Exp. N 2002-000986

SALA DE CASACIN CIVIL

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PREZ DE CABALLERO.

En el juicio por cumplimiento de contrato de seguros seguido

por GUAYANA MARINE SERVICE C.A. y LLOYD AVIATION C.A.,

representados por los abogados Juan Carlos Trivella, Rahyza Pea, Felix Roland

Mathies, Marco Antonio Colmenares, Jess Armando Garca y Benjamn Klahr,

contra SEGUROS LA METROPOLITANA S.A., representada por los abogados

Salvador Yannuzzi, Silvia Bselis y Fanny Salermo y ante este Alto Tribunal, por Jaime

Heli Pirela Ruz, Alexandra lvarez Medina y Astrid Morales Mndez; el Juzgado

Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del

rea Metropolitana de Caracas, dict sentencia el da 30 de octubre de 2002 mediante la

cual declar sin lugar la apelacin ejercida por la parte actora, en contra de la

decisin definitiva de fecha 21 de mayo del mismo ao, dictada por el Juzgado

Itinerante (sic) del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del

Trnsito de esta Circunscripcin Judicial, por la cual se declar la Caducidad de la

pretensin ejercida. De esta manera, modific la decisin apelada y declar sin lugar

la demanda propuesta, conforme a los artculos 12, 254 y 507 del Cdigo de

Procedimiento Civil, por cuanto no se comprob la ocurrencia del siniestro.

Contra la referida decisin de la alzada los actores anunciaron recurso de

casacin, el cual fue admitido por el juez de la recurrida mediante auto de fecha 6 de

diciembre de 2002, y oportunamente formalizado. Hubo impugnacin.

Concluida la sustanciacin del recurso de casacin, y cumplidas las dems

formalidades, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que

con tal carcter la suscribe, en los trminos siguientes:

RECURSO DE CASACIN POR INFRACCIN DE LEY

I

De conformidad con el ordinal 2 del artculo 313 del Cdigo de

Procedimiento Civil, denuncian los recurrentes la infraccin de los artculos 397 del

Cdigo de Procedimiento Civil por falsa aplicacin y 482 eiusdem por falta de

aplicacin, por cuanto el juez superior declar sin lugar la demanda de cumplimiento de

contrato de seguro, al considerar que el siniestro no qued comprobado en el proceso.

Plantean los formalizantes, que hay en el expediente abundante material

probatorio que acredita que s aconteci el siniestro, pero ocurri que el juez silenci las

pruebas que acreditaban ese hecho, entre los que figuran siete testigos promovidos en el

ao 1995, los cuales fueron desechados por la alzada aplicando unos requisitos para la

promocin de la prueba testifical que aparecieron por primera vez en una jurisprudencia

dictada por esta misma Sala en el ao 2001, sin tomar en consideracin que dicha

prueba es importante para las resultas del juicio, ya que entre los testigos desechados se

encuentra el piloto de la aeronave Paolo Carossi y varios de sus tripulantes.

Indican los formalizantes, que la recurrida estableci en la sentencia que la

parte actora en su escrito de pruebas promovi los testigos Paolo Carossi, Edgar

Inojosa, Remy Pasternoster, Renato Gobo, Jos Montelongo, Otto Hohn y Feliciano

Ibarra, pero luego consider que ...en su promocin no se indic el objeto de la

declaracin de los testigos, en tal razn y conforme al criterio acerca del objeto de la

prueba establecido por la Sala de Casacin Civil del Tribunal Supremo de Justicia en

fecha 16 de noviembre de 2001 (...) es imposible el anlisis y valoracin de la prueba

de testigo no promovida en forma correcta. As se decide....

No obstante lo anterior, alegan los formalizantes que promovieron la prueba

testifical el da 14 de junio de 1995 y que para esa poca el nico requisito exigido era

la presentacin de la lista de los que deban declarar con expresin del domicilio de

cada uno de ellos, de conformidad con el artculo 482 del Cdigo de Procedimiento

Civil; adems, que en esa poca sealar el objeto de la prueba testifical era todava

menos importante, porque su legalidad y pertinencia se controlaba en el momento de su

evacuacin, es decir, cuando el promovente formulaba la pregunta.

Manifiestan que el criterio del objeto de la prueba se estableci seis aos

despus de haber promovido a los testigos en el presente juicio, lo que les permite

deducir que lo hicieron con base a los criterios imperantes para la poca, y muy

particularmente, de acuerdo con la doctrina sentada por la Sala de Casacin Civil de la

Corte Suprema de Justicia; y, para ese entonces estaba fuera de su alcance prever que

ocurrira un cambio de doctrina seis aos ms tarde sobre el particular y mucho menos

que le sera aplicado retroactivamente para desecharle las probanzas ms importantes

del pleito.

Por lo expuesto, denuncian que el juez superior aplic falsamente el artculo

397 del Cdigo de Procedimiento Civil, por cuanto segn la doctrina vigente para el ao

1995 no imperaba el criterio respecto a la indicacin del objeto de la prueba de testigos

en el escrito de promocin. Asimismo, denuncian que el juez debi aplicar el artculo

482 del mismo Cdigo y no lo hizo, a pesar de que la norma regula los nicos requisitos

exigidos en el ao 1995 para la promocin de los testigos, es decir, su nombre, apellido

y domicilio.

Por ltimo, sealan que las infracciones denunciadas fueron decisivas en la

suerte del fallo, porque si el juez no hubiese desechado la promocin de esos testigos,

hubiese tenido que declarar con lugar la demanda, al haber quedado demostrado el

siniestro de la aeronave.

Para decidir la Sala observa:

Los artculos 397 y 398 del Cdigo de Procedimiento Civil, regulan algunos

aspectos relacionados con la promocin y admisin de las pruebas, los cuales establecen

respectivamente:

Artculo 397.- Dentro de los tres das siguientes al trmino de la promocin, cada parte deber expresar si conviene en alguno o algunos de

los hechos que trata de probar la contraparte, determinndolos con claridad,

a fin de que el Juez pueda fijar con precisin los hechos en que estn de

acuerdo, los cuales no sern objeto de prueba. Si alguna de las partes no

llenare dicha formalidad en el trmino fijado, se considerarn contradichos

los hechos.

Pueden tambin las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la

admisin de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente

ilegales o impertinentes. Artculo 398.- Dentro de los tres das siguientes al vencimiento del trmino fijado en el artculo anterior, el Juez providenciar los escritos de

pruebas, admitiendo las que son legales y procedentes y desechando las que

aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el

Juez ordenar que se omita toda declaracin o prueba sobre aquellos hechos

en que aparezcan claramente convenidas las partes.

En interpretacin y aplicacin de estas normas, esta Sala en sentencia de

fecha 16 de noviembre de 2001, caso: Cedel Mercado de Capitales C.A. contra

Microsoft Corporation, dej sentado:

Es fcil comprender cmo, para que la parte pueda manifestar si conviene o no con los hechos que su contrario trata de probar y para que el

Juez pueda fijar con precisin los hechos en que estn de acuerdo a las

partes se hayan indicado de manera expresa y sin duda de ningn tipo, los

hechos que pretenden demostrar con cada medio de prueba promovido.

