizada por los historiado-res sociales durante la época de mi investigaciónfue la de observar y decantar cuidadosamente lasacciones populares. La idea era deducir lo que lagente estaba pensando extrapolándolo de lo queellos estaban haciendo. En raras ocasiones pudeusar esta estrategia con buen resultado, comocuando por ejemplo, las acciones de un grupode guerrilla liberal operando en el Sumapaz, unaregión del occidente de Cundinamarca, en1901, incluyó la destrucción de los libros conta-bles de la hacienda por parte de los trabajadoresque decían estaban endeudados con el propieta-rio conservador de la hacienda3. También pudedocumentar el miedo de la elite por las clasespopulares y su preocupación, especialmente amedida que la Guerra progresaba y los grupos deguerrilla ganaban más autonomía de parte de laelite del partido liberal, de que elementos popu-lares estaban adquiriendo un interés propio enla continuación de la guerra. De hecho, yo meapoyé en este último argumento, tanto como enel miedo a la intervención de Estados Unidos enPanamá, para explicar la decisión de los coman-dantes de las fuerzas regulares liberales a finalesde 1902 de entregar sus armas y poner fin a laGuerra.

A pesar de estos esfuerzos, había mucho másque me hubiera gustado hacer con las dimensio-nes populares de la Guerra. En varios puntos delestudio menciono un solo documento que origi-nó posibilidades interpretativas provocadorasque no logré corroborar y desarrollar aún más.Un ejemplo de ello es la carta al líder del partidoliberal Aquileo Parra, escrita por un miembrodel partido en Cundinamarca en 1898. El escri-tor les avisaba sobre la “desesperación e inquie-

2 “Antonio Suárez M. a Rafael Uribe Uribe”, en Correspondencia de Uribe Uribe, Ubaté, 8 de noviembre de 1894,Academia Colombiana de Historia, caja 6.

3 El Colombiano, 22 de enero de 1901.

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tud del pueblo”, y advirtió a los liberales que eramejor “abrir la válvula de los movimientos políti-cos”; de otra forma, la nación podría “estallar enun espantoso movimiento social”4.

¿Es posible que las elites, especialmente las li-berales entre ellas, conscientemente hubiesenbuscado lanzar un conflicto político tradicionalpara canalizar el desespero popular y la agitaciónlejos de los canales sociales revolucionarios basa-dos en la diferencia de clases? Claramente estaestrategia anticipada no es algo sobre lo que lamayoría de los líderes políticos hubiesen habla-do públicamente o tal vez considerado conscien-temente. Pero esto no significa necesariamenteque la posición expresada en el documento nofuese representativa de su pensamiento. ¿Y quéefecto tendría esta línea de pensamiento sobre lapregunta de causalidad que yo exploré exhaus-tivamente en el estudio desde la perspectiva dela economía política elitista?

Varias veces estos documentos, poco frecuen-tes pero provocativos, aparecieron en los tele-gramas militares a los que me referí conanterioridad. Fue esta fuente, por ejemplo, laque produjo material fascinante sobre cientosde trabajadores del café, hombres y mujeres,capturados por el general conservador SicardBriceño durante un recorrido por la zona pro-ductora de café en los alrededores de Cumaca yCalandaima en el suroeste de Cundinamarca,cerca de Viotá, en 1901. En su informe al minis-tro de Guerra en Bogotá, Briceño declaró:“Tanto unos como otros son cómplices yauxiliadores de aquellos bandoleros a quienesocultan en sus casas; en consecuencia, los remi-tiré todos a esa creyendo deben mandarse loshombres como reclutas a la costa y a las mujeresimponerles el castigo que S.S. estime conve-niente, pues son de muy mala ley”.

En un segundo telegrama enviado el mismodía, reiteraba su consejo en relación con loshombres, pero cambió su pensamiento sobre lasmujeres. “Las doscientas mujeres las devolveré alos cafetales intimándoles que serán severamentecastigadas si auxilian guerrilleros”5.

Recordando este material, me doy cuentaahora de que un trabajo más intenso en este ar-chivo militar podría haber arrojado más luz so-

bre las dimensiones populares de la Guerra delos Mil Días. El problema radicó en que encon-trar este material fue algo así como buscar unaaguja en un pajar. Estos documentos se hallabanenterrados bajo miles y miles de telegramas, lamayoría de los cuales trataban sobre maniobrasy suministros militares. Durante mi búsquedasólo gasté unas pocas semanas examinando elmaterial de unos 170 volúmenes gruesos quecomponían este archivo. Leerlos todos comple-tamente sospecho que le hubiera tomado a uninvestigador diligente, trabajando tiempo com-pleto, como un año o más. Yo elegí invertir elaño que tenía para investigar en Colombia enotros archivos donde la densidad del materialsobre las causas de la Guerra y la motivación delos participantes era mucho mayor. Las conse-cuencias de esa decisión ciertamente compro-metieron las dimensiones populares del estudioque eventualmente produje.

Siguiendo la terminación de este estudio so-bre la Guerra de los Mil Días, mi investigación delo popular en América Latina me llevó lejos demi enfoque exclusivo en Colombia a un estudiocomparativo de los movimientos laborales mo-dernos del siglo XX en América Latina. Más tar-de, me aventuré en el estudio del papel deltrabajo en el desarrollo divergente de las nacio-nes del hemisferio occidental, incluido EstadosUnidos. Mientras tanto, otros han continuado es-tudiando la Guerra de los Mil Días, y algunos deestos trabajos arrojan nueva e importante luz so-bre la participación popular en ella.

Me he enfocado en tres de esos estudios, queenumero a continuación:

El primero es Los guerrilleros del novecientos, deCarlos Eduardo Jaramillo6, un trabajo de investi-gación prodigioso, notable por su énfasis en lavida diaria de los combatientes durante la gue-rra, particularmente las fuerzas de la guerrilla li-beral operando en el departamento del Tolima.Aunque Jaramillo fue entrenado como sociólogoen Francia y su estudio utiliza una amplia varie-dad de fuentes de archivo, comparte mucho conuna larga tradición de escritos sobre la guerra departidistas liberales –libros como Guerrilleros delTolima (1937) de Gonzalo París Lozano y La revo-lución de 1899(1975) de Joaquín Tamayo, ambos

4 “Saul Cortissor a Aquileo Parra”, en Archivo Aquileo Parra, Ubaté, Cundinamarca, 8 de febrero de 1898, AcademiaColombiana de Historia.

5 Ambos telegramas fechados en Fusagasugá, Cundinamarca, 21 de junio de 1901, aparecen en el volumen 05764,Documentos Relacionados con la Guerra de los Mil Días, Ministerio de Defensa.

6 Carlos Eduardo Jaramillo, Los guerrilleros del novecientos, Bogotá, Cerec, 1991.

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bien utilizados por Jaramillo–. Este último usual-mente documenta sus fuentes, pero hay ocasio-nes en que es difícil saber dónde finaliza laevidencia documental y es remplazada por laimaginación creativa del autor. Y su uso indiscri-minado del material secundario imprime al librouna especie de calidad más grande que la reali-dad, que deja sin aliento y que con frecuencia fati-ga la imaginación. “Los guerrilleros combatientesestán usualmente embriagados con aguardientecon sabor a pólvora cuando van a combatir”; dehecho, de acuerdo con Jaramillo, los combatien-tes liberales, en su mayoría desprovistos de con-vicción ideológica y muy borrachos para serefectivos, pierden batallas clave de la guerra y laguerra misma7. En una parte del libro, reprodu-cida de una fuente secundaria, las tropas del Go-bierno (que inexplicablemente se encuentransin cuchillos o machetes) despedazan a un bueyvivo y satisfacen su hambre mientras el pobreanimal gime en agonía8. En otra parte de otro li-bro, una guerrillera liberal, joven y hermosa, de“cuerpo esbelto y mirada franca”, indiferente alsilbido de las balas alrededor de ella, brinca unavalla con su hermosa montura y recupera las ar-mas y efectos personales de su capitán muerto(¿y amante?). Luego ella le da un beso al cadá-ver, urge a sus compañeros a entrar nuevamenteen batalla y las guerrillas ganan ese día9. Segúnlo sugieren estos ejemplos, con frecuenciaJaramillo trata estas fuentes sin sentido crítico, yasean estos documentos de archivo, relatos secun-darios como los que hemos citado anteriormenteo entrevistas que realizó en Tolima en 1983 conlos hijos de los líderes guerrilleros del tiempo dela guerra. Las teorías de conspiración –tan queri-das por muchos liberales pero basadas en pre-sunciones dudosas y en su mayoría

indocumentadas– también le dan color al traba-jo. “El gobierno conservador pierde a propósitola batalla de Peralonso para poder prolongar laguerra e imprimir más papel moneda”10; Franciay Estados Unidos apoyan al gobierno establecidode Colombia para poder prolongar la guerra yganar más concesiones en sus negociaciones delcanal11.

Se le acredita a Jaramillo su esmero especialen recuperar el papel de las mujeres, niños e in-dígenas en la Guerra, temas que él argumentacorrectamente que habían sido olvidados en tra-bajos anteriores. Su tratamiento de estos temases el mejor disponible en la literatura sobre laGuerra, aunque, ocasionalmente, yo fui uno delos que cuestionó las implicaciones de sus aser-ciones y su escogencia del lenguaje. Por ejemplo,él asegura, sin suministrar documentos, que losmotivos de las mujeres que participaron directa-mente en la lucha iban desde la convicción ideo-lógica hasta el deseo de ganancia económica: los“caprichos de amor y el apego a la aventura” fue-ron “las razones más destacadas y las que mayornúmero de mujeres arrastraron a los campos debatalla”12. Jaramillo continúa describiendo cómolas mujeres liberales que se quedaron en casabrindaron un sinnúmero de servicios a los com-batientes, incluyendo el convertir la ropa decama en gasa con “sus pacientes manos femeni-nas”13. Mientras que su tratamiento de temas sen-sibles como la prostitución en tiempo de guerray la incidencia de las enfermedades venéreas meparece sensible y balanceada, a veces una ciertareticencia sexual se desliza furtivamente en suanálisis14. La reticencia es más pronunciada enrelación con la raza. Por ejemplo, Jaramilloafirma que la barbarie existió en todos los ban-dos durante la guerra. Y, sin embargo, las des-

7 Ídem., p. 244.8 Ídem., p. 53.9 Ídem., p. 69; aquí Jaramillo está citando con aprobación un libro de 1936 de Carlos Chaparro Monco, Un soldado

en campaña.10 Ídem., pp. 333-334.11 Ídem., p. 282.12 Ídem., p. 60. Los lectores pueden querer comparar esta evaluación de la motivación femenina con las conclusiones

reflexivas sobre el tema: Aída Martínez Carreño, “Mujeres en pie de guerra”, en Gonzalo Sánchez y Mario Aguilera(eds.), Memoria de un país en guerra: Los Mil Días 1899-1902, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, 2000,especialmente, pp. 204-207.

13 Ídem., p. 67.14 Ídem., p. 73. Ver, por ejemplo, la discusión del castigo de las mujeres, particularmente de la forma llamada “la

amapola”.

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cripciones más detalladas y gráficas de barbariesen el libro tienen que ver con atrocidades queinvolucraban a los indígenas15. Al discutir la tre-menda brutalidad de los indios Cholo en Pana-má durante la Guerra, Jaramillo explícitamentela compara con la de los “negros caucanos en lastierras del Valle”16.

Dejando estas reservas de lado, hay muchoque aprender de este libro sobre la participaciónpopular en la Guerra. Jaramillo ha encontradoun cuerpo significativo de nueva documentaciónpara apuntalar lo que sabemos sobre aspectoscomo el reclutamiento y las tácticas de la guerri-lla. Además, él ha descubierto mucho materialnuevo sobre la forma como la lucha afectó lavida de la gente del común. A los asuntos ante-riormente mencionados, Jaramillo suma seccio-nes sobre canciones populares y la forma devestir de la guerrilla, y brinda una lista fascinantesobre el uso de drogas medicinales y remedioscaseros utilizados durante la época. Un docu-mento fabuloso, reproducido en su totalidad, re-gistra las transacciones de una tienda deempeño en Ibagué durante el mes de julio de1902. Éste revela la penuria que mucha genteestaba experimentando en ese momento delconflicto, con mujeres empeñando los elemen-tos básicos del hogar y ropa íntima personalpara lograr estirar el dinero disponible para cu-brir las necesidades más apremiantes. Otra im-portante contribución de Jaramillo es el listadometiculoso del número y la distribución de losgrupos de guerrilla que operaron durante laguerra (como era de esperarse, la mayoría eranliberales y se hallaban abrumadoramente con-centrados en Tolima, Cundinamarca ySantander)17; otra lista suministra una reseñames por mes de las batallas más importantes dela Guerra, señalando la fecha, sitio, nombre delos comandantes de ambos bandos y el resultadode cada una de ellas18. Sin embargo, es desafortu-nado que Jaramillo no describa la metodologíaque utilizó en la creación y documentación de es-tas listas; sin esta información es imposible demos-trar y juzgar su validez.

El enfoque de Jaramillo sobre las fuentes y ladocumentación puede no satisfacer siempre losescrúpulos disciplinarios de los historiadores pro-fesionales, pero irónicamente tal vez la contribu-ción más grande de su trabajo sea la de dejar a loshistoriadores del futuro el rango de archivos quecontienen material útil sobre las dimensiones po-pulares de la guerra. Jaramillo consigue materialno sólo de repositorios nacionales utilizados porinvestigadores anteriores –tales como el ArchivoNacional, la Academia Colombiana de Historia yel Ministerio de Defensa–, sino que también utili-za archivos de provincia tales como el ArchivoCentral del Cauca, el Archivo Histórico deSantander y el Archivo Histórico de Ibagué. Esprobable que, como está sucediendo con otros te-mas de la historia colombiana, el trabajo en los ar-chivos provinciales y municipales como éstoslleguen un día a presentar a los investigadores di-ligentes todo un nuevo universo de datos empíri-cos y posibilidades interpretativas relacionadoscon las dimensiones populares de la Guerra.

La segunda contribución importante al en-tendimiento de lo popular en la Guerra de losMil Días es un ensayo provocativo e interpretativode Fernán E. González, S. J., originalmente publi-cado como “La Guerra de los Mil Días” en las Me-morias de la II Cátedra Anual de Historia“Ernesto Restrepo Tirado”19, y subsecuentementepublicadas de nuevo bajo un título más descripti-vo: “De la guerra regular de los ‘generales-caba-lleros’ a la guerra popular de los guerrilleros”,en el volumen editado por Sánchez y Aguilera20.La contribución de González es de un ordenmuy diferente al de Jaramillo. Especializadocomo historiador en la Universidad deCalifornia-Berkeley y director del Centro para laInvestigación y Estudios Populares (Cinep) enBogotá, González no se dedica a realizar unanueva investigación primaria sobre la Guerra.Más bien, él busca una comprensión más ampliadel conflicto, sintetizando e interpretando aspec-tos de la literatura secundaria sobre la Guerra.Combinando la evidencia y el análisis de los tra-bajos de Jaramillo, Marco Palacios, José Antonio

15 Ídem., pp. 94-100.16 Ídem., p. 99.17 Ídem., p. 104.18 Ídem., apéndice 5.19 Fernán E. González, S. J., “La Guerra de los Mil Días” en Memorias de la II Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo

Tirado, Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX, Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 1998.20 Gonzalo Sánchez y Mario Aguilera (eds.), Ob. Cit.

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Ocampo y Bergquist, entre otros, González argu-menta más clara y convincentemente que cual-quiera de estos otros autores que la fase deguerrilla de la Guerra tenía una geografía únicay obedecía a una lógica social definida. Él afirmaque el teatro geográfico de la guerra popular deguerrillas estaba localizado “especialmente en elvalle del Magdalena, desde Honda hasta Neiva,con las vertientes cordilleranas que lo circun-dan”21. Estas regiones, localizadas en el occidentede Cundinamarca y del Tolima, son parte de lafrontera cafetera en expansión de finales del si-glo XIX, y ellas experimentan un proceso dualde inmigración interna (con gente llegando delas regiones montañosas de Cundinamarca yBoyacá en la cordillera Oriental y de Antioquiaen la cordillera Central) y alienación de la tierrapública (en la que los colonos y los capitalistas agran escala, dos fuerzas frecuentemente en con-flicto, rivalizan por la tierra). De acuerdo conGonzález, estas áreas también son social yculturalmente distintas a las antiguas áreas de co-lonización en Colombia. Éstas eran sociedadesde “poca cohesión y control sociales”22 donde lapresencia del Estado y de la Iglesia era precaria.Fueron estas áreas las que procrearon y sostuvie-ron a los principales grupos de guerrilla liberalque prolongaron la guerra en el interior del paísdespués de la derrota de los ejércitos regulares li-berales en Palonegro, Santander, en mayo de1900. Y fue en estas áreas donde, durante las úl-timas etapas de la Guerra, la brutalidad y degra-dación del conflicto fue más hondo, condicioneséstas que ayudan a explicar el recrudecimientode la violencia política en estas mismas regionesen la mitad del siglo XX.

