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Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Ciencia Política
Monografía de Pregrado para optar por el título de politóloga.
La seguridad: un discurso y una identidad por redefinir
Una reflexión sobre el discurso de la seguridad en la Política de Defensa y Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el marco del conflicto
armado colombiano
Directora: Dra. Arlene Tickner Lector: Gabriel Murillo
Lina María Abadía Mantilla
JUNIO de 2004
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TABLA DE CONTENIDO
Introducción……………………………………………………………………………4
1. El debate Teórico sobre la seguridad………………………………………………..9
i. Localización del debate e importancia.
ii. La visión tradicional o clásica de la seguridad………………………………11
iii. Nuevos enfoques y análisis multisectoriales sobre la seguridad……………15
2. Las nuevas visiones de la seguridad…………………………………………………20
i. La seguridad como construcción social y práctica discursiva –Spech act
ii. Securitización y Desecuritización…………………………………………...22
3. ¿Entonces, qué es la seguridad? …………………………………………………....25
i. La identificación del enemigo……………………………………………… 26
ii. El discurso como dispositivo de poder………………………………………29
4. El caso Colombiano: El discurso de la seguridad en la Política de Defensa y
Seguridad Democrática en el marco del conflicto armado…………………………….33
i. Antecedentes conflicto armado colombiano y tendencias en las políticas de
seguridad en Colombia.
ii. Descripción de la Política de Defensa y Seguridad Democrática ……….38
iii. Análisis del discurso de la seguridad en la P.D.S.D…………….…………..41
5. Reflexiones sobre el contraste entre la formulación de la P.D.S.D, su ejecución y
resultados……………………………………………………………………………….48
6. Alternativas para repensar el discurso de la seguridad y el tratamiento del
conflicto colombiano…………………………………………………………………………58
7. Bibliografía……………………………………………………………….………….61
8. Anexos
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Resumen El texto aborda la pregunta por la seguridad, y en particular cómo un determinado discurso genera una determinada política, es decir, cómo es posible que un determinado discurso de la seguridad genere más inseguridad. Específicamente como para el caso colombiano, la Política de Defensa y Seguridad Democrática está promocionando un discurso de “seguridad” de alcance limitado, basado en el uso de la fuerza, como mecanismo para recuperar la gobernabilidad, pero desatiende las causas estructurales del conflicto armado colombiano y, por ende, paradójicamente, genera más inseguridad. Sobre la inseguridad así creada se dificulta el proceso de construcción y consolidación del proyecto nacional. Por esto el texto busca contrastar desde una perspectiva general, la formulación del discurso de la seguridad, con su ejecución, para reflexionar sobre los efectos a mediano y largo plazo, y resaltar la necesidad de re-significar la seguridad y promocionar un discurso de ésta basado en el concepto integral de “seguridad humana”. Es decir, una población sin temores ni carencias. De este modo, se posibilita la formulación de nuevos discursos sobre la seguridad tales que permitan poner en marcha una política sostenible que actué sobre las causas fundamentales del conflicto colombiano. En este sentido la necesidad de replantear el discurso de la seguridad resulta ser también una pregunta por la relación medios-fines, en el re-posicionamiento del estado en el conflicto armado colombiano, y en este sentido es una pregunta por el manejo de recursos, a favor de interesases y fines, pues el estado termina comprometiendo sus recursos según su conceptualización limitada del concepto de seguridad, generando más temor entre sus gentes. ______________________________________________________________________ “There is nothing outside of discourse” “No hay nada por fuera del discurso” (Campbell 1992:4) “Nothing is a risk in itself on the other
hand, anything can be a risk” “Nada es un riesgo en si mismo, de otra parte, cualquier cosa puede ser un riesgo” (Campbell 1992:10)
“Danger is not an objective condition” “El peligro no es una condición objetiva” (Campbell 1992:1)
______________________________________________________________________
4
Introducción
El interés en aproximarnos a la comprensión de la seguridad como discurso y política de
estado, surge a partir de las condiciones actuales del contexto local y global, en
especial, de la puesta en marcha del discurso de la seguridad de la Política de Defensa
y Seguridad Democrática ( P.D.S.D.) del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y su
incidencia en el manejo del conflicto armado colombiano, hoy internacionalizado. Esta
pregunta por la seguridad, de una parte permite indagar por diferentes elementos para
su comprensión, en tanto se presenta como un concepto complejo, producto de una
interpretación de la realidad y de una construcción social a través de prácticas
discusivas, imposible de entender como una condición objetiva. De igual modo,
nuestro cuestionamiento busca dar cuenta de cómo un determinado discurso sobre la
seguridad, genera el marco epistémico para formular y ejecutar un políticas específicas
entorno a ésta. En este sentido, la relación entre el discurso de la seguridad, circunscrito
en la política de seguridad estatal, y el manejo del conflicto armado colombiano,
revela en últimas, del proceso complejo, inacabado y potencialmente fallido de
consolidación del proyecto nacional. Por lo tanto, la construcción de la seguridad,
resulta ser en últimas, un problema de identificación que como tal, atiende a la
configuración de los amigos y enemigos, a través de las prácticas discursivas y de los
efectos reales que despliega dicha delimitación. Más aún, para una sociedad híbrida,
polarizada y militarizada como la colombiana, cuyo estado se presenta dependiente y
subordinado en la periferia del sistema internacional, (paradójicamente, con una de las
democracias y una de las guerrillas más antiguas de América Latina), donde el tipo de
discurso que se promociona sobre la seguridad, incide en la reproducción de ciertas
prácticas inter-subjetivas y en consecuencia, incide en el manejo de los mecanismos de
reproducción o articulación del conflicto armado colombiano.
Por esto es preciso resaltar la urgencia por re-significar la seguridad, a través de un
nuevo discurso, socialmente construido y de apropiación de las instituciones, en función
real de el bien común de la nación colombiana, posiblemente desde la perspectiva de la
seguridad humana, capaz de hacer viable la materialización de una política de
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seguridad sostenible, la cual contribuya a la resolución del conflicto armado, no solo
desde sus efectos visibles, sino desde sus causas estructurales, para finalmente hacer
posible el cumplimiento de los objetivos y garantías que busca nuestro proclamado
Estado Social de Derecho y su institucionalidad democrática.
Por esto, la pregunta por el discurso de la seguridad en lo local, sin lugar a dudas se
enmarca dentro del cambio en las condiciones del sistema internacional, generado con
los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, el cual resultó ser tan radical
como en su tiempo lo fue la Caída del Muro de Berlín. Dichos atentados desplegaron
una sensación de gran inseguridad en todo el mundo, por el carácter impredecible y la
invisibilidad del nuevo enemigo, imposible de encuadrar ahora, en las fronteras de un
estado nacional. En consecuencia el gobierno norteamericano, a través de su retórica,
promocionó al terrorismo internacional como el principal referente de la seguridad
global, y polarizó al mundo entorno a la in/seguridad, a través del discurso de "o se está
con nosotros o se está con el terrorismo", desarrollando una doctrina de la seguridad
basada en la lucha del "bien contra el mal", donde el viejo "peligro comunista" fue
reemplazado por el "peligro del terrorismo". Este difundido como amenaza global, se
convirtió en prioridad de las agendas domésticas de los estados y de la comunidad
internacional. Igualmente, a partir de ésta retórica, Estados Unidos se proclamó,
primero, como líder contra el terrorismo en defensa de las garantías para los individuos
y, segundo, como líder capaz de reordenar el mundo, re-normalizar las sociedades,
redistribuir el poder e imponer su esquema político, económico y cultural, legitimado
por un discurso democrático occidentalista.
En este sentido, es evidente que el nuevo discurso liderado por Estados Unidos afectó
determinantemente la política colombiana, pues la alineación de la política doméstica
con aquella exterior norteamericana de “lucha contra el terrorismo internacional y el
narcotráfico”, incrementó la internacionalización y polarización del conflicto armado
interno. Esto se evidencia en el creciente apoyo económico, estratégico y militar del
gobierno estadounidense a la P.D.S.D. del presidente Uribe, vinculado primero al Plan
Colombia y ahora al Plan Patriota.
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El presente texto, por tanto, busca explorar la relación entre el discurso de la seguridad
como política de estado en la P.D.S.D. y el conflicto armado colombiano. Para esto, es
preciso desglosar el concepto de la seguridad en un marco teórico y rescatar los
elementos más importantes para su comprensión situados en las teorías y en los
estudios sobre la seguridad en el ámbito de las relaciones internacionales. De este
modo, se rescatará el debate que se plantea entre las perspectivas tradicionales y los
nuevos enfoques, con el fin de subrayar el carácter multidimensional y multireferencial
del concepto, así como para dar cuenta de los procesos de securitización y
desecuritización, a través de los cuales se problematiza el mismo. Posteriormente, se
enfocará la seguridad como construcción social y práctica discursiva, en la que se
expresa un proceso de identificación de los amigos y de los enemigos., donde el
discurso se presenta como un dispositivo de poder a favor del control social y la
reconducción de las conductas. Este recorrido nos permitirá tener una concepción más
amplia del concepto de seguridad para luego analizar el discurso de la seguridad en la
P.D.S.D.
Una vez dada la panorámica teórica sobre el concepto, el texto busca interpretar la
Política de la Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe desde la idea de la
seguridad como discurso y construcción social, con el objeto de analizar la manera en
que determinadas practicas discursivas en torno a los problemas de seguridad
relacionados con el conflicto armado colombiano, generan el marco epistémico dentro
del cual se desarrollan políticas especificas, muchas veces contraproducentes en tanto
refuerzan la inseguridad.
Esta reflexión se desarrollará en varias partes. Primero se realizará una descripción
general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, en especial, de sus seis
líneas de acción principales. A partir de lo anterior, se analizará el discurso de la
seguridad que subyace la política estatal, haciendo uso del texto publicado por la
Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, así como de diversos
pronunciamientos que el primer mandatario ha realizado sobre el conflicto armado y el
desarrollo de su P.D.S.D. Allí se hará especial énfasis en la manera en que se definen
7
los enemigos y las amenazas a la seguridad nacional, así como en las estrategias
específicas para combatirlos.
Si bien dicho texto gubernamental busca plantear la seguridad democrática en términos
amplios o multidimensionales, se mostrará que el discurso promocionado por el
gobierno Uribe, así como la implementación real de la estrategia, reduce el problema
de la seguridad a una visión militarista represiva, la cual incide profundamente en la
reproducción de las causas del conflicto colombiano. Se demostrará entonces, que el
presidente se convierte en el principal orador de la Política de defensa y seguridad
democrática, y que a la vez, su discurso puesto en acción a través de sus diferentes
declaraciones y pronunciamientos, mediáticos, difiere del texto de la P.D.S.D en tanto
vierte sobre la activación de prácticas de seguridad militarizando a la sociedad.
En consecuencia, aún cuando la P.D.S.D. haya sido entusiastamente recibida por
algunos de los actores sociales colombianos, deja abiertos muchos interrogantes entorno
a sus efectos sociales, visibles y no-publicados, así como entorno a los costos políticos
y, a la sostenibilidad a largo plazo de garantías para la sociedad colombiana.
Especialmente resulta problemático examinar cómo un determinado discurso de la
seguridad, desatiende las causas estructurales del conflicto, reduciéndolo a un
dispositivo que activa prácticas y conductas inmediatas de terror, donde la sensación de
seguridad se apoya realmente en una gran inseguridad, en dispositivos disciplinarios
que se basa en el uso de la fuerza.
En una sección de conclusiones, se resaltará la necesidad de re-significar el concepto de
seguridad desde una perspectiva que permita ligar las múltiples diferencias dentro de
una nación colombiana fragmentada, a partir del concepto de “seguridad humana”, cuyo
referente es una población sin temores, sin carencias y sin exclusión ( Definición según
el Informe de Desarrollo Humano del P.N.U.D. de UN). Allí se harán igualmente
sugerencias sobre elementos que deberían ser incluidos en una política de seguridad
sostenible sobre la base de la activación de determinadas prácticas discursivas entorno a
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la seguridad las cuales deben fundamentarse y encaminarse en el manejo del conflicto
armado, no solo desde sus efectos, sino desde sus causas estructurales.
A manera de hipótesis general podemos decir que este texto busca explorar el discurso
de la seguridad en la Política de Defensa y Seguridad Democrática del gobierno de
Uribe Vélez, con el fin de considerar que ésta puede ser el inicio de una política de
seguridad nacional sostenible, capaz de generar soluciones viables a las causa
fundamentales del conflicto armado colombiano, si desde una racionalidad de paz,
orienta el concepto y materialización de la seguridad democrática, a un nuevo
significado de la seguridad, y por lo tanto a un nuevo discurso de la seguridad. Este
debe centrarse, ya no en la confrontación armada militar y territorial, sino en la
seguridad humana. Es decir, sobre la base de la reducción del temor y las carencias de
la población, y cuya ejecución e institucionalización, debe ser producto de un proceso
integral, participativo, inclusivo y consensuado de todos los actores nacionales, el cual
además debe tener continuidad en los gobiernos sucesivos para consolidarse a largo
plazo.
______________________________________________________________________
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1 .El debate Teórico entorno a la seguridad
i. Localización e importancia del debate teórico sobre la seguridad.
La seguridad ha sido abordada de una u otra manera en el terreno de la filosofía política,
donde en sus archivos encontramos por ejemplo, los planteamientos de Tucidides
sobre el poder y temor como antesala de la seguridad, así como encontramos aquellos
de Maquiavelo, sobre los patrones morales del gobernante diferenciados al del
ciudadano. Resulta igualmente importante la conceptualización sobre el estado, la
cesión de derechos, la seguridad y el poder del Leviatán de Hobbes, y más sublimes se
muestran aquellos postulados de Hegel, donde el deber más alto del estado consiste
en su propia preservación (Doguerthy 1993:101). De manera que aún cuando este
concepto haya sido eje de importantes cuestionamientos ontológicos, la seguridad como
concepto se instala en el centro de la disciplina de las relaciones internacionales,
motivo por el cual, es preciso indagar por las distintas perspectivas teóricas que
enmarcan la problemática del concepto.
Si bien el origen de esta disciplina ha sido largamente debatido, pues ha sido situado
por unos en el fin de la guerra del Peloponeso; por otros, en el fin de la Guerra de los
Treinta Años, o con el final de la Primera Guerra Mundial, las distintas explicaciones
comparten el hecho de que el surgimiento de las relaciones internacionales responde al
sentimiento de inseguridad global. Esta se presenta como producto de la experiencia de
la guerra, de sus efectos, implicaciones y de los temores frente a la viabilidad de nuevas
estructuras de paz. Es decir, que la disciplina nace en función de naturaleza y el fin de
una guerra, así como de la regulación de la inseguridad. (Terrif, Croft, Morgan
1999:20).
Independiente de cuál sea el origen, existe un consenso genérico (Terrif, Croft&
Morgan 1999:20) que encuentra en el nacimiento de los estados nacionales con la Paz
de Westfalia, las bases ideológicas y los conceptos fundamentales, tales como el
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concepto de soberanía, legitimidad, equilibrio de poderes, derecho internacional,
entorno a los cuales se desarrollará posteriormente, la concepción y el debate sobre la
seguridad sobre la base de la seguridad estatal y nacional.