Adems, es la nica manera de garantizar el cumplimiento de los deberes de

lealtad y probidad procesales impuestos a las partes al impedir de esa

manera que el contrario del promovente y el propio tribunal sean

sorprendidos al utilizar un determinado medio probatorio para verificar

hechos diferentes a los que ellos creyeron cuando se promovi Esta circunstancia ha sido recogida por la Sala Plena del Tribunal Supremo

de Justicia, cuando en sentencia de fecha 8 de junio del ao en curso sostuvo

lo siguiente: ...La Sala Plena Accidental advierte que el querellante indic los hechos que a su juicio constituyen los delitos de malversacin especfica o

sobregiro presupuestario y trfico de influencias. Sin embargo, se limit a

enunciar las pruebas que a su juicio evidencian la comisin de tales hechos

punibles, sin indicar el contenido de ellas y lo que demuestran. Al respecto,

el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,

Doctor JESS EDUARDO CABRERA ROMERO, ha expresado lo

siguiente: Slo expresando con precisin lo que se quiere probar con el medio que se ofrece, puede el Juez decidir si dicho objeto es o no manifiestamente

impertinente, y por ello (sic) el Cdigo de Procedimiento Civil (sic) de

manera puntual requiri la mencin del objeto del medio en varias normas

particulares (arts. 502, 503, 505, 451, 433 y 472) y en forma general en el

artculo 397, quedando exceptuados de dicha carga al promoverse la

prueba: las posiciones juradas y los testigos, donde el objeto se sealar

al momento de la evacuacin. Todas estas normas buscan una mejor

marcha del proceso, tratan de precisar lo pertinente, tratan de evitar que el

Juez tenga que realizar la labor de valoracin que le impone el art. 509 del

CPC, sobre medios que por inadmisibles no se les ha debido dar entrada. Pero la realidad ha resultado distinta a la que previno el CPC. A diario

vemos en los Tribunales como se promueven medios sin sealarles que se

quiere probar con ellos, (sic) y los Jueces los admiten. Es corriente leer

escritos donde se dice Promuevo documentos (pblicos o privados) marcados A, B y C, sin sealar que se va a probar con ellos (sic); o promuevo foto, inspeccin judicial, etc., sin indicar que se pretende aportar

fcticamente al juicio, y que a pesar de que contraran al art. 397 en la forma

de ofrecerlos, a tales medios se les da curso... (XXII JORNADAS J.M. DOMNGUEZ ESCOVAR. Derecho Procesal Civil [EL C.P.C. DIEZ AOS DESPUS], Pg. 247). Igualmente, ha sostenido el Magistrado Cabrera Romero en su obra

Contradiccin y Control de la Prueba Legal y Libre Tomo I, lo siguiente: ...En la mayora de los medios de prueba, el promovente, al momento de anunciarlos, debe indicar que hechos trata de probar con ellos, por lo que

resulta fcil comparar lo que se pretende probar, con los hechos alegados

controvertidos y por tanto, calificar o no la pertinencia o la impertinencia

manifiesta. Por tratar el objeto de la prueba de afirmaciones sobre cuestiones

fcticas que cursan en autos (hechos alegados en la demanda y la

contestacin), al juez le es atribuida la calificacin oficiosa de la

pertinencia, medie o no oposicin formal, lo que decidir en el auto de

admisin o negativa de prueba, que se dicta como consecuencia de la

promocin. Existen medios que pueden ser propuestos sin necesidad de sealar su

objeto, tales como la confesin judicial, que se trata de provocar

mediante posiciones juradas, y en el CPC de 1987, la prueba de

testigos. Con ambos medios y otros semejantes, la oposicin por

impertinencia no funciona a priori y debe interponerse con motivo de la

evacuacin de la prueba, para que no se reciba toda ella o sectores de la

misma. La oposicin por esta causa queda diferida al instante de su

evacuacin... Esta Sala comparte los criterios expuestos por el citado autor, acogidos

por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, pero con el aadido

que tambin en los casos de prueba de testigos y de confesin debe

indicarse el objeto de ellas; es decir, los hechos que se tratan de probar

con tales medios. En efecto, slo de esa manera se puede explicar el texto del artculo 398 del

Cdigo de Procedimiento Civil, cuando seala que en el auto de admisin

de las pruebas el Juez ordenar que se omita toda declaracin o prueba

sobre aqullos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes (Subrayado de la Sala). Lo anterior no significa que al momento de promover la prueba, el

interesado deba dejar constancia detallada de las preguntas que formular al

testigo o a la contraparte sino que debe exponer la materia u objeto sobre la

cual versar la declaracin, permitiendo de esa manera saber si lo que trata

de probar, con la prueba de testigos, es una obligacin superior a dos mil

bolvares o lo contrario a lo que contiene un documento pblico, o si la

confesin versar sobre hechos pertinentes de los cuales la parte tenga

conocimiento personal o si se trata de hechos realizados por el apoderado en

nombre de su poderdante.

Si no se cumple con este requisito no existir prueba vlidamente

promovida, hecho que se equipara al defecto u omisin de promocin

de prueba. (Negrilla de la Sala).

De conformidad con el precedente jurisprudencial citado, los artculos 397 y

398 del Cdigo de Procedimiento Civil exigen el cumplimiento de la forma procesal

relacionada con la indicacin del objeto de la prueba, con el propsito de permitir que la

parte no promovente conozca qu hechos pretende probar su contraria, para determinar

su pertinencia con aquellos que forman parte de la controversia. Asimismo, el citado

criterio establece que de ser incumplida esa forma procesal la prueba es irregular e

ineficaz, e indica de forma expresa que ese criterio es aplicable tambin respecto de los

testigos y de las posiciones juradas.

No obstante, esta Sala considera necesario flexibilizar esta doctrina, por

cuanto las pruebas constituyen el instrumento de las partes para llevar la verdad al

proceso y ello es presupuesto necesario para el alcance del fin ltimo de la funcin

jurisdiccional: la realizacin de la justicia. En atencin a ello deja establecido:

El propio legislador excluy el cumplimiento de este requisito de

determinacin del objeto de la prueba respecto de alguna de ellas en particular, como

son las testimoniales y las posiciones juradas, en relacin con las cuales previ la

facultad de cuestionar y declarar la manifiesta impertinencia en el mismo acto de

evacuacin de la prueba, e incluso en la propia sentencia de mrito. Un ejemplo de ello

est expresado en el artculo 410 del Cdigo de Procedimiento Civil, el cual dispone:

Las posiciones deben ser concernientes a los hechos controvertidos. En caso de reclamacin por impertinencia de alguna pregunta, el Juez puede

eximir al absolvente de contestarla. En todo caso, el Juez no tomar en

cuenta en la sentencia definitiva, aquellas contestaciones que versen sobre

hechos impertinentes.

Ello encuentra justificacin en la necesidad de lograr una formacin

espontnea y sincera en la prueba, pues a la par de la exigencia del juramento, est

presente la sorpresa de la pregunta para evitar anticipar y preparar la respuesta. Por la

misma razn, el artculo 482 del Cdigo de Procedimiento Civil exige que el acto de

promocin de la prueba de testigo consista en la presentacin al tribunal de la lista de

los declarantes, con expresin del domicilio, norma esta que por ser especial es de

aplicacin preferente a la general contenida en los artculos 397 y 398 del Cdigo de

Procedimiento Civil.

Ese fue precisamente uno de los cambios significativos logrados en la ltima

reforma del Cdigo de Procedimiento Civil, en el cual se exiga al promovente la

presentacin del interrogatorio y ello favoreca la preparacin de las respuestas y la

manipulacin de la verdad.

Los referidos artculos 382 y 410 del Cdigo de Procedimiento Civil

constituyen claros ejemplos de los supuestos en que por voluntad de legislador el

control sobre la manifiesta impertinencia de la prueba con los hechos discutidos, tanto

por las partes como por el juez, queda diferida para la oportunidad de evacuacin de la

prueba, o luego de su incorporacin, en cuyo caso no es aplicable el requisito de

especificacin del objeto de la prueba.

Este criterio ha sido explicado en forma clara y precisa por el Magistrado

Jess Eduardo Cabrera Romero, quien ha sealado que este requisito sufre

excepciones cuando se proponen unas posiciones juradas o una testimonial, pues en

esos casos el Legislador ha considerado que la pertinencia puede ser calificada

despus de enterada la prueba en autos. Es ms, es la recepcin la que permite

calificar la pertinencia, ya que son las preguntas a las partes o a los testigos, las que

van hacer conocer la relacin entre el medio y los hechos controvertidos, posicin

esta que ha sido acogida por la Sala Plena en sentencia de fecha 30 de mayo de 2000,

caso: Enjuiciamiento de Mrito de Luis Miquelena.

