La masacre de El Aro, un rompecabezas por armar

La masacre de El Aro, matanza que vivió un corregimiento del municipio de Ituango (Antioquia) en

octubre de 1997, cuando las autodefensas, bajo la mirada omisiva de la Fuerza Pública, asesinaron

a 15 personas, es el nuevo rompecabezas investigativo de la Fiscalía. El expe diente que ya lleva 17

años en los anaqueles del ente investigador y que ha perseguido al expresidente Álvaro Uribe –en

ese entonces gobernador de Antioquia– por declaraciones de distintos protagonistas de la

incursión paramilitar, recobró vida tras el más reciente testimonio que entregó desde una cárcel

en EE. UU. Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna.

El excomandante paramilitar dio detalles precisos de cómo se creó una estrategia durante la

presidencia de Álvaro Uribe para frenar las declaraciones de distintos desmovilizados que lo

implicaban en la masacre de El Aro. Este testimonio se convirtió en la base de la solicitud que

envió la semana pasada la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al

expresidente por su supuesta omisión como máxima autoridad del departamento. Es decir, que en

su rol de gobernador Uribe no protegió a la población de El Aro pese a las denuncias que existían.

En su defensa, el expresidente manifestó que se trata de una persecución de la Fiscalía y de

“acusaciones electorales del eje del fiscal (Eduardo Montealegre), Don Berna, el presidente Santos

y Timochenko”. Y agregó: “¿Desviación de la justicia? Yo siempre he salido a enfrentar las

condenas injustas contra mis compañeros, no conozco aquello de manipular la justicia, yo la

confronto”.

Las declaraciones de Don Berna no sólo se centraron en la masacre de El Aro. También dio detalles

de la muerte de Jesús María Valle, el defensor de derechos humanos que tras la masacre empezó

a denunciar las alianzas criminales entre la Fuerza Pública y los paramilitares que la ejecutaron.

Valle, quien sostuvo fuertes discusiones con el entonces gobernador Uribe, murió el 27 de febrero

de 1998. Según el exjefe de la Oficina de Envigado, el líder fue asesinado a petición de Pedro Juan

Moreno, para esa época secretario general de la Gobernación de Antioquia.

Don Berna también relató que en 2008, en el marco del proceso de Justicia y Paz, se creó una

estrategia desde el Gobierno para detener las declaraciones contra miembros de las Fuerzas

Militares y el expresidente Uribe por la masacre de El Aro que estaban entregando tres

desmovilizados: Alberto Henao, alias Pilatos; Alberto Guerrero, alias Pipintá, y Francisco Villalba.

Según Murillo Bejarano, fueron el abogado Sergio González y un fiscal del grupo de exhumaciones,

Juan Carlos Goyeneche, quienes le pidieron el favor de controlar a los tres paramilitares y, si era el

posible, que se retractaran porque el “jefe” –haciendo referencia al entonces presidente Uribe–

estaba muy preocupado.

Según reveló Don Berna, nada pudo hacer en el caso de Francisco Villalba, quien era el principal

testigo contra Uribe. Explicó que su antiguo colega le decía que era una forma de hacer catarsis y

superar sus errores, por lo que su propuesta lo molesto de tal forma que jamás lo vo lvió a ver.

Agregó que el nuevo objetivo era desacreditar las declaraciones de Villalba, por lo que acudieron a

Pilatos, quien también había participado de la masacre y, a cambio de un dinero y mejores

condiciones de reclusión, aceptó la propuesta. Al año siguiente, el 22 de abril de 2009, Villalba fue

asesinado en su casa.

Entre los nuevos frentes de investigación de la Fiscalía está determinar la participación del

abogado Sergio González, un factor común en los complot que, al parecer, se organizaron des de la

Casa de Nariño para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en sus investigaciones contra la

parapolítica. Ya tiene condena de cinco años por idear, junto a su defendido José Orlando

Moncada Zapata, alias Tasmania, una campaña de desprestigio contra el exmagistrado Iván

Velásquez. Además, está siendo procesado por el caso Job. Frente al fiscal Goyeneche, se estudia

la posibilidad de declararlo insubsistente ante las denuncias hechas por Don Berna.

La Fiscalía decidió conformar un grupo especializado que investigue en contexto las denuncias

realizadas por Don Berna. Se encargarán de establecer los vínculos que existen entre la masacre

de El Aro, el asesinato de Jesús María Valle y el homicidio de Francisco Villalba. Además, se le

agregará otro ingrediente: establecer si la muerte de Pedro Juan Moreno –quien luego de ser un

escudero de Uribe se convirtió en un fuerte contradictor– se trató de un accidente o de un

sabotaje al helicóptero en el que se movilizaba el día en que murió.

La masacre de El Aro

Dos meses antes de la masacre del corregimiento de El Aro, zona rural de Ituango (Antioquia), la

Junta de Acción Comunal de esa población le pidió protección a la Gobernación de Antioquia, en

manos, en ese entonces, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sabían que los paramilitares habían

decidido destruir El Aro y se lo hicieron saber a las autoridades. Pero nadie hizo nada. Si al caso, les

dijeron que no había “tropa disponible”. Los “paras” ingresaron al pueblo el 25 de octubre de

1997. Reunieron a sus habitantes en el parque principal y a algunos los separaron y los mataron. Al

final fueron 19 campesinos asesinados, tanto en El Aro como en el corregimiento vecino de La

Granja. Omisiones por parte del Estado a la hora de proteger a los campesinos y en el momento de

investigar lo sucedido, llevaron a que en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos

condenara a Colombia por estos hechos. Por lo sucedido han sido condenados los exjefes

paramilitares Carlos Castaño (ya muerto), Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy y Francisco Villalba.

De la misma forma, dos uniformados, el teniente (r) Everardo Bolaños Galindo y el cabo (r)

Germán Antonio Alzate Cardona, fueron sancionados por permitir la masacre.