Este supuesto consenso general entre los teóricos, también considera como fundamental
para pensar la seguridad, el papel del Estado Democrático de Derecho, donde las
condiciones de seguridad mínima son otorgadas por el Estado con sujeción a normas y
procedimientos aceptados y legitimados por el pueblo. Desde esta concepción, cobra
gran importancia el espacio para la protección de derechos fundamentales y en especial
la pretensión de la protección de la libertad, de la participación, al igual que de la
iniciativa privada y el desarrollo individual. Igualmente, estos factores serán claves para
localizar los distintos ámbitos donde se situarán las prácticas de seguridad, donde
muchas veces, los discursos sobre la seguridad se caracterizarán por atender a la
defensa de dichos ideales, a través de su misma restricción, en tanto se convierten en
fines cuyos medios para su realización están sustentados en el uso de la fuerza.
Así pues, encontramos de un lado del debate teórico entorno a la seguridad, las
“visiones tradicionales”1, las cuales enfocan la seguridad con base en el paradigma
realista de las relaciones internacionales, donde el concepto se formula entorno al estado
y a la defensa militar. 2Del otro lado, encontramos aquellas “nuevas visiones”, las cuales
se desarrollan de la mano de nuevos análisis que buscan formalizar la localización de
los diferentes niveles donde se puede ubicar el concepto y las prácticas referidas a la
seguridad. Es decir, análisis de niveles, sectores y regiones, del tipo económico,
político, societal, medioambiental et, a través de los cuales, se hizo visible el carácter
multireferencial y multisectorial de este concepto.
La lectura de este debate entre las diferentes conceptualizaciones de la seguridad tiene
dos objetivos: el primero es resaltar que este no solo es un debate conceptual, sino
1 Podemos entender el concepto de perspectivas, en analogía al de visones, pero claramente distinto al de paradigma. 2 Defensores de estas perspectivas tradicionales son entre otros, Gray 1992 1994 Ayoob centra el foco en el estado, estudios enfocados en el Terce Mundo- 1995, y Chipman 1992.
11
también es un debate metodológico. Esto, en tanto implica la confrontación de un
análisis “monosectorial”, como es la teoría clásica con el estado como referente y sector
exclusivo de análisis de la seguridad, y el análisis “multisectorial” que caracteriza las
nuevas perspectivas que conciben múltiples referentes en múltiples sectores. El segundo
objetivo busca resaltar los beneficios de las dos aproximaciones para constituir una
nueva agenda de seguridad, amplia y a la vez rigurosa, que ante las nuevas necesidades
globalizadas permita re-pensar seguridad.
1.ii. La visión clásica
La perspectiva tradicional o “clásica” sobre la seguridad se basa en el concepto de la
“seguridad nacional” desarrollado en el contexto de la Guerra Fría, y será duramente
criticada por otros enfoques posteriores que buscarán ampliar los límites para la
comprensión de la seguridad, más allá del marco basado en la confrontación militar del
esquema bipolar.
Esta concepción clásica está atada a la teoría realista de las relaciones internacionales,
la cual considera los siguientes postulados básicos: 1) las naciones estado se encuentran
en un sistema. 2) La política interna puede separase claramente de la política exterior.
3) La política internacional es una lucha por el poder en un entorno anárquico. 4)
Existen gradaciones en las capacidades de las naciones. 5) En un sistema internacional
descentralizado, los estados poseen igualdad legal o soberanía. (Dogherty & Paltzagraff
1993:91).
Adicionalmente la teoría realista subraya ciertas especificidades que brotan de los
anteriores postulados: *La competencia entre los estados, no solo por el poder, sino
por los otros valores que emanen de este, deja una permanente inseguridad.*El
ejercicio de la seguridad se posibilita con la autoayuda, ya que no existe normas o un
autoridad superior a los estados, tal que pueda asistirlos.*La necesidad de confiar en el
uso de la fuerza y amenazas en las diversas instancias, para promover la
seguridad.*La aplicación limitada de cánones de moralidad, por la naturaleza de las
normas internacionales, donde yace la inseguridad debido a lo impredecible que resulta
el comportamiento de los otros.*La existencia del dilema de la seguridad, donde el
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sentido de autoayuda de cada estado corroe la seguridad de los otros, lo cual refuerza la
inseguridad y la capacidad de detectar las amenazar a otros.*La capacidad de generar
daño, o coacción sobre otros, evidencia la estructura jerárquica del sistema
internacional donde los estados más poderosos dominan a los otros. ( Terrif, Croft &
Morgan 1999:53)
En contraposición al utopismo (desarrollado luego de la segunda guerra mundial), el
realismo considera además, que existen ciertas condiciones que configuran la conducta
internacional y que en gran medida son inmutables, tales como la geografía, la
naturaleza, el comportamiento humano. Igualmente supone que no hay una armonía de
intereses entre las naciones, motivo por el cual permanece siempre la posibilidad de
conflicto entre ellas.
La visión “clásica” asocia la seguridad con la guerra tradicional, es decir, como
necesaria para regular las relaciones entre los estados, los cuales permanecen en
conflicto por la competencia por el poder, dentro de la anarquía constitutiva del sistema
internacional y de la cual resultan diferentes estructuras del sistema internacional. De
aquí, que el estado sea la unidad, actor y referente principal de la seguridad, y como
tal sea definido con base en tres componentes: a) la idea de estado; b) la base física del
estado; c) la expresión institucional del estado. Vale la pena resaltar que estos tres
componentes son considerados distinguibles entre ellos, y que la interrelación entre
ellos encuadra la problemática de la seguridad ( Buzan 1991:65).
De este modo, el estado naturalizado como actor, en tanto se asume como una unidad
con capacidades y cualidades de un objeto subjetivizado, es el agente que controla el
monopolio de la fuerza, y en tanto es considerado como la institución más significativa
a través de la cual se organiza la sociedad, debe articular la protección de las menazas
(Campbell 1992) que atentan contra esta unidad. Por lo tanto el componente estratégico
militar es fundamental para la defensa y protección del estado, su territorio, población,
recursos e instituciones y por ende, es el eje de las políticas de seguridad. Desde esta
perspectiva tradicional, el concepto de la seguridad atiende al manejo de las amenazas
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contra el estado, es decir, al manejo de la seguridad sustentado en el uso de la fuerza
estatal (Terrif, Croft, Morgan 1999: 60, 64).
Ahora bien, es preciso resaltar que el hecho de que los estados sean considerados las
unidades fundamentales de análisis y los referentes de la seguridad, radica en el
concepto de soberanía. Esta resulta ser el criterio que diferencia la importancia de los
estados como unidades, de otras unidades como las comunidades o las corporaciones, y
es una condición igual para todos los estados. La soberanía, hace referencia directa a
las funciones básicas y a la capacidad de autogobierno, es decir, a la capacidad de dar
un orden civil, organizar los bienes colectivos y la defensa exterior ( Buzan 1991:67).
En consecuencia los problemas de seguridad se refieren a aquello que atenta contra la
soberanía o la independencia de un estado, tal que afecta e imposibilita la capacidad de
autogestión y atienden a un discurso emitido que determina un objeto como amenaza
contra el estado y la nación. Por esto, cualquier amenaza concebida contra el orden
político, implica la máxima movilización y control por parte del estado. Por lo tanto un
problema de seguridad puede ser entendido como aquél que implica la movilización del
estado más allá de sus límites normales de la política. Así el estado se moviliza y
reclama un derecho especial, que de hecho es determinado por las elites que detentan
el poder y las cuales tratan de presionar un tipo de cambio político fundamental, para
conservar un orden determinado, vale a decir, para mantener las condiciones de
“seguridad”.
Así pues, la seguridad nacional hace referencia a seguridad para la nación, y como tal
integra los diferentes ámbitos de preocupación del estado moderno, condensa la
coordinación de los esfuerzos para establecer condiciones de seguridad, necesarias y
suficientes para el logro de los intereses del estado, de conformidad con los intereses
nacionales y los objetivos de los diferentes sectores de la sociedad. (Holzman 1999).
En palabras de Morgenthau “todas las naciones están forzadas a proteger su identidad
física, política y cultural contra la intrusión de otras naciones Así, el interés nacional
se identifica con la supervivencia nacional. (Dogherty 1993:10)
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Al mismo tiempo dicha teoría clásica de la soberanía se articula alrededor de los
procesos de configuración de las identidades se plantean y localizan en términos
dicotómicos, tanto en los sujetos como en los objetos y conceptos humanizados o
naturalizados. De modo que las identidades se conforman alrededor de conceptos como
soberanía Vs anarquía, sujeto Vs objeto, dentro Vs afuera, el miso y el otro, débil Vs
fuerte. Por esto se considera que dichos términos que fijaron las identidades modernas
desde el sujeto hasta el estado, son típicas dicotomías a través de las cuales se expresó
también la teoría de la soberanía del estado clásica y se reticularizó la sociedad a través
de dispositivos de poder.
Las condiciones de seguridad se configuran entonces, como fruto de la articulación
entre el bien común de la sociedad y del estado, y entre los intereses de las múltiples
identidades, y al ser vistas como constitutivas del concepto de seguridad nacional, y se
convierte en un concepto fundamental para el desarrollo de esta visión clásica (Lebow
en Waever1988:508).
El hecho de que muchas veces estos intereses no coincidan entre ellos llevo a la
deslegitimación del concepto de seguridad nacional. A pesar de esto, el concepto siguió
siendo fundamental para referirse a la problemática de la seguridad, donde la función
política de la seguridad nacional es justificar el uso de la fuerza, el cual es más
legitimado en la arena internacional que en la doméstica.
Es importante resaltar que, la seguridad nacional evidencia cómo las instituciones son
inseparables del estado, y cómo resultan, de algún modo, mucho más tangibles que la
misma idea de estado. Sin embargo, los problemas de la institucionalidad estatal son
solo una parte de la problemática que encierra la idea de seguridad nacional, pues estas
pueden cambiar sin que se rompa la idea del estado. Esto quiere decir que aún cuando
en el nivel doméstico la seguridad del gobierno puede diferenciarse de la seguridad del
estado, a nivel internacional no sucede lo mismo, ya que el estado y el gobierno son
inseparables y se presentan en una misma y única unidad. (Buzan, Waever, Wilde 1991:
15
87). Por lo tanto, la problemática que surge de la seguridad nacional, refleja la dualidad
que existe entre la seguridad de los intereses gubernamentales y la seguridad de los
intereses del estado.
En conclusión, podemos retomar a autores de esta visión clásica como por ejemplo
Stephen Walt, ( Buzan 1991) consideran que los estudios de seguridad son aquellos
relacionados con el fenómeno de la guerra y por ende, pueden ser definidos como el
estudio de la amenaza, uso y control de la fuerza militar. De hecho el mismo Buzan,
refuerza lo anterior: “Para los tradicionalistas resulta fácil identificar el tema de la
seguridad, pues ellos la equiparan con los temas militares y con el uso de la fuerza -
Identifying security issues is easy for tradicionalist, who equate security with military
issues and the use of force-” (Buzan. Waver, Wilde 1998: 1)
1.iii. Nuevos enfoques y análisis multisectoriales
Las condiciones cambiantes en el sistema internacional, durante el siglo XX,
especialmente las condiciones de incertidumbre que se dieron con el Fin de la Guerra
Fría, generaron una urgencia por resignificar la seguridad frente a las nuevas fuentes
de amenazas de carácter no-militar, las cuales visibilizaron múltiples conflictos dentro
y por fuera de las fronteras del estado con efectos de alcance global. Esto generó una
proliferación de perspectivas sobre la seguridad, las cuales incluyeron nuevos y
múltiples referentes más allá de las fronteras del estado, con el fin de articular las
nuevas demandas emergentes en el nuevo orden mundial. Así, las nuevas herramientas
analíticas y metodológicas, encontraron en el “discurso” o mejor, en “las prácticas
discursivas” un factor fundamental, entorno al cual se configura la seguridad y se
recrean las identidades políticas.
Estas nuevas aproximaciones teóricas de la seguridad incluyeron los análisis
multisectoriales, los cuales consideraban “múltiples referentes” de la seguridad, ya no
centrados en la protección física del estado, sino sobre objetos referenciales, sectores y
regiones específicos. Así pues, los análisis y reflexiones sobre la seguridad se amplían
a nuevos y diferentes dominios (Buzan, Waever, Wilde 1998), de manera que el
componente estratégico militar queda relegado a los estudios estratégicos y estos a su
16
vez, son considerados a su vez, como un sub-tema de la seguridad3. Todos estos
enfoques plantean la necesidad de incluir las nuevas fuentes de amenaza de carácter no
militar.
Vemos entonces cómo se empieza a abarcar nuevos y múltiples referentes del
concepto, tales como el individuo, la cultura, la economía, el bienestar, el medio
ambiente, entre otros, y por ende cómo se empiezan a clasificar os temas de seguridad,
en categorías como seguridad social, seguridad jurídica, seguridad económica4,
seguridad medioambiental5 y particularmente al entrar el siglo XXI, se promociona la
conceptualización sobre la seguridad humana. En este sentido se da una eliminación de
la dicotomía entre lo interior y lo exterior para determinar los ámbitos de la seguridad,
pues los diferentes dominios domésticos e internacionales se muestran
interrelacionados y cada vez hacen más visible la complejidad que encierra la seguridad
como concepto y política inter-nacional , inter-regional e inter-subjetiva.
Por lo tanto las nuevas visiones, empiezan a aplicar metodologías para la comprensión
del concepto y fenómeno de la seguridad, a través del análisis sobre la relación entre la
seguridad regional y los enfoques multisectoriales, los cuales basados en los análisis de
niveles, permiten situar las relaciones entre los actores y objetos referidos a través de
los cuales se expresa la seguridad. Lo importante de estos estudios multisectoriales y
multireferenciales, es que representan un gran aporte a la comprensión del fenómeno de
la seguridad, en tanto, mediante la inducción, permiten tener más claridad y reducir la
complejidad sobre concepto. Podemos entonces precisar cuáles son los niveles,
sectores y donde se configuran las prácticas de seguridad determinados estudios.
3 Así, encontramos autores que avocan por una agenda de la seguridad mucho más amplia: Lemaitre 1987 Waever 1987, Nye y Lynn Jones 1988, Mattheus 1989, Brown 1989, Nye 1989, Crawford 1991, Haftendorn 1991, Tickner 1992, entre otros. 4Autores com Gilpin, Gowa 1994. 5 Por ejemplo Mansfield 1994, Deudney 1999. ( Lipshutz 1992)
17
Los niveles
Son una localización de las relaciones de seguridad, así como son el lugar donde se
localizan los orígenes y resultados de las explicaciones acerca del fenómeno de la
seguridad, es decir que los niveles, permiten ubicar los procesos de interacción
alrededor de la seguridad. En ellos se identifican los distintos referentes de la
seguridad, u objetos de análisis en rangos espaciales de lo micro a lo macro. De modo
que es necesario observar las diferentes relaciones que se dan entre estos nivele6s y
objetos referenciados, entorno a los cuales se configura la seguridad. (Buzan 1994).
Los niveles se clasifican en:
1--Sistema internacional: es el nivel de interacción entre las unidades más grandes, por
encima de las cuales no hay ningún otro nivel. ( Buzan1991: 19-20) El estado sigue
siendo la unidad o actor más grande dentro del juego internacional.