Éste es un argumento pulcro que encuentrobastante apasionante, porque sin duda trata enparte aspectos de mi propio trabajo. Pero es im-portante resaltar que actualmente es más una hi-pótesis interpretativa que un análisis históricodocumentado. Por ejemplo, un aspecto crucialdel argumento de González –lo que para él haceque las fuerzas de guerrilla de Cundinamarca yTolima sean “populares” es que están compues-tas “principalmente de iletrados del campo, cam-pesinos sin tierra, pequeños propietarios ycolonos, [y] trabajadores independientes”23–puede ser posible, pero todavía hace falta evi-dencia sistemática y documentada sobre la com-

posición de estos grupos de guerrilla, y la únicaevidencia sistemática que tenemos respecto a lacomposición social de las fuerzas revolucionariasliberales en esa región, y de la cual soy conscien-te sugiere un cuadro mucho más complejo en elque los comerciantes, grandes terratenientes,profesionales y artesanos juegan papeles impor-tantes. Esto fue especialmente cierto en los cuer-pos oficiales de los grupos revolucionarios, quedesde el principio del conflicto comprendían unmuy alto porcentaje del número total en armas.Aun durante las últimas etapas de la Guerra, lamayoría de los grupos de guerrilla liberales con-tinuaron siendo dirigidos por hombres cuya po-sición social puede ser mejor descrita comoperteneciente a la elite provincial. Este punto esde crucial importancia porque, como argu-mentaré más adelante, aunque existe evidenciade que los líderes de extracción social más po-pular desempeñaron papeles más prominentesen las fuerzas de la guerrilla a medida que laGuerra progresaba (una tendencia cuyasimplicaciones sociales potenciales aterraban alas elites de ambos partidos), no hay evidenciade que estos líderes y fuerzas populares hayanevolucionado hacia la articulación de un proyec-to social que pudiera democratizar las disposicio-nes sobre la tenencia de la tierra, la reforma a lossistemas explotadores de trabajo o el cambio enlas políticas que desfavorecían ampliamente a loscolonos en la adjudicación de las tierras públi-cas. No obstante la retórica en tiempos de guerradel Gobierno y la ficción legal, es rara una evi-dencia documentada de que algunos grupos deguerrilla rutinariamente se dedicaran a actos decriminalidad común. Las fuerzas guerrilleras to-maban la propiedad y exigían prestamos en nom-bre de la revolución liberal, pero ésta era unapráctica estándar de los ejércitos combatientesdurante todo el siglo XIX.

González le ha prestado un gran servicio alos estudiosos de la Guerra, presentándoles unahipótesis interpretativa y provocadora relaciona-da con las dimensiones populares, que es nota-ble por su claridad, alcance y comprensión.Declarada virtualmente como un silogismo, suinterpretación puede ahora ser sostenida,modificada o desacreditada por una investiga-ción más avanzada.

La contribución final aquí discutida es tam-

21 Ídem., p. 116.22 Ídem., p. 117.23 Ídem.

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bién la más reciente: el libro Tras las huellas delsoldado Pablo, de Hermes Tovar Pinzón, que tam-bién está publicado en el volumen sobre la guerraeditado por Sánchez y Aguilera24. Tovar, un histo-riador colonial de América Latina por instrucción,es un escritor prolífico en todos los aspectos de lahistoria colombiana, y es indudablemente el histo-riador más familiarizado con las fuentes de docu-mentación disponibles en el Archivo Nacional. Es,por tanto, apropiado que en el artículo aquí dis-cutido, Tovar se haya propuesto probar la utili-dad de un hasta aquí olvidado y realmentemasivo cuerpo de documentación pertenecientea la Guerra de los Mil Días. Los documentos encuestión fueron creados después de la aproba-ción en 1938 de una ley diseñada para compen-sar a los veteranos de la Guerra de los Mil Díaspor su servicio. Más de 26.000 archivos o expe-dientes existen en esta colección guardada en elArchivo Nacional colombiano, y usualmente cita-da como Ministerio de Defensa, Expedientes Veteranosde la Guerra de los Mil Días.

Como Tovar explica en detalle, cada peticiónpresentada por el candidato a la compensaciónbajo esta ley debía ir acompañada del testimoniode tres miembros reconocidos de los militaresconfirmando la participación del candidato en laGuerra, del certificado de bautismo del candida-to y, si aplicaba, de los certificados de matrimo-nio y defunción, como también de un relatocorto sobre la participación del candidato duran-te el tiempo de guerra. Aunque elementos de lainformación requerida no estén presentes encada archivo, es posible determinar para la ma-yoría de los candidatos la edad, el lugar de naci-miento, la ocupación al comienzo de la guerra yla experiencia militar. Con frecuencia, la declara-ción de servicio en la guerra incluye informaciónfascinante sobre los motivos y la experiencia delos candidatos.

Tovar inicialmente se propuso usar este cuer-po masivo de fuente para ver si podía descubririnformación sobre un familiar, un joven soldadocon el nombre de Pablo Tovar enviado a reforzarlas tropas del Gobierno a la batalla central dePalonegro. Él no encuentra material sobre Pa-blo; Tovar cree que probablemente fue uno másentre los miles que perdieron su vida en la bata-lla más sangrienta de la Guerra. Pero ya una vezinvolucrado con esta colección de documentosque investiga durante un período de cinco años,

Tovar decide probar qué tan útiles pueden ser es-tos documentos para ampliar la comprensión dela Guerra, especialmente en lo que se refiere a lasdimensiones populares personificadas en un sol-dado como Pablo. Tovar toma dos muestras paraver qué tipo de información pueden producir es-tos documentos. En la primera, que consiste encasi la mitad de los archivos, él simplemente regis-tra el rango militar que cada ex-combatiente obtu-vo durante la Guerra. En la segunda muestra, unamirada más detallada y calificada a los archivos de170 candidatos, enfoca su atención sobre las de-claraciones de servicio.

Trabajando con estas dos muestras, Tovar in-tenta en el artículo brindar a sus compañerosinvestigadores un tipo de guía del “saber-como”para el uso adecuado de las fuentes de docu-mentación que muchos podrían encontrar deutilidad cuestionable o marginal. Como élelocuentemente lo dice, “la información repeti-da y rutinaria de estas peticiones termina pordisolver lo individual en el mundo de lo social.Lo reiterativo de unos documentos comunesconstituye una especie de puntillismo que intro-duce luz en el cuadro de la historia”. Él conti-núa: “Cualquier investigador con pocaexperiencia estaría tentado a dejar esta docu-mentación o usarla como dato aislado para ilus-trar historias personales y no como parte defenómenos colectivos que comienzan a revelarsea medida que la reiteración toma cuerpo en locuantitativo”. Tovar concluye este pasaje con lasiguiente aseveración: “Absorbidos en ambientessociales, estos expedientes precisan y recrean lasestructuras de una época”25.

Éste es un conjunto de afirmaciones abun-dante sobre el material que extracta de la prime-ra muestra, y los lectores del artículo tendránque juzgar por ellos mismos qué tan exitoso esen apoyarlas. Por lo menos es capaz de usar suprimera muestra para determinar la distribuciónpor edad y rango de los peticionarios, y estableceun buen caso para hacer un trabajo cuantitativosimilar usando los datos sobre lugares de naci-miento, estado civil, estructura de la familia, pro-fesión y lugar de residencia.

En cuanto a la utilidad potencial de la infor-mación cualitativa recogida en los relatos de ser-vicio en la muestra más pequeña que realizó,Tovar no es menos positivo sobre los prospectospara los investigadores. Él estima que estos rela-

24 Ídem.25 Ídem., p. 156.

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tos pueden totalizar unas 10 a 20 mil páginas, ypregunta qué se puede hacer con este enormecuerpo de material:

Más allá de la originalidad de la descripción,la ingenuidad que ofrecen muchas de ellas, lo es-cueto de los recuerdos o el exhibicionismo delvalor mediante el uso de la retórica, podremossacar algunas conclusiones que cambian visionesconvencionales de la guerra o al menos nos de-jan otra imagen de este desastre de la nación co-lombiana. Más allá de ser un elogio a la victoriao la constatación de una vinculación a uno de lospartidos en contienda, los relatos de los vetera-nos son pequeñas piezas, memorias de la guerra,con los cuales es posible tejer los escenarios delconflicto, los motivos de la movilización y las acti-tudes de los combatientes. Son notas para unagran sinfonía26.

Esto suena inspirador, pero al final, a mi en-tender, Tovar es menos que completamente exi-toso en demostrar que esta fuente es tan útil.No se puede evitar el hecho de que el materialsobre los testimonios que él cita en el archivosea tendencioso, ya que está diseñado paracumplir los prerrequisitos establecidos por laley y para convencer a los burócratas del Go-bierno que están administrando el programa deque el candidato sí estuvo en realidad invo-lucrado en la Guerra27. Aunque otros investiga-dores han usado elementos del testimonio enlas peticiones a su ventaja –uno piensa, en parti-cular, en el trabajo anteriormente citado deAída Martínez sobre la motivación femeninadurante el conflicto– sus conclusiones, como lasde Tovar en este artículo, parecen excesivamen-te influidas por una inherente parcialidad enesta documentación. Ambos, Martínez y Tovar,concluyen que los participantes en el conflictoincluyendo miembros de las clases populares es-tuvieron profundamente motivados por lasideologías partidistas. Como Tovar lo afirma:“Entre la conscripción y la incorporación volun-taria hay una gama de actitudes que no dejanlugar a dudas sobre el poder ideológico de lospartidos. La política era una especie de reli-gión. Las ideas liberales y conservadoras opera-ban como libro sagrado capaz de condicionar la

vida de quienes veían en ellas un evangelio irre-nunciable”28.

Nuevamente, de hecho, éste puede ser elcaso. ¿Pero puede uno realmente esperar llegara una conclusión diferente basado en el tipo deevidencia en los documentos en cuestión? Ahorapodemos volver a la cuestión de reinterpretar laGuerra, especialmente en sus dimensiones popu-lares, dentro del amplio recorrido de la historiacolombiana. Una revisión fundamental delsignificado de la Guerra, pensaría uno, deberíaestar en evidencia hoy. Después de todo, muchoha cambiado desde la época descrita al comienzode este ensayo, tanto en términos de cómo mar-cha el mundo y los asuntos colombianos, comotambién en los términos de la forma como en-tendemos esta historia.

Por supuesto, el centro de todos estos cambiosha sido la falla y el colapso de los regímenes socia-listas autoritarios asociados con la antigua UniónSoviética y la resultante hegemonía mundial delas instituciones capitalistas liberales y el estadomilitarizado de Estados Unidos. Estos desarrolloshan forzado a los historiadores, y en particular alos de izquierda, a repensar el papel histórico dela lucha popular en la creación de un nuevo or-den mundial progresivamente más democrático.Pero mientras algunos tomaron esta oportunidadpara abandonar el estudio de lo popular tirandopor la borda sus métodos marxistas y visiones so-cialistas y uniéndose a la celebración liberal de“fin de la historia”, muchos otros han persevera-do, explorando primero un nuevo tipo de historiasocial y luego una nueva historia cultural, muchade ella centrada en el análisis del discurso. Aun-que la mayor parte de este último trabajo es pre-sentado en un discurso académico enrarecido ybastante distanciado del lenguaje y los interesesde la política popular, lo mejor de esto es que haaumentado enormemente nuestra comprensiónde los complejos mecanismos a través de los cua-les las fuerzas populares luchan para efectuar elcambio democrático. En la historiografía de laColombia del siglo XIX, la sofisticación y promesade este tipo de trabajo está ejemplificada en los es-tudios justamente celebrados de políticas del arte-sano realizados por Francisco Gutiérrez Sanín,Curso y discurso del movimiento plebeyo 1849/1854, y

26 Ídem., pp. 157-158.27 Al respecto, una pregunta no formulada en el artículo consiste en establecer qué alcance tiene toda la muestra parcializada a

favor de los solicitantes liberales dado que el programa fue iniciado durante un período de hegemonía política liberal eintermitente boicot conservador del proceso electoral.

28 Gonzalo Sánchez y Mario Aguilera (eds.), Ob. Cit., pp. 162-163.

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Mario Aguilera, Insurgencia urbana en Bogotá: motín,conspiración y guerra civil, 1893-189529. Para la Gue-rra de los Mil Días no hay todavía nada comparablea estos dos extraordinarios estudios.

Comparando los trabajos de Gutiérrez yAguilera con los estudios sobre la Guerra discuti-dos anteriormente, se hace clara una distinciónque sólo ha sido implícita en la discusión hastaeste punto. Aprender sobre cómo el pasado haafectado las vidas de la gente del común es un as-pecto de la investigación por lo popular en lahistoria. Encontrar grupos populares actuandopor cuenta propia para promover sus propios in-tereses es completamente otra. La investigaciónsobre la Guerra de los Mil Días ha avanzado con-siderablemente en años recientes en términos dela primera dimensión. Pero justamente, comoocurrió en mi propia investigación para mi diser-tación hace tres décadas, la investigación en lasegunda dimensión consecuentemente no haconseguido nada.

Puede ser que hasta ahora hayamos buscadoen los sitios equivocados y que los futuros investi-gadores puedan descubrir los escondites de nue-vos documentos que les permitan estudiar losgrupos populares del tiempo de la Guerra quehablen y actúen a nombre propio. Uno piensa,por ejemplo, en el descubrimiento de GonzaloSánchez –uno que aún no ha sido complementa-do con hallazgos de material similar en otra par-te– de documentos en El Líbano quedemuestran la existencia, por lo menos en esemunicipio, de una cultura popular insurrecta en-tre artesanos y trabajadores rurales en el corazónde la zona cafetera en los años veinte30. Pero has-ta ahora nadie –hasta donde yo sé– ha encontra-do documentos de este tipo para el período de laGuerra de los Mil Días. Esto puede ser, como seanotó anteriormente, el resultado de la falta deinvestigación diligente particularmente en los re-positorios y archivos de fuera de Bogotá. O pue-de indicar algo diferente por completo, algo quetodavía tenemos que confrontar directamente, a

saber: la posibilidad de que para el tiempo de laGuerra de los Mil Días, los grupos capaces de ac-tuar políticamente por su propia cuenta no exis-tían en la práctica. Esta posibilidad, si fuesecierta, tendría, yo creo, serias implicaciones en laforma como pensamos acerca de la historia co-lombiana de ambos siglos, el XIX y el XX.

La posibilidad de que el medio popular deltipo que estamos discutiendo haya virtualmentedesaparecido de la escena colombiana para eltiempo de la Guerra es sugerido por la informa-ción de otros estudios recientes sobre la políticadel país en el siglo XIX, aunque establecer dichoargumento no es el propósito primordial de es-tos estudios. La historia de la política artesanalentre los períodos estudiados por Gutiérrez yAguilera ha sido examinado por el historiadorde Estados Unidos, David Sowell, en su libro Losinicios del Movimiento Laboral colombiano: artesanosy la política en Bogotá, 1832-191931, y aunque estetrabajo es menos conclusivo, sugiere que a travésdel tiempo muchos miembros de la gran claseartesana de Bogotá se han desilusionado de laspolíticas liberales y, más aún, algunos se han con-vertido en partidarios activos de las faccionesconservadoras.

En otro frente, el trabajo de otros historiado-res colombianos como Renán Vega Cantor y Mi-guel Ángel Urrego han puesto de relieve muchomás que otros historiadores previos, la severidady exhaustividad de los programas políticos y so-ciales reaccionarios y represivos de la regenera-ción, el régimen nacional conservador que learrebató el poder a los liberales en 1885 y per-maneció en control de la vida nacional hasta elfin del siglo32.

Mientras tanto, el historiador de Estados Uni-dos, James Sanders, ha mostrado cómo el perío-do precedente de control político nacionalliberal fue construido sobre el apoyo popular alpartido, especialmente entre los constituyentesnegros en el Valle del Cauca a comienzos de los1850. Él argumenta que el miedo de la elite a los

29 Francisco Gutiérrez Sanín, Curso y discurso del movimiento plebeyo 1849/1854, Bogotá, Instituto de Estudios Políticosy Relaciones Internacionales (IEPRI)-El Áncora Editores, 1995. Mario Aguilera Peña, Insurgencia urbana en Bogotá:motín, conspiración y guerra civil, 1893-1895, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1997.

30 Ver Los Bolcheviques de El Líbano, Bogotá, 1976.31 David Sowell, Los inicios del Movimiento Laboral Colombiano: artesanos y la política en Bogotá, 1832-1919, Filadelfia,

Temple University Press, 1992.32 Ver en particular Miguel Ángel Urrego, “La noción de ciudadanía bajo la Regeneración: Colombia, 1880-1900”, en

Rossana Barragán, Dora Cajias y Seemin Qayum (eds.), El Siglo XIX: Bolivia y América Latina, La Paz, Muela delDiablo Editores, 1997, pp. 631-667.

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proyectos y la participación popular liberal soca-vó progresivamente la unidad del partido liberaldurante los 1860 y 1870, y finalmente compro-metió su proyección en la escena nacional33.

James y otra historiadora de Estados Unidos,Nancy Applebaum, han construido sobre el tra-bajo anterior de académicos colombianos comoMaría Teresa Uribe de Hincapié y Jesús MaríaÁlvarez34, y han utilizado con provecho los archi-vos regionales para mostrar cómo los colonos dela frontera agrícola en expansión de la cordille-ra Central en este período compartían un carác-ter esencial conservador, masculino, dueño depropiedad, pro-católico ceñido por una identi-dad racial de blancura. Este sentido de identi-dad racial, en parte real, en parte imaginado,fue contrapuesto a “otro” racial, los negros re-publicanos liberales radicales del Valle delCauca, y facilitó la construcción de una identi-dad regional que trascendió los antagonismosde clases entre los colonos35.

Estudios como éstos sugieren una hipótesisque podría explicar la desactivación gradual deuna política autónoma de los grupos populares enel transcurso de la segunda mitad del siglo XIX.El argumento sería algo así como: exceptuando alos focos de resistencia formados por grupos indí-genas y descendientes de los esclavos africanos, lamayoría de la gente mestiza trabajadora en lasáreas rurales esenciales de Colombia, especial-mente los colonos y los pequeños propietarios enla frontera agrícola, han adoptado los valoresindividualistas, patriarcales, conservadores, pro-ca-pitalistas y raciales defendidos por el liderazgoblanco de los partidos liberal y conservador36.

