PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CUENCA 2020 - 2050 PROCURANDO CRITERIO A LA CIUDAD por Dámaso Matarranz López arquitecto municipal

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"Los individuos viven y actúan en un mundo de instituciones. Nuestras oportunidades y perspectivas dependen sobre todo de las instituciones que existen y de cómo funcionan..." El artículo 10 del Estatuto de la Gerencia Municipal de Urbanismo establece que corresponde especialmente al Consejo Rector de la misma proponer al Ayuntamiento la redacción, formulación y tramitación del planeamiento urbanístico municipal, especialmente el Plan de Ordenación Municipal del Municipio, así como de sus revisiones y modificaciones. Es por todos compartido que el PGOU vigente, tras más de veinte años de vigencia, necesita ser reformulado. El presente informe se elabora para dar inicio formal a los trabajos de revisión de dicho plan, motivando el acuerdo que a tal efecto deberán adoptar el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo primero y el Pleno Municipal del Ayuntamiento después. El presente informe se estructura en varios apartados: En primer lugar presentaremos los "por qué" que justifican la necesidad de revisar urgentemente el PGOU existente En segundo lugar hablaremos de los objetivos esperados, "los para qué" del trabajo que se pretende realizar. Y en tercer y último lugar presentaremos el "como" proponemos llevar adelante esta tarea. INDICE Resumen Ejecutivo Página 1 a 18 Introducción Página 19 a 27 Apartado Primero Del POR QUÉ del POM Razones Legales Página 28 Razones Estratégicas Página 56 Razones Urbanísticas Página 67 Razones Sociales Página 97 Razones Económicas Página 101 Sociedad del Conocimiento Página 108 Participación Ciudadana Página 115 Apartado Segundo “PARA QUE” un POM Página 118 a 131 Apartado Tercero “COMO HACERLO” Página 132 a 156

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RESUMEN

La Ciudad del Mañana empieza hoy a construirse. Revisión del PGOU de la ciudad Mayo de 2016 - Mayo de 2019 El Plan municipal constituye la plasmación urbanística “de un proyecto de ciudad”, es decir, no es sólo un instrumento técnico sino la manifestación de la voluntad del municipio en cuanto a sus grandes opciones de futuro, plasmada en la elección de una determinada alternativa de ordenación del territorio. Desoído el modelo de ciudad propuesto por el vigente PGOU 1996, debe definirse nuevas directrices que ordenen el desarrollo y crecimiento futuro de la ciudad. El establecimiento de unos criterios y objetivos de intervención, dialécticamente relacionados con el diagnóstico de los problemas clave identificados, constituye el paso previo necesario para la formulación de las opciones concretas de ordenación urbanística. Se demanda “Perspectiva Estratégica”, es decir, una aproximación selectiva que elija qué partes y elementos de la ciudad puede apoyar mejor las políticas de transformación y recuperación urbana formuladas. Vivienda, empleo, accesibilidad y seguridad son las principales preocupaciones de los habitantes urbanos. Estos temas están fuertemente correlacionados con la forma urbana. Las políticas adecuadas sobre densidad, uso del suelo, espacio público y diseño de infraestructura y servicios pueden hacer una diferencia en la entrega de calidad de vida a un precio justo. El diseño de un modelo espacial que responda a las preocupaciones de los ciudadanos es un medio para suministrar una mejor ciudad. Hoy, La totalidad de las determinaciones del PGOU de 1996 están fuera de foco. Sin criterios adecuados de intervención, las decisiones son arbitrarias y la ciudad navega a la deriva. La construcción de un nuevo Planeamiento General (POM) se convierte en una cuestión de naturaleza táctica que nos permitirá gestionar el viaje hacia la Cuenca del año 2050, ciudad inteligente y digital, verde y sana, educadora y creativa, proveedora de servicios territoriales, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO Y DEL PAISAJE. Además la redacción del POM es un fin en sí mismo, pues los procesos de deliberación, exposición y difusión son un momento perfecto para estrechar los lazos con la población y para recoger y retomar las inquietudes de los ciudadanos. El PROCESO DE CONSTRUCCION DE UNA VISION COMÚN, ayuda a fomentar de forma considerable el "empoderamiento" del proyecto, fortaleciendo los resultados en el tiempo y ayudando a extender dichos resultados hacia toda la ciudad. La necesidad de recuperar la ciudad como construcción colectiva y de ampliar los escenarios de apropiación de lo urbano por parte de la ciudadanía aparece cada vez más como una herramienta fundamental para hacer frente desde la óptica de la sostenibilidad al embate de una crisis múltiple que engloba lo económico, lo social y lo ambiental y que se encarna de forma especialmente virulenta en la realidad urbano territorial.

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La obsolescencia del PGOU de 1996 se evidencia día a día en el trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo y puede motivarse en las siguientes razones:

Razones legales: 1. Adaptación al vigente marco legal: El texto refundido de la Ley del suelo y la rehabilitación (RDL 7/2015) y el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística en Castilla la Mancha definen un sistema legal de referencia bien diferente del existente en el momento de la aprobación del PGOU de 1996. CARCELLER FERNÁNDEZ define el Plan urbanístico del siguiente modo: “el Plan Urbanístico es, en un sentido amplio y según nuestro ordenamiento jurídico, un acto del poder público que ordena el territorio, estableciendo previsiones sobre el emplazamiento de los centros de producción y de residencias, regula la ordenación y utilización del suelo urbano para su destino público o privado y al hacerlo define el contenido del derecho de propiedad y programa el desarrollo de la gestión urbanística”. Aún cuando la vigencia del PGOU se establece indefinida, sus determinaciones se corresponden con unas determinadas reglas de juego. Modificadas las reglas es imprescindible revisar el Plan.

Razones urbanísticas:

2. Un nuevo escenario de crecimiento: La ciudad propuso en 1996 un modelo de utilización del suelo a largo plazo finalmente no conseguido. El suelo urbano de la ciudad es hoy tres veces superior al existente en 1988, mientras que la población tan solo creció en este periodo un 20%, pasando de 47.000 a 57.000 habitantes. En la primera década del siglo XXI, el número de viviendas en la ciudad se incrementó en cerca de 7.000, hasta un total de 31.000, de las cuales alrededor de 5000 viviendas están vacías y cerca de otras 5.000 constituyen segunda residencia. Así y todo, el 50% de los suelos urbanizables con Uso Global residencial propuestos por el PGOU continúan pendientes de ejecución, (suelos con capacidad para 9000 viviendas). Los principales desarrollos residenciales llevados a cabo durante esta década tuvieron lugar en suelos que el PGOU definía como "inadecuados para el crecimiento urbano". Hablamos de los desarrollos de los barrios de Villarromán II, III y IV (este último paralizado en sus estadios iniciales), En la memoria del PGOU de 1979 se estimó que el número de empleos en el sector secundario (excluida la construcción) sería, en 1988, de 5500, con un incremento de más de 3500 empleos respecto de los existentes en 1975. En cambio, en 1988 existían en el sector secundario no más de 1900 empleos.El PGOU 1996 ordenó suelo con destino industrial para una total de 1.700.000 metros cuadrados edificables, de los cuales apenas un 20% se ha materializado.

Hoy, se impone la cultura de la sostenibilidad.

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La forma de enfocar el crecimiento y el funcionamiento futuro de la ciudad, asegurando la sostenibilidad medioambiental y económica de la ciudad, debe ser una prioridad en el nuevo Plan. Un nuevo enfoque urbano que en 1996 cuando se redactó el nuevo plan, no era previsible. Los rasgos distintivos de esta “cultura” podrían ser los siguientes: a) La voluntad de promover la concertación entre las diversas instancias públicas y privadas que intervienen en la construcción de la ciudad y del territorio (…) suscitando la “cooperación” como única alternativa razonable al enclaustramiento en las respectivas competencias. b) La voluntad de considerar integradamente todos los aspectos que inciden sobre la calidad de vida en la ciudad y el territorio. Esto es, insertar las determinaciones más específicas sobre la regulación de los usos del suelo en estrategias más generales a cerca de la calidad ambiental, la vertebración social y espacial, la promoción de la competitividad, etc. c) La voluntad de vincular el Plan a un compromiso sostenible de ejecución, a través del respaldo financiero a sus determinaciones y al desarrollo de una política activa de suelo (…) priorización estratégica de las acciones del Plan que conllevan inversiones públicas y privadas. d) La consideración de que el Plan no sólo no concluye con su aprobación formal, sino que ésta da el verdadero inicio al proceso de planeamiento, al abrir la posibilidad de materialización de sus determinaciones. Por este motivo el proceso de identificación de problemas y formulación de respuestas urbanísticas adecuadas no debe cerrarse con el período de redacción del Plan, sino prolongarse a lo largo de todas su vigencia como seguimiento o monitorización de su ejecución. Para la consecución de ciudades más sostenibles en la era del conocimiento ha de promoverse un modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. Los planes urbanos deben favorecer las operaciones de reforma interior con el objetivo de evitar un excesivo consumo de suelo y recuperar y rehabilitar la ciudad existente. - Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas - Evitar el crecimiento urbano desmesurado, logrando densidades apropiadas y priorizando el desarrollo en zonas ocupadas (frente al consumo de suelo rústico). - Favorecer la mixtura de usos, apuntando a un balance equilibrado entre las actividades laborales, residenciales y de servicios. - Asegurar la conservación, renovación y reutilización apropiada del patrimonio histórico construido. - Establecer requerimientos hacia un diseño y construcción sostenibles, y promover la arquitectura de alta calidad favoreciendo las nuevas tecnologías en la construcción. - “Que nunca más se caiga en la ciudad monótona y carente de calidad, que se aumente la densidad, que haya variedad de tipos de edificios”. - Otro factor determinante es “abaratar los costes de urbanización”. Hasta ahora “no se han sabido calibrar los costes”. - Ganar espacio para el peatón es importante, principalmenteen el centro de la ciudad, donde es preciso un urbanismo que se vaya adaptando a los tiempos. - Lo más importante es reverdecer el centro: más verde en azoteas, fachadas y medianeras.

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- Ni el más mínimo solar debe quedar sin utilizarpara lo que resulta imprescindible la colaboración de los vecinos. - Hay que aplicar un plan de movilidad que reduzca el dominio del automóvil en el espacio urbano de las calles haciendo proliferar las calles de uso compartido y de residentes . - Y, en el centro, es esencial “no detener el reciclaje”.

3. Una mejora de la integración urbana: La línea de ferrocarril.

Inicialmente alejada del casco urbano, el crecimiento de la ciudad ha hecho que el trazado ferroviario se encuentre actualmente dentro del núcleo urbano y origina una rotura en la continuidad del terreno, y por lo tanto genera un problema de movilidad urbana. Los suelos de RENFE, englobados por el PGOU en un ámbito de reforma interior denominado PERI 9, constituyen el principal recurso de la ciudad en relación en relación con el cambio de modelo urbano propuesto. El PGOU encapsuló estos suelos y configuró un modelo de ciudad indiferente a los mismos (de hecho el PGOU de 1996 se aprobó con un fuerte reparo relacionado con el ámbito PERI 9, ámbito que permanece tal cual tras veinte años de vigencia del plan). Indicar cómo los terrenos ocupados actualmente por las vías del antiguo sistema ferroviario y la estación podrían ser una baza ganadora para la Cuenca del siglo 21 es el reto.

Con la llegada del servicio del tren de alta velocidad y su nueva estación ¿QUÉ PUEDE HACERSE CON LOS TERRENOS QUE ACTUALMENTE OCUPAN LA ANTIGUA ESTACIÓN Y SUS ÁREAS DE SERVICIO?. La barrera física del trazado ferroviario dificulta la interrelación entre los barrios de la ciudad, incidiendo negativamente en la misma. Con la puesta en marcha de la línea de AVE y la construcción de una nueva terminal de viajeros en el paraje de la Estrella, la línea ferroviaria que atraviesa la ciudad languidece con un tremendo coste de oportunidad para la ciudad. La definición con el Ministerio de Fomento y ADIF del proyecto que permita incorporar en el tejido funcional de la ciudad estos suelos, (tras la construcción de un by-pass que permitiera la conservación de la línea de tren convencional con destino al transporte de mercancías), cobra especial relevancia en el proceso abierto para la regeneración de la ciudad consolidada. Con la eliminación, (en su caso modificación), del sistema ferroviario actual se presenta una brillante oportunidad, para utilizar los suelos liberados para unir, como si de un afluente verde o un desfiladero de paisaje, muchos otros elementos de la ciudad que han crecido por separado. Junto con la incorporación a la trama urbana de los suelos de RENFE, el desarrollo de una nueva plataforma industrial que permita el reciclaje de los viejos suelos industriales se advierte como potencial motor de cambio. En la actualidad el PGOU contempla la urbanización futura de suelos con capacidad para 1.200.000 m2 de techo edificable, (repartidos en suelos urbanos pendientes de consolidación y hasta 9 sectores de suelo urbanizable). ¿No resultaría más conveniente promover la construcción de un nuevo polígono industrial alrededor de los suelos de SEPES, la confluencia de las carreteras de Valencia y Ciudad Real y la nueva Estación del AVE?. Este nuevo polígono, con servicios de rail-way, bien comunicado por carretera, dotado con servicios TIC, no sólo maximizará el potencial de las pequeñas industrias locales existentes, sino también, y principalmente, permitirá atraer inversiones para el desarrollo de productos sustentables o de alta tecnología, incluso manufactureros.

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Hoy el SEPES, a 5 kms de distancia de la ciudad, mal comunicado, con aproximadamente el 50% de sus edificios vacío y suelos sin edificar, no aporta ningún valor añadido a la ciudad. Al mismo tiempo, los viejos polígonos industriales de la ciudad, un conjunto de diseminados en su perímetrometro, presentas fuertes carencias en sus servicios urbanos y graves deficiencias en su edificación (falta de conservación, ineficiencia energética e incluso obsolescencia funcional). Un proyecto de regeneración urbana de estos suelos habilitaría su reconversión como barrios residenciales y de usos terciarios Las pequeñas industrias existentes en estos suelos podrían trasladarse al nuevo parque industrial. Los suelos del PSI “Nueva Área Industrial El Terminillo”. La actuación del Terminillo promovida por la Junta de Comunidades es hoy una de esas actuaciones urbanizadoras “satélite” características del modelo desarrollista institucionalizado con la Ley del suelo de 1998, hoy en crisis. Concebida como área dotacional “ad hoc” para la construcción de un nuevo hospital en Cuenca, su urbanización en la actualidad está inconclusa. La localización de este ámbito (en el que se incluyen, además de los suelos necesarios para el hospital, suelos destinados a la construcción de un Palacio de Congresos, un Centro Nacional de Digitalización de contenidos audiovisuales, o un Pabellón Deportivo con Piscina Cubierta, hoy desechados) no guarda relación alguna con el modelo de ciudad trazado por el PGOU de 1996 y lo que es peor, es una preexistencia con una gran capacidad para generar graves desequilibrios funcionales en la ciudad La funcionalidad del PSI se construye a partir de la conexión viaria ejecutada en la ronda de circunvalación que conecta la carretera de Madrid con las carreteras de Ciudad Real y Teruel, y las infraestructuras resultantes del desarrollo urbanístico previsto por el PGOU en los sectores 3B y 4.1, hoy sin garantías de poderse llevar a término, (luego serán precisas obras complementarias de urbanización para poder conectar el ámbito a las redes de servicios urbanos de la ciudad). Ni la ubicación, ni el programa parecen adecuados. Tras una inversión próxima a los 20 millones de euros, debe reflexionarse sobre el programa de usos a materializar en dicho sector. (...) En la memoria informativa del PGOU de 1963: La ciudad de 1950 aún conservaba una estructura equipamental adecuada a su tamaño poblacional y equilibradamente distribuida. Los nuevos espacios necesarios para el mantenimiento posterior de este equilibrio no fueron respetados. Ello ha facilitado que, posteriormente haya sido necesario habilitar suelo para equipamiento general, especialmente sanitario-asistencial y educacional, concentrándolo fuera del área edificada, en posición marginada respecto de la estructura general de la ciudad. LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES EQUIPAMENTALES TIENDEN A LA DISPERSIÓN, CONSECUENCIA DE LA AUSENCIA DE SUELO URBANIZADO, A LO LARGO DE LA CARRETERA DE MADRID.

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Casi 50 años después estamos reproduciendo los mismos errores. Hoy, siendo el programa de usos del denominado “PSI” incongruente con el modelo de ciudad pretendido, (véase como si hubiera de configurarse un espacio central de equipamiento de la ciudad este debiera ubicarse en los suelos denominados de RENFE, sistema que se propone complementar con una red de equipamientos de barrio capaz de dinamizar precisamente eso, la vida de los barrios ya existentes), podría plantearse en ellos, por ejemplo, un “parque empresarial” de servicios I+D+i de base biosanitaria, (Centro de Investigación innovación y desarrollo de soluciones de atención sanitaria especializada, Sinergias con el Nuevo Hospital , Innovación, Investigación, Universidad...)

4. Una mejora del medio ambiente urbano:

Debemos rediseñar el paisaje urbano con criterios de funcionalidad y estética.

(…) La investigación urbanística se desplaza desde las indagaciones sobre la percepción estética de la forma urbana a otras de índole sociológica.

Con este giro, abrimos las puertas hacia la promoción de la peatonalización de la ciudad, el estudio de la naturaleza social de las calles y la relación de los comportamientos con el medio ambiente.

(…) Hemos de interesarnos por los problemas de la calidad perceptiva del ambiente urbano pero no tanto a través de una hipótesis de cualificación de sus partes convencionalmente significativas – o sea, de su estructura monumental – sino más bien por medio de la revalorización conjunta de los elementos que constituyen el cuadro urbano. (…) A pesar de las fuertes inversiones acometidas sobre los centros en los últimos años todavía queda mucho que hacer; en muchos casos éstas inversiones han consistido en la simple renovación de fachadas y pavimentos, sin entrar a resolver los problemas estructurales provocados por la progresiva erosión de la calidad urbana objetiva (congestión, contaminación, ruido, invasión por el coche, inseguridad ciudadana, etc.), las carencias funcionales (falta de zonas verdes, deportivas y equipamientos de proximidad) y la obsolescencia del parque residencial (inadecuación tipológica, deterioro constructivo, falta de instalaciones, problemas de accesibilidad, etc.); mucho menos, la compleja problemática social de algunas de estas zonas (envejecimiento, concentración de población marginal y/o de inmigrantes, etc.) que es imprescindible abordar para su revitalización desde un punto de vista integral. (…) Es necesario clarificar los conceptos sobre los que se debe procurar la puesta en valor del centro actual de la ciudad. Debemos evitar la pérdida de carácter en nuestra ciudad. Los componentes urbanos de la ciudad deben ser puestos en valor. Hacer del centro de la ciudad de Cuenca un espacio más útil y valioso para residentes, visitantes, propietarios de negocios y bienes raíces, como un sitio ideal para trabajar, comprar, jugar, vivir y aprender. (…) Cuando hablamos del “centro de Cuenca” debe visualizarlo como un gran centro cultural y social, mucho más que sólo un centro de gravedad en un denso desarrollo urbano.

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(…) Principios para regresar la calidad a la zona de Carretería. El primer principio básico es que este distrito de la Cuenca del siglo XIX debe ser mantenido como un centro local y regional multifuncional. (…) Fomentar la rehabilitación integral del tejido urbano del Casco Histórico. Hoy, el Casco Antiguo se encuentra infrautilizado y precariamente integrado en el conjunto urbano, por lo que se demanda una política de “conservación activa” que procure no solo “un conservadurismo formal” de la estructura edificada sino, y principalmente, su revitalización como espacio de vida y trabajo, habilitando el enriquecimiento del tejido social existente, el emprendimiento de profesionales, artistas y artesanos, y el interés de los restauradores, y del público en general. 5. Una apuesta decidida por la mejora del espacio público: El espacio público como sistema organizativo, referencia identitaria y elemento mediador entre la ciudad y sus habitantes debe ser protagonista principal de la nueva estrategia. Será el catalizador más relevante para desencadenar la transformación de la ciudad

El espacio público por excelencia, que fue antaño la calle, ha quedado relegado en las ‘urbanizaciones’ a mero canal viario que garantiza la conexión de la célula residencial con la urbanidad externa y en los ‘nuevos ensanches’ al escenario vacío y fosilizado de una urbanidad pretérita e idealizada.

Observamos en la mayoría de los espacios públicos cierta falta de uso y de vivencia, derivada frecuentemente no sólo de los cambios culturales, del incremento del individualismo, de la aparición de nuevas formas de socialización (entre ellas, las surgidas a través de las tecnologías de las información y la comunicación, TIC) o de la competencia con las nuevas centralidades, sino también del carácter marginal de la localización de estos nuevos espacios públicos y de su falta de articulación urbana, su sobreabundancia, su redundancia con respecto a los patios privados de parcela o de manzana, del exceso de formalismo y la dureza de su diseño, etc.

(…) Fomentar la regeneración urbana de las riberas de los ríos Júcar, Huécar y Moscas y su integración con el entorno natural. Procuraremos la rehabilitación de los suelos de ribera (ribera del Júcar, Huécar y río Moscas), hoy infrautilizados, habilitando itinerarios que los comuniquen entre sí y con el resto de parques y jardines existente, conformando una "infraestructura verde" en la ciudad.

(…) Necesidad de introducir la naturaleza. La necesidad de introducir elementos naturales, sobre todo en los espacios de proximidad se relaciona con el importante papel que los espacios verdes tienen en la “restauración” y recuperación del equilibrio psicológico.

La introducción de la naturaleza en el espacio público habilita la creación de "entornos restauradores", ambientes que por sus características físico-espaciales contribuyen a favorecer la recuperación del equilibrio psicológico y la vuelta a una situación de congruencia entre la persona y el ambiente.

(…) El problema fundamental aparece en la falta de interconexión de los distintos espacios existentes, (en los recorridos: aceras estrechas, elevada densidad del tráfico, contaminación acústica) y debemos atajarlo.

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6. La actualización del Patrimonio Cultural: El nuevo Plan incluirá una revisión profunda del Catálogo de Patrimonio, actualizando los criterios de protección y definiendo sistemas de rehabilitación, mantenimiento y mejora. 7. Una mejora de la movilidad urbana: ¿Qué puede hacerse para mejorar la movilidad de la ciudad en formas nuevas y atractivas, pero al mismo tiempo económicas? ¿Qué medidas pueden introducirse para separar los sistemas de movimientos de los peatones y el tráfico y mejorar así la seguridad pública? ¿Qué medidas podrían tomarse para mejorar la calidad del ambiente en las calles y poder asegurar que los pequeños comerciantes en las áreas comerciales tradicionales continúen ofreciendo sus bienes y servicios? ¿Cuál será el sistema de transporte público del futuro, especialmente si tiene que ser lo suficientemente flexible para atender a una población base en pleno crecimiento? Dado el tamaño pequeño de Cuenca y sus distritos tan compactos, se estima que el caminar satisface casi la mitad de todas las necesidades de movilidad. Conforme el radio del desarrollo urbano se incrementa, muchos de los viajes se extenderán más allá de las distancias tolerables para caminar, llevando a la sustitución de las caminatas por el uso del automóvil. (…) Entre otras soluciones, para promover una movilidad sostenible se plantea la necesidad de elaborar planes de movilidad sostenible con medidas que incentiven: -Planificación de flujos que incluyan la identificación de los destinos significativos de zonas residenciales nuevas. -Limitación a la ubicación de empresas y elaboración de planes de movilidad para las mismas. -Corredores verdes para fomentar el tránsito peatonal. -Medidas de restricción al tráfico privado en zonas urbanas que vayan acompañadas de la construcción de aparcamientos disuasorios. -Fomentar el uso de medios de transporte alternativos (Servicio de préstamos de bicicleta). -Medidas de reducción del impacto ambiental asociado a la movilidad a través del uso de biocarburantes o gas natural en los sistemas de transporte público. (…) Políticas de aparcamiento sostenibles, en coherencia con un menor uso del automóvil. Planificar y gestionar los aparcamientos con criterios de sostenibilidad supone integrar este elemento como una pieza activa en la política de movilidad, evitando que faciliten indiscriminadamente el uso del automóvil. Al mismo tiempo, las decisiones sobre el aparcamiento propician o disuaden la ocupación y perturbación del espacio público por parte de los vehículos, convirtiéndose en elementos esenciales de los procesos de revitalización de la calle como lugar de convivencia. (…) Protagonismo de los modos de transporte sostenibles, relevancia y oportunidades para el peatón, la bicicleta y el transporte colectivo. Las políticas, planes y programas para mejorar las condiciones de calidad, seguridad y comodidad de los desplazamientos de los medios de transporte alternativos al automóvil no son una condición suficiente para la movilidad sostenible, pero sí una condición necesaria, destacando entre ellas la redacción y ejecución de planes y programas que den protagonismo y faciliten la movilidad del peatón, la bicicleta y el transporte colectivo.

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(…) Espacio público multifuncional, que equilibre la preponderancia actual del uso para el transporte y, en particular, para el automóvil. La calle como espacio de convivencia exige nuevas estructuras y reglas de uso que contrapesen el predominio físico y psicológico del automóvil, propiciando que toda la población se desplace con la máxima autonomía, comodidad y seguridad.

Razones técnicas 8. Necesidad de contar con un Plan digital: El nuevo Plan dejará atrás definitivamente al planeamiento en papel para afrontar una nueva etapa en la que la información digital adquiere un protagonismo en la vida ciudadana. La colaboración público-privada será determinante para construir un Plan dinámico, accesible y adaptado a las necesidades de la ciudad de forma ágil y sostenible. No se trata de hacer un plan por tener un plan. Se trata de hacerlo para que tenga éxito. Debemos incorporar al planeamiento municipal instrumentos de evaluación y seguimiento de de la sostenibilidad del desarrollo urbano, tanto para la autoevaluación de las políticas públicas, (verificando la consecución de objetivos y en su caso considerando los cambios o correcciones pertinentes), como para la información de los ciudadanos, (evaluación ex ante, a medio plazo y ex post, batería de criterios e indicadores, etc.) (...) Sólo se puede cambiar lo que se puede medir y los cambios son realizables si es posible medir a través de indicadores que sean relevantes para la organización (ciudad) y para sus miembros. Nos encontramos ahora ante un mundo lleno de dispositivos personales, de geografía, de sistemas de navegación, de infraestructuras espaciales, de sistemas colaborativos, de big data, de nuevos sistemas de observación del territorio mediante drones y satélites, de comunicación máquina a máquina, donde la frontera entre los sistemas públicos y privados se diluye y donde la comunicación entre sistemas vía servicios web ha permitido expandir nuestra vieja red local hasta abarcar todo el mundo. Un mundo donde el ciudadano quiere establecer un nuevo nivel de comunicación con su ciudad, revolucionando la forma de interactuar con otras personas, con los objetos de la ciudad y con sus gestores. En este caso, Cuenca debe utilizar la revisión de Plan como una oportunidad para afrontar esta “tercera crisis tecnológica” y para aprovechar a fondo sus ventajas. Creando un ecosistema tecnológico, los objetos de la ciudad adquieren identidad electrónica, se ligan a los procesos urbanos que determinan su ciclo de vida y se conserva la intrincada red de relaciones que los conecta. Tales cambios afectan a todo: a la llevanza de los expedientes, a la forma de planificar, al control de los derechos y las obligaciones urbanas, a los inventarios de objetos constructivos y funcionales, a la conectividad con los sistemas inteligentes de gestión de los servicios urbanos, al papel que juegan todos los actores urbanos, los promotores, los técnicos, los constructores, los propietarios y comunidades, los funcionarios y gestores urbanos.

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9. Inventario urbano: La redacción del nuevo Plan marca la necesidad de construir un Sistema de Información Urbana que proporcione una versión virtual de la ciudad, perfectamente sincronizada con la realidad, carta de presentación de la ciudad en Internet; una ciudad que se postula como centro cultural, social y de alta calidad de vida, atractor de actividad. 10. Mejora normativa profunda: Tras 20 años de modificaciones y desarrollos las normas urbanísticas son excesivamente heterogéneas y confusas. El nuevo Plan debe simplificar, normalizar y racionalizar el cuerpo normativo y los modelos y tipologías edificatorias, adaptándolas a los nuevos criterios de edificación sostenible y eficiente. Razones estratégicas Los procesos de planeamiento se han de considerar como una oportunidad para corregir las tendencias insostenibles, para aportar ideas y modelos más eficaces y más eficientes, y para repensar estratégica, ambiental y territorialmente el municipio, la región, el espacio, en definitiva, sobre el que se asientan nuestras actividades.

(…) Para aspirar a una sociedad más coherente en el uso racional de sus recursos, socialmente más equitativa y cohesionada y territorialmente más equilibrada.

(…) Determinar y elaborar medidas que permitan mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras generaciones mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de gestionar y utilizar los recursos de forma eficiente, para aprovechar el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía, garantizando la prosperidad, la protección del medio ambiente y la cohesión social.

11. Creación de un atractor urbano para vivir. Es preciso postular un escenario de crecimiento demográfico construido a partir de una apuesta firme por la renovación y dinamización del tejido económico existente en la ciudad. La recuperación de espacios públicos en la ciudad debe buscar la excelencia, lo que supone innovación, inconformismo, promoción del talento y protección del medio ambiente. 12. Conjugar tradición e innovación. Cuenca puede aunar temas como la cultura y la creatividad, el turismo y la innovación y referenciarlas en un espacio urbano de muy alta calidad. (…) Utilizar la innovación como motor de un urbanismo más sostenible, potenciando la regeneración urbana frente a la expansión, integrando las oportunidades que ofrecen los espacios vacíos y las infraestructuras de gran capacidad y pensando la ciudad desde una escala territorial y ambiental respetuosa.

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13. Fomento del turismo cultural: El Plan debe favorecer la mejora de la oferta de turismo cultural y de naturaleza. Ello coadyuvará a desarrollar la potencialidad de nuestra ciudad como destino “Turístico Excelente”. El desarrollo turístico sostenible del municipio debe ser no sólo un deseo, cuya operatividad presenta dificultades, sino una estrategia explícita, necesaria para insertar el turismo en un marco de compatibilidad con el patrimonio, con el medio ambiente, con la sociedad y con la economía. El turista es un gran consumidor de bienes y servicios, su presencia dinamiza los diversos sectores de la vida de la ciudad, genera riqueza y empleo e introduce nuevas modalidades en el consumo y en el uso del suelo. El turismo, además de incrementar la renta de la población local, genera un aumento de los ingresos de las corporaciones locales. Su desarrollo puede contribuir a la revitalización económica de los destinos y sus entornos, ahora bien, también tiene su lado oscuro. Cuando la economía depende en exceso de esta actividad, se expone a serios peligros puesto que una disminución de la afluencia de visitantes o del gasto turístico puede provocar una crisis en el sistema productivo. A la oferta de empleo generada en las actividades directamente servidoras del turismo, hay que sumar el empleo indirecto generado en aquellas empresas que prestan bienes y servicios al sector. Se estima que por cada empleo directo creado en el turismo, se generan 1,2 empleos indirectos y 1,5 empleos inducidos. (...) Todo ello plantea la necesidad de prever suelos para nuevos usos e infraestructuras relacionados con la demanda turística. El turismo constituye un elemento fundamental en la vida y en la economía de los destinos patrimoniales y de ahí deriva la necesidad de prestarle más atención, no dejarlo a su suerte, y considerar sus múltiples implicaciones. Debe evitarse no obstante el denominado “turismo de masas”. La capacidad de acogida de los “destinos patrimoniales”, como es nuestra ciudad, es limitada debido principalmente al hecho de que sus recursos, el patrimonio natural y cultural, y sus estructuras físicas, son muy frágiles y además no renovables. Nuestra ciudad tiene una estructura urbanística, patrimonial y medioambiental de gran singularidad que también impone fuertes condicionantes, especialmente en los temas relacionados con la accesibilidad, la movilidad, la recuperación funcional o la intervención arquitectónica. Nos proponemos fortalecer la función “Turística” en nuestra ciudad pero en todo caso supeditándola a la conservación de los valores y singularidades, urbanísticas, medioambientales y culturales de la ciudad, de modo que la citada función turística se integre armoniosamente y se convierta en una aliada de la pretendida recuperación urbana de la ciudad.

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14. La ecoeficiencia de los nuevos desarrollos urbanísticos (por ejemplo, mediante los denominados ‘Ecobarrios’) es una condición necesaria, pero no suficiente.

Para conseguirlo, ha de abordarse una verdadera regeneración “verde, ecológica o ambiental” de las ciudades que incluya cuestiones claves como:

-La reducción de las necesidades de transporte mediante la promoción de la proximidad y de la variedad de usos, impulsando al mismo tiempo una movilidad más sostenible (a escala urbana, metropolitana e interurbana) mediante: la apuesta por la prioridad de los modos de transporte no motorizados (ciudades ‘paseables’ o ‘ciclables’), de los modos menos contaminantes y el apoyo a un transporte público accesible, asequible y eficiente para todos, las redes multimodales de transporte, y la optimización de la logística urbana.

- El impulso de la eficiencia energética en las edificaciones existentes (mediante la mejora del aislamiento térmico de su envolvente, cerramientos y huecos y de la eficiencia de las instalaciones de acondicionamiento y otras), teniendo en cuenta las condiciones físicas del parque construido.

-La mejora de la gestión de los flujos de energía y recursos materiales en la ciudad (metabolismo urbano), incluyendo la gestión del ciclo integral del agua, los residuos, etc., procurando cerrar los ciclos metabólicos en la escala local y reducir la huella ecológica;

-El impulso de las energías renovables y de su implantación y uso en las ciudades;

Se estima que el cumplimiento del objetivo del 20% de energía renovable tiene un potencial de creación de más de 600.000 empleos en la UE, y añadiendo el objetivo del 20% en eficiencia energética, podría alcanzarse 1 millón de nuevos empleos.

15. Fomento de la colaboración público-privada:

La ciudad no es un producto de la administración pública, en realidad es un producto de la actividad privada.

Es preciso trasladar a la ciudadanía que ellos son también corresponsables en ofrecer a sus hijos una Cuenca con futuro.

La ciudad es cosa de todos.

Razones económicas La competitividad y la prosperidad dependen cada vez más de la capacidad de las personas y las empresas para aprovechar al máximo los activos territoriales. En una economía mundial que está interrelacionada y que se globaliza, no obstante, la competitividad depende asimismo de los vínculos que se establecen con otros territorios para garantizar la utilización de activos comunes de manera coordinada y sostenible. Una cooperación que corra pareja con un caudal de tecnología e ideas pero también de bienes, servicios y capitales se convierte en un aspecto cada vez más vital del desarrollo territorial y en un factor clave para apoyar el crecimiento sostenible a largo plazo de la UE en su conjunto.