2- Subsistema Internacional: corresponde al nivel de interacción entre las
agrupaciones de unidades, que son inter-dependientes las unas de las otras, por factores
como el compartir un territorio geográfico o un interés considerado fundamental. Sin
embargo, no son exactamente regiones, sino simplemente se consideran subsistemas
internacionales, por la afectación que puede generar en el sistema internacional.
3. Unidades: este nivel está constituido por los subgrupos u organizaciones,
comunidades cohesionadas e independientes, por encima de las cuales hay más niveles,
como los estados, las naciones y las empresas transnacionales.
4. Sub-unidades: corresponden a aquellos individuos organizados que afectan el
comportamiento de las unidades.
5. Los individuos: que de hecho es el centro o unidad de análisis de las ciencias sociales
y el mínimo de nivel de análisis en los estudios de la seguridad.
Así pues, los niveles pueden considerarse como referentes ontológicos, para explicar la
seguridad, que aún ayudan a la comprensión del fenómeno de la seguridad, non son en
6 Es importante notar que los niveles son también parte de una expresión de los dispositivos
disciplinarios de las sociedades modernas securitizadas, heredados de la visión de M. Foucault.
(Campbell 1992: 65).
18
sí mismas, fuentes de explicación. (Buzan, Waever, Wilde 1998:5). En análisis basado
en niveles, permite incluir y determinar muchas más unidades donde se dan procesos de
seguridad, mucho más allá del estado, difuminando los protagonismos estado-céntricos.
Los sectores
Las primeras formulaciones de los análisis sobre sectores se desarrollaron durante la
Guerra Fría, y se caracterizaron como factores significativos de análisis desde las teorías
realistas desde Morgenthau hasta Waltz. ( Buzan, Waever, Wilde 1998:7).
Posteriormente, las “nuevas visiones” promovieron la ampliación del análisis de la
seguridad con la extensión de una nueva agenda para su conceptualización, que
permitiera cruzar el análisis de niveles, con aquél de sectores.
Los sectores corresponden a las áreas donde ocurren determinadas interacciones entre
individuos, en los societal, en lo militar, en lo político, económico, medio-ambiental.
Los sectores son analíticamente significativos, pues son sectores de actividad donde se
gestan amenazas, protecciones y los cuales visibilizan vulnerabilidades.. Estos se
pueden clasificar en:
Sector militar: es el sector de las relaciones de fuerza y coerción. Revela las
capacidades ofensivas y defensivas de cada estado e implica las concepciones sobre las
intenciones del otro. En el sector militar el referente es usualmente el estado, además de
otras clases de entidades políticas. En la mayoría de casos, esta defensa del estado se le
considera responsabilidad de las fuerzas militares.
Sector político: atiende a la organización dentro y entre los estados, y tiene que ver
tanto con la ideología, como con la legitimidad de las instituciones. El sector político,
está constituido por las relaciones de autoridad, gobierno y reconocimiento. Además,
refiere las amenazas a la soberanía, el reconocimiento de la legitimidad el gobierno y la
autoridad, y a veces, a la ideología del estado. (Vale la pena decir, con el incremento
de las relaciones de interdependencia en occidente, las amenazas también pueden
referirse a los procesos de integración es decir pueden tener referentes de carácter
supranacional).
Sector económico y financiero: tiene que ver con las relaciones de intercambio,
producción, acumulación. En este sentido atiende al acceso a los recursos, niveles de
19
mercado y de bienestar. En el sector económico pueden ser múltiples las amenazas de
acuerdo a los grupos de interés del mercado. Sin embargo, el referente de la seguridad
recae sobre las garantías para cubrir las necesidades básicas de la población y su
supervivencia.
Sector Societal: tiene que ver con las relaciones entre las identidades colectivas.
Atiende entonces, a la sostenibilidad de las condiciones sociales para la evolución. De
modo que el referente es una gran escala de identidades colectivas las cuales pueden
funcionar independientemente del estado, como las naciones, religiones o comunidades
étnicas.
Sector ambiental: atiende a la relación entre los individuos y la biosfera. El referente
por ende es el medio ambiente y los objetos o condiciones que permiten la
supervivencia individual de las especies y el llamado desarrollo sostenible, que busca
garantizar las condiciones de vida para las futuras generaciones. La interpretación de la
seguridad en este sector es bastante complicada, ya que la escala micro y macro de
amenazas es muy extensa, y en tanto atiende a la supervivencia tiende a ser un sector
securitizado.
El análisis a través de sectores permite entonces, reducir la complejidad sobre la
comprensión de la configuración de la seguridad, dado que reducen el número de
variables en juego a ser analizadas. Vale decir, estos sectores permiten agrupar prácticas
alrededor de características más genéricas o patrones sobre los tipos de interacción y
no sobre los individuos o actores particulares donde se dan las prácticas de seguridad.
Los sectores gozan de independencia entre ellos. Por el contrario en los niveles
conviven simultáneamente relaciones de autoridad, coerción, intercambio, identidad y
medio ambiente (Buzan Waver, Wilde 1998).
Por lo tanto, la lógica que subyace en el análisis multisectorial, responde al hecho de
que el sistema internacional es un sistema relacional. De aquí que la seguridad atienda a
formas de relacionarse, o mejor a relaciones inter-subjetivas. Es en este contexto
relacional, en donde se reflejan las relaciones de poder, el dilema de la seguridad, el
balance de poderes y los regímenes de seguridad entre otros. De modo que, las “nuevas
perspectivas” sobre la seguridad, permiten integrar metodologías no solo para localizar
20
las prácticas sobre la seguridad y desglosar el concepto de la seguridad, visibilizando
mayores variables en juego, tales que permitan identificar la manera particular en que
se dan las prácticas sobre la seguridad.
2. Las “ nuevas visiones” sobre la seguridad
2.i La seguridad como construcción social y práctica discursiva ( acto de habla)
No solo es importante dar cuenta de las herramientas metodológicas mediante las cuales
se puede situar las relaciones específicas que constituyen la seguridad, es decir, no solo
es importante tener en cuenta los sectores, niveles, sino es preciso indagar por cómo se
dan dichas prácticas relacionales, inter-subjetivas que configuran la seguridad. En este
sentido, es preciso resaltar el aporte de las nuevas visiones sobre la seguridad, ya que
permiten desplazar el referente estatal, y ampliar la comprensión del concepto
entendiéndolo como producto de una construcción social a partir de prácticas
discursivas.
En este sentido algunos autores consideran que en tanto la seguridad se concibe como
un cuestionamiento sobre cómo las actividades humanas se relacionan unas con otras en
términos de amenazas y vulnerabilidades (Buzan, Waever y Wilde 1998:10), no puede
entenderse como una condición objetiva., sino como una construcción social fruto de
prácticas discursivas. Esto implica que si la seguridad es un concepto relacional que
implica la interacción entre sujetos, debe ser abordado como producto de una
construcción social, por lo cual, el concepto de la seguridad, emerge como resultado de
discursos y acciones discursivas, dentro de los estados y luego por fuera de ellos
(Lipschutz1995:19). Por esto, las conceptualizaciones acerca de la seguridad, a partir
de las cuales se ejecutan políticas, deben situarse en los discursos de la seguridad.
Esto no implica hacer de una revisión de una construcción analítica u objetiva acerca de
una amenaza, pues la seguridad se da como producto de estructuras y procesos
históricos, del poder y la fortaleza, no solo entre las naciones, sino sobre las nociones de
seguridad. De modo que, la noción de seguridad está vinculada a una interpretación
específica de la realidad, es decir a la determinación de “algo” “alguien” de la realidad
21
como amenaza, vale a decir como el enemigo que expresa nuestras debilidades y
nuestros límites. Esta interpretación, sin lugar a dudas, es producida desde la palabra, es
decir desde el discurso, y como tal refleja una concepción de mundo, y de sujeto, en
cada momento histórico o contexto específico y se formula desde una posición de
poder.
Por esto, resulta pertinente la definición que hace Waever de la seguridad como un
concepto construido socialmente el cual tiene un significado específico solo dentro de
un contexto específico (Waever1998:10) y, rescatar entonces, que si bien sí podemos
indagar por las características de las relaciones que configuran la seguridad, no
podemos imputar un significado específico de éstas, ya que están subordinadas al
contexto específico donde se desarrollan.
En este orden de ideas, al considerar la seguridad como una construcción social que
implica una relación intersubjetiva configurada a través de discursos, ésta se concibe
como un acto de habla. Es decir que la palabra “seguridad”, adquiere significado
cuando se usa. Por lo tanto el acto de enunciarla, el mismo uso del término, el mismo
acto de declarar algo como un problema de seguridad, constituye la seguridad. La
palabra “seguridad” es el acto. Su uso es la realidad, es decir que cuando lo empleo, lo
pongo en palabra, le estoy dando vida, le estoy otorgando un significado a la palabra
seguridad. Así, el uso de este acto de habla que implica la seguridad, tiene el efecto de
activar un objetivo específico, como referente que debe estar seguro y un objeto
específico como amenaza, en un área específica. Esta área específica donde se configura
la seguridad, se ubica entonces, haciendo uso del análisis multisectorial, es decir,
ubicando el objeto referente y el objeto amenaza en un nivel y sector específico.
La seguridad como acto de habla, representa entonces la acción de enunciar un palabra,
de activar un difuso, donde al ser enunciado el concepto de “ seguridad”, se indica que
algo ya se ha hecho, y como tal atiende a una movilización específica del estado, en un
área específica, donde reclama el derecho de sobrepasar los límites normales de la
política. A favor de dicho desplazamiento específico, se valida lo que sea necesario para
22
controlar y manejar lo que se ha determinado como amenaza. El proceso que activa el
término entonces lo podemos entender como una práctica discursiva.
En este sentido, el poner en marcha un discurso de la seguridad, depende de cuándo los
que detentan el poder, lo consideran necesario. Pues solo los que detentan el poder,
como representantes de los intereses del estado y de la nación, pueden validar un
discurso sobre la seguridad. Es decir que gracias a su posición de poder, pueden
“institucionalizar” una interpretación de la realidad, una determinación de lo que se
considera como una amenaza o peligro. De aquí que devenga necesario saber cuándo un
determinado discurso sobre la seguridad se institucionaliza.
“Como determinantes de lo que no puede ser pensado, los discursos delimitan el campo de las opciones políticas, de esta manera se convierten (los determinantes) en los precursores de los resultados de las políticas. El poder supremo es el poder que delimita las líneas del pensamiento, este es un atributo no tanto de sujetos específicos sino de la práctica de los discursos”. 7 “ As determinants of what can not be thought, discourses delimit the range of policy options , thereby functioning as precursors to policy outcomes… The supreme power is the power to delineate the boundaries of thought- an attribute no so much of specific agents as it is of discourses practices” ( Karen Litfin : Lipschutz 1998: 8)
2.ii. Securitización y Desecuritización
Al tener en cuenta que el carácter multireferencial del concepto de la seguridad, implica
contemplar las amenazas y las vulnerabilidades que se pueden dar en distintas áreas
militares y no militares, es preciso tener un criterio mucho más específico que las
distinga de aquellas amenazas o peligros, que se encuentran normalmente en el mundo
de la política, para así poder considerarlas como “reales” problemas de seguridad. Por
esto se empezó a considera necesaria, una conceptualización de la seguridad que
significara algo más que simplemente la identificación de cualquier tipo de amenaza,
pues la creciente tematización de la seguridad propiciaba la tendencia a convertir
cualquier asunto de la política en un tema de seguridad.
7 Traducción de la autora
23
En consecuencia se consideró que un problema de la seguridad se constituye como tal,
cuando los detenedores del poder lo consideran así. En este sentido la seguridad se
configura como discurso emitido por detenedores del poder, avalado por una audiencia
la cual representa el criterio para avalar cualquier tema, como un verdadero problema de
seguridad. Esta audiencia, sobre la cual el concepto se institucionaliza, es finalmente
aquella que reproducen prácticas discursivas sobre dicho concepto de la seguridad
emitido, y que por ende refuerzan su significado. Así pues, la seguridad se articula
solo en una forma y espacio especifico y es una voz de las elites institucionalizada. Por
lo tanto el estudio de la seguridad debe ser procesado a través de la securitización y
desecuritización, ( Waever 1998) pues éstos conceptos nos ayudan a diferenciar, como
las elites marcan ciertos temas, como problemas de seguridad, así como cuándo
debemos poner esos temas de seguridad en la agenda de seguridad, o cuándo
desecuritizar temas que han sido securitizados
Cualquier posible tema público, puede ser presentado como una expresión de una
posición del estado frente a algo o a alguien con el que no negocia, o cuyo tratamiento
requiere de ser sometido a un debate público, pues implica la determinación de una
decisión por parte del gobierno, tanto en la movilización de recursos como de fuerza.
Por lo tanto, la securitizaicón presenta un tema público como una amenaza existente que
requiere de medidas de emergencia que justifiquen la acción del estado o del gobierno
más allá de los límites normales de su procedimientos políticos. Es decir, que implica
una movilización articular por parte del estado, más allá de los límites políticos
normales permitidos. Así, la securitización puede ser vista como la versión más
extrema de la politización, (Buzan, Waever, Wilde 1998: 23) en el que presenta un
tema con una importancia tal, que el resto de los asuntos políticos pasan a un segundo
plano.
La seguridad entonces, se evidencia como una práctica auto-referencial ya que el
tema, no se presenta porque sea una amenaza real, sino porque se presenta como
amenaza. Sin embargo, es preciso notar que un tema presentado como amenaza, debe
ser aceptado por una audiencia, para activar el proceso de securitizaicón. (Buzan,
Waever, Wilde 1998: 24-25). Su exacto criterio y definición atiende a el
24
establecimiento inter-subjetivo de de una amenaza existente, tal que pueda tener efectos
políticos substanciales.
De aquí que la securitización deba ser estudiada a través de los discursos que hace que
cierta retórica sobre la seguridad se formule de modo tal que sea aceptada por una
audiencia (Waever 1998:26) es decir que la audiencia tolere romper ciertas reglas, de
manera que resulta necesario determinar la urgencia de la amenaza. Así pues, la
securitizaicón no puede ser fruto de una imposición, y por eso necesita un buen
expositor, con buenos argumentos. Como prácticas discursivas la securitización
determina:
Los objetos referentes: que atienden a las cosas que son mostradas como amenazas
existentes y tienen una legitimación en virtud de la supervivencia.
Los actores securitizados: corresponden a aquellos sujetos que securitizan ciertos temas
declarando un determinado objeto o referente como una amenaza existente.
Los actores funcionales: los cuales afectan las dinámicas de cada sector. Estos son los
actores que influencian de manera significativa los archivos de la seguridad.
Es preciso resaltar que el actor y el objeto referido se diferencia por la audiencia que
valida el discurso emitido. Es por esto que la seguridad, se constituye a partir de la
relación que se configura entre una amenaza existente contra un objeto referido, por un
actor securitizado, el cual genera la emergencia de medidas especiales más allá de las
reglas ordinarias, aceptadas por una audiencia.
Asimismo la desecuritización ocurre cuándo los detenedor del poder deciden trasladar
un problema de seguridad a la agenda política normal, lo que implica que la amenaza ya
ha sido controlada y minimizada y que entra a ser parte de los asuntos normales de la
política, sin implicar un desplazamiento en fuerza y recursos especial por parte del
estado sobre un sector específico. Igualmente son los detenedores del poder, los que
ponen en marcha un discurso en el que se desecuritizan determinados temas.