Asimismo, ese criterio fue asumido por la Sala Constitucional, entre otras, en

decisin de fecha 27 de febrero de 2003, caso: Maritza Herrera de Molina y otro, en la

cual dej sentado que a todo medio de prueba hay que sealarle al ofrecerlo, cules

son los hechos que con ellos se pretende probar. De este sistema slo escapan los

testimonios y la confesin que se trata de provocar mediante las posiciones juradas.

Ahora bien, esta Sala de Casacin Civil comparte y acoge ese

pronunciamiento expuesto por las otras Salas de este Tribunal Supremo, razn por

la cual abandona el precedente jurisprudencial establecido en sentencia de fecha

16 de noviembre de 2001, caso: Cedel Mercado de Capitales C.A. contra Microsoft

Corporation, y establece que las testimoniales y las posiciones juradas estn

exceptuados del requisito de indicacin del objeto de la prueba en el acto de su

promocin, por cuanto la voluntad expresada por el legislador es que la oposicin

por manifiesta impertinencia debe ser ejercida despus de enterada la prueba en

autos.

Por otra parte y respecto del resto de las pruebas, la Sala presenta especial

preocupacin por haber observado en las actuaciones cumplidas ante este Tribunal

Supremo, la frustracin de las partes a quienes se les han desechado sus pruebas por el

incumplimiento de este formalismo, a pesar de que la prueba ha sido admitida y

adquirida por el proceso, y de su contenido resulta evidente la conexin entre los hechos

que pretende trasladar al proceso y los controvertidos por las partes. Por esa razn, la

Sala se permite hacer las siguientes reflexiones:

Toda forma procesal tiene por objeto regular las condiciones de modo,

tiempo y lugar en que los actos deben ser practicados para garantizar un debido proceso

y el derecho de defensa.

Uno de los cambios significativos de la ltima reforma del Cdigo de

Procedimiento Civil es la referida a la teora de las nulidades procesales, que en

sustitucin del principio de la nulidad por la nulidad misma, incorpor el principio de

utilidad en la reposicin, con lo cual qued implementada en nuestro ordenamiento

jurdico la regla de que no basta el solo incumplimiento de la forma procesal, en que

est involucrado el inters privado e incluso el orden pblico, sino que es necesario que

aqulla hubiese impedido al acto alcanzar su finalidad, de conformidad con lo previsto

en los artculos 206 y siguientes del Cdigo de Procedimiento Civil. Adems, el

quebrantamiento u omisin de la forma procesal slo podra ser declarado por la Sala, si

resultase capaz de lesionar el derecho de defensa de las partes, de acuerdo con lo

exigido en el artculo 313 ordinal 1 del Cdigo de Procedimiento Civil.

De esta manera, el legislador perfila el orden del proceso y ordena al juez

evitar la declaratoria de nulidad y reposiciones que no persiguen utilidad, lo que

posteriormente encontr mayor asidero en normas de mayor jerarqua, pues los artculos

26 y 257 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, prohben al juez

sacrificar la justifica por formas procesales, cuya declaratoria de quebrantamiento u

omisin resulte intil.

Estas normas constitucionales expresan la clara voluntad del constituyente

de preservar a toda costa la justicia, por encima de cualquier formalidad no esencial en

el proceso y la necesidad de que sta se imparta sin dilaciones o reposiciones que en

nada contribuyan al alcance de tal fin.

Sobre ese particular, la Sala Constitucional dej sentado en decisin N 708

de fecha 10 de mayo de 2001, caso: Jess Montes de Oca Escalona y otra) lo siguiente: ... el artculo 26 de la Constitucin vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido tambin como la garanta

jurisdiccional, el cual encuentra su razn de ser en que la justicia es, y debe

ser, tal como lo consagran los artculos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores

fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual

debe impregnar todo el ordenamiento jurdico y constituir uno de los

objetivos de la actividad del Estado, en garanta de la paz social. Es as como

el Estado asume la administracin de justicia, esto es, la solucin de los

conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la

Administracin misma, para lo que se compromete a organizarse de tal

manera que los mnimos imperativos de la justicia sean garantizados y que el

acceso a los rganos de administracin de justicia establecidos por el Estado,

en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados. El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplsimo contenido, comprende

el derecho a ser odo por los rganos de administracin de justicia

establecidos por el Estado, es decir, no slo el derecho de acceso sino

tambin el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes

adjetivas, los rganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los

particulares y, mediante una decisin dictada en derecho, determinen el

contenido y la extensin del derecho deducido, de all que la vigente

Constitucin seale que no se sacrificar la justicia por la omisin de

formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento

fundamental para la realizacin de la justicia (artculo 257). En un Estado

social de derecho y de justicia (artculo 2 de la vigente Constitucin), donde

se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos

o reposiciones intiles (artculo 26 eiusdem), la interpretacin de las

instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea

una garanta para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por

ello se convierta en una traba que impida lograr las garantas que el artculo

26 constitucional instaura.

La conjugacin de artculos como el 2, 26 257 de la Constitucin de 1999,

obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un

proceso cuya meta es la resolucin del conflicto de fondo, de manera

imparcial, idnea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o

reposiciones intiles....

Es claro, pues, que el constituyente de 1999, acorde con las tendencias de

otros pases, consagr el derecho a una justicia accesible, imparcial, oportuna, autnoma

e independiente, que en modo alguno puede ser sacrificada por la omisin de

formalidades no esenciales, sino por el contrario dej establecido que el proceso debe

ser un instrumento fundamental para su realizacin.

Ello pone de manifiesto que la Repblica Bolivariana de Venezuela

constituye un Estado social de derecho y de justicia (artculo 2 de la vigente

Constitucin), cuyo ordenamiento jurdico garantiza un debido proceso expedito, sin

dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones intiles (artculo 26 y

257 eiusdem), en el que la justicia no debe ser sacrificada por formas procesales, cuyo

incumplimiento no impidan alcanzar la finalidad prevista en la ley.

Ahora bien, los citados artculos 397 al 402 del Cdigo de Procedimiento

Civil, regulan algunos aspectos relacionados con la actividad de las partes y del juez

sobre la promocin y admisin de las pruebas, las cuales forman parte de un conjunto

mayor de normas destinadas tambin a la formacin e incorporacin de la prueba al

expediente, todas ellas con el propsito de permitir un efectivo control y contradiccin

orientado a establecer su legalidad, pertinencia, credibilidad y autenticidad.

La Sala ha establecido que en particular los artculos 397 y 398 del Cdigo

de Procedimiento Civil, persiguen evidenciar los hechos que se pretenden probar, para

impedir una situacin de inferioridad respecto del no promovente, quien estara

impedido de oponerse por no poder determinar cul es el objeto de la prueba.

No obstante, cabe advertir que la impertinencia capaz de producir la

inadmisibilidad de la prueba debe ser manifiesta o grosera.

Si bien es cierto que la indicacin por el promovente de los hechos que

pretende probar, facilita establecer la conexin entre stos y los controvertidos, esa falta

de expresin por s sola no impide en todo los casos establecer esa relacin, pues existen

pruebas que incorporan de inmediato su objeto a los autos, como es el caso del

documento, cuyo contenido podra evidenciar su conexin directa con los hechos

discutidos.

Adems, es oportuno indicar que en el supuesto de que el no promovente

considere que la prueba no se baste por s misma para lograr su relacin con los hechos

discutidos, el no promovente est facultado para oponerse a su admisin, y en definitiva

para apelar del auto de admisin. En efecto, los artculos 399, 400 y 402 del Cdigo de

Procedimiento Civil, establecen respectivamente:

Artculo 399.- Si el Juez no providenciare los escritos de prueba en el trmino que se le seala en el artculo anterior, incurrir en una multa

disciplinaria de quinientos a mil quinientos bolvares, que le impondr el

Superior de acuerdo con el artculo 27; y si no hubiere oposicin de las

partes a la admisin, stas tendrn derecho a que se proceda a la evacuacin

de las pruebas, aun sin providencia de admisin.