Mientras tanto, los artesanos urbanos, cuyasorganizaciones tuvieron un gran impacto en lapolítica nacional de la década de 1850, vierondisminuidas sus fortunas materiales (como resul-tado de las políticas liberales de libre comercioque hicieron más difícil para ellos competir conmuchos fabricantes extranjeros) y el declive desu influencia política (el resultado de laambivalencia o reacción de parte de las elites li-

berales frente a la movilización popular) en lasdécadas después de 1850. La crisis del comerciointernacional y las políticas económicas poco or-todoxas de la Regeneración pueden haber traídoa los artesanos algún respiro en términos econó-micos durante los 1880, pero las restriccionesdraconianas del régimen sobre la expresión de-mocrática y los derechos políticos socavaron elpotencial de la expresión y organizaciónartesana. Como cuando Aguilera nos muestra,tan convincentemente, que algunos artesanos enBogotá se unieron a la conspiración de los libe-rales y participaron en la revolución de corta du-ración de 1895, y fueron castigados con larepresión y el exilio.

Podría pensarse, dado el alcance de la docu-mentación que Aguilera encontró que llega has-ta1895, que algún grado de organizaciónartesanal radical hubiera sobrevivido paradesempeñar un papel en la Guerra de los MilDías. Pero en este punto, la evidencia parece su-gerir que incluso en Bogotá, los artesanos ya esta-ban en gran parte acabados como grupo capaz detener una visión autónoma y una acción indepen-diente hacia 1899. Con base en la documentaciónque hemos encontrado hasta la fecha, parece serque estos artesanos que apoyaron la causa liberalal comienzo del conflicto en ese año actuaronbajo la dirección de los líderes liberales y no a pe-tición de sus propias organizaciones.

Obviamente, toda esta interpretación de ladesactivación popular es especulativa, y el acep-tarla requeriría muchísima más documentación ytrabajo interpretativo del que se ha hecho hastala fecha. Sin embargo, cualquiera que sea la ex-plicación, en el estado presente de nuestra inves-tigación parece ser que la ausencia de unadimensión popular independiente coloca a laGuerra de los Mil Días aparte de las guerras civi-les anteriores de ese siglo.

Vista desde la luz de la desactivación popular,el significado de la Guerra toma un nuevosignificado. Por una parte, marca el punto finalde un largo período de declinación de la política

33 “Republicanos contenciosos: política, raza y clase popular en el siglo XIX en Colombia”, próximo a salir, DukeUniversity Press.

34 María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, Poderes y regiones: problemas en la constitución de la nacióncolombiana, 1810-1850, Medellín, Universidad de Antioquia, 1987.

35 El trabajo de Applebaum está condensado en “Blanqueando la región: mediación caucana y colonizaciónantioqueña”, en Reseña histórica hispano americana, vol. 79:4, noviembre de 1999, pp. 631-667.

36 Sospecho que este proceso mostrará, en una futura investigación, que se extiende mucho más allá de la CordilleraCentral, afectando las áreas de colonización de frontera en el occidente de Cundinamarca y Tolima, destacado porFernán González, y que de acuerdo con una anterior discusión, abarcaría Santander y probablemente también otrasáreas.

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popular. Por otra parte, señala el comienzo deotro período, que todavía hoy nos acompaña, enel que los intereses populares están en gran par-te sumergidos y son canalizados a través de laidentificación con los partidos liderados por laselites liberal y conservadora.

Creo que considerar la Guerra de esta formacoloca toda la historia colombiana –y por exten-sión, la historia latinoamericana– bajo una nue-va luz. Esto es cierto para los siglos XIX y XX dela nación y de la región. Aquí nos centramosprimordialmente en el siglo XIX, que es eltema principal de este ensayo. Si uno está tra-tando de explicar la desactivación popular en elperíodo de la Guerra de los Mil Días, la caracte-rística más importante de la historia colombia-na del siglo XIX es el proceso a través del cualse llegó a esa amplia identificación popular conlos dos partidos liderados por las elites. La pro-fundidad del apoyo popular a estos partidoscoloca a Colombia aparte de otros países impor-tantes de América Latina y debería ser entendi-do en términos comparativos. En Colombia,como en la mayoría de otros países de la re-gión, la Independencia desencadenó décadasde conflicto civil sobre la cuestión de la reformaliberal del orden colonial. Pero donde en el res-to de la región se acomodó exitosamente algúngrado de reforma liberal y se logró una estabili-dad política mucho antes del final del sigloXIX, en Colombia los asuntos sobre la reformaliberal aún estaban por resolverse a finales delsiglo; es más, ellos aún estaban sin resolverse acomienzos del siglo XX después de la mayor delas guerras civiles que convulsionó la nación y laregión durante todo el siglo XIX.

La explicación de la historia divergente deColombia del siglo XIX debe comenzar con la fa-lla del país para desarrollar y expandir las expor-taciones agrícolas o mineras a la economíamundial, lo que recortó la consolidación materiale ideológica de las fuerzas liberales. Igualmenteimportante para explicar la excepcionalidad co-lombiana del siglo XIX fue la necesidad de laselites contendientes de apoyar la movilización po-lítica y militar de las clases populares en su pro-longada lucha sobre el momento y la extensiónde la reforma liberal. Ellos hicieron esto, en parte,porque a diferencia del resto de América Latina,en Colombia las posibilidades de una política po-pular basada en solidaridades étnicas y culturalesfuera de la corriente principal del blanco-mestizode habla española eran limitadas.

Más aún, otra dimensión crucial del alcancede la identificación popular con los dos partidosen Colombia fue el grado en el que los partidosreflejaron y acomodaron las aspiraciones de im-portantes elementos de las clases populares. Estofue particularmente cierto, como lo hemos visto,en las áreas donde la lucha por la tierra en lafrontera agrícola fusionó los valores sociales, ra-ciales, conservadores de los propietarios mestizos(grandes y pequeños, actuales y aspirantes) conlos valores similares de las elites terratenientes ycomerciantes capitalistas. La identificación popu-lar con uno u otro de los dos partidos en Colom-bia –un proceso que avanzó a través de unaguerra civil intermitente durante todo el sigloXIX– fue luego indeleblemente fijada en el cuer-po político durante la guerra civil más sangrientay destructiva de todas las del siglo XIX.

Un resultado de este proceso político del si-glo XIX, que coloca a Colombia decisivamenteaparte de sus vecinos latinoamericanos, es unaresistencia peculiar a la formación de tercerospartidos, especialmente de partidos popularesde izquierda a lo largo de todo el siglo XX. Mu-chos estudiosos de la historia de Colombia en elsiglo XX argumentan que la fortaleza del siste-ma de los dos partidos y la falla de la políticapopular democrática dentro de él ayudan a ex-plicar el resurgimiento de la violencia política amitad del siglo, la singularidad de su dinámica yde la forma de su fórmula de compartir el po-der que la trajo temporalmente a un final. Mu-chos también argumentarían que la ausencia deuna alternativa democrática popular a los parti-dos tradicionales contribuyó a la insurrecciónde la guerrilla de las décadas recientes, y queesa ausencia continúa siendo un impedimentoimportante a la resolución de la crisis que en-frenta hoy la nación.

Por todas estas razones, y a pesar de todos loscambios, tanto históricos como historiográficosque han ocurrido en las más de tres décadas exa-minadas en este ensayo, continúo creyendo quela búsqueda de lo popular en la Guerra de losMil Días es importante. Afecta nuestra compren-sión de la guerra misma y de la historia colom-biana y latinoamericana de los siglos XIX y XXen general. Y debido a que la forma como enten-demos el pasado ayuda a formar nuestra políticaaquí y ahora, continúa siendo también un impor-tante esfuerzo político.

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Movimiento étnicoafrocolombiano en elquehacer político deTumaco*

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Stella RodríguezAntropóloga, Universidad Nacional de Colombia.

1 La división política actual de esta subregióncorresponde a diez municipios, que se pueden agruparen tres zonas, así: zona norte: El Charco, La Tola,Satinga (Olaya Herrera), Iscuandé (Santa Bárbara) yMosquera, zona centro: Barbacoas, Magüi Payán yRoberto Payán, y la zona sur, comprendida por losmunicipios de Salahonda (Francisco Pizarro) y Tumaco,que es el principal centro político y comercial de lacosta y el segundo puerto pesquero sobre el Pacífico surdespués de Buenaventura.

2 Barbacoas, La Tola, Magüi Payán, Mosquera y SantaBárbara tuvieron ausencia temporal de mandatarioslocales en distintos períodos entre los años 2000 y2002. De igual manera, los personeros de Iscuandé,Magüi y La Tola han estado ausentes por amenazas delos grupos armados.

Para Porfirio Becerra,quien mantiene vital la dimensión política

del proceso de comunidades negras

En memoria de Luciano Castillo Alegría (q.e.p.d.), líderdel Movimiento Afrocolombiano en el Pacífico sur, asesina-

do en el año 2003 antes de las elecciones a la Alcaldía de

Roberto Payán, a la cual era aspirante y seguro ganador.

desde el año 2000, la situación socio-política de la costa nariñense1 se encuentradefinida por el deterioro y un limbo de ilegitimi-dad. La clase política perdió credibilidad frente ala sociedad local, debido a una ingobernabilidad,que se explica por circunstancias relativamentenuevas para la región, como la intensificación delconflicto armado, y por factores menos coyuntu-rales asociados al clientelismo, la corrupción y elgamonalismo exacerbados.

Si bien es cierto que a causa del primer factorexistió una ausencia parcial o total de las autori-dades civiles en casi todos los municipioscosteros2, esta reflexión se concentrará en el se-gundo factor y en el cruce de sus relaciones conel movimiento social afrocolombiano en el muni-cipio de Tumaco, que por supuesto no es ajeno a

* La información consignada en este texto es producto de laestadía de la autora en Tumaco desde octubre del año 2002hasta diciembre de 2003, donde desempeñó un cargopúblico. Este artículo fue elaborado antes de las eleccionesmunicipales a la Alcaldía, que tuvieron lugar en julio de2004.

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23 Ver un análisis más completo en greetingline Con-44742ABC2 \c \s \l. Jaime Arocha, “Ley 70 de 1993: Utopía

para los afrodescendientes excluidos”, en Jaime Arocha (comp.), Utopías para los excluidos. El multiculturalismoen África y América Latina, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas,Colección CES.

4 A la fecha se han reglamentado los primeros tres capítulos, referentes a la titulación colectiva y alfuncionamiento de los consejos comunitarios, pero falta avanzar en los capítulos finales que tratan los temasgruesos, como recursos mineros, mecanismos de protección y desarrollo de la identidad cultural, planeación yfomento del desarrollo económico y social.

5 Pedro Ferrin, “La Ley 70 del 93 a diez años de su promulgación: balances”, en Afroamérica. Un pensamiento deruptura, nº 1, Bogotá, Instituto de Liderazgo del Pacífico y la Corporación de Estudios Afroamericanos,septiembre-octubre de 2003.

6 Óscar Almario y Ricardo Castillo, “Territorio, poblamiento y sociedades negras en el Pacífico Sur colombiano”,en Eduardo Restrepo y Jorge Ignacio del Valle (eds.), Renacientes del Guandal. Grupos negros de los ríos Satinga ySanquianga, Proyecto Bogotá, Universidad Nacional de Colombia y Biopacífico, 1996.

los embates de la violencia. Sin embargo, este úl-timo tema merece una dedicación más precisa,que rebasa los propósitos de esta discusión.

Para desarrollar este escrito, parto de una des-cripción de la administración municipal 2001-2004; luego, hago un breve bosquejo delaccionar político de los Escrucería, la familiamás influyente en la política tradicional deTumaco y sus áreas aledañas; después realizo unacaracterización del devenir de las organizacionesétnico territoriales y su injerencia en la vida polí-tica, la cual devela algunos problemas a los queel movimiento se enfrenta, una vez que los con-sejos comunitarios de las comunidades negras seproyectaron al ruedo político electoral avalandoa un candidato que los representó en loscomicios para la Alcaldía Municipal de Tumaco,el 14 de julio del año 2004. Concibo que el que-hacer político está definido allende de los parti-dos y las elecciones, pero aquí intentoenfrentarme a esta problemática exclusivamentedentro de este margen.

Al conmemorarse el primer decenio de laaprobación de la Ley 70 de 1993, surge el balan-ce sobre los alcances y obstáculos, así como delos logros que en cuanto a participación e inclu-sión adquirieron, mediante la lucha, las organi-zaciones afrocolombianas3. Este arqueo seplantea en medio de tres situaciones complejas einterdependientes.

De un lado, la violencia que durante los últi-mos años se ensañó en el Pacífico colombiano,acompañada de la proliferación del cultivo dehoja de coca y todas sus consecuencias. La res-ponsabilidad de Estado se hace extensiva con suincumplimiento de los compromisos adquiridoscon estas comunidades. Efectivamente, un se-gundo tropiezo es la falta de voluntad políticapara terminar la reglamentación de los capítulos

de la Ley 704 y para emprender la formulacióndel Plan de Desarrollo de las ComunidadesAfrocolombianas, la implementación de AgendaPacífico XXI. En lo económico, no se ha hechoel desembolso de los recursos del BID para elfuncionamiento del Plan Pacífico, y por falta deasignación presupuestal, funcionan a medias laUniversidad del Pacífico, el Instituto de Investi-gaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), lasConsultivas Departamentales y de Alto Nivel, to-dos ellos, espacios propuestos en la Ley 705. Parafinalizar este rápido balance sobre los retos plan-teados por esta Ley, debemos registrar el debateactual que cuestiona la solidez del movimientosocial afrocolombiano, que tiene como limitanteinterna el cisma entre las comunidades de baseen las áreas rurales y las organizaciones urbanas.Dicha ruptura interfiere en la unicidad del movi-miento y su capacidad para exigirle al Estado elcumplimiento de sus obligaciones.

Es pertinente señalar que debido a la trascen-dencia y al impacto político que la Ley de lasnegritudes trajo consigo, hay una profusión deestudios que circunscribieron la participación delas comunidades negras, su presencia política yla movilización social a esta Ley, que se convirtióen un referente privilegiado a la hora de abordarel panorama político de los afrocolombianos enla vida nacional.

Las investigaciones que se concentran en re-velar las movilizaciones políticas de losafrodescendientes, anteriores a la década de losnoventa, son escasas. Son un campo por desple-gar las introspecciones referidas a los ideales po-líticos durante el período Republicano hasta elFrente Nacional, y la relación de las elites localescon el bipartidismo6. Faltan estudios que abor-den la vinculación de los afrocolombianos con laANUC y sectores de izquierda, aunque algunos

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7 En este aspecto se destacan las investigaciones de Carlos Efrén Agudelo y Odile Hoffmann consignadas en Hacerpolítica en el Pacífico Sur: algunas aproximaciones, Documentos de trabajo nº 29, Universidad del Valle, ProyectoCidse-IRD, 1999.

8 Carlos Efrén Agudelo, “Política y organización de poblaciones negras en Colombia”, en Hacer política en el PacíficoSur: algunas aproximaciones, Ob. Cit.

9 Tumaco llamó la atención nacional con hechos como el Tumacazo, con los derrames de crudo de Petroecuador yrecientemente por las quejas del vecino país por los efectos de las fumigaciones aéreas con glifosato en la frontera.

10 Almario y Castillo, Ob. Cit.11 Manuel de Granda, “Dialectología, historia social y sociología lingüística en Iscuandé (departamento de Nariño)”,

en Estudios sobre un área hispanoamericana de población negra. Las tierras bajas occidentales de Colombia, Bogotá,Biblioteca de Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1977.

estudios han exaltado los levantamientos con uncarácter diferente al de la identidad, como lospopulares que buscan mejoramiento de serviciospúblicos7. Finalmente, se requiere ampliar elcírculo de estudios hacia los movimientos de re-sistencia frente al conflicto armado y el despla-zamiento forzado, de los cuales los afrocolom-bianos son víctimas principales.

El escenario en que se produce este análisis esla administración municipal que se inició en elaño 2001, cuyo caos imperante provocó que lospobladores de Tumaco pasaran de la indigna-ción y la estupefacción a la hilaridad y la costum-bre de ser burlados, ya que durante un soloperíodo administrativo, los tumaqueños conocie-ron cerca de una treintena de alcaldes entre elelecto, los encargados y los nombrados por la ad-ministración departamental y los tribunales dejusticia. En el extremo más cáustico de estecircense escenario, el municipio tuvo hasta tresalcaldes en un mismo día, sin que ello tuviera re-sonancia en la esfera política nacional, ni muchomenos en los grandes medios de comunicación.

La poca importancia del Pacífico sur para elpaís andino se refleja no sólo en esta actitud,sino también en su ausencia dentro del debatepolítico nacional, producto de la marginaciónsocial y la discriminación con que se ha tratado ala región, visualizada como poco estratégica porel reducido potencial político, medido en el nú-mero de votos que la zona aporta a la contiendaelectoral nacional8. Incluso los partidos de terce-ra vía aún son reticentes respecto a la región, lacual es vista con reserva, y, como consecuencia,el apoyo que le brindan a candidatos alternativosno es decisivo.

En condiciones normales el país actúa comosi Tumaco no existiera, y sólo lo vislumbra, aligual que otras zonas de frontera, cuando hayproblemas con los países vecinos o con las ame-nazas de separatismo9 . Lo grave es que la actitudno cambia frente a temas más urgentes, como los

altos índices de violaciones de derechos huma-nos, homicidios, desplazamiento y desaparicio-nes forzadas que se producen en su interior. Lacosta pacífica nariñense ha sido ignorada y hastaexcluida de los inventarios de zonas en conflictoy de la intervención humanitaria, que por intere-ses no muy claros prioriza su acción en otras re-giones del país, pasando por alto la guerra quese libra en la costa y el piedemonte nariñenses.