Mediante la securitización y decuritización se demuestra entonces, que la seguridad no
es una condición objetiva sino un acto de habla, enunciado por las elites con el fin de
securitizar ciertos temas o archivos, que sean necesario para mantener ciertas
25
estructuras y condiciones jerárquicas que garanticen determinadas practicas de
seguridad.
Debemos notar, que resulta mucho más importante, indagar por los efectos de la
securitizaicón, es decir, por el impacto de la construcción de una amenaza, y de la
atribución a un algo de la capacidad de afectar nuestras vulnerabilidades, pues el tipo
de discurso a través del cual se securitizan un tema genera prácticas y políticas
determinadas de seguridad.
3. i ¿Entonces, qué es la seguridad?
Al preguntarnos entonces por la seguridad, encontramos que este ha sido uno de los
conceptos más complejos y difíciles de definir, desde la academia, la política y desde la
sociedad. Dado que se ha relacionado generalmente con una permanente búsqueda de
los hombres en generar condiciones para la preservación de su existencia, y en
consolidar garantías a favor de la reducción de aquello impredecible que pueda atentar
contra esta “existencia”, al intentar conceptuarla surgen inmediatamente las preguntas
de : ¿seguridad para quién?, ¿estar seguro de qué?, ¿qué ha estado seguro?, ¿qué debe
estar seguro?, ¿qué hace que algo sea seguro?
En este sentido la seguridad no puede separarse de un referente entorno al cual se
configura, y frente al cual expresamos nuestros miedos. Por ende su contenido se
relaciona con lo que entendamos por los peligros y amenazas que puedan atentar
contra esta existencia, así como por lo que se considere que debe preservarse o
defenderse. Por lo tanto, la seguridad parece ser la expresión de la manera cómo los
hombres tratan sus miedos, a lo desconocido, a lo impredecible, al otro, a algo. Es decir,
que atiende a cómo los hombres tratan sus amenazas y vulnerabilidades (Waever1998).
En este sentido la seguridad como construcción social, es fruto de un proceso inter-
subjetivo, donde se construye un discurso que le da vida a las amenazas. Por ende como
práctica discursiva, activa dispositivos de control de estas amenazas y peligros con el fin
de generar un tipo de conductas y de mantener determinadas jerarquías y estructuras en
favor del “control social”.
26
Por esto existe una gran complejidad en la definición de la seguridad, que deriva de la
manera cambiante en que estas amenazas se expresan, es decir, de los diferentes
discursos que dan existencia a las amenazas y que conciben los peligros en cada
momento histórico, ya sea desde el plano individual, ciudadano, estatal, nacional,
regional o internacional. Al igual, sus distintas definiciones residen en la posición
desde la cual se parta para advertir dichas amenazas. Es decir, si se les concibe como
una condición objetiva, un patrón de defensa ligado a al prevención de la guerra y al
estado como unidad objetivada. O si por el contrario, resultan de una construcción
social cambiante y compleja, o si como diría Lipschutz, (1995:2) en el peor de los casos
resultan de la dialéctica entre lo imaginado y lo observado.
Unas u otras visiones permiten ver, que en tanto la seguridad necesita de un referente
para constituirse, independiente de cuál sea éste, esta sigue siendo una pregunta por
límites. Inclusión de unos y exclusión de otro. Es decir que la seguridad atiende, a una
permanente referencia al otro y esto implica un proceso de doble identificación: del
“otro” y de “sí”; de los amigos y de los enemigos y por lo tanto es fruto de procesos de
intersubjetividades en lo privado y en lo público. En consecuencia el concepto de
seguridad se muestra cambiante, y su significado no puede encerrarse en una
definición restringida per se, pues está atado a una cosmovisión y a un discurso sobre el
sujeto, el individuo y el mundo en distintos momentos de la historia.
3.ii La construcción del Enemigo
Al tener en cuenta que la seguridad expresa la manera en que los sujetos se relacionan
en términos de amenazas y vulnerabilidades, dicho concepto atiende igualmente a cómo
se tratan los intereses vitales y los enemigos plausibles en se escenarios posibles. En
tanto los enemigos como los escenarios tienen una existencia material y un efecto real
para la seguridad del estado, las amenazas no pueden tener una condición objetiva por
fuera de los procesos de construcción de las mismas. Sin embargo, aun cuando la
seguridad sea socialmente construida, esto no significa que no se pueda hallar
27
condiciones materiales para crear interpretaciones particulares de las amenazas, o que
esas condiciones sean irrelevantes para tomar decisiones políticas.
Así pues, de una parte los enemigos se recrean y actúan mutuamente a través de la
proyección de los peores miedos del uno y del otro, de modo que su creación es inter-
subjetiva. (Lipshuctz 1995: 210). Esta intersubjetividad no solo incluye la
configuración mutua entre los actores en términos de la lógica del sistema, sino entre la
hostilidades potenciales para los estados (Lipshutz 1995 :213).
Desde esta lógica, la seguridad implica que un actor político, en particular el estado,
debe estar protegido de las posibles depredaciones de otro actor (ataques o amenazas de
otro estado). De igual forma, implica que los estados tienen capacidades que existen
mientras se configuren con el discurso y se respalden en el monopolio de la violencia.
Esto supone, que un estado busca interpretar el significado de las capacidades de otro
estado, así como formula diferentes escenarios donde se puedan desarrollar estas
capacidades. (Lipshutz 215)
Esto nos lleva a otro punto, y es que dicha configuración de los unos y de los otros, ya
no se trata, solo de falsas representaciones de la realidad o de las ideologías, sino
considera el hecho de que lo real no es más real. Al mismo tiempo que lo real no es real,
simulamos amenazas, y activamos miedos que, aunque sean a veces producto de la
imaginación o interpretación, generan consecuencias y efectos reales y materiales, en
tanto causan la eliminación de vidas e implican la movilización de recursos.
Por lo tanto, de una parte concebimos que la seguridad está constituida por discursos y
sus modos de producción le dan significado. Y, de otra parte, podemos entender que el
concepto se define en términos de cómo uno o más de estos actores externos penetrando
las amenazas a un referente determinado, en una dimensión material.( Lipshutz 1995:
19.) De este modo, la seguridad debe atender a la protección de los peores miedos y
temores del sujeto perteneciente a una nación y a un estado el cual interactúa en todos
los micro niveles y sectores de este.
28
En este sentido la capacidad de formular un acto de habla que da existencia y
significado a la seguridad, es también un efectivo mecanismo de control social, en tanto
activa prácticas discursivas alrededor de otro, que al ser considerado como amenaza,
despliega el terror. Así la identificación del otro se manifiesta a través de las diferencias
que genera el miedo y el terror frente a tal. Por esto el estado de terror, resulta necesario
para generar discursos y prácticas tales que permitan reestablecer las diferencias
(Lipshutz 1992: 9)8.De la mano del terror, deviene entonces la posibilidad del control de
las conductas, claramente a favor de el mantenimiento de ciertos intereses.
Por lo tanto la seguridad se presenta como una delimitación y defensa de los bordes, los
límites y la exclusión. “ No se trata solo de nosotros, ni de quién está contra nosotros,
sino se trata de quiénes somos y quién queremos ser.”9“ It is not only about “ who is
aganist us”, but also, about “ who we are” and whom we do not wish to be” ( On
security:, Waever: 217)
Así pues, un problema de seguridad es aquel que puede cortar el orden político del
estado y en este sentido alterar las permisibilidad de otras cuestiones. La situación
extrema se evidencia con la guerra, donde el uno contra el otro estado defienden y
desafían su soberanía e identidad. Es este hecho en particular y no el término militar lo
que impone la estructura del juego entre las capacidades y miedos de los actores; por
esto lo militar significa la ultimo ratio.
La guerra como un acto social, presupone el conflicto político donde se organizara en
colectividades y esto es el reconocimiento de la fortaleza de los estados y de la
estabilidad de sus identidades como estados Consecuentemente la lógica de la guerra
puede suponer la descomposición interna del estado en colectividades securitizadas,
donde la seguridad también se puede desplazar a otros sectores. Cuando esto sucede se
cumple lo más clásico, de lo más clásico: la guerra, vale a decir, la hostilidad absoluta..
8 Argumento de Der Derian en Lipshutz 9 Traducción de la autora.
29
“ es posible dibujar desafíos y cambios como amenazas a la identidad, ya que nosotros no seremos más lo que somos; nunca lo que fuimos ni de la manera que pensamos que sería verdadera nuestra identidad”. ( Buzan, Waever, Wilde, 1998: 23).
“ it is posible to paint challenges and changes as thretas to identity, because we will no longer be us, no longer the way we were or the way we ought to be true to our identity” ( Buzan, Waever, Wilde, 1998: 23).
3.iii La palabra como dispositivo de poder
Cualquier reflexión sobre la “realidad” alude a un cuestionamiento tanto epistemológico
como ontológico, el cual expresa la enorme complejidad de los procesos de
configuración de las sociedades a lo largo de la historia, y que como tal, revela la
inescindible relación entre pensamiento, lenguaje, realidad e identidad.
Es por esto que al reflexionar sobre los hechos, no solo estamos dando cuenta de un tipo
de interpretación de la realidad, sino de un tipo de sujeto inscrito en determinados
juegos de lenguaje y regímenes de discurso que configuran y comparten una gran
episteme. Ésta se muestra como el hilo que recorre la anómala red de dispositivos
disciplinarios mediante los cuales se ejerce el poder: poder que se ejerce desde la
palabra y sobre el cuerpo en los procesos de reconducción de las conductas y de
determinación de las identidades. Las posibles epistemes que se ven interrumpidas o
modificadas a raíz de hechos puntuales en la historia que activan procesos de
resignificación de los conceptos y marcan rupturas de alcance global.
Esto alcanza a ser tan aterrador, en tanto el poder de la palabra y su acción
disciplinadora sobre los cuerpos atraviesa tanto los lugares públicos como los privados.
Desde la estética del consumo y la parodia del marketing político, hasta la pretensión
del reconocimiento de la diferencia y la libertad, mediante la formalidad institucional
supranacional.
Así, el poder desde la palabra y sobre el cuerpo define el límite entre la vida y la muerte
mediante la universalización de valores (sean los de la cristiandad o los de la
30
democracia) e instituciones concretas (como la cruzada medieval o el moderno tribunal
de justicia). En estos actos de enunciación se efectúa la limitación del amigo y del
enemigo: tal declaración define la identidad misma y la supervivencia del sujeto, de
comunidades, de naciones. Tal enunciación define la posición relativa de actores y
agentes de la sociedad supra/trans/nacional.
Pareciera entonces que la narración de la historia, la exaltación de los amigos y de los
enemigos de la humanidad afirmada a través de la palabra, se nos muestra como
condición nemotécnica para que el individuo signifique su existencia a través de las
generaciones. Esta urgencia de memoria discursiva en la configuración dialéctica entre
el hombre-sujeto-individuo y sociedad, ha logrado crear y reproducir una lectura
teleológica de la humanidad que ha presupuesto un proceso cronológico lineal como
marco para concebir el desarrollo progresivo de las sociedades, apreciadas como
civilización.
Así pues, estas estructuras de poder han privilegiado ciertas verdades como criterios
para determinar la normalidad y el deber ser de las sociedades, en el marco de lo
esperado y lo predecible y de acuerdo a la lógica racional (costo/beneficio) implantada
con el positivismo occidental y exacerbada con el modelo capitalista y el tipo de sujeto
que busca producir. De igual modo, la palabra como poder ha logrado crear y
naturalizar peligros y estructurar el miedo como forma de control social, significando el
contenido de lo que representa o puede representar una amenaza.
De manera más específica, es posible constatar cómo el discurso de la democracia
liberal ha sido el sostén ideológico de los procesos de transición de las sociedades
llamadas premodernas al ideal de modernidad civilizada y civilizadora. Tal ideal se ha
extendido como dispositivo de poder universalizador legitimando numerosos y
diferentes procesos históricos de violencia fundadora en virtud de la formación y
consolidación de los Estados Nación.
Este discurso, aún vigente en nuestra sociedad globalizada y posmoderna, ha terminado
implantándose como imperialismo político, económico y sociocultural de la mano del
31
lenguaje jurídico, punto de normativización y consolidación del poder. Dicho lenguaje
jurídico, tantas veces ajeno a la regulación real de la vida social, empero resulta
determinante en la legitimación o la condena del uso de la fuerza. Así el lenguaje
jurídico cumple con las tareas más inmediatas de identificación del enemigo através de
conceptos múltiples.
De manera que la seguridad como discurso y práctica política, permite la
reproducción, articulación y prevención de los distintos conflictos, en tanto se
constituye como una interpretación de hechos como amenazas y peligros, y se
manifiesta como la limitación del amigo y enemigo, desde el discurso hasta la
exterminación física, en donde el discurso activa prácticas y recae sobre las conductas,
mostrándose como el fundamento que regula los modos de entender y ejercer el poder,
pues si bien los contenidos del discurso pueden ser abstractos, sus efectos son muy
reales y materiales, implican movilización de recursos y de fuerza.
El miedo que se promociona de la mano de la configuración de los nuevos enemigos
desconocidos, actúa como dispositivo de control social tal que, permite que el deseo de
seguridad personal y colectiva lleve a admitir la renuncia a las libertades más preciadas.
En consecuencia las expresiones democráticas se anulan y se polariza la confrontación
en bloques cuya decisión recae en la posibilidad de la guerra y de la confrontación
armada. Al igual, el miedo facilita la respuesta al incremento de la seguridad, así sea en
detrimento de derechos y libertades civiles.
Esto permite cuestionar la legitimidad y el alcance de los amplios estados excepción y
de las normas tomadas en la políticas domésticas y exteriores de Colombia y Estados
Unidos, los cuales han modificado los sistemas y políticas de seguridad, donde entran a
jugar nuevos factores estratégicos para reducir al máximo la inseguridad , donde
la“derechización en la resolución de los asuntos internacionales esta acompañada de
la derechización en el manejo de las políticas domésticas”, ( Fazio 2001:33) esto se
evidencia de hecho como con el debatible estatuto terrorista liderado por el gobierno
Uribe.
32
Podemos entonces afirmar que la seguridad es fundamental en lo político y revela la
expresión de la intensidad máxima de los antagonismos que han construido la historia,
de individuos y comunidades, actores que detentan el poder y buscan mantenerlo.
Igualmente, lo político revela su tensión a través de la ambigüedad del concepto de
seguridad, más aún inscrito en el marco de un Estado Democrático liberal, que contiene
la contradicción entre el logro de la igualdad y de la libertad. Expresa aquello que une y
que permite las más sólidas alianzas, así como los más sólidos distanciamientos, la
confrontación y la aniquilación; esta diferenciación – identificación entre el amigo y
el enemigo, es necesaria para comprender lo político y se configura ciertamente, a
través del discurso de la seguridad.