Si hubiere oposicin sobre la admisin de alguna prueba, no se proceder a

evacuar sta sin la correspondiente providencia.

Artculo 400.- Admitidas las pruebas, o dadas por admitidas conforme a los artculos precedentes, comenzarn a computarse los treinta das

destinados a la evacuacin. Artculo 402.- De la negativa y de la admisin de alguna prueba habr lugar a apelacin y sta ser oda en ambos casos en el solo efecto

devolutivo.

Si la prueba negada fuere admitida por el Superior, el Tribunal de la causa

fijar un plazo para su evacuacin y concluido ste, se proceder como se

indica en el artculo 511. Si la prueba fuere negada por el Superior, no se

apreciar en la sentencia la prueba si hubiere sido evacuada. (Negritas de la Sala).

Por tanto, es eleccin de la parte no promovente ejercer o no el derecho de

oponerse a la admisin de la prueba, pues si considera que la falta de indicacin del

objeto le impide establecer la conexin directa entre los hechos que se pretenden probar

y los discutidos, est facultado para oponerse, y en definitiva para apelar del auto de

admisin de la prueba. En todo caso su inercia, evidencia que a pesar del

incumplimiento de esa forma procesal, pudo conocer los hechos a probar y determinar

su pertinencia y, por ende, cumplida la finalidad perseguida en la ley, es claro entender

que si opt por no ejercer esos medios procesales, es porque consider que no hubo

lesin de su derecho de defensa.

Acorde con lo expuesto, el artculo 399 del Cdigo de Procedimiento Civil

dispone que en el supuesto de que no haya oposicin de las partes a la admisin, stas

tendrn derecho a que se proceda a la evacuacin de las providencias, aun sin

providencia de admisin.

No obstante, es necesario advertir que an en el supuesto de inaccin por las

partes no promoventes, el juez est facultado para observar de oficio la inadmisibilidad

de la prueba por manifiesta impertinencia, pues por tratarse de un concepto jurdico

establecido en la ley, constituye una causal de derecho que debe ser conocida y

examinada por el juez en virtud del principio iura novit curia.

En este sentido, el Magistrado Jess Eduardo Cabrera ha sealado que

Tradicionalmente, en nuestro derecho procesal, dichas causas han sido la

ilegalidad y la impertinencia, las cuales corresponden a conceptos jurdicos. Debido a

esta ltima caracterstica, el Juez puede suplir a las partes las causas de oposicin,

como aplicacin del principio iura novit curia, ya que se trata de causales de

derecho, con expresa indicacin de que el Juez debe tomarlos en cuenta de oficio

y ordenar o negar que se reciba la prueba en autos, independientemente de que haya

habido o no oposicin. (Contradiccin y Control de la Prueba Legal y Libre, Tomo

I, p. 32 y 348).

Igualmente, la Sala Constitucional en sentencia del 27 de febrero de 2003

(caso: Maritza Herrera y otros), dej sentado que pese a haberse admitido algunas

que se consideraron procedentes en el lapso correspondiente, puedan ser desechadas

en la decisin o apreciadas slo parcialmente y, aquellas que no son admitidas, la

parte no favorecida puede atacar el auto que las inadmite.

Aunado a ello, es necesario indicar que an en la hiptesis de que el no

promovente se oponga a la admisin, o ejerza apelacin contra el auto de admisin de la

prueba, el juez puede ponderar en cada caso si realmente la falta de indicacin del

objeto impide determinar la conexin directa entre los hechos que se pretenden probar y

aqullos discutidos en el proceso, pues solo cumplida esa circunstancia y verificada esa

imposibilidad es que podra ser declarada su ineficacia.

Por consiguiente, la Sala atempera su criterio y deja sentado que

admitida y adquirida la prueba en el proceso, bien por haberlo permitido las

partes o por mandato del juez, la prueba escapa de la esfera dispositiva de las

partes y pertenece al juzgador para el hallazgo de la verdad y la realizacin de la

justicia, en cuyo caso ste deber determinar si la forma procesal incumplida, esto

es, la falta de indicacin del objeto de la prueba, impidi alcanzar la finalidad

prevista en la ley, es decir: su pertinencia con los hechos discutidos, pues si su

contenido permite establecer la relacin entre stos, la prueba debe ser apreciada y

no podr ser declarada su nulidad, con pretexto en el incumplimiento de un

formalismo que no impidi alcanzar la finalidad perseguida en la ley, siempre que

no hubiese causado indefensin.

No puede esta Sala consentir que el fin supremo de la realizacin de la

justicia se doblegue frente al incumplimiento de un formalismo procesal que no

hubiese impedido el logro de la finalidad perseguida por el legislador ni hubiese

causado indefensin, que en el caso concreto se refiere a la pertinencia de los

hechos que se pretenden trasladar al proceso con los discutidos por las partes, pues

ello atenta directamente contra los artculos 26 y 257 de la Constitucin de la

Repblica Bolivariana de Venezuela, y los artculos 206 y siguientes del Cdigo de

Procedimiento Civil.

Lo expuesto permite determinar que la falta de indicacin del objeto de

la prueba no causa por s sola su nulidad, sino que en todo caso el juez debe

determinar si ello impidi a la prueba demostrar su pertinencia, por cuanto una

vez admitida y adquirida la prueba por el proceso, escapa de la esfera dispositiva

de las partes y pertenece al juez para el hallazgo de la verdad y la realizacin de la

justicia, en cuyo cumplimiento el sentenciador debe evaluar si la prueba no es

capaz de permitir su conexin con los hechos controvertidos, pues si es evidente de

su propio contenido, la pertinencia con los hechos discutidos, en definitiva resulta

formalista y no acorde con los postulados constitucionales y legales, declarar su

ineficacia.

Por las razones expuestas, la Sala atempera su doctrina relacionada con

la indicacin del objeto de la prueba, con expresa ratificacin de que el

cumplimiento de esa forma procesal en las instancias es necesaria slo para

denunciar en casacin el vicio de silencio de prueba por el no promovente, pues

ello constituye presupuesto indispensable para evidenciar el inters del

formalizante en obtener el examen de la prueba y, por ende, su legitimacin en

casacin para formular este tipo de denuncia, y en definitiva para determinar si la

infraccin del artculo 509 del Cdigo de Procedimiento Civil, es capaz de influir

en forma determinante en el dispositivo del fallo, lo que constituye requisito de

procedencia del recurso de casacin de las denuncias de infraccin de ley, de

conformidad con lo previsto en el artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil.

Por consiguiente, esta Sala estima necesario mantener la doctrina

respecto de la indicacin del objeto de la prueba en las instancias por parte

del no promovente, como presupuesto necesario para evidenciar y razonar en

casacin su inters en alegar el vicio de silencio de la prueba, pues slo en el

supuesto de que ello pueda lograr un beneficio estar legitimado para su

denuncia, lo que debe ser fundamentado en forma adecuada por el recurrente,

y adems la expresin del objeto de la prueba en las instancias por el

recurrente en casacin permite la determinacin de la influencia del error

cometido por el juez al silenciar la prueba, que slo es capaz de producir la

nulidad del fallo si es determinante en el dispositivo.

Este requisito no rige respecto del promovente, por cuanto el mismo

acto de promocin implica la manifestacin de su inters en que la prueba sea

admitida, adquirida por el proceso y valorada por el juez.