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Muchos de los problemas a que se enfrentan los territorios afectan a diversos sectores y para solucionarlos de manera eficaz son precisos un enfoque integrado y una cooperación entre las distintas autoridades y las partes afectadas. A este respecto, el concepto de cohesión territorial tiende puentes entre la eficacia económica, la cohesión social y el equilibrio ecológico, situando el desarrollo sostenible en el centro de la formulación de las políticas. Reestructurar y ofrecer alternativas a las capas empresariales, profesionales y de empleo que están perfectamente filtradas en toda la sociedad (construcción, logística, distribución, comercio, banca, gestión, ingeniería,...) pasa por una apuesta por los sectores económicos sostenibles (medio ambiente, empleo verde, patrimonio, turismo, agricultura de calidad, transporte sostenible o energías renovables). 16. Rehabilitación: La rehabilitación edificatoria, la mejora física y la modernización de las infraestructuras son no solamente algunos de los requerimientos esenciales para el atractivo de las ciudades, sino también sectores bastante intensivos en mano de obra, que por tanto pueden convertirse en nuevos yacimientos de empleo capaces de ayudar a absorber parte de la mano de obra desempleada, especialmente la del sector de la construcción de obra nueva (que atraviesa una profunda crisis en varios Estados Miembros). Se trata además de un sector más especializado, bastante adecuado a la formación de pequeñas y medianas empresas de base local y con un cierto arrastre sobre la innovación y la industria. Impulsar la rehabilitación constituye una gran oportunidad de crear empleo. Se estima que el apoyo público requerido para crear cada nuevo empleo en rehabilitación de hogares españoles es de 13.500 a 14.500 euros, mientras que el coste medio del subsidio de un parado es de unos 19.991 euros anuales. 17. Eficiencia energética: Cuenca apuesta por la eficiencia energética y un consumo responsable de la energía. Con la rehabilitación de infraestructuras hoy energéticamente ineficientes, se espera contribuir al objetivo del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, de reducción de emisiones y ahorro de energía primaria, como consecuencia de la puesta en marcha de medidas de eficiencia energética en edificación e instalaciones públicas (buena práctica). Se espera disminuir el consumo de energía final en las infraestructuras y edificios públicos un 20%.

Razones políticas

18. Una legislatura para el cambio:

En un contexto de crisis generalizada, el nuevo Plan de Ordenación Municipal abordará decididamente un cambio de modelo productivo con un enfoque estratégico que, además de introducir componentes de alto valor añadido, innovación y ecoeficiencia, tenga presente la mejora de la gobernanza como respuesta a la demanda creciente de transparencia informativa y de participación pública por parte de la sociedad, temas ambos que forman parte del núcleo sustantivo del paradigma de la sostenibilidad.

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Los expertos coinciden en que la actual desaceleración del frenético ritmo del sector de la construcción no es un fenómeno coyuntural, lo que puede apuntar hacia un cambio de modelo de desarrollo urbano.

Este cambio, clave a la hora de atraer capital humano, innovación y calidad de vida, se convierte en estratégico para cualquier ciudad que quiera ser competitiva en el escenario global.

Se trata, por tanto, de poner en valor todo el potencial económico y de progreso de nuestro territorio, compatibilizándolo con la gestión prudente y creativa de los valores ambientales, agrícolas, paisajísticos, culturales y patrimoniales del territorio, permitiendo el disfrute público del entorno y, por lo tanto, mejorando la calidad de vida de los que en él habitan.

19. Conectar con la ciudadanía:

¿Es la participación ciudadana un derecho o un deber de los ciudadanos?

No podemos dejar de mencionar que la ciudad es tanto un producto público como un bien común, y por lo tanto debe ser construida colectivamente. Los procesos participativos enseñan nuevos valores, nuevas formas de entender y apreciar la ciudad y por lo tanto nuevas formas de atacar los problemas de las comunidades urbanas.

Tratar de recuperar la idea de ciudad y localidad como un proyecto común de los ciudadanos es una apuesta de futuro.

En esta línea de trabajo es importante fomentar la información y potenciar la participación de los ciudadanos en la definición del futuro de sus ciudades. Ello exige primar la divulgación y la toma en consideración no solo de los aspectos más tradicionales de la acción institucional local (urbanísticos, servicios sociales..), sino también de los problemas más importantes de la localidad, sean estos de carácter ambiental, de cohesión social, o los derivados de la actividad económica.

Se trataría al fin y al cabo de fortalecer la capacidad de interpretación y de responsabilidad local alrededor de sus problemas fundamentales, al margen de que su resolución requiera la lógica colaboración con otras entidades o instituciones de ámbito superior.

Proponemos incorporar al proceso de planeamiento técnicas de consulta y fomento de la respuesta activa por parte de los ciudadanos, al objeto de superar la mera “audiencia indiscriminada” por un programa estructurado de consulta retroalimentada a lo largo de todo el proceso de elaboración del planeamiento.

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Sociedad del Conocimiento Las administraciones públicas deben favorecer la I+D+I en el ámbito del urbanismo y las políticas urbanas, mediante la asignación de recursos y medios suficientes para ello, haciendo especial hincapié en el desarrollo de marcos de referencia, instrumentos e indicadores para la evaluación empírica de la calidad de vida y el espacio urbano a todas las escalas y en todas sus dimensiones, con el fin de renovar y realimentar de forma continua y con bases objetivas los criterios de las políticas urbanas. (...) Hacerse cargo del contexto es la operación más propia de la inteligencia, aquella que no puede ser sustituida por un mecanismo o regla exacta. Y es que la verdad que pretendemos, como el bien y la justicia, no son asuntos de precisión matemática sino que están inscrito en un contexto vital sin el que resultan ininteligibles (...)Las sociedades contemporáneas tienen que desarrollar no sólo la competencia para solucionar problemas sino también la capacidad de reaccionar adecuadamente ante lo inesperado. (…)Por la propia idiosincrasia de la sociedad del conocimiento, el proceso de desarrollo del planeamiento se plantea como una oportunidad de tecnificación, de implantación efectiva de los instrumentos propios de la sociedad de la información (redes sociales, internet, infraestructuras de datos espaciales) y de la e-administración. El proceso de Planificación de la ciudad que se propone supone una oportunidad para mejorar las relaciones de la administración con el ciudadano a través de la creación de sistemas de trabajo que permitan una mejor accesibilidad de estos a los procesos de toma de decisión que los vinculan. 20. Utilizar la tecnología para fomentar la innovación y la inteligencia colectiva. Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y tecnologías específicamente urbanas pueden aportar soluciones a muchos de los retos urbanos, que abarcan desde soluciones puramente tecnológicas en el campo de la eficiencia energética urbana, la energía renovable, el transporte o la seguridad hasta soluciones más inmateriales para fomentar la interacción social, la participación ciudadana o los sistemas de gestión global para las administraciones municipales. Los responsables de la gestión urbana deben evitar caer en la trampa de visiones sectoriales basadas exclusivamente en la tecnología. La dimensión sistémica de los problemas y el elevado grado de incertidumbre actual reclaman una comprensión afinada de los retos y de las posibles respuestas tecnológicas en un contexto social más amplio.

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El PGOU de 1996 debe ser revisado con referencia, al menos, a las veinte razones enunciadas. Por ello es preciso:

1. Adoptar como objetivo de legislatura la aprobación de una Revisión de Plan General con un acuerdo plenario para anunciar el inicio de los trabajos.

2. Crear una Oficina para la redacción del Plan, dotándola de los medios físicos, técnicos y humanos proporcionados a su misión. Esta oficina se dotará con personal técnico del ayuntamiento y se complementará, para determinados estudios, con personal externo de asistencia técnica.

3. Dotar a la Oficina del presupuesto económico necesario para un horizonte de tres años de trabajo.

4. Poner a disposición de la nueva Oficina del Plan los datos y medios técnicos y humanos del resto del Ayuntamiento para la realización de sus trabajos.

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(…) Las condiciones bajo las que se ejerce actualmente la política pueden resumirse diciendo que "los hechos son inciertos, los valores están en discusión, lo que está en juego es importante y las decisiones son urgentes". (Ravetz, 1999, p649)

- Programación de los trabajos de REVISION DEL PGOU 1996. Hitos: Hito 1. Documentación Informativa. Abril 2017 Hito 2. Documento de Avance. Concertación. Octubre 2017 Hito 3. Documento de Aprobación Inicial. Abril de 2018 Hito 4. Aprobación Inicial del Plan. Octubre de 2018 Hito 5. Aprobación Definitiva del Plan. Abril de 2019 Medios Necesarios. Los trabajos de revisión del POM, una labor inevitable tras veinte años de vigencia del actual, son complejos y costos en términos de tiempo y dinero. Ante ese reto la Gerencia de Urbanismo tiene tres opciones: a) Contratar, necesariamente por concurso público, a una empresa que se haga cargo de todos los trabajos. En este caso el papel de la Gerencia se reduce a la Dirección Técnica de los trabajos y al control de los plazos y resultados. Es la forma tradicional de redactar planes y libera a los técnicos municipales de la carga y dedicación de tiempo al plan. b) Asumir la redacción del Plan mediante una Oficina "Ad hoc" compuesta mediante los recursos humanos propios del Ayuntamiento. Esta opción demandaría la contratación de recursos humanos especializados no disponibles en la plantilla municipal. c) Utilizar un sistema mixto en el que la Gerencia crea una Oficina de Plan y contrata trabajos específicos para todas las tareas que no pueda abordar con sus recursos humanos y técnicos actuales. Esta es la opción seleccionada. Para ello se proponen tres grupos de trabajo: 1. Equipo Base: formado por personal propio de Gerencia o de otras áreas municipales, dedicado preferentemente a las labores del Plan (aun cuando se contempla que sus miembros deban dedicar tiempo a otras tareas propias de sus áreas de origen). Sus miembros dispondrán de puestos de trabajo permanentes. 2. Equipos Sectoriales: formados por personal de otras áreas municipales con dedicación parcial a la OMP, bien en su jornada diaria o bien por un período acotado. Sus miembros deberán ajustarse a puestos de trabajo temporales. 3. Equipos Externos: formados por personal de empresas o colectivos no municipales. Sus miembros, en el caso de que no trabajen en locales propios, deberán ajustarse a puestos de trabajo temporales.

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La contratación de equipos externos se realizará mediante la identificación de entregables concretos sujetos a pliegos de condiciones particulares y técnicos propios. Se ha identificado la necesidad de contratar la prestación de los siguientes servicios y equipos: Un equipo de apoyo para la Coordinación, Implantación Tecnológica y Producción: Se presupuesta asumiendo que en el plazo de redacción del Plan (hasta tres años) dedicarán un tiempo máximo equivalente a 30 meses. Presupuesto: 260.000 euros. Anualidades: 2016-2017-2018-2019 Informe de Sostenibilidad Ambiental: Presupuesto 65.000 euros Anualidades: 2017-2018 Inventario de Bienes Patrimoniales: Presupuesto 84.000 euros Anualidades: 2016-2017 Informe de Metabolismo Urbano: Presupuesto 89.600 euros Anualidades: 2016-2017 Informe SocioEconómico, Jurídico y de Gobernanza: Presupuesto 50.400 Anualidades: 2017-2018 Presupuesto Total (a ejecutar en Tres años): 549.000 euros + IVA (664.290 euros en cuatro anualidades)

De esta forma se precisa lo dotación a favor de la Gerencia Municipal de Urbanismo del siguiente presupuesto plurianual:

Año 2016: 95.840 euros + IVA = 115.966,4 euros

Año 2017: 265.460 euros + IVA = 321.206,6 euros

Año 2018: 148.700 euros + IVA = 179.927 euros

Año 2019: 39.000 euros + IVA = 47.190 euros

Se propone la futura Oficina Municipal del Plan como órgano de gestión para la ejecución de este presupuesto, siempre bajo la dirección de la Gerencia Municipal de Urbanismo, siendo su Consejo Rector el órgano de contratación de referencia.

Con todo ello se pretende alcanzar un objetivo fundamental:

La Reformulación de la Gerencia Municipal de Urbanismo como órgano gestor de la política municipal en materia de urbanismo.

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INFORME DE MOTIVACIÓN

DE LA NECESIDAD Y URGENCIA DE ACOMETER LA REVISIÓN DEL PGOU DE LA CIUDAD DE CUENCA.

Apartado Primero: " De los por qué" es necesario contar con un nuevo Plan de ordenación municipal (en adelante POM)

Iniciamos este apartado presentando cual es el concepto de POM que el equipo de gobierno propone a la ciudadanía: ¿Qué es un POM? Un POM no es tan solo UNA NORMA JURÍDICA "Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las leyes o en virtud de ellas, por el planeamiento" (...) "el Plan urbanístico es, en su sentido amplio y según nuestro ordenamiento jurídico, un acto del poder público que ordena el territorio, estableciendo previsiones sobre el emplazamiento de los centros de producción y de residencias, regula la ordenación y utilización del suelo urbano para su destino público o privado y al hacerlo define el contenido de la propiedad y programa el desarrollo de la gestión urbanística" Tampoco es solo Un PROGRAMA TÉCNICO

Artículo 37. Reglamento de Planeamiento del TRLOTAU

Los Planes de Ordenación Municipal (POM) definen la ordenación urbanística (OU) en la totalidad del correspondiente término o términos municipales completos, distinguiendo la ordenación estructural (OE) y la detallada (OD), y organizan la gestión de su ejecución.

No debe reducirse a un mero PROGRAMA ECONÓMICO Artículo 30. TRLOTAU "Los planes que prevean inversiones públicas y privadas para su ejecución, deberán incluir en su Memoria un Informe de Sostenibilidad Económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos sobre la base de una evaluación analítica de las posibles implicaciones económicas y financieras en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su ejecución, puesta en servicio, mantenimiento y conservación de infraestructuras y servicios". Si no que debe PRINCIPALMENTE, constituir la plasmación urbanística “de un proyecto de ciudad”, es decir, no sólo un instrumento técnico sino la manifestación de la voluntad del municipio en cuanto a sus grandes opciones de futuro, plasmada en la elección de una determinada alternativa de ordenación del territorio. El planeamiento municipal es un requisito indispensable y fundamental para un cambio en las políticas urbanas y en las formas y procesos que construyen y definen nuestras ciudades.

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Además es un fin en sí mismo, pues los procesos de deliberación, exposición y difusión son un momento perfecto para estrechar los lazos con la población y para recoger y retomar las inquietudes de los ciudadanos. La construcción de un Plan de Ordenación Municipal constituye un proceso de recapitulación y de redefinición de las bases de la identidad, (civitas), de las formas y espacios, (urbis), a través de la reorganización de la administración de lo público, (polis). La ciudad nos envuelve, determina nuestro futuro y nuestra calidad de vida. En el contexto actual de crisis, (entendida la palabra crisis como oportunidad de cambio de dinámicas), parece oportuno repensar la ciudad, su presente y su futuro en todas sus dimensiones. Este proceso ha de ser eminentemente participativo involucrando a la ciudadanía a través de sus diferentes niveles de representación y niveles asociativos. Sólo de un proyecto participado puede surgir un nuevo modelo que, por la corresponsabilidad de sus autores, garantice su sostenibilidad y puesta en escena. Sin legitimación social, un plan sólo existe en el papel, (es decir: no existe). El desafío más importante que debe afrontar el planeamiento consiste en articular un entendimiento común de los problemas en un contexto de diversidad social y cultural. El planeamiento gana así un nuevo potencial como instrumento para promover el debate público y el aprendizaje social y como plataforma de negociación y concertación de las estrategias en juego, asumiendo la transparencia y la información pública como valores esenciales en una sociedad abierta. Como señaló Raymond Unwin (1909), "el planeamiento surge de una voluntad de compromiso colectivo en la configuración de la ciudad".

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El sitio Urbantimes.co publicó un artículo con 10 razones por las que una ciudad necesita planificación urbana.

“Una buena planificación puede ayudar a los líderes de la ciudad a impulsar cambios constructivos”.

1. Un marco para el crecimiento

Las ciudades prósperas tienen una visión que deben seguir a través de un marco para lograr un desarrollo de manera ordenada. Un marco no se trata de un control centralizado, sino de una forma de anticipar las necesidades, coordinar esfuerzos y establecer un camino hacia un horizonte que se construye de forma colectiva. Conocidos son los grandes esfuerzos para mejorar la habitabilidad, la prosperidad y la equidad que han tenido lugar en varias ciudades. Tal impacto transformador no es un producto de la espontaneidad, sino de una planificación constructiva.

2. Una ciudad planificada es una ciudad bien preparada

Anticipar el futuro nos permite estar mejor preparados hoy.

Para mantenerse a la vanguardia de los desafíos, los líderes de la ciudad deben estar dispuestos a ver las oportunidades y gestionar los riesgos. Con una información fiable sobre la situación actual, se puede ser capaz de hacer conexiones entre la visión a largo plazo y acciones a corto plazo. Las ciudades que no planifican activamente su futuro probablemente se queden atrás.

3. La planificación mejora el impacto

Los líderes locales son elegidos por ofrecer mejoras. Dada la magnitud de los desafíos que enfrentan las ciudades, es poco probable que todas las mejoras deseadas sucedan a la vez. Las ciudades exitosas construyen hitos mediante la realización de proyectos prioritarios que están alineados con la visión a largo plazo.

La Planificación identifica cuestiones urgentes con los recursos disponibles y asegura que las iniciativas no sean redundantes o vayan en direcciones diferentes.

4. Una forma urbana adecuada es muy importante

Vivienda, empleo, accesibilidad y seguridad son las principales preocupaciones de los habitantes urbanos. Estos temas están fuertemente correlacionados con la forma urbana. Las políticas adecuadas sobre densidad, uso del suelo, espacio público y diseño de infraestructura y servicios pueden hacer una diferencia en la entrega de calidad de vida a un precio justo. El diseño de un modelo espacial que responda a las preocupaciones de los ciudadanos es un medio para suministrar una mejor ciudad.

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5. Una buena planificación urbana impacta positivamente la economía urbana

Asegurarse de que hay un montón de puestos de trabajo en una ciudad es una prioridad para los líderes locales. Las ciudades compiten para atraer la inversión con el objetivo de generar actividad económica. La planificación coordina la localización y distribución espacial de las actividades económicas y facilita la captura de valor de la inversión pública.

6. Un plan de propiedad colectiva permite a las ciudades construir relaciones duraderas

Los líderes de la ciudad que son capaces de ver la oportunidad en una buena urbanización deben hacer participar a todos los actores posibles para capturar un buen objetivo. Un marco de participación colectiva da a los líderes locales una hoja de ruta para llegar a los ciudadanos, dinamizar los departamentos y movilizar a los asociados para que se involucren en la realización de una misma visión.

7. Una perspectiva territorial amplia ayuda a las ciudades a alcanzar economías de escala

Las ciudades no operan en el vacío. Su presencia se asocia a una región que la rodea con la que comparten recursos y oportunidades. En vez de sólo mirar dentro de los límites municipales, las ciudades que planifican juntas pueden tener una ventaja competitiva al realizar una coordinación entre municipios. Además de la eficiencia espacial, esto les permitiría tener economías de escala para aumentar su poder de negociación.

8. Continuidad genera credibilidad

Las ciudades exitosas aseguran la continuidad de su planes aunque los ciclos políticos cambien, al darse cuenta de que una hoja de ruta estable es más creíble. La inversión es a largo plazo con la que se beneficia de condiciones predecibles. La ordenación del territorio es un activo para reducir la incertidumbre y por lo tanto su continuidad contribuye a la creación de oportunidades transparentes para una sociedad comprometida.

9. Anticipar es más efectivo y económico que reaccionar a los problemas

Los líderes locales tienen la oportunidad de conducir el cambio constructivo si se alejan del laissez faire. Las ciudades que planifican a escala están en condiciones de anticipar en vez de reaccionar, por lo tanto, son capaces de hacer frente a la raíz del problema. Los patrones espaciales no planificados son ineficientes y requieren más recursos para mantenerlos, y el alto costo de tomar malas decisiones o no tomar ninguna decisión puede hacer que los errores sean irreversibles.

10. Un marco da coherencia a los mensajes La comunicación es un elemento clave para las ciudades, pero la oportunidad de conectarse y transmitir las ventajas de una ciudad puede ser socavado por mensajes vacíos o contradictorios. El impulso y el apoyo se incrementan cuando el líder local puede demostrar sustantivamente que el progreso es coherente con la visión colectiva y el marco de acción.

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YO SOY YO Y MIS CIRCUNSTANCIAS, Y SI NO LAS SALVO A ELLAS NO ME SALVO YO (José Ortega y Gasset, "Meditaciones del Quijote" 1914) “Constitución” urbanística del municipio. Parece conveniente abandonar la consideración del Plan como mero requisito burocrático previo a la urbanización o edificación o como mera retórica sobre el futuro deseable y entender el Plan urbanístico como la expresión constitucional de un “pacto” o compromiso recíproco entre administración y ciudadanos, basado en las siguientes premisas: La “cooperación” aparece como la única alternativa razonable al enclaustramiento en las respectivas competencias de cada cual. La elaboración del Plan urbanístico puede aprovecharse como un momento óptimo para promover y reflejar esta cultura cooperativa. La voluntad de considerar integradamente todos los aspectos que inciden sobre la calidad de vida en la ciudad y el territorio. Esto es, integrar las determinaciones más específicas sobre la regulación de los usos del suelo en estrategias que incidan directamente en la calidad ambiental, la vertebración social y espacial, la promoción de la competitividad, etc. El Plan puede cubrir un importante espacio de traducción operativa de los criterios estratégicos y, en sentido contrario, la vinculación de sus determinaciones a un proyecto más cercano a los problemas reales permite enriquecer su dimensión normativa, evitando el riesgo de un formalismo meramente burocrático. Pretendemos un planeamiento moderno y consciente de sus capacidades y de los diversos momentos, agentes e instrumentos del crecimiento y de las transformaciones urbanas. Un planeamiento conceptualmente más riguroso, flexible, estratégico, abierto a las posibles contingencias de escenarios diversos; desde el conocimiento renovado del funcionamiento y de las lógicas internas del mercado, pero también, desde la irrenunciable y esforzada defensa de los intereses colectivos. En definitiva, un planeamiento como instrumento de gobierno y administración racional y democrática del territorio.

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Del carácter de “documento estratégico” que reviste el contenido del PGOU. Como definición genérica, puede expresarse que la planificación estratégica es una forma sistemática de manejar el cambio y de crear el mejor futuro posible para una ciudad. Una visión común para la ciudad que vaya más allá de resolver los problemas actuales. Más específicamente, la planificación estratégica es un proceso creativo que sienta las bases de una creación integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de decisiones que identifica cursos de acción específicos y formula indicadores de seguimiento sobre los resultados de forma organizada y sistemática. Es cierto que el Planeamiento Estratégico trasciende la dimensión espacial del Plan Urbanístico para buscar un posicionamiento económico, político, y social con una mínima visión territorial o espacial. Un plan estratégico cuantifica y define objetivos concretos, marca las directrices y estrategias para conseguirlos, y establece los tiempos y fases para su consecución. El Plan estratégico se convierte en un instrumento de síntesis, horizontal, construido por consenso y mediante procesos participativos, un punto de encuentro entre la sociedad civil, la administración, y los distintos agentes sociales (sindicatos, empresarios, universidades, asociaciones). El equipo de gobierno de la ciudad ha aprobado recientemente, (enero de 2016), el documento "Cuenca 2022. Trabajando Nuestro Futuro", marco de desarrollo urbano sostenible en el que se compila el trabajo que ha realizado la ciudad en el campo de la planificación estratégica. Como objetivos principales de dicha planificación podemos presentar los siguientes: Hacer de Cuenca una ciudad que vertebre su entorno a partir de su integración en redes de comunicación terrestre de gran capacidad, de la diversificación y modernización de su actividad económica y su consolidación como ciudad de turismo cultural y de naturaleza, permitiendo una recuperación urbana integral, una regeneración poblacional de la misma y una ciudad abierta e ilusionada con su futuro. Favorecer la mejora del marco de vida cotidiano, vivienda, trabajo, espacios de cultura y ocio, por ser el entorno en el que se desarrollan las relaciones humanas y se procura el crecimiento del bienestar individual, alentando la creación de empleo y la dotación de equipamientos económicos, sociales y culturales que respondan efectivamente a las aspiraciones de la población. Hacer de la ciudad consolidada un espacio útil y valioso para residentes, visitantes, propietarios de negocios y bienes raíces, diverso, integrado, socialmente vivo. El documento "Cuenca 2022. Trabajando Nuestro Futuro" constituirá la más importante referencia para la elaboración del POM, al mismo tiempo que la elaboración de este será un complemento perfecto para expresar la esencia de dicha estrategia. "La planificación estratégica acompañada por la planificación urbana dan respuesta a una sociedad acelerada, globalizada, en pleno proceso de cambio y de transformación de sus modelos y en competencia a diferentes escalas con las ciudades similares, cerca y muy lejos de sus propias fronteras y límites".

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ENLAZANDO CON LA IDEA DE ESTRATEGIA La directriz sustantiva recogida en el apartado 1 del art. 4 del RDL 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo y la rehabilitación urbana en el que se establece que “el ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado con expresión de los intereses generales a los que sirva”, implica la subordinación de esta potestad a los principios recogidos en el artículo 103.1 de la Constitución Española, según la cual la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. También en el artículo 9.3 de la Constitución Española se garantiza “la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos” obligando al planificador a justificar racionalmente las opciones de desarrollo urbanístico contempladas en los planes de esta naturaleza, de ahí la función capital que cumplen las memorias justificativas de los planes de ordenación. En su artículo 3.1 el Texto Refundido de la Ley del suelo y la rehabilitación urbana establece que “las políticos públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme su interés general”. La Constitución no define el urbanismo, de hecho, sólo se refiere a la ordenación del territorio y al urbanismo una única vez, en concreto, al tratar la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, indicando, en el art. 148.1.3º CE, que corresponde a éstas en exclusiva la competencia de la “Ordenación del Territorio, urbanismo y vivienda”. Sin embargo, la Carta Magna contiene una serie de artículos cuyos contenidos afectan a materias directamente relacionadas con la ordenación urbanística. En primer lugar, el art. 33 que reconoce el derecho a la propiedad privada, prohibiendo la confiscación del suelo, si bien, en su apartado segundo consagra el principio fundamental de la función social de dicha propiedad. Dicha función, que se atribuye al derecho de propiedad, delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. En segundo lugar, el art. 47 del Texto Constitucional que, además de consagrar el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, obliga a los poderes públicos a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, y a establecer lo necesario para que la comunidad participe en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. En tercer lugar, los arts. 45 y 46 CE exigen a los poderes públicos defender y restaurar el medio ambiente y conservar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico. Todas estas obligaciones impuestas a los poderes públicos constituyen, asimismo, límites al contenido del derecho de propiedad, en la medida en que de ellas se derivan normas jurídicas que limitan el ejercicio de este derecho, en concreto, el de una de sus facultades más fundamentales, el ius edificandi.

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Un principio fundamental recogido en la Constitución que afecta de manera particular a la ordenación urbanística, toda vez que la ejecución de la misma aporta no sólo mayores niveles de vida y bienestar social sino también una riqueza inmobiliaria evidente, es el principio recogido en el art. 128.1 de la Carta Magna en virtud del cual “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad está subordinada al interés general”. Y por último, en el artículo 131.1 El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

CARCELLER FERNÁNDEZ define el Plan urbanístico del siguiente modo: “el Plan Urbanístico es, en un sentido amplio y según nuestro ordenamiento jurídico, un acto del poder público que ordena el territorio, estableciendo previsiones sobre el emplazamiento de los centros de producción y de residencias, regula la ordenación y utilización del suelo urbano para su destino público o privado y al hacerlo define el contenido del derecho de propiedad y programa el desarrollo de la gestión urbanística”. Pues bien, si como hemos señalado “la Administración Pública sirve con objetividad a los INTERES GENERALES, debiendo actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”, estando los usos del suelo y de las construcciones, en sus distintas situaciones y sea cual fuere su titularidad, subordinados a dicho interés general, (interés definido por la Ley y, en su virtud, en los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y urbanística), podemos concluir fácilmente que el Plan General de Ordenación Urbana constituye el documento de referencia que debe orientar la actuación de la administración en materia urbanística. El Plan General de Ordenación Urbana vigente en la ciudad resulta de la Revisión del Texto Refundido del PGOU de 1988. Dicha Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Cuenca quedó definitivamente aprobada por Orden de la Consejería de Obras Públicas de 20 de diciembre de 1.995, publicada en el D.O.C.L.M. nº 62 de fecha 22 de diciembre de 1.995, condicionada a la subsanación de una serie de deficiencias no sustanciales, deficiencias que se fueron corregidas en sesiones plenarias de este Ayuntamiento de 22 de febrero de 1.996 y 1 de julio de 1.996, y comprobado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha el cumplimiento de tales rectificaciones según escrito de fecha de agosto de 1.996.

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Tras veinte años de vigencia, 48 modificaciones puntuales y 6000 viviendas construidas en suelos de naturaleza rústica, no es posible considerar vivo el PGOU de 1996. Veamos por qué: Razones legales: El marco legal en el que el Plan General de Ordenación Urbana de 1996 fue aprobado ha sido profundamente transformado en los veinte años transcurridos. Es importante recordar, como principio básico del urbanismo español, que el régimen urbanístico del suelo, como conjunto de derechos y deberes de los propietarios de suelo que definen el contenido de la propiedad inmobiliaria, es estatutario, es decir, varía con la Ley vigente en cada momento y con el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico. El PGOU aprobado en 1996 se construyó con base legal en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, en adelante TR92, que refundía la ley del suelo de 1990 con la legislación que ésta dejaba vigente del anterior texto refundido de 1976 (TR76). El primero de los cambios legales habido lo constituyó la aprobación del Real Decreto Ley 5/1996 de medidas liberalizadoras en materia de suelo y colegios profesionales, luego Ley 7/1997. Previamente a la promulgación de este Real Decreto Ley, el Tribunal Constitucional derogó prácticamente en su totalidad el TR92, razón que fue utilizada por el ejecutivo para innovar el estatuto legal del suelo. El Real Decreto Ley 5/1996, luego Ley 7/1997, supuso un cambio radical en la percepción que el legislador tenía del Mercado. Si la Ley del suelo de 1990, hablaba de “la enorme libertad de los promotores” de los que parecía desconfiar y a los que impuso un urbanismo legislado, desglosando el “ius edificando” en una serie de facultades o derechos (urbanizar, edificar, etc), cuya adquisición dependía de una decisión pública, el Real Decreto Ley 5/96 tras hablar de la “enorme discrecionalidad existente”, (expresión que contiene un reproche indirecto al papel jugado hasta el momento por los poderes públicos en todo lo concerniente a la regulación del mercado del suelo y de la vivienda), orientará sus medidas legislativas a facilitar a la iniciativa privada en el desarrollo de los suelos. La exposición de motivos de este Real Decreto Ley rezaba: “Dada la situación del mercado de suelo y la vivienda, se hace necesaria la aprobación de unas primeras medidas que ayudarán a incrementar la oferta de suelo con la finalidad de abaratar el suelo disponible. Las modificaciones propuestas de la legislación urbanística están también orientadas a simplificar los procedimientos y acortar los plazos vigentes. Se conseguirá así, avanzar en el logro del objetivo público de garantizar con mayor facilidad el acceso a la vivienda y a reducir la enorme discrecionalidad ahora existente”.

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El PGOU de 1996 se construyó sobre una base legal que establecía que el derecho al aprovechamiento urbanístico se alcanzaba por el propietario del suelo con la urbanización del mismo, luego si los propietarios querían concretar su derecho al aprovechamiento urbanístico, debían acometer la urbanización programada. Si no había urbanización, no habría aprovechamiento. El cumplimiento de la programación temporal de las obras de urbanización establecida en el PGOU constituía el camino hacia la adquisición del derecho a edificar, (y consecuentemente, del derecho a comerciar con el aprovechamiento urbanístico).

El Real Decreto 5/1996, luego ley 7/1997, rompió con el proceso de adquisición gradual de derechos que establecía el TR92. Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad no van a ser ya algo ajeno a éste como ocurría en el TR92 donde eran atribuidas al propietario gradualmente en la medida que iba cumpliendo un calendario de deberes. Ahora estas facultades se entienden consustanciales al derecho de propiedad, son parte de su contenido esencial y se incorporan al tráfico jurídico con independencia de si los terrenos se urbanizan o no. Otra de las novedades introducidas por la ley 7/1997 fue la reducción de la carga urbanística de cesión gratuita de suelo lucrativo a los Ayuntamientos. El art. 2 de la ley 7/1997 tenía carácter básico y fue de aplicación inmediata. Dicho artículo redujo la carga de cesión gratuita del suelo por los particulares al disminuir la cesión de suelo lucrativo a los Ayuntamientos al 10 por 100 del aprovechamiento tipo del área de reparto, en lugar del 15 por 100 establecido conforme el Texto Refundido de 1992. ( Este porcentaje de participación de la comunidad en las plusvalías generadas con la actividad urbanística en el municipio, tenía un destino finalista relacionado con la ejecución de los sistemas generales previstos en el PGOU, sistemas que habrían de vertebrar el crecimiento urbano proyectado y cuya materialización correspondía a la administración municipal). De forma súbita, aunque esperada, se produjo la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 de 20 de marzo (en adelante STC 61/1997), como consecuencia de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por varias Comunidades Autónomas contra el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992. El Tribunal Constitucional (en adelante TC) entendió que el Estado se había excedido en sus competencias al aprobar el TR92, por regular materias que la Constitución atribuye exclusivamente a las Comunidades Autónomas, en virtud de su art. 148.1.3ª. La consecuencia fue la declaración de inconstitucionalidad y, por consiguiente, de nulidad de algunos de sus artículos de carácter básico, así como de todos los que tenían carácter supletorio. En definitiva, el 80 por 100 aproximadamente del TR92 fue declarado inconstitucional y, en consecuencia, anulado. El profesor GARCÍA DE ENTERRÍA señaló cómo la irrupción en el panorama de nuestro Derecho urbanístico de la STC 61/1997 “ha sido lo más parecido a un tornado, que en unos segundos destruye súbitamente el pueblo pacientemente construido durante varias generaciones. Aquí la víctima ha sido el Derecho urbanístico, establecido tras más de cincuenta años de reflexión, de experiencias múltiples, de jurisprudencia cada vez más ajustada y penetrante, de planes de ordenación de todo carácter y de modificaciones y revisiones de los mismos, de ejecución y conclusión, tantas veces problemática, de dichos planes. Podría decirse que un tercio de nuestras ciudades ha sido construido al amparo de ese sistema jurídico. El símil del tornado se verá así que es apenas metafórico”

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Las consecuencias más importantes de esta sentencia fueron: • La casi desaparición del TR92 del cual la sentencia únicamente deja vigentes, total o parcialmente, 123 artículos (de los 310 que tenía), dos Disposiciones Adicionales y una Disposición Transitoria. • El Estado no puede legislar en materia de ordenación del territorio y urbanismo ni con carácter básico ni con carácter supletorio. • Entre los preceptos anulados del TR92 destacan los relativos a las áreas de reparto, aprovechamiento tipo y aprovechamiento lucrativo susceptible de apropiación por los particulares, y al sistema de adquisición gradual de facultades urbanísticas. • La declaración de inconstitucionalidad que se deriva de la sentencia obedece a razones de distribución de competencias y es el resultado de una interpretación realizada por el TC de los artículos 148 y 149 de la Constitución. Quiere ello decir que los contenidos y técnicas urbanísticas del TR92 no han sido declarados inconstitucionales en sí mismos, sino sólo por venir impuestos desde el Estado, al carecer éste de la competencia que lo habilite para ello. Del resultado de la Sentencia, es decir, de la práctica desaparición del TR92 se derivan dos problemas importantes: • De una parte, se impone la necesidad de dictar una nueva Ley estatal que no exceda su ámbito competencial, problema que el Estado resolvió en 1998 promulgando la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del Suelo y Valoraciones de la que hablaremos más adelante. • De otra parte, las Comunidades Autónomas que no disponían de un ordenamiento jurídico propio en materia urbanística y de ordenación del territorio, se encontraron, en principio, ante un vacío normativo en esta materia, suplido hasta entonces por la vigencia de la legislación estatal supletoria contenida en el TR92. El problema lo resuelve el propio Tribunal al declarar inconstitucional, y por tanto nula, la Disposición Derogatoria única del Texto Refundido de 1992. La consecuencia inmediata es la revivificación del corpus jurídico anterior, derogado por el texto de 1992. Hasta que las Comunidades Autónomas diseñaron su propia normativa urbanística integral, necesariamente adaptada a la Ley del Suelo 6/1998, volvieron a cobrar vigencia textos legales como el TR76 y sus Reglamentos, el RDL 3/1980, de 14 de marzo, y el RDL 16/1981, de 16 de octubre. En el marco establecido por la Ley 6/1998 del suelo y las valoraciones inmobiliarias, la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha promulgó la ley 2/1998 de 19 de junio, de ordenación del territorio y la actividad urbanística (LOTAU), con referencia en dos presupuestos clásicos del derecho urbanístico: 1) que la función pública directora del proceso corresponde a los poderes públicos 2) que la gestión urbanística se apoya en la iniciativa de los propietarios del suelo, sin perjuicio de la iniciativa pública.