Resulta entonces pertinente indagar por la seguridad, como concepto paradójico sobre el
cual se ha proyectado la legitimidad del supuesto de la democracia liberal, pues se ha
convertido en la marioneta discursiva que legitima la anulación práctica del otro. Es
necesario reestablecer un sistema, no de guerra sino de derecho, y promover el
entendimiento entre comunidades en donde se reconozca la diferencia pero sin la
estrechez del lente occidental y del enjuiciamiento con base en sus escalas culturales de
valores.
Igualmente, debemos seguir preguntándonos por la forma en qué un discurso se
formula y se convierte en acción. En este caso como el discurso de la seguridad
adquiere significado, cuál es el significado que adquiere y cómo se lleva a la acción
política. O sea, cuestionar la correspondencia entre su legis y su praxis; la coherencia
entre los supuestos teleológicos que emanan de un discurso y los efectos
contradictorios que desencadena para quizás hacernos más críticos con respecto a la
misma viabilidad de nuestra sociedad colombiana, en términos de un Estado Nación,
que aún no termina de consolidarse y que se percibe más como un discurso de
subordinación tanto en lo interno como en lo externo que como un proceso socio
político propio y compartido, cuya viabilidad y sostenibilidad se posibilita o se
imposibilita desde el discurso de la seguridad promocionado por el estado. En este caso
desde la Política de Defensa y Seguridad Democrática.
33
4. EL CASO COLOMBIANO:
Dada la panorámica teórica sobre el concepto de la seguridad, y resaltando la
importancia que representa concebir a la seguridad como un acto de habla, es decir
como una práctica discursiva, fruto de una construcción social donde se expresa la
forma en que los hombres se relacionan en términos de amenazas y vulnerabilidades,
podemos ahora retomar nuestra pregunta inicial por la seguridad como discurso y
política de estado en el marco del conflicto armado. Esto obedece a tres razones: la
primera atiende a la urgencia por comprender el discurso de la seguridad del actual
gobierno en el marco del conflicto armado. La segunda busca evidenciar como este
discurso de la seguridad se presenta como marco epistémico a partir del cual es posible
formular y ejecutar una determinada política, como lo es en este caso la Política de
Defensa y Seguridad Democrática de Uribe, y el manejo del conflicto. La tercera busca
dar cuenta de los efectos contradictorios que ha desplegado tanto la formulación del
discurso sobre la seguridad, como la ejecución de la .P.D.S.D. en el manejo del
conflicto armado, en tanto reduce su acción a la recuperación del control territorial,
desatendiendo las causas estructurales del conflicto interno. Por lo tanto, el reflexionar
sobre la seguridad, en el caso colombiano brota de la urgencia por comprender el
impacto que una determinada política de estado tiene en el manejo del conflicto armado.
4.i. Antecedentes del conflicto armado y tendencias
en las políticas en las políticas de seguridad.
La seguridad en el caso colombiano, se ha presentado como una preocupación
gubernamental y social permanente, a lo largo del desarrollo del conflicto armado, al
igual que ha sido un tema muy mediatizado por la opinión pública, siendo expresión
más que de los intereses nacionales, de intereses de grupos de poder a nivel doméstico,
regional e internacional. Esto se debe en gran parte al manejo excluyente del poder por
parte de las oligarquías, característico a lo largo de nuestros gobiernos, y también se
debe a la gran influencia de los conceptos y visiones sobre la seguridad predominantes
en el contexto internacional, como resultado de nuestra posición de subordinación y
dependencia en la periferia del sistema internacional.
34
De manera que al hacer una revisión de los antecedentes de la seguridad como
concepto, discurso y política de estado, como marco para la formulación y ejecución de
determinadas políticas de seguridad que le dieran un manejo al conflicto armado,
encontramos que el término, se ha asociado primordialmente a las políticas de estado
que expresan una posición del gobierno frente a los actores armados considerados
como la “amenaza” o “el enemigo” interno.
Así pasamos de la concepción de Defensa Nacional asociada a la defensa de la
soberanía nacional y a la invulnerabilidad de las fronteras, a la concepción de la de
Seguridad Nacional (F.Leal 1994: 4), promocionada en el ámbito de las relaciones
internacionales durante la Guerra Fría, la cual tuvo sus efectos durante la década de los
sesenta en Latinoamérica donde se instauró la Doctrina de la Seguridad Nacional,
caracterizada por ser un fenómeno regional, caracterizado por un militarismo
suramericano con influencia política y militar de Estados Unidos que compartía el
fenómeno del surgimiento de guerrillas. Está Doctrina permitió así, consolidar la lucha
interna contra las opciones de izquierda y contra cualquier otra forma de oposición que
no aceptara el régimen vigente. Así pues, la confrontación ideológica configuró una
escalada de regímenes violentos generando como efecto el crecimiento de las
organizaciones insurgentes. Posteriormente, la política de seguridad derivó en un
militarismo durante el Frente Nacional, donde se evidenció la ausencia de directrices
civiles en el manejo del orden público, el cual actuaba independiente de las
prerrogativas institucionales ( Leal 2001: Cap.2,3).
De este manejo militarista y a partir de la exclusión política perpetuada con el pacto
consociacionalista del Frente Nacional (1957-1974), se incrementa la conformación de
los grupos guerrilleros, influenciados por los movimientos internacionales de lucha
ideológica contra el capitalismo, respaldaban (aún hoy) sus actuaciones en un discurso
reformista del statu quo en pro del cambio del régimen político, a través de la lucha
armada y de una supuesta apelación a la cuestión social desatendida desde décadas por
el estado. Es así, como mientras las FARC y el ELN se gestaban en la periferia, los
partidos de izquierda eran excluidos en la arena política.
35
En las últimas décadas de los 70 se hace evidente la competencia de poder entre el
estado, los grupos dirigentes y las organizaciones insurgentes, sobre el control de la
población, la economía y el territorio, a la vez que emergen otros grupos guerrilleros y
movimientos políticos, frente a los cuales el Estado reitera el manejo militarista de la
confrontación interna, excluyendo también amplios sectores de la institucionalidad y de
la sociedad.
Esta progresiva autonomía de los militares en el manejo del orden público, alcanzó su
máxima expresión con el gobierno de Turbay y el Estatuto de Seguridad, que generó un
exceso de autoridad de los militares que amparados bajo esta legislación, desató una
cadena de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, las medidas tomadas
reiteradamente como el estado de sitio no fue suficiente para cubrir la “crisis de
autoridad del exceso de libertades” ( Leal 2001: Cap.3) que según los militares se
manifestaba con las expresiones de izquierda, las guerrillas y los grupos de crítica
contra el sistema del político.
Desde entonces, el conflicto armado ha tendido a una complejidad constante, sobre
todo, por la vinculación de los grupos armados con el narcotráfico en la década de los
ochenta y por la consolidación de los grupos paramilitares como actores armados del
conflicto en la década de los noventa.
Al conflicto armado, se ha respondido con políticas de seguridad, que durante sucesivos
gobiernos han mostrado ser de poca continuidad, pues han oscilado en una alternancia
marcada entre un énfasis militar y uno negociador, donde aun en fases de negociación
se le ha dado continuación a la guerra y viceversa, sin mostrar resultados sólidos para la
paz y paradójicamente agudizando la confrontación interna.
Así por ejemplo, pasamos de la política de seguridad de Turbay basada en el Estatuto
de seguridad, a la pacificación buscada por Betancur, que logró resultados parcialmente
frustrados como el intento negociación con el M19, el intento de opción política de la
Unión Patriótica, así como los supuestos éxitos de, un sector del ELN y la Corriente de
36
Renovación Socialista. Al igual pasamos del fracaso de los diálogos de paz con las
FARC del programa de gobierno Cambio para la Paz, de Andrés Pastrana, a la política
de de Defensa y seguridad democrática de la administración Uribe, donde actualmente
se abre en medio de la guerra frontal contra LAS FARC, el proceso de negociación con
las autodefensas Unidas de Colombia AUC.
Vale la pena notar que los últimos intentos negociadores le dieron prioridad a la
desmovilización y a la reinserción en la vida civil antes que a la discusión de los
problemas estructurales del conflicto colombiano. Estos intentos fracasados parcial y
totalmente de las políticas de seguridad y negociación han mostrado también la
incomprensión del conflicto y la falta de manejo del mismo, así como repitieron la
lógica de responder a las políticas fracasadas de negociación, con políticas más duras
que resultaron igualmente inapropiadas para el término del conflicto.
En la actualidad el conflicto armado colombiano presenta una mayor complejidad como
consecuencia de cambios importantes en el contexto internacional y en la política
doméstica, los cuales vertieron en una presión radical sobre los actores tradicionales, así
como en un escenario de polarización extendido en nuevos sectores de la sociedad
nacional y transnacional.
De una parte la internacionalización del conflicto, promovió la lucha contra el
terrorismo y el narcotráfico, como una amenaza compartida regional, hemisférica e
internacional. Igualmente se visibilizaron factores como: 1) La evidencia de la
vinculación de los grupos guerrilleros con el narcotráfico y la consolidación del Plan
Colombia para combatirlos. 2) El estatus de terroristas otorgado por parte de Estados
Unidos después del 11 de septiembre el 2002 a los grupos armados tanto la guerrilla de
las FARC y el ELN como los grupos de autodefensas AUC y el alineamiento doméstico
con la política estadounidense de lucha contra el terrorismo. 3) El alto índice de
violación de derechos humanos, lavado de activos, tráfico de armas. 4) La visibilidad de
los alarmantes efectos sociales del conflicto por parte de organismos multilaterales
Amnistía Internacional y organizaciones no gubernamentales. 5) La dependencia
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estratégica y financiera De las Fuerzas Armadas de los aportes externos. 6) La
promovida política de seguridad, como una de énfasis militar.
A nivel doméstico, el fracaso de los diálogos de paz promovidos durante la
administración Pastrana, aumentó la falta de credibilidad de la nación en el gobierno y
empeoró la situación de orden público, profundizando la crisis de gobernabilidad en el
país. Así se radicalizó a la opinión pública quien empezó a apoyar el discurso del
candidato presidencial, disidente del partido Liberal, Álvaro Uribe Vélez, donde la
discusión de la seguridad giraba entorno al manejo del conflicto y se basaba en la
prioridad de la autoridad sobre la libertad ( LEAL 2003) a través de la recuperación
del monopolio de la fuerza para dar término al conflicto. Así pues, se facilitó la victoria
de Uribe en las elecciones10 de 2002, con un amplio índice de votación y la entrada en
vigor de su programa político anunciado en el Manifiesto Democrático, fue formalizado
en su Política de Defensa y Seguridad Democrática11y en el Plan Nacional de
Desarrollo.
De modo que, el nuevo discurso de la seguridad, en tanto acto de habla o práctica
discursiva, se configura de una parte mediante la formalización del texto de la Política
de Defensa y Seguridad Democrática, publicado por la Presidencia de la República y el
Ministerio de Defensa Nacional. De otra parte se configura a través de los distintos
pronunciamientos y declaraciones del gobierno frente al tema, donde el presidente
Uribe se muestra como el principal orador que activa el discurso de la seguridad.
10 Ver RODRIGO PARDO 2004: 1 “Uribe obtuvo la victoria electoral con el 53% de los votos a su favor – Su campaña electoral giró entorno al tema de la guerra y de un “línea dura” en su programa político apoyado por el electorado.-Ponencia Rodrigo Pardo – Subdirector del tiempo- “El Primer año del Gobierno Uribe: dimensiones políticas económicas y de seguridad” 11 La última versión del documento “La Política de Defensa y Seguridad Democrática” fue publicado el 16 de junio del 2003 elaborado por la presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional.
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4.ii. Descripción de la Política de Defensa y Seguridad Democrática
Desde su campaña presidencial, Uribe activa un nuevo discurso de la seguridad
basado en la autoridad y la lucha contra los violentos. Así, ya desde el Manifiesto
Democrático, emitido por Uribe, encontramos los lineamientos de una nueva
concepción de la seguridad y de la nueva política de Defensa y Seguridad
Democrática. Este manifiesto consigna 100 puntos que posteriormente serán retomados
en la formulación del documento oficial de la P.D.S.D.
Dicho Manifiesto Democrático consigna 100 puntos en los siguientes títulos: La Colombia que quiero/ Hacia un Estado Comunitario/Reforma Política y Administrativa . Lucha contra la Politiquería./Lucha contra la corrupción./Seguridad Democrática/En busca de la Paz. /Confianza erradicación de la miseria y justicia social./La Revolución Educativa./Salud para los pobres/Cooperativismo herramienta fundamental/El campo y la seguridad alimentaria/Servicios Públicos./Vocación Empresarial./ Empleo y Vivienda./Transporte e Infraestructura./Relaciones Internacionales./Un gobierno serio, eficaz y honrado, no milagroso.
De estos vale la pena resaltar cómo mediante su discurso se promociona como el vocero de la sociedad colombiana, capaz de tomar las riendas del estado en función de los intereses y el bienestar de la nación. Así vemos:
“Sueño con una Colombia en la que todos podamos vivir en paz , resolver nuestras diferencias pacífica y creativamente, gozar en familia…sentir con ilusión que nuestra Patria nos pertenece…. Una Colombia con autoridad legítima y cero poder para los violentos ( 2)Sueño con un país democrático en lo político y en lo económico (3) Sueño con un estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería.. (4).“Colombia sin guerrilla y sin paramilitares. La autoridad legítima del estado protege a los ciudadanos y disuade a los violentos.” (26)“El presidente dirigirá el orden público como corresponde a una sociedad democrática (30).“ Necesitamos un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura y el allanamiento” ( 33)
Así pues, el Manifiesto Democrático se presenta como antesala de la "política de
defensa y seguridad democrática" , la cual se planteó como un plan integral de
consolidación del control del Estado sobre el territorio nacional, y como garantía de la
seguridad de la población, donde la posición del gobierno está orientada hacia una
guerra frontal en contra de los actores armados que no estén dispuestos a negociar según
los términos anunciados por el gobierno.
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La Política de Defensa y Seguridad Democrática es el documento marco mediante el
cual el gobierno nacional determina los objetivos y estrategias para llevar a cabo una
política conjunta e integral entre los poderes del estado orientados a reforzar y
garantizar el Estado de derecho en Colombia. 12 Para esto fija como prioridades la
recuperación del control estatal en todo el territorio y la protección de la población civil
que junto con propósitos como la cooperación, la solidaridad, la eficiencia, la
austeridad, la transparencia , la juricidad, la multilateralidad, la corresponsabilidad,
la acción coordinada del Estado, y la posibilidad de la negociación, se muestran como
la esencia de la seguridad democrática.
Dentro de las disposiciones de este plan, se identifican los enemigos sobre los cuales
versan las estrategias, tales como el terrorismo, la guerrilla y el crimen organizado.
Además se determina como amenazas que atentan contra la nación no solo el
terrorismo, sino el negocio de drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas,
municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión y el homicidio. Para el logro de
dichos objetivos y la reducción de dichas amenazas, el documento plantea cinco
objetivos estratégicos como son la consolidación del control estatal del territorio, la
protección de la población, la eliminación del comercio de drogas ilícitas, el
mantenimiento de una capacidad disuasiva del estado y eficiencia, la transparencia y la
rendición de cuentas. (Presidencia de la República- Ministerio de Defensa- 2003).
