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1 Nota de análisis: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 desde la Inclusión Educativa Educación Básica 7 de octubre de 2020 Hallazgos El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF) propone cambios regresivos para el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), además de que no plasma un uso de recursos públicos acorde a los retos que la emergencia sanitaria plantea al Sistema Educativo Nacional (SEN). Presenta cambios contrarios a la voluntad política de transformación del SEN que la presente administración expresó con la reforma al Artículo 3º de la Constitución, sus leyes secundarias, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (PSE) (Ver Anexo II). Incrementa el gasto en becas, pero presenta severos recortes para la presencia y preparación de las maestras y maestros y la atención integral para la educación de niñas y niños (NN) menores de tres años. o No garantiza la expansión de la educación inicial, pues mantiene un diseño presupuestal que no promueve el crecimiento de la cobertura y tampoco prevé recursos para coordinar la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia dentro de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA (SE-SIPINNA), en SEGOB. o El aumento de 18% a los apoyos destinados a las madres, padres o tutores no está garantizando el acceso de más NN menores de tres años a servicios de educación inicial. o Aunque hay una apuesta ambiciosa para que las becas en educación media superior (EMS) logren incrementar la permanencia escolar, es preocupante que, en paralelo, el PPEF deja de apoyar aquellos programas creados explícitamente para prevenir el abandono escolar y para asegurar el acceso de grupos en situación vulnerable, a la EMS. o Es contrario a la mejora de la preparación docente la desaparición de los recursos destinados a los proyectos de aprendizaje de las escuelas normales. Viola el derecho a aprender de NNAJ, al afectar gravemente las acciones para fortalecer las relaciones y procesos de aprendizaje en las escuelas. o Elimina más del 80% de los recursos destinados a asegurar una educación pertinente y adecuada al contexto de las NNAJ más marginados. Desaparece del todo programas tan relevantes como el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) y prácticamente el global de los recursos destinados a fortalecer la capacidad de las comunidades para ajustar los contenidos curriculares oficiales a las necesidades de desarrollo y aprendizaje de cada NNAJ. El agravio es mayor si lo comparamos con los recursos autorizados para este rubro en 2019, al quedar para 2021 menos del 10% de lo autorizado en ese año. o Reduce casi a la mitad los recursos destinados a la formación docente en educación básica, lo cual es insuficiente –108 pesos por docente– para asegurar que tengan oportunidades de aprendizaje profesional, justo ahora que más se necesita responder a las necesidades de su preparación para la educación incluyente, para los nuevos contenidos curriculares y para las habilidades para el aprendizaje a distancia. Incrementa notablemente los recursos para la infraestructura educativa, pero existen dudas sobre la eficacia de las partidas elegidas para poder brindar las condiciones materiales que garanticen ambientes propicios para el aprendizaje en las escuelas. o Aumenta la inversión en infraestructura física (19.6%), pero la falta de transparencia en la operación de los programas hace dudar sobre los resultados alcanzados, además de no incluir nada que se destine a las necesidades reveladas por la pandemia en agua, saneamiento, sana distancia o conectividad.

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Nota de análisis: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 desde la Inclusión Educativa

Educación Básica 7 de octubre de 2020

Hallazgos El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF) propone cambios regresivos para el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), además de que no plasma un uso de recursos públicos acorde a los retos que la emergencia sanitaria plantea al Sistema Educativo Nacional (SEN). Presenta cambios contrarios a la voluntad política de transformación del SEN que la presente administración expresó con la reforma al Artículo 3º de la Constitución, sus leyes secundarias, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (PSE) (Ver Anexo II). • Incrementa el gasto en becas, pero presenta severos recortes para la presencia y

preparación de las maestras y maestros y la atención integral para la educación de niñas y niños (NN) menores de tres años.

o No garantiza la expansión de la educación inicial, pues mantiene un diseño presupuestal que no promueve el crecimiento de la cobertura y tampoco prevé recursos para coordinar la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia dentro de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA (SE-SIPINNA), en SEGOB.

o El aumento de 18% a los apoyos destinados a las madres, padres o tutores no está garantizando el acceso de más NN menores de tres años a servicios de educación inicial.

o Aunque hay una apuesta ambiciosa para que las becas en educación media superior (EMS) logren incrementar la permanencia escolar, es preocupante que, en paralelo, el PPEF deja de apoyar aquellos programas creados explícitamente para prevenir el abandono escolar y para asegurar el acceso de grupos en situación vulnerable, a la EMS.

o Es contrario a la mejora de la preparación docente la desaparición de los recursos destinados a los proyectos de aprendizaje de las escuelas normales.

• Viola el derecho a aprender de NNAJ, al afectar gravemente las acciones para fortalecer las relaciones y procesos de aprendizaje en las escuelas.

o Elimina más del 80% de los recursos destinados a asegurar una educación pertinente y adecuada al contexto de las NNAJ más marginados. Desaparece del todo programas tan relevantes como el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) y prácticamente el global de los recursos destinados a fortalecer la capacidad de las comunidades para ajustar los contenidos curriculares oficiales a las necesidades de desarrollo y aprendizaje de cada NNAJ. El agravio es mayor si lo comparamos con los recursos autorizados para este rubro en 2019, al quedar para 2021 menos del 10% de lo autorizado en ese año.

o Reduce casi a la mitad los recursos destinados a la formación docente en educación básica, lo cual es insuficiente –108 pesos por docente– para asegurar que tengan oportunidades de aprendizaje profesional, justo ahora que más se necesita responder a las necesidades de su preparación para la educación incluyente, para los nuevos contenidos curriculares y para las habilidades para el aprendizaje a distancia.

• Incrementa notablemente los recursos para la infraestructura educativa, pero existen dudas sobre la eficacia de las partidas elegidas para poder brindar las condiciones materiales que garanticen ambientes propicios para el aprendizaje en las escuelas.

o Aumenta la inversión en infraestructura física (19.6%), pero la falta de transparencia en la operación de los programas hace dudar sobre los resultados alcanzados, además de no incluir nada que se destine a las necesidades reveladas por la pandemia en agua, saneamiento, sana distancia o conectividad.

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o Ofrece un presupuesto insuficiente para afrontar los retos históricos en el contexto de la pandemia, para generar contenidos educativos, impresos y digitales, incluyentes y acorde a la riqueza cultural del país que se requieren.

• Comete un agravio con los más pobres al desaparecer los programas destinados a las escuelas que atienden a ese sector de la población. Esto contradice el discurso presidencial de apoyar a los que menos tienen.

o Reduce en 19.5% en términos reales el presupuesto destinado a promover y fortalecer la equidad y la inclusión educativa de las poblaciones históricamente discriminadas.

o Recorta más de 17% de los recursos del CONAFE, que deben ser utilizados en mejorar los aprendizajes de más de 300 mil NNAJ de localidades dispersas y aisladas.

o Desaparecen programas históricos como el destinado a las hijas e hijos de familias indígenas migrantes, que de por sí era insuficiente pero al menos ofrecía un apoyo real y concreto.

o Elimina los proyectos de aprendizaje basados en los contextos de la niñez indígena. Introducción A punto de llegar al segundo año de esta administración, es importante conocer cuáles son las prioridades educativas reales que ésta asume frente a la transformación educativa. El marco de acción que el propio Poder Ejecutivo propuso y el Congreso aprobó, tiene ahora que implementarse y para ello, es esencial contar con un presupuesto acorde con el reto. Adicionalmente, la emergencia sanitaria que enfrentamos en México y el mundo ha planteado nuevos retos para el sistema educativo nacional que deben ser atendidos de manera urgente y vigorosa. La reforma al artículo 3º constitucional planteó un avance importante en la construcción de un nuevo marco para garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ). El marco constitucional señala que toda persona tiene derecho a la educación inicial durante sus primeros tres años de vida, establece la inclusión como principio y criterio orientador de la educación, reconoce a las y los docentes como agentes transformadores y plantea el fortalecimiento de su formación. Con base en esto se formularon la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales (ENMEN) y la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa (ENIE) con lo cual se aterriza la obligación del Estado de garantizar que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estén, aprendan y participen en la escuela mediante la implementación de medidas específicas para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) planteó, ante la “degradación de la calidad de la enseñanza” y la exclusión de los jóvenes, el compromiso de “garantizar el acceso a todos los jóvenes a la educación” como uno de los propósitos fundamentales de la actual administración. Y en sintonía con esto, se estableció en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, entre otros objetivos prioritarios, la necesidad de: 1) garantizar una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, 2) el derecho a gozar de una educación de excelencia, pertinente y relevante, y 3) promover la revalorización de las y los docentes. El éxito de la nueva estrategia gubernamental depende de los recursos destinados a ella y de la reorientación de su ejercicio para atender no sólo las prioridades operativas destinadas a

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garantizar el derecho a la educación, sino también los retos urgentes y estructurales que el cierre de escuelas por la pandemia ha ocasionado a las NNAJ de este país. Marco de análisis: Gasto para garantizar el aprendizaje incluyente en el contexto de la emergencia sanitaria La pandemia generada por el COVID-19 ha ocasionado una crisis educativa de grandes dimensiones. Después de más de seis meses, permanecen cerradas las 230,424 escuelas de educación básica de todo el país y más de 26 millones de NNAJ se han visto obligados a tomar clases a distancia. En la misma situación se encuentran las 21,047 escuelas de EMS y los más de 5 millones de jóvenes estudiantes de este nivel educativo. Esta coyuntura ha agravado la exclusión educativa que ya estaba presente en el SEN, y plantea el riesgo de una ampliación aún más grave de las brechas de aprendizaje entre NNAJ. La educación a distancia ha generado nuevas formas de exclusión por las limitaciones de la cobertura y acceso a las señales de las cadenas de televisión pública y privadas, de telefonía e internet, de radios educativas, comunitaria e indígena, así como por la ausencia de un modelo efectivo de aprendizaje a distancia y por el rompimiento de la interacción entre cada docente y sus estudiantes, principalmente en las zonas con mayor rezago educativo y económico. Aunque la explosión de contenidos educativos y el esfuerzo de cientos de miles de maestros y familias permitieron cierta continuidad de los aprendizajes de NNAJ, las disparidades han sido notables. Entre una gama de realidades diversas y complejas, las evidencias muestran la existencia de situaciones extremas en el país, que van desde aquellas en las que se ha logrado avanzar en la creación de comunidades de aprendizaje y autogestión, hasta aquellas en las que las NNAJ han quedado totalmente excluidos del aprendizaje. En los hechos, la ruptura en la interacción entre docentes y estudiantes, por diversas causas, es una realidad para miles y tal vez millones de NNAJ. Su derecho a la educación ha sido, y continúa siendo, vulnerado. Las autoridades públicas cuentan con un margen de acción muy estrecho para revertir, contener y subsanar de manera inmediata las condiciones en las que se encuentran los maestros y las familias. Sin embargo, en el mediano plazo la situación tendrá que normalizarse paulatinamente, por lo que es clave contar con un diseño presupuestal acorde al reto. Por ello, para que todas y todos permanezcan en la escuela, alcancen su potencial y participen en nuevas relaciones de aprendizaje, las escuelas deben alentar la permanencia, eliminar todas las barreras para el acceso, el aprendizaje y la participación, detectar y reincorporar a las y los jóvenes que abandonaron los estudios y tomar medidas para atender las brechas de aprendizaje generadas. El PPEF 2021 debe ofrecer un nuevo diseño que asegure la restitución de los derechos de millones de NNAJ. Un sistema educativo incluyente que responda a la diversidad y garantice esta triple inclusión para todas y todos las NNAJ, se lograría al implementar políticas públicas, estrategias y acciones transversales en cuatro dimensiones:

1. Apoyar la presencia y la preparación de personas. 2. Fortalecer relaciones y procesos de aprendizaje en la escuela.

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3. Brindar condiciones materiales adecuadas a todas las escuelas. 4. Asegurar que cada escuela cuente con el acompañamiento debido.