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La Ley 6/1998 introdujo las siguientes novedades: a) El suelo urbanizable pasó a ser el suelo residual. Anteriormente, el suelo urbanizable se establecía en función de la demanda prevista, conocida a través de estudios de población, estudios de mercado del suelo productivo, etc. Era la voluntad discrecional del planeamiento la que determinaba las superficies destinadas a esta clase de suelo, así como el uso a que podían ser destinadas las mismas (calificación urbanística) y su localización. Para programar el desarrollo de esta clase de suelo, tanto la Ley del Suelo de 1975 como su TR76, distinguían entre suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no programado; ya que, junto a un desarrollo programado, podía existir otro de carácter eventual al que hubiera que hacer frente, dependiendo de las vicisitudes del planeamiento general, es decir, de lo que pudiera suceder durante la ejecución de éste. El TR92 continúa la línea marcada por los textos legales anteriores y permite que, en función de su Programa de Actuación, el Plan General pueda establecer estas dos categorías de suelo urbanizable (programado y no programado) o alguna de ellas. Posteriormente, el RDL 5/1996 (Ley 7/1997) eliminó esta categorización del suelo urbanizable con el fin de ampliar su oferta de cara al mercado. La Ley del Suelo 6/1998 mantiene el criterio de la Ley 7/1997, unificando las anteriores categorías en una única: suelo urbanizable. La eliminación de la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado, reduciéndolo a una única clase o categoría de suelo denominada suelo urbanizable, "prescindiendo de imponer a los propietarios un sistema de actuaciones programadas por la Administración, sin datos ni garantías efectivas que aseguren su ejecución”, constituyó el principio del fin del PGOU 1996. Según el art. 10, este único suelo urbanizable será, a los efectos de la Ley, el que no tenga la condición, ni de suelo urbano ni de suelo no urbanizable, de ahí su carácter residual. En la legislación anterior, el suelo urbanizable dependía, como se ha dicho, de la voluntad del planificador y el suelo no urbanizable era aquél que por exclusión no era ni urbano ni urbanizable, era el suelo residual. Ahora, el suelo urbano y el suelo no urbanizable son tasados al depender, o de su consolidación (suelo urbano), o de valores a proteger o de su inadecuación para el desarrollo urbano (suelo no urbanizable). El resto del territorio, por exclusión, será, en cambio, suelo urbanizable. El artículo 9.2 in fine de la Ley 6/1998 introdujo un inciso que abría la puerta a una segunda posibilidad de crear suelo no urbanizable, al permitir que pudieran ser clasificados como tales todos aquellos terrenos que el planeamiento general considerara “inadecuados para el desarrollo urbano”, expresión que encierra, en sí misma, un concepto jurídico indeterminado que debía ser concretado encada caso por el planificador urbanístico. Esta posibilidad supuso, en la práctica, dejar en manos de la voluntad discrecional de la Administración la decisión de excluir del desarrollo urbano aquellos suelos que, a su juicio, fueran “inadecuados” para dicho desarrollo, lo que, en definitiva, dio lugar a una situación de hecho en la que los Ayuntamientos eran dueños de decir qué suelos serían urbanizables y cuales otros debían clasificarse como no urbanizables, por concurrir, en estos últimos, determinados valores o por ser considerados, según el criterio de la corporación local, inapropiados para albergar un proceso urbanizador.

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La exposición de motivos la ley 6/98 rezaba: “en ese amplio suelo urbanizable que, siguiendo este criterio, delimiten los planes, podrán, por lo tanto, promoverse actuaciones urbanísticas en los términos que precise la legislación urbanística en cada caso aplicable, y siempre, naturalmente, de conformidad con las previsiones de la ordenación urbanística y de los planes y proyectos sectoriales, asegurándose por su promotor la ejecución, a su costa, de las infraestructuras de conexión con los sistemas generales que la naturaleza e intensidad de dichas actuaciones demande en cada caso e, incluso, el reforzamiento y mejora de dichos sistemas generales cuando ello resulte necesario, exigencias mínimas éstas que por su carácter de tales contribuyen a delimitar las condiciones básicas del derecho de propiedad”. b) Flexibilizó el procedimiento de transformación del suelo urbanizable, facultando a sus propietarios para promover dicha transformación instando de la Administración la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo (Plan Parcial, Plan Especial). Esto podía ocurrir directamente, mediante la presentación del instrumento de planeamiento que procediera, siempre que previamente el planeamiento general hubiera delimitado los ámbitos o establecido las condiciones para el desarrollo urbanístico de los terrenos de que se tratara, o bien previa consulta o presentación de la documentación que en cada caso establecieran las Comunidades autónomas cuando sus ámbitos o condiciones de desarrollo no estuvieran preestablecidas en el planeamiento general. Según la primera versión del art. 16.1 de la Ley del Suelo, declarada nula en virtud de la STC 164/2001, de 11 de julio, el derecho a promover la transformación de suelo urbanizable mediante la presentación ante el Ayuntamiento del correspondiente planeamiento de desarrollo (Plan Parcial), se podía ejercer desde el momento en el que el planeamiento general delimitara sus ámbitos o se hubiesen establecido las condiciones para su desarrollo o, en otro caso (añadió posteriormente el RDL 4/2000), se procediera a su delimitación o a la definición de las condiciones para su desarrollo en virtud de un proyecto de delimitación o de planeamiento formulado por la iniciativa privada. Por tanto, a la hora de ejercer este derecho a la transformación del suelo, la Ley distinguía dos situaciones de las que se derivaban una subclasificación del suelo urbanizable en dos categorías: 1) Suelo urbanizable para el que el planeamiento general haya delimitado ámbitos de desarrollo (sectorizado) o haya establecido las condiciones para su desarrollo (antigua redacción del art. 16.1). En este tipo de suelo urbanizable, denominado también por la doctrina suelo urbanizable “sectorizado”, el desarrollo urbanístico era inmediato. Formulado por los interesados el correspondiente planeamiento de desarrollo (Plan Parcial), y aprobado éste por ajustarse a las determinaciones del planeamiento general, podía procederse a su transformación ejecutando dicho Plan Parcial, o figura de planeamiento de desarrollo análoga. 2) Suelo urbanizable para el que el planeamiento general no haya delimitado ámbitos de desarrollo (no sectorizado) o no haya establecido las condiciones para su desarrollo. Este suelo no era de desarrollo inmediato, quedando dicho desarrollo condicionado a la previa delimitación de sus ámbitos o condiciones de desarrollo. Esta sub-clasificación del suelo urbanizable, que se derivaba del contenido de los apartados primero y segundo del art. 16 de la derogada Ley del Suelo 6/1998, depende ahora de lo que decidan a este respecto las Comunidades Autónomas a la hora de regular el ejercicio del derecho a la transformación del suelo.

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c) Abre la puerta a la figura del agente urbanizador que recogía ya la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Valencia, al establecer en el art. 4 que la iniciativa privada podrá participar en la actuación urbanística, “aunque ésta no ostente la propiedad del suelo”. El apartado 2 de este artículo 4º de la ley 6/98 trataba sobre la gestión pública de la dirección del proceso urbanístico, la cual deberá ser consensuada con los agentes privados (iniciativa privada) que intervengan en el mismo, permitiendo incluso, en el apartado 3º in fine que tomen parte en dicho proceso, incluso quienes no ostenten la propiedad del suelo. Es ésta una importante novedad de la Ley que abrió la puerta a la entrada del agente urbanizador en los procesos de ejecución y gestión del planeamiento, institución que aparece por primera vez en el Derecho urbanístico español a través de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma de Valencia. En definitiva, este precepto sentó el principio de que los propietarios de suelo deberán contribuir, en los términos establecidos en las leyes, a la acción urbanística, cuya dirección se encomienda a los entes públicos, los cuáles no sólo deberán respetar la iniciativa de aquéllos, sino que, incluso, deberán suscitarla en la medida más amplia posible, permitiendo la participación de promotores aunque éstos no ostenten la propiedad del suelo. En relación con el Régimen Urbanístico de la propiedad del suelo hay que destacar la posterior incidencia que sobre el mismo tuvieron el Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio, que modificó los arts 9, 15 y 16 de la Ley 6/98, la STC 164/2001, de 11 de julio, que anulaba el art. 16.1 y la Ley 10/2003, de 20 de mayo Las medidas adoptadas por el RDL 4/2000 suponen la modificación de los artículos 9, 15 y 16 de la Ley del Suelo 6/1998 en los siguientes extremos: 1.- Se suprimió el inciso final del art. 9.2 de la Ley que posibilitaba la inclusión en el suelo no urbanizable de aquellos terrenos que el planeamiento general considerara “inadecuados para el desarrollo urbano”. De este modo se pretendía limitar la discrecionalidad de la Administración que, en adelante, sólo podrá clasificar como suelo no urbanizable los terrenos que tengan declarado un valor específico (forestal, arqueológico, científico, agrícola, etc) que deba ser protegido, siendo todo el resto del territorio urbano, si reúne las condiciones necesarias de urbanización o edificación, o suelo urbanizable. 2.- El segundo aspecto se centró en el derecho de los particulares a promover la transformación del suelo urbanizable, reforzando esta facultad de los propietarios mediante un añadido que se incorpora al art. 16.1. de la Ley del Suelo 6/1998, en virtud del cual el derecho a promover la transformación de dicho suelo se podrá ejercer, no sólo a partir del momento en que el planeamiento general haya delimitado sus ámbitos o haya establecido las condiciones para su desarrollo, sino, también, desde el momento en que se “proceda a su delimitación o a la definición de las condiciones para su desarrollo en virtud de un proyecto de delimitación o de planeamiento formulado por la iniciativa privada”. Esta adición supuso un reforzamiento del derecho de los particulares a la transformación del suelo, ya que les reconoce la facultad de instar de la Administración, no sólo la aprobación de un instrumento de planeamiento de desarrollo (Plan Parcial, Plan Especial, Estudio de Detalle, etc.), sino la modificación del propio planeamiento general, para que éste incluya la delimitación de los ámbitos o establezca las condiciones apetecidas por dichos particulares para el desarrollo de los suelos urbanizables.

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3.- Otra novedad que introdujo el RDL 4/2000 es la incorporación de un nuevo apartado 2 al artículo 15 de la ley del suelo 6/1998, por el que se reconocía expresamente a las Administraciones Públicas el derecho a promover la transformación del suelo urbanizable, sean o no competentes para aprobar el correspondiente planeamiento de desarrollo. Con esta medida se pretende favorecer el desarrollo del suelo urbanizable ampliando el número de agentes que pueden protagonizar su transformación: los propietarios del suelo y cualquier Administración Pública con competencia a estos afectos. El citado artículo 15 en su anterior redacción sólo atribuía a los propietarios de suelo urbanizable (ahora también a las Administraciones Públicas, sean o no competentes para aprobar el correspondiente planeamiento de desarrollo), el derecho a promover su transformación mediante la presentación del correspondiente planeamiento de desarrollo, excluyendo la participación de la iniciativa privada en los supuestos de actuación pública. Ello parecía obligar a los urbanizadores no propietarios de suelo a encauzar sus actuaciones a través de la acción urbanística de las Administraciones Públicas. 4.- El artículo 1 del RDL 4/2000 incorporó, asimismo, un nuevo apartado 3 al artículo 16 de la Ley 6/98, cuyo objetivo era reforzar la facultad de terceros (Administraciones Públicas y particulares), de promover la transformación del suelo urbanizable, reconociéndoles un derecho a obtener la aprobación de los Planes de desarrollo que presenten a la Administración por la técnica del silencio administrativo, así como la posibilidad de que fueran ellos mismos los que promovieran el trámite de información pública del expediente. La Ley 10/2003 de 20 de mayo de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y de los transportes, rezaba en su Exposición de Motivos lo siguiente:

Por lo que respecta al sector inmobiliario, las medidas que se adoptan pretenden corregir las rigideces advertidas en el mercado como consecuencia del fuerte crecimiento de la demanda y la incidencia en los productos inmobiliarios del precio del suelo, condicionada a su vez por la escasez de suelo urbanizable o urbanizado, según los casos. En consecuencia, la reforma que se introduce habrá de incrementar la oferta del suelo al introducir flexibilidad en aquellas previsiones normativas en vigor que pudieran limitarla, trasladando este efecto positivo al precio final de los bienes inmobiliarios.

En esta dirección se orientan la mayor objetivización de la clasificación del suelo no urbanizable y la pretensión de incrementar la oferta de suelo urbanizable. Con la misma finalidad se potencia también el desarrollo de los suelos urbanizables, a los cuales se dota de una mayor flexibilidad ampliando las posibilidades de actuación reconocidas hasta ahora, sin que ello suponga merma alguna de la capacidad de actuación y decisión últimas de las Administraciones públicas competentes en la materia.

Asimismo, para evitar posibles bloqueos de las iniciativas urbanizadoras como consecuencia de la inactividad de la Administración, se establece la aplicación del silencio positivo.

Esta ley incorporó una nueva redacción del artículo 16.1 de la ley 6/98.

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El artículo 16 queda redactado de la siguiente forma:

"1. El derecho a promover la transformación del suelo urbanizable, mediante la presentación del planeamiento que corresponda o, en su caso, de la previa propuesta de delimitación del correspondiente ámbito para su tramitación y aprobación, se ejercerá de conformidad con lo establecido por la legislación urbanística.

2. A tales efectos, las comunidades autónomas, a través de su legislación urbanística, regularán la tramitación, determinaciones y contenido de la documentación necesaria para proceder a esa transformación. Asimismo, esta legislación regulará los efectos derivados del derecho de consulta a las Administraciones competentes sobre los criterios y previsiones de la ordenación urbanística, de los planes y proyectos sectoriales, y de las obras que habrán de realizar a su costa para asegurar la conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 18 de esta ley. Dicha legislación fijará, igualmente, los plazos de contestación a la referida consulta.

3. En todo caso, los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo que sean elaborados por las Administraciones públicas a las que no competa su aprobación, o por los particulares, quedarán aprobados definitivamente por el transcurso del plazo de seis meses, o del que, en su caso, se establezca como máximo por la legislación autonómica para su aprobación definitiva, contados desde su presentación ante el órgano competente para su aprobación definitiva, siempre que hubiera efectuado el trámite de información pública, solicitado los informes que sean preceptivos, de conformidad con la legislación aplicable, y transcurrido el plazo para emitirlos.

Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido por la legislación urbanística de las comunidades autónomas en cuanto a asignación de competencias, subrogación en su ejercicio y plazos y cómputo del silencio administrativo."

También incorporó esta ley 10/2003 un añadido al apartado 2 del artículo 9, en virtud del cual:

“Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los terrenos (…) que el planeamiento general considere necesario preservar (…) por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística”.

El legislador estatal reintroduce el criterio de inadecuación para el desarrollo urbano como otro más de los que permiten clasificar un suelo como no urbanizable, pero, ahora, el margen de discrecionalidad que este criterio pudiera llevar implícito se acota sujetando su aplicación al principio constitucional de utilización racional de los recursos naturales (art. 45 CE) y a criterios objetivo recogidos previamente en la normativa de carácter territorial o urbanístico.

Se vuelve, en definitiva, al sistema tradicional donde el planificador estaba habilitado para categorizar un terreno como suelo no urbanizable común o genérico a través de decisiones discrecionales debidamente justificadas en la memoria del Plan; documento que ahora cobra mayor importancia, si cabe, dada la exigencia de objetividad impuesta por el legislador estatal.

En esta línea, la ley 1/2003 de 17 de enero de modificación de la LOTAU introdujo la posibilidad de incorporar también suelo rústico a la "vorágine urbanizadora" creada en el país.

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En el apartado segundo del artículo 54 "El régimen del suelo rústico" se dice:

Cuando de la organización del desarrollo urbanístico derivada del modelo de ocupación establecido por los planes urbanísticos a que se refiere el número 1 del artículo 103 resulte la posible viabilidad de la correspondiente actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva, deberá formularse a la Administración competente, para confirmar dicha viabilidad, la consulta prevista en el número 7 del Artículo 64 para la presentación, en su caso, del preceptivo Programa de Actuación Urbanizadora con estricta sujeción a lo dispuesto en el número 3 del artículo 38 y el artículo 39 de esta Ley.

La movilización del suelo rústico para su incorporación a la urbanización quedaba condicionada al contenido del apartado 1 del artículo 103.

Artículo 103. La organización temporal de la ejecución del planeamiento

1. Los planes urbanísticos determinarán la secuencia lógica de su desarrollo mediante la fijación de las condiciones objetivas que definan un orden básico de prioridades para la ejecución de las diferentes actuaciones urbanizadoras.

Tras las innovaciones legislativas habidas el PGOU de 1996, las determinaciones hechas en este sentido por el PGOU entraron en contradicción con el marco legal establecido (ordenación de los desarrollos en cuatrienios donde las actuaciones del primero debían ejecutarse antes que las del segundo y en todo caso antes de que pudiera ser movilizado cualquier suelo urbanizable "no programado").

En este contexto se hizo posible la concepción y ejecución de sectores como Villarromán III y IV o Ars Natura. Miguel Angel Embid en su libro “Urbanismo para ciudadanos (razonablemente preocupados)”, editado en 2012, dice: El uso abusivo, en muchos casos, de la modificación del plan para cambiar la clasificación del suelo rústico a urbanizable para poder iniciar el proceso de ser urbanizado antes que otros clasificados como urbanizables anteriormente, han sido situaciones demasiado habituales en los últimos años en el urbanismo patrio, produciendo anticipadamente plusvalías espectaculares patrimonializadas por unos pocos en contra, las más de las veces, de un uso racional del tiempo previsto en los planes de ordenación municipal para el desarrollo del conjunto de su territorio.

Para terminar de definir el marco legal en el que tuvo lugar al que hubo de referirse el PGOU de 1996, (como decimos redactado y aprobado en otro completamente distinto), y por su especial repercusión en el proceso urbanizador vivido, nos vamos a referir ahora al asunto de los cambios habidos en el sistema legal de valoración del suelo.

Asunto de las Valoraciones Inmobiliarias. La Ley del Suelo de 1956 distinguía cuatro tipos de valores del suelo (inicial, expectante, urbanístico y comercial), de manera que para cada tipo de suelo estableció un método de valoración. Para valorar el suelo rústico (suelo no urbanizable a partir de la Ley del Suelo de 1975), donde se aplicaba el “valor inicial”, estableció el método de capitalización de rentas agrarias. Para el suelo de reserva urbana (suelo urbanizable a partir de la Ley de 1975), donde se aplicaba el “valor expectante”, estableció asimismo el método de capitalización de rentas.

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Para el suelo urbano, cuando se trataba de parcelas y no de solares, el método a aplicar era el método residual y, para los solares, el método de comparación. La Ley del Suelo de 1975 (TR76) simplificó el sistema de valoraciones reduciendo a dos los cuatro valores de la Ley del Suelo anterior: “valor inicial” y “valor urbanístico”. El suelo no urbanizable se tasaba con arreglo al “valor inicial”, empleando el método de capitalización de rentas. Por su parte el suelo urbanizable y el suelo urbano, donde se aplicaba el “valor urbanístico”, el método de valoración utilizado era el método residual. Con el método residual el valor del suelo se determina deduciendo del valor del inmueble del que dicho suelo forma parte, el importe de las construcciones existentes, los costes de producción y los beneficios de promoción. Este método se construye considerando que el valor atribuible a cada uno de los factores de producción de un inmueble es la diferencia entre el valor total del inmueble (inversión + beneficio del propietario) y los valores atribuibles al resto de los factores. De esta manera, partiendo del valor en venta (valor de mercado) del inmueble, y descomponiendo los distintos factores que lo componen (suelo + obras de urbanización + edificación) se puede conocer el valor del factor suelo, que es el que interesa. Esa es la razón por la que se denomina método residual. En este método, el valor real o de mercado, es decir, el valor en venta de un determinado inmueble se calcula a partir del valor de mercado del edificio que se pueda construir en el terreno o solar en cuestión. Como señala PORTO REY, se trata de un método que evalúa, con expectativa de futuro, el posible desarrollo de un producto inmobiliario, con objeto de determinar los factores que concurrirán en ese desarrollo y el comportamiento del mercado de cara al producto final. Por su parte, la Ley del Suelo 8/1990 sobre reforma del régimen del suelo y valoraciones estableció un sistema de valoraciones de suelo más detallado, distinguiendo entre clases y categorías de suelo, y supeditando el mismo al sistema de adquisición gradual de facultades urbanísticas propio de esa legislación. El suelo no urbanizable y el suelo urbanizable no programado, que no contaba con Programa de Actuación Urbanística, se tasaban con arreglo a su “valor inicial”, aplicando el método de capitalización de rentas. El suelo urbanizable programado que no tuviera el planeamiento de desarrollo (Plan Parcial) aprobado se tasaba agregando al “valor inicial” del terreno el 25 por 100 del coste estimado de su futura urbanización, o de las obras necesarias para la conversión del terreno en solar, mediante el método de capitalización del rentas. En cambio, el suelo urbanizable programado con Plan Parcial aprobado, se tasaba agregando al valor inicial el 50 por 100 de los citados costes de urbanización. El método de valoración era también, en este último suelo urbanizable programado, el de capitalización de rentas.

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El suelo urbano sin ordenación detallada por el planeamiento general se valoraba con arreglo al planeamiento anterior (valor urbanístico), salvo que el valor así obtenido excediera del 50 por 100 del aprovechamiento urbanístico apropiable por el propietario, según el nuevo planeamiento, en cuyo caso se aplicaba el valor de ese 50 por 100. El método de valoración empleado era el método residual. El suelo urbano con ordenación detallada por el planeamiento general se tasaba con arreglo al valor urbanístico y a través del método residual, conforme a la normativa técnica de valoración catastral (Real Decreto 1020/1993, etc.). El PGOU de 1996 fue concebido con referencia al régimen de valoración del suelo establecido por la ley 8/90 (régimen recogido posteriormente en el título II del TR92). La modificación del sistema de valoración afectó sin duda a la gestión que del mismo se hizo. El Real Decreto Ley 5/1996 (Ley 7/1997) no alteró el sistema de valoraciones vigente, pero lo afectó indirectamente al aumentar el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación por los particulares en un 5 por 100 (de 85 por 100 del Texto Refundido de 1992 el 90 por 100). Las Valoraciones en la derogada Ley 6/1998 En primer lugar, debemos recordar el cambio conceptual del derecho de propiedad introducido por la Ley del Suelo 6/1998, al abandonar el sistema gradual de adquisición de facultades urbanísticas del Texto Refundido de 1992 y volver a la concepción tradicional de este derecho donde el aprovechamiento urbanístico estaba implícito, desde el primer momento, en el derecho de propiedad, esto es, pertenecía a su contenido normal, siendo los particulares los que cedían a la Administración el porcentaje de dicho aprovechamiento establecido en la Ley. La Ley del Suelo 6/1998 eliminó la dualidad de valores (inicial y urbanístico) a la que habían quedado reducidos los cuatro valores diferentes que estableció en su día la versión primera de la Ley de Suelo (Ley de 1956), de forma que, a partir de la Ley de 1998, no había ya sino un sólo valor, el que el bien obtenga en el mercado, único valor que, como decía su Exposición de Motivos, puede reclamar para sí el calificativo de justo. El legislador optó por establecer un sistema que trataba de reflejar con la mayor exactitud posible el valor real que el mercado asigna a cada tipo de suelo, renunciando así a toda clase de fórmulas artificiosas que, con mayor o menor fundamento, contradicen la realidad de dicho mercado. Su Exposición de Motivos continuaba diciendo que el “estricto realismo al que la Ley ha querido ajustarse en este punto contribuirá, sin duda a aumentar la seguridad del tráfico jurídico y a reducir la conflictividad”. El Tribunal Constitucional, en su famosa sentencia 61/1997, de 20 de marzo, declaró constitucionales los artículos del Texto Refundido de 1992 que contenían los criterios generales de las valoraciones, anulando sólo los artículos que concretaban las técnicas urbanísticas, donde el Estado se habría excedido empleando “dureza normativa” como dice la propia STC 61/1997, toda vez que la competencia exclusiva para establecer tales técnicas corresponde al legislador autonómico.

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Sin embargo, la Ley del Suelo 6/1998 derogó posteriormente la totalidad de dicho Título II, no obstante, algunos de sus criterios, fueron recogidos en dicha ley, entre otros : – La aplicación general de las normas de valoración contenidas en la Ley del Suelo a toda clase de expropiación del suelo, sea ésta de carácter urbanístico o de cualquier otro carácter (art. 23). – El momento al que han de referirse las valoraciones, que se hizo depender del sistema de actuación elegido para llevar a cabo la actuación urbanística correspondiente (art. 24). Dicho momento era el del acuerdo de iniciación del expediente correspondiente: Proyectos de compensación, Proyecto de reparcelación en el sistema de cooperación o pieza separada del justiprecio en los expedientes expropiatorios. –La tasación de los edificios y construcciones se efectúa a través del método de reposición de la normativa catastral, establecida fundamentalmente en el Real Decreto 1020/1993. – La valoración de los elementos distintos al suelo o edificaciones (servidumbres, derechos reales, derechos arrendatarios, etc), se realiza conforme a los criterios establecidos por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. En cuanto a las novedades que introdujo la Ley del Suelo de 6/1998 en esta materia, hay que destacar las siguientes: – La valoración del suelo debe realizarse según su clase y situación, aplicándose estos criterios con carácter general y prioritario. – La determinación de un sólo valor, el valor real de mercado, huyendo de los criterios objetivos anteriores tan criticados por la doctrina administrativa y por alguna jurisprudencia. – En el suelo urbano y en el suelo urbanizable con ámbitos o condiciones de desarrollo establecidos por el planeamiento general (arts.27 y 28), el valor real de mercado se obtiene indirectamente a través de la aplicación al aprovechamiento que corresponda al suelo objeto de valoración del valor básico de repercusión en polígono fiscal deducido de las ponencias de valores catastrales. – Cuando se trata de terrenos carentes de aprovechamiento urbanístico (aprovechamiento cero o nulo), la valoración se realiza deduciendo la media ponderada de los aprovechamientos, referidos al uso predominante o característico, del polígono fiscal en que, a efectos catastrales, estén incluidos dichos terrenos. Como hemos visto, la Ley de 1998 se remitía a los valores recogidos en las ponencias catastrales para valorar algunas categorías del suelo urbanizable y del suelo urbano. La reforma de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, en materia de valoraciones La Ley 10/2003, de 20 de mayo, introdujo importantes modificaciones al régimen de valoración del suelo urbanizable y del suelo urbano previsto en la versión primera de la Ley del Suelo 6/1998. La nueva redacción dada por la Ley 10/2003 al art. 27 de la Ley del Suelo 6/1998 relativo al régimen de valoración del suelo urbanizable, continuó distinguiendo las dos situaciones clásicas en las que puede encontrarse esta clase de suelo a efectos de su valoración, a saber: Suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados o para el que el planeamiento general haya establecido las condiciones para su desarrollo y Suelo urbanizable no incluido en alguna de dichas situaciones.

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El valor del suelo urbanizable incluido en la primera categoría (delimitado en ámbitos o con condiciones de desarrollo) se obtenía por aplicación al aprovechamiento que le corresponda del valor básico de repercusión en polígono, que era el deducido de las ponencias catastrales, valor que se obtenía a través del denominado método residual estático regulado por el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. En cambio, para los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las ponencias catastrales, la versión inicial del art. 27 de la Ley del Suelo 6/1998 preveía la aplicación de los valores de repercusión obtenidos por el método residual, sin distinguir si se trataba del método residual estático o el método residual dinámico. (...) La modificación del sistema de derechos y deberes de los propietarios, la aparición de la figura del Agente Urbanizador y la eliminación de los sistemas tradicionales de ejecución del planeamiento, la instauración del "todo urbanizable", la supresión de la distinción entre suelos programados y no programados que implicó la pérdida de referencias en cuanto a prioridades y calendario, junto con los cambios habidos en el régimen de valoración del suelo pusieron al PGOU en un fuerte compromiso. (…) En 1988 el suelo urbano alcanzaba una extensión de 364 has. La población era de aproximadamente 47.000 habitantes. En 1996 la superficie de suelo urbano era de 653 has (de ellas, aproximadamente 75 has Suelo urbano no consolidado). En 2016 el suelo urbano alcanza una extensión de aproximadamente 903 has. La población se cifra próxima a los 58.000 habitantes. En 30 años la población ha crecido un 25% y la superficie urbanizada un 250%. El PGOU ordenó suelo con destino a usos residenciales e industriales. En concreto: Con destino a nuevos desarrollos residenciales: 233 has en suelo programado. 88 has en suelo no programado. Total: 321 has En suelo "urbanizable programado", esto es, aquel que debía ser desarrollado para la plasmación del modelo de ciudad proyectado, han sido desarrollados los Sectores: S1 Buenavista, 12.9 has, primer cuatrienio (en las determinaciones del PGOU las actuaciones del primer cuatrienio debían ejecutarse antes que las del segundo y por supuesto antes que las contempladas en suelos no programados) S2 Cañadillas Este, 12.7 has, primer cuatrienio S4.2 Cerro de la Horca II, 20.82 has (desarrollado parcialmente pues está pendiente la urbanización de los sistemas generales y la materialización de aproximadamente la mitad del aprovechamiento residencial).

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S13 Cañadillas Oeste, 15.6 has Total (a fecha de 2016): 62 has, lo que equivale al 27% del suelo residencial previsto para ser ejecutado entre 1996 y 2004. Pendientes: S3bis, Camino del Terminillo, 24.36 has (II cuatrienio) S4.1, Cerro de la Horca 1, 15.68 has (II cuatrienio) S6, San Antonio, 7.42 has (I cuatrienio) S12, Cerro de los Barreros II, 43.95 has, (I Cuatrienio) S-14, Nohales, 27.43Has, (I cuatrienio) S-15, La Melgosa Oeste, 32.10 Has, (I cuatrienio) S-16, La Melgosa Norte, 12.70 has (II cuatrienio) En suelo urbanizable no programado se han desarrollado: El sector A1 Universidad, 15.7 has (que incorporó 120.000 m2 edificables con destino a equipamiento, Universidad de Castilla la Mancha) El sector A6, Cerro Carbonera, con 72.10 has y una capacidad de 450 unifamiliares, aunque fue aprobado un programa de actuación urbanizadora en 2006, no ha sido gestionado. Así, del total de suelo ordenado con destino residencial, 321 has, un total de 77.6 has han sido desarrolladas, lo que equivale a un 24%. Mientras tanto, un total de 145 has de suelo no urbanizable fueron incorporadas al suelo urbanizable mediante la fórmula de Programas de Actuación Urbanizadora en suelo rústico. De ellas 85 has hoy son suelo urbano, lo que significa que se ha urbanizado más suelo rústico que suelo urbanizable ordenado en el momento de la aprobación del PGOU 1996. El PGOU estableció también: En suelo urbano no consolidado, 34 unidades de ejecución en una superficie total aproximada de 55 has. 27 unidades de ejecución con destino a suelo residencial (15 completadas, 2 suprimidas, UE18 y UE-20 y 9 de ellas pendientes de gestión, UE-4 Antonio Maura, UE-5 Ramón y Cajal, UE-6 Tiradores, UE-10 Julio Larrañaga, UE-11 Camino Cañete, UE-12 Reyes Católicos, UE-17 Fábrica de Harinas, UE-27 Santa Mónica, UE-36 Puente Verde, UE MP-32 El Sotillo II). 6 con destino a suelo industrial (3 desarrolladas, Cerro de los Barreros I, II y III en la antigua carretera de Madrid, aproximadamente 12 has de suelo industrial, y 3 pendientes, UE-7 Cerro de los Barreros IV, 1.76 has, UE-21 Casilla de San José, 2.2 has y U-25 El Terminillo, con 15.4 has) 1 ejecutada con destino a suelo terciario, UE-20 Fábrica de Maderas (hoy Bricoking) Por vía de la modificación puntual del PGOU, en Septiembre de 1997, se incorporó también la UE-34, Villarroman II, con capacidad para 1360 viviendas, en una extensión de 26,8 has. También en suelo urbano no consolidado, con destino a suelo residencial: PERI 3, San Mónica, 8.93 has, ejecutado. PERI 4, Ermita de San Antonio, 8.64 has, ejecutado PERI 9, Terrenos de Renfe, 13.23 has, pendiente de gestión PERI 10, Buenavista, 2.35 has, ejecutado.