Ahora bien, si hay un aislamiento desde elámbito central, la relación periferia-centro sehace compleja en lo departamental. Para lostumaqueños, existe en el discurso político, y enla realidad regional, un distanciamiento y unamarginación de la zona costera. Esa percepciónresponde a la historia de creación del departa-mento, soñado como un espacio andino, dondelos territorios de las tierras bajas fueron maneja-dos desde la óptica del etnocentrismo cultural yel centralismo político administrativo, y cuyo re-sultado final fue la imposibilidad de cohesionarun espacio regional más amplio e incluyente10.

Esa distancia es consecuencia de dos circuns-tancias: la primera, relacionada con la cultura yel discurso racial heredado de la Colonia y ali-mentado por la ideología republicana que pro-movió las prácticas eugenésicas y el mestizaje endemérito de indígenas y negros, quienes fueronconsiderados como razas inferiores. Esta tenden-cia creó, como en el resto del país, una ciudada-nía de primera clase, excluyente, ejercida porblancos, católicos y con poder económico, repre-sentados, en este caso, por los serranos opastusos, en contraposición con los habitantesde las tierras bajas, descendientes de esclavizadosafricanos e indígenas.

La segunda circunstancia es, a su vez, conse-cuencia de esta ideología, y está vinculada a lasparticularidades histórico-políticas y al desarrolloeconómico sustentado en prácticas extractivasque llevaron al arruinamiento de la zona costera ya su marginación del proyecto regional Nariño11.

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12 Agudelo, Ob. Cit.13 El betismo define en Tumaco y la costa la afiliación a Samuel Alberto Escrucería, líder liberal que desde los años

cincuenta ha marcado la pauta política en la vida regional y que logró su posicionamiento a partir de unesquema clientelista exarcebado.

14 Odile Hoffmann, “La política vs. lo político. La estructuración del campo político contemporáneo en el Pacíficosur colombiano”, en Hacer política en el Pacífico Sur: algunas aproximaciones, Ob. Cit.

15 Radio Mira, Tumaco, 22 de octubre de 2003.16 Diario del Sur, Pasto, 11 de septiembre de 2003.

Dentro de las diferencias histórico-políticas,me gustaría resaltar el ideario político liberal di-fundido en la costa Pacífica sur, en contraposi-ción con el conservadurismo predominante enPasto y la sierra. La adhesión histórica de la ma-yoría de la gente al partido liberal se explica porel hecho de que fuera liberal José Hilario López,el artífice de la abolición de la esclavitud en185112.

No obstante dicho distanciamiento, la prácticaactual enseña que las matrices que ligan las actua-ciones políticas del centro regional –Pasto– conTumaco y la costa son palpables, como lo develael caso que me ocupa, donde existe una confron-tación abierta entre la Gobernación de “serranos”y el movimiento betista13 por el control de la Al-caldía de Tumaco. La investigadora Hoffmann14

también evidencia la influencia de la elite políticadel municipio de Barbacoas en la vida política re-gional, al recordar que Jesús Rosero Ruano, deorigen barbacoano, fue electo gobernador deNariño para el período 1998-2000.

COYUNTURA POLÍTICA DEL MUNICIPIO,

PERÍODO 2001-2004

En agosto de 2001, Jaime FernandoEscrucería, del Movimiento Liberalismo Inde-pendiente de Restauración (Lider) fue elegidocomo alcalde; sin embargo, nunca gobernó. Des-de su posesión estuvo licenciado por enferme-dad y durante dos años designó desde Pasto amás de diez alcaldes encargados, que a su vez en-cargaron a otros. Los intempestivos cambios y elcuestionamiento de algunos por sus vínculos conactividades ilícitas y corrupción llevaron al mu-nicipio a una inestabilidad política, social y eco-nómica, dada la ausencia de un gobierno queasumiera compromisos y responsabilidades.

Frente a la ausencia de gobierno, y de maneratardía, Parmenio Cuéllar, gobernador de Nariño,tomó cartas en el asunto y nombró por decreto aVíctor Aguirre como alcalde el 28 de marzo de2003. Sin embargo, ese acto administrativo fueimpugnado por el movimiento Lider en cabeza

de su director, Samuel Alberto Escrucería, queinterpuso tres acciones de tutela. El fallo de la úl-tima favoreció a los interesados, y Aguirre fue re-vocado del mandato a cambio de Carlos ElíBarrios del movimiento Lider. El gobernador ob-jetó el fallo de la sentencia, y 24 días después fuenombrado Guillermo Rodríguez por el goberna-dor, pues según el contralor municipal, VíctorAguirre tenía inhabilidad política para ejercerpor un proceso administrativo sancionatorio.Aguirre interpuso una acción de tutela, porqueno se siguió el debido proceso, y seis días mástarde recuperó su investidura. El martes 20 deoctubre, el contralor municipal objetó el fallo dela tutela proferida por Aguirre, y frente a lasinhabilidades políticas de éste, GuillermoRodríguez regresa a la Alcaldía y gobierna literal-mente “toreando” a sus opositores, con variasintentonas de derrocamiento por parte deAguirre, anterior designado por la Gobernación,como por parte del movimiento betista. Algunosrumores indicaron la alianza de Aguirre con losbetistas para recobrar ese poder15.

En este período político, definido por una co-rrupción desbordada, déficit fiscal, falta de re-caudo, regalías perdidas y cuentas embargadas,se detuvo, además, la inyección de capital exter-no, desapareció la inversión social y se afectaronlos compromisos sociales de la Alcaldía. En losúltimos tres años, Tumaco recibió más de $35mil millones en transferencias y regalías, y susindicadores de agua potable, de cobertura y cali-dad de salud están entre los peores de Nariño ydel país, lo cual denuncia la malversación y el pé-simo gasto de los recursos por las autoridades lo-cales16. La educación también se afectó debido alos atrasos en los pagos de salarios; como conse-cuencia, el 60% de la zona rural estuvo cerca deocho meses sin presencia de educadores duranteel año 2003.

En realidad, estos aspectos pueden ser comu-nes a otras administraciones municipales. La di-ferencia radicó en el acento de la crisis generadopor el cambio intempestivo de mandatarios, el

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17 El Tiempo, 16 de abril de 2004.18 Radio Sucesos RCN, Tumaco, 13 de septiembre de 2003.19 Hoffmann, Ob. Cit.20 Idem.

desbordamiento ponderado de los viciospolitiqueros y, en últimas, por el tinte políticoque adquirió el problema a partir de la interven-ción del gobierno departamental. El problematrascendió lo local, y la atención de la sociedadpasó de concentrarse en la lid interna a cadauno de los movimientos, alocuciones y accionesde los tribunales, Parmenio Cuéllar y su sucesorEduardo Zúñiga. Mucha gente pensó que laregionalización del problema agilizaría una solu-ción; sin embargo, con desencanto, confirmaroncómo la Gobernación, con intereses particulares,resultó ser una ficha más en el juego político.

Aun después del cambio de gobernador, la zo-zobra no concluyó. El movimiento betista conti-nuó moviendo sus hilos y elevó ante la CorteConstitucional una petición para que el fallo dela tutela fuera revisado. La Corte determinó queel actual gobernador, Eduardo Zúñiga, de la mis-ma línea de Parmenio Cuéllar, debía designar alalcalde de Tumaco de una terna propuesta porel movimiento Lider. El argumento de ambasgobernaciones para no elegir un candidato de laterna fue la inexistencia jurídica de Lider. Sinembargo, el 15 de abril de 2004, el movimientobetista logró convocar 300 simpatizantes que seagolparon frente a la Gobernación en la ciudadde Pasto exigiendo el cumplimiento del fallo dela Corte17 . Esas presiones sirvieron para que laGobernación eligiera de los partidos políticosque rodearon en su momento a Jaime FernandoEscrucería, un nuevo alcalde. El 28 de abril, ÉverCastillo renunció a sus aspiraciones como candi-dato a la Alcaldía de Tumaco para posesionarsecomo alcalde por designio de Eduardo Zúñiga.Sin embargo, parece que la ruleta de mandata-rios giró hasta último momento, pues el 24 de ju-nio, faltando menos de un mes para laselecciones, Radio Mira despertaba a lostumaqueños con la noticia de que un fallo de lostribunales de Pasto le devolvía su cargo como al-calde a Víctor Arturo Aguirre.

La importancia que suscitó la debaclefinanciera, el sometimiento a la Ley 550 y el“show” en que se convirtiera el tener un alcaldenuevo cada semana, tiene como agravante realuna opinión pública volcada hacia la pugna depoderes, que encubre la violación sistemática y

generalizada de los derechos humanos y la altatasa de homicidios durante este período. El te-rror y el silenciamiento se convirtieron en la es-trategia permanente de eliminación delmovimiento social, ahora enmarcado en una to-tal afonía, porque el temor colectivo no permiteun pronunciamiento público de las diferentesorganizaciones sociales y comunitarias.

Este suceso sólo llegó a tener resonancia en elámbito nacional el 11 de septiembre de 2003,cuando el vicepresidente de la República, Francis-co Santos Calderón, anunció durante el consejocomunitario presidencial que tuvo lugar en Pasto,que su despacho convocaría una acción conjuntacon los organismos de control y la Fiscalía Gene-ral de la Nación, para enfrentar, judicializar y san-cionar la corrupción en Tumaco.

El vicepresidente dijo que el Ministerio deHacienda detectó en Tumaco pérdidas por unvalor cercano a $8 mil millones del sistema gene-ral de participación, y que, valiéndose de una tu-tela proferida en contravía de una decisión delTribunal Superior, un alcalde suspendido, CarlosElí Barrios, recuperó el mando, y en 20 días eje-cutó 90% de los $5.000 millones que tenía dis-ponible el municipio para financiar el pago deacreencias acordadas en el marco del acuerdo deLey 550 suscrito con la Nación18 .

B E TO E S C R U C E R Í A : U N G A M O N A L L I B E R A L

Para comprender el campo político actual, esnecesario desentrañar sus raíces más inmediatas.Desde mediados de los años cincuenta del siglopasado, la familia Escrucería influyó en la vidapolítica de Tumaco y la costa nariñense19 . Pese aldesprestigio sufrido en el panorama reciente,esta familia aún interviene de manera directa enlas decisiones políticas de la región, así como enel manejo de los recursos económicos del muni-cipio, cuyas arcas son asaltadas sin compasión yson la caja menor de la que echan mano sin elmenor escrúpulo.

Odile Hoffmann20 estudió la manera comoSamuel Alberto Escrucería –conocido comoBeto–, acumuló poder político. La autora reúneelementos de la teoría política clásica y los movi-mientos sociales para explicar la adhesión masivay popular al gamonalismo betista, que lleva más

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21 Idem.22 Eduardo Restrepo y Claudia Leal, Unos bosques sembrados de aserríos. Historia de la extracción maderera en el Pacífico

colombiano, Medellín, Universidad de Antioquia, 2003.23 Nianza Angulo, Los impactos socioculturales causados por industrias palmicultoras y camaroneras en el municipio de

Tumaco, Proyecto Biopacífico, 1996.24 El tardío desarrollo urbano de Tumaco, con respecto a las ciudades coloniales de Barbacoas e Iscuandé, estuvo

vinculado a su importante vocación como puerto marino y a actividades estrictamente comerciales y detransporte. La construcción del ferrocarril Tumaco – El Diviso, en los años veinte, aceleró ese desarrollo y atrajonuevas oleadas de migración de Barbacoas e Iscuandé. Almario y Castillo, Ob. Cit. Estas actividades económicasfueron ejercidas por una población blanca mestiza y extranjera, que le imprimió a la ciudad un carácteridentitario único. Aquí las relaciones de los blancos con los afrodescedientes ya no estuvieron mediadas por laesclavitud. Tumaco es en sus inicios una ciudad blanca, y el autorreconocimiento de carácter afro es reciente.

25 Ob. Cit.26 La figura de Beto sigue siendo respetada en muchas zonas rurales y marginales urbanas de Tumaco. En los

sectores populares es un referente obligado e incuestionable, y se le profesa una veneración que raya en elfetichismo, a tal punto que en algunas casas del área rural, la gente tiene un altar con su imagen al lado de otrosiconos religiosos, iluminado con velas. Beto tenía nexos estrechos con el narcotráfico; este hecho lo llevó a serextraditado para cumplir una pena de cadena perpetua en una cárcel de Miami donde murió años después. Sucuerpo fue repatriado para hacerle un gran funeral en Tumaco. En conversaciones informales que sostuve enTumaco, me fue reiterado el hecho de que la DEA nunca dejó salir el cuerpo de Escrucería Delgado, y que endicho funeral fue enterrado un ataúd vacío o con un muñeco. El obispo de Tumaco, monseñor Giraldo Higuita,relata que la misa de exequias parecía un mitin político, pues en plena lectura del Evangelio se escuchaban gritosentonando vivas y consignas como ¡Beto, presente, presente!

de treinta años arraigado. En primer lugar, estelíder se apoyó en un discurso identitariogeográfico-regional que resaltaba la diferenciade la gente de Tumaco y de los ríos frente a losserranos (pastusos), calificados de dominantes,ajenos a la dinámica local y agresores políticos yeconómicos. Por otra parte, innovó la manera dehacer proselitismo político, mediante lafamiliarización de las relaciones públicas, visitaspersonales a las zonas rurales y los ríos, el reco-nocimiento de los pobladores por sus nombrespropios y el apadrinamiento de sus hijos. Altiempo, realizó inversiones de infraestructura,como escuelas, caminos veredales yadoquinamiento de calles urbanas y compra detierras para fundar caseríos21.

El surgimiento de Beto se presentó en el mar-co de la Violencia de los años cincuenta que pro-vocó la salida de la elite extranjera que dominabael comercio de la región. En el plano económico,el auge maderero de la década de los cincuenta ysesenta marcaba la pauta extraccionista22, mien-tras el capital nacional iniciaba sus primeras inver-siones en la agroindustria de palma africana23.Estos elementos moldearon la expresión moder-na del Tumaco que conocemos hoy24. Antes delsurgimiento de Beto, el liderazgo político estabaejercido por jefes micro-locales que tenían con-centrado su poder y clientela política a partir deintereses económicos particulares y actividadesgeneradoras de empleo (comercio, plantaciones y

transporte). Sin embargo, nos dice Hoffmann25,se trataba de un poder fragmentadoterritorialmente, donde se diferenciaba la zonaurbana, la zona de los ríos, la carretera y elpiedemonte. El capital político que esas jerarquíassectorizadas recolectaron fue la base efectiva en laque se apoyó el “imperio betista”. Sin embargo,está por investigarse en qué términos se tejieronrelaciones de poder con grupos de campesinoscolonos del piedemonte y los indígenas Awá.

Los micropoderes locales eran incapaces deproyectarse a la esfera política nacional, y laselites extranjeras no estaban interesadas en ha-cerlo. Beto llenó ese vacío y resolvió la necesidadde la región de expresarse y hacer parte de la po-lítica nacional. Logró extender su campo de ac-ción, haciendo alianzas con los políticos liberalesde más tradición en el litoral, como losgamonales de Barbacoas, y así llegó a la zona decarretera y zona centro como Magüí y RobertoPayán, mientras que en lo local cultivaba las rela-ciones con el clientelismo tradicional. Medianteprácticas paternalistas, manejó estrechas relacio-nes interpersonales con la gente del común,otorgaba favores, préstamos y servicios, desarro-llando las prácticas politiqueras combinadas conmayor reparto de prebendas. Pese a loscuestionamientos26, pudo mantener y afirmar lafidelidad política de su clientela, a la cual sujeta-ba económicamente haciendo nombramientosen cargos públicos, jubilaciones ficticias e inter-

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27 Hoffmann, Ob. Cit.28 Idem.29 Respecto a la vinculación de varios miembros de la familia en los espacios públicos, como consejos municipales,

asambleas departamentales y otros puestos burocráticos en la Alcaldía, es necesario rescatar el sentido que lostumaqueños le dan a esta muestra de franco nepotismo. Para la gente más vieja, ese no es un asunto discutible nicuestionable; más bien es la actitud que se espera de un miembro de la familia una vez ha alcanzado el poder. Seconvierte en una obligación tenderle la mano a su red familiar y de parentela, en quienes seguramente se tuvoque apoyar para alcanzar el poder político. Esta justificación fue sabiamente usada por los Escrucería, sin dudaconocedores por excelencia de la idiosincrasia local y de la cultura afrotumaqueña.

30 Idem.31 Idem., p. 47.32 Idem.33 Idem.

cambio de favores27. Beto suplantaba, y en mu-chos sentidos fue el “Estado”.

Samuel Alberto Escrucería Delgado nuncafue alcalde, pero rompió con la usanza de hacerpolítica desde afuera. Antes los mandatarios de-signados eran “blancos” que vivían en Pasto,Cali o Bogotá. Beto jugó como local, seautorrepresentó como todo un tumaqueño, cer-cano a los intereses de su pueblo discriminado yabandonado, reivindicó con orgullo el senti-miento de pertenencia local como una fuerzacon la cual hacerle frente a los serranos y bogo-tanos. Esas cualidades le valieron el apoyo delpartido liberal, que lo vio como el mediadorideal, conocedor de la manera local de hacerpolítica en una zona recóndita, sin mucha im-portancia y poblada por gente negra, que parala mirada centralista no se había destacado porsus actuaciones políticas28.

Beto hijo o Betico (Samuel EscruceríaManzi), apadrinado por Turbay Ayala, intentórecoger la herencia política de su padre. Con elpoder político y económico heredado, continuóubicando a miembros de su familia en los prin-cipales cargos públicos29, pero no logró repro-ducir con la misma efectividad las redes localesde clientelismo basadas en las relacionesinterpersonales30. Pronto se perfiló como un de-lincuente de cuello blanco.