Ahora bien, la sentencia dictada en fecha 16 de noviembre de 2001, en el

juicio seguido por Cedel Mercado de Capitales, C.A., contra Microsoft Corporation,

expediente N 00-132, respecto de la legitimacin para denunciar el vicio de silencio de

prueba en casacin dej sentado:

por razones de economa procesal y en fundamento a la necesidad de la estabilidad de los procesos, la Sala considera que, la nulidad de la decisin

recurrida no puede tener su causa en los errores de las partes, sino

exclusivamente en aquellas faltas del tribunal que sean contrarias al orden

pblico o perjudiquen los intereses de las partes litigantes, lo cual lleva a

concluir a esta Sala, que la falta de indicacin en la instancia por parte

del recurrente no promovente del objeto perseguido con la prueba (...)

ya sea en el acto de evacuacin (...) o en informes -que constituye la

ltima actuacin de las partes donde se resumen sus pretensiones y

contradicciones y sealan sucintamente al sentenciador la finalidad del

acervo probatorio en que fundamentan sus intereses-, lleva a concluir a

esta Sala que la parte recurrente no promovente carece de inters

procesal para denunciar el silencio de pruebas en la declaracin de la

testimonial objeto de la denuncia. Por consiguiente, al no sealar el recurrente en la instancia el objeto del

medio probatorio que denuncia, la Sala no puede verificar el inters procesal

del recurrente en su condicin de parte agraviada por el acto para invalidar la

decisin recurrida, por lo que considera que en fundamento a lo establecido

en los artculos 26 y 257 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de

Venezuela, se estara en presencia de una reposicin intil que atenta contra

la celeridad del proceso. As se decide.

La Sala reitera esa doctrina slo en lo que respecta a la indicacin del

objeto de la prueba en las instancias a los efectos de demostrar el inters y

legitimacin para denunciar el vicio del silencio de prueba en casacin por parte

del no promovente, lo que no rige respecto del promovente, por cuanto el

mismo acto de promocin implica la manifestacin de su inters en que la

prueba sea admitida, adquirida por el proceso y valorada por el juez.

Hechas estas consideraciones, la Sala observa que en el caso concreto

el formalizante sostiene que para la fecha en que fueron promovidas las

testimoniales no se exiga que al promover la prueba las partes deban indicar el

objeto. Al mismo tiempo, plantea que al tratarse de la prueba de testigos, era

todava menos importante, porque la legalidad y pertinencia de esta prueba se

controla en la pregunta y repregunta formulada; de manera, que al tener esta

prueba oposicin diferida no existe ninguna justificacin para que se requiera que

al promoverla se indique lo que se quiere probar con ella.

A fin de comprobar lo denunciado por los recurrentes, la Sala pasa a

transcribir parte de la sentencia recurrida: ...En el captulo IV del escrito de promocin de pruebas de la parte actora, promovieron los siguientes testigos: PAOLO CAROSI, EDGAR INOJOSA,

REMY PATERNSTER, RENATO GOBO, JOS MONTELONGO,

OTTO HONH, y del ciudadano FELICIANO IBARRA; prueba que en su

promocin no se indic el objeto de la declaracin de los testigos

mencionados, en tal razn y conforme al criterio acerca del objeto de la

prueba, establecido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de

fecha 16 de noviembre de 2001, por el cual se establece que cada vez que un

juez valore las resultas de una prueba promovida sin sealar su objeto

especfico estar quebrantando su deber de decidir conforme a lo alegado y

violando el principio de igualdad procesal por sacar elementos de conviccin

de fuera del proceso; lo que equivale a actuacin inexistente y por ende

ningn efecto puede producir; en tal razn al no ser promovida vlidamente

la prueba de testigos, lo que se equipara a falta de promocin es imposible el

anlisis y valoracin de la prueba de testigos no promovida en forma

correcta. As se decide....

La presente transcripcin evidencia que el juez de alzada dict un

pronunciamiento que no est ajustado a derecho, al establecer la falta de validez de

las pruebas aportadas por la parte demandada por la sola circunstancia de que no

fue indicado su objeto en el acto de promocin, a pesar de que este requisito no

rige respecto de las pruebas testimoniales ni posiciones juradas.

Sobre el particular, la Sala reitera que el requisito de determinacin del

objeto en el acto de promocin de la prueba no rige respecto de las testimoniales ni las

posiciones juradas, lo cual determina la procedencia de los alegatos de infraccin de los

artculos 397 y 482 del Cdigo de Procedimiento Civil. As se establece.

II

La Sala pasa a analizar en conjunto las denuncias contenidas en los

numerales II y III del escrito de formalizacin, en los cuales, de conformidad con el

ordinal 2 del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil, en concordancia con el

320 del mismo Cdigo, los recurrentes denuncian la infraccin del artculo 509 eiusdem,

por falta de aplicacin.

Plantean los formalizantes, que el juez incurri en el vicio de silencio de

prueba al dejar de valorar el informe realizado por C.A. Venezolana de Ajustes

(Caveajustes) y agregado por la demandada junto con la contestacin de la demanda, en

el cual se analiza el siniestro acaecido y sus causas.

Indican que el referido informe fue consignado por la propia demandada al

proceso; por tanto, su contenido le es oponible desde el momento que lo incorpora al

juicio, porque se supone que est de acuerdo con l.

Asimismo, plantean los recurrentes que el juez de alzada silenci las

declaraciones de los testigos Abel Antonio Carrillo Arteaga, Flix Rafael Oliveros

Snchez, Larry Villaroel Moscoso, Juan Carlos lvarez y Antonio Loreto, promovidos

por los demandados en el proceso, error que es trascendente en la suerte de la

controversia, dado que las declaraciones de dichos testigos demuestran la ocurrencia del

siniestro de la aeronave.

La Sala para resolver observa:

El recurrente no fundamenta en modo alguno su inters en obtener el

examen de estas pruebas promovidas por la otra parte, pues nada refiere respecto de su

alegacin en las instancias sobre el beneficio que podra obtener de ser stas

examinadas.

La Sala reitera que por razones de economa procesal y en fundamento a la

necesidad de la estabilidad de los procesos, la nulidad de la decisin recurrida no puede

tener su causa en los errores de las partes, sino exclusivamente en aquellas faltas del

tribunal que perjudiquen los intereses de las partes litigantes.

La legitimacin en casacin de obtener el examen de una prueba promovida

por la otra parte evidente de los actos de alegacin y promocin llevado a cabo en las

instancias, en que ello es pedido de forma expresa al juez, pues es claro que ese inters

no va a surgir espontneamente en casacin, sino que de ser la prueba beneficiosa a la

parte sta pretender que sean fijados los hechos que la benefician.

Este presupuesto es necesario para que la Sala puede verificar el inters

procesal del recurrente en su condicin de parte agraviada por el acto para invalidar la

decisin recurrida, ello respecto de los postulados establecidos en los artculos 26 y 257

de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, que impiden la

declaratoria de una casacin que no persigue utilidad alguna.

Lo expuesto permite determinar que al no haber evidenciado el recurrente

que hubiese manifestado en las instancias su voluntad de obtener algn beneficio de la

prueba promovida por la otra parte, no puede pretender que esta Sala entre a juzgar los

hechos que la prueba es capaz de demostrar para establecer su pertinencia con los

discutidos y de esta forma determinar su inters procesal.

Por consiguiente, la Sala estima que no existe evidencia alguna de que el hoy

recurrente en casacin haya indicado en algn momento ante los jueces de instancia, el

beneficio que esas pruebas arrojaban a su favor, tomando en consideracin que las

mismas fueron promovidas por su contraparte, ni que ello hubiese sido fundamento en

el escrito de formalizacin, lo que impide a esta Sala determinar el inters del recurrente

en denunciar el vicio de silencio de estas pruebas, lo cual determina la desestimacin

del alegato de infraccin del artculo 509 del Cdigo de Procedimiento Civil. As se

establece.