Con base en estas cuatro dimensiones, se analiza el PPEF para el año fiscal 2021 con el propósito de entender en qué medida este presupuesto refleja –o no– lo necesario para impulsar efectivamente una educación incluyente en el contexto de la actual crisis educativa. Este análisis contempla ocho conjuntos de programas presupuestarios, considerados como el mínimo necesario para cumplir con el mandato constitucional en cuanto a la educación incluyente (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Gasto educativo para una educación incluyente Dimensión Componente Descripción

Personas

Desarrollo integral de la primera infancia

Ampliar el acceso de NN menores de seis años a una atención integral con participación de las familias.

Prevención del abandono escolar en EB y EMS

Asegurar el tránsito escolar de preescolar a secundaria y promover la permanencia escolar de las y los jóvenes al final de la educación obligatoria.

Formación docente inicial Fortalecer la formación inicial para que todas y todos los futuros docentes desarrollen capacidades para promover una educación incluyente en la educación básica.

Relaciones y procesos

Formación docente continua Propiciar que todas y todos los docentes de educación básica ya en servicio desarrollen capacidades para promover una educación incluyente.

Implementación curricular Fortalecer las capacidades en las escuelas para la implementación adecuada de prioridades y ajustes curriculares tanto en escuelas rurales como urbanas.

Condiciones materiales

Infraestructura escolar Asegurar que las condiciones físicas en las escuelas de educación básica promueven una educación incluyente.

Libros y materiales educativos para la educación intercultural

Dotar de materiales educativos con enfoque intercultural a todas las escuelas de educación básica y asegurar la pertinencia cultural en las escuelas rurales.

Red de apoyo Inversión para la equidad e inclusión

Proporcionar apoyos financieros, pedagógicos y especializados a poblaciones marginadas para asegurar su inclusión en el sistema educativo.

La educación básica dentro del gasto educativo para 2020 El PPEF para el ejercicio fiscal de 2021 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 2020, presenta los siguientes rasgos generales:

• Contrario a lo que señala la exposición de motivos, el PPEF 2021 para educación deja a millones de NNAJ atrás en el aprendizaje, en sus derechos y en sus oportunidades de desarrollo.

• Las partidas presupuestales asignadas en el rubro educativo contradicen el discurso del propio Gobierno de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, ya que no cuentan con recursos para el cumplimiento de las metas de inclusión, equidad, excelencia y pertinencia, contempladas en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024.

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• Aunque el presupuesto etiquetado a educación básica sólo se redujo, como bolsa global, en 3% en términos reales (de 51,380 mdp a 49,739 mdp), las reducciones y recortes en los programas concretos son un golpe brutal a la inclusión, a la formación docente y a la educación inicial.

• El PPEF 2021 recorta programas esenciales para garantizar efectivamente que las NNAJ no sólo lleguen a la escuela, sino que logren aprendizajes significativos en ella y participen activamente en su propio proceso educativo.

Análisis: Un presupuesto deficiente para el derecho a una educación incluyente A continuación, analizamos los cambios que identificamos en las cuatro dimensiones presentadas en el Cuadro 1 –comprendidos de ocho componentes y 38 unidades responsables de programas (Ver Anexo 2)– para evaluar el compromiso de la administración federal con la educación incluyente en este segundo año de gobierno y en proyección hacia el 2021. I. Apoyar la presencia y la preparación de personas I.1. Desarrollo integral de la primera infancia (DIPI)

Programa (partida)

PEF 2019

PEF 2020

PPEF 2021

Diferencia respecto al año

anterior (pesos)

Cambio (%) (real)

U031 (DGDC) S174 (R20-

Delegaciones Sedesol)

S174 (R12) P025 (SIPINNA-

Ampliación ENAPI)

800 mdp 2,041 mdp

223 mdp 0

800 mdp 2,192 mdp

0

15 mdp

825 mdp 2,684 mdp

0 0

25 mdp 492 mdp

-

-15 mdp

-0.2% 18.4%

-

-100%

Inversión total en DIPI 3,064 mdp 3,007 mdp 3,509 mdp 502 mdp 12.8%

Importancia para la educación incluyente en el contexto de la emergencia sanitaria: El desarrollo integral durante la primera infancia se logra cuando NN son cuidados de manera sensible y cariñosa, garantizándoles el cumplimiento de sus derechos. Las desigualdades en el acceso a oportunidades y servicios comienzan desde esta etapa de la vida, abriendo brechas sociales que después son muy difíciles de disminuir. Un aspecto que contribuye a la ampliación de estas brechas es que las NN activen sus sistemas de respuesta ante el estrés de manera más intensa y por periodos más largos, lo cual tiene un impacto negativo en su desarrollo neurológico y afectivo, y eventualmente en lo cognitivo y socioemocional. La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha privado a muchos NN menores de 3 años de los servicios básicos para su desarrollo integral, por lo que las brechas sociales serán aún más amplias en estas generaciones. Uno de esos servicios es el acceso a la educación inicial, que desde mayo de 2019 es obligatorio en todo el país.

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En el nivel inicial se privilegian las intervenciones educativas con calidad y pertinencia, proveyendo a las NN de vínculos afectivos sólidos y condiciones de aprendizaje que les permitan sentar las bases de su desarrollo y bienestar. Pero sin el acceso a alguna de sus modalidades, las NN no están desarrollando a su máximo potencial sus capacidades cognitivas, físico-motoras, socioemocionales ni de lenguaje. Por lo que es necesario que se consolide la educación inicial como un nuevo nivel educativo para garantizar el derecho a aprender de NN desde sus primeros años de vida. Gasto histórico en el DIPI: El Programa de Fortalecimiento a la Educación Temprana (U031), ahora denominado Expansión de la Educación Inicial, se creó directamente en la Cámara de Diputados en 2008 con el objetivo de diseñar un Modelo de Atención con Enfoque Integral para los servicios de educación inicial. Desde 2013 el programa ha tenido un incremento importante en su financiamiento, que se ha mantenido constante en el tiempo (Cuadro A). Sin embargo, el aumento de recursos no se ha reflejado en un crecimiento importante en la cobertura del programa, entre otras razones porque dichos recursos se han usado principalmente para solventar gastos de operación y prestación de servicios de algunos Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), en un modelo costoso y con dificultades de transparencia.

Cuadro A. Presupuesto autorizado para la expansión de la educación inicial, 2014-2021 (millones de pesos constantes al 2021)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 814 883 432 411 235 614 593 591

Nota: Año base 2013; Presupuesto autorizado. Fuente: SHCP, Analíticos del PEF 2001-2019 y PPEF 2020.

Un segundo frente de recorte está en la reducción decidida por esta administración contra el apoyo a la atención integral de NN menores de 4 años, financiado a través de los programas sociales (Cuadro B). Aunado a ello, la presente administración cambió la orientación del programa principal a partir de 2019, otorgando desde entonces los apoyos directamente a las madres, padres o tutores que trabajan y no a las estancias infantiles, un gasto que se considera ejercido con la simple entrega y que ya no tiene métricas de evaluación de logros. Así el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños atendió, al 30 de junio de 2020, a 192,168 NN. A pesar del crecimiento presupuestal de 3.7% que tuvo en 2020 respecto a 2019, el número de niñas y niños atendidos disminuyó, debido a que, entre otras razones, al estancarse la cobertura, ésta fue disminuyendo a medida que las NN rebasaban la edad de atención del Programa.

Cuadro B. Presupuesto autorizado para el apoyo a madres que trabajan, padres solos o tutores que trabajan 2015-2021

(millones de precios constantes al 2021) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3,697 3,548 3,339 3.335 1,636 1,696 2,009

Nota: Año base 2014. Presupuesto autorizado. Fuente: SHCP, Analíticos del PEF 2014-2020 y Proyecto de PEF 2021: Ramo 20.

Análisis del PPEF 2021: Al Programa U031, se le asigna un techo presupuestal para 2021 de 825 mdp, lo que representa un incremento de 25 mdp respecto al año anterior. Sin embargo, hay un decrecimiento real de 0.27%. Este programa tiene como objetivo contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento y ampliación de los servicios de educación inicial. Con la reforma del artículo 3º constitucional en mayo de 2019, la educación inicial pasó a formar parte de la educación obligatoria, por lo que este presupuesto debe contribuir a la consolidación del nivel -que debiera ser igual de sólido que todas las etapas de la educación básica- incrementando su oferta en las distintas