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El número de viviendas en la ciudad de Cuenca en el momento de la aprobación del PGOU de 1996 ascendía a aproximadamente 21.000. Hoy, en 2016, se acerca a 31.000 viviendas. En el periodo 1996 a 2016 se han construido: Un número aproximado de 1.000 viviendas pendientes de ejecución entre las ordenadas en el documento refundido PGOU 1988, en sectores como PERIs A,B,C y G, Villa Román I, PERI RM-2A y San Fernando. En los Sectores 1, 2, 13, A1, y 4.2, 2.100 viviendas En Villa Román III, Ars Natura, La Loma, 2.600 viviendas (no contempladas en el PGOU96) 2.450 viviendas en suelo urbano no consolidado, (por ejemplo: UE-33 250viv, UE-34 Villa Román II 1.360viv) 1.820 viviendas en ejecución de Planes Especiales de Reforma Interior (PERI 3 Sta. Mónica, PERI 4 Ermita de San Antonio y PERI 8 Carretera de Valencia) Viviendas construidas: Aproximadamente 10.000 en 20 años , (550viv/año). A pesar de haberse construido 10.000 viviendas, el 75% del suelo residencial ordenado (aquel que conformaba el modelo de ciudad propuesto) no se ha desarrollado. En cambio, en suelos que el plan calificaba como "no aptos" para el desarrollo urbano (suelos de Villarromán por ejemplo) se han construido más de 4.000 viviendas. Con destino a nuevos desarrollos industriales El PGOU 1996 ordenó: 125 has en suelo programado 118 has en suelo no programado Total: 243 has Ninguno de los sectores contemplados en suelo programado (S5 Venta del Francés, S7 Carretera de Alcázar Oeste, S8 Carretera de Alcázar Este, S9 La Esperanza, S10 Los Palancares II y S 11 La Vereda) ha sido desarrollado. En los 20 años de vigencia de PGOU la actuación industrial de referencia ha sido el desarrollo del denominado sector A3, Carretera de Motilla, actuación conocida como Polígono SEPES, con una extensión de aproximadamente 72 has, (a las que hay que unir el desarrollo del sector A-7 "Polígono Fercusa", con 9.25 has). En total 82 has, aproximadamente el 33% de la superficie ordenada, si bien es verdad que en suelos considerados como “no prioritarios” por el plan (que estableció el desarrollo preferente de 31 has de superficie industrial en unidades de ejecución en suelo urbano, (sólo 12 ejecutadas), 52 has de superficie industrial en suelos de reforma interior (PERI 5 "Vega Tordera", 29 has, PERI 6 Planta de Hormigón, 9.70 has, PERI 7 Fábrica de Maderas, 13.40 has) y 125 has en los sectores S5, S7, S8, S9, S10 y S11).

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Dicho de otro modo, Estando prevista en suelo urbano no consolidado la gestión de Planes de Reforma Interior (parte del PERI 8, PERI 5, PERI 6, PERI 7) y unidades de ejecución (UE-2, UE-7, UE21, UE23, UE24, UE25) para un total de 530.000 m2 de techo edificable industrial, se han desarrollado suelos para tan solo 120.000 m2 de techo, (parte industrial del PERI 8, UE-2, UE-23 y UE-24), quedando pendientes un total de 410.000 m2. Además se había ordenado suelo urbanizable "programado" (Sectores 5, 7, 8, 9, 10 y 11) con una superficie de techo edificable industrial estimada de 600.000 m2. Se decidió promover el desarrollo del denominado suelo A3, Carretera de Motilla, urbanizando suelo para un total de 340.000 m2 de techo edificable industrial, a los que hay que añadir 40.000 m2 más correspondientes a la gestión del sector A-7, Polígono Fercusa. También están pendiente de gestión los suelos denominados A-4, A-5, A-8 y A-9 concebidos con capacidad para otros 170.000 m2 de techo edificable industrial. Así, el PGOU ordenó suelos con cabida para 1.700.000 m2 de techo edificable. En veinte años se han desarrollado suelos con capacidad para 500.000 m2 de techo (aproximadamente un 30%). Una muy importante porción de los suelos desarrollados continúan sin ser edificados. En suelo urbano no consolidado se establecieron operaciones por un total de 530.000 m2 de techo. Continúan pendientes de gestión 410.000 m2 edificables. La ciudad decidió desarrollar los sectores A-3 y A-7, para un total de 380.000 m2 de techo edificable, localizados a 10 Kms del suelo urbano de la ciudad, (hoy día existen en ellos suelos sin edificar y una parte muy importante de lo edificado se encuentra sin actividad). Con amparo en los cambios habidos en el marco legal regulador de la actividad de ejecución urbanística, las actuaciones urbanizadoras se realizaron no tanto donde procedía (en virtud del modelo de crecimiento propuesto por el PGOU 1996) si no allí donde la iniciativa privada encontró mejores ventajas. Como consecuencia de ello, hoy es irreconocible el modelo de ciudad propuesto. Los suelos urbanizados, (suelos industriales a 10 kms de la ciudad, suelos residenciales calificados como "inconvenientes", suelos residenciales que se muestran como "satélites" a duras penas conectados con el resto de la trama urbana), en modo alguno han servido para resolver los problemas urbanos identificados en 1996, sino más bien, para agudizarlos, creando además otros nuevos.

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El recurso suelo se ha consumido sin beneficio aparente para la ciudad. El aprovechamiento urbanístico se incorporó al negocio jurídico en condiciones muy ventajosas para los propietarios de suelo, (incluso para la propia administración). Desvinculada la propiedad del aprovechamiento del deber previo de urbanizar, las plusvalías asociadas a los desarrollos proyectados se materializaron y sin embargo los suelos siguen en barbecho, (patata caliente que terminó con la desaparición de la práctica totalidad de los promotores inmobiliarios que operaban en la ciudad y con los bancos convertidos en inmobiliarias). Tan solo las operaciones ejecutadas en suelo urbano consolidado guardan cierta coherencia con los presupuestos del PGOU y ello porque fueron las primeras en ser llevadas a cabo y las innovaciones del marco legal se centraron sobre todo en los suelos urbanizables. Tras el estallido en 2007 de la denominada "burbuja inmobiliaria", el legislador estatal decidió volver a cambiar el marco legal al que debe referirse la actividad urbanística en el conjunto del estado. La Ley 8/2007 del Suelo (...) Ello implica dar un giro de 180º al proceso de liberación del suelo que estableció la Ley del Suelo 6/1998. No debemos olvidar que la Ley del Suelo 6/1998 obedeció a una política de liberación del suelo, estableciendo a través de la técnica de la clasificación que el suelo no urbano debía clasificarse como suelo urbanizable salvo que estuviera sujeto a un régimen específico de protección. Es precisamente este carácter residual del suelo urbanizable el que ahora desparece con la nueva LS. Acorde con esta situación, el legislador estatal, al sentar en el art. 10 de la LS los criterios básicos de utilización del suelo, va a atribuir a la ordenación territorial y urbanística la función de determinar el destino del suelo que comporte o posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, pero sólo, y esto es lo importante, "al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen y preservar de la urbanización al resto del suelo rural".

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¿Cuáles son en 2016 las necesidades de suelo urbanizado en la ciudad de Cuenca? (...) Otro cambio importante que se desprende de la novedosa regulación recogida en la LS tiene que ver con la identificación que, a lo largo de la historia de la disciplina urbanística, ha existido entre los derechos y deberes que afectan al suelo y el derecho de propiedad. Ahora, el legislador estatal, desde una perspectiva más demográfica, va a reconocer la importancia de proteger otros derechos constitucionales relacionados con el suelo y su destino como son el derecho a la libre empresa, el derecho a una vivienda digna y adecuada, el derecho a un medio ambiente adecuado, y el derecho de la ciudadanía a la participación en los asuntos públicos. Por lo tanto, el objeto de la Ley es, en este sentido, garantizar las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes constitucionales, no sólo en relación con los propietarios del suelo, sino teniendo en consideración a toda la ciudadanía en general. Así pues, a diferencia de la legislación anterior donde prácticamente solo se prestaba atención al estatuto subjetivo del propietario, la LS va a recoger tres estatutos subjetivos: el correspondiente al ciudadano, el referente al empresario o promotor y el que corresponde al propietario. (...) Luego, más allá de regular las condiciones básicas de la igualdad de la propiedad de los terrenos, hay que tener presente que la ciudad es el medio en el que se desenvuelve la vida cívica, y por ende que deben reconocerse asimismo los derechos mínimos de libertad, de participación y de prestación de los ciudadanos en relación con el urbanismo y con su medio tanto rural como urbano. En suma, la Ley se propone garantizar en estas materias las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales de los ciudadanos". Se produce así una ampliación importante de las posibilidades normativas del Estado que va a legislar, no sólo sobre la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad, sino también, entre otros, sobre el desarrollo sostenible y su influencia en la planificación territorial y urbanística y sobre el derecho a la libertad de empresa, en virtud del cual, y esto es una novedad de la LS, va a separar la facultad de urbanizar del derecho de propiedad. En efecto, la LS va desgajar el derecho a urbanizar del estatuto subjetivo de propietario, de modo que este derecho o facultad de urbanizar ya no va a estar inscrito en el derecho de propiedad. La Exposición de Motivos dice al respecto: "… el régimen de la iniciativa privada para la actividad urbanística, que -en los términos en que la configure la legislación urbanística en el marco de esta Ley- es una actividad económica de interés general que afecta tanto al derecho de la propiedad como a la libertad de empresa. En este sentido, si bien la edificación tiene lugar sobre una finca y accede a su propiedad -de acuerdo con nuestra concepción histórica de este instituto-, por lo que puede asimismo ser considerada como una facultad del correspondiente derecho, la urbanización es un servicio público, cuya gestión puede reservarse la Administración o encomendar a privados, y que suele afectar a una pluralidad de fincas, por lo que excede tanto lógica como físicamente de los límites propios de la propiedad. Luego, allí donde se confíe su ejecución a la iniciativa privada, ha de poder ser abierta a la competencia de terceros, lo que está llamado además a redundar en la agilidad y eficiencia de la actuación".

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Otros aspectos destacables de la LS son los siguientes: • Establece, entre otros, un estándar relativo a las viviendas de protección pública. • Establece unos criterios mínimos, de sostenibilidad basados en un estándar de crecimiento urbano, por el que se obliga a las Comunidades Autónomas a regular en qué casos el impacto de una actuación de urbanización debe obligar a la revisión o nueva formulación del planeamiento general municipal (o territorial), procesos éstos que el art. 15 de la LS sujeta a una evaluación (ambiental y económica) y a un seguimiento de su sostenibilidad. En el caso de Castilla La Mancha (DL 1/2010, TRLOTAU) Art. 40 TRLOTAU 1. La reconsideración total de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y urbanística o de los elementos fundamentales del modelo o solución a que responda aquella ordenación da lugar y requiere la revisión de dichos documentos. 2. En todo caso, y sin perjuicio de lo establecido en el número anterior, se entenderá que procede la revisión del planeamiento general cuando se pretenda su innovación para nuevas actuaciones urbanizadoras que supongan incremento de población respecto del número total de habitantes previstos inicialmente en el Plan, calculado de acuerdo con lo establecido en el punto 13 de la disposición preliminar, en los siguientes supuestos: a) En municipios cuyo planeamiento general prevea una población total igual o superior a 10.000 habitantes, cuando la innovación conlleve un incremento superior al 20% de dicha población total inicialmente prevista, bien mediante una única actuación o bien mediante la unión de las aprobadas en los dos últimos años. El PGOU de 1996 proyectó 5.580 viviendas en suelo urbanizable, de las que se han construido aproximadamente 2.100, estando pendientes, después de 18 años aproximadamente 3.500 viviendas. Vía modificación puntual del PGOU, se incorporaron aproximadamente 1.400 viviendas adicionales en suelo urbano (ejecutadas) y 6.400 viviendas más en suelo no urbanizable (de las que se han construido aproximadamente 2.600 y están pendientes 3.800). Esto es: Por vía de la modificación puntual del PGOU se incorporaron "de facto" 8.000 viviendas adicionales a las proyectadas por el plan. • Fomenta la participación pública en los procesos relativos al suelo, recogiendo unos estándares o requisitos mínimos sobre transparencia y participación ciudadana real, también en relación con la evaluación y el seguimiento de los efectos de los planes en la economía y el medio ambiente cuando estos prevean actuaciones urbanísticas de mayor envergadura e impacto. • Consagra la figura del "agente urbanizador", apostando definitivamente por la participación de la iniciativa privada en los procesos de urbanización, que son siempre públicos como dice la LS, y regula la capacidad de obrar de los promotores/urbanizadores.

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• En materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, se regula la responsabilidad por incumplimiento de los plazos fijados por la ordenación urbanística y se posibilita la sustitución del propietario incumplidor. • Se protegen con mayor rigor los patrimonios públicos de suelo y se regula con mayor profundidad una figura jurídica muy desatendida como es el derecho de superficie. • En cuanto a las valoraciones, ya se ha indicado que solo se considera valorable el suelo rural y el suelo urbanizado, desapareciendo el suelo urbanizable, que ya no es objeto de valoración, para evitar valorar las expectativas urbanísticas. El propietario de esta clase de suelo (suelo urbanizable) tiene derecho a ser indemnizado por la actuación urbanizadora que hubiera podido llevar a cabo. La eliminación del valor del suelo urbanizable resulta un factor determinante en la elaboración de los planes urbanísticos. La D.Tª.3ª establece que los nuevos criterios de valoración se aplicarán a los expedientes que se inicien a partir de la entrada en vigor de la ley, excepto en el caso del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados en el que se seguirá aplicando el criterio de valoración de la anterior Ley del Suelo 6/1998 siempre que en el momento de la valoración no haya vencido el plazo para la ejecución del planeamiento correspondiente. Una novedad en materia de valoración es que la LS prescinde del método de comparación para valorar el suelo rural (antes suelo no urbanizable) y adopta preferentemente el criterio de capitalización de rentas. No obstante, a pesar de las grandes diferencias que existen entre la legislación anterior nacida de la STC 61/1997, esto es, la Ley del Suelo 6/1998 y sus modificaciones posteriores, y el nuevo sistema concebido en la LS, los fundamentos técnicos del Derecho urbanístico clásico se mantienen en ambas, así: - la concepción de la propiedad inmobiliaria como estatutaria integrada por el haz de facultades que en cada momento le atribuya la ordenación urbanística, declaración que se recogía en el art. 20 de la Ley del Suelo 6/1998 y, actualmente, en el artículo 13 de la LS. - la afirmación de que la ordenación del uso de los terrenos y construcciones establecida en el planeamiento no confiere derecho a los propietarios a exigir indemnización, salvo en los casos previamente establecidos en la leyes, afirmación que recogió el art. 1.2 de la Ley 6/1998 y ahora recoge el artículo 3.1 de la Ley 8/2007. - el derecho de propiedad se ejercerá siempre de acuerdo con su función social, como establece el artículo 33.2 de la CE, ( principio recogido en el art. 1 de la Ley del Suelo 6/1998 y actualmente en los arts. 8 y 9 de la LS). - ambas leyes se remiten al planeamiento urbanístico, fundamentalmente al municipal, como instrumento de ordenación que completa la regulación del estatuto de la propiedad inmobiliaria, dado su carácter de norma reglamentaria.

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El PGOU de 1996 no solo no guarda relación alguna con la realidad urbana de la ciudad en 2016, sino que no cumple con ninguna de las garantías exigidas por la legislación vigente. En la memoria justificativa de dicho plan: “Esta revisión pretende ser el punto de partida de otro estilo de concepción del urbanismo en la ciudad de Cuenca, más acorde con la realidad actual”, ampliando las posibilidades de responder a los retos que la sociedad puede demandar de esta ciudad. “La revisión y adaptación ha de perseguir la consecución de un Plan General Municipal de Ordenación urbana conceptualmente distinto al actualmente vigente, orientado a obtener un modelo de utilización del suelo a largo plazo, urbanísticamente equilibrado, en el que la estructura general y orgánica del mismo resuelva las disfuncionalidades fundamentales que la ciudad presenta y permita las mejores condiciones y calidad de vida para los conquenses. Intenta ser un plan en el que el equilibrio entre propuestas de planeamiento, las de gestión urbanística y la capacidad de la administración actuante, sea notoria y patente. Como desarrollo de este objetivo general, se considera, asimismo, objetivo básico para el conjunto del término municipal conocer la vocación fundamental de cada parte de su suelo, a fin de recuperar y desarrollar de forma positiva los recursos del medio físico, las actividades agrarias, industriales y comerciales, desarrollar las comunicaciones y los servicios comunitarios y favorecer el máximo rendimiento posible a través de las determinaciones de planeamiento que a los suelos se le asignen. Se intenta al mismo tiempo, que el Plan General favorezca el desarrollo cualitativo y sea eminentemente realista, capaz de ser llevado a la práctica, permitiendo conseguir las determinaciones urbanísticas que se fijen, en los plazos que se programen". Ambos párrafos, transcurridos 20 años de vigencia del PGOU de 1996 están más que nunca de plena actualidad. Recordemos cómo el TRLOTAU exige de los planes urbanísticos: "Los planes urbanísticos determinarán la secuencia lógica de su desarrollo mediante la fijación de las condiciones objetivas que definan un orden básico de prioridades para la ejecución de las diferentes actuaciones urbanizadoras. Asimismo los planes podrán fijar plazos máximos para la edificación de los solares o, en su caso, parcelas y la rehabilitación de la edificación existente". Recordemos también como en el artículo 15 de la Ley 8/2007 (hoy art.22 del RDL 7/2015) sujeta a los planes municipales a una evaluación (ambiental y económica) y a un seguimiento de su sostenibilidad.

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Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano. 1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso. 2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación. 4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, y contendrá, al menos, los siguientes elementos: a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las modificaciones sobre incremento de edificabilidad o densidad, o introducción de nuevos usos, así como la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del deber legal de conservación. b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto las ayudas públicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de costear las redes públicas. c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformación física propuesta, garantizando el menor impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites del deber legal de conservación. El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible participación de empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, cuando asuman el compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la misma, o de la red de infraestructuras que les competa, así como la financiación de la operación por medio de ahorros amortizables en el tiempo. d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de las inversiones y la financiación de la operación. e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas.

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6. Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución urbanísticas deberán elevar al órgano que corresponda de entre sus órganos colegiados de gobierno, con la periodicidad mínima que fije la legislación en la materia, un informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su competencia, que deberá considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este artículo. Los Municipios estarán obligados al informe a que se refiere el párrafo anterior cuando lo disponga la legislación en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de Gobierno Local. 7. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística establecerá en qué casos el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad de ordenación del municipio o del ámbito territorial superior en que se integre, por trascender del concreto ámbito de la actuación los efectos significativos que genera la misma en el medio ambiente. El PGOU de 1996 carece de estas referencias. Además, en el artículo 1 del Texto Refundido 2/2008: Artículo 1. Objeto de esta ley. Esta ley regula, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que garantizan: a) La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, relacionados con el suelo. b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El PGOU de 1996 y sus 48 modificaciones puntuales garantizan exactamente lo contrario. Véase como después de haberse edificado cerca de 10.000 viviendas, con aproximadamente 5.000 viviendas vacías y otras 5.000 con carácter de segunda residencia, (de acuerdo con datos del Censo de viviendas en Cuenca de 2011), dicho plan habilita la gestión de 8.500 viviendas adicionales, (1.400 de ejecución directa). (...) La ley 8/2007 aportó una novedosa regulación del suelo, considerando a éste como un recurso natural no renovable, y una reformulación de los derechos y deberes que giran en torno al mismo, todo lo cual va a tener sus consecuencias, entre otros, en aspectos tales como el régimen de clasificación del suelo, las reservas para vivienda protegida y los límites de repercusión de precios del suelo en la vivienda protegida, el control de riesgos, la sostenibilidad económica y ambiental del planeamiento territorial y urbanístico, los límites entre modificación y revisión del planeamiento, los convenios urbanísticos, la conversión en metálico de aprovechamientos, y el régimen de las actuaciones de dotación, de las cesiones de aprovechamiento y de los patrimonios públicos de suelo.

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“Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes”. Con 900 has de suelo urbano, el PGOU habilita el desarrollo de 460 has adicionales (300 con destino a suelo residencial y 160 con destino a suelo industrial). En la memoria justificativa del PGOU de la ciudad aprobado en 1963: (...) Las principales consecuencia del desorden señalado, han sido una gran dispersión de la edificación en busca de suelo barato, una absoluta falta de respeto por la zonificación del Plan y una edificación abusiva en altura. Consecuencia de la dispersión es que, actualmente, la ciudad invade una superficie de unas 160 has, lo que para una población de 27.000 habitantes, representa una densidad de 166 hab/ha. Esta cifra es notoriamente baja y plantea al Ayuntamiento el problema de crear y conservar unas redes de servicios desproporcionadamente extensas. De la evolución de la ciudad en los últimos años se deduce que el área afectada por la edificación crece mucho más rápidamente que el número de habitantes; es decir, la densidad tiende a disminuir y el problema a agravarse. (...) Dada la condición de capital provincial de Cuenca, su evolución deseable en el futuro será un equilibrio entre su función de ciudad administrativa y de servicios con una industria moderna. Este equilibrio requiere una ponderación entre las zonas residenciales, de uso singular e industriales. El número de obreros empleados por término medio en cada Ha. de zona industrial es variable según el tipo de industrias. Sin embargo se viene considerando como aceptable la de 120 obreros /ha. Así el PGOU de 1963 ordenará 52 has de suelo industrial con capacidad para 6.240 obreros. (...) el PGOU 1963 preveía en su periodo de vigencia una reserva de suelos para una población triple de existente, ( crecimiento de 27.000 a 75.000 habitantes), lo que suponía un aumento exagerado. En su libro Cuenca, Evolución y Crisis de una vieja ciudad castellana, el profesor Miguel Angel Troitiño afirmaría 10 años después: "Dicho Plan se diseña al margen de la realidad socio-económica, se olvida de la personalidad urbana de Cuenca y proyecta una ciudad de 75.000 habitantes - en el mismo espacio donde 20 años antes Muñoz Monasterio ubicaba 50.000, con el agravante de considerar a extinguir buena parte de los barrios populares". En la memoria justificativa del PGOU de 1979: La distribución por superficies de las clases de suelo en el municipio es como sigue: 1.- Suelo Urbano: 310,43 Has 2.- Suelo Urbanizable programado: 334,53 Has

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(...) En la nueva ordenación se considera, a corto plazo, una capacidad poblacional aproximada de 46.500 habitantes. Esta capacidad viene dada por la ordenación de las condiciones de aprovechamiento de la nueva edificación residencial, y por la persistencia de edificios recientes que superan dichas condiciones de aprovechamiento. Esta capacidad prevista supone una merma de casi el 25% respecto del Plan General Vigente (PGOU de 1963). A largo plazo se supone que la población total en esta área será algo menor. Esto responde a la hipótesis de que en amplios sectores del centro urbano se irá produciendo una paulatina sustitución de usos residenciales por otros comerciales, de oficinas, e incluso de equipamientos. Esta posibilidad de sustitución de usos está facilitada en las Normas Urbanísticas. (...) Las magnitudes de la ordenación en suelo urbanizable programado. La población total programada es de 13.000 habitantes, que junto los que se prevén en suelo urbano, hacen un total de 59.500 habitantes. De aquí se deduce que en 2016 la ciudad tiene aproximadamente la misma población que el PGOU de 1979 consideraba alcanzar en 1988. Sin embargo hoy el suelo urbano alcanza las 900 has (un 50% más de lo considerado en 1979). Y por último, para cerrar el capítulo de razones legales que obligan a acometer la revisión del PGOU de 1996, (el concepto legal de “Revisión”: Consiste en la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivados por una voluntad de reconsiderar el modelo territorial adoptado o por agotamiento de su capacidad) En el artículo 6, el TRLOTAU, los fines de la actividad pública urbanística, 1. Son fines de la actividad pública urbanística: a) Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, en sus distintas situaciones y sea cual fuere su titularidad, al interés general definido en la Ley y, en su virtud, en los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y urbanística. b) Vincular positivamente la utilización del suelo, en congruencia con su utilidad pública y con la función social de la propiedad, a los destinos públicos o privados acordes con el medio ambiente urbano o natural adecuado c) Delimitar objetivamente el contenido del derecho de propiedad del suelo, así como el uso y las formas de aprovechamiento de éste. d) Impedir la especulación con el suelo o la vivienda u otros usos de interés social. e) Impedir la desigual atribución de beneficios en situaciones iguales, imponiendo la justa distribución proporcional de los mismos entre los que intervengan en la actividad transformadora de la utilización del suelo, asegurando en todos los casos la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción territorial y urbanística-

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2. La ordenación establecida por el planeamiento de ordenación territorial y urbanística tiene por objeto en todo caso: a) La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y el uso del suelo, mediante la calificación, a tenor, en su caso, de la clasificación, de éste y de las edificaciones, construcciones e instalaciones autorizadas en él. b) La fijación de las condiciones de ejecución y, en su caso, programación de las actividades de urbanización y edificación, así como de cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las edificaciones, construcciones e instalaciones. c) La formalización de una política reguladora del mercado inmobiliario, especialmente mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la construcción de vivienda sujetas a algún régimen de protección pública o que implique la limitación de su precio en venta o su puesta en el mercado en régimen de alquiler con precio limitado y la calificación de suelo con tal destino. d) La protección del paisaje natural y urbano y del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. La pérdida de vigencia del PGOU de 1996 amenaza la capacidad del municipio para lograr el cumplimiento de estos fines. RDL 7/2015 Texto Refundido de la Ley del Suelo y la Rehabilitación. Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. 1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes. 2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a: a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística. c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas. d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo. 3. Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma funcional. En particular: a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en el mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su gestión. b) Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la adaptación, la rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso.

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c) Mejorarán la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos al servicio de todos los ciudadanos y fomentarán unos servicios generales más eficientes económica y ambientalmente. d) Favorecerán, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios que sean precisos, la localización de actividades económicas generadoras de empleo estable, especialmente aquéllas que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas tecnologías, mejorando los tejidos productivos, por medio de una gestión inteligente. e) Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los requerimientos legales mínimos, a los edificios de uso privado y público y a las infraestructuras, dotaciones, equipamientos, transportes y servicios. f) Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue preferencia al transporte público y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta. g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la integración social. h) Fomentarán la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero del sector de la construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. También prevendrán y, en todo caso, minimizarán en la mayor medida posible, por aplicación de todos los sistemas y procedimientos legalmente previstos, los impactos negativos de los residuos urbanos y de la contaminación acústica. i) Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía fósil y combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente de los recursos y de la energía, preferentemente de generación propia. j) Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y permitirán y mejorarán el uso turístico responsable. k) Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o cultural. l) Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el uso de los recursos hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización. La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de ordenación territorial y urbanística. 4. Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo. El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos que disponga la legislación en la materia.

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Razones Estratégicas. HERRAMIENTA TERRITORIO. En 1930 el geógrafo Walter Christaller publica su teoría sobre la “localización central”, que afrontaba el problema de la ciudad en una visión integrada del territorio circundante. La ciudad era considerada como el polo físico del sistema de servicios que expresa, desarrollándose el área de influencia propia de cada servicio con diversas formas y dimensiones sobre el territorio según la naturaleza del servicio mismo. La importancia de este tipo de discurso está en el reconocimiento de la ciudad como estructura ligada a su entorno territorial, de modo que no tendrá ya conceptualmente ningún sentido ocuparse sólo del sistema de los asentamientos urbanos para afrontar problemas de escala territorial. El territorio constituye el principal elemento diferenciador de la región, un capital fijo que no está sometido a las pautas de movilidad que impone la globalización y dotado de particularidades a partir de las cuales es posible definir una estrategia de futuro diferenciada y capaz de participar de forma viable en la organización global. (...) de la publicación

"Un nuevo planeamiento para una nueva territorialidad",de D. Antonio Font Arellano, Arquitecto Urbanista catedrático en la Escuela de Arquitectura del Vallés (Barcelona)

De esta manera, la eficiencia económica depende ahora cada vez más del territorio, por la localización de las actividades de pequeños y medianos establecimientos productivos en aquellos emplazamientos bien situados respecto a las redes, o en relación a zonas de especialización (las llamadas «economías de localización») configuradas en cada territorio.

Los cambios en el proceso productivo, el incremento de la base terciaria en la economía y la configuración de un nuevo modelo urbano y territorial, articulado sobre nuevas condiciones de producción y comunicación, son por tanto las características del denominado territorio servoindustrial o posfordista.

Así, del territorio jerarquizado y único, de un espacio dominado por un centro y una periferia dependiente, del crecimiento en mancha de aceite característico de la etapa fordista, hemos pasado a un territorio diferente, de interdependencias espaciales y de la autoorganización, a una realidad territorial enormemente fragmentada y heterogénea.

Un espacio físico de formas más o menos caóticas, de ocupación aparentemente errática, de lógica borrosa, en el que conviven las formas tradicionales de ciudad, con las nuevas modalidades del crecimiento que representan los procesos de la dispersión territorial y de la polarización sobre los principales ejes y nudos viarios.

Un espacio discontinuo, desconcentrado, en permanente desequilibrio, que rompe el orden morfológico y de estructura espacial de la tradicional ciudad compacta y del territorio fordista.

También, a lo largo de los ochenta, se produce un cambio en la visión de cómo se comportan estos sistemas complejos, sustituyendo progresivamente la imagen de la máquina por el de organismo, como analogía más adecuada para su comprensión.

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El organismo crece, interacciona y evoluciona, adaptándose a las circunstancias que él mismo genera, influenciando cada parte en la transformación del resto. Un sistema complejo adaptativo, difícilmente previsible en el detalle y de difícil control. Una explicación por tanto circular, desde las partes al conjunto y viceversa, que acepta la complejidad como estructural en la construcción de su conocimiento, en la que lo incierto y aleatorio son elementos imprescindibles en la nueva etapa cognoscitiva.

Así, el tradicional modelo racionalista del planeamiento, basado en el anterior paradigma, difícilmente puede dar respuesta adecuada a las nuevas condiciones que supone el modelo territorial emergente, tan distantes a las de su período de formación y vigencia.

La proliferación del proyecto frente al plan, y de la abusiva modificación puntual de los planes generales son el reflejo de la necesidad de una flexibilidad en el planeamiento para afrontar las nuevas demandas o los escenarios no previstos, pero todavía sin abordar una reconsideración en profundidad del modelo de planeamiento vigente.

En resumen, los cambios ocurridos en la rápida y compleja dinámica de ocupación territorial, con la utilización intensiva y alargada del territorio por una familia de geometría variable; en la organización social, con el creciente conflicto entre lo público y lo privado y entre las diferentes esferas de lo público; en el propio proceso de planeamiento y gestión urbanística, con la pugna entre proyecto y plan y la multiplicidad de instancias y agentes en la construcción del territorio; junto con las nuevas coordenadas económicas y administrativas del sector público, han puesto en crisis el modelo tradicional de planeamiento, para unos territorios cada vez más a ordenar y vertebrar que a ocupar o colonizar.

(...)

A pesar de las condiciones estructurales adversas señaladas, y de unos marcos legales de configuración del planeamiento urbanístico que generalmente no ayudan especialmente a su renovación, ciertamente experiencias recientes de planeamiento en países de nuestro entorno geográfico y cultural, demuestran la capacidad de innovación y de búsqueda disciplinar, en el acercamiento a los nuevos problemas territoriales y a nuevas fórmulas de intervención capaces de superar las limitaciones estructurales señaladas.

De los mejores ejemplos de aquellas experiencias se deducen algunas de las cuestiones más relevantes para la ordenación urbanística actual:

a) La compartida necesidad de una aproximación eficaz entre las disciplinas territoriales frente a las limitaciones de los campos disciplinares tradicionales sobre las nuevas situaciones y problemas, con la finalidad de enriquecer el conocimiento sobre aquellos y contribuir a la renovación de los instrumentos de intervención.

b) La necesidad también de una integración adecuada de las demandas relativas al medio ambiente y al paisaje, en la construcción y en las determinaciones del planeamiento urbanístico. La necesaria consideración de la ciudad y el territorio como un sistema único con el que los proyectos deben de confrontarse, para inserir sus propuestas en una realidad frágil más a ordenar y vertebrar, que a ocupar y colonizar, introduciendo mecanismos adecuados de evaluación y control del proceso de planificación.

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c) Frente a la visión tradicional casi exclusiva del crecimiento urbano como extensión, la conveniencia de plantear la recuperación y densificación, cuando sea posible, de las áreas edificadas, o de la reordenación de las urbanizadas pero todavía no ocupadas. Estrategias de recualificación urbana para la recuperación y rehabilitación de los tejidos urbanos, como opciones del proyecto que deben identificar las características específicas del lugar y detectar sus elementos estructurales, a los que deberán referirse los proyectos ejecutivos de actuación, tanto del espacio libre como de la edificación.

d) La concepción integral de la ordenación del territorio, también a escala municipal, supone la consideración del sistema de espacios libres como un componente más del proyecto de estructura, en la que ha de jugar un papel vertebrador y articulador de los diferentes tejidos existentes o de nueva planta. Desde el jardín urbano al parque metropolitano, desde el recorrido peatonal local hasta el corredor territorial, desde el espacio agrícola de interés hasta los espacios naturales protegidos, se ha de construir un sistema de espacios libres, que ha de ser la pieza fundamental de la red ambiental territorial.

e) La conveniencia de concebir la estructura urbana y territorial a partir de la infraestructura del transporte público frente a la lógica tradicional de la movilidad individual y la red viaria, en la búsqueda de un modelo integrado de movilidad, como elemento indispensable para la recualificación de las ciudades y en la decidida opción por la potenciación del transporte público. Una nueva y más estrecha relación entre la localización de los usos del suelo y de las actividades de mayor atracción de viajeros con la infraestructura del transporte público, debería ser un punto de partida básico en la concepción de las alternativas de ordenación, como ya se está haciendo en algunos lugares de EEUU, Canadá, Holanda, etc.

f) La necesidad de un consumo ajustado de suelo, que evite tanto los enormes costes sociales y ambientales de la dispersión urbana, como también los problemas de hacinamiento y sobre-densificación que se producen en algunos sectores de la ciudad compacta tradicional, muchas veces origen (junto a las dificultades en el mercado inmobiliario residencial o de los lugares de trabajo) de aquellos procesos de dispersión. La conveniencia de nuevos patrones residenciales (o de asentamientos productivos) de densidades intermedias y de mezcla de usos compatibles, como alternativos a los asentamientos monofuncionales y de baja densidad característicos del crecimiento actual. La necesaria interiorización en las mantenimiento, etc.).

g) Frente a la tradicional disociación entre el planeamiento urbanístico y los programas de vivienda, la conveniencia de recuperar la residencia como uno de los ejes básicos del plan, prestando especial consideración a los nuevos programas de necesidades (viviendas para jóvenes, residencia asistida para mayores, etc.) y a los regímenes de protección y de alquiler para los grupos sociales de menor renta. Programas de vivienda que por el alcance territorial de los procesos en curso, deberán tener un ámbito metropolitano, aunque su desarrollo pueda ser en buena parte municipal.

h) Finalmente, la necesidad de la escala supramunicipal tanto como marco de referencia para una adecuada ordenación municipal —que actualmente carece de directrices territoriales para el encuadre de sus determinaciones— como para el planeamiento de los territorios metropolitanos, en los que ha de abordarse la ordenación del sistema de espacios libres, de las redes generales de infraestructura viaria, del transporte público y de las comunicaciones, de la infraestructura medioambiental, de los parámetros generales de ocupación del suelo por la edificación, de las actuaciones de carácter estratégico, de las prioridades de actuación, de los ámbitos espaciales para el desarrollo de los planes..., formuladas desde el compromiso con los problemas y las situaciones existentes y las capacidades de intervención.