III

La Sala pasa a analizar en conjunto las denuncias contenidas en los captulos

IV y V del escrito de formalizacin, en los cuales, de conformidad con el ordinal 2 del

artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil, en concordancia con el 320 del mismo

Cdigo, los recurrentes denuncian la infraccin del artculo 509 eiusdem, por falta de

aplicacin,

Plantean los formalizantes, que el juez incurri en el vicio de silencio de

prueba, al dejar de valorar los siguientes instrumentos: 1) Documento de compraventa

autenticado en la Notara PblicaDuodcima del Distrito Sucre del estado Miranda de

fecha 28 de abril de 1989, protocolizado ante el Ministerio de Transporte y

Comunicaciones; 2) Documento autenticado en la Notara Pblica Primera de Puerto

Ordaz, Distrito Municipal Carona, estado Bolvar de fecha 18 de diciembre de 1989,

donde consta que Guayana Marine Service C.A. dio en arrendamiento a trmino fijo a

Lloyd Aviation C.A. y que sta ltima se obliga a realizar todos los gatos de reparacin

y mantenimiento de la aeronave; 3) Fotocopia de la renovacin del certificado de

Aeronavegabilidad N 28.258 expedido por el Ministerio de Transporte y

Comunicaciones correspondiente a la nave marca Augusta, ao 1980, serial 7181,

modelo A109A, donde se deja constancia que la aeronave fue inspeccionada y que se

encuentra en condiciones aeronavegables; 4) Fotocopia del permiso de vuelo N 22.616

emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (documento

pblico); 5) Fotocopia del certificado de aeronavegalidad N 28.258 (documento

pblico); 6) Fotocopia de la cdula de identidad del ciudadano Paolo Carosi Carosi N

6.107.660 (documento pblico); 7) Fotocopia del certificado mdico del ciudadano

Paolo Carosi Carosi emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde

consta que el piloto estaba en ptimas condiciones de salud (documento

pblico); 8) Fotocopia de licencia de piloto de helicptero comercial emanada del

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (documento pblico); 9) Documentos

privados constituidos por facturas emitidas por Orinoca Wing Air C.A. dirigidas a

Lloyd Aviation C.A. por concepto de alquiler de aeronave Cessna 206 y honorarios

profesionales de piloto para vuelo, y; 10) Documento privado constituido por una

factura emitida por Servicios de Maquinaria Pesada Feliciano Ibarra dirigida a Lloyd

Aviation por concepto de transporte de un helicptero desde la va Coposa hasta el

Aeropuerto de Barquisimeto.

Asimismo, indican que el juez no examin los documentos de permiso de

aterrizaje y despegue, de solicitud y autorizacin para permisos de vuelos de prueba y,

de permiso de vuelo local entrenamiento o prueba, los cuales fueron acompaados junto

con los informes de primera instancia.

Aducen, que la infraccin delatada fue determinante en el dispositivo del

fallo, porque si el juez hubiese valorado las pruebas silenciadas no hubiese concluido

que el siniestro objeto de la presente reclamacin nunca ocurri, lo que quiere decir que

de haber sido valoradas las mismas habra quedado demostrado el siniestro de la

aeronave.

La Sala para decidir observa:

Sostienen los formalizantes la falta de aplicacin del artculo 509 del Cdigo

de Procedimiento Civil, derivada de la ausencia de anlisis de los documentos

promovidos por los recurrentes en el captulo II de su escrito de pruebas.

Los actores, en la oportunidad de promover las referidas pruebas, indicaron

lo siguiente:

...II

DOCUMENTALES 1. Promuevo documento de compra-venta, autenticado por ante la Notara

Pblica Duodcima del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 28 de

Abril de 1989, bajo el Nro 64, Tomo 75 de los Libros de Autenticaciones

llevados por esa Notaria, debidamente protocolizado por ante el Ministerio

de Transporte y Comunicaciones, Direccin General Sectorial de Transporte

y Trnsito Areo, Direccin de Aeronutica Civil, Divisin de

Aeronavegabilidad, Departamento de Registro Areo, en fecha 17 de Enero

de 1990, inserto bajo el Nro 171, Tomo 25, Folio 341 del Protocolo A-25 de

los Libros de Registro Areo de la Repblica de Venezuela, donde consta

que GUAYANA MARINE SERVICE C.A., es la nica y exclusiva

propietaria de la aeronave tipo helicptero; marca: Augusta 109-A;

serial: Nro 7181; modelo 109-A, Ao de fabricacin: 1980, Capacidad: 7

tripulantes incluido el piloto; matricula YV 601C, asegurada por la

pliza de seguros CA/030.003 emitida por Seguros La Metropolitana, el

cual fue acompaado al libelo marcado con la letra E en copia fotosttica, de conformidad con el artculo 429 del Cdigo de Procedimiento Civil y el

artculo 1.363 del Cdigo Civil, como prueba del inters asegurable que

tiene GUAYANA MARINE SERVICE C.A., sobre el bien asegurado. 2. Promuevo, documento autenticado por ante la Notara Pblica Primera de

Puerto Ordaz, Distrito Municipal Caron, Estado Bolvar, Puerto Ordaz, en

fecha 18 de Diciembre de 1989, bajo el Nro 77, Tomo 70, Folios 129 al 130

vto, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notara,

posteriormente protocolizado por ante el Ministerio de Transporte y

Comunicaciones, Direccin Sectorial de Transporte y Trnsito Areo,

Direccin de Aeronatica Civil Civil, Direccin de Aeronavegabilidad,

Departamento de Registro Areo, en fecha 17 de Enero de 1990, bajo el Nro

91, Tomo 2-B, folio 183 del Protocolo 2-B, donde consta que GUAYANA

MARINE SERVICE C.A. dio en arrendamiento a trmino fijo

prorrogable automticamente por perodos iguales a Lloyd Aviation

C.A. y esta ltima se obliga a realizar todos los gastos de reparacin y

mantenimiento de la ya identificada aeronave amparada por la pliza

emitida por Seguros La Metropolitana, el cual fue acompaado al libelo

en original, marcado con la letra F. 3. Promuevo, de conformidad con el artculo 429 del Cdigo de

Procedimiento Civil, en fotocopia, que acompao al presente escrito

marcado C, documento pblico, constituido por la renovacin del Certificado de Aeronavegabilidad Nro 28.258, expedido por el Ministerio de

Transporte y Comunicaciones, Direccin de Aeronutica Civil, Divisin de

Aeronavegabilidad, Departamento Tcnico Aeronutico, de fecha 02 de

Abril de 1993 con validez hasta el 04 de Abril de 1994, correspondiente a la

nave Marca: Augusta, Ao: 1980, Serial: 7181, Modelo: A109A, donde se

deja constancia que dicha aeronave, ha sido inspeccionada y se

encuentra en condiciones aeronavegables, se cumplieron con todos los

requisitos de mantenimiento, que fueron verificados los datos que

aparecen en la solicitud y sus anexos, que se ajusta a las especificaciones

directrices y boletines que all se indican. Que los equipos electrnicos han

sido mantenidos de acuerdo con las normas establecidas. Me reservo el

derecho de producir el original. 4. Promuevo, en fotocopia que se acompaa marcada D, documento pblico, emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Direccin

General Sectorial de Trnsito Areo, Direccin de Aeronutica Civil,

Divisin de Aeronavegabilidad, Registro Areo, constituido por

CERTIFICADO DE MATRICULA NACIONAL, de fecha 18 de Abril de

1990,correspondiente a la aeronave matrcula YV-601C, Marca

Augusta, Modelo A109A, ao: 1980, Serial 7181, propiedad de Lloyd

Aviation C.A. 5. Promuevo en fotocopia que se acompaa marcada E, documento pblico emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Direccin

General Sectorial de Transporte Areo, Direccin de Aeronutica Civil,

Divisin de Aeronavegabilidad, Registro Areo, constituido por el

PERMISO DE VUELO Nro 22.616, de fecha 18 de Abril de 1990,

correspondiente a la Aeronave, Marca Augusta SPA, Modelo: A109A, Ao:

1980, Serial 7181, Clasificacim Comercial, matricula YV-6010, donde se

autoriza a la descrita aeronave a volar sobre el territorio nacional y

aterrizar en los aeropuertos oficiales puestos al servicio pblico y en los

privados previo consentimiento de sus propietarios, excluyndose los

vuelos sobre zonas prohibidas y zonas colindantes con las fronteras del

pas, salvo autorizacin previa. 6. Promuevo y acompao en fotocopia marcada F, documento pblico, constituido por el CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD, Nro

28.258, de fecha 18 de Abril de 1990 con validez hasta el 04 de Abril de

1991, correspondiente a la ya tantas veces identificada aeronave,

propiedad de GUAYANA MARINE SERVICE, con sus

correspondientes renovaciones del 26 de Febrero de 1991 y 27 de Marzo

de 1992, con validez hasta el 04 de Abril de 1993. 7. Promuevo y acompao marcado G, en fotocopia, documento pblico constituido por la cdula de identidad del ciudadano PAOLO CAROSI

CAROSI, titular de la cdula de identidad Nro 6.107.660. 8. Promuevo y acompao marcado H, en fotocopia, documento pblico, constituido por certificado mdico, emanado del Ministerio de Transporte y

Comunicaciones, Direccin de Aeronutica Civil, Departamento de

Medicina Aeronutica, correspondiente al ciudadano PAOLO CAROSI

CAROSI, titular de la cdula de identidad Nro 6.107.660, de fecha 17 de

Febrero de 1993, cuya validez dur hasta el 03 de Abril de 1994, donde

consta que PAOLO CAROSI, estaba para ese perodo de tiempo en

condiciones de salud aptas para ser piloto de aeronaves. 8. Promuevo y acompao marcado con la letra I, en fotocopia, documento pblico, constituido por LICENCIA DE PILOTO DE HELICPTERO

COMERCIAL, emanada del Ministerio de Transporte y Comunicaciones,

Direccin General Sectorial de Transporte y Trnsito Areo, Direccin de

Aeronutica Civil, correspondiente a PAOLO CAROSI CAROSI, titular de

la cdula de identidad Nro 6.107.660, donde se evidencia que PAOLO

CAROSI, estaba autorizado a pilotear helicpteros, entre otros, del tipo

Augusta 109-A. 9. Promuevo y acompao en originales, marcados J y K, instrumentos privados, constituidos por facturas emitidas por ORINOCO WING AIR

C.A., sociedad mercantil domiciliada en ciudad Guayana, Estado Bolvar,

dirigidas a Lloyd Aviation, de fechas 01 de Junio de 1993 y 04 de Mayo de

1993, respectivamente; la primera por un monto de 101.500,00, por

concepto de Alquiler de Aeronave Cessna 206 y honorarios

profesionales de piloto para vuelo a Barquisimeto, realizado el 28 de

Mayo de 1993, llevando 2 pasajeros y carga a solicitud del contratante; y

la segunda, por un monto de Bs. 101.480,00 por concepto de salir de

Puerto Ordaz, a las 7:30 a.m., dirigindose a BARQUISIMETO, all se

esper hasta que el contratante LLOYD AVIATION, dio la orden de

regreso a Puerto Ordaz, 9:55 a.m. del 02 de Mayo de 1993.... (Resaltado de la Sala)

Como se desprende de la transcripcin anterior, los demandantes -a pesar de

no utilizar expresiones como cuyo objeto- s indicaron los hechos a probar con cada

una de las pruebas, con excepcin del documento pblico emanado del Ministerio de

Transporte y Comunicaciones constituido por certificacin de matricula nacional; el

certificado de aeronavegabilidad N 28.258, y la fotocopia de la cdula de identidad del

ciudadano Paolo Carosi Carosi, donde los actores slo se limitaron a sealar la prueba

promovida.

Ahora bien, respecto de estas pruebas la sentencia recurrida en la parte

pertinente estableci:

...En fecha catorce (14) de junio del ao mil novecientos noventa y cinco (1995) la ciudadana Abogada RAIZA PEA VILLAFRANCA, actuando en

su carcter de apoderada judicial de la parte demandante, Sociedad Mercantil

Guayana Marine Services C.A. y Lloyd Aviation C.A. consigna escrito de

medios probatorios, en el cual rechaza y contradice la caducidad de la accin

alegada por la parte demandada en el presente juicio, promoviendo los

siguientes documentos: a) Compraventa, autenticado por ante la Notara Pblica Duodcima del

Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 28 de Abril de 1989,

debidamente protocolizado por ante el Ministerio de Transporte y

Comunicaciones, Direccin General Sectorial de Transporte y Trnsito

Terrestre, Direccin de Aeronutica Civil, Divisin de Aeronavegabilidad y

Departamento de Registro Areo; b) Documento autenticado por ante la Notara Pblica Primera de Puerto

Ordaz, Distrito Municipal Caron, Estado Bolvar Puerto Ordaz, en fecha

18/12/89, donde consta que GUAYANA MARINE SERVICE C.A. dio

en arrendamiento a trmino fijo prorrogable automticamente por perodos iguales a

LLOYD AVIATION C.A. y que esta ltima se obliga a realizar todos los

gastos de reparacin y mantenimiento de la ya identificada aeronave

amparada por la pliza emitida por Seguros La Metropolitana;

c) Fotocopia de la renovacin del Certificado de Aeronavegabilidad N

28.258, expedido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones,

correspondiente a la nave Marca: Augusta, Ao 1980, Serial 7181, Modelo:

A109A, donde se deja constancia que dicha aeronave, ha sido inspeccionada

y se encuentra en condiciones aeronavegables, que se cumplieron con todos

los requisitos de mantenimiento, que fueron verificados los datos que

aparecen en la solicitud y sus anexos; d) Fotocopia del documento pblico emanado del Ministerio de Transporte

y Comunicaciones constituido por CERTIFICACIN DE MATRICULA

NACIONAL;

e) Fotocopia del documento pblico emanado del Ministerio de Transporte

y Comunicaciones constituido por el PERMISO DE VUELO N 22.616; f) Fotocopia por el CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD, Nro 28.258;

g) Fotocopia del documento pblico, constituido por la cdula de identidad

del ciudadano PAOLO CAROSI CAROSI, titular de la cdula de identidad

Nro 6.107.660; h) Fotocopia del documento pblico constituido por certificado mdico,

emanado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones correspondiente al

ciudadano PAOLO CAROSI CAROSI, donde consta que el antes

mencionado ciudadano estaba para ese perodo en condiciones de salud aptas

para ser piloto de aeronaves. i) Fotocopia del documento pblico, constituido por LICENCIA DE

PILOTO DE HELICPTERO COMERCIAL, emanada del Ministerio de

Transporte y Comunicaciones; j) y k) Originales de instrumentos privados constituidos por facturas emitidas

por ORINOCO WING AIR C.A., dirigidas a LLOYD AVIATION, por

concepto de alquiler de Aeronave Cessna 206 y honorarios profesionales de

piloto para vuelo; y, l) Documento privado constituido por factura emitida por SERVICIOS DE

MAQUINARIA PESADA FELICIANO IBARRA, dirigida a LLOYD

AVIATION, por concepto de transporte de un helicptero desde la va

Coposa hasta el Aeropuerto de Barquisimeto Promovi la prueba de exhibicin del informe de ajuste de prdidas,

practicado por el ciudadano Otto Hohn....

La recurrida ciertamente slo se limit a mencionar las pruebas

documentales promovidas por la actora, sin entrar a analizarlas, pues no consta en todo

el texto de la sentencia algn pronunciamiento del juez, bien para otorgarle mrito

probatorio o para negrselos.