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modalidades, así como aumentando su matrícula y cobertura, que actualmente apenas llega al 12% de su objetivo. El Programa S174, operado por la Secretaría de Bienestar (SEBIEN), tiene asignados 2,684 mdp para su operación en 2021; tiene por objeto garantizar que las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o se capacitan, y que no cuentan con la prestación laboral de cuidados infantiles, puedan acceder a un apoyo para la atención de los hijos eligiendo el modelo de cuidado que más se adapte a sus necesidades, a través de la entrega de apoyos económicos directos. Obtuvo un crecimiento real de 18.42% al otorgarle 492 mdp adicionales a lo que se le destinó en el PEF 2020. Los incrementos que ha tenido en los últimos dos años no reflejan un impacto en el número de población atendida, que hasta el 30 de junio de 2020 había, por el contrario, disminuido, por lo que no está garantizando el acceso de NN menores de tres años a servicios de educación inicial. Así, el uso de estos recursos no está cumpliendo con el objetivo de un desarrollo integral de NN tal como lo plantea esta administración. El Programa S174, Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, operado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fue recortado totalmente en 2020, para convertirse en el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres trabajadoras. Al dejar de otorgar los recursos a las estancias infantiles, también se dejó de supervisar la atención de calidad de las mismas, incumpliendo la obligación del Estado de garantizar oportunidades efectivas de DIPI. El Programa P025, tuvo una ampliación en el PEF 2020 de 15 mdp para coordinar la operación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), que incluye a la educación inicial como una línea de acción del Eje de Educación y Cuidados. Sin embargo, estos recursos nunca se otorgaron en la realidad, y se eliminaron por completo del PPEF 2021, poniendo en peligro la posibilidad de implementación de todos los componentes que incluye la Estrategia. El Programa de Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria del CONAFE cuenta con recursos destinados a la educación inicial que no fueron contemplados en esta parte de nuestro análisis, porque son considerados, para mayor claridad, en el rubro de inversión destinada a grupos en situaciones vulnerables. Implicaciones para el DIPI: Con la reforma del artículo 3º Constitucional en la que se incluyó a la educación inicial como obligatoria y se mandató la elaboración de la ENAPI (que incluye a la educación inicial como línea de acción), se vuelve una obligación del Estado garantizar la oferta de este nivel educativo y, por lo tanto, su consolidación. El crecimiento de 12.8% que presenta el DIPI en el PPEF 2021 respecto a los recursos otorgados en el PEF 2020 es engañoso; lo que muestra es el aumento restringido al presupuesto del Programa S174, del cual no hay evidencia que con él se haya incrementado el número de NN con acceso a servicios de cuidado infantil, y menos todavía asegurar su calidad y equidad. Es necesario que se otorguen los recursos suficientes para lograr la consolidación de la educación inicial como nivel educativo, empezando por la distribución justa del presupuesto al interior del programa U031. No se pueden destinar casi 500 mdp para solventar gastos de operación y prestación de servicios de 81 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) ubicados en 14 estados del país, que en su mayoría atienden a niñas y niños en educación preescolar y no de inicial, lo que es una grave y constante irregularidad. Al mismo tiempo que se presupuesta en exceso ese fondo, únicamente se destinan 300 mdp para la Estrategia de Visitas a los Hogares, para la apertura de 100 Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia, para la capacitación de agentes educativos y para

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la atención de 220 Centros de Atención Infantil de la SEP, que son acciones que sí están enfocadas en la ampliación de la matrícula de educación inicial y de garantía del cumplimiento del derecho a la educación de NN menores de 3 años. Asimismo, no haber entregado los 15 mdp de la ampliación de recursos para la SE-SIPINNA en 2020 y la eliminación de ese fondo del PPEF 2021, implica dejar sin recursos la coordinación de la ENAPI, así como el desarrollo de todos sus componentes, por lo que se obstaculiza el desarrollo de una Política Nacional de Educación Inicial, y se pierde la garantía, no sólo del derecho a la educación de las NN menores de 3 años, sino de todos sus derechos en general y de la implementación de la Ruta Integral de Atenciones (RIA) en el territorio. Propuesta: Cambiar el tipo de programa al que pertenece el U031 para que sea tipo S, sujeto a reglas de operación, para que se asegure la ampliación de la cobertura en educación inicial, se posibilite su progresiva universalización en todas sus modalidades y se consolide como nivel educativo, reduciendo los riesgos de que algunos grupos y asociaciones generen dependencia de estos recursos para su operación. Los recursos asignados al programa S174 deben continuar; sin embargo, al no existir garantía de que se destinen a la integración de los NN a algún centro de cuidado infantil, se requiere canalizarlos directamente a educación inicial para que los NN tengan las mejores oportunidades de lograr un verdadero desarrollo integral. Realizar adecuaciones presupuestas para otorgarle (de manera real) recursos a la SE-SIPINNA para coordinar la ENAPI, sus componentes y la implementación de la RIA en el territorio, para garantizar el cumplimiento de los derechos de las NN menores de tres y con ello su desarrollo integral. I.2. Prevención del abandono escolar en EB y EMS

Programa (partida)

PEF 2019

PEF 2020

PPEF 2021

Diferencia respecto al año anterior (pesos)

Cambio real (%)

S072 (CNBB) S243 (Conafe) S243 (DGEI) M001 (CNBB) M001 (R20-Prospera)

S311 (SEMS) S243 (SEMS) S298 (SEMS) U079 (SEMS) U080 (SEMS)

36,674 mdp 71.4 mdp 49.1 mdp

0 375 mdp

8,640 mdp 2,083 mdp

33 mdp 274 mdp 61 mdp

30,475 mdp 47.4 mdp 47.4 mdp 341 mdp

0

28,995 mdp 134 mdp 32 mdp 226 mdp 61 mdp

31,936 mdp 48.9 mdp 48.9 mdp 321 mdp

0

33,171 mdp 141 mdp 26 mdp

0 61 mdp

1,461 mdp 1.4 mdp 1.4 mdp -20 mdp

-

4,176 mdp 6.7 mdp -6.5 mdp -226 mdp

0

1.3% -0.3% -0.3% -9.0%

-

10.6% 1.5%

-22.6% -100% -3.2%

Inversión total en

apoyar la asistencia

escolar

48,261 mdp 60,361 mdp 65,755 mdp 5,394 mdp 5.3%

Importancia para el abandono escolar en el contexto de la emergencia sanitaria:

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La actual administración ha optado claramente por fortalecer y ampliar los programas destinados a financiar las becas para alumnos de todos los niveles educativos. Aunque hay dudas sobre su eficacia para solucionar el problema del abandono escolar, es valioso contar con este instrumento de política social en estos momentos en que la pandemia está teniendo un impacto negativo en términos económicos en miles de familias mexicanas. Sin embargo, no existen programas específicos para prevenir el abandono escolar en educación básica y ha menguado el apoyo para aquellos programas destinados a la EMS. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó las primeras evaluaciones sobre el diseño y funcionamiento de los 17 programas prioritarios del gobierno federal, entre los que se encuentra el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez. Dicho programa es operado en conjunto con otros tres programas: las Becas Elisa Acuña (S243), Jóvenes Escribiendo el Futuro (U280) y las becas para media superior (U084). Aunque en dicha evaluación no fue posible considerar el nivel inicial ni el preescolar, debido a la limitada disponibilidad de información -ya que actualmente sólo existen registros sobre cobertura-, CONEVAL identifica cambios negativos importantes. En primer lugar, la pérdida del apoyo que recibía el 15% de familias de PROSPERA, por no contar con algún integrante que sea estudiante. Desaparece el componente de salud y alimentación que brindaba suplemento alimenticio y consultas médicas. También disminuye en 32% el monto promedio de transferencia, $11,640 a $8,000 pesos (Jaramillo-Molina, 2019). El 18 de mayo del 2020 se publicó el documento metodológico y las dos hojas de resultados que dan cuenta que en el levantamiento del censo para el padrón de beneficiarios sólo consideraron 26 millones, de los 32 millones de hogares que debían visitarse. El Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, que cambió de modalidad en el PPEF de 2021 -de U084 a S311-, convirtiéndose en un programa sujeto a Reglas de Operación, está cumpliendo con el propósito de atender a las poblaciones más vulnerables. De septiembre de 2019 a junio de 2020 se otorgaron becas a 4.1 millones de estudiantes que asisten a 13,036 escuelas; el 7% de los beneficiarios se ubican en localidades o municipios indígenas, mientras que el 18% de los becarios se encuentran en localidades o municipios de alta o muy alta marginación. Aunque en el nombre del Programa se menciona que será “universal”, es decir, que el apoyo será para todos los estudiantes de este nivel, la restricción presupuestaria no lo permite y aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) tiene criterios de priorización claros, éstos no son conocidos por los destinatarios. El Programa Becas Elisa Acuña tiene el objetivo de lograr que los alumnos, egresados, personal docente, personal académico de instituciones de educación básica, media superior y/o superior del SEN permanezcan, egresen, realicen su servicio social, alcancen la superación académica, se capaciten y/o realicen investigación. La beca para apoyo a la manutención es el componente más importante del programa, ya que concentra 94% del total de apoyos otorgados. En el ciclo escolar 2019-2020 se entregaron 92,312 becas a estudiantes y docentes de origen afromexicano, y a 40,924 de pueblos indígenas, que representan 21.2% y 9.4%, del total de becas entregadas, respectivamente. Los destinatarios son adultos que se preparan para el servicio educativo o ya forman parte de él, por lo que no es una inversión directa en NNAJ de educación obligatoria. Se debe mencionar que el solo hecho de otorgar becas no contrarresta por sí solo el abandono escolar, ya que no necesariamente la falta de recursos económicos es el único factor que lo genera, por lo que se necesita crear sinergias con otros programas para lograrlo. Gasto histórico de becas en media superior:

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Como parte de la estrategia política más que de la propuesta educativa del gobierno actual, las becas en todos los niveles de media superior y superior hoy son una prioridad. Es importante reconocer el esfuerzo -que sin duda podría traer beneficios que necesitaremos evaluar, ajustar y analizar- para cubrir aquellas familias que han perdido el apoyo por no tener estudiantes en casa. La transparencia de los padrones de beneficiarios de otras etapas de este programa había mejorado en los últimos años con la publicación de más variables que permitían conocer información contextual, aspecto que no ha ocurrido con las becas actuales cuando sólo se publican 5 variables disponibles para consulta y descarga en el Padrón Único de Beneficiarios (entidad, municipio, nombre, apellidos e importe). Conviene revisar las diferencias en las becas reportadas por dependencia, ya que por un lado el Segundo Informe de Labores de la Secretaría de Bienestar reporta un total de beneficiarios del programa U084 de 5,093,662 estudiantes, mientras que en la página del Padrón Único de Beneficiarios reporta solo 3,530,060 pagados hasta diciembre 2019, y por su parte la SEP en su Segundo Informe reporta que hay 4.1 millones de estudiantes, tomando como referencia el periodo de septiembre 2019 a junio 2020. ¿Cuál de estas tres es la cifra oficial?

Gráfica A. Becas en Educación Media Superior 2013-2020

Fuente: Elaboración propia con datos de SEP.