De igual modo establece también 6 líneas de acción: coordinar, fortalecer, consolidar,
proteger, cooperar, comunicar. A. Coordinar la acción del Estado: mediante un Consejo
de Seguridad y Defensa Nacional como instancia donde el presidente coordina
ministerios y Fuerza Publica B. Fortalecer las instituciones del Estado C. Consolidar el
control del territorio nacional D. Proteger a los ciudadanos y a la infraestructura de la
12 De alguna manera el documento gubernamental nos recuerda anteriores estrategias que pautaron la gestión militar como el "Plan Lazo", diseñado en 1964 para alcanzar la pacificación del país; el "Plan Andes" que en 1968 contemplaba tres etapas en la guerra contra-guerrillera; el Manual Provisional para el Planeamiento de la Seguridad Nacional (1974); la "Estrategia Nacional contra la Violencia de Cesar Gaviria (1991); y el Plan Colombia de Andrés Pastrana, que ha propiciado la mayor ingerencia militar extranjera en la historia nacional (1998), con una inversión militar norteamericana cercana a los 2100 millones de dólares en el periodo 1998-2003.)
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Nación. E. Cooperar para la seguridad de todos. F. Comunicar las políticas y acciones
del Estado13.
En la parte final plantea una matriz de responsabilidades institucionales basada en la
relación entre los objetivos estratégicos específicos y los ministerios, los departamentos
administrativos ( DAS, DNP, DANE), los programas presidenciales como:
anticorrupción, red de solidaridad, derechos humanos y DIH, Colombia Joven, Plan
Colombia, y la Procuraduría, Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura y Medicina
Legal.
Vale la pena resaltar que este plan contempla ciertas mediadas como: la destinación de tres (3)
billones de presupuesto adicional para la guerra con el impuesto del 1,2% sobre el patrimonio;
la creación de la red de un millón de informantes; la creación de las Zonas de Rehabilitación; la
conformación y dotación de las cuatro nuevas brigadas móviles y de los batallones de alta
montaña; además la consolidación de unidades de soldados campesinos y la conformación de
doce grupos de anti-terrorismo urbano. Fortalecimiento y aumento de las Fuerzas Armadas, de
Policía y de inteligencia del Estado; adquisición de armamentos sofisticados; creación de
Fuerzas Especiales antiterroristas y de Asalto. Para todos estos grupos, se destina una
importante partida para la dotación de equipos y tecnificación en sus operaciones. Este
programa además da a las Fuerzas Armadas un papel protagónico, pues en tanto representan la
coacción del estado, deben liderar la lucha contra los violentos. De aquí que se haya empezado
a combinar la doctrina de la guerra de baja intensidad en lo social, con estrategias de guerras
convencionales, además de incorporar nuevas modalidades de guerras y de actores, que
despliegan estrategias diferentes de la mano de nuevas tecnologías14 y los apoyos externos
estratégicos, militares y financieros. 15
14 Según lo anota Castells en Galaxia Internet. p.184, Plaza y Janes Editores, S.A., Barcelona, 2001. 15 Dentro de esta nueva tecnología se encuentra equipos como los como los swarming o sistemas de combate en enjambre7, basados en el uso de pequeñas unidades autónomas, previstas de gran poder de fuego, un buen entrenamiento e información en tiempo real, lo que representa un cambio radical frente a las concepciones militares basadas en despliegues masivos de capacidad artillera, armamento blindado, grandes concentraciones de tropas y organización del ejercito en cuerpos, divisiones, brigadas y batallones de gran envergadura como los de montaña, francamente inútiles. En DUQUE Horazio- The Mail Archive- en ANNCOL Marzo del 2003.
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Además dicha política contempla otras medidas como: Un paquete de medidas
económicas ordenadas por el FMI, que obligan a realizar ajustes a la economía,
especialmente en el área fiscal y mediante la eliminación de entidades controladoras
del Estado, recorte de presupuestos para cuestiones sociales, debilitamiento y reducción
del Parlamento, y la entrega incondicional de importantes recursos y sectores
estratégicos de la economía colombiana a las transnacionales.
4.iii. El discurso de la seguridad en la P.D.S.D
El discurso de la seguridad se presenta como un acto de habla por parte del presidente Uribe, en
tanto el presidente es el que formula un discurso sobre la seguridad, donde expresa una
interpretación del conflicto armado, de la realidad colombiana, de los deseos e intereses de la
población colombiana y de las amenazas y enemigos que atentan contra la existencia tanto del
estado, como de la población. Este discurso presenta el concepto de la seguridad en función del
concepto de la democracia, por lo cual la seguridad se muestra como el medio o la herramienta
que debe usar el estado para posibilitar las libertades y derechos que encierra la democracia. Al
igual se muestra como una responsabilidad estatal para posibilitar la materialización de todos
aquellos valores principios y fines que encierra la democracia. De aquí que el discurso sobre la
seguridad siempre se presenta enmarcado dentro de los valores que permiten proyectar una
visión de sujeto colombiano, una visión de sociedad pacífica, y una visión de un estado en
función del bienestar social. Asimismo la democracia se presenta como una posibilidad que
emana de la vigencia de la ley, y en este sentido del ordenamiento jurídico. Sin embargo, aún
cuando la democracia y el Estado social de derecho, sean el sostén ideológico de la política
gubernamental, la seguridad aparece como el concepto prioritario sobre el cual el gobierno
debe centrar sus acciones.
Ahora bien, este concepto de seguridad, se concibe como producto de la “autoridad”, es decir
como producto del monopolio de la fuerza por parte del estado, no solo para la recuperación
del control territorial, sino como respaldo para que las instituciones puedan ejercer su función.
Es decir que la autoridad por parte del estado, quien tiene la competencia y poder sobre el
control de la fuerza, resulta ser la garantía y el medio para posibilitar la democracia y todos los
fines que en ella se consagran. En tanto el referente de la seguridad es consagrado como la
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población civil y el estado, las amenazas se conciben como aquellas que atentan contra éstos y
por ende el discurso de la seguridad implica la movilización necesaria por parte del estado
para controlarlas. Así las medidas del gobierno son justificadas, como medio para restablecer la
autoridad y posibilitar la democracia. En este sentido la seguridad se concibe recuperación del
control y de la autoridad, respaldado en el uso de la fuerza.
“Recuperar el orden y la seguridad, requisito cardinal para la vigencia de las libertades y los derechos humanos, es preocupación central de este gobierno”
“La lucha es de la soberanía de los Estados y de las naciones democráticas contra la soberanía del terrorismo. La lucha es de todos contra el terrorismo”
Sin embargo, aun cuando se planteen diversos tipos de amenazas que atentan contra la
población civil y contra el estado, en el documento formal de la política P. D.S.D y en las
diversas declaraciones del presidente Uribe, se enfatiza al terrorismo como la principal
amenaza. En este sentido la visión de la seguridad, se restringe a la dimensión del uso de la
violencia y como tal, a sindicar a los actores armados del conflicto como el gran enemigo de la
nación. De manera que se asume un enemigo común centrado en los grupos armados vistos
como terroristas, y cuya doblegación se concibe como el objetivo de la seguridad. Por ende la
seguridad se reduce al control exacerbado por parte de la autoridad.
“La Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía y la exclusión política. No hay contradicción entre seguridad y democracia… pero hay que trazar una línea entre el derecho a disentir y la conducta criminal Frente al terrorismo sólo puede haber una respuesta: derrotarlo…. Los colombianos no cederemos ante esta amenaza”. (Texto P.D.S.D. Carta del Presidente junio 16 2002)
En consecuencia vemos que la P.D.S.D. enmarca la seguridad en un conjunto de valores y fines
homogenizados, pero reduce su aplicación al ámbito militar o coercitivo y polariza la sociedad
en función de una interpretación dicotómica del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, del
enemigo o del estado. De aquí que el discurso de la seguridad aún cuando sea promocionado
de la mano de la democracia, se base en mecanismos de defensa y control, promoviendo
explícitamente en los escenarios de confrontación militar y tácitamente en los diversos sectores
de interacción de la sociedad, el miedo y el terror. Así el enemigo no se reconoce sino se
excluye y se somete. Al igual la seguridad resulta ser un acto de habla que impone una
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delimitación del enemigo, sin que esta sea fruto de una construcción social. Por ende, el acto de
habla de la seguridad, despliega prácticas discursivas que refuerzan el imaginario del conflicto
y de la nación es impuesto por el gobierno, y abren el camino para que las políticas que formula
el gobierno sean ejecutables.
En este orden de ideas y para corroborar la idea inicial, el discurso de la seguridad en
la P.D.S.D. de Uribe, se presenta como un acto de habla personalizado en la voz del
presidente, quien se muestra como un sujeto cercano a la población, conciente de los
sufrimientos y anhelos de ésta, sensible y a la vez radical, capaz de generar por medio
de sus palabras, un imaginario de unidad nacional en tanto homogeniza las diferencias
de la sociedad alrededor de valores universales que promociona como compartidos. Así
pues, desde la seguridad como autoridad, el estado promociona su capacidad de
gobernabilidad, credibilidad, legitimidad y viabilidad.
Esto lo podemos corroborar con los siguientes apartes del texto de la Politica de
Defensa y Seguridad Democrática publicado por la Presidencia de la República y el
Ministerio de Defensa.
Carta Introductoria del presidente de la república, Álvaro Urbe Vélez,
Este documento, pone en primer plano la defensa por los derechos humanos, y concreta
la seguridad como lucha contra el terrorismo y el crimen. Establece la solidaridad como
el principio que debe integrar y relacionar la Fuerza Pública, la Ciudadanía y la
constitución. Al igual impone la corresponsabilidad en el manejo de la seguridad y de
la lucha contra el terrorismo. Le da todo el peso a la Fuerza Pública y prepondera el uso
de la fuerza sobre la defensa de las libertades. Pone la salida al conflicto en términos de
doblegación, planes de desmovilización.
“Cuando la Política de seguridad Democrática desarrolla una política para eliminar el secuestro, está defendiendo al pueblo y las garantías sociales básicas…..Para que sea sostenible nuestra demanda permanente de apoyo a los ciudadanos, para que paguen sus impuestos con convicción, para que los soldados y los policías estén acompañados permanentemente por el ánimo popular……Solidaridad entre los ciudadanos y con la Fuerza Pública…..Requeremos de eficacia y transparencia. Eficacia que se mide en resultados y transparencia que se mide en la observancia de los derechos
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humanos………Recuperaremos la seguridad de nuestros ciudadanos sin limitar sus libertades”. Carta del presidente 16 de junio de 2003 publicado en el texto de la P.D.S.D.
Discursos y Declaraciones de Uribe
Bogotá, 15 de agosto de 2002 ( Extraído del Ministerio de Defensa portal en internet) “La Seguridad Democrática es para todos los colombianos. Para que no desplacen a los campesinos de sus parcelas; no secuestren a los empresarios; no amedrenten a los periodistas; respeten la misión de los obispos, sacerdotes, monjas, pastores de culto, educadores. Para que los sindicalistas ejerzan libremente su acción; los dirigentes políticos se desplacen sin temores; los defensores de derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas. Debemos trabajar 2 ejes: Recursos y Resultados.Nuestros compatriotas han aceptado, con una voluntad sin antecedentes, pagar un impuesto de un punto del Producto Interno bruto, 2 billones de pesos aproximadamente, para apoyar a la Fuerza Pública. Esta acción estará enmarcada en los siguientes elementos:
1. Transparencia. Ustedes honrarán el buen nombre de la Patria con la observancia rigurosa de los derechos humanos. Sin estos puede haber apaciguamiento, pero nunca habrá reconciliación. La acusación justa será sancionada sin vacilación. Ustedes, que llevan las insignias y las armas de la República, tienen que dar ejemplo en la lucha contra la corrupción. Ese ejemplo se dará en los contratos, compras, en los impedimentos para evitar conflictos de interés.
2. Eficiencia. La seguridad de los ciudadanos exige que la tropa esté siempre cabalgando sobre el lomo de la iniciativa. Debe llegarse a tiempo a los municipios, por aire, tierra o en camioncitos, y así evitar la toma destructora, el asesinato de los policías o la masacre de civiles. Los mayores riesgos que tome la Fuerza Pública harán entender a los violentos que sus acciones implican para ellos verdaderos riesgos. En consecuencia, la iniciativa de nuestras tropas será disuasiva y llegará un momento de mayor seguridad para los mismos policías y soldados.
3. Austeridad. La seguridad y la inversión social requieren más recursos. El problema es de ingresos y de ahorros. El Referendo propuesto es el principio de ahorro para dar ejemplo y trasladar más de $ 300.000 millones a la educación.
La Reforma Administrativa apuntará para derrotar el Estado Clientelista y Burocrático y construir el Estado Social que de confianza al ciudadano. La Presidencia de la República será austera. La Fuerza Pública será austera: en personal civil de administración será el mínimo requerido; las oficinas no estarán saturadas de integrantes de las fuerzas, cuya presencia se reclama en las calles y en los campos; la representación y el ceremonial serán sobrios y mínimos; las comisiones al exterior, que en medio de las privaciones hacen parte de los estímulos y la formación, deben reducirse y en este momento de emergencia nacional, muchos deben regresar de las embajadas a la primera línea de protección ciudadana.
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4. Coordinación. En todo el territorio nacional se demanda permanente coordinación con los fiscales y jueces. Debemos respetar la justicia como elemento tutelar de nuestro Estado y las acciones de la Fuerza Pública deben coordinarse con quienes la administran. Se demanda coordinación entre todas las fuerzas, que ninguna proceda aisladamente. La coordinación además se requiere para que haya eficiencia y transparencia en las compras, buen análisis y acertado uso de la recolección de inteligencia, y la mayor productividad en recursos tan sensibles como la aviación.
5. Juridicidad. Todas las actuaciones deben darse en el marco de las normas jurídicas. Avanzaremos en la Conmoción Interior con decretos que faciliten su actuación, sin afectar las libertades ni las garantías ciudadanas. En la misma dirección propondremos modificar algunos artículos de la Constitución, una ley de Seguridad Nacional y una reforma a la justicia que la acerque más al ciudadano y la agilice. Requerimos un Ordenamiento Jurídico moderno contra la violencia.
6. Cooperación. Restablecer el orden público es tarea del Estado en su dimensión integral, que impide la exclusión de institución alguna y obliga el compromiso adicional de la totalidad de los ciudadanos. Necesitamos que todas las personas cooperen con la Fuerza Pública. Cumplamos la meta inicial de organizar un millón. Dicha cooperación debe ser institucional y voluntaria. Institucional con la dirección de la fuerza pública y el control de los organismos competentes.
La cooperación requiere confianza de la ciudadanía. La confianza se adquiere con buen trato y eficacia. Que el campesino, el obrero, el empresario, sientan trato amable de la Fuerza Pública. Que el ánimo de cooperar se estimule con la reacción oportuna y eficaz.
Continuaremos en la búsqueda de incrementar la cooperación internacional para nuestra Fuerza Pública.
Nuestra actuación será de frente y con las cartas sobre la mesa. La comunidad nacional e internacional está invitada a supervisarla. La Fuerza Pública con ninguna organización comunitaria será hostil, pero no habrá lugar del territorio excluido de su protección.
La Fuerza Pública constituye el elemento coercitivo de la Constitución para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos. No es un actor de guerra ni de conflicto y no debemos permitir que se le iguale a grupos violentos.