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NEXOS CAUSALES, TENDENCIAS Y BASES DE LA NUEVA ESTRATEGIA TERRITORIAL

Pilares analíticos tan sólidos como los conceptos de distancia, accesibilidad y continuidad física del espacio se resquebrajan, y aparece uno nuevo: el territorio red.

Como consecuencia se produce una relativización del concepto de proximidad:

El espacio no es únicamente una realidad física sino también relacional.

De este modo, la doble lógica del territorio obliga a las ciudades a moverse también en una doble dirección, ya que por un lado han de desarrollar estrategias de conexión y vinculación que les permita formar parte de la red global; y, por otro, para poder desarrollar su papel en la red, para mantener influencia y consideración, han de actuar como un actor internamente cohesionado, es decir, han de hacer valer sus capacidades económicas, su capital social a través de pactos internos que les permitan salir al exterior con una sola voz.

En definitiva, las ciudades han de ser al mismo tiempo competitivas en sus estructuras de relación exterior y colaboradoras en sus estructuras de relación interna.

De este modo, puede decirse que las redes se han convertido en las principales herramientas de construcción territorial y de definición y orientación de los patrones de crecimiento urbano a gran escala, siendo a su vez la principal estructura soporte desde el punto de vista relacional de los espacios que funcionan integradamente a escala territorial como mercados unitarios de trabajo, bienes y servicios. Así pues, la posibilidad de conexión e integración funcional provoca la formación progresiva de una estructura reticular basada en relaciones y flujos (de personas, información, recursos, etc.) entre nodos, compuesta por los tradicionales aglomerados urbanos (áreas metropolitanas, ciudades medias, etc.) pero también por una serie de unidades discontinuas vinculadas umbilicalmente por las redes (urbanizaciones, contenedores monofuncionales, etc.) en un mosaico territorial mestizo y difuso en el que se van diluyendo paulatinamente las barreras tradicionales entre las categorías de urbano y rural.

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LA AGENDA TERRITORIAL EUROPEA "Hacia una Europa más competitiva y sostenible de regiones diversas", (acordada con ocasión de la reunión informal de ministros sobre desarrollo urbano y cohesión territorial en Leipzig, mayo de 2007), se construyó sobre los tres objetivos principales de la Estrategia Territorial Europea (ETE), a saber:

• desarrollo de un sistema urbano equilibrado y una nueva asociación urbano-rural;

• asegurar la paridad del acceso a las infraestructuras y al conocimiento;

• desarrollo sostenible, gestión prudente y protección del patrimonio natural y cultural.

(...)

Las áreas urbanas y las ciudades pueden progresar mejor, sobre la base de sus propias fortalezas, en el contexto de una cooperación a nivel europeo con los empresarios, así como con los agentes sociales y políticos implicados.

En este contexto, es necesario, por ejemplo, que las autoridades locales de diferente tamaño formen asociaciones voluntarias para el comercio en común y para desarrollar estrategias conjuntas para afrontar problemas comunes.

Las decisiones de inversión orientadas regionalmente deben ser preparadas conjuntamente por agentes públicos y privados.

En el contexto del cambio demográfico, las autoridades que se enfrentan a la pérdida de población joven necesitan cooperar estrechamente para mantener servicios e infraestructuras atractivos.

Por tanto, apoyamos una competencia positiva entre ciudades y regiones.

Apoyamos un acceso libre y socialmente justo a las tecnologías de la información y la comunicación en todas las regiones para eliminar las barreras territoriales a la accesibilidad, especialmente en las áreas periféricas y rurales, y para permitir un funcionamiento descentralizado y la disposición adecuada de servicios de interés general, incluyendo sanidad y educación. Para asegurar la infraestructura necesaria, tal como la cobertura general para conexiones de banda ancha, considerando la demanda respectiva, recomendamos combinar infraestructuras, tales como cables de banda ancha, en los nuevos programas de transporte y comunicaciones.

La creciente demanda de energía frente a las limitadas reservas de fuentes de energía no renovables y una creciente dependencia de la UE de energía importada, así como el desafío del cambio climático, significa que debemos explorar y desarrollar aun más las oportunidades para una producción de energía renovable descentralizada, eficiente, segura y ambientalmente respetuosa, hasta ahora infrautilizada.

Con el fin de hacer un mejor uso de los potenciales regionales en este campo, los cuales pueden generar oportunidades, particularmente en áreas rurales, recomendamos fortalecer más las redes y armonizar las condiciones para el sector de la energía.

Abogamos por que se desarrollen aún más las redes de áreas naturales valiosas y de paisajes culturales, para crear una estructura transeuropea verde, integrada y sostenible, con corredores y zonas adecuadas que unan espacios protegidos y otras áreas de importancia nacional y europea.

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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Libro Verde sobre la cohesión territorial Convertir la diversidad territorial en un punto fuerte (2008) (…) La cohesión territorial consiste en garantizar un armonioso desarrollo de todos esos lugares y lograr que sus habitantes puedan aprovechar al máximo sus características inherentes. Por ello, es un medio para transformar la diversidad en un activo que contribuya al desarrollo sostenible de la UE en su conjunto. La competitividad y la prosperidad dependen cada vez más de la capacidad de las personas y las empresas para aprovechar al máximo los activos territoriales. En una economía mundial que está interrelacionada y que se globaliza, no obstante, la competitividad depende asimismo de los vínculos que se establecen con otros territorios para garantizar la utilización de activos comunes de manera coordinada y sostenible. Una cooperación que corra pareja con un caudal de tecnología e ideas pero también de bienes, servicios y capitales se convierte en un aspecto cada vez más vital del desarrollo territorial y en un factor clave para apoyar el crecimiento sostenible a largo plazo de la UE en su conjunto. La acción política puede ayudar a los territorios a aprovechar al máximo sus activos. Además, puede ayudarles a responder conjuntamente a los retos comunes, alcanzar una masa crítica e incrementar los beneficios al combinar sus actividades, aprovechar las complementariedades y sinergias entre ellas y superar las divisiones provocadas por las fronteras administrativas. Muchos de los problemas a que se enfrentan los territorios afectan a diversos sectores y para solucionarlos de manera eficaz son precisos un enfoque integrado y una cooperación entre las distintas autoridades y las partes afectadas. A este respecto, el concepto de cohesión territorial tiende puentes entre la eficacia económica, la cohesión social y el equilibrio ecológico, situando el desarrollo sostenible en el centro de la formulación de las políticas.

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(...) Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. “El territorio importa para hacer de la estrategia Europa 2020 un éxito”, reconociendo que Europa como totalidad sería más inteligente, más sostenible y socialmente inclusiva si se hiciera un mejor uso de su rica diversidad geográfica y del potencial territorial de todas sus regiones y ciudades, prestando una particular atención a los mecanismos de gobernanza multinivel con el objeto de asegurar una mayor consistencia en el territorio entre las diferentes políticas sectoriales y entre los diferentes niveles de gobierno.

Para ello, la estrategia Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente: Un crecimiento inteligente mediante el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación; Un crecimiento sostenible mediante la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva; y, Un crecimiento integrador mediante el fomento de una economía con alto nivel de empleo que promueva la cohesión social y territorial.

Para resolver la ecuación de la sostenibilidad urbana, y teniendo en cuenta que entre los objetivos de la estrategia Europa 2020 se encuentra reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 20 % en comparación con los niveles de 1990, incrementar el porcentaje de las fuentes de energía renovables en el consumo final de energía hasta un 20 % y en un 20 % la eficacia energética, ha de abordarse una verdadera regeneración “verde, ecológica o ambiental” de las ciudades que incluya cuestiones claves como:

-La reducción de las necesidades de transporte mediante la promoción de la proximidad y de la variedad de usos, impulsando al mismo tiempo una movilidad más sostenible mediante: la apuesta por la prioridad de los modos de transporte no motorizados (ciudades ‘paseables’ o ‘ciclables’), de los modos menos contaminantes y el apoyo a un transporte público accesible, asequible y eficiente para todos.

- El impulso de la eficiencia energética en las edificaciones existentes (mediante la mejora del aislamiento térmico de su envolvente, cerramientos y huecos y de la eficiencia de las instalaciones de acondicionamiento y otras), teniendo en cuenta las condiciones físicas del parque construido. -La mejora de la gestión de los flujos de energía y recursos materiales en la ciudad (metabolismo urbano), incluyendo la gestión del ciclo integral del agua, los residuos, etc., procurando cerrar los ciclos metabólicos en la escala local y reducir la huella ecológica; -El impulso de las energías renovables y de su implantación y uso en las ciudades; Se estima que el cumplimiento del objetivo del 20% de energía renovable tiene un potencial de creación de más de 600.000 empleos en la UE, y añadiendo el objetivo del 20% en eficiencia energética, podría alcanzarse 1 millón de nuevos empleos.

-El reciclaje de suelo (mediante la regeneración urbana integrada, la reurbanización o la reutilización de áreas abandonadas, degradadas o sin uso, etc.), como estrategia clave para contribuir a la reducción del consumo de suelo y por tanto a la lucha contra la dispersión urbana;

-La promoción del consumo de productos ‘verdes’ locales para acortar los circuitos de consumo y reforzar al mismo tiempo la economía local.

-La protección de los recursos naturales, paisajísticos, forestales, hídricos, agrícolas, etc. en el entorno de la ciudad y el refuerzo de sus conexiones o articulaciones con la misma (por ejemplo, mediante cinturones y/o cuñas verdes conectados y en continuidad con la red de parques y espacios públicos), el ‘reverdecimiento’ de la ciudad existente, etc.

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MANIFIESTO POR UNA NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO (El manifiesto es un texto promovido por el Colegio de Geógrafos y la Asociación de Geógrafos Españoles siendo una iniciativa auspiciada inicialmente por 108 expertos en urbanismo). El texto redactado en el 2006 viene a ser una declaración de los firmantes en cuanto a principios, criterios y prioridades, a tener en cuenta a la hora de propiciar una nueva cultura del territorio).

El buen gobierno del territorio, de la ciudad y del campo, como el representado en el maravilloso fresco del Palacio Comunal de Siena, es responsabilidad de todos. Por ello debe convertirse en un tema político de primer orden, entendiendo por político no únicamente la práctica institucional o partidaria, sino también el compromiso del conjunto de los ciudadanos. Cada ciudadano tiene derecho a vivir en un ámbito digno, sano y bello, pero también tiene el deber de cuidarlo y de exigir que velen por él quienes tienen la representación de la sociedad. En este sentido hay que saludar con optimismo el incremento de las asociaciones y entidades que en toda España pugnan por preservar determinados espacios amenazados por procesos de urbanización inadecuados. Pero debemos ser capaces de dar a estos movimientos no sólo un carácter defensivo y local, sino también propositivo y general. Urge pues poner las bases de una nueva cultura del territorio. Una nueva cultura territorial que impregne la legislación estatal y autonómica, que oriente la práctica de todas los ayuntamientos y el conjunto de las administraciones, que provea el marco adecuado para el buen funcionamiento del mercado, que corrija en beneficio de la colectividad los excesos privados y que haga prevalecer los valores de la sostenibilidad ambiental, la eficiencia funcional y la equidad social. Esta nueva cultura del territorio debe estar sustentada, a juicio de los firmantes, en los siguientes principios, criterios y prioridades: 1. El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado. La sociedad encuentra en él soporte o sustento material a sus necesidades, así como referente de su identidad y cultura. Las características naturales de cada territorio y las pervivencias en él de trazos y formas que provienen del pasado le confieren singularidad y valores de diversidad. Por ello, el territorio debe ser entendido como recurso, pero también como cultura, historia, memoria colectiva, referente identitario, bien público, espacio de solidaridad y legado. La nueva cultura del territorio debe tener como primera preocupación encontrar la forma para que, en cada lugar, la colectividad pueda disfrutar de los recursos del territorio y preservar sus valores para las generaciones presentes y venideras. 2. El territorio es una realidad compleja y frágil. Toda realidad territorial, todo lugar, está compuesto de múltiples elementos naturales y culturales y de sus interrelaciones, que deben ser adecuadamente considerados. Las actuaciones con gran incidencia territorial (urbanización, obras públicas, extracción de minerales, roturaciones, forestaciones, etc.) tienen habitualmente consecuencias irreversibles. Por ello, deben realizarse con conciencia de dicha complejidad y evaluando previamente las múltiples repercusiones posibles. El principio de precaución es de imprescindible aplicación a todas estas transformaciones.

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3. El territorio contiene valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo. Estos valores sociales difíciles de medir en términos monetarios convencionales deben ser tomados sistemáticamente en consideración por las administraciones responsables de velar por sus cualidades y potencialidades. La apropiación privada de cualquier parte del territorio debe ser compatible con dichos valores; por ello, la propiedad del suelo y la vivienda debe ser ejercida con respeto de su función social, y con la asunción plena de la responsabilidad de potenciar su utilidad, su valor ambiental y su potencial paisajístico. 4. Un territorio bien gestionado constituye un activo económico de primer orden. En efecto, la correcta gestión del proceso de urbanización permite reducir los costes de la movilidad para las personas y las empresas, contener los precios del suelo y la vivienda, así como moderar las cargas de la prestación de los servicios. Por otra parte, disponer de un entorno de calidad no sólo evita daños ambientales y de salud, sino que también confiere valor añadido a los productos y a los servicios, en particular los turísticos, básicos para la economía española. La gestión sostenible del territorio es ciertamente una obligación social y ambiental, pero resulta también un apremiante imperativo económico. 5. El planeamiento territorial y urbanístico es un instrumento esencial para la actuación de los poderes públicos. Así, frente a toda veleidad desreguladora, hay que defender la importancia de la legislación, la normativa y la gestión urbanística para el buen gobierno del territorio. Ahora bien, la práctica urbanística debe dotarse de nuevos horizontes y de nuevas herramientas disciplinares y administrativas. Sólo de esta forma dará respuesta a las necesidades sociales, propiciará la coordinación política horizontal entre distintos departamentos y fomentará la concertación vertical entre administraciones y con los agentes sociales. El conjunto de administraciones competentes deben propiciar pues una revalorización del planeamiento territorial y general, suprimiendo la utilización espuria de otros instrumentos de menor alcance espacial pero con alta incidencia real, cuya aplicación abusiva ha tenido como consecuencia la urbanización masiva, desordenada e inadecuada de suelo rústico 6. El planeamiento municipal debe tener como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda, el goce de los servicios y la preservación del ambiente. El planeamiento municipal es la escala básica de la práctica urbanística, pero en demasiadas ocasiones los planes locales de ordenación están sirviendo casi exclusivamente para impulsar procesos de expansión urbana. Ante esta deriva, hay que defender planes municipales de ordenación que atribuyan valores positivos a todas y cada una de las partes del término municipal, basando el crecimiento urbano en criterios ecológicos y sociales, más allá de la simple consideración de la oportunidad económica o de ocasionales negocios particulares inmediatos. En particular, debe abandonarse la concepción del suelo rústico como un espacio residual, perennemente pendiente de urbanización futura y comprender que la permanencia de suelos rústicos destinados a las prácticas agrarias se hace imprescindible por razones ambientales y ecológicas, incluso en los contextos espaciales de las mayores ciudades y aglomeraciones urbanas.. 7. El planeamiento territorial debe proveer acuerdos básicos sobre el trazado de las infraestructuras, el desarrollo de los asentamientos y el sistema de los espacios abiertos. En un territorio crecientemente integrado el planeamiento municipal no puede hacer frente por si solo a las dinámicas de transformación del espacio.Por ello hoy es más necesario que nunca disponer de un planeamiento a escala territorial que coordine y vincule el planeamiento municipal, en pos de

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un nuevo modelo de urbanización, basado en el ahorro en el consumo de suelo, la convivencia de usos y la cohesión social. El planeamiento territorial debe ser un compromiso a la vez general y suficientemente concreto, por cuyo cumplimiento y desarrollo será evaluada la actividad política de los partidos y responsables públicos que lo formulan y aprueban. Sobre las Comunidades Autónomas recae la gran responsabilidad de demostrar una mayor voluntad política de ordenar su territorio superando la situación creada casi exclusiva del planeamiento urbanístico. Deben aumentar su capacidad administrativa y técnica para realizar planes de ordenación y de hacer real el orden territorial que se propongan tener. Es imprescindible la formulación de modelos de ordenación territorial para ámbitos metropolitanos, litorales y de espacios rurales, con ciudades medias y/o espacios naturales protegidos. 8. El Gobierno central y las Cortes Generales del Estado no pueden desentenderse del territorio. Con pleno respeto a las competencias que la Constitución española otorga a las Comunidades Autónomas y a los municipios en ordenación territorial y urbanismo, la administración general del Estado no puede dejar de considerar el territorio como parte de sus responsabilidades. En el momento actual es inaplazable la revisión de la legislación todavía vigente desde 1998 sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo y resulta imprescindible una nueva legislación del suelo que supere la visión estrecha según la cual la vocación esencial del suelo sería su urbanización. La legislación del Estado debe requerir a las administraciones competentes la atribución de valores sociales positivos a todas las partes del territorio español, puesto que todas ellas afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, todas tienen funciones naturales, ecológicas o ambientales y en todas ellas se plasman rasgos históricos y del patrimonio cultural. Sobre el gobierno central recae igualmente la responsabilidad de revisar y proponer el consenso relativo a un nuevo modelo de financiación para los gobiernos locales que responda a los principios de suficiencia financiera y adecuación de recursos a los servicios reales que deben prestar. 9. En un mundo crecientemente integrado la gestión del territorio debe atender también a los compromisos de solidaridad y responsabilidad global. El Estado español ha suscrito y/o ratificado diferentes acuerdos internacionales, (Convención sobre conservación y protección de la vida silvestre y el medio natural, Berna, 1979; Carta Europea de Ordenación del Territorio, Torremolinos 1983; Convención para la protección del patrimonio arquitectónico de Europa, Granada 1985; Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo, 1992; Estrategia territorial europea, Postdam, 1999; Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo, 2000, Hanover; Convención europea del paisaje, Florencia, 2000). En estas circunstancias, el conjunto de las administraciones públicas españolas están obligadas a seguir las orientaciones que en ordenación del territorio desarrollan otros estados europeos de forma consecuente con dichos tratados y con repercusiones muy positivas para sus ciudadanos. 10. El impulso de los valores de sostenibilidad ambiental, eficiencia económica y equidad social requiere de una nueva cultura del territorio. Para promoverla es necesario un gran acuerdo que debe tener su reflejo tanto en la actuación administrativa como en las prácticas sociales. Así, las administraciones que actúan en cada nivel territorial (local, autonómico, estatal y europeo) deben revisar sus objetivos, sus normativas e instrumentos de gestión territorial para ponerlos de forma más efectiva al servicio de la colectividad. Y los ciudadanos, al mismo tiempo que reclaman el derecho de un trato equitativo en cualquier territorio, tienen también el deber ético de velar por el bienestar de las generaciones venideras.

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OTRO URBANISMO ES POSIBLE. Eduardo Mangada (Arquitecto) Demostrados insuficientes los instrumentos urbanísticos del pasado, no se ha sido capaz de inventar otros nuevos que, conservando las conquistas esenciales, se muestren más eficaces en la dirección y control de los procesos territoriales. Desarmados y vencidos, nuestros ayuntamientos y gobiernos se retiran en desbandada. O lo que es peor, simplemente se alían con los promotores privados, alimentando el caldo de cultivo de la corrupción, aunque no quiero decir que toda alianza de este tipo implique obligatoriamente comportamientos corruptos. Lo malo de todo esto no es la calificación moral de los actores, sino las dramáticas consecuencias para nuestro hábitat, el destrozo que está sufriendo nuestro paisaje, sea éste un huerto de naranjos, un pinar o un vacío manchego. ¿Cabe oponerse y corregir estos procesos? ¿Es conveniente en los momentos actuales de la economía? ¿Se dispone de los instrumentos adecuados? ¿Lo demanda la sociedad? No sólo es posible, sino necesario. Los daños ya infligidos a nuestras ciudades y los desastres territoriales que se anuncian como herencia inevitable de los procesos en curso, exigen una respuesta rápida basada en la racionalidad económica y medioambiental. Para poder articular esos mecanismos de corrección y cambio de rumbo hay que hacer cuanto antes un profundo análisis de la situación actual, con datos objetivos que permitan entender cuáles son las fuerzas y mecanismos que impulsan y sustentan en la actualidad la forma de hacer ciudad y territorio. Entender, conocer, explicar el qué y cómo de lo que está ocurriendo. Descubrir los problemas reales y las oportunidades factibles es difícil, pero necesario. Pero sólo del análisis, por refinado que sea, no surge un proyecto eficaz socialmente. Para ello es necesaria una voluntad propositiva basada en un nuevo modelo cultural que se reflejara en la política territorial, una vez recuperada la cultura del plan. Y no me refiero a la elaboración de planes burocráticos y tecnocráticos, dominantemente normativos, sino a proyectos de ciudad sugerentes, capaces de ilusionar y movilizar a los ciudadanos. De nuevo habrá que afirmar la ‘geografía voluntaria’ frente al ‘urbanismo espontáneo’. Los profesionales deberán retomar su compromiso con la cultura del plan, tendrán que aprender a ‘hacer planes. ¡Claro que hay que hacer planes! Planes, proyectos, metaproyectos, esquemas, visiones, estrategias de cualquier naturaleza o escala. Sobre todo, hoy, de alcance territorial, de ingeniería y geografía urbanísticas, de economía y biología urbanísticas. Redactados por quien sepa hacerlos. Urbanísticos por su contenido y por su alcance, no por su perímetro. No un rearme nostálgico y fundamentalista, sino un rearme moral de los urbanistas, amenazados como estamos por dos carcomas éticas igualmente letales: el pesimismo y el cinismo’. Planes, proyectos cuyos contenidos y finalidad última no será la de establecer cuánto se puede construir, sino cuanta cantidad de construcción es capaz de soportar nuestro territorio. En algún momento habrá que decir: aunque usted quiera, España no puede, o a la inversa. El esfuerzo habrá que centrarlo en recomponer, en civilizar lo ya hecho, reorientar lo anunciado y evitar daños futuros con un cambio drástico de modelo con el que hacer ciudad en la ciudad, regenerar y reconstruir territorios ya ocupados pero obsoletos, como algo más importante que fomentar nuevos crecimientos extensivos y dispersos que vengan a colmatar nuestro territorio regional. Habrá que acometer actuaciones capaces de reavivar la esperanza y la confianza en que otro urbanismo es posible.

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Razones Urbanísticas En el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y la Rehabilitación, RDL7/2015 de 30 de Octubre el legislador estatal manifiesta: Artículo 1. Objeto de esta ley. Esta ley regula, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que garantizan: b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Por desarrollo sostenible entendemos “aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los entornos naturales, construidos y sociales de los que depende el ofrecimiento de estos servicios”.

Los diez compromisos de la Carta de Aalborg, que fueron actualizados en 2004 (asumidos por el Ayuntamiento de Cuenca de forma expresa en pleno de diciembre de 2008) tienen dos objetivos principales:

1.- Ser una herramienta para el establecimiento de objetivos de desarrollo sostenible.

2.- Servir de complemento a la Estrategia Temática sobre el Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea.

(Carta de Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, aprobada por los participantes en la Conferencia sobre las Ciudades Sostenibles, celebrada el 27 de mayo de 1994 en Aalborg (Dinamarca), más conocida como la Carta de Aalborg. El 11 de junio de 2004, los 1.000 participantes en la Cuarta Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, Aalborg+10, adoptaron los “Compromisos de Aalborg” como declaración de la conferencia y representantes de 110 gobiernos locales firmaron el documento sobre el estrado en el pleno de clausura. Los Compromisos de Aalborg están diseñados para reforzar los esfuerzos locales en curso en materia de sostenibilidad y para revitalizar la Agenda Local 21. Los Compromisos de Aalborg tienen dos objetivos principales: – Aspiran a aumentar la concienciación y a resaltar la necesidad de que los gobiernos locales de toda Europa actúen de forma integrada para hacer frente a los crecientes retos en materia de sostenibilidad. – Están diseñados como una herramienta práctica y flexible para la acción y los logros locales. Al suscribir los Compromisos de Aalborg, los gobiernos locales entran en un proceso de establecimiento de objetivos dialogando con los interlocutores locales e incorporan la A21L u otros planes de acción en materia de sostenibilidad).

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En materia de planificación y diseño urbanos, las recomendaciones de Aalborg incluyen: - Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas - Evitar el crecimiento urbano desmesurado, logrando densidades apropiadas y priorizando el desarrollo en zonas ocupadas (frente al consumo de suelo rústico). - Favorecer la mixtura de usos, apuntando a un balance equilibrado entre las actividades laborales, residenciales y de servicios. - Asegurar la conservación, renovación y reutilización apropiada del patrimonio histórico construido. - Establecer requerimientos hacia un diseño y construcción sostenibles, y promover la arquitectura de alta calidad favoreciendo las nuevas tecnologías en la construcción. En el RLD 7/15 TRLSR, artículo 2, definiciones, A los efectos de lo dispuesto en esta ley, y siempre que de la legislación específicamente aplicable no resulte otra definición más pormenorizada, los conceptos incluidos en este artículo serán interpretados y aplicados con el significado y el alcance siguientes: Actuaciones sobre el medio urbano: las que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y las de regeneración y renovación urbanas cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva edificación en sustitución de edificios previamente demolidos. Las actuaciones de regeneración y renovación urbanas tendrán, además, carácter integrado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria. A todas ellas les será de aplicación el régimen estatutario básico de deberes y cargas que les correspondan, de conformidad con la actuación de transformación urbanística o edificatoria que comporten, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7. 2. Infravivienda: la edificación, o parte de ella, destinada a vivienda, que no reúne las condiciones mínimas exigidas de conformidad con la legislación aplicable. En todo caso, se entenderá que no reúnen dichas condiciones las viviendas que incumplan los requisitos de superficie, número, dimensión y características de las piezas habitables, las que presenten deficiencias graves en sus dotaciones e instalaciones básicas y las que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad, accesibilidad universal y habitabilidad exigibles a la edificación. En el documento denominado Declaración de Toledo (2010), generado en la reunión de líderes de la Unión Europea en ese año bajo la presidencia del gobierno de España: La batalla principal de la sostenibilidad urbana se ha de jugar precisamente en la consecución de la máxima ecoeficiencia posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada. El diseño de la nueva urbanización y/o remodelación de la existente, deberá incluir los espacios para desarrollo de actividades mezcladas y de usos diversos; también debería incluir las actividades industriales.

El crecimiento de los nuevos espacios urbanizados y la renovación de los ya existentes deberían basarse en la calidad (menos en la cantidad), en el aumento de la información organizada, la eficiencia energética y en la reducción en el consumo de recursos.

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De la Estrategia Española del Medio Ambiente Urbano La Estrategia de Medio Ambiente Urbano (EMAU) fue realizada con la participación de los miembros de la Red de Redes y aprobada por el Plenario de la Red en Albacete el 15 de junio de 2006, con el fin de adaptar a la realidad española de la Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente Urbano de 2006.

La EMAU se estructura en los ámbitos temáticos de la estrategia europea (urbanismo, edificación, movilidad y gestión urbana) y añade un nuevo apartado dedicado a las relaciones urbano-rural, como aportación de los miembros de la Red de Redes.

El objetivo de esta estrategia es establecer las directrices que permitirán a los pueblos y ciudades de España desarrollar escenarios más sostenibles en la era de la información, promoviendo el modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. Para ello persigue modificar el actual modelo existente de competencia entre los territorios, basado en el consumo de recursos, por otro fundamentado en el uso eficiente de los mismos y en la información y el conocimiento.

Partiendo de la Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente (enero de 2006) y de la Estrategia de Medio Ambiente Urbano (junio de 2006), en 2009 se consideró oportuno ampliar el ámbito de aplicación con un documento de referencia valido para todos los municipios españoles, que fue aprobado por el Plenario de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, en Granada, el 17 de junio del año 2011.

Surge así la EESUL, que sigue el mismo esquema de la Estrategia europea incorporando dos temas nuevos: las relaciones campo-ciudad y el cambio climático.

Respecto de los instrumentos urbanísticos, estas estrategias afirman: El urbanismo debe reajustar su capacidad de control de los procesos de gestión del espacio construido desde las siguientes premisas: - La planificación y la regulación de las actividades urbanísticas es necesaria. Es necesario equilibrar los objetivos económicos del interés privado con los objetivos ambientales y sociales relacionados con el interés general de la sociedad. - Esta planificación debe combinar diversas escalas, desde la planificación territorial, que es pertinente para la protección de los espacios naturales o el desarrollo económico hasta la escala de las aglomeraciones urbanas que permite abordar los problemas de unas zonas en las que la vida cotidiana sobrepasa las fronteras municipales. - La planificación urbanística debe integrar objetivos ambientales y sociales de forma explícita, como condiciones para su desarrollo, métodos de planificación estratégica (creación consensuada de una visión de futuro, adecuación medidas y objetivos, previsión de resultados…). Y, sobre todo, debe incorporar métodos de evaluación y seguimiento de su puesta en práctica. - Es imprescindible incorporar a la totalidad de los agentes sociales a los procesos de toma de decisiones en relación con el ámbito urbano y territorial, articulando mecanismos de participación ciudadana asociados a todas las fases del ciclo de planificación y respaldados por una estructura normativa y legal consistente.

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- Debe favorecerse, mediante la asignación de recursos y medios, la investigación y el desarrollo en el ámbito del urbanismo, haciendo especial hincapié en el desarrollo de instrumentos para la evaluación empírica del espacio urbano a todas las escalas, con el fin renovar y realimentar de forma continuada y con bases objetivas los criterios para la intervención. Para ello hay que evitar la proliferación de áreas de baja densidad que se alejan de las características de vitalidad, accesibilidad, diversidad y servicios básicos que caracterizan la vibrante ciudad europea clásica. Proximidad y mezcla de usos han de ser dos vectores básicos de lo urbano. Crear ciudad, frente a la tendencia de generar urbanización sin carácter urbano. Para ello Evitar la proliferación de áreas de baja densidad. Proximidad y mezcla de usos han de ser dos vectores básicos de lo urbano. Hay que desincentivar la utilización masiva de tipologías de vivienda aislada o adosada que son causa de tejido disperso. Hay que favorecer los modelos más compactos de crecimiento o reorganización urbana. Limitar el desarrollo de actividades monofuncionales de alta densidad, por su efecto de succión sobre la vida urbana, máxime cuando no están vinculados a infraestructuras de transporte público. Reciclar los tejidos de baja densidad o procedentes del urbanismo a saltos, vinculándolos a la ciudad existente o a nuevas centralidades, con base en el transporte colectivo. Ordenar los nuevos crecimientos en contigüidad con las zonas consolidadas de cara a garantizar un mantenimiento adecuado a futuro de las áreas construidas. Reutilizar los tejidos interiores obsoletos o fuera de uso para las necesidades urbanas antes de poner en carga zonas intocadas. Recuperar las zonas vulnerables y barrios en crisis social y ambiental, fomentando la integración social y la mezcla de usos y rentas en todas las zonas urbanas. Incorporar la evaluación ambiental estratégica en los procesos de planificación urbana. Concebir el espacio público como eje vertebrador de la ciudad, liberándolo de su función imperante al servicio del coche, para convertirlo en espacio de la convivencia, del ocio, del ejercicio, del intercambio y de otros múltiples usos. Establecer unos criterios urbanísticos para el dimensionado, localización y optimizar el nivel de servicio a los ciudadanos (considerando los escalones urbanos),y configurar una estructura de centralidad bien jerarquizada y articulada, próxima y fácilmente accesible mediante el transporte público y los medios no motorizados. Recuperar el espacio público como lugar donde poder convivir. De lugar de paso y espacio del transporte, las calles han de pasar a ser también lugar de encuentro y espacio de convivencia multiforme. Diseñar el espacio público controlando las variables de entorno: confort térmico, ruido, contaminación atmosférica, seguridad, etc. del mismo modo que se controlan las variables de entorno en el diseño arquitectónico. Incorporar la información como valor añadido en el espacio público a través del diseño y la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Planificar el subsuelo (planes de infraestructuras) para, entre otros, organizar la distribución urbana implantando plataformas logísticas y ordenar los servicios urbanos desarrollando una red de galerías de servicios. Definir y estudiar el territorio y sus valores ambientales, paisajísticos y culturales como base de las extensiones urbanas.

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Integrar los espacios de alto valor ecológico, abundantes en agua o con especial riqueza natural en la red de espacios públicos y verdes de la ciudad. Desarrollar patrones de urbanización de bajo impacto tanto en nuevos desarrollos como en operaciones de reurbanización interior, reduciendo el sellado y la impermeabilización del suelo. Crear corredores y anillos verdes que asocien los espacios de naturaleza en la ciudad con los espacios naturales periurbanos y rurales, favoreciendo su uso por la mayor parte de la ciudadanía. Conseguir tanto en operaciones de nuevo trazado como en los proyectos urbanos en zonas consolidadas, que las estructuras urbanas generadas sean ahorradoras de suelo, agua, energía y materiales, mediante el análisis de su funcionamiento integrado en el entorno. Integrar el metabolismo urbano como tema prioritario en los planes urbanísticos. El planeamiento debe incorporar un análisis integrado del metabolismo urbano, garantizando que las funciones urbanas se pueden realizar satisfactoriamente con el menor consumo de recursos, agua, energía y materiales y con la menor producción de residuos posible. Establecer en la planificación urbanística un nivel mínimo de energía renovable y un determinado grado de autosuficiencia energética que combine la generación y las medidas de ahorro y eficiencia. Establecer en la planificación y en la proyección urbanística un nivel mínimo de autosuficiencia hídrica que combine las medidas de captación con las medidas de ahorro y eficiencia. Establecer en los planes y proyectos urbanísticos los tipos de materiales a utilizar, procedencia y toxicidad así como el porcentaje mínimo de materiales reciclados y reutilizados. Habilitar en la edificación (habitación, vivienda y edificio) los espacios e infraestructuras que hagan posible una gestión de residuos basada en las 3R (recuperar, reciclar, reutilizar) Vincular los usos urbanos a su accesibilidad a pie o en bicicleta, o al menos a su integración en la red intermodal local de transporte. Establecer un mínimo de mezcla de usos en los nuevos desarrollos o en y mantenimiento constante de la ciudad existente, superando los criterios de operaciones de creación de centralidad en las áreas existentes. Desarrollar planes urbanísticos que potencien el modelo de ciudad compleja con actividades densas en conocimiento (actividades @). Asociar la localización de usos con el acceso al empleo, la vitalidad de la economía local o el establecimiento de estructuras de desarrollo local resistentes a la crisis. Abordar el reto de hacer ciudad en la ciudad, en los tejidos que, provenientes de patrones especulativos o de las decepcionantes periferias industriales corren el riesgo de incorporarse a las zonas vulnerables o barrios en crisis en los que ya se acumula parte de la población de menores rentas o procedente de la emigración. Recuperar el pulso de la mejora rentabilidad económica, aprovechando su calidad para que sea oportunidad de usos dinamizadores. Recrear una red de espacios públicos a partir de los existentes y de la mejora de la calidad en todos los barrios de cada ciudad. Incluir entre las responsabilidades de la gestión urbana el acceso universal a las TIC y la prevención de la brecha digital. Diseñar una ciudad de cortas distancias, en la que los servicios básicos sean accesibles espacial y económicamente a toda la ciudadanía, incluyendo población vulnerable por cualquier tipo de circunstancia. Facilitar la mayor autonomía de grupos dependientes o de movilidad reducida mediante el cuidado en el diseño de la accesibilidad a espacios y equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos.