Hoffmann hace un inventario de los hechosmás sobresalientes, que condujeron a su despres-tigio:

(…) prófugo de las leyes colombianas en Bra-sil, durante un tiempo, condenado en 1988 porpeculado en el erario público en un fraude a laCaja Agraria en Tumaco, ocurrido en 1978, des-aforado en 1992 de su curul de senador, Samuelregresa a la política presentándose como víctimade la coalición entre la DEA y un gobierno débily corrupto. Impedido en las elecciones naciona-

les por su desafuero, se presenta a las eleccionesmunicipales de 1997 (…)31.

El tardío desprestigio de Betico ante el aparatopolítico nacional, sumado al inconformismo de lapoblación por la falta de acciones que redundaranen su beneficio y en el del municipio condujeron aun debilitamiento del feudo betista en los años no-venta32. Por esta razón, Betico pierde las eleccionesde 1997 a la Alcaldía, a las que se presentó con elapoyo del gobernador Jesús Rosero Ruano33. En loque fue considerado como un voto de opinión y decastigo, el electorado elige al candidato negroNewton Valencia, quien contó con el aval de Nilodel Castillo, quien fuera alcalde en 1994.

No obstante, el hecho de que para loscomicios de 2001 el movimiento betista se pre-sentara a la contienda y ganara en cabeza de Jai-me Fernando Escrucería demuestra que lainfluencia de la familia no se encuentra tan dis-minuida, como lo había creído Hoffmann. Esteinesperado ascenso complejiza la comprensiónde los juegos políticos y las lealtades clientelistas,problematiza la adhesión étnica y deja la tareade desentramar el campo de los mecanismossubyacentes de participación.

Es evidente que en la costa nariñense la co-rrupción del voto mediante compra no es garan-tía del apoyo total. Tanto la identidad políticacomo la relación con un patrón es muy elástica yno se halla establecida por el intercambio de bie-nes solamente. En la dinámica política local en-tran en escena otros dispositivos icónicos comolos discursos, los desfiles, las imágenes, las fiestas,la tradición política, la figuración anterior, las visi-tas veredales, así como el origen familiar y local,sin que ello logre determinar de manera contun-dente una adhesión partidista, y esa característicadificulta previsiones sobre el comportamientoelectoral.

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34 Agudelo, Ob. Cit.35 Hoffmann, Ob. Cit.36 Ver Eduardo Restrepo, “Afrocolombianos, antropología y proyecto de modernidad en Colombia”, en María

Victoria Uribe y Eduardo Restrepo (eds.), Antropología en la modernidad, Bogotá, ICAN, 1997, y Carlos EfrénAgudelo, “Nuevos actores sociales y religitimación del Estado. Estado y construcción del movimiento social decomunidades negras en Colombia”, en Análisis Político, nº 43, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-Iepri,mayo-agosto de 2001.

37 Odile Hoffmann, “Políticas agrarias, reformas del Estado y adscripciones identitarias”, en Análisis Político, nº 34,Bogotá, Universidad Nacional de Colombia–Iepri, mayo-agosto de 1998.

38 Entrevista a Porfirio Becerra, representante legal del consejo comunitario Cortina Verde Nelson Mandela, 11 deseptiembre de 2003.

Se hace necesario agregar que nos encontra-mos frente a una cultura donde la imbricada redde parentesco cobra importancia vital y se incor-pora en las relaciones políticas, extendiendo estecampo a lo doméstico y lo económico. Esa carac-terística logra que la solidaridad y el respaldo polí-tico se hagan priorizando relaciones familiares,que conducen a favoritismos que a nuestra visiónson arbitrarios. Lo doméstico se vuelve político yexiste una aprobación general al hecho de que unlíder favorezca la red familiar una vez ha alcanza-do el poder. Una acción contraria no generaconfianza, pues en palabras de un tumaqueño:“¿Qué se puede esperar de un hombre que ape-nas sube, olvida a todos los que le dieron la manopara estar donde quería?”.

Asistimos pues, a una especie de promiscui-dad electoral, o “clientelismo ampliado”34 que sedefiniría por la propensión de aspirantes y votan-tes a jugar con varias ideologías e incluso parti-dos políticos en períodos sucesivos35. Losespecialistas pueden calificar este comporta-miento como una falta de formación política;desde mi punto de vista es la manera como unapoblación manipulada por políticos entroniza-dos, ignorada por el Estado, saqueada por el ca-pital foráneo y marginada históricamente, leapuesta a la incertidumbre. En medio de seme-jante deriva, la gente tiende a sacar provecho delmayor número de opciones, en vez de decidirsepor una. Es el juego de las probabilidades anteun Estado que hace presencia fragmentada y des-articulada, y para el cual la gente sólo existecuando hay proyectos que, como ya advertía, sequedan en lo preliminar debido a la falta de con-tinuidad en los recursos.

O R G A N I Z AC I Ó N CO M U N I TA R I A Y L A L E Y

7 0 D E 1 9 9 3

Podría decirse que paralelo al “ocaso” del im-perio betista, la organización étnico-territorialafrocolombiana acentuaba su aparición en la es-

cena de Tumaco. Durante la década de los no-venta y en el marco de la Ley 70 de 1993, mu-chas poblaciones afrodescendientesconquistaron espacios de participación, con elobjetivo de conseguir las reivindicaciones étnico-territoriales que se luchaban: titulación colectivade los territorios que habitaban sobre la cuencadel Pacífico, protección de la identidad étnica ycultural, y reconocimiento de la organización co-munitaria, entre otras. Varios estudiosos36 se hanceñido sobre este particular, así como sobre lafase de negociación y concertación del AT 55,con el Estado colombiano. La reflexión que aquíse propone incluye una problematización sobrela Ley 70, que en ningún momento significa unataque a ésta, el análisis crítico busca resaltar losobstáculos para que puedan ser superados.

La organización de las comunidadesafrocolombianas en torno a los beneficios de laLey 70 estuvo liderada en la región por una ins-tancia de coordinación regional conocida comoPalenque Nariño de PCN (Proceso de Comunida-des Negras). Concebida como la estructura sobrela que se edificaría una nueva historiaafrocolombiana, la organización naciente se insta-ló al margen de las maquinarias políticas tradicio-nales, de las administraciones municipales, de lossindicatos y de la elite profesional, por considerarque ellos eran poco afines a la causa étnica37, perotambién por la aspiración verdadera de superarlos vicios del clientelismo y la corrupción.

Con estas convicciones, quienes lideraron esteproceso en la costa nariñense fueron jóvenes declase media baja del casco urbano de Tumaco,escolarizados e inquietos por las expresiones tra-dicionales de cultura, que por aquella época co-menzaban a ser rescatadas38 . Con el tiempo, ellosse constituyeron en interlocutores válidos del mo-vimiento afrocolombiano, sin la mediación de losgobiernos locales, ni la participaron en los espa-cios consultivos de las instituciones nacionalesque desplegaban sus planes y programas de edu-

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39 Agudelo, Ob. Cit., p. 20.40 PCN continuó respaldando al consejo comunitario del Bajo Mira y Frontera, Río Rosario y Robles; otros, como la

Asociación de Campesinos del Patía (Acapa), tenían apoyo de la Pastoral Social, y de manera aislada se sostuvierony surgieron nuevos consejos comunitarios en Tumaco. En otras partes de la costa, la Asociación de ComunidadesÉtnicas del Norte de Nariño (Asocoetnar), la Organización de Comunidades del Charco (Organichar), losconsejos comunitarios Unión de Cuencas, Integración del Telembí y Catanguero, Agricultores del Patía, ElProgreso y Unión de Patía Viejo.

41 Comunicación personal con Silvio Garcés del Incoder, antiguo Incora, septiembre de 2003.42 Entrevista con Federman Tenorio, representante legal del consejo comunitario Río Gualajao, 12 de agosto de 2003.

cación, desarrollo, salud e infraestructura. Peroen la medida que el Palenque aumentaba su capa-cidad de lobby y cabildeo, se creaba un contrasenti-do institucional, pues mientras con esaparticipación y protagonismo se respondía a laaplicación de la Ley 70, se obviaba, a la vez, el pa-pel de las administraciones locales. Se cayó así enel juego de la mutua exclusión donde cada poderignoraba y negaba al otro.

No obstante, a finales de los noventa, PCN sesituó como “(…) el sector de más incidencia enlas organizaciones étnico-territoriales delPacífico Sur”39.

Sin embargo, Palenque Nariño fue perdiendolegitimidad y poder de convocatoria ante las ba-ses sociales, como resultado de la sumatoria devarios factores que debilitaron la organización yla llevaron a su colapso.

Por un lado, Palenque dejó de ser un ente re-presentativo de las organizaciones rurales en lamedida en que éstas veían en esos líderes urba-nos un distanciamiento total de las problemáti-cas cotidianas. Esa desarticulación estuvoacompañada de una insuficiente transparenciaen el manejo de recursos que se gestionaban anombre de las comunidades, pero que no siem-pre llegaban a éstas. La inexperiencia en la ges-tión, el acaparamiento de funciones y lamonopolización de incentivos –como viajes y cur-sos de capacitación–, crearon desconfianzas y unexceso de protagonismo que terminó por desgas-tar los liderazgos.

Pero al mismo tiempo, la situación se agravócon la agudización del conflicto armado, que enmuy poco tiempo sometió a la costa pacíficanariñense a un embate de violencia nunca antesvisto, y alcanzó uno de los momentos más dramá-ticos entre 1999 y 2002, período en que elparamilitarismo se consolidó en los cascos urba-nos de la costa nariñense. El control del territo-rio, la pugna entre paramilitares y guerrilla, ladisputa por el negocio de la coca y las armas,subyugaron la población a una perversa dinámi-ca de masacres, señalamientos, desplazamientos

forzados, amenazas a líderes, y con ello el des-monte contundente del movimiento social. Esahecatombe terminó por sumir a PalenqueNariño, ya que algunos líderes de PCN fueronamenazados y tuvieron que buscar refugio fuerade la zona. Otros por temor salieron hacia Bogo-tá y Cali, y esa ausencia, en algunos casos clara-mente justificada, fue cuestionada convehemencia y cobrada políticamente por quienespermanecieron en la región y mantuvieron unaactitud de resistencia.

Esta doble complicación implicó que los diri-gentes que quisieran explicar su situación no tu-vieran oportunidad de hacerlo, ni la comunidadde evaluar directamente su conductas, mediadotodo esto por la justificación de una amenazareal. La posibilidad de una recomposición legíti-ma de la dirección con viejos y nuevos liderazgosarticulados quedó frustrada.

Como consecuencia, la región se mantuvo, encuanto a lo étnico, sin un liderazgo centralizado,aunque PCN seguía apoyando en Tumaco algu-nas organizaciones de base40. A la fecha, y pese alas dificultades, las poblaciones afrocolombianasde Nariño tienen como saldo a favor 27 consejoscomunitarios de comunidades negras que hanlogrado titular 720.566 hectáreas de territorioscolectivos, mientras otros 15 consejos tienen entrámite la solicitud de titulación de otras174.839 hectáreas ante el Incoder41.

A comienzos del año 2003, 14 consejos comu-nitarios de Tumaco se confederaron en una ins-tancia nombrada como Recompas (Red deconsejos comunitarios del Pacífico Sur). La moti-vación del reagrupamiento obedeció a la necesi-dad de fortalecer las organizaciones desde la basey unir esfuerzos para crear una unidad represen-tativa de comunidades de la ensenada ante el Es-tado42. Recompas parte de un riguroso examen delos errores cometidos por Palenque Nariño, perotambién del desconocimiento y negación de susalcances. No es difícil leer que al pretender asu-mir la vocería del colectivo, las directivas de unaorganización critiquen abierta y radicalmente a la

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43 Agudelo, Ob. Cit.44 Esta cooperativa de agricultores de coco y cacao fue resultado del impulso que, en la primera mitad de los años

noventa, el Convenio CVC Holanda dio a este tipo de iniciativas. Coagropacífico centralizaba no sólo beneficiosligados al convenio, como capacitaciones, distribución y comercialización de semillas, sino que fue un actorimportante en la difusión de la Ley 70 en los ríos de la ensenada; sin embargo, desde finales de los noventa susrelaciones con Palenque se deterioraron irremediablemente. Una ampliación de esto se puede ver en JesúsAlberto Grueso y Arturo Escobar, “Las cooperativas agrarias y la modernización de los agricultores”, en ArturoEscobar y Álvaro Pedrosa (eds.), Pacífico: ¿Desarrollo o diversidad? Estado, capital, y movimientos sociales en el Pacíficocolombiano, Bogotá, Cerec y Ecofondo, 1996.

45 Es evidente que muchas de las organizaciones étnicas que se han manifestado en este aspecto, casi siemprecuentan del acompañamiento y respaldo de instituciones como la Iglesia y las ONG de Derechos Humanos, y esteperfil está ausente en Tumaco. No obstante, sí han hecho enérgicos pronunciamientos en contra de lasfumigaciones aéreas con glifosato, respecto a las cuales los organismos del Estado no responden. Al igual que enotras zonas de cultivos de uso ilícito en el país, los campesinos ven afectados sus cultivos de pancoger, sin queninguna entidad se responsabilice por los daños causados. Según la Personería Municipal de Tumaco, de 2.700quejas presentadas en el año 2002, por daños a cultivos lícitos, la Dirección Nacional de Antinarcóticos sóloefectuó una indemnización a una empresa palmicultora.

46 Dentro de las organizaciones urbanas de más peso se encuentran Asconar, Asociación de Concheras de Nariño(Ampetum), Asociación de Pescadores de Tumaco, ser mujer, Asocarlet, Asociación de Carboneros yLeñateros, Cooperativa José el Artesano, Red cultural de sector artístico y los grupos eclesiales de la PastoralSocial.

47 Entrevista con Porfirio Becerra.

otra para sacar provecho del descontento genera-lizado, y así capitalizar protagonismo. Ya Agudelo43

advertía cómo la multiplicación de organizacionescon deseo de asumir la vocería de la mayoría y decanalizar los recursos del Estado para implementarlos proyectos ha enfrentado y dividido a las organi-zaciones, tanto por cuestiones políticas, como porlas ansias de protagonismo e intereses de tipo eco-nómico.

Recompas tiene como ventaja un trabajo diri-gido a la reactivación de la producción agrícolaen los territorios colectivos, gracias a la estrechacolaboración de algunas agencias de desarrollocomo Ecofondo y a la recuperación del antiguoliderazgo de Coagropacífico44 , que en los últi-mos años readquirió protagonismo y capacidadde decisión dentro de los consejos comunitarios,y es actual sede de sus reuniones y encuentros. Adiferencia de la instancia anterior, Recompasestá liderado por los representantes legales delos consejos comunitarios, en su mayoría, prove-nientes de las zonas rurales, aunque por supues-to existen asesores locales urbanos que hanconformado una Unidad Técnica de Asistencia.

Para algunos líderes antiguos, la naciente coali-ción tiene en su fortaleza su mayor potencial debili-dad; esto es, que la dimensión técnico-productiva yla reactivación del agro (coco, cacao, palma) hancrecido en demérito de un posicionamiento políti-co y un mutismo frente a temas espinosos como eldesplazamiento forzado, las plantacionesagroforestales con sus explotadoras relaciones

medioambientales y de producción, y los cultivosde uso ilícito, como sí ya lo han planteado otras or-ganizaciones étnico-territoriales; claro que dicho si-lencio es también una estrategia de supervivenciaen el contexto de guerra actual45 .

Además, la alianza realizada por los consejoscomunitarios se enfrenta a la recurrente falta dearticulación de propuestas con los sectores urba-nos46 , con quienes, y pese a las estrechas relacio-nes en el plano socioeconómico, no se establecenrelaciones estratégico-políticas47 . Esta carencia esresultado de la propia Ley, que “ruralizó” el pro-ceso, la identidad, y desestimó las manifestacionesorganizativas urbanas. La dificultad de incluir enesa identidad étnica las demás expresionesafrocolombianas explica, en parte, la debilidad dela organización y las fracturas internas.

La otra desarticulación preocupante, como yase había anotado, está referida al desajuste de lasrelaciones con las organizaciones de poblacióndesplazada. Como provenientes de las áreas rura-les, los desplazados son en lo urbano un sectorvulnerable para el que la organización étnica noha concebido un proyecto de restablecimiento.Ignorar su existencia equivale a la negación deun problema que no se asume como la amenazareal para la organización misma.

T U M ACO : E L E CC I O N E S A L A A LC A L D Í A

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Frente al devastado panorama que dejó elpasado gobierno municipal, administrado por

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48 Se estima un electorado potencial de 79.434 votos, según la Registraduría Nacional Delegada, Elecciones Atípicas2004, www.registraduria.gov.co

49 Después de las declaraciones del vicepresidente de la República, se hicieron algunos allanamientos enpropiedades de la familia Escrucería, pero no hubo ninguna detención.

múltiples mandatarios y con un profundo déficitfiscal, Recompas intentó consolidar una alternati-va política. En medio de una proliferación decampañas políticas que fragmentaron el caudalelectoral48, los consejos comunitarios apoyaroncomo candidato a Salomón Salazar, biólogo mari-no de profesión, destacado por su trabajo y com-promiso como asesor ambiental y de producciónpesquera en Coagropacífico. Con el aval del Fren-te Social y Político, este candidato oficializó sucandidatura el 20 de abril de 2004. La importan-cia de esta campaña se marca porque además deser la primera vez que el movimiento étnico selanza al ruedo político en Tumaco, se dio un pri-mer paso para la reconciliación entre antiguosliderazgos y nuevos sectores.

Sin embargo, éste no fue el único partido detercera vía en las elecciones; la Unidad Democrá-tica respaldó a Obelis Tenorio Quiñones, tradi-cional líder comunitario y otrora concejalmunicipal. También asistieron a la contiendaJairo Mesa del Movimiento Cívico y por el parti-do liberal Nilo del Castillo, quien ya fue alcaldeen 1994. Por su parte, la familia Escrucería lanzócomo candidato a su hijo Rafael AlbertoEscrucería, de apenas 18 años.