Discurso del Presidente Álvaro Uribe Vélez, durante la ceremonia de Reconocimiento por parte de Las Fuerzas Militares Bogotá, 15 de agosto de 2002. “(…) Nuestro concepto de Seguridad Democrática tiene una comparación y un objetivo. La seguridad no es para perseguir verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos, tampoco para sustentar un régimen de partido único. La seguridad es para proteger a todos los ciudadanos en una Nación pluralista, abierta al fraterno debate creativo. La Seguridad Democrática es para todos los colombianos. Para que no desplacen a los campesinos de sus parcelas; no secuestren a los empresarios; no amedrenten a los periodistas; respeten la misión de los obispos, sacerdotes, monjas, pastores de culto, educadores. Para que los sindicalistas ejerzan libremente su acción;
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los dirigentes políticos se desplacen sin temores; los defensores de derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas”
Discurso del presidente Uribe en noviembre 20 /2003, durante el “Seminario sobre seguridad y libertades individuales en Colombia”. (CNE)
““La tensión dialéctica entre el bien colectivo de la seguridad ciudadana y los derechos individuales -tema de este Seminario- amerita ser repensada, sobre todo cuando ella se plantea en el entorno de sociedades sitiadas por una criminalidad desafiante, o de una comunidad mundial amenazada por el terrorismo globalizado.
A este propósito es preciso, entonces, rescatar el contenido democrático del concepto seguridad; entenderla como la posibilidad real de todo ciudadano al goce tranquilo e imperturbado de sus derechos a la vida, a la integridad, a las libertades físicas y espirituales, al trabajo, la recreación y demás ámbitos de desarrollo personal.
La Seguridad Democrática es un conjunto integral de estrategias para recuperar el orden, en cuanto éste constituye el presupuesto ineludible para la vigencia real de los derechos y libertades fundamentales. Contrario a las anteriores estrategias de seguridad que recorrieron el continente de signo autoritario, que hacía de una opción ideológica o un partido político el enemigo interno, nuestra política de seguridad democrática, en cambio, predica que todos los discursos son bienvenidos en una democracia.
El problema que pone a prueba a las democracias de hoy, es como armonizar esa confianza en los ciudadanos, que hace posible el régimen de libertades, con las amenazas del terrorismo y el narcotráfico, que se aprovechan y abusan de tal sistema garante.
Ningún derecho fundamental hemos suspendido. La prensa sigue siendo libre y no sometida a censura alguna, el debido proceso continúa intangible en su núcleo esencial, los derechos de reunión y manifestación gozan de plena garantía, al igual que la independencia de jueces y fiscales para cumplir sus funciones.
Ante la gravedad del drama humanitario que vive el país, sólo remedios extraordinarios permitirán restablecer el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado. Con base en los poderes de excepción hemos decretado, entre otras, medidas tributarias encaminadas a fortalecer la capacidad disuasoria de nuestros cuerpos coercitivos; medidas judiciales para quebrar el poderío económico que alimenta a los grupos ilegales, y medidas procesales para facilitar la captura y judicialización de los delincuentes.
La facultad para que las autoridades de las zonas de rehabilitación y consolidación, condicionen el tránsito, por ciertos sitios, a registros previos, no impide a ningún ciudadano honrado su derecho de locomoción. Todo lo contrario: le asegura su derecho a circular sin ser objeto de agresiones por parte de la delincuencia. En una sociedad sitiada por el terrorismo, es natural que el ciudadano deba soportar ciertas cargas e incomodidades, siempre y cuando no sean excesivas, gravosas o desproporcionadas, y estén inequívocamente enderezadas a salvaguardar bienes de igual rango axiológico.
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Con todo, en esta materia siempre será aconsejable redundar en controles y prevenciones. Galvanizar el control inmediato del Ministerio Público, el control parlamentario y abrir las puertas a denuncias y veedurías ciudadanas como agentes de la opinión pública.
Con la tecnificación y refinamiento de los instrumentos de control a los aviesos métodos del delito, evitaremos cargas y molestias al ciudadano. Así mismo, el mejoramiento en inteligencia y la cooperación ciudadana, más que limitación de la libertad personal es mejoramiento de ella.
"No hay ninguna duda de que nuestro pueblo está en mejores condiciones de confianza y seguridad que hace 18 meses. Estamos ganando la guerra contra las FARC, AUC y ELN que son los mayores violadores de DDHH y DIH en las Américas y estamos reduciendo día a día sus posibilidades de atentar contra los colombianos".
La reducción casi total de violaciones masivas de DDHH por el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), gracias a la labor del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) integrado por el Ministerio del Interior y de Justicia, la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, que analizó durante el año 84 informes de riesgo, de los cuales 32 se volvieron alertas tempranas. “
Declaraciones del Presidente Uribe el 30 de enero del 2003 en Tres Esquinas Caquéta.
Quiero llamar hoy a todos los ciudadanos de la Patria a acompañar a la Fuerza Pública. Quiero llamar a todos los soldados, a todos los policías, a todos los integrantes de la Fuerza Aérea, de la Armada, para una reflexión. No más convivir con el problema, no más aplazar la solución del problema, hay que resolverlo ahora. Los violentos han pensado muchas veces en la ofensiva final. Ese es ahora nuestro pensamiento, avanzar hacia la ofensiva final para rescatarle a esta Nación la paz que merece y la paz que requiere.
Quiero dejar en la mente de ustedes nuevamente esta reflexión. Y como tenemos que ser coherentes, entonces tenemos que defender en nombre de los derechos humanos y de las libertades públicas, a la libertad de prensa.
Por eso no ha pasado por la mente de este Gobierno restringir en las normas jurídicas excepcionales o permanentes, la libertad de prensa. Pero los periodistas van a tener que ayudar al pueblo colombiano autolimitándose, evitando su temeridad, comprendiendo que primero está el derecho del pueblo colombiano a rescatar su seguridad que el afán por la chiva periodística.
Claro que nos preocupa el secuestro de los periodistas internacionales en Arauca. Advertidos como estaban por el Gobierno, por los diferentes estamentos comunitarios, hicieron allí presencia y han sido secuestrados por el ELN.
Simplemente, el Gobierno --responsable de que hay que recuperar el orden público, de que no se puede seguir permitiendo el drama para que recobre oxigeno el terrorismo--, tomará todas las decisiones que tenga que tomar dentro del Estado de Derecho y con el
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buen cuidado de mantener en alto la moral de las tropas de Colombia como lo exige nuestro pueblo.
Por lo tanto, aún cuando con la palabra “seguridad” se haya querido encerrar las
diferentes estrategias estatales frente a los actores armados, o aún cuando ésta palabra se
halla usado para atender a las garantías que el estado busca ofrecer a su población, su
contenido, significación y comprensión resultan todavía muy vagos, pues se presenta
como amalgama, o combinación de diagnósticos parciales e interpretaciones inmediatas
sobre coyunturas nacionales, sin contexto no análisis, que por ende no ayudan a la
comprensión del conflicto colombiano.
En la práctica, la aplicación del plan de seguridad, para el logro de sus objetivos
democráticos, ha propuesto iniciativas para el cierre de personerías y otras oficinas
dedicadas a la atención de problemas sociales y de derechos humanos y ha incluído
además, reformas a la Fiscalía, a la Procuraduría, y también a los ministerios públicos,
en favor de un margen más amplio del Poder Ejecutivo.
5. Ejecución y los efectos contradictorios durante los primeros 18 meses de vigencia
de la P.D.S.D.
Al indagar por la ejecución y resultados de la P.D.S.D. encontramos varios factores.
- La puesta en marcha de las medidas anunciadas por el ejecutivo, independiente
de cuáles sean, han estado acompañadas por un discurso reiterativo del
presidente, donde se recalcan los objetivos del gobierno en función de los
intereses nacionales, del bien común, y de ideales y valores éticos, los cuales
refuerzan el imaginario de estado y de nación y donde se presenta la decisión
del gobierno como la mejor y la más consecuente con las necesidades del país.
- La ejecución de la política se da ha dado a conocer mediante la publicación
de cifras oficiales y la transmisión del desarrollo de sus tareas donde él está
presente y da una aparente rendición de cuentas a la sociedad, a través de los
medios de comunicación. Ejemplo: los consejos comunales, los consejos de
seguridad, las declaraciones y pronunciamientos en los diferentes sectores de la
sociedad y frente al manejo de asuntos diversos en materia y competencia, pero
49
siempre llevando las especificidades de los temas tratados a los valores y
objetivos generalizados por el gobierno.
Al buscar evaluar la ejecución de la P.D.S.D encontramos que se abre una discusión
entorno a los resultados inmediatos del gobierno frente a las metas prioritarias
propuestas en su plan de gobierno y los costos sociales que tienen efectos a mediano
y largo plazo. Los primeros tienden a ser resultados publicados con base en cifras e
índices, que publican tanto entidades oficiales como medios de comunicación los
cuales no dejan de ser manipulados y generan un alto impacto en la interpretación de la
ejecución del gobierno en la opinión pública, que despliega sus juicios a partir de datos
cuantitativos. Por esto resultan inútiles para la comprensión del conflicto. Y la validez
de sus fuentes es cuestionable.
La ejecución de dicha política ha traído resultados contradictorios pues a pesar de que
algunas medidas hayan permitido recuperar la gobernabilidad y eficacia del Estado en el
algunas zonas del territorio nacional, sus costos sociales han sido muy altos y sus afán
de resultados a develado los complejos problemas estructurales y administrativos del
Estado, además de evidenciar su alto impacto en la dinámica que cobra el conflicto
armado, donde los efectos a mediano y largo plazo aún no se han dimensionado.
Dentro de los resultados publicados por el ministerio de defensa nacional, encontramos
que la seguridad se ve medida con índices sobre el aumento del control del territorio,
aumento en las deserciones, disminución de homicidios, todos estos datos que atienden
a la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del estado y los éxitos en la
doblegación de los insurgentes.
Todos estos indicadores sin lugar a duda deben ser evaluados cuidadosamente por el
papel que juegan en reforzar un imaginario de conflicto de causales y de medición del
mismo, inapropiadas. Asimismo debemos reflexionar sobre la correspondencia entre la
medición que se usa para los conceptos parte de los objetivos de la política de seguridad
y proponer indicadores para dicha política de seguridad que sean más proposititos.
50
En este sentido podemos retomar a Hernando Gómez Buendía, cuando expresa que
resulta extremadamente complejo el fundar los criterios o análisis políticos con base en
cifras, ( Gomez Buendía 2004: 24) dada la insuficiente validez de sus fuentes, la falta de
cubrimiento nacional para obtener los datos y lo manipulable de la información.
Desde la vía de la evaluación gubernamental de los resultados de la P.D.S.D con base
en los logros del gobierno, podemos retomar el “Balance Global Anual sobre las
políticas del gobierno frente al conflicto” el cual evalúa las medidas del gobierno frente
al conflicto social y bélico. Dos factores genéricos se resaltan del gobierno en curso:
a- La popularidad del Presidente presenta una estrecha relación con los éxitos logrados
en el campo militar. b- La mayor seguridad, a su vez, ha incidido positivamente sobre el
clima de inversión y el crecimiento económico, validando el esfuerzo económico
necesario para lograrla. Además resalta éxitos como los beneficios de los Consejos
Comunales de Gobierno, el avance del proceso de desmovilización, la legislación del
estatuto antiterrorista, las reformas tributaria y pensional y deja un aparte para la crisis
dentro de las Fuerzas Militares y dentro de la Policía Nacional.
Este balance hace una lectura de La Política de Defensa y Seguridad Democrática,
como la base de una verdadera política de estado que ha logrado materializar resultados
como: Recuperación de importantes índices de control territorial en materia de
seguridad y asistencia. Nuevos niveles de legitimidad como consecuencia de su eficacia;
estabilización y recuperación del crecimiento económico como efecto de la elevación de
los índices de seguridad y confianza; reducción de las tasas de desempleo, mediante la
generación de nuevas fuentes de empleo; reducción del aparato burocrático del Estado,
en beneficio del saneamiento de las finanzas públicas. Elevación de los cupos en la
educación pública y ampliación de la cobertura del SENA; elevación de los niveles de
cooperación regional con los países de la Comunidad Andina frente a la amenaza del
terrorismo y el narcotráfico; reducción del narco-cultivo, mediante los programas de
erradicación, en afectación directa de las finanzas de las agrupaciones terroristas ;
desmovilización de un importante contingente de actores armados, por vía individual y
colectiva.
51
Estas generalidades las deduce el Balance al sostener como éxitos en los distintos
campos: En lo político: Los Consejos Comunales de Gobierno, sin duda, se
constituyeron en el instrumento de visibilidad de la gestión del gobierno, muestra del
ejercicio de la democracia directa con incidencia en la credibilidad del Ejecutivo, y en
la aceleración de las políticas descentralizadas de Gobierno en beneficio de la celeridad
y transparencia administrativa.
El proceso de desmovilización iniciado con los grupos de autodefensa, que pese a los
obstáculos, las críticas y la imposibilidad a corto plazo de aprobar una ley de
alternatividad penal, como instrumento jurídico para la reinserción, puede dar buenos
resultados en materia de reducción de la violencia.
En el campo legislativo, el Ejecutivo logró un estatuto antiterrorista que suministra
importantes instrumentos a las autoridades administrativas para prevenir el terrorismo.
También se lograron algunas reformas a la política. Las reformas tributaria y pensional,
aún cuando no responden plenamente a las necesidades reales del país, posibilitan
sobrellevar, en el corto plazo, la crisis fiscal.
De otro lado se dio una controversia entre el Ejecutivo y algunas ONG, hecho que se
cumplió en varias etapas: 1) el Presidente las compele a definir su postura frente al
terrorismo, 2) la comunidad internacional reclama mesura del ejecutivo frente a estas
ONG, y 3) la ONU en su 58 Asamblea General reafirma su apoyo a la Política de
Defensa y Seguridad Democrática, al tiempo que reclama la protección de las
expresiones democráticas de las ONG y los movimientos defensores de los Derechos
Humanos.
El impulso que el Presidente Uribe le ha dado a las PYMES se ha constituido en un
importante avance para la economía del país, ya que estas empresas están a la
vanguardia en la exportación y generación de empleo. Las medidas fomento a las
PYMES y de flexibilización laboral son fundamentales para lograr un crecimiento
económico vigoroso, única esperanza para reducir el índice de desempleo, tasa que,
aunque ha tenido una mejoría de más de un punto, sigue siendo extremadamente
elevada .
52
Las Caravanas Vive Colombia surgieron como respuesta a la necesidad de incentivar el
turismo doméstico nacional, de manera que el empleo formal e informal dedicado al
turismo se ha visto fortalecido y la imagen internacional de Colombia como destino
turístico es distinta a la de hace unos años, donde se muestra que la ocupación hotelera
creció en el año un 7%.
El Plan de Desmovilización y Reinserción, arrojó importantes resultados, como quiera
que posibilitó la resocialización de más de 3.000 actores armados, además de las
desmovilizaciones colectivas que se dieron con las autodefensas ilegales. Ello tiene un
alto impacto en la reducción de la capacidad bélica de las organizaciones terroristas.