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Facilitar las responsabilidades sociales de cuidado, crianza y atención a la dependencia. Mezcla de rentas, cultura y etnias en todas las zonas urbanas. Incorporar la perspectiva de género y de generación en los procesos de planificación urbana.

Del libro blanco del Planeamiento Sostenible (editado por el Ministerio de Vivienda en Octubre de 2010) La historia del urbanismo español contemporáneo es, como aclara la Exposición de Motivos del texto refundido de la Ley de Suelo de 20 de junio de 2008, una historia desarrollista, volcada sobre todo en la creación de nueva ciudad. El crecimiento urbano, que ha facilitado en gran parte el propio crecimiento económico del país, constituye una de sus señas de identidad, tanto a nivel interno como a nivel internacional, sin que ello implique necesariamente la bondad del binomio, ni la necesidad de seguir asumiéndolo. Bien al contrario, tanto en España, como en Europa, el reto planteado es el de un urbanismo capaz de seguir contribuyendo al progreso económico, sin olvidar los requerimientos del desarrollo urbano sostenible, es decir, entendiendo el suelo, además de como un recurso económico, como uno de los más valiosos elementos naturales de los que disponemos, y en cuya regulación se hace preciso conjugar toda una serie de factores diversos: el medio ambiente, la calidad de vida, la eficiencia energética, la prestación de servicios, la cohesión social, etc. 2. Estructura y Modelo Urbano 2.0. Definir una estructura y un modelo urbano más sostenible

2.01. Complejizar los usos del suelo 2.02. Fomentar la compacidad urbana (densidad, edificabilidad, dotaciones) 2.03. Fomentar el policentrismo

2.1. Fomentar un uso más sostenible del patrimonio edificado 2.11. Fomentar un uso intensivo del patrimonio construído 2.12. Fomentar la rehabilitación (frente a la obra nueva) 2.13. Adoptar criterios bioclimáticos para la urbanización y la edificación 2.14. Fomentar la diversidad de tipos residenciales 2.15. Complejizar los usos de los edificios

2.2. Fomentar la diversidad, calidad y versatilidad de los espacios públicos de la ciudad 2.21. Eliminar barreras arquitectónicas 2.22. Diseñar espacios multifuncionales y legibles 2.23. Aplicar criterios bioclimáticos a los espacios abiertos 2.24. Incorporar mobiliario urbano polivalente 2.25. Reducir tipologías que favorezcan la privatización de los espacios abiertos

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2.3. Favorecer el acceso a la naturaleza (zonas verdes) 2.31. Definir una superficie mínima de las zonas verdes (por persona, vivienda, ...) 2.32. Definir criterios de forma y tamaños mínimos para las zonas verdes 2.33. Fomentar la biodiversidad 2.34. Introducir redes verdes a escala de barrio y de ciudad 2.35. Favorecer el acceso de los ciudadanos a las zonas verdes 2.36. Incorporar elementos vegetales en los espacios públicos 2.37. Conectar ecológicamente las distintas zonas verdes

2.4. Mejorar la accesibilidad a los equipamientos 2.41. Definir una oferta adecuada de equipamientos y servicios públicos 2.42. Fomentar la proximidad a los equipamientos y dotaciones 

3. Criterios de actuación en temas de transporte 3.0. Reducir distancias

3.01. Asociar residencia y empleo 3.02. Establecer plataformas logísticas de distribución en cada barrio 3.03. Reservar espacios para comercialización de productos locales 3.04. Reducir las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la ciudad

3.1. Potenciar los medios de transporte no motorizados 3.11. Integrar las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes 3.12. Aumentar el espacio disponible para el peatón 3.13. Construir redes peatonales y ciclistas de barrio 3.14. Disponer aparcamientos para bicicletas 3.15. Integrar la bicicleta en el transporte público

3.2. Reducir el tráfico motorizado privado, potenciando el transporte público 3.21. Establecer una oferta adecuada de transporte público a escala urbana 3.22. Construir redes integradas de transporte 3.23. Reducir velocidad del tráfico motorizado privado 3.24. Reducir la superficie destinada al vehículo privado 3.25. Restringir el uso del vehículo privado 3.26. Limitar las plazas de aparcamiento para vehículos privados

4. Energía 4.0. Optimizar y reducir el consumo de energía

4.01. Fomentar el ahorro y promover la eficiencia energética 4.02. Adaptar la morfología urbana a las condiciones bioclimáticas 4.03. Aprovechar el sol y el viento en las viviendas y en los espacios exteriores 4.04. Estructuras urbanas compatibles con sistemas centralizados de calefacción 4.05. Fomentar el uso de energías renovables 4.06. Fomentar la producción local de energía

4.1. Optimizar y reducir el consumo de agua 4.11. Reducir las pérdidas de en las redes de distribución 4.12. Fomentar tipos edificatorios con menores demandas de agua

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4.13. Fomentar los sistemas eficientes de riego 4.14. Incentivar la recogida de aguas pluviales en los edificios 4.15. Utilizar sistemas de retención y filtración de aguas pluviales 4.16. Tratar y recuperar los cauces naturales de agua 4.17. Fomentar el empleo de pavimentos permeables

4.2. Minimizar el impacto de los materiales de construcción 4.21. Reducir los movimientos de tierras 4.22. Fomentar el empleo de materiales locales 4.23. Emplear técnicas constructivas que faciliten la reutilización 4.24. Fomentar el empleo de materiales reciclables 4.25. Fomentar el uso compartido de redes

5. Criterios de actuación en cuanto a residuos 5.0. Reducir los residuos

5.01. Fomentar la recogida selectiva y las redes separativas de saneamiento 5.02. Proximidad del usuario a los sistemas de recogida 5.03. Promover reservas para compostaje y tratamiento de residuos vegetales 5.04. Utilizar sistemas de aprovechamiento de aguas grises 5.05. Fomentar el reciclaje y la reutilización

5.1. Gestionar los residuos para reducir su impacto 5.11. Obligar al tratamiento de residuos peligrosos 5.12. Gestión de residuos generados por la construcción y demolición 5.13. Construir sistemas de depuración no agresivos con el entorno 5.14. Reducir las emisiones y los vertidos contaminantes

6. Criterios de actuación en temas de cohesión social 6.0. Favorecer la cohesión del tejido social e impedir la exclusión

6.01. Fomentar el asociacionismo 6.02. Reservar espacios para entidades sin ánimo de lucro 6.03. Fomentar la complejidad social 6.04. Fomentar la identificación de la población con su entorno (patrimonio) 6.05. Favorecer el acceso a la vivienda

6.1. Complejizar el tejido 6.11. Fomentar la mezcla de usos en cada barrio 6.12. Mejorar la oferta y el acceso de servicios y equipamientos en cada barrio 6.13. Incentivar el intercambio económico con el mundo rural 6.14. Promover un porcentaje mínimo de actividades de proximidad 6.15. Incentivar las actividades que favorezcan la diversidad de usos

7. Criterios de actuación en temas de gobernanza 7.0. Fomentar la transparencia administrativa

7.01. Ofrecer acceso a la información (incluyendo datos e informes técnicos)

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7.02. Ofrecer cauces para el flujo de información en ambos sentidos 7.03. Establecer procedimientos de cooperación entre administraciones

7.1. Favorecer la formación de los ciudadanos 7.11. Elaborar materiales divulgativos específicos 7.12. Desarrollar cursos y talleres y debates de urbanismo 7.13. Fomentar la educación y la sensibilización ambiental 7.14. Apoyar la elaboración de Agendas 21

7.2. Integrar la participación en el planeamiento 7.21. En el proceso de diagnóstico 7.22. En la toma de decisiones estratégicas 7.23. En la redacción del plan 7.24. En la aprobación del plan 7.25. En el proceso de seguimiento y supervisión del plan

7.26. Integrar las agendas 21 en el planeamiento El PGOU de 1996 no fue redactado con estas claves. La Revisión del PGOU que se requiere ha de considerarse como una oportunidad para corregir las tendencias insostenibles, para aportar ideas y modelos más eficaces y más eficientes, y para repensar estratégica, ambiental y territorialmente el municipio, (incluso la región, el espacio, en definitiva, sobre el que se asientan nuestras actividades. La ciudad propuso en 1996 un modelo de utilización del suelo a largo plazo finalmente no conseguido. El suelo urbano de la ciudad es hoy tres veces superior al existente en 1988, mientras que la población tan solo creció en este periodo un 20%, pasando de 47.000 a 57.000 habitantes. Durante la vigencia del PGOU de 1996 el número de viviendas en la ciudad se incrementó en la ciudad en cerca de 10.000, hasta un total de 31.000, de las cuales alrededor de 5000 viviendas están vacías y cerca de otras 5.000 constituyen segunda residencia. Así y todo, el 50% de los suelos urbanizables con Uso Global residencial propuestos por el PGOU no se han desarrollado, (alrededor de 9000 viviendas continúan pendientes de gestión en el municipio, de las cuáles, aproximadamente 1500 se localizan en suelos de ejecución directa). El profesor Gerardo Roger, en su libro "Para comprender el urbanismo español, (de una vez por todas) afirma: (…) Como consecuencia, si en la actualidad se dispone de un stock de viviendas y suelo urbanizado y edificable para absorber la demanda previsible a 7-10 años vista, no tiene ningún sentido, tanto en términos económicos como ambientales, seguir previendo la incorporación de nuevos suelos al proceso urbanizador en tanto no se absorba por el mercado el producto existente. Por lo tanto, incluso el sentido común aconseja, haciendo de la necesidad virtud, que, a corto medio plazo, el sector inmobiliario acuda a la ciudad consolidada, acometiendo procesos de rehabilitación y regeneración urbanas, reciclando los activos urbanizados existentes desde explícitos criterios de sostenibilidad y aplicando el principio básico de “crecer para mejorar”.

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(...) De las 170 has de suelo ordenado y programado por el PGOU de 1996 pendientes de desarrollo, 73 has se localizan en los núcleos pedáneos de Nohales y la Melgosa. Estos suelos tienen capacidad para 600 viviendas. Considerando 3 personas por vivienda resultan unas 1600 personas, es decir, unas 20-25 personas/ha. En su disposición preliminar, el TRLOTAU define como Densidad muy baja poblaciones inferiores a 40 hab/ha. Como referencia, la superficie de suelo urbano en el conjunto de los 7 núcleos pedáneos alcanza el valor aproximado de 47has). Quizá resultara mucho más conveniente limitar su extensión, posibilitando su mejora y reconociendo su realidad como entidades dispersas, pero evitando sin embargo, su conversión en centros urbanos alternativos.

El nuevo POM deberá sentar en los núcleos pedáneos bases para su protección y mejora (de los servicios urbanos y equipamientos existentes) fomentando el acceso en ellos a las tecnologías de la información y la comunicación, mediante medidas de mejora de la cobertura de las telecomunicaciones por ejemplo, favoreciendo con ello el emprendimiento económico.

En la memoria justificativa de la revisión del PGOU llevada a cabo en 1963 se decía: Sin embargo, en el momento presente, la zona prevista como industrial se encuentra invadida por edificaciones residenciales, mientras que la prevista como residencial, a lo largo de la carretera de Valencia sigue ocupada por las industrias de la madera, tal y como estaba al redactarse el plan general de 1943.

(...) La necesidad de promover el desarrollo económico de Cuenca, sobre bases firmes, de acuerdo con el cambio de estructura que ha de producirse en la provincia, plantea la necesidad de prever una zona industrial de amplitud suficiente.

(...) Dada la condición de capital provincial de Cuenca, su evolución deseable en el futuro será un equilibrio entre su función de ciudad administrativa y de servicios con una industria moderna. Este equilibrio requiere una ponderación entre las zonas residenciales, de uso singular e industriales. (...) Así el PGOU de 1963 ordenará 52 has de suelo industrial con capacidad para 6.240obreros.

(…) Existe una industria dispersa por distintas áreas municipales, e incluso enclaves en zonas residenciales. Sin embargo, es el eje de Valencia, sobre todo entre la carretera y el ferrocarril, el que ha atraído a la mayoría de las industrias que se han asentado en el municipio. Ello es positivo para la relación entre industria y áreas residenciales, puesto que los vientos dominantes alejan de esta zona los posibles ruidos, humos, etc. En cambio las posibilidades de vertido se ven dificultades por la lejanía de esta área del río Júcar, y la insuficiencia del río Moscas para absorber cualquier vertido.

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De la Memoria Informativa de la Revisión del PGOU aprobada en 1976: SE PUEDEN CONSIDERAR DOS TIPOS DE LOCALIZACIONES INDUSTRIALES. UNA DE CARÁCTER ESPONTÁNEO Y OTRO QUE SIGUE UNA PAUTA PLANIFICADA. La mayoría de la industria localizada espontáneamente lleva bastante tiempo asentada en el municipio. Otras, instaladas posteriormente no han encontrado suelo industrial preparado. Estas localizaciones han persistido a través del tiempo, incluso en zonas declaradas residenciales por el Plan General de 1963. Esta persistencia ha ofrecido hasta ahora una clara resistencia al proceso de crecimiento residencial en esta dirección. Dentro de estas localizaciones espontáneas, hay que destacar una más reciente, de pequeños almacenes y talleres, situados de modo desordenado en el eje de la carretera de Alcázar, en la zona de las Granjas, y completamente desconectada del resto. Es, además, una zona con dinámica propia y espontánea, para la que se siguen pidiendo licencias de edificaciones de nuevas instalaciones. Este hecho está claramente causado por la casi inexistencia de ofertas de suelo industrial urbanizado y los precios que el suelo, aún el no urbanizado, ha alcanzado ya en las zonas de tradicional asentamiento industrial. La única zona industrial planificada es la del Polígono del INUR"Los Palancares", casi agotado hoy día, situado entre la carretera de Valencia y el ferrocarril. La mayoría de las industrias ubicadas en él son de almacenaje, distribución y reparación. En el acceso actual a Cuenca desde Madrid se está ubicando la mayoría de la industria de escaparate, todavía con carácter incipiente. La industria dispersa por distintas áreas residenciales en la actualidad, o previstas como tales en el nuevo Plan de Ordenación, plantea la necesidad de desplazamientos hacia las zonas industriales asignadas para tal fin. Ninguna de las industrias afectadas es vital para la economía de la ciudad e incluso el desplazamiento les permitirá desarrollar más adecuadamente su actividad productiva. (...) Para alcanzar una tasa de actividad más elevada y una distribución del empleo más equilibrada, existen una serie de factores positivos que es, a todas luces, necesario potenciar. Entre las circunstancias más favorables podemos destacar:

- Existencia de materias primas, especialmente maderas, que podrían ser la base de importantes industrias de transformación, generadoras de un número importante de puestos de trabajo.

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- Posición intermedia entre Madrid y Valencia, dos áreas en continua expansión y por tanto con fuerte potencial de mercado.

- Disponibilidad de suelo industrial que, lógicamente, puede ser un factor positivo para atraer

nuevas industrias.

- Recursos de agua suficientes , tanto para el abastecimiento humano como para los usos industriales.

- Abundancia de mano de obra

- Circunstancias socio-políticas actuales que aconsejan una acción inmediata del Estado en las

áreas más deprimidas.

- Situación y condiciones favorables de la ciudad para potenciarla como centro de investigación científica.

- Perspectivas de nuevas implantaciones industriales en el ramo de la industria química.

También existen algunos obstáculos:

- Falta de mano de obra especializada, problema que se resolvería tanto con una formación profesional adecuada como con la creación de condiciones económicas que hicieran de Cuenca una ciudad atractiva en el campo laboral.

- Dificultades de financiación; problema que, en parte, se podría resolver con una utilización más racional de los recursos de la propia Caja de Ahorros Provincial

- Deficiencias en las infraestructuras viarias, tanto por carretera como por ferrocarril. - Estructuras mentales de las clases sociales dominantes.

De la Memoria Justificativa de la Revisión del PGOU aprobada en 1976 La segunda hipótesis (hablamos de proyecciones de población a futuro con horizonte en 2010) queda dentro de unas perspectivas más lógicas, pues la ciudad para conseguir 57.400 habitantes tendría que conseguir los siguientes objetivos: 1ª Elevación de las tasas de actividad hasta el 40,5%. Esto significaría que la ciudad tendría que pasar de los 11.700 empleos actuales a los 22.800 en el año 2010. Si fijamos una tasa de actividad del 45%, propia de las áreas industrializadas, el número de empleos tendría que ser de 25.650. Las cifras anteriores nos demuestran que la ciudad debe prestar más atención a un saneamiento de su estructura de empleo que a un crecimiento demográfico excesivo.

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2º El sector industrial deberá ocupar un mínimo del 45% de la población activa, alcanzándose 10.260 empleos en el sector si la tasa de actividad llega al 40% o 11.500 si llegase al 45%. 3º El terciario pasaría de 7.839 empleos a 12.400 o 14.000 según que la tasa de actividad fuera una u otra. (...) Cuenca es una ciudad con una economía urbana extraordinariamente débil, con una actividad agraria que, salvo la explotación forestal, se encuentra en vías de extinción, un sector secundario muy poco desarrollado y un terciario fuertemente inflado como consecuencia de la acumulación de servicios vinculados a la capitalidad provincial. De la Memoria Informativa del PGOU 1996 A finales de los 80: 1.- la industria (sin contar con la construcción) tiene dificultades para dar empleo al 15% de la población ocupada de Cuenca. 2.- La crisis industrial de las dos últimas décadas ha pasado factura. Cuenca tiene menos empleo industrial que en 1970. 3.- Cierre de empresas como Cuberg, JUFERSA, Peris Andreu S.A.; 4.- Grave crisis de la rama maderera; 5.- Cuenca en realidad carece de un sector industrial productivo y ello explica que sean los talleres de automóviles los que actualmente generen más empleo. Predominan las industrias de servicios sobre las dedicadas a la elaboración y fabricación de productos. 6.- Predomina una pequeña industria manufacturera poco generadora de empleo (dificultades para competir y adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas); 7.- No es posible ser muy optimistas. En cualquier caso el medio ambiente fabril parece más propicio para la pequeña y mediana industria que para la grande.

(…) En 1900 el sector servicios ocupa el 44% de la población activa. En 1950 el 56,5 % En 1975 el 66,1% En la actualidad el 75%

(...) Las actividades económicas y las funciones urbanas. La situación económica actual de Cuenca es el resultado lógico de una organización territorial montada sobre grandes desequilibrios económicos y sociales. Las necesidades de futuro son las de dotarse de nuevos pilares económicos, ya sean industriales o terciarios, que rompan inercias de siglos y pasen a ocupar los huecos dejados por funciones más tradicionales. El panorama más favorable se presenta en la rama de los servicios, donde ofrece buenas posibilidades y excelentes condiciones ambientales en las ramas asistencial, cultural y turística. El reto está en lograr una estructura económica equilibrada que posibilite unos niveles de vida dignos y una aceptable calidad de vida.

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Del documento fallido de revisión del PGOU de 1996 elaborado en 2006, en su memoria descriptiva y justificativa, capítulo 3, “Catálogo de problemas”: (…) De este modo se han ido acumulando problemas como el exceso de concentración terciaria en el área central y la insuficiencia del mismo en áreas periféricas; la evolución del patrón industrial hacia un modelo interiorizado atomizado, caracterizado por la profusión de pequeños talleres que apenas crean empleo, etc. En definitiva existe una disfuncionalidad entre el modelo de asentamiento que hoy ofrece la ciudad y el que buscan las nuevas actividades económicas. 3.3.4. Difícil consolidación del sector industrial conquense. (…) la construcción genera algo más de la mitad del empleo industrial. (…) en definitiva un sector industrial que juega un papel bastante débil en la economía. Tradicionalmente y a pesar de los intentos de las distintas administraciones en consonancia con los instrumentos de ordenación (Planes Generales), la ciudad de Cuenca se ha caracterizado por un sector industrial de clara debilidad estructural, ayudado en buena medida por su localización geográfica, sus difíciles interconexiones viarias con el resto del ámbito provincial y regional y una serie de iniciativas político-administrativas que solo han generado expectativas. Las dificultades del sector industrial se centran por tanto en un modelo incapaz de generar empleo (en los años 90 se generaba menos empleo industrial que en los 70), debido en su mayor parte a la crisis del sector maderero y la rama textil, que junto con la construcción eran los pilares básicos de la industria en Cuenca y, a que no se trata de industrias propiamente dichas (elaboración y fabricación de productos) sino de industrias de servicios (poco empleados por industria: modelo atomizado), muchas de las cuales deben su actividad a la función de capitalidad. Aun así, el sector industrial supone en la actualidad el 15% de la población ocupada. 3.3.5. Estructura Económica Terciaria poco diversificada. En los inicios del siglo XX la población ocupada en el sector servicios era del 56,5%, en la actualidad ronda el 80%. Sin embargo no nos referimos a un terciario avanzado pilar de muchas economías urbanas (…) Fuerte dependencia de los servicios de la administración pública para la generación de empleo. (…) Por ello el POM deberá ser capaz de establecer medidas para corregir o encauzar los posibles conflictos, como puedan ser los que ya existen entre el pequeño y el gran comercio. (...) De cara a iniciar un proceso más estratégico de dinamización económica local, se detecta una necesidad de explorar nuevos instrumentos e incentivos de promoción económica local. De forma paralela, también se detecta un amplio margen para incrementar el nivel de coordinación entre esos instrumentos y los de la planificación urbana (…) Se propone ampliar las políticas de localización al conjunto de actividades relacionadas con la economía, de manera que se creen nuevos espacios y edificios relacionados con los usos tanto industriales como terciarios, y se recualifiquen los espacios industriales que han quedado obsoletos, creando nuevos focos de atracción acordes con las demandas actuales.

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(…) A través de la memoria justificativa de la ordenación de la ciudad aprobada en 1979, (firmada en 1976), conocemos que el número de empleados esperado en el sector secundario en el año 1990 (excluida la construcción) era 5.500, con un incremento de más de 3500 empleos con respecto a los 1500 empleos censados en 1978. Según datos presentados en la memoria informativa de la revisión del PGOU iniciada en 1993, (PGOU 1996), en 1988 existían en el sector secundario, (excluido el sector de la construcción en el que se censaban 1300 obreros), 1900 empleos, buena parte de los mismos relacionados con el sector servicios. La década de los ochenta ha sido poco favorable para la industria conquense. Cuberg, Peris Andreu, Baxter, echaron el cierre. (…) Con destino a nuevos desarrollos industriales El PGOU 1996 ordenó: 125 has en suelo programado 118 has en suelo no programado Total: 243 has Ninguno de los sectores contemplados en suelo programado (S5 Venta del Francés, S7 Carretera de Alcázar Oeste, S8 Carretera de Alcázar Este, S9 La Esperanza, S10 Los Palancares II y S 11 La Vereda) ha sido desarrollado. En los 20 años de vigencia de PGOU la actuación industrial de referencia ha sido el desarrollo del denominado sector A3, Carretera de Motilla, actuación conocida como Polígono SEPES, con una extensión de aproximadamente 72 has, (a las que hay que unir el desarrollo del sector A-7 "Polígono Fercusa", con 9,25 has). Más del 50% de la superficie industrial edificada en estos años se encuentra sin actividad en la actualidad. Llama la atención el número de naves industriales con destino al uso de almacén. El PGOU de 1996 contempló en el municipio 1.700.000 m2 de nueva construcción industrial. En veinte años se han desarrollado suelos para con cabida para aproximadamente 500.000 m2 de techo edificable (aproximadamente un 30%). El número de empleos en el sector industrial es hoy ligeramente superior al existente en 1988, alrededor del 15% de la población activa (unos 3500 empleos), la mayoría de ellos dependientes del sector servicios. Están pendientes de gestión, de acuerdo con la ordenación del PGOU de 1996, suelos con capacidad para 1.200.000 m2 edificables de uso industrial. Es vital revisar todo este sin sentido. ¿Cuántos suelos urbanizados con destino al uso industrial están pendientes de ser edificados? ¿Cuál es el número de naves industriales carentes de actividad? ¿Cuál es el estado real de los viejos polígonos industriales de la ciudad?

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En la memoria justificativa de la revisión del PGOU llevada a cabo en 1963, (...) Se ha seguido el criterio de conservar todas las actuales (zonas verdes) y transformar en parques públicos ciertos enclaves libres que existen dentro del área de la ciudad, tales como las Huertas del Puente de Palo. También se ordena como zona verde todo el terreno existente entre el límite de la edificación y el río Júcar, lo que dará lugar a un frondoso basamento verde de la ciudad. Se establecen también zonas verdes de protección de los acceso y ferrocarril y se aconseja la repoblación de los cerros que rodean la ciudad por el Norte y el Este. En la memoria justificativa de la revisión del PGOU llevada a cabo en 1979 (…) La ciudad de 1950 aún conservaba una estructura equipamental adecuada a su tamaño poblacional y equilibradamente distribuida. Los nuevos espacios necesarios para el mantenimiento posterior de este equilibrio no fueron respetados. Ello ha facilitado que, posteriormente haya sido necesario habilitar suelo para equipamiento general, especialmente sanitario-asistencial y educacional, concentrándolo fuera del área edificada, en posición marginada respecto de la estructura general de la ciudad. LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES EQUIPAMENTALES TIENDEN A LA DISPERSIÓN, CONSECUENCIA DE LA AUSENCIA DE SUELO URBANIZADO, A LO LARGO DE LA CARRETERA DE MADRID. (...) Destaca la ausencia de zonas de expansión al aire libre, recreativas y deportivas, en las proximidades del centro urbano. HASTA AHORA HAN QUEDADO INÉDITAS LAS POSIBILIDADES DEL JÚCAR Y SU ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA PARA ESTOS FINES, EXCEPCIÓN HECHA DE LAS PISCINAS FLUVIALES A LA HOZ DE ESTE RÍO. Hoy, Seguimos repitiendo una y otra vez las mimas dinámicas. "PSI El Terminillo". La actuación del Terminillo promovida por la Junta de Comunidades es hoy una de esas actuaciones urbanizadoras “satélite” características del modelo urbanístico desarrollista institucionalizado con la Ley del suelo de 1998, hoy en crisis absoluta. Concebida como área dotacional “ad hoc” para la construcción de un nuevo hospital en Cuenca, su urbanización en la actualidad está inconclusa. La localización de este ámbito (en el que se incluyen, además de los suelos necesarios para el hospital, suelos destinados a la construcción de un Palacio de Congresos, un Centro Nacional de Digitalización de contenidos audiovisuales, o un Pabellón Deportivo con Piscina Cubierta, proyectos todos hoy desechados), lamentablemente hoy se lee en clave de oportunidad perdida. La funcionalidad del PSI se construye a partir de la conexión viaria ejecutada en la ronda de circunvalación que conecta la carretera de Madrid con las carreteras de Ciudad Real y Teruel, y las infraestructuras resultantes del desarrollo urbanístico previsto por el PGOU en los sectores 3B y 4.1, hoy día sin garantías de poder llegar a término, (luego serán precisas obras complementarias de urbanización para poder conectar a las redes de servicios el ámbito). Ni la ubicación, ni el programa parecen adecuados. Tras una inversión próxima a los 20 millones de euros, debe reflexionarse sobre el programa de usos a materializar en dicho sector).

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Del documento de revisión del PGOU de 1996 elaborado en 2006, en su memoria descriptiva y justificativa, capítulo 3, “Catálogo de problemas”: 3.4. PROBLEMAS DERIVADOS DEL MEDIO URBANO 3.4.1. Áreas Urbanas y Semiurbanas con estructura urbanística deficiente. Verga Tordera y Barrios periféricos. PENDIENTE 3.4.2. Obsolescencia y degradación de determinadas zonas de la ciudad. Deterioro funcional. Desde los años 90 vienen apareciendo nuevos retos originados en las profundas transformaciones de nuestra sociedad: Presión demográfica urbana, nuevas formas de desigualdad, de pobreza y de exclusión urbana y rural, cambios en el mercado de trabajo, en las dinámicas familiares, en la composición étnica, en el mercado de la vivienda, que han impactado de forma desigual en los diferentes barrios de la ciudad. El crecimiento continuo de los precios del suelo y la vivienda, sobre todo en la ciudad consolidada, combinando con el deterioro de parte del parque edificado central, provoca que amplias capas de la población deban desplazarse de sus lugares habituales de vida hacia la periferia. El proceso está provocando un deterioro mayor de ciertas áreas urbanas y una substitución de la población tradicional por población inmigrante con pocos recursos que se ven obligados a vivir hacinados. En muchas áreas centrales aparecen procesos de gentrificación en los que las viviendas tradicionales van siendo sustituidas por el sector terciario. El Casco histórico de la ciudad, y los barrios tradicionales de la ciudad baja, (Barrio de los Moralejos, Camino Cañete, Plaza de Toros-La Hípica y Casablanca), conformados en la década de los años 60 en localizaciones de borde de ciudad, envejecen paulatinamente (la población joven se decanta por los nuevos desarrollos de ciudad y tan sólo por la llegada en la última década de una importante población inmigrante, ha podido detenerse su despoblación.) (…) La regulación normativa de uso de estas zonas y medidas activas como el programa de implantación de aparcamientos para residentes y el de mejora y reurbanización del centro urbano deben reequilibrar la situación. (...) La pérdida de vitalidad residencial lleva aparejada el germen que acabará convirtiendo "el centro" en un lugar muy diferente de un punto de encuentro y relación. PENDIENTE 3.4.3. Fractura de la trama urbana (paso del río Júcar e infraestructura ferroviaria). El Júcar: la barrera natural que representa genera problemas de funcionalidad que deben ser subsanados. -Tanto con el adecuado tratamiento de sus márgenes (estableciendo la adecuada interconexión entre ellas) - Como consiguiendo que la puesta en valor del mismo materialice el adecuado nexo de unión. PENDIENTE

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3.4.4. Movilidad Urbana. Incremento de la densidad del tráfico rodado. (…) Se echa en falta un modelo global de transporte que prevea la relación entre sus diferentes medios, de manera que se siguen enfocando estos problemas como visiones muy sectoriales. (…) Congestión de áreas centrales, propiciado por un absurdo monopolio del automóvil (…) Contaminación visual y acústica PENDIENTE 3.4.5. Excesiva concentración del uso comercial en el centro tradicional de la parte baja. PENDIENTE 3.5. DERIVADOS DE LA PROPIA ORDENACIÓN URBANA (…) Las previsiones hechas no coincidieron con las demandas reales 3.5.3. La Red Viaria (…) La red viaria fuertemente condicionada por un serie de barreras naturales y que, sin embargo, sólo presenta conflictos de importancia en horas punta y como consecuencia de la unión de viarios de gran capacidad con otros de capacidad muy escasa pero con un importante carácter vertebrador. Intensificar las redes de comunicación inter- zonal puede resultar una oportunidad estratégica que permita la consolidación de la ciudad. PENDIENTE 3.5.5. Equipamientos. (…) La carencia de aparcamientos en los equipamientos de gran densidad de uso, hospital, estación de tren, estación de autobuses, y en general todo equipamiento que rebase el ámbito estrictamente municipal. (…) El problema fundamental aparece en la falta de interconexión de los distintos espacios (en los recorridos: aceras estrechas, elevada densidad del tráfico, contaminación acústica) PENDIENTE 3.5.7. EL ESPACIO PÚBLICO (…) El problema fundamental se centra en la preeminencia de las áreas comerciales de centralidad tradicionales (síntoma de la falta de nuevos espacios públicos de entidad). PENDIENTE

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Hoy, (...) Mención aparte merecen los nuevos espacios públicos, en los que es visible la crisis de la urbanidad contemporánea. A pesar de la importante dotación cuantitativa de espacios públicos que suele existir en los nuevos sectores residenciales, se puede observar en ellos una falta de uso y de vivencia, derivada frecuentemente no sólo de los cambios culturales, del incremento del individualismo, de la aparición de nuevas formas de socialización (entre ellas, las surgidas a través de las tecnologías de las información y la comunicación, TIC) o de la competencia con las nuevas centralidades, sino también del carácter marginal de la localización de estos nuevos espacios públicos y de su falta de articulación urbana, su sobreabundancia, su redundancia con respecto a los patios privados de parcela o de manzana, del exceso de formalismo y la dureza de su diseño, etc.

El espacio público por excelencia, que fue antaño la calle, ha quedado relegado en las ‘urbanizaciones’ a mero canal viario que garantiza la conexión de la célula residencial con la urbanidad externa y en los ‘nuevos ensanches’ al escenario vacío y fosilizado de una urbanidad pretérita e idealizada.

Del documento de revisión del PGOU de 1996 elaborado en 2006, en su memoria descriptiva y justificativa, Capítulo 4, “Criterios de Revisión”: 4.5.1. SUELO URBANO a) Reequilibrar los sistemas generales y locales, tanto de zonas verdes y espacios libres como de equipamientos y comunicaciones. La ubicación en el territorio de los nuevos sistemas, no responde únicamente a la exigencia de la cobertura de unas determinadas demandas sociales, ni debe contemplarse aisladamente. Por el contrario debe considerarse como uno de los elementos claves para la configuración física y sociológica de la ciudad. b) Completar la ordenación de las áreas urbanas existentes, mediante el diseño de los espacios intersticiales, consiguiendo re-cualificar la trama urbana, de cierto desigual desarrollo en la actualidad. c) Incluido entre los criterios considerados a la hora de la redacción del documento del Plan de Ordenación Municipal, cabe considerar como uno de los más importantes, el remate de la estructura de la trama urbana, intentando paliar con ello la actual desconexión de la misma en determinadas zonas de la ciudad, en las que las determinaciones establecidas por el plan vigente, presentaban, cuando menos, ciertos vacíos en el establecimiento de los mecanismos adecuados para el desarrollo del modelo radio-concéntrico de Cuenca, en especial en sus conexiones transversales. d) Evitar la segregación social, equilibrando las dotaciones y equipamientos sociales en los barrios rurales, y facilitando su regeneración. Se establecerán las medidas correctoras necesarias para subsanar las deficiencias detectadas en ciertos barrios, ya que aunque la forma de vida de dichos núcleos tenga un carácter más tradicional, o por decirlo de alguna manera “menos urbano”, esto no justifica los desequilibrios en la calidad de vida de sus habitantes.