Por est razn, considera este Alto Tribunal que el ad quem infringi por

falta de aplicacin el artculo 509 del Cdigo de Procedimiento Civil, al abstenerse de

examinar en la sentencia las pruebas sealadas con anterioridad, las cuales fueron

promovidas correctamente por la hoy recurrente en casacin. As se decide.

En cuanto a los restantes documentos que igualmente denuncian los

formalizantes como silenciados, encuentra la Sala que los mismos

fueron producidos por la parte actora junto con los informes en primera instancia,

y emanan, el primero de ellos, de la Direccin General de Aeropuertos de la

Gobernacin del estado Zulia; el segundo, de la Direccin de Aeronutica Civil del

Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y el tercero, del Aeropuerto

Internacional Jacinto Lara de la ciudad de Barquisimeto, a travs de los cuales

consta, respectivamente, el permiso de aterrizaje y despegue de la aeronave el da 27

de abril de 1993, la solicitud y autorizacin del permiso de vuelo expedido el da 10 de

junio de 1993, y el permiso de vuelo expedido por el Aeropuerto de Barquisimeto el da

10 de junio de 1993.

Considera este Alto Tribunal, que por tratarse los referidos instrumentos de

documentos administrativos que fueron promovidos en la oportunidad de presentar

informes y no en el lapso probatorio ordinario conforme al criterio sentado por esta Sala

en fallo de 16 de mayo de 2003 (caso: Henry Jos Parra contra Rubn Gilberto Ruiz

Bermdez y otros), la infraccin del citado artculo 509, derivada de silencio de dichas

pruebas, en nada cambiara el dispositivo del fallo.

En efecto, la Sala estableci en sentencia de fecha 16 de mayo 2003, Caso:

Henry Jos Parra Velsquez c/ Rubn Gilberto Ruiz Bermdez, que los documentos

pblicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente

actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurdicos de

los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan,

bien sobre manifestaciones de voluntad del rgano administrativo que la suscribe,

conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones,

habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etctera), o bien constituyen

manifestaciones de certeza jurdica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento,

que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones,

verificaciones, registros, etctera), y que por tener la firma de un funcionario

administrativo estn dotados de una presuncin desvirtuable de veracidad y legitimidad

de su contenido, en razn del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el

artculo 8 de de Procedimientos Administrativos, y por tanto, deben considerarse ciertos

hasta prueba en contrario.

Si bien los documentos pblicos administrativos son dictados por

funcionarios en el ejercicio de sus funciones y en la forma exigida en la ley, no son

documentos pblicos, sino una categora distinta, por existir entre ellos diferencias, pues

el documento pblico se caracteriza por ser autorizado y presenciado con las

solemnidades legales, por un registrador, juez u otro funcionario o empleado pblico,

que tenga facultades para dar fe pblica; el segundo, es redactado por las partes

interesadas y posteriormente es firmado ante un funcionario pblico, o reconocido ante

aqul y, por ende, existe certeza legal de su autora. Por ltimo, los documentos

administrativos emanan de funcionarios en el ejercicio de sus funciones, con el

propsito de documentar las manifestaciones de voluntad o de certeza jurdica del

rgano administrativo que la emite, los cuales gozan de la presuncin de veracidad y

certeza, y admiten prueba en contrario. (Sent. 14/10/04, Corporacin Coleco, C.A. c/

Inversiones Patricelli, C.A.).

Es claro, pues, que a pesar de que el documento pblico y el documento

administrativo gozan de autenticidad desde el mismo momento en que se forman, la

cual emana del funcionario pblico que interviene en el acto, los documentos

administrativos no se asimilan completamente a los pblicos, por cuanto gozan de la

presuncin de certeza y veracidad, que puede ser desvirtuada por la parte en el juicio

mediante prueba o pruebas en contrario, que deben ser incorporadas en el proceso en

cumplimiento de las formas procesales establecidas en la ley, con el propsito de que

los no promoventes puedan ejercer sobre stas un efectivo control y contradiccin.

Por esa razn, la Sala ha establecido de forma reiterada que los documentos

administrativos slo pueden ser consignados en el lapso probatorio y no en cualquier

grado y estado de la causa y hasta los ltimos informes como ocurre con los

documentos pblicos, que slo pueden ser destruidos a travs de la tacha o por

simulacin. (Ver, entre otras, Sentencia del 20 de octubre de 2004, Caso: Inversiones

Gha, C.A. c/ Licorera del Norte C.A.).

Por lo expresado, la Sala establece que si bien el juez de alzada no examin

los referidos documentos administrativos, ese error no es determinante en el dispositivo

del fallo, por cuanto esa prueba en definitiva no poda ser apreciada por existir una

razn de derecho que impide su apreciacin, el hecho de que fueron promovidas de

forma extempornea y, por ende, incorporadas de forma irregular al proceso.

En mrito de las consideraciones expuestas, la Sala declara la infraccin del

artculo 509 del Cdigo de Procedimiento, respecto de las otras pruebas que no fueron

examinadas por el juez de alzada, plenamente identificadas en el contenido de esta

denuncia. As se establece.

D E C I S I N

En mrito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de

Justicia de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casacin Civil,

administrando justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la Ley,

declara CON LUGAR el recurso de casacin anunciado y formalizado por la parte

actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil

y del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del rea Metropolitana de Caracas, en

fecha 30 de octubre de 2002. En consecuencia, se ordena al juez superior que resulte

competente dictar nueva sentencia, sin cometer los errores de derecho declarados en la

presente decisin.

Publquese y regstrese. Remtase el expediente al Juzgado Superior de

origen, de conformidad con el artculo 322 del Cdigo de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de

Justicia, en Sala de Casacin Civil, en Caracas, a los doce (12) das del mes de agosto

de dos mil cuatro. Aos: 195 dela Independencia y 146 de la Federacin.

Presidente de la Sala,

_______________________________ CARLOS OBERTO VLEZ

Vicepresidenta-Temporal y Ponente

________________________________ ISBELIA PREZ DE CABALLERO

Magistrado,

________________________________ ANTONIO RAMREZ JIMNEZ

Magistrada, _________________________

YRIS PEA DE ANDUEZA

Magistrado,

___________________________________ LUIS ANTONIO ORTZ HERNNDEZ

Secretario,

_______________________________ ENRIQUE DURN FERNNDEZ

AA20-C-2002-000986

El Magistrado Antonio Ramrez Jimnez, consigna el presente voto

salvado al contenido de la presente decisin, con base en las siguientes

consideraciones:

Quien suscribe, no comparte la solucin dada al trmite para el anlisis de la

denuncia de silencio de prueba, enmarcada en la tercera denuncia por infraccin de ley.

En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser

analizado por esta Sala en el mbito de un recurso por defecto de actividad, ello de

conformidad con la Constitucin vigente y el Cdigo adjetivo civil que exigen una

justicia completa y exhaustiva; no se lograra dicho fin si se omite algn elemento

clarificador del proceso.

Esa es la interpretacin que se le debe dar al artculo 509 del Cdigo de

Procedimiento Civil, al sealar que los Jueces deben analizar todas las pruebas

producidas en el expediente y emitir su opinin, as sea en forma breve y concreta, en

un todo conformidad con el ordinal 1 del artculo 313 eiusdem.

Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el

mbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el

ordinal 1 del artculo 313 del Cdigo de Procedimiento Civil.

Queda as expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.

En Caracas, fecha ut-supra.

Presidente de la Sala,

_______________________________ CARLOS OBERTO VLEZ

Vicepresidenta-Temporal y Ponente

________________________________ ISBELIA PREZ DE CABALLERO

Magistrado,

________________________________

ANTONIO RAMREZ JIMNEZ Magistrada, _________________________ YRIS PEA DE ANDUEZA

Magistrado,

_________________________________ LUIS ANTONIO ORTZ HERNNDEZ

Secretario,

_____________________________ ENRIQUE DURN FERNNDEZ

AA20-C-2002-000986