El Informe también reconoce la implementación exitosa de un Plan de Campaña que en
su primera fase cumplió con los objetivos trazados: rompimiento de de los corredores
estratégicos y destrucción de la infraestructura y dispositivo de las FARC en el Centro
de Despliegue Estratégico (CDE) que esta organización había consolidado alrededor de
la Capital de la República, al punto que se erosionó su concentración dispuesta como
elemento estratégico para la ejecución de una ofensiva sobre el centro de poder
nacional. Se obligó a las FARC a replegarse con una incidencia directa en la pérdida de
la iniciativa en la maniobra, obligándolas a una dispersión sin precedentes y a recurrir al
terrorismo como única forma de lograr, a su juicio, un impacto estratégico en lo
político.
Se conformaron nuevas Unidades especiales e las Fuerzas Armadas, de choque con
mayor capacidad de movilidad y maniobra. Cada División fue dotada de una Brigada
Móvil, unidades que se suman a la Fuerza de Despliegue Rápido, que opera en cualquier
lugar del país. Las Brigadas, a su vez, cuentan con varios batallones de contraguerrilla.
Estas unidades no tienen jurisdicción específica y pueden ser concentradas donde lo
requiera el respectivo comando.
Dentro del campo de acción que permitió el entorno jurídico y constitucional se
establecieron zonas especiales para acelerar la recuperación territorial de áreas
profundamente afectadas por la incidencia subversiva (Arauca y Montes de María), lo
que permitió reversar el desarrollo de estas organizaciones.
53
Es necesario resaltar los efectos contradictorios de los objetivos que el plan de gobierno,
y por ende las consecuencias generadas con las medidas tomadas para incrementar la
Seguridad Estatal que vierten en el recrudecimiento del conflicto armado y el
incremento de los costos sociales.
Desplazamiento Forzoso
El documento presentado en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sobre la
situación del Desplazamiento Forzoso en Colombia,16 registra el desplazamiento
forzoso de cerca de 3 millones de Colombianos en los últimos 15 años, incrementado en
el 2003 en promedio en cerca de 353.120 víctimas de esta violación integral de derechos
humanos. Detrás de esta tragedia humanitaria, que aumenta cuantitativa y
cualitativamente desde agosto del 2002 se expresa la extensión de las violaciones de
derechos humanos a través de la consolidación de una estrategia política de persecución
supuesta a las guerrillas y a la insurgencia- paradójicamente a través de las mismas
violaciones de derechos humanos a través de estrategias militares, jurídicas, medidas
políticas de involucramiento de la población civil en el conflicto armado.
Las cifras sobre el desplazamiento en el último período reflejan, índices alarmantes de
ataques contra la población civil, el aumento de los patrones de agresión y de control, y
la repetición de las mismas operaciones armadas, manifiestan que la ausencia de justicia
se convierten en garante y en aval de nuevos desplazamientos forzosos. Es preciso
resaltar que el desplazamiento forzoso es una violación integral de los derechos
humanos, de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Violaciones a los Derechos Humanos- Impunidad
Muchas de las estadísticas gubernamentales revelan que las mayores violaciones de
derechos humanos, están relacionadas con el incremento del desplazamiento forzoso, en
cabeza principalmente de las AUC. La impunidad generalizada de los responsables de
16 Ver Informativo- Equipo Nizkor No. 59 Estado "comunitario": la nueva forma del control y del desplazamiento.
54
esta violación integral de los derechos humanos no se ha modificado en este período, lo
que conduce a la repetición de los desplazamientos forzados y a generar condiciones de
riesgos para la población desplazada en su lugar de recepción, de reasentamiento o de
retorno. La consecuente repetición de las violaciones de derechos humanos impiden que
se desarrollen procesos de retorno en condiciones de seguridad y de dignidad, y de
reconstrucción del tejido social con base a procesos de verdad, justicia y reparación
integral.
Restricción De Derechos Fundamentales
Lo grave de esta política de Seguridad Democrática, es que termina va en contravía de
los límites en el derecho de suspensión y de protocolos y pactos internacionales. De
igual modo, se ha ido desencadenando una guerra contra los ciudadanos, expuesta en el
considerando del decreto 2002 de 2002 según el cual "dentro de los principales soportes
de la acción delincuencial de tales organizaciones (grupos criminales) se encuentra, por
una parte, la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil.
Estas medidas buscan la construcción del llamado "Estado Comunitario" donde se
definen líneas de acción en materia de derechos humanos subordinadas a las acciones
militares, de seguridad nacional a través de recuperación militar de territorios, de
atención social en los que el Estado se concibe como poder nacional, afirmando así una
simbiosis entre el Estado y los ciudadanos, sustentando la tesis de los deberes
ciudadanos en relación con la seguridad pública, sin considerar la vulneración del
principio de distinción entre combatientes y no combatientes e inmunidad de la
población civil.17 La construcción de este supuesto "Estado Comunitario" pone en
mayores peligros la población civil, por involucrarla directamente en las hostilidades y
genera una descomposición del tejido social por favorecer un clima de desconfianza
entre los ciudadanos.
Adicionalmente, el Gobierno ha anunciado medidas que buscan desmantelar del Estado
Social de Derecho, lo cual tiene consecuencias nefastas sobre la capacidad de atención
55
integral al desplazamiento forzado, la implementación de las recomendaciones
internacionales y Principios Rectores de los desplazamientos internos y delega la
responsabilidad primaria del Estado de atención integral al desplazamiento forzado a
organizaciones privadas o de la "sociedad civil" como la eliminación de las personerías,
limitaciones a las acciones de tutela, congelamiento del presupuesto de las entidades
públicas.De este modo las medidas jurídicas y políticas resultan ser dispositivos de
control que desconocen las reales causas de la problemática social, tanto como el
respeto de los derechos fundamentales y de las soluciones deliberativas y efectivas.18
Muerte a Sindicalistas
Lo anterior, unido a otros factores sociales, económicos y políticos, son
definitivamente19 elementos de inconformidad y de protesta social. Gran cantidad de
protestas suceden a diario a lo largo y ancho del país. A su vez, centenares de
sindicalistas, de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, han sido
asesinados en los últimos años por adelantar estas luchas democráticas, al punto que, se
ha considerado como una persecución genocida contra los opositores políticos. Según la
Organización Internacional del Trabajo - OIT, más de la mitad de los crímenes
cometidos contra sindicalistas en el mundo, suceden en Colombia.. El año pasado
fueron asesinados cerca de 150 sindicalistas en este país. Varios de estos crímenes
fueron cometidos en presencia de los hijos y familias de las víctimas.
Asesinatos
17 Reconocido en el artículo 3 común los Convenios de Ginebra- ratificado por Colombia. 18 * Pronunciamiento de la Comisión sobre la agudización del desplazamiento forzado y las condiciones de desprotección y violaciones de sus derechos fundamentales de la población desplazada. * Pronunciamiento contra la impunidad y el requerimiento al Estado colombiano, al desarrollo de procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. * Pronunciamiento en torno a la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones internacionales y especialmente de los Principios Rectores de los desplazamientos internos y las recomendaciones del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Personas Internamente Desplazadas.Ver: www. Derechos. Org.
56
La violencia se ha propagado a niveles muy elevados, hasta alcanzar entre 20 mil y 30
mil asesinatos al año, de los cuales, a juicio de numerosos investigadores, más del 15%
son crímenes por razones políticas. En los últimos 15 años, han sido desaparecidas no
menos de 5000 personas, en su mayoría en desacuerdo con el gobierno.
Lamentablemente se registra en la prensa, solo las desapariciones de personas
ampliamente conocidas y destacadas, o miembros de organizaciones respetables. Pero
decenas de crímenes y desapariciones de líderes sociales del común, barriales y rurales,
son casi ignorados. La gran prensa se ocupa esencialmente de denunciar el secuestro.
Este delito, cuyo propósito principal es la extorsión, se ha multiplicado
escandalosamente. En el secuestro participan principalmente las guerrillas, la
delincuencia común, y también agentes del gobierno. En el último período, también se
ha incrementado el secuestro con fines políticos, ejecutado principalmente por las
guerrillas.
De otra parte, podemos considerar que si se tienen en cuenta las expectativas que
despertó desde la campaña electoral al año de iniciado el gobierno del presidente Uribe
no se observan resultados firmes ( LEAL F. 2003: 12) en su política de seguridad,
reforzado con los problemas de economía, crisis fiscal y desempleo, las diferencias con
el congreso y la reforma política.. Es necesario resaltar que no “No ha habido
articulación con una política de paz, pues esta no existe… no se deben llevar a cabo
conversaciones con solo algunos actores”. ( LEAL F. 2003:14)
El hecho de querer resultados rápidos, por parte del presidente, ha causado un error en
tanto no se reflexiona suficientemente sobre el estado crítico de dependencia de nuestras
Fuerzas Militares, ni sobre la necesidad de una política de seguridad nacional que
armonice y fortalezca las relaciones cívico militares en tiempos de paz y conflicto.
De este afán solo se pueden producir reformas parciales o meros intentos que por su
falta de elaboración, profundidad y completitud, se caen en el congreso en las Cortes.
Lo cual muestra que no existe una visión del problema ni de la solución. Es decir no
19 MATTA Luis Alberto “Poder estatal, movimiento popular, y conflicto social-armado en Colombia”.
57
existe visión sobre la complejidad de la estructura, financiación administración y
relación de las Fuerzas Militares con los civiles en el marco de una labor conflicto que
actúe sobre el conflicto y sobre el posconflicto.
De modo que se hace evidente la urgencia por implementar una concepción estatal de
seguridad no solo en su composición interna sino en su posición frente a la guerra
interior y exterior, la cual como lo sugiere ( LEAL 2003:17) debe tener una alta
legitimidad credibilidad confianza respaldo activo de la sociedad.. Dicha confiabilidad
de la sociedad en las instituciones implica también una legitimidad en el manejo del
aspecto fiscal y del gasto público.
Por lo tanto existen numerosas dudas sobre como materializar la P.D.S.D como reducir
los costos sociales y como realmente proteger a la población civil y recuperar la
credibilidad y el establecimiento de las instituciones democráticas de manera legítima
con resultados visibles por todos, al igual que permanece la pregunta por como realizar
la P.D.S.D. en medio del conflicto y sin agotarse e salidas militares con estrategias
dependientes y políticas domésticas subordinadas.
Es allí donde se hace dual el contenido de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática, y donde se retorna a la discusión sobre el manejo de la relación entre
derechos y libertades, el manejo de la autoridad en medio de necesidades
democráticas, la seguridad pública e individual, la seguridad institucional, jurídica, y
social. Es allí donde no se debe incurrir en el autoritarismo para realizar y mantener, la
paz, la democracia y la seguridad.
En nuestra condición de visibilidad, internacionalización y dependencia se hace
fundamental el acompañamiento de una veeduría internacional para la mediación en el
conflicto y el manejo de una agenda conjunta, sin que halla necesidad de intervención
militar ( LEAL 2003: 18).
6. Alternativas para repensar el discurso de la seguridad y el tratamiento del conflicto
armado colombiano.
58
La materialización de la P.D.S.D puede entonces incidir en la viabilidad de un consenso
sobre regulaciones y cambios institucionales que enfrente y le de un manejo político
visible a los problemas fundamentales de la sociedad colombiana, en función de la
reinserción social, la prevención de las amenazas, la educación, la oferta de trabajo, el
impulso de la industria nacional y de actividades legales lucrativas y facilitadas por el
gobierno.
Debe incluir claramente, una reforma agraria y visibilidad en los manejos políticos de
los recursos, seguimiento, control y veeduría sobre la inversión de los recursos, además
de la necesidad de generar una cultura e paz, de la mano de referentes nacionales
compartidos que permitan generar consensos a pesar de las diferencias particulares de
cada grupos social por su condición ideología, creencias etc.
Además la falta de correspondencia entre los medios y los fines perseguidos por la
P..D.S.D. son determinantes en el estado y manejo de las políticas públicas en un
escenario de negociación política que se debe aún tarde y aún se pretenda perpetuar la
lucha armada.
Es necesario que la sociedad civil en todos sus dimensiones y partes se reapropie de la
institucionalidad y redefina el enemigo interno no como un actor personalizado sino
como una lógica social que no beneficia a la nación y que hay que reformular, donde
prevalezca la lógica del diálogo y el consenso y no la de la anulación del otro.
Por lo tanto, los efectos de las inconsistencias deben mirar a mediano y largo plazo, en
donde se atienda a una comprensión del conflicto y de la racionalidad de la guerra, que
permita generar una política de seguridad nacional que antes de sostener los costos y
efectos contradictorios de la lucha armada abierta con los actores, se conjugue con una
política de paz que no permita la reproducción de las causa de la confrontación, aborde
sus problemas estructurales y que relacione la categoría de seguridad democrática como
base de la seguridad humana.
59
Dentro de ese ambiente, el Informe de Desarrollo Humano 1993 del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que está dirigido hacia la participación de las personas en
las actividades y procesos que tienen influencia sobre sus vidas, formula la adopción de nuevo
concepto de seguridad, seguridad humana, que enfatiza en la seguridad de las personas y no de
las naciones. Bajo ese prisma, llama a recortar el gasto en defensa y destinar los recursos
liberados al financiamiento del desarrollo humano; facilitar la conversión de personal militar en
fuerza de trabajo civil; acelerar el desarme mundial, y forjar nuevas alianzas de paz, regionales
e internacionales.
Por su lado, Amartya Sen, Premio Nóbel de Economía 1998, también asigna a la seguridad
humana una dimensión abarcadora en la medida que, permite acceder a la investigación y
conocimiento de las facetas de la vida que son imprescindibles para vivir con dignidad. En ese
sentido incluye la salud, educación, paz, tolerancia, calidad de vida, garantía de llevar una vida
diaria segura, y participación ciudadana en especial los más vulnerables; de la misma manera
otorga mucho valor a la revolución de las comunicaciones y la información tecnológica, como
factores que pueden contribuir a transformar la vida en el mundo. Y, refiriéndose a la pobreza y
a la importancia de tener una visión de globalidad para abordar los problemas del mundo de
hoy, dice “debemos tener una perspectiva de la pobreza suficientemente amplia como para
asegurarnos que los pobres tienen una razón para la esperanza.” 20
Las diversas instituciones coinciden en el contenido que le imprimen al concepto de seguridad
ciudadana: es base del desarrollo de la sociedad, tienen como punto de partida y llegada la
seguridad de las personas y los bienes, está directamente ligada a la violencia y los delitos, se
necesita invertir esfuerzos en la prevención de la delincuencia, la articulan con el quehacer de la
policía, administración de justicia, lo mismo que la calidad de la democracia, el nivel de vida.
Por lo tanto, la PDSD puede ser el inicio de una política de seguridad nacional
sostenible, capaz de generar soluciones viables a las causa fundamentales del conflicto
armado colombiano, si desde una racionalidad de paz, orienta el concepto y
20 Sen, Amartya, Why Human Security? Text of presentation at the "International Symposium
60
materialización de la seguridad democrática, a un nuevo significado de la seguridad,
centrado ya no en la confrontación armada militar y territorial, sino en la seguridad
humana basada en la reducción del temor y las carencias de la población, y cuya
ejecución e institucionalización, debe ser producto de un proceso integral,
participativo, inclusivo y consensuado de todos los actores nacionales, que debe tener
continuidad en los gobiernos sucesivos para consolidarse a largo plazo.
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