*Según cifras publicadas en los primeros Informes de Labores de la SEP. Análisis del PPEF 2021: El Programa S072, Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, muestra un aumento de 1%, que implica un aumento de 1.4 mil millones de pesos. Dichos recursos aún son insuficientes para cubrir a las NNAJ que dejaron atrás sin apoyos, y todavía sin contar a aquellos que se podrían incrementar por la pandemia, de acuerdo a estimaciones que van desde las más conservadoras de 6.1 millones de personas, hasta otras que predicen 10.7 millones de personas adicionales en pobreza extrema por ingresos (CONEVAL, 2020). El Programa S243, Programa de Becas Elisa Acuña (anteriormente Programa Nacional de Becas), tuvo un aumento mínimo en términos reales de 1%, lo que representa en términos nominales 1.5 millones de pesos adicionales, tanto para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) como para educación indígena. Asimismo, los recursos destinados por este programa para las y los

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jóvenes de educación superior tienen también un ligero crecimiento de 1.6% al pasar de 134 a 141 mdp. Asimismo, desde 2019 se creó la nueva Unidad Responsable, denominada Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), que tiene asignados ligeramente menos recursos de los que tenía la desaparecida Coordinación Nacional de Prospera en el Programa M001, a pesar de que la CNBBBJ ahora debe coordinar las becas que se otorgan en todos los niveles del SEN, desde inicial hasta superior. El Programa S311, Beca Universal para Estudiantes de EMS Benito Juárez, tiene como objetivo contribuir a que los estudiantes inscritos en instituciones de EMS del SEN permanezcan mediante una beca, que se otorga a toda la matrícula de estas instituciones en la modalidad escolarizada. Del PEF2019 al PEF2020 se observó un crecimiento de más del 693% con un total de más de 20 mil millones de pesos, y para 2021 se propone un crecimiento real de 9.6%, quedando en poco más de 33 mil millones de pesos. Cabe destacar que, al entregarse sin focalización ni condicionamiento, la beca puede ser un alivio en la necesidad, pero no cierra las brechas de la desigualdad, sino que las cristaliza. Los montos producen una ligera mejoría en los destinatarios finales, pero al costo de desfondar gravemente otros programas de efecto medible y articulado. El recorte y desaparición de los recursos del Programa S298, Atención de Planteles Federales de EMS con Estudiantes con Discapacidad (PAPFEMS) y la desaparición del Programa U079, Expansión de la EMS y Superior, respectivamente, muestran una contradicción notable ante el discurso que plantea el apoyo a los grupos más necesitados. En el caso del Programa S298 el recorte de 22% significaría que los planteles federales de educación media superior no cuenten con una infraestructura adaptada, equipamiento ni acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población con discapacidad, contribuyendo a ampliar o profundizar las barreras para el aprendizaje y faltando gravemente al principio de inclusión y equidad educativa previsto en la Constitución. El caso del Programa U079, implica la desaparición de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) los cuales quedan sin opciones educativas, lo que pone a las y los jóvenes nuevamente en una situación de vulnerabilidad que se puede agravar rápidamente. Como en el caso anterior, es un atentado al principio de progresividad en el ejercicio de derechos, contrario a las convenciones de derechos humanos de NNAJ que nuestro país ha firmado. El Programa U080, Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación presenta el mismo presupuesto que hace 2 años, siendo una reducción real de 3.3%, lo que limita las opciones de ampliación de acciones del programa “Construye T”, destinado a atender el abandono de las y los jóvenes mediante la realización de actividades encaminadas a apoyar a estudiantes para desarrollar su proyecto de vida y evitar caer en situaciones de riesgo. Implicaciones para la prevención del abandono escolar: Concentrar todos los recursos para fomentar la permanencia únicamente con becas puede limitar la efectividad de las medidas contra el abandono escolar. Hay consenso en la investigación educativa cuando señalan que el problema tiene un origen multifactorial, por lo que no será posible contenerlo y reducirlo aplicando sólo un tipo de instrumento. Adicionalmente, es necesario considerar la ampliación e implementación de estrategias focalizadas para grupos prioritarios en las modalidades educativas más desprotegidas como la indígena, comunitaria y migrante (CONEVAL, 2019), al igual que considerar la posibilidad de regresar a la modalidad de becas por estudiante en lugar de por hogar. Por ejemplo, la familia Beltrán que tiene

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tres hijos en diferentes niveles educativos de nivel básico recibía una ayuda en tres partes: alimentación (suplementos alimenticios), becas (apoyo económico) y de salud (consultas preventivas de forma periódica y talleres). La familia pasará de recibir 4,290 pesos a sólo 3,200 (25% menos) al dejar de recibir ayuda para alimentación y salud. Por otro lado, CONEVAL sugiere incrementar de cinco a seis bimestres la entrega de recursos, para que entre julio y agosto puedan recibir el bimestre restante. Se pierde en el PPEF 2021 el enfoque de género que daba 16% más becas a mujeres con la finalidad de disminuir brechas de género, persistiendo la invisibilidad y los problemas que se acumulan por las crisis económica y sanitaria. La SHCP aumentó el presupuesto en 2019 y 2020 del Programa de Inclusión Financiera, donde diagnostica que sólo el 50 por ciento de la población masculina tiene una cuenta de ahorro para el retiro mientras que, en el caso de la población femenina, la cifra es de 30 por ciento. Además, sólo 47 por ciento de la población tiene una cuenta de ahorro, 40 por ciento una cuenta de ahorro para el retiro, 29 por ciento algún tipo de crédito y sólo el 25 por ciento un seguro; el enfoque de género en años anteriores, además de evidencia en Perú con resultados prometedores (Frisancho, 2019), indica que debe incorporarse este ajuste de acción afirmativa en el PPEF 2021. El CONEVAL sugiere, respecto a las becas para Media Superior, considerar una estimación por separado de las y los estudiantes que concluyen, que regresan tras algún periodo de abandono y los que se incorporan de nuevo ingreso. Además de el programa no es claro en la calendarización de pagos, los plazos de operaciones y lo que se ofrecerá en los planteles de EMS (CONEVAL, 2020), ni ha hecho la publicación completa del padrón de beneficiarios, que ahora llega sólo hasta el estado de Guanajuato, teniendo como última referencia la beca número 1,048,575, por lo que restaría conocer el resto, es decir, más de 4 millones de becas que aún se mantienen en opacidad. Propuesta: Reponer y ampliar los recursos destinados a las y los jóvenes con discapacidad y en telebachillerato comunitario que estudian EMS. Crear un programa presupuestario destinado exclusivamente a financiar la estrategia de atención del abandono escolar, que contemple recursos para campañas de difusión y para que los planteles de educación básica y EMS garanticen la permanencia con medidas que incorporen la participación de la comunidad escolar en una gama amplia de acciones adicionales a la entrega de becas, como actividades curriculares, tutorías, protocolos de reincorporación inmediata, reforzamiento temprano de aprendizajes, fortalecer las relaciones con las familias, entre otras. Diseñar becas focalizadas con el fin de apoyar la presencia y el aprendizaje de NNAJ en la escuela y transparentar el padrón de beneficiarios de 2021. En el caso de las becas de educación básica es deseable que en el contexto de la pandemia por COVID-19 se ajuste la distribución de los apoyos mediante un calendario de pagos, además de buscar recuperar el apoyo del 15% de hogares beneficiados sin estudiantes que recibían apoyos de PROSPERA, así como contar con mecanismos para monitorear la inscripción escolar y dar seguimiento a las y los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela, lo mismo que destinar recursos para facilitar información sobre el programa al personal educativo de las escuelas. Finalmente, tocará revisar la fiscalización de autoridades federales y estatales en el ejercicio del presupuesto, así como la implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera presentada este 2020 con seis ambiciosos objetivos sobre alfabetización y salud financiera. Estudios recientes encuentran que tener una cuenta de ahorro o una cuenta bancaria disminuye el abandono escolar en EMS (Rodríguez, 2020).

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I.3. Formación inicial docente

Programa (partida) PEF 2019

PEF 2020

PPEF 2021

Diferencia respecto al año anterior (pesos)

Cambio (%) (real)

S300 (DGESPE) S243 (DGESPE) P001 (DGESPE) G001 (DGESPE)

341 mdp 85 mdp 16 mdp 4 mdp

440 mdp 0

17 mdp 3.5 mdp

0 0

18 mdp 2 mdp

-440 mdp -

1.1 mdp -1.2 mdp

-100% -

3.2% -37.1%

Inversión total en formación inicial

docente

447 mdp 461 mdp 20 mdp -440 mdp -95.7%

Importancia para la educación incluyente en el contexto de la emergencia sanitaria: La formación inicial debe asegurar que todas y todos los futuros docentes desarrollen las habilidades, conocimientos, prácticas y actitudes necesarios para promover efectivamente el derecho a una educación incluyente para todas las NNAJ. Lo anterior implica garantizar que los programas de formación inicial docente cumplan con un marco común en el cual los elementos esenciales para la educación incluyente funjan como eje; y también destinar recursos para que las autoridades educativas locales fortalezcan este marco común con contenidos, prácticas y estrategias de su contexto local. Por ejemplo, se deben desarrollar e implementar estrategias específicas para la formación de docentes hablantes de lenguas indígenas. Frente a la contingencia sanitaria por COVID-19, el fortalecimiento de la formación inicial docente cobra mayor relevancia para que las Escuelas Normales, así como las demás instituciones formadoras de docentes, sean capaces de adecuar sus contenidos y enfoques curriculares a las necesidades actuales de cada estado; conformar redes académicas para fortalecer a su profesorado; dar acompañamiento y seguimiento puntual a sus estudiantes; evaluar la pertinencia de sus programas académicos actuales; y diseñar estrategias de mejora para fortalecer sus procesos de administración y promover la autonomía de gestión académica, la investigación y la innovación educativa. Gasto histórico en la formación inicial docente: El gasto federal en la formación docente inicial solía provenir, principalmente, del programa presupuestario S300; sin embargo, para 2021 la mayor parte proviene del programa presupuestario P001. Como puede observarse en la Gráfica B, los montos más altos de inversión en las Escuelas Normales corresponden a administraciones presidenciales anteriores, en especial la administración pasada, así como la de principios de 2000. Desde 2019 se presenta un recorte drástico en los recursos destinados a apoyar a la formación inicial de las y los docentes, siendo 2021 el año con el presupuesto más bajo de todo el siglo XXI.

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Gráfica B. Presupuesto autorizado para la gestión de Escuelas Normales, 2001-2021 (millones de pesos constantes a 2019)

Nota: Año base 2019; presupuesto autorizado. Monto real asignado a la Unidad Responsable de la regulación de las Escuelas Normales

(Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el DF y Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación).

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP, Año base 2020; Analíticos del PEF de los años 2001-2020 del PPEF 2021. Análisis del PPEF 2021: El Programa S300, Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que sustituyó en 2019 al denominado Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa destinado a transferir recursos para las Escuelas Normales de todo el país, presenta un recorte del 100% de sus recursos. Se cuenta con dos programas (P001 y G001) destinados a financiar las actividades administrativas de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), la oficina central de SEP para la formación inicial. Se proponen ajustes mínimos en ambos programas, pero el monto sigue siendo básicamente el mismo que en 2020. Finalmente, los recursos del Programa S243, Programa Nacional de Becas, destinado a otorgar becas para prácticas escolares a estudiantes en sus últimos semestres de las Escuelas Normales, actualmente Programa de Becas Elisa Acuña, continúa bajo el control de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez creada en 2019. Implicaciones para la formación inicial docente: A pesar de que la presente administración ha insistido continuamente en que uno de sus objetivos es la revalorización de las Escuelas Normales, la asignación de recursos que se propone en el PPEF 2021 no concuerda con el discurso. Aún más, es contrario a la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, formulado de acuerdo con los compromisos establecidos en el Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas, que entre otras prioridades planteó la necesidad de contar con un presupuesto anual exclusivo para el subsistema de Escuelas Normales. Este año se presentó la asignación más baja de recursos en este siglo a este subsistema educativo, lo cual no sólo afecta directamente a los 80,000 estudiantes normalistas, sino a los miles de NNAJ que serán sus alumnas y alumnos en el corto y mediano plazo.