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e) Permitir la transformación a uso terciario y residencial de algunos elementos aislados de uso industrial, que han quedado inmerso en el tejido residencial. f) Dar un adecuado tratamiento al propio trazado ferroviario, para evitar en lo posible el efecto de barrera que produce en la trama urbana. g) Reordenar las áreas de crecimiento perimetral que en la actualidad no se encuentren bien estructuradas, evitando que continúen los desarrollos aleatorios e indiscriminados. Con ello se conseguirá un crecimiento coherente, con un borde urbano nítido, que responda a planteamientos globales de ciudad, y no a una suma de actuaciones puntuales. PENDIENTE

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PROBLEMAS DE OBSOLESCENCIA Y DEGRADACIÓN DE DETERMINADAS ZONAS DE LA CIUDAD. Determinadas zonas de la ciudad, han sufrido procesos de degradación y obsolescencia funcional que aconsejan una intervención directa de carácter urbanístico, pues la mera regulación normativa no resulta efectiva a la hora de solucionar los problemas de este tipo. Conjugar la puesta en valor de las zonas más atrayentes para la población, con la reforma interior de aquellas que han perdido su validez funcional, social, urbanística o constructiva es la mejor forma de “rehabilitar la ciudad”, entendiendo la rehabilitación más allá de la meramente referida al parque edificado. Algunas zonas tradicionales, si bien no han sido afectadas por lo que podríamos denominar “degradación”, como es el caso de la Calle Carretería, si es cierto que sufren procesos de deterioro funcional al haberse saturado por el monopolio del uso comercial. La regulación normativa de uso en estas zonas y medidas activas como el programa de implantación de aparcamientos para residentes y el de mejora y reurbanización del centro urbano deben reequilibrar la situación. Se detecta la existencia de zonas degradadas en la ciudad, en correspondencia con barrios que tradicionalmente han albergado población marginal. Es el caso de Tiradores y San Antón, donde los grandes problemas de accesibilidad y las carencias de equipamientos han agravado la situación, evitando la renovación y diversificación de la población, que atraída por el carácter popular de estos barrios, registra por el contrario concentración de una determinada franja de población con escasas rentas y de elevada edad. La ínfima capacidad de este colectivo para mantener sus inmuebles, ha empeorado el estado de la edificación. La reciente declaración de estos barrios como áreas de rehabilitación preferente y los proyectos que en consecuencia se han puesto en marcha para su recuperación, acometida ésta desde un enfoque integral, parecen muy capaces de resolver esta problemática. La concentración de determinados colectivos en zonas concretas de la ciudad, origina serios problemas en el resto de habitantes, produciéndose negativos efectos asociativos tanto hacia los grupos como hacia las zonas. Los aspectos sociales deben considerarse a la par que los urbanísticos y constructivos. De nada servirá la pura acción urbanizadora y rehabilitadora si la estructura social de estos barrios se mantiene en la marginación. En definitiva, la acción decidida de los poderes públicos mediante un Plan de actuaciones y sus correlativas medidas de financiación y gestión, constituyen el camino único para invertir el proceso de degradación y propiciar la rehabilitación de estos sectores urbanos. Esta acción pública deberá servir, así mismo, como motor de arrastre para las iniciativas privadas que deben contribuir a complementarla. En el caso del Casco Antiguo, la dinámica reciente del comercio y su estructura actual reflejan los efectos del proceso de “turistización”, tanto en la localización de los comercios como en su tipología. PENDIENTE

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DIFÍCIL CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL CONQUENSE. Tradicionalmente y a pesar de los intentos de las distintas administraciones en consonancia con los instrumentos de ordenación (Planes Generales), la ciudad de Cuenca se ha caracterizado por un sector industrial de clara debilidad estructural, ayudado en buena medida por su localización geográfica, sus difíciles interconexiones viarias con el resto del ámbito provincial y regional y una serie de iniciativas político-administrativas que solo han generado expectativas. Las dificultades del sector industrial se centran por tanto en un modelo incapaz de generar empleo (en los años 90 se generaba menos empleo industrial que en los 70), debido en su mayor parte a la crisis del sector maderero y la rama textil, que junto con la construcción eran los pilares básicos de la industria en Cuenca y, a que no se trata de industrias propiamente dichas (elaboración y fabricación de productos) sino de industrias de servicios (poco empleados por industria: modelo atomizado), muchas de las cuales deben su actividad a la función de capitalidad. Aun así, el sector industrial supone en la actualidad el 15% de la población ocupada. En definitiva, estamos hablando de un sector industrial que juega un papel bastante débil en la economía, en el que la oferta de suelo para actividades productivas a buen precio no parece suficiente para atraer nuevas industrias. Es necesario, tener en cuenta la diversificación económica y las tipologías de las nuevas demandas de empresas de servicios o de naturaleza mixta. PENDIENTE ESTRUCTURA ECONÓMICA TERCIARIA POCO DIVERSIFICADA. En la actualidad Cuenca es una ciudad de servicios, como demuestra que dicho sector ocupe más del 80% de la población activa, porcentaje que se ha visto incrementado de manera muy considerable durante todo el siglo XX, en cuyos inicios suponía el 56,5% de la población ocupada. Sin embargo, no nos estamos refiriendo a un terciario avanzado pilar de muchas economías urbanas, sino que la dinámica reciente del sector servicios (años 80), clasifica a Cuenca como una ciudad terciaria de estructura tradicional donde los servicios relacionados con las necesidades primarias de la población y la función de capitalidad provincial generaban la mayor parte del empleo. En la actualidad la economía terciaria de la ciudad continúa teniendo una fuerte dependencia de los servicios de la administración pública. De ahí que haya que apostar por reforzar una diversificación económica que ya es incipiente, apoyándose en el papel de las actividades de servicios más relacionados con el sector privado, como puedan ser el comercio, la restauración y la hostelería, en estrecha relación con el desarrollo del turismo cultural y sostenible, y los servicios financieros e inmobiliarios prestados a las empresas. En definitiva, ahora que tienden a aparecer nuevos horizontes de diversificación económica tienen que ser aprovechados para liberar a la ciudad de su excesiva dependencia administrativa, y consolidarse como una ciudad de tipo medio, especializada en servicios que deberán estar muy presentes a la hora de diseñar las nuevas áreas de centralidad que reequilibren la estructura urbana actual. PENDIENTE

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EXCESIVA CONCENTRACIÓN DEL USO COMERCIAL EN EL CENTRO TRADICIONAL DE LA PARTE BAJA DE LA CIUDAD. Si bien en épocas recientes, dicho uso comercial se ha extendido hacia el sur, por las calles Fermín Caballero y el inicio de Hermanos Becerril, se considera necesario extender dichos usos a otros barrios periféricos, para conseguir equilibrar los usos y actividades urbanas de los mismos. El problema surge como consecuencia de que existen unas zonas muy cotizadas y demandadas dentro del sector comercial, mientras que otras no gozan de esta categoría, dificultando con ello su adecuada proyección comercial. Esta problemática ya detectada en la anterior revisión, sigue vigente hoy en día, y será objetivo para el nuevo Plan encontrar para ella una solución. El proyecto en marcha para la peatonalización del centro, cambia sustancialmente la realidad urbana del entorno, por lo que el planteamiento de este apartado se deberá formular de nuevo, una vez conocidos los detalles de este proyecto. Por otra parte, el conflicto entre el pequeño y el gran comercio, al igual que en otras ciudades, también está empezando a plantearse, debido a que la estructura del sector comercial ha conocido profundos cambios en la última década, con la entrada generalizada de medianas y grandes superficies, casos de DIA, Mercadona, Alcampo, Alconsa, Champion y, ya en el 2003, la apertura del centro comercial El Mirador del grupo EROSKI. El pequeño comercio familiar se ha modernizado y diversificado, aunque los establecimientos más tradicionales tienen dificultades para sobrevivir. En este sentido, la implantación de nuevas instalaciones, principalmente las correspondientes a medianas o grandes áreas comerciales, deberá ir ligada a la generación de nuevos equipamientos, vinculándose su localización a nuevas zonas de asentamiento residencial. Su ubicación deberá compatibilizar la accesibilidad con la no congestión del sistema viario, además de contribuir a la descongestión del centro urbano. PENDIENTE EQUIPAMIENTOS Un problema asociado a los grandes equipamientos de Cuenca es la carencia de aparcamientos públicos de capacidad suficiente, vinculados a los referidos equipamientos de gran densidad de uso. Hospital, estación de tren, estación de autobús, y en general todo equipamiento que rebase el ámbito estrictamente municipal, registra una intensidad de uso capaz de colapsar las zonas de la ciudad en que se ubican. Aunque si bien es cierto que actualmente el problema no es alarmante, cabe pensar que se verá agravado en un futuro próximo, si como es de esperar aumenta el número de habitantes y la importancia de la ciudad. PENDIENTE

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HOY, SE PRECISAN EQUIPAMIENTOS DE BARRIO PARA USO DE ASOCIACIONES DE BARRIO Por ejemplo, entre crear otra biblioteca central o pequeñas bibliotecas de barrio, es más aconsejable esta última opción, con el objeto de que tengan una función más cercana a la de sala de lectura, es decir, ese espacio en el que los estudiantes se llevan los libros para estudiar, con una biblioteca de apoyo (enciclopedias y diccionarios, etc.) y sala de lectura de prensa y revistas, espacio este último muy utilizado por las personas de más edad. Se trata de dotar a los barrios con población joven, y aquellos en los que residan más estudiantes de la Universidad, de salas de lectura, equipamiento que puede compartir uso en el edificio con otras actividades, no requiriendo la calificación de un suelo especifico para esa finalidad.

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(...) De la entrevista a Miguel Angel Troitiño, Voces de Cuenca, en mayo de 2014: "No, yo creo que le ha ocurrido como en otras muchas ciudades de Castilla, es que se ha producido un crecimiento urbanístico pero no en paralelo a un desarrollo económico y con la aparición de nuevas actividades productivas para que la ciudad pudiese llenar de vida el parque inmobiliario que tiene construido. Con lo que tiene construido, Cuenca tiene capacidad para unos cien mil habitantes y no llega a los sesenta mil. Esto explica que los bordes de la ciudad, los barrios nuevos de la carretera de Valencia, los situados al oeste del Moscas y los del oeste del Júcar que están a medio andar y que la ciudad va a tener que hacer un replanteamiento importante". REHABILITACIÓN DE LA CIUDAD HISTÓRICA En la Memoria justificativa del PGOU aprobado en 1979: Cuenca es una ciudad histórica cuya personalidad radica de forma primordial en la armonía y equilibrio entre paisaje urbano y paisaje natural. A lo largo de los siglos Cuenca fue fiel a esta personalidad porque los conquenses sabían que ahí residía la razón de ser de la ciudad, sin embargo, a partir de los años cuarenta, los intereses especuladores han dado la espalda al pasado y se han lanzado a construir la ciudad del futuro sin preocuparse por armonizar con la ciudad del pasado. Hoy más que nunca, es imprescindible dar funcionalidad a la ciudad alta pues en esta continúa teniendo residiendo la personalidad de Cuenca. (...) En conjunto, los problemas y necesidades del caso antiguo podemos resumirlos en los siguientes aspectos: Abandono demográfico con el consiguiente envejecimiento de la población. Riesgo de ruina inminente de un gran número de edificios que han sido abandonados Necesidad urgente de revitalización funcional. Normativa adecuada para controlar las remodelaciones Resolver los problemas de acceso. Revitalizar la función residencial Ordenar y proteger adecuadamente los restos arqueológicos. Conservar la integración entre paisaje natural y paisaje urbano. (...) El objetivo global para la ciudad antigua ha de ser el de su revitalización o, dicho en la terminología usual para este tipo de áreas, “conservación activa”, que supone no un conservadurismo formal de la estructura edificada sino una preocupación por el funcionamiento real y activo de un trozo de tejido urbano como los demás. La conservación activa de la ciudad antigua requiere la programación de un conjunto de medidas de planeamiento, gestión e intervención municipal y de otras instituciones, que no cabe sean formuladas en el PGOU.

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De todos modos, el objetivo de conservación activa puede particularizarse en los siguientes objetivos: 1.- Agilización de las facilidades para asentamiento de actividades que sean congruentes con el respeto a la edificación y al ambiente urbano, y potenciación de las actividades tradicionales de carácter central. 2.- Conservación activa de los edificios singulares mediante la revitalización de su uso. 3.- Conservación activa del medio ambiente urbano edificado, mediante el control del proceso de renovación urbana; especialmente la intervención municipal o institucional para evitar la ruina de la edificación deficiente. 4.- Mejora de la accesibilidad de la ciudad desde el resto urbano, y control de la utilización del espacio por lo vehículos privados. La corporación municipal tomó en 1993 dos decisiones importantes. En primer lugar, realizó un Plan Especial de Protección del Casco Antiguo y de las Hoces, recabando dineros de la Unión Europea para comenzar las obras públicas precisas y que venían a unirse a las iniciadas por el gobierno regional en el programa de "Cuenca a Plena Luz". En segundo término, confeccionó un proyecto que presentó a la UNESCO para que el casco antiguo y las hoces fueran declarados Patrimonio de la Humanidad. El día 5 de Diciembre de 1996 el Casco Antiguo de Cuenca y el entorno de sus Hoces fue declarado Patrimonio de la Humanidad. En el año 2000 se aprobó para el Casco y sus Hoces un Plan Especial de Reforma Interior y Mejora. (En el PGOU de 1996 el ámbito del Casco y sus Hoces fue delimitado como PERI)

De la memoria justificativa del PECA, Estructura Urbana - Estructura urbana heterogénea y multifuncional - Integración del medio urbano y el paisaje natural - Potente imagen social: Casco histórico como área residencial diferenciada con altos valores ambientales y fuertes limitaciones de tipo funcional - Integración funcional de los distintos barrios de la Ciudad Alta: Procurar la ampliación de la Ciudad Alta resolviendo la tensión funcional provocada por el excesivo protagonismo de la Plaza Mayor - Reordenación de barrios desarticulados - Control de los procesos de renovación urbana - Propuestas de medidas para la remodelación espacial - Edificios que por su valor histórico o cultural deben ser rescatados para usos funcionales más acordes con su categoría arquitectónica o con su protagonismo en la escena urbana - Configuración de algunas zonas de la Ciudad Baja como espacios de de transición a nivel físico y funcional (transición entre el centro urbano y el centro histórico) Morfología Urbana Integración del Patrimonio artístico, histórico y cultural a la función activa Incentivar el carácter de “centro vivo” a través de la recalificación del espacio urbano Rehabilitación y mejora de las áreas más degradadas Mejorar las condiciones urbanísticas de los espacios residenciales a través de la puesta en valor de sus aspectos ambientales y el incremento del nivel de equipamientos y servicios

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Señalamiento preciso de los parámetros sustantivos de la edificación (altura, fondo edificable) Elaboración de un catálogo completo de la edificación Establecimiento de medidas de protección Ordenanzas y medidas de conservación ambiental Población. 2658 habitantes. - Estimular el proceso de recuperación demográfica - Fomentar la llegada de familias jóvenes ( concepto asociado a la reflotación de la actividad económica) - Políticas de Rehabilitación más incisivas (Cuenca a Plena Luz) con especial atención a las cuestiones de accesibilidad, aparcamiento y equipamientos. - Adecuada política de vivienda y mejora de equipamientos y servicios. Resolución de problemas de hacinamiento - Estructura social equilibrada (evitar segregación social). Estructuras vecinales: trabajo, cooperación en la resolución de problemas funcionales existentes. Ayudas a la población anciana. Vivienda: Mercado Inmobiliario Disminución del número de viviendas vacías Flexibilizar el mercado de alquileres Control de los usos y actividades Actividades Económicas. Multifuncionalidad Modernización de la imagen del escaso comercio existente - cobertura a las necesidades primarias de la población residente - comercio especializado asociado al turismo Regulación de ciertas actividades hoteleras Aprovechamiento del tirón del sector artesanal Políticas activas en relación con la ordenación del turismo, procurando una mejor distribución a lo largo del año. Equipamientos Elementos fundamentales de “centralidad” Comunitario e Institucional Función educativa: uno de los pilares de la Ciudad Alta Búsqueda de alternativas para los grandes contenedores (crisis de la función administrativa y religiosa: edificios sin uso) Comunicaciones y aparcamientos 1.- Potenciar el transporte colectivo 2.- Jerarquización del viario 3.- Tratamiento del espacio en forma de coexistencia vehículo-peatón 4.- Eliminación del tráfico y del aparcamiento en los espacios de valor monumental 5.- Acondicionamiento de espacios para la estancia (plazas) 6.- Aparcamiento para residentes 7.- Carga y descarga de mercancías (puntos clave del comercio)

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Paisaje Evitar tendencias invasivas sobre el espacio natural Recuperación de valores ambientales en áreas degradadas Regularización de usos y actividades de carácter urbano dentro del espacio natural - Clasificación del entrono de las Hoces en áreas diferenciadas, por su funcionalidad, su valor ambiental y su grado de sensibilidad Propuestas de ordenación viaria y de la movilidad. Actuación Integrada: - reordenación del funcionamiento de las redes de transporte - dotaciones de aparcamiento El POM de la ciudad debe, en cuanto al Casco Antiguo y sus Hoces se refiere, sentar bases para un impulso renovado de los objetivos establecidos en el PECA. (...) PLAN DE GESTION DEL CASCO ANTIGUO DE CUENCA Y SUS HOCES El PLAN DE GESTIÓN a definir y diseñar será un programa de planificación con un enfoque integrado de actuación que establecerá metas y medidas para la protección, conservación, uso y desarrollo del bien declarado Patrimonio Mundial. Su definición y diseño se realizará con base en la versión revisada de la "Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial", que entró en vigor el 1 de febrero de 2005 (última actualización en 2008), y de conformidad con las directrices enmarcadas en la reciente Carta de La Valeta, adoptada por CIVVIH, (The International Committee on Historic Towns and Villages) en abril de 2010. Estas Directrices hacen obligatorio este plan para bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Los contenidos básicos del Plan de Gestión, de acuerdo con las "Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial", contemplarán: - Las medidas legislativas, reglamentarias y contractuales para la protección. - Los límites de protección efectiva. - Las zonas de amortiguamiento. - Los sistemas de gestión. - El uso sostenible. El Plan también reflejará información y documentación sobre: - la caracterización socio-funcional del espacio de referencia, - la caracterización de las políticas públicas y modelos de gestión actuales, - el inventario de recursos patrimoniales, - los recursos económico-financieros, - las amenazas, riesgos y oportunidades, - el turismo y la realidad urbana, - la movilidad, - las actividades de promoción y difusión

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Un Plan de Gestión es un instrumento destinado a la administración del patrimonio cultural de un modo integral e integrado, coordinando y orientando objetivos, actuaciones y agentes implicados en la protección y mejora de la Ciudad Patrimonio Mundial. Tiene un carácter de instrumento estratégico, con las siguientes premisas: • Centra sus esfuerzos en ordenar, orientar y coordinar líneas de actuación en marcha, y encuadrar las que puedan desarrollarse en el futuro. • Tiene un carácter transversal y multisectorial, abordando, desde la óptica del patrimonio, aquellos factores (sociales, económicos,…) relacionados con la Ciudad Patrimonio Mundial. • Persigue el desarrollo sostenible y el compromiso con los valores culturales. • Desarrolla una visión del futuro de la ciudad, apoyada en el patrimonio como ventaja competitiva de la ciudad y principal elemento de su identidad. (...) La regeneración urbana integrada se concibe como un proceso planificado que ha de trascender los ámbitos y enfoques parciales hasta ahora habituales para abordar la ciudad como totalidad funcional y sus partes como componentes del organismo urbano, con el objetivo de desarrollar plenamente y de equilibrar la complejidad y diversidad de las estructuras sociales, productivas y urbanas, impulsando al mismo tiempo una mayor ecoeficiencia ambiental. EL PGOU de 1996 debe ser revisado teniendo como premisa fundamental este concepto, no solo en el Casco Antiguo, sino en el conjunto de la ciudad existente. Este concepto de ‘regeneración urbana integrada’ pretende optimizar, preservar o revalorizar todo el capital urbano existente (social, urbanístico, patrimonio edificado, etc.), en contraste con otras formas de intervención, en las cuales, dentro de este capital urbano, sólo se prioriza y conserva el valor del suelo, al demolerse traumáticamente y sustituirse el resto del capital urbano y, muy lamentablemente, el capital social. Esta apuesta estratégica por la ‘regeneración urbana integrada’ no pretende ser incompatible con el crecimiento urbano. Evidentemente, allí donde sea necesario, el planeamiento territorial y urbano deberá permitir la urbanización de la cantidad de suelo precisa para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, aplicando los términos de “fuerte control de la oferta de suelo y del desarrollo especulativo” ya contemplados en la Carta de Leipzig. En definitiva, se trata de impulsar políticas urbanas de plenitud mediante enfoques urbanos globales que administren la extensión física de la ciudad según lo necesario y conjuguen la apuesta por la regeneración urbana integrada en la ciudad consolidada con un modelo sostenible e integrado de crecimiento en los nuevos desarrollos urbanísticos. Poner en práctica una apuesta estratégica por la ‘regeneración urbana’ con un ‘enfoque integrado’ supone la búsqueda de una nueva ‘alianza urbana’ compartida por todos los agentes que intervienen en el ‘proceso de construcción de la ciudad’ (sector inmobiliario, financiero, ciudadanos, administración pública, profesionales, etc..)

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Esta nueva ‘alianza urbana’ debería estar basada en el consenso y legitimada por nuevas formas de gobernanza, en las cuales las redes sociales y ciudadanas jugasen un papel protagonista, y en las que la meta común debiera ser la puesta en valor, la recuperación e incluso la reinvención de la ‘ciudad existente’, optimizando por tanto el capital humano, social, material, cultural y económico acumulado en ella en el curso de su historia, y construyendo con esos elementos las ciudades eficientes, innovadoras, inteligentes, más sostenibles y socialmente integradas que Europa anhela.

Es preciso:

El reciclaje de suelo (mediante la reurbanización o la reutilización de áreas abandonadas, degradadas o sin uso, etc.), como estrategia clave para contribuir a la reducción del consumo de suelo y por tanto a la lucha contra la dispersión urbana. Apostar por la regeneración de la ciudad existente, reconociendo su valor ambiental como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso.

Desarrollar programas de gestión del parque inmobiliario existente: medidas de gestión de las viviendas vacías, medidas de adecuación funcional,( conservar y mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad) medidas de rehabilitación energética, etc.

Priorizar de forma justificada la intervención sobre los ámbitos urbanos que objetivamente sean más vulnerables, interviniendo mediante políticas integradas y con enfoques transversales y multisectoriales sobre las causas de la vulnerabilidad.

Establecer mecanismos para mejorar la dotación de equipamientos locales y zonas verdes en la ciudad consolidada, favoreciendo su esponjamiento y la recualificación. Recuperar espacios infrautilizados para acondicionarlos como nuevos espacios públicos y mantener, ampliar y mejorar en lo posible la calidad de los existentes.

Establecer medidas para el mantenimiento del tejido social existente, sin expulsar a la población, garantizando el realojo y el retorno allí donde sea prescriptivo, realizando planes de retorno y/o realojo con participación ciudadana.

El incremento de la eficiencia energética de edificios e infraestructuras debe ser un factor estratégico del compromiso político por la regeneración urbana en la UE a causa de los beneficios que genera en términos de reducción de demanda de energía, y por la significativa creación de nuevos puestos de trabajo que crearía en Europa.

Reciclar la ciudad, recuperarla para conseguir unas mejores condiciones de habitabilidad proporciona una relación número de empleos/inversión mayor que otras actuaciones millonarias, que obtienen una relación magra en puestos de trabajo. Esta relación aumenta cuando intervienen los trabajos de artesanía. Este tipo de trabajos proporcionan una ruptura con la homogeneidad y la monotonía que producen las construcciones en serie puesto que son empleos poco mecanizados.

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del TRLOTAU

Artículo 141. Las Áreas de Rehabilitación Preferente. 1. Los Municipios y la Junta de Comunidades podrán establecer Áreas de Rehabilitación Preferente con la finalidad de su recuperación patrimonial y su revitalización social y económica. 2. Cuando la delimitación de las Áreas de Rehabilitación Preferente no se contenga en el planeamiento urbanístico vigente, podrán aprobarse por el procedimiento previsto en el artículo 37 para determinados Planes Especiales. El ámbito de las áreas estará formado por conjuntos o zonas de suelo urbano de relevante interés cultural, que estén sometidos a un progresivo deterioro de la edificación, de sus espacios libres o de sus infraestructuras; o bien por otras áreas urbanas que, con independencia de los valores que en ellas concurran, presenten deficiencias y carencias sociales de especial gravedad. En ambos supuestos las áreas deberán abarcar como mínimo una manzana. 3. La gestión de las Áreas de Rehabilitación Preferente se determinará y organizará mediante Actuaciones de Rehabilitación Integrada, acompañadas, en su caso, de Planes Especiales de Reforma Interior, que deberán complementar y especificar la información, el análisis y las soluciones del planeamiento urbanístico en todo lo referente al desarrollo temporal de las actuaciones públicas y la colaboración de la iniciativa privada. 4. La gestión de las Áreas de Rehabilitación Preferente podrá adoptar cualquiera de las formas previstas en esta Ley y, en particular, alguna o algunas de las siguientes: a) La Actuación de Rehabilitación Integrada podrá instrumentarse mediante concertación entre las diversas Administraciones Públicas interesadas, en cuyo caso se formalizará como convenio interadministrativo a iniciativa, indistintamente, de la Junta de Comunidades o del Municipio. Las restantes Administraciones Públicas también podrán ser parte de dicho convenio. En el caso a que se refiere el párrafo anterior podrá constituirse para la gestión un consorcio, que tendrá la consideración de Administración actuante. b) La Actuación de Rehabilitación Integrada podrá también formularse a iniciativa de un particular y, en su caso, en el mismo acto de su aprobación adjudicarse a éste las obras para su ejecución. c) En caso de preverse la ejecución mediante obras de urbanización, la Administración actuante podrá convocar concursos para la gestión indirecta de la actividad urbanizadora. d) La Administración actuante podrá convocar concursos para la sustitución de propietarios. Dichos concursos podrán convocarse y adjudicarse conjuntamente con los mencionados en la letra c) o separadamente de ellos. 5. La aprobación de una Actuación de Rehabilitación Integrada comporta los siguientes efectos para los terrenos y edificios incluidos en su ámbito: a) La necesidad de la ocupación a efectos de la aplicación de la expropiación forzosa y la declaración de urgencia cuando así lo determine la resolución o el acuerdo aprobatorios. b) El otorgamiento a la Administración actuante de los derechos de tanteo y retracto en los términos establecidos en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título IV. c) La declaración de la situación de ejecución por sustitución de las obras de edificación y conservación o rehabilitación del propietario incumplidor, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 132, 133 y 140, número 2, letra c), sin necesidad de observar plazos o trámites adicionales ni de dictar órdenes de ejecución al efecto. 6. Reglamentariamente se precisará el régimen de la formulación, tramitación, aprobación y publicación de las Actuaciones de Rehabilitación Integrada.

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del TRLSR

Artículo 7. Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones edificatorias 1. A efectos de esta ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística: a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:

1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. 2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior.

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste.

2. Siempre que no concurran las condiciones establecidas en el apartado anterior, y a los solos efectos de lo dispuesto por esta ley, se entiende por actuaciones edificatorias, incluso cuando requieran obras complementarias de urbanización:

a) Las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente. b) Las de rehabilitación edificatoria, entendiendo por tales la realización de las obras y trabajos de mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes, en los términos dispuestos por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

A las actuaciones sobre núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural les será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores, de conformidad con la naturaleza que les atribuya su propia legislación, en atención a sus peculiaridades específicas.

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Razones Sociales Desde el punto de vista social, las ciudades, al concentrar la mayor parte de la población europea, resultan ser también los lugares donde se manifiestan más intensamente los retos demográficos, los de la inclusión y la cohesión social, la integración de los inmigrantes, el desempleo, la educación, la pobreza, los retos de la multiculturalidad, etc. Estos problemas, agravados por los efectos de la reciente crisis económica, amenazan con mayor intensidad determinados “barrios desfavorecidos dentro del contexto global de la ciudad” profundizando la polarización social y provocando por tanto un mayor riesgo de potencial fractura social. El impulso del empleo, la reducción del abandono escolar y la reducción del riesgo de pobreza son los principales objetivos sociales de la estrategia Europa 2020. Estos objetivos, junto con la puesta en práctica de un conjunto de otras medidas interconectadas, por ejemplo: la integración de los inmigrantes, la igualdad de oportunidades en la educación, la formación orientada a la demanda, la inclusión, la garantía de unos servicios accesibles y asequibles, etc.; así como de otras acciones de corte económico o medioambiental, como la mejora material del entorno construido, son acciones clave para estimular una mayor integración y cohesión social que permitan combatir la segregación espacial y la marginación social. En este sentido, las políticas de vivienda son particularmente importantes: por un lado, una vivienda digna y asequible puede ser considerada como uno de los pilares de las estrategias de inclusión social, especialmente para aquellos con mayor riesgo de exclusión; mientras que, por otro, la renovación, la rehabilitación y modernización de las viviendas y edificios puede ofrecer mejoras considerables y tangibles en la calidad de vida diaria de los ciudadanos; y, por último, pero no menos importante, una política de vivienda socialmente equilibrada puede ayudar también a reducir la polarización social a nivel de barrio.

Promover la Ciudadanía. El barrio

Los barrios carecen normalmente de condiciones suficientes de habitabilidad. La falta de diversidad social y funcional, que resulta del urbanismo vigente y los mecanismos de mercado, conduce a que los barrios no dispongan, muchas veces, de servicios y dotaciones básicos próximos, obligando a la utilización de medios motorizados de transporte, ni provean a los vecinos de un medio ambiente local satisfactorio, y un medio urbano propicio para la integración social, el desarrollo cultural y la localización de actividades económicas apropiadas. Debe reconocerse el papel fundamental que el barrio tiene para la satisfacción del derecho a la ciudad, y las formas en que los ayuntamientos pueden colaborar con el vecindario y los empresarios locales, u otros de la ciudad, para liderar la promoción de actuaciones que faciliten que cada barrio tenga mayor diversidad social y funcional. La edificación existente y la urbanización de los espacios abiertos presenta en muchas áreas necesidades de rehabilitación, y en general falta de adecuación a objetivos de sostenibildad. Los edificios carecen de la suficiente eficiencia en el consumo de energía y agua, y en la disposición de residuos. Los espacios públicos no están adaptados al uso del vecindario, carecen de la suficiente vegetación e interconexión, y están invadidos por el coche con molestias por contaminación, ruido y falta de seguridad.

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El paisaje urbano local no se cuida lo suficiente, y la participación del vecindario en la gestión del espacio público es mínima. Un tema de debate es la mejora de los barrios, su edificación y medio ambiente urbano, con participación del vecindario. Existen ejemplos que deben analizarse, difundirse y mejorarse, como algunas áreas de rehabilitación integral y programas (Barcelona, Bilbao, Valencia, etc.) y de mejora de los espacios públicos y la accesibilidad local (S.Sebastián, Gerona, etc.). La vitalidad de los barrios, de sus actividades económicas sociales y culturales, es esencial para incrementar las relaciones sociales y la integración, fomentando el arraigo y el interés por los temas locales. La constitución de asociaciones para el desarrollo de distintos tipos de actividades y la participación en la gestión de servicios locales, permite una mayor cohesión social y facilita la representación de los distintos intereses locales ante las instituciones, contribuyendo a la mejora de la ciudad. Adaptar la vida social y económica de la ciudad a una población envejecida La mayoría de las ciudades se enfrentan al reto de adaptarse a las necesidades, las demandas y las exigencias de una población envejecida. Incluso las ciudades con un elevado porcentaje de población joven acabará teniendo residentes de edad avanzada que vivirán más años y que estarán acostumbrados a una vida cultural y social de calidad. Una gran parte de esta población de edad avanzada necesitará algún tipo de atención diaria. El envejecimiento afectará a las ciudades de diferentes formas en función del poder adquisitivo, la vitalidad y la implicación de la población de edad avanzada en la sociedad. Al igual que sucede con la diversidad étnica y cultural, una población envejecida pero social, cultural y económicamente activa no debe verse como una desventaja. Mientras que la combinación de poder adquisitivo y el consumo de las personas de entre 50 y 65 años de edad es uno de los motores económicos más fuertes, las personas de más de 65 años exigen más recursos públicos. Las ciudades con buena calidad de vida, especialmente en términos de clima y servicios sociales, culturales y de ocio, tienen el potencial de atraer a personas jubiladas acomodadas, que seguirán contribuyendo a una economía residencial viable. En cambio, es posible que las ciudades menos afortunadas acusen una disminución de las tasas de nacimiento y un éxodo migratorio de la población más activa, lo cual generará un incremento del porcentaje de población de edad avanzada con recursos económicos limitados. El reto de las ciudades con un porcentaje de población inactiva cada vez mayor radica en la reducción de su base impositiva, que deberá hacer frente a un incremento de la demanda de servicios. En el caso de una población en declive, las autoridades locales no solo deberán lidiar con la disminución de los ingresos por vía impositiva, sino también con el cierre de tiendas y de servicios privados y con un parque de viviendas vacías cada vez mayor. Ello conlleva el riesgo de entrar en un círculo vicioso, puesto que la desertización de los barrios aceleraría la pérdida de interés del sector privado. En ambos casos, las ciudades deben satisfacer una creciente demanda de servicios sociales, particularmente en el ámbito sanitario. Deberán adaptar el transporte público y mejorar el acceso a la vivienda y los espacios públicos. Los más ancianos exigirán una atención especial, sobre todo teniendo en cuenta el drástico incremento del número de personas afectadas por enfermedades neurológicas asociadas al envejecimiento.