La inconformidad de toda la población bienpudo ser canalizada hacia una alternativa decambio, pero aún se requieren alianzas sólidas yestratégicas que terminen con la división social,alimentada por una apatía desbordada, en la me-dida en que los responsables del caos financierode Tumaco siguen sin ninguna sanción49. Launión de esfuerzos en esa vía puede parecer unameta común, e incluso un camino deseable paralos partidos políticos que desde el ámbito centralapoyaron diversas candidaturas, sin embargo, enla cotidianidad municipal las expresiones solida-rias se encuentran fragmentadas. Las posiblesalianzas se ven entorpecidas por líderes en dispu-ta con posiciones irreconciliables, donde las vie-jas culpas y rencillas dividen tanto como eldesfile de micro-intereses.

Si bien las divisiones locales son un obstáculopor superar, las alternativas políticas como la delos consejos comunitarios se enfrentaron, ade-más, a campañas de peso, unas multimillonarias,otras coaccionadas por grupos armados y lasarraigadas a la tradición politiquera local, que en

síntesis configuraron la coyuntura política.Pero las posibilidades reales de los consejos

comunitarios tienen que ser analizadas tambiénen la medida de sus dificultades internas. Comoorganizaciones necesitan estrechar relacionescon otros sectores sociales y urbanos, y de otrolado y no menos importante, tienen una ardualabor interna en los territorios colectivos, dondeun porcentaje significativo de la población igno-ra la Ley y desconoce la autoridad que éstainstitucionalizó en la figura de los consejos co-munitarios, en demérito de las formas tradiciona-les de regulación y autoridad basadas en lafamilia y otros mecanismos no consuetudinarios.Los consejos comunitarios tienen el desafío dellenar con su accionar el vacío que implica unaprecaria institucionalidad surgida de visiones te-rritoriales, pero desconocedora de los patronesculturales y ancestrales de las comunidadesafrodescendientes.

LO S R E TO S D E L A I D E N T I D A D

Pese a los resultados electorales, los actualesconsejos comunitarios avanzan en su consolida-ción. Sin lugar a discusión, ganaron espacios dereconocimiento e interlocución ante el Estado yalgunos sectores privados. Dentro de los conse-jos, un porcentaje de población se siente partedel proceso y sus directivos han logrado el reco-nocimiento de las comunidades beneficiadas porproyectos productivos, semillas, asistencia técni-ca, redes de comercialización y la gestión efectivade algunos programas de vivienda, servicios desalud, sin lograr todavía una cobertura total.

Sin embargo, el proceso de la autonomía terri-torial tiene que enfrentarse no sólo a la maquina-ria partidista, sino también a la seducción deproyectos productivos más rentables, como loscultivos de uso ilícito y la autoridad de las armasque reside en quienes controlan este mercado.

La incrementada presencia de cultivos ilícitos ylos nocivos efectos de las fumigaciones aéreas conglifosato en sus territorios enfrenta al movimientoafrocolombiano a un drama cuya consecuenciamás siniestra es el debilitamiento de la organiza-ción social y la corrupción de las comunidades ru-rales y urbanas, que cautivadas por esta actividadilegal, acceden a bienes y servicios que la organi-zación comunitaria no puede garantizar, y esto se

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50 Agudelo, Ob. Cit.51 Hoffman, Ob. Cit.52 Intervención realizada por Patria Quiñones de la Asociación José el Artesano en “Conversatorio para la

protección del recurso Piangua”, promovido por WWF Colombia.53 Elizabeth Cunin, “La política étnica entre alteridad y estereotipo”, en Análisis Político, nº 48, Bogotá, Universidad

Nacional de Colombia-IEPRI, enero-abril de 2003.

agrava por la incapacidad de reacción de un pue-blo con miedo, cuyos elementos de lucha y resis-tencia se ven cada vez más castrados.

En las anteriores circunstancias, el panoramapolítico para los afrodescendientes se encuentradefinido por dos realidades simultáneas y contra-dictorias con mínimos puntos de encuentro: unsistema político tradicional, excluyente, utilitaristay plagado de toda suerte de desenfrenos, y una or-ganización étnico-territorial en un difícil procesode consolidación, buscando reconocimiento y po-sicionamiento político. Entonces, ¿cómo se tradu-cen estas caracterizaciones en el posicionamientode las alteridades históricas como fuerza política?

Aproximarnos a esa inquietud requiere consi-derar, en primer lugar, que el afianzamiento quelogró el movimiento étnico fue al margen de lamaquinaria política tradicional y de las intencio-nes electorales, por considerarlas prematurasfrente a prioridades de consolidación y creci-miento ideológico, en lo que influyó, sin duda,la herencia abstencionista de sectores de izquier-da50. En segundo lugar, no se puede pasar poralto la dificultad que reside en proyectar política-mente un movimiento que incluya lo rural y lourbano bajo el sello de la identidad. El estudiode Hoffmann destaca justamente que Beto logróreunir los fraccionamientos e interesessectorizados en torno a una identidad, pero eneste caso regional, tumaqueña, que incluía(blancos y negros), en oposición a una identidadpastusa51.

En desarrollo de esta idea, la diversidadafrocolombiana es mucho más amplia que laidentidad étnica descrita en la Ley 70, la cual nologra atraer a otros sectores que, aunque negros,no son rurales y no cumplen o no se sientenafines con los parámetros allí propuestos: des-cendientes de esclavos, ribereños, en estrecha re-lación con el medio ambiente, etc.

Esto no implica desconocer la identidad intrín-seca de las comunidades rurales afrocolombianasdel litoral pacífico y los derechos que obtuvieronpor esta vía de lucha. Sin embargo, este reconoci-miento positivo consignado en la Ley restringe aunos cuantos el acceso a los derechos y privatiza elderecho a la identidad, dejando por fuera secto-

res urbanos de las ciudades grandes e interme-dias, pobres y marginados, o pertenecientes a sec-tores productivos como el conchero, el pesquero,el artesanal, el comercial y los gremiales como lossindicatos de docentes.

En apoyo a esta idea, resalto cómo en el en-cuentro de concheras realizado en Tumaco el 12y 13 de diciembre de 2003, al que asistieron sec-tores urbanos y asociaciones de concheras, perono así los consejos comunitarios que tambiénfueron invitados, la gente manifestó su inconfor-midad e incomprensión frente al protagonismo yposición de los consejos comunitarios:

(…) es como si ellos fueran más negros quenosotros, y de la noche a la mañana se anuncianlos proyectos para las comunidades negras, la vi-vienda, la salud y todo eso no nos llega a los quevivimos en estos barrios, y además ellos no quie-ren hablar con nosotros, por eso es que debemospensar en hacer nuestro consejos urbanos52 .

Esta afirmación no es un sentir aislado y, másallá de descubrir la actitud de los consejos, con-duce a plantear que la identidad étnico-territo-rial no es aún, y en nuestro contexto, un motorde la organización política para la mayoría de losafrocolombianos. Como consecuencia, un movi-miento con pretensiones políticas y posicionadoideológicamente en lo étnico-territorial deberíaredireccionalizarse de manera creativa y conce-bir una identidad más plural, quizá, más allá dela especificidad étnica. Pero madurar hacia estadirección requiere un meticuloso ejercicio defortalecimiento interno.

Preocupa que en el extremo opuesto al deuna práctica étnico-política existan expresionespolíticas con base en estereotipos como el depor-te y la cultura53 . Mucho que decir deja el hechode que los dos congresistas que por circunscrip-ción especial obtuvieron curul en el Congreso enel año 2002 para representar a las comunidadesnegras sean María Isabel Urrutia y WillingtonOrtiz, dos sobresalientes deportistas que no secaracterizan por su compromiso político con elmovimiento afrocolombiano. Para Cunin estehecho, “(…) aparece claramente como un fraca-so político para un movimiento social étnico in-

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54 Idem., p. 78.55 Jaime Arocha, “La inclusión de los afrocolombianos: ¿Meta inalcanzable?”, en Adriana Maya (ed.), Los

afrocolombianos, serie Geografía Humana y de Colombia, Tomo IV, Bogotá, Instituto Colombiano de CulturaHispánica, 1997.

56 Óscar Almario, “Dinámica y consecuencias del conflicto armado colombiano en el Pacífico: limpieza étnica ydesterritorialización de afrocolombianos e indígenas y ‘multiculturalismo’ de Estado e indolencia nacional”,Ponencia presentada en el Seminario Internacional “Dimensiones territoriales de la guerra y la paz en Colombia”,Simposio nº 8, Procesos de guerra y paz en el litoral Pacífico, coordinado por el Dr. Jaime Arocha, convocado porla Universidad Nacional de Colombia y la Red de Estudios de Espacio y Territorio, RET, Bogotá, 10 al 13 deseptiembre de 2002.

capaz de apropiarse del espacio electoral reserva-do a su nombre”54.

La desarticulación es tal, que sus candidaturasno estuvieron basadas en la particularidadétnica, que paradójicamente es la que permite laexistencia de la circunscripción especial; sutriunfo se explica por el hecho de ser figuras pú-blicas de éxito deportivo. Cunin cree que este re-sultado permite inferir, a la vez, que del mismomodo existe un electorado indiferente a la di-mensión étnica.

Una alternativa política que busque obtenermayor adhesión debe ingeniar la manera de in-cluir los esfuerzos solitarios de los diversos secto-res afrocolombianos para lograr crear unverdadero contrapoder. De todos modos, avanzaren la construcción de una opción unificadora estarea ardua. Pese a los traspiés enunciados, laLey 70 es una conquista invaluable, que aunquellegó de manera tardía, es un importante, aun-que insuficiente, instrumento de la lucha delmovimiento afrocolombiano. No obstante, ellano puede convertirse en una camisa de fuerzapara un organización social inquieta, apremiadapor extender su radio de acción y crear estrate-gias atractivas e incluyentes para lograr esta con-tra-hegemonía.

Finalmente, un movimiento político y socialque busque construirse como una opción de po-der para las comunidades negras no puede estaral margen del conflicto, los cultivos de uso ilícitoy su consecuencia más terrible: el desplazamien-to forzado.

A M O D O D E CO N C LU S I Ó N

Es indiscutible que además de la titulación co-lectiva, la Ley 70 abrió un espacio significativode participación para los grupos queancestralmente han habitado las tierras bajas delPacífico colombiano, y que generó un reconoci-miento sobre el aporte de los afrocolombianos ala construcción de esta sociedad, ampliando ladiscusión sobre la frontera de la diversidadétnica y cultural.

Hace unos años rondaba el interrogante de sila inclusión de los afrocolombianos reconociendosu etnodiversidad era una meta posible55. Hoy sa-bemos que pese a los logros, la Ley no es infalible.Si en algún momento se pensó que los derechoshumanos y las garantías que como colombianospor años se les negaron a los afrocolombianos seiban a conseguir por la vía de resaltar sus dere-chos como grupo étnico, la realidad de las comu-nidades negras en Nariño demuestra que elavance es contradictorio y con muchos obstáculos.Sus derechos siguen violándose del modo másperverso, no sólo por la violencia que ataca tanatrozmente a las comunidades de todo el litoralpacífico, sino también por la repetida ausencia yel cinismo del Estado, en términos de salud, edu-cación, servicios públicos y gestión de políticas pú-blicas para su desarrollo.

No se puede perder de vista que se trata deun proceso muy joven, aún en construcción,pero sin el tiempo y el espacio para llevar adelan-te reflexiones en esta y otras direcciones cuandose tiene que invertir en pensar y tratar de resol-ver la tragedia del conflicto armado y de la su-pervivencia cotidiana. La paradoja del desarrollode la Ley 70 en medio de la guerra ha sido la ti-tulación en medio de la desterritorialización:“Tierras sin gente y gente sin tierras”56, líderesamenazados, perseguidos y asesinados, y familiasy comunidades desplazadas.

Sin embargo, los esfuerzos por construir unnuevo movimiento étnico social y político no tie-nen otra opción que continuarse, ojalá en elreencuentro y la reunificación del movimiento yen la lima de asperezas que detenga la erosión, ya cambio se concentre en cosechar los siglos delucha y resistencia contra todas las adversidades,las cuales marcan los acumulados de un pueblodispuesto a no perder su identidad y conquistarsus derechos económicos, políticos, sociales yculturales.

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Nazih Richani presenta un textoprovocador y polémico sobre laprolongación del conflicto armadoen Colombia desde una perspecti-va sistémica. Su punto de partida esuna doble crítica metodológica yteórica, la primera consiste en evi-denciar los acentos excluyentesque se ponen en el inicio y el finde los conflictos armados sin teneren cuenta su prolongación comoproblema, y la segunda consiste enprobar el uso restringido de la teo-ría de la elección racional que bus-ca entender el curso y desarrollodel conflicto armado como una se-cuencia sincronizada deracionalidades estratégicas de losactores armados sin consecuenciasno previstas, sin alteralidad y sin su-jeción a coacciones estructuralessin control. El concepto de sistemabusca incorporar, pero superando,los usos restringidos de la teoría dela elección racional.

Teniendo ese punto de partida,Richani plantea como problemacentral la prolongación del conflic-to armado, y sugiere que ésta es elproducto de la configuración deun sistema de guerra, entendidocomo la función positiva entre laeconomía política y un equilibriode poder que conduce a un impassecómodo en contextos de fracasoinstitucional estatal en la media-ción, el arbitraje y la tramitación deconflictos entre grupos sociales ypolíticos antagónicos. A diferenciade la teoría de la elección racional,el sistema de guerra es entendido

como una consecuencia no previs-ta dentro de las racionalidades es-tratégicas de los actores armados,que por definición están en contradel equilibrio de poder como esce-nario deseable respecto a sus obje-tivos, pero una vez creada, losactores desarrollan estrategias alter-nativas para su adaptación y capita-lización.

Una vez sugeridos loslineamientos de la teoría del siste-ma de guerra, Richani inicia suejercicio de constatación empíricapara el caso de Colombia desde lapuesta en evidencia del fracasoinstitucional estatal en la media-ción, el arbitraje y la tramitacióndel conflicto y el antagonismo queél considera de mayor centralidaden el conflicto armado interno: losconflictos agrarios, como génesisdel sistema de guerra. Luego conti-núa con una constatación sucesivade las condiciones de formación yfuncionamiento de la relación po-sitiva entre economía política y có-modo impasse para los tres actorescentrales del conflicto armado: lasfuerzas armadas estatales, las gue-rrillas y el crimen organizado-paramilitares. Concluye su ejerci-cio, por un lado, ponderando lasperspectivas de paz en función dela decadencia y el colapso del siste-ma de guerra no sólo desde los ac-tores armados sino desde lastransformaciones en la configura-ción social de las clases dominan-tes, y por el otro, aportando unaperspectiva comparada entre el sis-tema de guerra en Colombia y eldel Libano, Italia y Angola.

Este libro es provocador y polé-mico no sólo por su enfoque teóri-

co sino, sobre todo, por la perti-nencia y validez de su constataciónempírica en el caso colombiano.Una de las primeras defeccionesque observa el texto es la inconsis-tencia entre uno de sus enuncia-dos teóricos y su desarrolloempírico. Éste es el caso de la rela-ción entre el equilibrio de poder yel impasse cómodo. El enunciadoteórico observa que el equilibriode poder conduce a un cómodoimpasse, pero el desarrollo empíri-co sugiere que el cómodo impasseconduce como uno de sus momen-tos límite al equilibrio de poder. Eldesarrollo empírico sugiere que elimpasse cómodo no está anclado enla simetría de fuerzas como sugiereel equilibrio de poder, sino másbien en el hecho de que hay unumbral que las asimetrías no pue-den superar para conducir un des-enlace decisivo del conflictoarmado. El cómodo impasse dacuenta de balances asimétricos defuerzas que son estables y dinámi-cas, estables en el caso de las Fuer-zas Militares en un momentoinicial, y dinámico en el caso de lasguerrillas en un momento poste-rior, pero lo que tienen en comúnuno y otro es que las variacionesen las asimetrías no sólo no supe-raron el umbral decisivo sino quetendieron a encontrar su límite enuna creciente simetría. Esa incon-sistencia, sin embargo, no superaun problema central sobre la perti-nencia del argumento, que consis-te en si el conflicto armadocolombiano ha observado en al-gún momento un equilibrio de po-der, es decir, un balance asimétricode fuerzas. La probabilidad de que IS

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Sistemas de guerra. La economía política

del conflicto en Colombia.

Nazih Richani, IEPRI-Planeta, 2003.

Andrés Fernando SuárezSociólogo, Universidad Nacional de Colombia

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esa conclusión sea válida está enduda si se tienen cuenta varios as-pectos: primero, el 70% de la po-blación está concentrado en lasciudades, la guerra sigue siendo ru-ral, la marginalidad y la escasaaceptación política de las guerrillasson evidentes, así como una afini-dad moderada entre las clases me-dias urbanas respecto a los gruposparamilitares y las fuerzas armadas.Segundo, la presencia no es sinóni-mo de control y el control no esunívoco, equívoco en el que el de-sarrollo empírico de Richani esbastante reiterativo, ya que puedeoscilar entre lo absoluto, lo relativoy la disputa. Un hecho contrastableen el caso colombiano es que nohay territorio en donde la capaci-dad militar y política de la guerrillaimpida la presencia de entidadesestatales y la incursión y permanen-cia de las Fuerzas Armadas. Terce-ro, las operaciones militares de laguerrilla de gran envergaduracomo Las Delicias, el cerro dePatascoy, la toma de Mitú y los ata-ques a poblaciones no son eviden-cia contundente de que elconflicto colombiano haya observa-do un viraje de la guerra de guerri-llas a la guerra de movimientos ode posiciones, pues una observa-ción cuidadosa de las operacionesponen en evidencia que éstas songeográficamente marginales y sudispositivo táctico desplegado espropio de una guerra de guerrillas,observaciones que han sido amplia-mente desarrolladas por CamiloEchandía y Eric Lair. Además, la ra-zón entre el número de bajas de lasFuerzas Militares y las de las guerri-llas en combates es un indicadorde costos tácticos pero no de bene-ficios estratégicos y su incidenciaen la tendencia del balance defuerzas hacia la simetría. Lo ante-rior no significa una negación deldinamismo y la transformación delbalance asimétrico de fuerzas entreguerrilla y Fuerzas Militares en losaños ochenta y noventa, sino una

crítica ponderada a la dimensiónde su extensión, repercusión y pro-fundidad. Otras perspectivas comolas de Blanquer se oponen a la ideade equilibrio de fuerzas, conside-rando que lo que caracteriza el ba-lance de fuerzas en Colombia es laindefinición, dada la inestabilidady las fuertes oscilaciones de los gra-dos de control en secuencias tem-porales restringidas.