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De hacerse efectivo el recorte, el presupuesto asignado equivaldría a darle a cada estudiante 229 pesos anuales para pagar la colegiatura de una escuela. La eliminación del Programa S300, Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (Profexce), implica que las 254 Escuelas Normales públicas del país no contarán con recursos para implementar proyectos académicos y de gestión que les permitan mejorar su infraestructura física; fomentar la movilidad académica nacional e internacional; desarrollar programas de asesorías, tutorías y de seguimiento para sus estudiantes; consolidar cuerpos académicos; y propiciar la vinculación con escuelas de educación básica para prácticas docentes. La propuesta de la SHCP para formación inicial es inequitativa, ya que recorta los recursos a las 31 entidades federativas, a excepción de la Ciudad de México, la cual cuenta con una matrícula muy similar a la de Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Puebla o San Luis Potosí. Esa excepción no es fundada ni motivada. Por último, si la SHCP destinará los recursos a las Escuelas Normales por medio de otro programa presupuestario a través de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), es necesario esclarecerlo, pues la ventaja de que los recursos sean destinados mediante el Profexce es que dicho programa está sujeto a Reglas de Operación, lo cual contribuye a la transparencia, rendición de cuentas y escrutinio social, y disminuye el riesgo de la discrecionalidad. Propuesta: Es necesario restablecer el Programa S300 e incrementar el monto de los subsidios transferidos a los niveles observados en el periodo 2015-2016, por encima de los 1,300 mdp. Paralelamente, se deben etiquetar los recursos destinados a la operación de las Escuelas Normales en todos los programas presupuestarios que destinan recursos para su operación, infraestructura y becas, para lograr que se pueda implementar una formación inicial para la educación incluyente en cada Escuela Normal.

II. Fortalecer relaciones y procesos de aprendizaje en la escuela II.1. Formación docente continua

Programa (partida) PEF 2019

PEF 2020

PPEF 2021

Diferencia respecto al año anterior

(pesos)

Cambio (%) (real)

S247 (USCMM) S247 (DGFC)

G001 (USCMM) G001 (DGFC)

231 mdp 177 mdp 21 mdp 9 mdp

7 mdp 161 mdp 21 mdp 9 mdp

6 mdp 80 mdp 22 mdp 10 mdp

-473 mil pesos -80.9 mdp

390 mil pesos 184 mil pesos

-9.5% -51.6% -1.5% -1.4%

Inversión total en

formación docente continua

439 mdp 200 mdp 119 mdp -80 mdp -42.2%

Importancia para la educación incluyente en el contexto de la emergencia sanitaria:

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Ser docente requiere una combinación de habilidades, conocimientos, experiencias y actitudes que se desarrollan antes de entrar al servicio (en la formación inicial) y a lo largo de toda su carrera. Por ende, el desarrollo profesional -deliberado, programado, sistemático- es pieza clave para cualquier sistema educativo incluyente y debe garantizarse a lo largo de toda la trayectoria docente. De acuerdo con el marco constitucional, cada docente tiene derecho a acceder a un sistema integral de formación retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir con los propósitos del Sistema Educativo Nacional. Para lograr una educación incluyente, el Estado debe garantizar a cada docente oportunidades de formación docente continua –relevantes para cada figura educativa– que respondan a las necesidades diagnosticadas y expresadas de las y los docentes y orientadas específicamente a eliminar barreras para el aprendizaje y la participación y a promover la inclusión desde cada aula y cada escuela. Ello cobra aún más relevancia dado el contexto actual de encierro prolongado y de regreso especial, ya que al ser las y los docentes, agentes escolares estratégicos para continuar con los procesos de aprendizaje, es crucial que, además de proporcionarles los recursos pertinentes para que desarrollen nuevas estrategias pedagógicas, cuenten con elementos sólidos para hacer frente a las necesidades que las y los estudiantes enfrentan fuera del aula. Ante esto, es imprescindible fortalecer sus capacidades para que puedan afrontar los retos que requiere el diseño de experiencias de aprendizaje a distancia, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la implementación de estrategias para el reforzamiento de los aprendizajes. Gasto histórico en desarrollo profesional docente: El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) representa casi la única inversión en el país para el desarrollo profesional docente de manera permanente y sistemática. De acuerdo con el Cuadro C, en términos reales, México ha destinado entre 200 y 1,734 millones de pesos a este programa desde 2001. La propuesta del Poder Ejecutivo para 2021 presenta, por segundo año consecutivo, una disminución en el presupuesto destinado a la formación continua de docentes que lo deja por debajo del monto menor destinado por la administración anterior.

Cuadro C. Presupuesto autorizado para el desarrollo profesional docente, 2001-2021 (millones de pesos constantes al 2019)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 304 274 595 263 271 507 348 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 714 938 901 852 577 582 357 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 317 1,674 1,038 1,026 439 193 112

Nota: Año base 2019; presupuesto autorizado. Monto real asignado a la Unidad Responsable de la regulación de las normales (Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el DF y Dirección General de Educación Superior para Profesionales de

la Educación). Fuente: SHCP, Analíticos del PEF 2001-2029 y Proyecto de PEF 2021.

Visto de otra manera, el monto presupuestado para 2021 considerando todos los recursos, no sólo el programa S247, implicaría que cada maestro de educación básica contaría con sólo $108 anuales para pagar el costo de un curso para su desarrollo profesional.

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Gráfica C. Gasto anual por docente, 2009-2021 (pesos constantes al 2019)

Nota: Año base 2019; Presupuesto autorizado.

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP de principales cifras; http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ Presupuesto autorizado: Analíticos del PEF 2009-2020 y PPEF 2021; SHCP.

Análisis del PPEF 2021: La propuesta de recursos destinados al desarrollo profesional de las y los docentes de educación básica disminuye en 42% con respecto al PEF de 2020, lo cual representa la inversión más baja en la formación continua en casi dos décadas (ver Cuadro C). El Programa S247, Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) asignado a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USCMM), nuevamente disminuyó, dejando únicamente el monto para su gasto administrativo (Programa G001). Los recursos de este mismo programa asignados a la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica (DGFC) muestran una disminución importante de 80 millones (52%), y una ligera disminución (1.5%) en su gasto administrativo (G001). El efecto global es una reducción en 42% de los recursos para apoyar el desarrollo profesional de las y los docentes de educación básica, lo cual es muy grave, dada la disminución de 56% que ya se había sufrido en el presupuesto de 2020 respecto de 2019. Implicaciones para el desarrollo profesional docente: Un gobierno que busca “revalorar” a las y los docentes tiene que invertir en su aprendizaje continuo; la administración actual manda una señal incongruente al recortar el presupuesto –de por sí ya insuficiente– que se debe usar para garantizar una formación continua pertinente y relevante para todas las y los maestros y para construir un sistema educativo incluyente, que pueda mitigar las consecuencias negativas en el derecho a aprender derivadas de la contingencia sanitaria.

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Ante el cierre de las escuelas, las y los docentes han creado redes de apoyo y colaboración para responder a las necesidades de sus estudiantes, asumido nuevas funciones para tejer relaciones con las familias, aprendido rápidamente cómo utilizar nuevas herramientas digitales, adecuado el currículum a la nueva realidad del aprendizaje a distancia, e ideado múltiples canales para mantener la comunicación con sus estudiantes y sus familias. Sin embargo, el reto para continuar con los procesos de aprendizaje de cada estudiante y asegurar que ninguna NNAJ abandone la escuela aún es mayúsculo. Por ello, es crucial que cada docente cuente con los recursos pertinentes que le permitan tener espacios individuales y colectivos para la reflexión, indagación, interacción y experimentación de nuevas prácticas pedagógicas y de gestión. Sólo así podrán afrontar los retos de contar con la profesionalización necesaria para el diseño de experiencias de aprendizaje a distancia, desarrollo de habilidades socioemocionales y reforzamiento de aprendizajes, así como para preparar un regreso seguro a la escuela que mitigue el rezago de las y los estudiantes. Asegurar un presupuesto suficiente es sólo el primer paso para garantizar que las y los maestros cuenten con los espacios y mecanismos para su desarrollo profesional docente. Reducir los fondos limita la continuidad, intensidad y pertinencia de los programas de desarrollo profesional dirigidos a las y los docentes de educación básica. De no ajustarse, el PPEF impactará negativamente al millón 40 mil docentes que trabajan en el sistema de educación básica pública (SEP, Segundo Informe de Labores, 2020); lo equivalente a un gasto de solamente 108 pesos anuales por docente, el nivel más bajo desde hace más de dos décadas. Propuesta: Recuperar la inversión en desarrollo profesional docente a los niveles de 2018 (1,026 mdp), cambiar las reglas de operación del PRODEP (Programa S247) para que se considere la ampliación de los contenidos de aprendizaje orientados a la educación incluyente, los nuevos contenidos curriculares, las habilidades para el aprendizaje a distancia, así como establecer mecanismos para transparentar el uso del recurso para asegurar que sí se gasta en el aprendizaje de las y los maestros.

II.2. Diseño e implementación de un currículum incluyente

Programa (partida)

PEF 2019

PEF 2020

PPEF 2021

Diferencia respecto al año anterior

(pesos)

Cambio (%) (real)

S299 (DGDC) E068 (UAF)

S270 (DGDC) S271 (DGDGE) S221 (DGDGE) G001 (DGDC) P001 (DGEP) P001 (DGEP)

164 mdp 0

800 mdp 231 mdp

10,189 mdp 65 mdp 47 mdp 84 mdp

163 mdp 337 mdp 726 mdp 223 mdp

5,100 mdp 66 mdp 47 mdp 84 mdp

0 264 mdp 654 mdp

0 0

68 mdp 49 mdp 59 mdp

-163 mdp -72 mdp -72 mdp -223 mdp

-5,100 mdp 1 mdp 2 mdp

-25 mdp

-100% -23.9% -12.9% -100% -100% -0.6% 1.6%

-32.0% Inversión total en currículum

incluyente 11,983 mdp 6,750 mdp 1,096 mdp -5,653 mdp -84.2%

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Importancia para la educación incluyente en el contexto de la emergencia sanitaria: Un currículum incluyente (integral, participativo y flexible) tiene el potencial de desarrollar en cada NNAJ un aprendizaje que le sea pertinente y relevante. Para lograr esto, la autoridad federal no sólo debe contemplar un diseño basado en los criterios de equidad, inclusión, interculturalidad, integralidad y excelencia, -para responder a la irrupción que significa las condiciones impuestas por la pandemia- sino proporcionar los apoyos necesarios para que cada escuela pueda flexibilizar el currículum de acuerdo con los intereses y necesidades – recuperados en procesos participativos con las NNAJ de cada comunidad concreta. Contar con marcos curriculares no es suficiente para que los NNAJ aprendan. El aprendizaje se lleva a cabo en las escuelas y aulas. Por esa razón, ante la actual crisis sanitaria que vivimos es necesario tomar decisiones estratégicas para orientar los esfuerzos durante el ciclo 2020-2021 para contener y revertir los efectos que el cierre de escuelas está generando en los NNAJ. Hay que prever para el próximo año una inversión focalizada y suficiente para construir una estrategia para el cierre de brechas en el aprendizaje. Esto implica contar con el financiamiento adecuado para alinear, diseñar, apoyar y aplicar evaluaciones diagnósticas censales de logro educativo y las evaluaciones formativas en el aula y con base en ello poner en marcha un plan de recuperación, renivelación y reforzamiento. Análisis del PPEF 2021: Es contradictorio que frente a la más grave crisis educativa de los últimos tiempos el gobierno federal haya tomado la decisión de abandonar la política de aprendizaje incluyente. El PPEF 2021 reduce en 84% los recursos destinados con este enfoque, y si lo comparamos con los recursos asignados en 2019 la reducción se amplía a 91%, es decir que -de aprobarse tales recortes- sólo se estarían destinando a ese fin menos de 10% de los recursos que se tuvieron en 2019. El Programa S221, Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), que había tenido ya un masivo recorte de 50% en 2020, es sujeto de desaparición para el próximo año. Es notable la ausencia de una explicación sobre tal medida, pues durante los más de 10 años que el programa ha operado, se han realizado diversos estudios para analizar su impacto y los resultados han sido muy alentadores. Lo más relevante de esta evidencia no es sólo que se tiene un impacto positivo en el aprendizaje de las NNAJ, sino que además ha demostrado que el mayor impacto se observa en las y los alumnos que parten de un menor rendimiento académico, con mayor rezago escolar y en escuelas con alta marginación. El Programa S299, Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica (DASEB), sustituyó al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (S267) que fue creado en la administración pasada. Ahora este programa desaparece en el PPEF 2021. Con él también desaparecen las acciones para el fortalecimiento académico de supervisores, directores y docentes, así como la creación de materiales educativos adicionales para más de 371 mil NNAJ y familias de localidades rurales y urbano-marginales. Asimismo, los recursos destinados al gasto administrativo de la Dirección General de Desarrollo Curricular (G001) fueron reducidos nuevamente este año en 1%. Es importante recordar que al inicio de esta administración se había contemplado crear un programa destinado a desarrollar las habilidades socioemocionales en la comunidad escolar (E070), que en estos momentos serían de gran utilidad en el contexto del cierre actual de las escuelas. La propuesta tampoco fue contemplada en el proyecto de presupuesto para el año entrante.

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El Programa S270, Programa Nacional de Inglés (PRONI), creado desde 2009 y varias veces agregado y desagregado a otros programas, también presenta una reducción de 13% para 2021. Esto dificultará su operación en las más de 33 mil escuelas que cuentan con el apoyo de asesores para la enseñanza de este idioma. El Programa S271, Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), creado en 2014 para promover el mejoramiento de los ambientes escolares en 98 mil escuelas también es borrado del presupuesto. El programa destinado a financiar la evaluación de aprendizajes que tenía la clave E003 Evaluaciones de la calidad de la educación tuvo un cambio dentro de la Estructura Programática del Ramo 11 pues sus recursos fueron asignados al programa P001, Diseño de la Política Educativa con una reducción de 32% en sus recursos. Esta situación es preocupante en el contexto actual, porque la ampliación de las brechas educativas que se está gestando con el cierre de escuelas no podrá ser revertida si no se cuenta con un diagnóstico censal de cada NNAJ. El Programa E068, Educación Física de Excelencia, creado este año 2020 sufre también un recorte de 72 mdp (24%) en los presupuestado para 2021. Sin embargo, cabe señalar que este programa no está articulado con las necesidades de las escuelas pues es operado desde la Oficina de la Presidencia de la República para promocionar del boxeo, caminata y béisbol, y es administrado directamente por la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP. Implicaciones para el currículum incluyente: En suma, la administración actual está proyectando quitarle un 84% a los fondos que se destinarán en 2021 a mejorar el aprendizaje de NNAJ de las condiciones más marginadas históricamente en el país. Justo en este momento, la propuesta de gasto que presenta el gobierno federal es un golpe brutal a las oportunidades de aprendizaje de millones de NNAJ. Es un retroceso macabro en el ejercicio de derechos de los que menos tienen. El impacto no podrá ser subsanado con la simple entrega directa de becas, porque los programas que desaparecen buscaban la construcción de capacidades en las comunidades escolares para el beneficio de los NNAJ de las localidades con mayor marginación. Las escuelas de educación básica enfrentan un doble desafío para el 2021: 1) implementar dos diferentes marcos curriculares, el de 2011 y 2017; y 2) remontar la grave brecha de aprendizajes que se está gestando entre las generaciones escolares. Es en las comunidades atendidas por estos programas en donde se prevé mayor rezago educativo cuando concluya Aprendo en Casa II, la actual estrategia federal frente a los cierres escolares a causa de la pandemia por COVID-19. El PETC es considerado como altamente relevante para garantizar el acceso efectivo al derecho a la educación por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Su desaparición vulnera el derecho a la educación de más de 3.6 millones de NNAJ. Con él desaparecen las oportunidades de mejorar los resultados de aprendizaje en matemáticas y lenguaje de NNAJ que se encuentran en grave rezago escolar. A la niñez indígena la deja sin clases extras para la lectura y escritura en su propia lengua. También desaparecen los apoyos para más de 27,063 escuelas de educación básica de la cuales 70.5% son indígenas y rurales. Más de la mitad de estas escuelas brindan alimentación a 1.4 millones de NNAJ con carencia de acceso a la alimentación, lo que representa un duro golpe para miles de familias, especialmente al regreso del encierro que ha significado en muchos casos pérdida de ingreso de las familias y desnutrición. Con la eliminación del PNCE desaparecen las oportunidades de continuar con las experiencias de aprendizaje socioemocional en las escuelas y la construcción de ambientes escolares libres de

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violencia y acoso escolar. El PNCE atiende actualmente a comunidades con mayor rezago ubicadas en zonas con alto nivel de violencia en más de 98 mil escuelas de todo el país. Con la eliminación del DASEB se truncan las acciones para que las escuelas mejoren los aprendizajes en lectura, matemáticas y pensamiento científico obtenidos durante la contingencia sanitaria. El programa beneficiaba a más de 371 mil NNAJ y sus familias en localidades rurales y urbano-marginales en los estados. Con él desaparecen la entrega de materiales educativos adicionales creados para reforzar los aprendizajes de los NNAJ y las acciones para el fortalecimiento académico de docentes y el liderazgo académico de directivos y supervisores. Los recortes realizados al PRONI retrasarán el cumplimiento del aprendizaje del inglés. El marco curricular de 2011 lo contempla desde primero de preescolar y el modelo educativo de 2017 desde tercero. Actualmente, sólo el 28% de los alumnos de primaria tienen acceso a maestros de inglés y el 77% en el caso de los jóvenes de secundaria. Propuesta: Incrementar los recursos asignados a estos programas acorde con las necesidades de las escuelas detectadas en las evaluaciones de aprendizajes censales que deben ser aplicadas en 2021. Transitoriamente deberá partirse de un techo de gasto mínimo de poco más de 13 mil millones de pesos. Dicho monto fue el asignado en 2018 a las escuelas que reportaban bajos resultados educativos y se encontraban en zonas de alta marginación. Estos recursos deberán destinarse a atender algunos de los siguientes aspectos urgentes: 1) Fortalecer las habilidades docentes para asegurar que los contacto con las y los alumnos, semi-presencial o a través de los medios digitales, generen aprendizajes significativos, 2) aplicar una evaluación de aprendizajes diagnóstica y censal, 3) la ampliación de los horarios de todas las escuelas multigrado y de aquellas con graves resultados identificadas en las evaluaciones censales, 4) cuidado focalizado para las y los alumnos que inician los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria, que llegan a un ambiente nuevo y requieren mentoría, 5) atención de los ambientes socioemocionales en la escuela reabiertas ubicadas en zonas de alta violencia social, 5) construcción de una estrategia nacional para asegurar el uso continuo de recursos digitales mediante el diseño de experiencias de aprendizaje, que en el mediano plazo permitan un verdadero modelo mixto (blended) en las escuelas y 6) prever y ajustar presupuesto para fondear y monitorear un primer trimestre de recuperación, reforzamiento y nivelación intensivos, además de las estrategias de inclusión y equidad: alimentación en la escuela para los más vulnerables, atención adecuada para las condiciones de discapacidad, refuerzo con mayor apoyo para indígena, multigrado y CONAFE.