Otra de las críticas a las que estásujeto el desarrollo empírico de lateoría del sistema de guerra está re-lacionada con las característicasque se asignan a la economía polí-tica positiva tanto de las guerrillascomo de los grupos paramilitares.Respecto a las guerrillas, el rasgocaracterístico es la sincronía y la re-lación directamente proporcionalentre la reproducción y acumula-ción de activos económicos, milita-res y políticos que conducen a laconfiguración de un “vínculo orgá-nico” entre la guerrilla y la pobla-ción civil, así como a laconsolidación de su capacidad deconstrucción estatal. Este balancepuede ser puesto en duda si se tie-ne en cuenta, por un lado, la velo-cidad y la resonancia porextensión, profundidad y repercu-sión que observó la ofensiva estra-tégica de los grupos paramilitaresdesde mediados de los años noven-ta, y por el otro, la creciente evi-dencia sobre la función negativa einversamente proporcional entre laacumulación y reproducción de ac-tivos económicos y militares respec-to de los políticos.

La velocidad de la expansión delos grupos paramilitares –incluyen-do zonas de influencia tradicional yde reciente expansión de las gue-rrillas– pone en evidencia las dudassobre ese balance, no sólo porqueuna acumulación y una relación di-rectamente proporcional entre ac-tivos políticos, económicos ymilitares deberían haber operadocomo contención y comominimización de la velocidad en

las resonancias por extensión, pro-fundidad y repercusión de la vio-lencia sobre la transformación delos grados de control. La preguntade fondo es: ¿Por qué la violenciaejercida por los gruposparamilitares consiguió transfor-mar con una velocidad y unaradicalidad considerables los gra-dos de control en diversas zonas decontención y expansión de las gue-rrillas, pese a su creciente acumula-ción directamente proporcionalentre activos económicos, políticosy militares? La respuesta puede os-cilar en que o bien no existía unaacumulación suficiente y propor-cional de activos políticos respectoa los económicos y militares, y que,por ende, el vínculo orgánico conla población civil observaba fisurasy agrietamientos o una erosión acu-mulada que encontró su canaliza-ción en los grupos paramilitares, oque simplemente el control se ejer-cía sobre la base de una situaciónde intereses soportada por reputa-ciones de violencia más que poruna reputación de legitimidad so-cialmente aceptada, lo que permiti-ría resolver la paradoja de cómouna mayor reputación de violenciapuede alterar y preservar un gradode control determinado sobre lapoblación y el territorio. A esto ha-bría que agregar las ambivalenciasque observa la guerrilla en el ejer-cicio de control, pues a la vez quepermite formas de solidaridad bajosu férula, impide cualquier brotede organización civil cuando es au-tónoma e independiente, y tam-bién la creciente recurrencia conque se denuncia la desproporciónentre la pena y el delito en su ejer-cicio típico de administración dejusticia y seguridad.

Respecto a la economía políticade los grupos paramilitares, las ca-racterísticas que se observan estánrestringidas a la acumulación y re-producción de activos económicos,sin que haya consideración algunarespecto a sus activos militares y po-

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líticos, especialmente desde media-dos de los años noventa hasta la ac-tualidad. Si en el capítulo sobre laguerrilla hay una dedicación en ex-tenso a su capacidad de construc-ción estatal constatada en laprovisión de bienes públicos tangi-bles e intangibles como la adminis-tración de justicia, la seguridad ylas obras de infraestructura social,las cuales pueden generar apoyos osituaciones de intereses y no nece-sariamente una legitimidad social-mente aceptada, el capítulo sobrelos grupos paramilitares, especial-mente desde mediados de los añosnoventa hasta nuestros días, guar-da silencio sobre las característicasdel ejercicio del control y el poderen sus zonas de influencia y expan-sión reciente, contando aquellas enlas cuales consiguieron desplazar ysustituir a la guerrilla. Las referen-cias están restringidas a los cambiosen el funcionamiento de la econo-mía cocalera, pero no hay conside-raciones sobre el suministro debienes públicos intangibles comola seguridad y la administración dejusticia, los cuales han sido eviden-ciados y constatados en sus zonasde influencia y reciente expansión,y sus diferencias con los de la gue-rrilla. En muchos casos, el cambiode bando no altera el suministrode esa clase de bienes ni tampocoel modo de administrarlo y repro-ducirlo, muchas veces copiando in-cluso sus defecciones.

La debilidad de los vínculos or-gánicos entre el actor armado y lapoblación civil y la prevalencia delas reputaciones de violencia sobrelas de legitimidad en el soporte delgrado de control no pueden seratribuidas a la incapacidad o lairracionalidad de los actores arma-dos, sino más bien a las coaccionesestructurales que dibujan obstácu-los considerables para crear un vín-culo orgánico más sólido entre elactor armado y la población civil, yque éste pueda ser fundado en unalegitimidad socialmente aceptada.

Esta consideración da lugar a otraobservación crítica respecto de loslineamientos teóricos de Richani,que consiste en que su conceptode estructura es auto-referencial y,por ende, muy restringido. Lo an-terior significa que la estructuraestá definida en función de la gue-rra, y no incorpora los marcos so-ciales en los que se desenvuelve yadquiere configuración esa estruc-tura. Si bien el autor destaca la apa-rición de diversas bonanzaseconómicas en los años ochenta ylos noventa entre las que se cuen-tan la de la coca, la amapola, el pe-tróleo, el carbón, las esmeraldas ylas agriculturas comerciales de ba-nano y palma africana, el acento sepone en su significación respectode la acumulación de activos eco-nómicos y militares para los actoresarmados, y sólo tangencialmenteen las oportunidades que las turbu-lencias y transformaciones socialesque están detrás de esas economíaspueden ofrecer para acumular acti-vos en función de la administra-ción de justicia y seguridad. Sinembargo, no se ponderan los obs-táculos que esas condiciones llegana tener, no sólo para la acumula-ción de activos políticos y la conso-lidación de un vínculo orgánicoentre actor armado y población ci-vil soportado en una legitimidadsocialmente aceptada y no en laviolencia, sino para la prolonga-ción misma del conflicto, por su in-cidencia en la inestabilidad de losgrados de control. Los mayoresobstáculos residen en el caráctermasivo de las migraciones, su com-posición culturalmenteheterogénea, la transitoriedad enel asentamiento y la inestabilidadde las expectativas en entornos convolúmenes considerables de dinerocirculante, condiciones que en suconjunto son un obstáculo para laconfiguración de la organizaciónsocial en el corto y mediano plazo,y que, si están sujetas a lasinterferencias de un conflicto ar-

mado en curso, pueden prolongarindefinidamente la solidificaciónde estructuras sociales ylegitimidades socialmente acepta-das, y ante esas ausencia y defeccio-nes no hay mucho que decirrespecto de los mayores obstáculospara que un actor armado puedacrear un vínculo orgánico con lapoblación civil.

Una observación crítica finalasociada con una condición deotra naturaleza que favorece la pro-longación del conflicto armado yque no depende necesariamentede la configuración o alteración deun sistema de guerra, pese a que essu marco y estructura, es la exten-sión y fragmentación geográfico-re-gional del conflicto armadointerno. Éstas significan que si elconflicto armado interno está re-ducido a uno o pocos focos geográ-ficos en contextos de acentuadaasimetría de fuerzas, la probabili-dad de prolongación es más redu-cida. Si, por el contrario, elconflicto está extendidogeográficamente, los balances defuerza puede estar más disemina-dos, y su colapso puede tener unamayor duración. Sin embargo, elmayor riesgo de ese dispositivogeográfico es que si hay unidadsistémica, es decir, no hay fragmen-tación, las alteraciones en un esce-nario pueden tener repercusionesconsiderables sobre los demás yocasionar un “efecto dominó”. Silo que prevalece es la fragmenta-ción, la prolongación del conflictoarmado será mayor porque cadasistema de guerra y el balance defuerzas que lo soporta podrán fun-cionar con relativa autonomía y sinresonancias sistémicas perversas. Ala fragmentación social se suma lageográfica como condiciones deposibilidad para la prolongacióndel conflicto armado más allá de laconfiguración de un sistema deguerra.

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El poder y la sangre. Las historias de Trujillo, Valle.

Adolfo León Atehortúa Cruz, CINEP-U. Javeriana, 1995.

Gonzalo Sánchez G.Profesor IEPRI, Universidad Nacional de Colombia

El investigador se propone hacer loque podríamos llamar la “historiatotal” de una región, cuyo epicen-tro es la población de Trujillo. Perono se trata sólo de una historia lo-cal o regional; sus imbricacionescon la historia nacional se estable-cen de manera tan natural, que esfácil ver en esa historia regional lahistoria social y política del país enel siglo XX.

En los capítulos iniciales el au-tor identifica a los primeros colo-nos, sus orígenes, la historia quetraían heredada (de otras ocupa-ciones agrícolas; como buscadoresde guacas y minas; como fugitivos,principalmente conservadores, dela Guerra de los Mil Días, o comoexpresidiarios y prófugos de la jus-ticia) poniendo al descubierto ras-gos característicos de laconstrucción política del territorio,extensibles a otras regiones de lageografía nacional. Desde sus pri-meras páginas, el autor nos ponefrente a una constatación general:espíritu aventurero pero tambiénbúsqueda de refugio, más que lamisma búsqueda de tierras, sondos motivaciones centrales de lospioneros de este proceso.

Los emergentes regionalismosque surgían de procesos simultá-neos en áreas limítrofes se alimen-taban de la competencia por losterritorios en vías de ocupación, yquedaban tempranamente marca-dos por portadores de otras identi-dades partidistas rivales. Lejos,

pues, de una visión idealizada, lacolonización se nos muestra aquícomo proceso inherentementemarcado por prácticas conflictivas ya menudo violentas, ilustrando,pero llevando aún más lejos los ha-llazgos de la historiadora norte-americana Catherine Legrand.

De la consolidación de los pri-meros asentamientos, el libro deAtehortúa pasa a una detallada des-cripción del entorno vital de losmoradores. Aprendemos así que vi-vían inicialmente de la cacería,pero que al poco tiempo se dedica-ron a actividades productivas esta-bles, que se traducían en unosprimeros sembrados de pancoger,maíz y fríjol principalmente, unoscuantos caballos, unas cuantas va-cas, y, con el tiempo, pastos y culti-vos comerciales permanentes,como el café o el aserrío de made-ras. Ante la inexistencia de la circu-lación monetaria, el trueque regíalas transacciones de los excedentesde unos y otros. Igualmente nulaera la presencia de las autoridadescentrales en esta fase formativa.Allí no llegaban las campañas polí-ticas, y la ignorancia de los aconte-cimientos nacionales noperturbaba a nadie. Hay en todoello una fina atención a las tareascotidianas de los primeros coloni-zadores, a las relaciones familiaresy de género, a las creencias religio-sas y, en general, a las ocupacioneslaborales y sociales del hombre co-mún y corriente. Hay asimismouna aguda sensibilidad a las trans-formaciones, a los diferentes sen-deros, convergentes o divergentes,de conformación de los sujetos so-ciales y políticos, y un extremo cui-

dado en evitar la reducción de ladinámica de unos procesos a otros,aunque todos aparezcaninterrelacionados. Como lo destacael subtítulo del libro, no se trataaquí de hacer la historia deTrujillo, sino de articular las múlti-ples historias que van definiendono una unidad espacio-temporalsino más bien un campo de relacio-nes siempre abierto.

El autor nos muestra cómo dela colonización en tanto empresacolectiva se pasará pronto, prime-ro, a la individualización de los in-tereses y por tanto a la irrupción delos conflictos agrarios (de linderos,de las apropiaciones fraudulentas,de la monopolización y acapara-miento por parte de comerciantesy empresarios agrícolas de lo quefue fruto original de tareas solida-rias) y , segundo, a laescenificación de los problemas delpoder en las recién fundadas co-munidades políticas que de case-ríos pasaron a municipio, asientode diversas autoridades locales yde un incipiente comercio. Talesdinámicas agrarias y políticas, demanera conjugada, convirtieron laembrionaria comunidad local ensoporte de grandes gamonales quese hicieron pasar por fundadores,como el conservador LeocadioSalazar. Ésta constituye la que po-dríamos llamar la fase rural de laconformación regional.

La fundación formal del pueblo(la alcaldía, la plaza, la iglesia, elprostíbulo, los servicios públicos, laburocracia local) desplaza hacia elincipiente casco urbano las dinámi-cas del poder e inaugura la políticalocal. Apoyado en cifras, en docu-

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mentos, en testimonios y no ensimples especulaciones, el autornos muestra cómo sus habitantescomienzan a tomar parte activa enla elección de autoridades legislati-vas y administrativas a todos los ni-veles. La localidad comienza amoverse al ritmo de la política re-gional y nacional, a sentirse partede la nación, a integrarse al merca-do a través de los arrieros y de losintermediarios, a articularse a lapolítica a través de los gamonales,como Leonardo Espinosa. Seríaquizá demasiado simplificador de-cir que de la colonización se pasa ala política, pero en todo caso losdos procesos se superponen. El tex-to es así de los pocos, de la abun-dante literatura históricacolombiana, en mostrar en todossus detalles la construcción delcomplejo tejido que da lugar a unacomunidad social y política local.

Empero, con la política llega-ron las rivalidades, es decir, la con-troversia legítima pero también laviolencia. De hecho, la creacióndel municipio coincidió con esaoleada de violencia poco estudiadatras la caída de la hegemonía con-servadora. Más que la búsqueda delas grandes razones de la confron-tación recurrente hay, en El poder yla sangre, un esfuerzo por descubrirlo que hoy se llamaría losmicrofundamentos de la violenciay la política, atizados a menudo porlos cálculos electorales de los políti-cos que se mueven en el escenarionacional, que trastean votos, quedeciden sobre los jurados electora-les, que agitan para su propio be-neficio latentes conflictos agrarios,que se revisten de autoridad y legi-timidad con el reconocimiento delos directorios nacionales, y que,para sorpresa de muchos,fraternizan entre sí mientras divi-den a muerte a sus seguidores. Lapolítica, según dice sabiamenteuno de sus entrevistados,“era comouna riña de gallos: los animales sematan y los dueños toman trago,

disfrutan y cobran toda la plata”(p. 133).

En este contexto, el libro per-mite avanzar una tesis fuerte, ricaen implicaciones: la Violencia delos años cincuenta no es una vio-lencia inaugural. Se inscribe enuna violencia casi cotidiana de pre-carios equilibrios e inestableshegemonías políticas, y de vengan-zas reprimidas que sólo esperan uncontexto favorable, regional o na-cional, para hacer una irrupciónaparentemente brusca, pero enrealidad largamente preparada. Ala liberalización de los años treinta,responderá la conservatización delos años cincuenta, acaudillada porel nuevo señor de la política local,Leonardo Espinosa, cuyo imperiogamonal se montará –sobre todo apartir de los años cincuenta– al am-paro de las pistolas de los pájarossurgidos durante el gobierno deLaureano Gómez y fortalecidosbajo el de Rojas Pinilla, secundadopor dos grandes padrinos políticoregionales, los dirigentes políticosdepartamentales Gustavo SalazarGarcía y Nicolás Borrero Olano. Lapolítica nacional rompió los equili-brios de la política local. El munici-pio descubrirá así, simultáneamente,las ventajas y las desgracias de la inte-gración a procesos más amplios de lasociedad colombiana.

Construido su feudo político,argumenta el autor, la tentaciónpara el gamonal de convertirsetambién en el gran señor de la tie-rra se hizo irreprimible. Grupos deintermediarios y reducidores, a ve-ces institucionalizados, como unasiniestra agencia de “compra debienes raíces”, hicieron del despojode cosechas, ganados y parcelas delas víctimas, la fuente de expansióndel imperio gamonal-terratenientede Espinosa. Que la violencia se ha-bía convertido en empresa, engran negocio, es algo que las vícti-mas sólo comenzaron a entendermuy tarde. En su momento sóloveían la violencia como un asunto

estrictamente partidista, expresiónpura y simple de los sectarismosatávicos. No era evidente que,como se lo dijo al autor otro de losentrevistados, Leonardo Espinosase estuviera quedando “con el po-der, los votos y las propiedades” (p.197), eliminando incluso a loscopartidiarios que pudieran repre-sentar una eventual competenciapor el botín. “La violencia comien-za por política y se acaba robando.A la larga no es más que un nego-cio”, dice otro de los testimoniosesclarecedores de este proceso (p.217). Espinosa logró montar, cier-tamente, un gran centro de poderdespótico, pero no invulnerable.Atehortúa nos pone aquí frenteuna segunda tesis central de su li-bro que podría formularse en lossiguientes términos: el poder ama-sado con sangre sólo se puede de-fender con más sangre y se pierdeeventualmente con sangre. La polí-tica municipal se volvió una ince-sante cadena de vendettas, queanudaba estrategias locales y nacio-nales de poder. En adelante, Espi-nosa nunca pudo dormirtranquilo.