III. Brindar condiciones materiales adecuadas a todas las escuelas III.1. Infraestructura escolar para la inclusión

Programa (partida)

PEF 2019

PEF 2020

PPEF 2021

Diferencia respecto al año

anterior (pesos)

Cambio real (%)

U281 (DGLEEN) U282 (SEB)

M001 (DGLEEN) E047 (DGLEEN

800 mdp 0

26 mil pesos 141 mil pesos

4 mdp 7,280 mdp

21 mil pesos 193 mil pesos

4 mdp 12,280 mdp 14 mil pesos 174 mil pesos

210 mil pesos 5,000 mdp

-7 mil pesos -19 mil pesos

1.3% 63.1% -37.1% -12.8%

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I007 (R33) 9,184 mdp 9,534 mdp 9,429 mdp -105 mil pesos -4.3% Inversión total

en infraestructura

para la inclusión

10,126 mdp 17,012 mdp 21,888 mdp 4,876 mdp 24.4%

Importancia para la educación incluyente en el contexto de la emergencia sanitaria: La coyuntura mundial de la pandemia por COVID-19 ha interrumpido la asistencia a la escuela de millones de estudiantes en el mundo, pero cuando muchas de ellas reabran, las y los estudiantes encontrarán que las condiciones de infraestructura seguirán siendo deficientes por decir lo menos, generando ambientes de aprendizaje deplorables, tristes y deprimentes. En números, en el ciclo escolar 2018-2019 hubo 41,283 escuelas de educación primaria, secundaria y planteles de educación media superior (EMS) sin agua potable, 16,041 sin sanitarios para uso de estudiantes y 18,680 que operaron sin servicio de electricidad (Mejoredu, 2020). En primaria, las escuelas de educación indígena tienen la menor disponibilidad del servicio para el lavado de manos (39.5%), seguida de la primaria general con 73.8%. Por su parte, las telesecundarias son el servicio con menor acceso al agua (66.8%), es decir 3 de cada 10 secundarias carecen del servicio. La inclusión educativa exige que cada escuela sea accesible y que cuente con las condiciones mínimas de construcción, agua y saneamiento, para asegurar la salud, integridad y apoyar la presencia, aprendizaje y participación de cada miembro de la comunidad escolar. Asimismo, ahora más que nunca será importante también considerar la rehabilitación de los espacios abiertos, por ejemplo, con techumbres para el regreso a clases con sana distancia y la sugerencia de buscar las formas de utilizar espacios abiertos para evitar los contagios por la cercanía en ambientes cerrados. Gasto histórico en infraestructura escolar: Una deuda histórica que ni la autoridad federal, ni las estatales han podido lograr es establecer y mantener un sistema público de información sobre el estado que guarda la infraestructura física de cada escuela del país, desde inicial hasta superior. Los recursos destinados para la infraestructura física de las escuelas se encuentran dispersos en muchos programas presupuestales cuyo propósito es variado, por lo que es difícil identificar con exactitud la inversión real total. Aunque en este año contamos con un incremento por segundo año consecutivo, pasando de 17 mil millones a 21. 8 mil millones (22% de incremento). Sin embargo, es posible y necesario sostener la inversión pública. Un antecedente importante al respecto fue el año de 2016, cuando fueron autorizados recursos por un monto de 27,613 millones de pesos, canalizados a través de los programas de la Reforma Educativa, Escuelas de Tiempo Completo, Fortalecimiento de la Calidad Educativa y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33. Análisis del PPEF 2021: Es considerable el aumento propuesto para el Programa U282, La Escuela es Nuestra, pues la asignación adicional propuesta para el año entrante asciende a 5 mil millones de pesos (63% en términos reales). Sería deseable que el aumento de los recursos vaya acompañado con mayor transparencia y rendición de cuentas pues las autoridades responsables todavía no ofrecen evidencia pública sobre los resultados concretos de la implementación, ni ofrecen información pública, ordenada, con datos abiertos y acceso a bases de datos con desagregación a nivel estatal con nivel, modalidad, localidad y marginación.

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La Dirección General de la Escuela es Nuestra (DGLEEN), antes el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), desaparecida con la aprobación de la Ley General de Educación (LGE), mantiene su gasto operativo, con 19 millones menos (1% en términos reales) para el Programa E047, Programa de Mantenimiento e Infraestructura Física Educativa, pero reduce a nivel mínimo su gasto administrativo del Programa M001, con la ridícula cantidad de 14,167 pesos. Los montos de inversión provenientes del Programa I007 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se redujeron en poco más de 105 millones (4.3% en términos reales). Por su parte, vale la pena retomar y esclarecer sobre los mecanismos de bursatilización empleados en el Programa de Escuelas al Cien aplicados en 2019, de los cuales no se ha informado a la ciudadanía su reconversión o recuperación. Sin contar con más información sobre su destino es imposible evaluar su aportación a la educación incluyente. Implicaciones para la educación incluyente: La desaparición del INIFED, junto con los continuos cambios en las responsabilidades de los actores involucrados en la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de los inmuebles e instalaciones escolares suponen varios riesgos para toda la comunidad y en especial para NNAJ. Ello por la falta de claridad sobre quiénes deben asumir las funciones y responsabilidades de aspectos centrales como la seguridad de los planteles educativos y la integridad física de las personas en ellos (estudiantes, docentes y otro personal y familias); la indefinición de acciones de prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento; los recursos y fuentes de financiamiento; así como la creación y actualización de sistemas de información del estado físico de los inmuebles escolares. Aunque la cantidad de recursos aumentó, aún desconocemos si será suficiente la estrategia para atender no sólo las carencias en infraestructura sino para enfrentar y prevenir específicamente que se presenten condiciones que favorezcan el contagio de COVID-19 en las escuelas. Todo lo anterior dificulta llegar con certeza al objetivo de lograr que, desde las condiciones materiales en las escuelas, se garantice una educación incluyente en cada escuela y para cada NNAJ. Propuesta: Establecer en el decreto del PEF la prohibición del uso electoral del programa y garanticen construcciones seguras y vinculadas a proyectos de aprendizaje de NNAJ. Los vacíos reflejados en los lineamientos del programa emitidos en octubre de 2019 muestran la necesidad de emitir una nueva estrategia nacional para la atención de la infraestructura educativa que no sólo garantice la seguridad de las instalaciones y el buen uso de los recursos, sino para alcanzar el sostenimiento en el nivel de inversiones para que el gasto público destinado a ello tenga un impacto en promover la inclusión en la educación básica. A continuación, se presentan algunas propuestas. Fortalecer la supervisión técnica. Establecer que es obligación de las autoridades educativas locales (AEL) y no de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) garantizar la seguridad estructural de las obras mayores y, por tanto, la seguridad de las personas. Aclarar la participación de los Institutos Locales de Infraestructura. Incluir a los institutos locales como responsables de proporcionar asesoría y acompañamiento especializado a los CEAP, tanto para la identificación de necesidades y elaboración de diagnósticos, emisión de dictámenes, entre otros. Regular la función del Director Responsable de Obra (DRO). Establecer un padrón de DRO que cumpla con las habilidades técnicas necesarias para llevar a cabo obras de construcción y

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reconstrucción en cada estado, al cual puedan recurrir los CEAP; establecer que todos los DRO deberán ser validados por las AEL; y determinar qué autoridad los supervisará. Asegurar mayor transparencia y mecanismos de control para la comprobación del uso de recursos públicos. Hay que asegurar que el ejercicio de los recursos realizado por las escuelas cuente con información suficiente, útil, clara, en datos abiertos y desagregada por estado. Se debe garantizar en todo momento un marco de transparencia que busque, de forma auténtica, reducir la arbitrariedad y la discrecionalidad en distintos niveles de decisión e implementación de políticas de infraestructura en las escuelas.

III.2. Libros y materiales educativos para la educación incluyente

Programa (partida)

PEF 2019

PEF 2020

PPEF 2021

Diferencia respecto al año anterior

(pesos)

Cambio (%) (real)

B003 (Conaliteg) B003 (DGME) E013 (DGTE)

M001 (Conaliteg) G001 (DGME)

1,907 mdp 147 mdp 172 mdp 45 mdp 88 mdp

2,952 mdp 140 mdp 144 mdp 39 mdp 76 mdp

3,050 mdp 126 mdp 127 mdp 40 mdp 78 mdp

97 mdp -14 mdp -16 mdp 1 mdp 1 mdp

-0.09% -12.9% -14.1% 0.7% -1.7%

Inversión en materiales educativos

2,361 mdp 3,352 mdp 3,442 mdp 70 mdp -1.2%

Importancia para la educación incluyente en el contexto de la emergencia sanitaria: Para que el gasto contribuya a la educación incluyente de acuerdo a la diversidad de las necesidades lingüísticas, es necesario ampliar y diversificar la oferta de contenidos – libros y otros materiales didácticos – en formatos diversos y accesibles para todas las NNAJ. Análisis del PPEF 2021: El PPEF 2021 reduce en 70 mdp (1.2%) los recursos destinados el diseño, producción, distribución y transmisión de materiales educativos. Aunque el Programa B003, Producción y distribución de libros y materiales educativos de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuito (CONALITEG) fue el único de este bloque en recibir un aumento de poco más de 97 millones de pesos en términos reales, el resto del presupuesto prácticamente permaneció igual en el proyecto para el año entrante. Esto permitirá financiar la producción de 180 millones de libros de texto gratuito y materiales educativos. El gasto administrativo del CONALITEG fue el único que tuvo un incremento real en el PPEF 2021, aunque modesto de 0.8% (M001). En el caso del Programa B003 destinado a financiar las actividades de edición, producción y distribución, tuvo un recorte de 14 mdp (13%) en este proyecto. Esto dificulta avanzar en la gran deuda histórica que el estado tiene con los pueblos originarios y orientar recursos a la producción de materias en las 68 lenguas nacionales de nuestro país. El gasto operativo de la Dirección General

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de Materiales Educativos (DGME) decreció en términos reales 1.8%, aunque se incrementó en más de un millón de pesos nominalmente. El Programa E013, Producción y transmisión de materiales educativos destinado por la Dirección General de Televisión Educativa (DGTE) para la producción y transmisión de contenidos radiofónicos y televisivos tuvo nuevamente un recorte de 14%, pues al año 2020 tuvo uno mayor. Implicaciones para los libros y materiales educativos para la educación incluyente: El cierre actual de escuelas resaltó la importancia del libro de texto gratuito. Hoy más que nunca se resalta el rasgo democrático de este importante instrumento de política educativa. Las limitaciones de la estrategia de aprendizaje a distancia han podido ser subsanadas por la existencia de los materiales educativos impresos que pudieron ser transportados por todo el país. Gracias a ello los docentes han tenido un instrumento pertinente para dar acompañamiento a los aprendizajes durante el cierre de las escuelas. Sin embargo, la progresividad del derecho a la educación exige un gasto más equitativo y redistributivo, que permita garantizar el derecho a la educación de todas las niñas y niños indígenas, migrantes y con discapacidad, y que garantice la eliminación de cualquier barrera para el aprendizaje y la participación. Los materiales educativos son elemento fundamental para garantizar una educación incluyente en la etapa actual, pero sigue siendo insuficiente para contribuir a gestionar el aprendizaje de todos y especialmente a aquellos que hablan una lengua diferente al idioma oficial o para aquellos que cuentan requieren formatos especializados debido a una discapacidad. Asimismo, consideramos que la producción audiovisual puede ampliar las oportunidades de aprendizaje de las NNAJ razón por la cual debe existir una ampliación de la misión de la televisión educativa. Muchos maestros han expresado predilección por el uso de videos como materiales de apoyo educativo en las actividades de educación distancia. No está contemplado ninguna alternativa estratégica para reforzar esto, aunque 2021 requerirá de un esfuerzo para avanzar al modelo híbrido que exige el contexto post-pandemia. Propuesta: Es importante que la televisión educativa amplíe la generación de contenidos educativos para todos los grados de educación básica con nuevos enfoques aprovechando la experiencia adquirida durante la contingencia sanitaria. La ampliación de los recursos debe cubrir las necesidades de contenidos en lenguas originarias mediante la traducción de la producción creada durante 2020 así como la generación de nuevos contenidos diseñados por y para las NNAJ indígenas y hablantes de lenguas indígenas. También debemos avanzar hacia la inclusión en la producción de libros y materiales educativos dirigidos hacia las necesidades específicas de los grupos más desfavorecidos. Debemos asignar recursos suficientes que garanticen una oferta de materiales educativos amplia y diversa, de acuerdo a las necesidades e intereses de las NNAJ. Adicionalmente, es necesario construir materiales que fortalezcan y ayuden a formar docentes bilingües -lenguas originarias y español- que garanticen el derecho a aprender de todas las y los estudiantes.