Dicho imperio tuvo, ciertamen-te, su interregno. Cuando se inau-guró el Frente Nacional, Espinosase olvidó de sus viejos sectarismos,pero no del poder acumulado, y seacomodó sin mayores dificultades alos vencedores. De ser un poder enla sombra pasó a ser El Poder, en lavida local. Decisiones políticas, de-cisiones judiciales, decisiones admi-nistrativas, cargos públicos,incluido el del cura, todo pasabapor sus manos ensangrentadas.Esta concentración ypersonalización del poder es des-crita así: “En Trujillo no se movíauna hoja sin consultarle primero adon Leonardo. A la larga él era elalcalde, el juez, el concejo, las em-presas municipales, la junta de or-nato, todo. Tenía línea directa conel gobernador y el presidente.Traía a los políticos a Trujillo y se

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subía al balcón con ellos para quetodo el pueblo lo viera. Ellos no ha-cían sino alabarlo: ‘Don Leonardoes el prócer’, ‘ojalá en todos lospueblos de Colombia hubiera unhombre como don Leonardo’” (p.232).

A fines de 1979, don Leonardopudo declarar: “Llevo cincuenta ysiete años en Trujillo y aquí el go-bierno lo inventé yo” (p. 261).Pero tal poder feudalizante, teníaen sí el germen de su propia des-trucción. Comenzó a derrumbarsepor agudas divisiones internas. Enlos años setenta quedó atrapado enla pugna nacional de laureanistas ypastranistas, que se expresó inicial-mente en votos pero quizá sólo eraposible resolver con armas. En ene-ro de 1980 cae asesinado el que pa-recía invulnerable dueño delpoder local. ¿A manos y por ordende quién? Nunca se pudo aclarar:¿Sus enemigos, sus antiguos alia-dos, trabajadores de su hacienda,sus víctimas? Todas las versioneseran plausibles. No era el fin de laviolencia. La muerte del eje de po-

der durante décadas le abrió pasoa la instalación de múltiples y con-tradictorios poderes nuevos: políti-cos y terratenientes en ascenso,aprovechando el vacío dejado porEspinosa; organizaciones comuni-tarias impulsadas por un cura conun nuevo estilo pastoral y de visiblesensibilidad social; narcos emer-gentes, paramilitares, y guerrillerosen busca de recursos y control te-rritorial. En el cruce de estas con-frontaciones, de claros tintesmafiosos, quedaban los únicos per-dedores: los campesinos. Sutilmen-te, sin forzar los argumentos, y conuna innovadora estrategiametodológica, el autor terminamostrando cómo en realidad la his-toria de Trujillo es la historia con-temporánea de Colombia. En elnudo de contradicciones y de vio-lencias de esta “Colombia chiquita”se produce la gran masacre deTrujillo que cierra esta historia depoder y de sangre.

Se trata de una historia relativa-mente cercana como para que elrelato oral pueda desempeñar un

papel central en la reconstruccióndel periplo colonizador, pero siem-pre complementada con una ex-haustiva investigación de archivos,en la cual fue acompañado por ungrupo de sus estudiantes que se be-neficiaron del proceso socializadorde la investigación. La estructuradel texto, que intercala páginas deanálisis con base en una amplia di-versidad de fuentes escritas y testi-monios que refuerzan ycomplementan las fuentes escritas,le da un aire particularmente fres-co y fluido al conjunto. Hechos yrepresentaciones del conflicto apa-recen en un tejido único.

Cuando muchos pudieran pen-sar que el tema de la Violencia esta-ba agotado, libros como éste –y elmás reciente de Mary Roldán, Asangre y fuego–, nos sorprenden connuevas propuestas metodológicas,nuevos enfoques interpretativos,nuevos hallazgos, que constituyenuna invitación a las nuevas genera-ciones a reavivar la imaginaciónhistórica.

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La crisis en Argentina y lasrelaciones con Brasil yEstados Unidos: continuidady cambio en las relacionestriangulares

ROBERTO RUSSELLJUAN GABRIEL TOKATL IAN

ResumenLas relaciones de Argentina con

Brasil y Estados Unidos han ocupadoun lugar de creciente significación enlos distintos esquemas que orientaronla política exterior del país desde fi-nes del siglo XIX. En ambos casos,este lugar siempre constituyó materiade fuertes debates. Brasil fue conside-rado como un aliado indispensablepara ampliar la autonomía nacional yfortalecer la capacidad de negocia-ción internacional del país pero tam-bién como el principal rivalgeopolítico que amenazaba la seguri-dad y hasta la integridad territorial deArgentina. Igualmente, Estados Uni-dos fue percibido en un amplio arcode visiones que lo retrataron, en unextremo, como un peligroso imperioen permanente expansión y, en elotro, como un aliado central para ase-gurar un vínculo exitoso de Argentinacon el mundo. En el siglo XX, este de-bate adquirió un carácter cada vezmás triangular a lo largo de un proce-so histórico signado a un tiempo porla declinación argentina y el aumentodel poder relativo de Estados Unidosa escala mundial y de Brasil en el ám-bito sudamericano, respectivamente.

Palabras clave: relaciones interna-cionales, Latinoamérica, geopolítica.

AbstractThe relationships of Argentina

with Brazil and United States haveoccupied a place of growing signifi-cance in the different outlines thatguided the domestic foreign policyfrom ends of the XIX century. Inboth cases, this place always consti-tuted matter of strong debates. Brazilwas considered as an indispensableally to enlarge the national au-tonomy and to strengthen the do-mestic international bargaining

power but also as the main geopoliti-cal rival that threatened the securityand until the territorial integrity ofArgentina. Equally, United States wasperceived in a wide arch of visionsthat depicted it, in an end, as a dan-gerous empire in permanent expan-sion and, in the other one, as acentral ally to assure a successfulbond of Argentina with the world. Inthe XX century, this debate acquireda more and more triangular charac-ter at the same time along a processhistorical signado for theArgentinean decline and the in-crease of the relative power fromUnited States to world scale and ofBrazil in the South American envi-ronment, respectively.

Key words: international relations,Latin America, geopolitics.

La acción pública deinconstitucionalidad comomecanismo corrector de lacrisis de representación enColombia (1910-2003)

MARÍA LUISA RODRÍGUEZPEÑARANDA

Resumen¿Cuáles son los mecanismos con-

venientes para devolver a una ciuda-danía madura la posibilidad decontrolar las decisiones que, tomadasen su nombre y representación, leexcluyen o vulneran? La democraciarepresentativa, dos siglos después deser formulada por Madison en el Fe-deralista # 10, se ha convertido en unmodelo hegemónico de los estadosmodernos. El carácter plenamentedemocrático del parlamento, en elque sus miembros son elegidos porlas mayorías y sus decisiones respal-dadas por el mismo mecanismo, hagarantizado históricamente un altogrado de legitimidad a esta institu-ción. Sin embargo, tal legitimidad seha visto fuertemente cuestionada enlas últimas décadas por la denomina-da “crisis de representación”. Estacrítica a la democracia representativapone el lente de aumento en la insu-ficiente o inadecuada representación

que suele recaer sobre determinadasminorías étnicas, lingüísticas o socia-les que, de forma permanente o tem-poral, son excluidas del Parlamento.Para superar este déficit de represen-tación, en algunos países se han in-troducido algunos mecanismoscorrectores desde el ámbito de la jus-ticia. Este es el caso de la Acción Públi-ca de Inconstitucionalidad, instituida aprincipios del siglo XX en Colombiapor el movimiento político Unión Re-publicana como herramienta eficazde control ciudadano de la ley.

Palabras clave: representación,constitución, justicia.

Abstract

Which are the convenient mecha-nisms to return to a mature citizenshipthe possibility to control the decisionsthat, taken in their name and repre-sentation, do they exclude him or dothey harm? the representative democ-racy, two centuries after being formu-lated by Madison in the Federalist #10,has become a model hegemónico ofthe modern states. The character fullydemocratic of the parliament, in whichtheir members are chosen by the ma-jorities and their decisions supportedby the same mechanism, it has guaran-teed a high grade of genuineness his-torically to this institution. However,such a genuineness has been stronglyquestioned in the last decades by theone denominated “representation cri-sis”. This critic to the representativedemocracy puts the increase lens inthe insufficient or inadequate repre-sentation that usually relapses on de-termined ethnic, linguistic or socialminorities that, in a permanent ortemporary way, they are excluded ofthe Parliament. To overcome this rep-resentation deficit, in some countriessome corrective mechanisms havebeen introduced from the environ-ment of the justice. This is the case ofthe Public Action of Unconstitutional-ity, instituted at the beginning of theXX century in Colombia by the move-ment political Republican Union as ef-fective tool of civic control of the law.

Key words: representation, constitu-tion, justice.

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La oposición regional a lasnegociaciones con el ELN

OMAR GUTIÉRREZ LEMUS

ResumenEn este artículo se analiza la serie

de circunstancias y hechos que favo-recieron el fortalecimiento delliderazgo de Asocipaz. En especial seexploran aspectos relativos a los gru-pos sociales que apoyaron su naci-miento y “legitimaron” suspropuestas políticas en los ámbitoslocal y regional; las formas de movili-zación popular que ensayó y los mé-todos de divulgación de susreivindicaciones; las razones que es-grimió frente al gobierno central y ala población civil para justificar suoposición al proceso de negociacióncon el ELN; la forma de ejercicio dela autoridad que intentó imponerdesde los gobiernos municipales y lasrelaciones que mantuvo con los gru-pos paramilitares.

Palabras clave: ELN, conflicto y paz,Colombia.

AbstractIn this article are analyzed the se-

ries of circumstances and facts thatfavored the invigoration of the lead-ership of Asocipaz. Especially relativeaspects are explored to the socialgroups that supported their birthand “legitimated” their political pro-posals in the environments local andregional; the forms of popular mobi-lization that it rehearsed and themethods of popularization of theirrecoveries; the reasons that it fencedin front of the central governmentand to the civil population to justifytheir opposition to the negotiationprocess with the ELN; the form of ex-ercise of the authority that tried toimpose from the municipal govern-ments and the relationships that itmaintained with the paramilitarygroups.

Key words: ELN, conflict andpeace, Colombia.

La ontología de la“violencia política”: accióne identidad en las guerrasciviles

STATHIS N. KALYVAS

ResumenEste artículo se concentra en va-

rios problemas conceptuales origina-dos por la comprensión actual deviolencia política, especialmente enlo pertinente a las acciones, motiva-ciones e identidades en las guerras ci-viles. Con frecuencia las acciones “enel terreno” resultan estar relacionadascon conflictos locales y privados másque con la confrontación dominantede la guerra. La disyunción entre lasdinámicas de arriba y de abajo debi-litan las presunciones prevalecientessobre las guerras civiles, que son seña-ladas desde dos marcos interpretativoscompetitivos, más recientemente des-critos como “codicia y agravio”. En lu-gar de postular una dicotomía entrecodicia y agravio, señala la interac-ción entre identidades y acciones po-líticas y privadas. Las guerras civilesno son conflictos binarios sino proce-sos complejos y ambiguos que pro-mueven la acción “conjunta” deactores locales y más allá de los loca-les, la de civiles y ejércitos cuya alian-za resulta en violencia que se agregay aún así refleja sus diversas metas. Esla convergencia de motivos locales eimperativos, más que los locales, laque imprime a las guerras civiles sucarácter particular y con frecuenciadesconcertante, ambivalente entre lopolítico y lo privado, lo colectivo y loindividual.

Palabras clave: Ontología, conflicto,guerras civiles, violencia.

AbstractThis article concentrates on sev-

eral conceptual problems originatedby the current understanding of po-litical violence, especially in the per-tinent thing to the stocks,motivations and identities in the civilwars. Frequently the stocks “in theland” they turn out to be related withlocal and private conflicts more thanwith the division driver or “teacher”of the war. The disjunction amongthe dynamics of the summit or of thebottom it tunnels the prevalent pre-sumptions about the civil wars thatare informed from two competitive

interpretive marks, more recently de-scribed as “it covets and offense.” In-stead of postulating a dicotomíabetween greed and offense, itpointed out the interaction betweenidentities and political and privatestocks. The civil wars are not binaryconflicts but complex and ambigu-ous processes that promote the ac-tion “combined” of local actors andbeyond the local, the one of civil andarmies whose alliance is in violencethat is added and even this way re-flective their diverse goals. It is theconvergence of local reasons and im-peratives beyond the local that itprints to the civil wars their particu-lar and frequently disconcertingcharacter, ambivalent among the po-litical thing and that deprived, thecollective thing and the individualthing.

Key words: Ontology, conflict, civilwars, violence.

En búsqueda de lo popularen la Guerra de los Mil días

CHARLES BERGQUIST

ResumenEste artículo presenta los esfuer-

zos del autor para entender las di-mensiones populares de la Guerra, yluego entrar a discutir otros esfuer-zos más recientes de los historiadorescolombianos para ampliar nuestroentendimiento sobre este tema. Eltexto termina con algunas reflexio-nes de como los avances en la histo-ria colombiana y los cambios en losasuntos colombianos y mundiales enlas últimas décadas nos invitan a re-pensar todo el asunto de lo popularen la Guerra de los Mil Días. La con-clusión invita a influenciar nuestroentendimiento de la historia colom-biana de los siglos XIX y XX, y de lacrisis que enfrenta el país hoy.

Palabras clave: Guerra, Colombia,historia.

AbstractThis article presents the author’s

efforts to understand the Guerra’spopular dimensions, and then to en-ter to discuss other more recent ef-forts of the Colombian historians toenlarge our understanding on thistopic. The text finishes with some re-flections of as the advances in theColombian history and the changes

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in the Colombian and world mattersin the last decades invite us torepensar the whole matter of thepopular thing in the Guerra of the aThousand Days. The conclusion in-vites to influence our understandingof the Colombian history of the XIXand XX centuries, and of the crisisthat faces the country today.

Key words: Civil Wars, Colombia,history.

Movimiento ÉtnicoAfrocolombiano en elquehacer político deTumaco

STELLA RODRÍGUEZ

ResumenEste artículo busca analizar las po-

sibilidades de injerencia del movi-miento afrocolombiano en la vidapolítica de Tumaco. En estos momen-tos los consejos comunitarios de lascomunidades negras se proyectan alruedo político electoral del munici-pio, apoyando directamente a un can-didato para las elecciones de julio del2004. Sin embargo, como organiza-ción social, el movimiento afronta ensu interior divisiones estructurales,mientras que en el ámbito externo seencuentra desafiado por la agudiza-

ción del conflicto interno y el incre-mento de cultivos de uso ilícito en susterritorios ancestrales. Esta discusióntiene uno de sus ejes en los logros quecon la Ley 70 de 1993 han obtenidolos afrocolombianos, pero también enlos límites que la misma Ley impone.Para llegar al nodo de interés, la re-flexión parte de una descripción de lainestabilidad política de la administra-ción municipal durante el periodo2000-2004, caracterizada por elclientelismo, la corrupción y el conti-nuo cambio de mandatarios locales.Una mirada a la política tradicionaldel municipio proporciona elementospara demostrar que las raíces de la ac-tual coyuntura se encuentran en elanclaje e influencia de un líder localde la politiquería tradicional: Beto,cuya maquinaria, deja indiscutibleshuellas en la vida política y el compor-tamiento electoral.

Palabras clave: Movimientoafrocolombiano, identidad, políticatradicional, clientelismo, TumacoNariño elecciones 2004, Ley 70 de1993.

AbstractThis article looks to analyze the

possibilities of interference ofAfrocolombian movement in the po-litical life of Tumaco. At the momentthe communities board of black com-

munities are planning to the politicalarena in the municipality, supportingdirectly to a candidate for the July2004 elections. Nevertheless, like so-cial organization, the movement toface up in its interior structural divi-sions, whereas in the external scopeit is defied by the worsening of theinternal conflict and the increase offarming of illicit use in his ancestralterritories. This discussion has one ofits axes in the profits that with Law70 of 1993 have obtained theAfrocolombian, but also in the limitsthat the same Law imposes. In orderto arrive at the interest node, the re-flection start from a description ofthe political instability of the munici-pal administration during 2000-2004period, characterized by the corrup-tion, and the continuous change ofhead of the municipality. A glance tothe traditional politics of the munici-pality provides elements to demon-strate that the roots of the presentconjuncture are in the anchorageand influences of a local leader oftraditional political maneuvering:Beto, whose machinery, leaves to un-questionable marks in the politicallife and the electoral behavior.

Key words: Afrocolombianmovement, identity, traditionalpolitic, Tumaco Nariño elections2004, Law 70 de 1993.

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l i b r oMary Kaldor, New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Cambridge, Polity Press, 1999, pp. 19-24.

a r t í c u l oJames Patterson, “Estados Unidos desde 1945”, en Michael Howard y W. Roger Louis (Ed.), Historia Oxford del siglo XX, Historia Oxford del siglo XX, Historia Oxford del siglo XXBarcelona, Planeta, 1999, p. 270.

Michael, Hirsh, “El mundo de Bush”, en Foreign Affairs en Foreign Affairs en Foreign Affairsespañol, otoño-invierno de 2002, p. 39.

Michael Ignatieff, “La carga de Estados Unidos”, en El País, 8 de febrero de 2003, p. 3-A.

Los textos deberán estar acompañados de un resumen en español e inglés de 100 a 200 palabras, en el que se establezca de manera precisa el problema que se pone a consideración, y de una pequeña reseña biográfi ca del autor con su e-mail y vinculación institucional actual.

Los artículos deben ser enviados en formato Word (para pc) al e-mail: revap_bog@unal.edu.co

Luego de la confi rmación de su recepción, el texto será entregado por el Comité Editorial de la Revista a un evaluador anónimo (la revista es arbitrada). El concepto favorable o desfavorable del evaluador se enviará al autor vía e-mail.

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