IV. Asegurar que cada escuela cuente con el acompañamiento debido IV.1. Inversión para la equidad e inclusión

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Programa (partida)

PEF 2019

PEF 2020

PPEF 2021

Diferencia respecto al año anterior

(pesos)

Cambio (%) (real)

E066 (CONAFE) S295 (DGDC) S296 (DGEI) S297 (DGEI)

M001 (Conafe) G001 (DGEI) P001 (CGEIB)

4,553 mdp 36 mdp 91 mdp 91 mdp 145 mdp 104 mdp 17 mdp

4,503 mdp 33 mdp 92 mdp 92 mdp 142 mdp 102 mdp 15 mdp

3,830 mdp 58 mdp

0 0

142 mdp 101 mdp 16 mdp

-672 mdp 25 mdp -92 mdp -92 mdp 460 mdp

-918 mil pesos 691 mil pesos

-17.7% 69.3% -100% -100% -3.0% -4.2% 1.0%

Inversión total en la Equidad y

la Inclusión

5,039 mdp 4,981 mdp 4,148 mdp -832 mdp -19.4%

Importancia para la educación incluyente en el contexto de la emergencia sanitaria: La inclusión se vive en la escuela, pero la escuela no lo puede hacer sola. Lograr la visión de la educación incluyente plasmada en la Constitución requiere de una transformación transversal en el sistema educativo, pero también implica esfuerzos focalizados que reconocen la necesidad de proteger los derechos de NNAJ que pertenecen a poblaciones históricamente discriminadas. Estos esfuerzos focalizados adquieren especial relevancia frente a los retos causados por la pandemia del COVID-19. Hoy más que nunca es necesario invertir en programas destinados a apoyar a NNAJ que enfrentan barreras para el aprendizaje, así como indígenas, migrantes y personas que viven en contextos de alta marginación. La creación de este tipo de programas focalizados no debe ser usada para perpetuar la existencia de tipos de servicio educativos frágiles o segregatorios, pero es imprescindible presupuestar los recursos necesarios para apoyar la construcción de capacidades en las personas y las escuelas en los contextos más marginados. Gasto histórico en la equidad y la inclusión: El gasto federal destinado a la equidad e inclusión educativa está distribuido en siete programas principales (E066, S295, S296, S297, M001, G001, P001), tres de los cuales (S295, S296 y S297) formaban parte del S244, Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), creado en 2014 como una fusión de siete programas previos correspondientes a los tres niveles educativos y restructurado en 2019. Si analizamos los montos presupuestados para estos programas desde el 2010 hasta la fecha, se identifica una disminución constante en los recursos como se puede observar en la Gráfica D.

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Gráfica D. Presupuesto destinado a atender grupos vulnerables, 2010-2021

Nota:en2010-2013setomaronencuentalosprogramaspresupuestariosS033,S111,S119,S152yU042yen2014-2017elprogramaS244,

ensuvertientedeeducaciónbásica(deflactadobase2019).Fuente:ElaboraciónpropiacondatosdelaSHCP,AnalíticosdelPEF2010-2020yPPEF2021:Ramo11

Análisis del PPEF 2021: El presupuesto destinado a promover y fortalecer la equidad y la inclusión educativa de las poblaciones históricamente discriminadas sufrió una grave reducción global de 19.5% en términos reales. El Programa E066, Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria, continúa mostrando un decrecimiento, con una reducción en sus recursos de 17.7%. Así como los Programas M001 y G001, destinados al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), con reducciones de 3% y 4.2%, respectivamente. Con estas propuestas se ponen en riesgo los apoyos que el CONAFE brinda para hacer efectivo el derecho a aprender de cerca de 300 mil NNAJ con modelos educativos pertinentes, de enfoque intercultural, bilingüe y adaptado a contextos específicos de escuelas que viven en localidades rurales e indígenas dispersas por todo el territorio nacional. La reducción de los fondos impide ampliar los apoyos para mejorar los bajos niveles de logro que las NNAJ de las escuelas comunitarias muestran en las evaluaciones de aprendizaje. El programa es considerado como altamente relevante para garantizar el acceso efectivo al derecho a la educación por parte del CONEVAL. El Programa S295, Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, vertiente del anterior S244, Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), registra un aumento real de 69.3%. Sin embargo, los Programas S296 y S297, Atención a la Diversidad de la Educación Indígena y Atención Educativa a la Población Escolar Migrante, también vertientes del S244, registran una reducción total de sus recursos, desapareciendo del proyecto de presupuesto para el próximo año. Finalmente, el Programa P001, correspondiente a la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, tuvo un aumento de 1% en sus recursos. Implicaciones para la equidad y la inclusión:

1,819,662,548

1,184,589,924

1,044,396,689

939,774,656

440,863,483524,377,480 538,499,818

318,655,103 317,025,712

218,483,940 210,681,005

56,379,008

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Autorizado

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Los recortes previstos a los programas que atienden a las escuelas y poblaciones más marginadas del país revelan una realidad opuesta al discurso de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” y nos ubican lejos de lograr cumplimiento de los objetivos de equidad e inclusión educativa. La desaparición de los programas S296 y S297 implica la eliminación de apoyos para evitar rezago educativo y cerrar brechas para 7,390 escuelas y servicios de educación indígena y para hijos de jornaleros agrícolas. No sólo implica la eliminación de un programa con cerca de 40 años de continuidad, que compensaba -al menos en parte- la enorme inequidad de las vidas de familias agrícolas migrantes, sino que quita a NN de familias migrantes la posibilidad de recibir educación intercultural y la atención adecuada de docentes y becarios en grupos multigrado. A pesar de ser insuficiente, ambos programas ofrecían un apoyo real y concreto. De prosperar la propuesta desaparecerían estos apoyos en 2021 sin posibilidades inmediatas de ser sustituidas por otra medida que alivie la situación de estas familias. Además, la pandemia que estamos viviendo ha hecho más evidentes los desafíos enfrentados por el sistema educativo y puede llevar a una mayor profundización de las brechas existentes. Son justamente estas niñas y niños quienes más excluidos quedaron de la opción principal del aprendizaje a distancia, el uso de la televisión y plataformas digitales como medio de contacto con los contenidos educativos. Es necesario invertir más donde más se necesita, contar con programas y estrategias para mitigar las consecuencias y el impacto del cierre de las escuelas en el corto, mediano y largo plazo. De lo contrario, seguiremos violando el derecho a una educación incluyente de NNAJ históricamente discriminados. Propuesta: Recuperar la inversión para apoyar la equidad y la inclusión en educación básica a los niveles de 2018. Es decir, partir de un techo de gasto mínimo de 303 mdp para los programas S295, S296 y S297 (anteriormente S244), 4,858 mdp para la Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria (E066), 142 mdp destinados a CONAFE (M001) y 105 mdp para la Dirección General de Educación Indígena (G001). Además, los programas aquí analizados deben estar explícitamente articulados con la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa (ENIE) que mandata el nuevo Artículo 3º Constitucional.

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ANEXO I. Marco general del PPEF 2020

Tabla 1. Agregados generales y educativos, PEF 2019-2020 (millones)

Programas 2019

2020

2021 PPEF

% 2020

% 2021

PEF 5,822,968 6,107,732 6,295,736 1% 0% Gasto programable

4,132,331 4,407, 403 4,618,338 3% 1%

Educación (B+EMS+S)

720,938 752,765 781,680 1% 0%

Educación básica

57,444 53,230 53,282 -11% -3%

Media Superior

96,098 106,440 112,546 7% 2%

Superior 118,631 126,015 130,271 3% 0% Nota: deflactado base 2019 con información del gasto autorizado en 2019 y 2020.

ANEXO II. Detalles de presupuesto por componente y programa presupuestario

Tabla 1. Descripción general de aumentos y recortes por componente PPEF 2021

Dimensión Programas por Unidad Resposable

Dirección Componente

Personas

4

Desarrollo integral de la primera infancia

10

Prevención del abandono escolar en EB y EMS

4

Formación docente inicial

Relaciones y procesos

4

Formación docente continua

8

Implementación curricular

Condiciones materiales

5

Infraestructura escolar

5

Libros y materiales educativos para la educación intercultural

Red de Apoyo

7 Inversión para la equidad e

inclusión

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Programas presupuestarios federales en el PPEF 2020 Desarrollo integral de la primera infancia

1. U031 Programa de Expansión de la Educación Inicial 2. S174 (R12) Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres

Trabajadoras 3. P025 (R04) Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Prevención del abandono escolar en EB y EMS

4. S072 Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 5. S243 Programa de Becas Elisa Acuña 6. M001 Actividades de apoyo administrativo 7. S311 Beca Universal para Estudiantes de EMS Benito Juárez 8. S298 Atención de Planteles Federales de EMS con Estudiantes con Discapacidad (PAPFEMS) 9. U079 Expansión de la MS y Superior. Desaparece 10. U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación

Formación inicial docente

11. S300 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (antes Fortalecimiento de la Calidad Educativa). Desaparece

12. S243 Programa Nacional de Becas Elisa Acuña (antes Programa Nacional de Becas) 13. P001 Diseño de la política educativa 14. G001 Normar los servicios educativos

Formación docente continua

15. S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 16. G001 Normar los servicios educativos

Implementación curricular

17. S299 Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica (antes Fortalecimiento a la Calidad Educativa S267). Desaparece

18. E068 Educación Física de Excelencia 19. S270 Programa Nacional de Inglés 20. S221 Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Desaparece 21. G001 Normar los servicios educativos 22. P001 Diseño de la política educativa

Infraestructura escolar

23. U281 Programa Nacional de Reconstrucción 24. U282 La Escuela es Nuestra 25. E047 Programa de Mantenimiento e Infraestructura Física Educativa 26. M001 Actividades de apoyo administrativo 27. I007 Fondo de Aportaciones Múltiples

Libros y materiales educativos

28. B003 Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos 29. E013 Producción y transmisión de materiales educativos 30. M001 Actividades de Apoyo Administrativo 31. G001 Normar los servicios educativos

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Inversión para la equidad y la inclusión

32. E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria 33. S295 Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial 34. S296 Atención a la Diversidad de la Educación Indígena. Desaparece 35. S297 Atención Educativa de la Población Escolar Migrante. Desaparece 36. M001 Actividades de Apoyo Administrativo 37. G001 Normar los Servicios Educativos 38. P001 Diseño de la política educativa.