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Estos cambios demográficos no son totalmente negativos para las ciudades. La necesidad de contar con nuevas formas de servicios y de atención sanitaria avanzada generará oportunidades de empleo y de creación de empresas, además de ampliar las posibilidades de innovación social y de innovación más orientada al mercado. Independientemente del desarrollo directo de servicios para una población en proceso de envejecimiento, hay que tener en cuenta las diferentes necesidades del conjunto de la población. Las Ciudades del Mañana no solo deberán garantizar que las personas de edad avanzada estén bien integradas en la sociedad, sino que también deberán procurar ser atractivas en términos de calidad de vida y oportunidades para los jóvenes, incluidas las familias jóvenes. La creación de las condiciones que favorezcan el intercambio y la integración intergeneracional es básica. Los ancianos podrían tener un papel importante en el sector de las instituciones benéficas, por ejemplo, en facilitar la inclusión de grupos marginados ayudándoles con el refuerzo escolar, tratando con las administraciones, ayudando a los recién llegados a descubrir el patrimonio cultural de la ciudad, etc. La función de las personas de edad avanzada en la integración de migrantes y de grupos marginados podría en cierta medida compensar la falta de recursos públicos y resultar una herramienta efectiva para fomentar el sentimiento de comunidad. Asimismo, contribuiría a incrementar la tolerancia y el respeto hacia los inmigrantes, con lo que se fomentaría la llegada de inmigración para suplir el déficit de población activa. Atraer a los jóvenes y crear espacios para los niños Un enfoque demasiado centrado en las necesidades específicas de las personas de edad avanzada puede repercutir negativamente a la hora de atraer a residentes jóvenes y de fomentar que los jóvenes funden familias e inducir a las familias con niños a trasladarse a las áreas periurbanas. Incluso las ciudades capaces de atraer a las personas jubiladas con recursos necesitarán atraer a población joven para garantizar el buen funcionamiento de los servicios y una mayor prosperidad sostenible a largo plazo. Es evidente que disponer de guarderías y escuelas de calidad y fácil acceso es un factor clave para ese fin. La oferta de vivienda asequible, atractiva y adecuada para las necesidades familiares también es importante, así como las zonas verdes, los parques infantiles y las calles seguras para los niños. Las familias deben poder conciliar la vida laboral y personal, llevar a los niños a las guarderías de camino al trabajo, realizar la compra familiar, llevar a los niños al parque o a pasear en bicicleta por el barrio, etc. Este enfoque orientado a los niños beneficiaría también a la población de edad avanzada y mejoraría el atractivo de la ciudad en su conjunto. Y además fomentaría el incremento de las tasas de fecundidad.

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Mujer y ciudad La complejidad de la doble jornada en desplazamientos, responsabilidades, acceso a servicios y comercios para una mayoría de las mujeres es un hecho. Los estudios de uso del tiempo y del espacio comparados hombre-mujer ofrecen una disparidad enorme entre las pautas de comportamiento de unos y otros que reflejan esta situación. Sin embargo el planeamiento considera un único sujeto de sus análisis y proyecciones: el ciudadano, sin entrar a analizar los diferentes modos de vida y sus implicaciones en el diseño de la ciudad. Esta simplificación es en parte causa de la inadecuación de sus soluciones. Por ejemplo, la ciudad segregada con separación de usos comerciales y residenciales multiplica los desplazamientos y desertiza los espacios públicos, con mayor impacto en el uso del tiempo y en la seguridad de las mujeres. Crear una ciudad para todos, la ciudad cohesionada La ciudad cohesionada no es necesariamente una ciudad con una población homogénea donde reine la igualdad total, sino una ciudad donde todo el mundo sea bien recibido y se respete su integridad. La cuestión de los barrios más pobres o más asequibles debe analizarse desde el contexto de la diversidad y la inclusión. En los barrios excesivamente homogéneos, los estilos de vida diferentes no suelen ser bien acogidos, lo cual no estimula la creatividad. La diversidad debe estimularse en un contexto de interacción y respeto. Algunas ciudades ya aplican estrategias de mezcla social, por ejemplo, las intervenciones en el sector de las viviendas de alquiler. Evolucionar de la tolerancia al respeto, de la cohesión del interior del grupo a la cohesión en el conjunto de la ciudad y de la sociedad, es uno de los principales retos que las Ciudades del Mañana tienen por delante.

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Razones Económicas Desde el punto de vista económico, las ciudades concentran buena parte del capital humano, social, cultural, económico, etc. de Europa, de modo que su optimización y puesta en valor resultan también claves en una estrategia de competitividad global, en la que precisamente el ‘modelo tradicional de ciudad europea’ es uno de los principales activos con que cuenta la UE. Siguiendo la estela de la Cumbre de Río+20, es del todo necesario profundizar en el cambio de modelo productivo hacia la sostenibilidad mediante una economía verde que debe de ser, ante todo, una economía con baja intensidad en materia, en energía y en carbono, en la que el tamaño absoluto de los flujos de materiales se reduzca y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero desciendan, y, donde además, se potencie una dinámica económica generadora de empleo estable, tanto en sectores emergentes como en sectores tradicionales revitalizados mediante nuevos patrones marcados por la ecoinnovación y la sostenibilidad.

Crear una economía flexible e inclusiva. Gestionar las transiciones hacia una economía local viable.

¿Hasta qué punto son capaces las ciudades de modificar la trayectoria de su desarrollo o de cambiar de trayectoria radicalmente? En primer lugar, los determinantes de las trayectorias deben identificarse teniendo en cuenta el potencial de desarrollo de la ciudad. Al analizar este potencial, no basta con entender únicamente los rendimientos de los sectores público y privado – que disponen de sistemas de contabilidad y son medibles mediante indicadores convencionales – sino que también hay que incluir los bienes colectivos y las externalidades positivas, es decir, las fuentes complementarias no monetarias del bienestar. Ambos generan conjuntamente un excedente urbano. Se busca evitar desvincular el desarrollo económico y social de la creciente polarización en las ciudades, es preciso contar con nuevos paradigmas de desarrollo económico que refuerce el papel de la economía urbana estatal. Una economía de este tipo no dependería únicamente de los sectores orientados a la exportación sino que se basaría mayormente en el desarrollo de los recursos endógenos. Las ciudad no pueden esperar que el desarrollo económico se produzca espontáneamente como consecuencia de inversiones exteriores (infraestructuras, traslados de empresas, etc.), si no que tal desarrollo ha de responder a un proceso de dinamización social que aproveche los propios recursos. (…) Estimular la creación del empleo, el espíritu emprendedor y la creación de un capital de talento local diverso. Las ciudades experimentan serios problemas para transformar o cambiar su trayectoria de desarrollo. Probablemente, es ilusorio pretender que un sector de servicios basado en el turismo pueda reemplazar al sector industrial. Un enfoque demasiado basado en la competitividad puede correr el riesgo de favorecer únicamente inversiones en las partes más céntricas de las ciudades. El desarrollo empresarial mediante inversiones directas también puede significar una dependencia de mano de obra cualificada externa en lugar de crear oportunidades de empleo para la población local. En especial, existe el riesgo de desvincular a la economía y la sociedad local de la economía global, dejando partes de la población al margen de estas inversiones y excluidas de la economía.

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El sector industrial seguirá siendo importante para muchas ciudades, pero la deslocalización persistirá con la globalización y el tejido industrial europeo seguirá erosionándose. Sin embargo, la deslocalización también afecta al sector servicios, puesto que este depende de la base industrial. Es crucial que las ciudades adapten su fuerza de trabajo a las nuevas oportunidades de empleo y modernicen el sector industrial al máximo a fin de contar con una base económica más diversificada. Para diversificar su economía, las ciudades deberán fomentar la innovación a todos los niveles, creando un entorno emprendedor favorable y estimulando la educación, el empleo y el debate sobre cuestiones sociales para evitar la marginación de los grupos vulnerables. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Se trata de un proceso a largo plazo, especialmente en los casos en que se parte de una economía unisectorial. Desarrollar el capital social El desarrollo de capital social es fundamental para el desarrollo de economías locales diversificadas e intensivas en conocimiento. El capital social no solo tiene que ver con la educación y los conocimientos, sino también con la capacidad de las personas de confiar en los demás, de estar dispuestas a cooperar y a participar en debates y en redes sociales, así como de ser proactivas para abordar retos y trabajar para conseguir objetivos comunes. El capital social es básico para fomentar la capacidad emprendedora y la creación de pequeñas empresas. El capital social capital también es un ingrediente básico para poder aprovechar las capacidades locales y el desarrollo de los aspectos más locales e informales de la economía. Permite mejorar la calidad del consumo y la demanda locales, y enfocar el desarrollo hacia una economía intensiva en conocimiento. También puede ser un motor de innovación social y esta, a su vez, puede constituir una herramienta importante a la hora de fomentar el capital social. Por consiguiente, el capital social es un factor clave para el atractivo de una ciudad. El número de puestos de trabajo en la ciudad de Cuenca por cada 100 habitantes no es de los más bajos de entre las 85 grandes áreas urbanas en las que se agrupan los casi 750 municipios con más de 50.000 habitantes en España, (en 2012 siendo la primera ciudad del ranking Toledo con 59 empleos cada 100 habitantes, Cuenca ocupaba el 16 lugar con 46 empleos por 100 habitantes, Gerona, Teruel, Mérida, Huesca, Jaén, Soria, Santiago de Compostela, Lugo, Ciudad Real, El Ejido, Lleida, Vitoria, Pamplona, Burgos, por delante). El principal problema estriba en la cualidad del empleo existente (sin olvidar a todos y cada uno de los que ni siquiera tienen acceso a un empleo precario). La excesiva terciarización de la actividad, históricamente en un terciario no cualificado dependiente en exceso de los servicios de la administración, y el bajo índice de emprendimiento en la ciudad son alguna de las causas que explican la situación actual. La falta de oportunidades para "profesionales" y jóvenes determina que la ciudad poco a poco se esté descapitalizando "de talento" y esto es un drama. (...) La construcción de un nuevo modelo económico que procure equilibrar la preponderancia actual del sector terciario, el fomento del emprendimiento con base tecnológica como fórmula para la regeneración del tejido socio-económico conquense, la lucha contra la obsolescencia del espacio público, la apuesta por la rehabilitación energética de nuestras edificaciones y el cuidado de nuestros recursos naturales.

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El fortalecimiento de nuestro capital humano y la apuesta decidida por la innovación serán elementos clave del nuevo modelo. (...) Mejorar el ambiente productivo (formación, tecnología, tejido industrial, infraestructuras, medio físico, etc), especialmente actuar sobre el tejido empresarial para que sea diverso y eficiente capaz de utilizar los recursos locales abasteciendo los mercados próximos e integrando las actividades económicas en otros circuitos globales.  

Las nuevas tecnologías permiten a estas áreas periféricas desarrollar estrategias dinámicas, mejorando sus ambientes productivos para facilitar la atracción de capacidad de innovación, industrialización difusa, etc. (Industrialización Difusa: Combinación, por una misma familia, del trabajo en la pequeña industria con la explotación agrícola. Este modelo se caracteriza por una base industrial formada por pequeñas y medianas empresas en lugar de grandes concentraciones industriales. Enmarcada por pueblos y pequeñas ciudades que conforman un ámbito urbano-rural indiferenciado que permite la combinación de ambos sectores).

(…) La rehabilitación edificatoria, la mejora física y la modernización de las infraestructuras son no solamente algunos de los requerimientos esenciales para el atractivo de las ciudades, sino también sectores bastante intensivos en mano de obra, que por tanto pueden convertirse en nuevos yacimientos de empleo capaces de ayudar a absorber parte de la mano de obra desempleada, especialmente la del sector de la construcción de obra nueva (que atraviesa una profunda crisis en varios Estados Miembros). Se trata además de un sector más especializado, bastante adecuado a la formación de pequeñas y medianas empresas de base local y con un cierto arrastre sobre la innovación y la industria. Impulsar la rehabilitación constituye una gran oportunidad de crear empleo. Se estima que el apoyo público requerido para crear cada nuevo empleo en rehabilitación de hogares españoles es de 13.500 a 14.500 euros, mientras que el coste medio del subsidio de un parado es de unos 19.991 euros anuales. (…) del Artículo 29 del texto refundido de la ley del suelo y la rehabilitación. Artículo 29. El Informe de Evaluación de los Edificios. 1. Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva podrán ser requeridos por la Administración competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente, para que acrediten la situación en la que se encuentran aquéllos, al menos en relación con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el grado de eficiencia energética de los mismos. 2. El Informe de Evaluación que determine los extremos señalados en el apartado anterior, identificará el bien inmueble, con expresión de su referencia catastral y contendrá, de manera detallada: a) La evaluación del estado de conservación del edificio. b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.

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c) La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente. Cuando, de conformidad con la normativa autonómica o municipal, exista un Informe de Inspección Técnica que ya permita evaluar los extremos señalados en las letras a) y b) anteriores, se podrá complementar con la certificación referida en la letra c), y surtirá los mismos efectos que el informe regulado por esta ley. Asimismo, cuando contenga todos los elementos requeridos de conformidad con aquella normativa, podrá surtir los efectos derivados de la misma, tanto en cuanto a la posible exigencia de la subsanación de las deficiencias observadas, como en cuanto a la posible realización de las mismas en sustitución y a costa de los obligados, con independencia de la aplicación de las medidas disciplinarias y sancionadoras que procedan, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística aplicable. 3. El Informe de Evaluación realizado por encargo de la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios que se refieran a la totalidad de un edificio o complejo inmobiliario extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes. 4. El Informe de Evaluación tendrá una periodicidad mínima de diez años, pudiendo establecer las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos una periodicidad menor. 5. El incumplimiento del deber de cumplimentar en tiempo y forma el Informe de Evaluación regulado por este artículo y la disposición transitoria segunda tendrá la consideración de infracción urbanística, con el carácter y las consecuencias que atribuya la normativa urbanística aplicable al incumplimiento del deber de dotarse del informe de inspección técnica de edificios o equivalente, en el plazo expresamente establecido. 6. Los propietarios de inmuebles obligados a la realización del informe regulado por este artículo deberán remitir una copia del mismo al organismo que determine la Comunidad Autónoma, con el fin de que dicha información forme parte de un Registro integrado único. La misma regla resultará de aplicación en relación con el informe que acredite la realización de las obras correspondientes, en los casos en los que el informe de evaluación integre el correspondiente a la inspección técnica, en los términos previstos en el último párrafo del apartado 2, y siempre que de éste último se derivase la necesidad de subsanar las deficiencias observadas en el inmueble. Disposición transitoria segunda. Calendario para la realización del Informe de Evaluación de los Edificios. 1. Con el objeto de garantizar la calidad y sostenibilidad del parque edificado, así como para orientar y dirigir las políticas públicas que persigan tales fines, y sin perjuicio de que las comunidades autónomas aprueben una regulación más exigente y de lo que dispongan las ordenanzas municipales, la obligación de disponer del Informe de Evaluación regulado en el artículo 29, deberá hacerse efectiva, como mínimo, en relación con los siguientes edificios y en las fechas y plazos que a continuación se establecen: a) Los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que a fecha 28 de junio de 2013, tuvieran ya una antigüedad superior a 50 años, el día 28 de junio de 2018, como máximo. b) Los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que vayan alcanzando la antigüedad de 50 años, a partir del 28 de junio de 2013, en el plazo máximo de cinco años, a contar desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad.

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Tanto en los supuestos de esta letra, como en los de la letra a) anterior, si los edificios contasen con una inspección técnica vigente, realizada de conformidad con su normativa aplicable, antes del 28 de junio de 2013, sólo se exigirá el Informe de Evaluación cuando corresponda su primera revisión de acuerdo con aquella normativa, siempre que la misma no supere el plazo de diez años, a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si así fuere, el Informe de Evaluación del Edificio deberá cumplimentarse con aquellos aspectos que estén ausentes de la inspección técnica realizada. c) los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, en fecha anterior a la formalización de la petición de la correspondiente ayuda. d) El resto de los edificios, cuando así lo determine la normativa autonómica o municipal, que podrá establecer especialidades de aplicación del citado informe, en función de su ubicación, antigüedad, tipología o uso predominante. El informe abre las puertas de par en par a la intervención privada.

En 2013 el número de edificaciones en Cuenca sujetas a la obligación de realizar la ITE ascendía a cerca de 4000.

Requeridas a tal efecto, aproximadamente 1500 de ellas acreditaron su realización (con un resultado de 150 Inspecciones Desfavorables) mientras que 2500 no atendieron a dicho requerimiento.

Resulta imprescindible realizar un INVENTARIO DE LA EDIFICACIÓN actualizado que efectivamente permita orientar la gestión de las políticas urbanísticas del municipio.

El Informe de Evaluación de la Edificación creado por la Ley del Suelo Estatal puede ser un buen punto de apoyo.

(…)

Cifras clave sobre la eficiencia energética. Los edificios son responsables del 40 % del consumo energético de la UE y del 36 % de las emisiones de GEI

El 92 % del parque inmobiliario existente en 2005 seguirá en pie y en uso en 2050

La factura energética media de consumo doméstico aumentará previsiblemente en un 40 % de aquí a 2050 Por cada millón de euros invertido en medidas ambiciosas de eficiencia energética se crearían 19 puestos de trabajo Por cada millón de euros invertido en la mejora de la eficiencia energética de los edificios aumentaría en 5 millones de euros el presupuesto disponible La eficiencia energética puede reducir los costes sanitarios hasta 42 euros por cada 100 euros invertidos

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La rehabilitación energética puede crear un mercado que mueva entre 2.000 y 10.000 millones anuales La rehabilitación energética de edificios puede crear un nuevo mercado que genere unas inversiones de entre 2.000 y 10.000 millones anuales entre 2014 y 2050. La rehabilitación energética puede revalorizar hasta un 10% una vivienda En muchos casos, la inversión en rehabilitación puede retornarse con los ahorros en la factura de energía de la vivienda. Y en el resto eso sucederá a medida que suban los precios de la energía. Pero hay otros factores que hacen interesante la rehabilitación energética mucho antes. (…) Aparte de los retornos en actividad económica, está la ‘Plusvalía Verde’: el incremento del precio de las viviendas energéticamente más eficientes. (…) Hacer de la ciudad consolidada un espacio más útil y valioso para residentes, visitantes, propietarios de negocios y bienes raíces, visualizándola como un sitio ideal para trabajar, comprar, jugar, vivir y aprender, es el reto que afrontamos. Ello coadyuvará sin duda a desarrollar la potencialidad de nuestra ciudad como destino “Turístico Excelente”. El desarrollo turístico sostenible del municipio debe ser no sólo un deseo, cuya operatividad presenta dificultades, sino una estrategia explícita, necesaria para insertar el turismo en un marco de compatibilidad con el patrimonio, con el medio ambiente, con la sociedad y con la economía. El turista es un gran consumidor de bienes y servicios, su presencia dinamiza los diversos sectores de la vida de la ciudad, genera riqueza y empleo e introduce nuevas modalidades en el consumo y en el uso del suelo. El turismo, además de incrementar la renta de la población local, también genera un aumento de los ingresos de las corporaciones locales. Su desarrollo puede contribuir a la revitalización económica de los destinos y sus entornos, ahora bien, también tiene su lado oscuro. Cuando la economía depende en exceso de esta actividad, se expone a serios peligros puesto que una disminución de la afluencia de visitantes o del gasto turístico puede provocar una crisis en el sistema productivo. A la oferta de empleo generada en las actividades directamente servidoras del turismo, hay que sumar el empleo indirecto generado en aquellas empresas que prestan bienes y servicios al sector. Se estima que por cada empleo directo creado en el turismo, se generan 1,2 empleos indirectos y 1,5 empleos inducidos. (...) Todo ello plantea la necesidad de prever suelos para nuevos usos e infraestructuras relacionados con la demanda turística. El turismo constituye un elemento fundamental en la vida y en la economía de los destinos patrimoniales y de ahí deriva la necesidad de prestarlo más atención, no dejarlo a su suerte, y considerar sus múltiples implicaciones. Sin embargo debe evitarse a toda costa el denominado “turismo de masas”. La capacidad de acogida de los “destinos patrimoniales”, como es nuestra ciudad, es limitada debido principalmente al hecho de que sus recursos, el patrimonio natural y cultural, y sus estructuras físicas, son muy frágiles y además no renovables.

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Nuestra ciudad tiene una estructura urbanística, patrimonial y medioambiental de gran singularidad que también impone fuertes condicionantes, especialmente en los temas relacionados con la accesibilidad, la movilidad, la recuperación funcional o la intervención arquitectónica. Nos proponemos fortalecer la función “Turística” en nuestra ciudad pero en todo caso supeditándola a la conservación de los valores y singularidades, urbanísticas, medioambientales y culturales de la ciudad, de modo que la citada función turística se integre armoniosamente y se convierta en una aliada de la pretendida recuperación urbana de la ciudad. (…) El comercio local debe ser también considerado como elemento dinamizador de la economía de nuestro municipio. Sin embargo es evidente la profunda crisis que dicho sector atraviesa en la actualidad, siendo necesario y urgente acometer una profunda reconversión del sector tendente a potenciar la innovación y la competitividad en el pequeño comercio.

(...) El ayuntamiento aspira a colocar a Cuenca en una buena situación dentro del emergente sector de las energías renovables, que ya contribuye alrededor de un quinto del PIB manchego. Las energías renovables son un sector que creció con fuerza en la primera década del siglo XXI y ya genera el 15% de toda la energía producida en la región, con su sector eólico afianzado como líder nacional en potencia instalada. La lectura de los planes de fomento de las energías renovables tanto regionales como nacionales sugiere que el sector va a continuar su expansión en el futuro. Si se unen estas perspectivas favorables con la situación de liderazgo de Cuenca en patrimonio forestal europeo y su utilización como posible base de especialización en la tecnología de producción energética por biomasa, se comienza a perfilar un filón de competitividad para Cuenca con respecto a otras ciudades que se ve sólo debilitado por retos en materia de capital humano.

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Sociedad del Conocimiento Las administraciones públicas deben favorecer la I+D+I en el ámbito del urbanismo y las políticas urbanas, mediante la asignación de recursos y medios suficientes para ello, haciendo especial hincapié en el desarrollo de marcos de referencia, instrumentos e indicadores para la evaluación empírica de la calidad de vida y el espacio urbano a todas las escalas y en todas sus dimensiones, con el fin de renovar y realimentar de forma continua y con bases objetivas los criterios de las políticas urbanas. Utilizar la tecnología para fomentar la innovación y la inteligencia colectiva. Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y tecnologías específicamente urbanas pueden aportar soluciones a muchos de los retos urbanos, que abarcan desde soluciones puramente tecnológicas en el campo de la eficiencia energética urbana, la energía renovable, el transporte o la seguridad hasta soluciones más inmateriales para fomentar la interacción social, la participación ciudadana o los sistemas de gestión global para las administraciones municipales. Los responsables de la gestión urbana deben evitar caer en la trampa de visiones sectoriales basadas exclusivamente en la tecnología. La dimensión sistémica de los problemas y el elevado grado de incertidumbre actual reclaman una comprensión afinada de los retos y de las posibles respuestas tecnológicas en un contexto social más amplio. Control, seguimiento, monitoreo y evaluación de las restricciones y logros obtenidos para garantizar una gestión efectiva. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de la política urbana y ambiental, gestionando la información con criterios de accesibilidad y relevancia, considerando que la información es una oportunidad para conocer con mayor certeza la realidad que viven municipios y sus habitantes; establecer mecanismos de seguimiento para apoyar la toma de decisiones con una perspectiva estratégica y a largo plazo; desarrollar un sistema de indicadores urbanos que permitan evaluar el pulso de la ciudad en el tiempo; y promover la comparativa entre ciudades a través de indicadores comunes. (...) Los datos tienen sentido, sirven para algo, cuando son transformados en información Sólo hay información cuando un sistema observador dispone de criterios de relevancia y es capaz de conferir a los datos una relevancia concreta. Una organización debe tener procedimientos de observación y criterios de relevancia para la construcción de informaciones; sólo así podrá generar, a partir de un océano de datos, informaciones útiles para la estrategia y los fines de la organización en el contexto relevante (...) Hacerse cargo del contexto es la operación más propia de la inteligencia, aquella que no puede ser sustituida por un mecanismo o regla exacta. Y es que la verdad que pretendemos, como el bien y la justicia, no son asuntos de precisión matemática sino que están inscrito en un contexto vital sin el que resultan ininteligibles

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(...) Las sociedades contemporáneas tienen que desarrollar no sólo la competencia para solucionar problemas sino también la capacidad de reaccionar adecuadamente ante lo inesperado. (…) Por la propia idiosincrasia de la sociedad del conocimiento, el proceso de desarrollo del planeamiento se plantea como una oportunidad de tecnificación, de implantación efectiva de los instrumentos propios de la sociedad de la información (redes sociales, internet, infraestructuras de datos espaciales,…) e incorporación de la e-administración. El proceso de Planificación de la ciudad que se propone supone una oportunidad para mejorar las relaciones de la administración con el ciudadano a través de una revisión pragmática de los procesos de trabajo que permitan una mejor accesibilidad de estos a los procesos de toma de decisión que los vinculan. (...) Incorporar la información más relevante de las AL21, para la elaboración de indicadores de sostenibilidad local, en aras a garantizar su coordinación y su conocimiento por los distintos agentes. Información relativa Patrimonio Natural y especialmente respecto a los catálogos propuestos por la Ley en distintas materias. Catálogos del Paisaje. Inventarios de Edificaciones Implantación y gestión del informe del estado del edificio Registro de certificaciones energéticas Catálogos de Infraestructuras y Equipamientos Locales Inventarios de Patrimonio Cultural Inventarios de Patrimonio Público de suelo Creación del Registro de solares Catastro y cartografía urbana (...) Medidas de: Ocupación del suelo (Catálogo) Compacidad y funcionalidad Complejidad Urbana Movilidad y Servicios Eficiencia Metabólica Espacios Verdes y Biodiversidad Espacio Público y habitabilidad Confort Térmico. Energía Dotación de Equipamientos Cohesión Social Gestión y Gobernanza Hoy, Es absolutamente imprescindible recopilar y agrupar el conjunto de datos de explotación de la ciudad, de modo y manera que puedan ser tenidos en cuenta de forma "sistemática" en la toma de decisiones futuras y el seguimiento y gestión de los resultados de las mismas.

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En el art.15.5 del R.D 2/2008 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo, (hoy apartado 6 del artículo 22 del RDL 7/2015 TR de la Ley del Suelo y la Rehabilitación determina que los Ayuntamientos con población igual o superior a 5.000 habitantes en todo caso, deben elaborar anualmente un informe de seguimiento de la actividad urbanística de su competencia, considerando la sostenibilidad ambiental y económica de la misma, con contenido mínimo que se indica en el citado artículo. Lamentablemente, en la ciudad de Cuenca hasta la fecha, no se dispone de informe alguno en este sentido. (...) Sólo se puede cambiar lo que se puede medir y los cambios son realizables si es posible medir a través de indicadores que sean relevantes para la organización (ciudad) y para sus miembros

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CIUDAD INTELIGENTE Y DIGITAL En Junta de Gobierno Local de 29 de Marzo de 2016, el Ayuntamiento de Cuenca acordó solicitar su adhesión a la Red Española de Ciudades Inteligentes, con la finalidad de "promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios". (...) Proyecto Smart City Amsterdam (ASC). Prevé reducir el 40% de las emisiones de gases efecto invernadero y un 20% el consumo energético de las ciudades. Europa también está llevando a cabo enormes esfuerzos para no quedarse a la cola en materia de sostenibilidad y desarrollo inteligente. Amsterdam es el gran ejemplo a seguir, con un proyecto que involucra a instituciones, comercios y ciudadanos para implementar nuevas infraestructuras y hábitos que permitan mejorar los índices de consumo y eficiencia de la ciudad. (…) Barcelona: Reprogramando la era de las urbes 3.0 Las farolas se apagan si no detectan a ningún transeúnte y las ambulancias llegan con mayor celeridad gracias a las alertas que reciben a través de varios sensores colocados estratégicamente en la calzada. Son soluciones reales y aplicables a ciudades como Barcelona. De hecho la capital catalana se convierte en la primera en acoger un Salón Internacional dedicado a las ciudades inteligentes con la celebración del Smart City Expo & world congress. La feria defiende a capa y espada la nueva filosofía de aplicar la tecnología para gestionar de forma más eficiente y sostenible los espacios urbanos. (...) En primer lugar hay que entender las claves de las urbes 3.0: Son aquellas ciudades que integran los conceptos, recursos y herramientas disponibles en áreas como la movilidad, el medio ambiente, la eficiencia energética y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estos aspectos junto con la planificación urbanística, la economía del conocimiento y la gestión demográfica se deben orientar hacia el desarrollo urbano sostenible y de calidad para sus habitantes. Este tipo de entornos fomentan la aparición de iniciativas empresariales innovadoras y atrae a profesionales de sectores económicos de alto valor, lo que favorece la economía del conocimiento, retroalimenta el sistema y garantiza el desarrollo económico a largo plazo. (...) Financiación. A pesar de la crisis que sufre la economía española, muchas ciudades se encuentran desarrollando proyectos para la mejora de sus infraestructuras urbanas. Un aspecto común a todas ellas es que han apostado por soluciones respetuosas con el medio ambiente, ya que los ahorros generados suelen ayudar a financiar buena parte de estas iniciativas en un periodo de tiempo razonable. Para Rosa García, presidenta de la filial española de Siemens, estos proyectos tienen todo el sentido del mundo, pues "sólo las ciudades que sean capaces de anticiparse a las necesidades futuras de sus habitantes ocuparán los primeros puestos en los rankings de las mejores ciudades para vivir y tendrán un papel vital en el desarrollo económico del país".

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(...) "Esto supondrá también una mayor calidad de vida y oportunidades de desarrollo para sus ciudadanos. Por ello se debe crear un debate abierto entre los habitantes de cada ciudad para decidir qué soluciones van a adoptarse para hacer de su entorno una ciudad más sostenible a nivel económico y social", añade. (…) Los edificios pueden ahorrar dinero Los edificios son responsables del 40% del consumo de energía mundial. Solamente la iluminación representa casi la mitad de esta cifra. Siemens recuerda que hoy la tecnología permite aplicar a edificios ya existentes innovadores sistemas de control y automatización, lo cual aumenta sustancialmente la eficiencia energética, con el ahorro de costes asociado. Cualquier inversión en tecnologías de este tipo se amortizará en pocos años, produciendo un efecto positivo permanente en el balance financiero de la empresa y en el propio planeta. La iluminación con tecnología LED, por ejemplo, puede lograr hasta un 80% de ahorro de energía en comparación con las bombillas convencionales. La monitorización automática del uso de las habitaciones y el control del uso de la luz es otro factor clave para hacer que la iluminación sea mucho más eficiente. "Si se integrasen sistemas inteligentes de iluminación, datos, clima y seguridad, el consumo energético de los edificios podría reducirse hasta en un 40%." Otra solución es el control dinámico de la temperatura y la iluminación. Si no hay nadie en una sala funcional, puede reducirse la cantidad de calefacción o refrigeración sin sacrificar la comodidad. Esto puede proporcionar unos ahorros operativos generales del 20% al 30%. En materia de seguridad, los sistemas de detección de incendios hacen posible una evacuación ordenada y completa (apertura automática de persianas, puertas y ascensores, avisos en diferentes idiomas). Todos los aspectos del confort, protección, seguridad y consumo de energía de los edificios pueden controlarse desde un único lugar. Redes inteligentes Encender la lavadora cuando la electricidad es más barata Para cumplir con las necesidades crecientes de energía, las redes de distribución de hoy y de mañana deben ser capaces de integrar todas las formas de generación, así como asegurar flujos bidireccionales de comunicaciones y de energía. Las redes inteligentes también conocidas como "smart grids" ayudan a que sea posible generar y usar la energía eficientemente y bajo demanda. Contribuyen a la electrificación de los ferrocarriles y también al suministro de empresas industriales, elementos de infraestructura y ciudades enteras. Una red inteligente permite la comunicación entre el consumidor y las empresas eléctricas en tiempo real y optimizar el consumo de energía de acuerdo con criterios medioambientales y de precio. Esta tecnología permitirá, por ejemplo, que nuestro coche consuma o aporte energía a la red según las necesidades o que alguno de los electrodomésticos de casa se conecten automáticamente en el momento en el que el coste de la electricidad es más barato.

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Transporte Localizar una plaza de aparcamiento con el móvil Cuando se pregunta a los ayuntamientos sobre la inversión en infraestructuras más urgente para mejorar la sostenibilidad de sus ciudades, estos citan de manera abrumadora el transporte. Las ciudades no pueden funcionar sin un sistema de transporte público rápido, eficiente y asequible. El uso de vehículos privados es una de las principales causas de la emisión de CO2 que éstas desean frenar. El transporte es un campo importante y los obstáculos para mejorar la situación de las ciudades suelen ser enormes, siendo la falta de financiación el primero de ellos. No obstante, Siemens asegura que las nuevas tecnologías se amortizan en un período de tiempo muy corto. Gestión del agua. Manejo eficiente de un bien escaso En la mayoría de las ciudades, tendemos a dar por hecho el suministro de agua. Los ayuntamientos, sin embargo, son conscientes de los numerosos problemas que conlleva. Es caro: normalmente el 35% de la factura de electricidad de un municipio corresponde al agua y al tratamiento de aguas residuales. Está anticuado: un alto porcentaje de las infraestructuras mundiales asociadas tienen más de 30 años. Además, cada vez más ciudades sufren cortes de servicio. Frente a esta situación, Siemens dispone de soluciones para que las ciudades actúen frente al envejecimiento de las centrales, el mayor endurecimiento de la legislación, el aumento de los costes de la energía, el recorte de opciones para la eliminación de bio-sólidos y la escasez de fuentes de suministro. Pero ¿CUAL DEBE SER EL ENFOQUE CORRECTO?: Es absolutamente necesario que paremos de utilizar la tecnología solo para incrementar el consumo. Utilicémosla para facilitar procesos de aprendizaje y de auto-organización. Como lugares de alta concentración de capital social y económico esencialmente dinámicos e innovadores, las ciudades han sido desde siempre escenarios privilegiados para la aplicación de las elaboraciones tecnológicas más avanzadas. Es en este contexto es donde ha de enmarcarse el desarrollo de las TIC aplicadas a la gestión urbana cuyo resultado se conoce como "smart cities". Se trata por tanto, más que de un fenómeno nuevo, de la continuación de una larga tradición de implementación de avances tecnológicos en las ciudades, como en su época pudieron ser la red de alcantarillado, el alumbrado eléctrico o el ferrocarril suburbano, si bien en este caso con rasgos diferenciadores vinculados principalmente a la celeridad de su crecimiento, evolución y expansión por la red urbana global. Dejando de lado los evidentes intereses comerciales vinculados a la promoción de la marca, desde el punto de vista de la práctica y la teoría urbana lo que interesa saber es si lo smart aplicado a las ciudades va a traducirse en un avance hacia la «sostenibilidad» de los sistemas urbanos o, por el contrario, va a empujarlas un poquito más hacia la catástrofe económica, social y ambiental.

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Y es que la alucinación que producen estas rutilantes tecnologías, envueltas en la etiqueta de modernidad, puede ocultar prácticas absolutamente irracionales en términos de eficiencia urbana. Se puede, por ejemplo, implantar un sistema que permita al conductor conocer en tiempo real la situación exacta de las plazas de aparcamiento libres en un radio determinado, y al evitar las vueltas y más vueltas, reducir el consumo energético y la generación de CO2. Es posible también poner en marcha una aplicación que permita, a través de telefonía móvil, conocer la situación del autobús que se está esperando y el tiempo estimado de llegada a la parada. Dos prestaciones típicas de una smart city que serían saludadas con alborozo por los cierres de los telediarios y en las jornadas que cada vez con mayor frecuencia se organizan sobre el tema, pero con impactos totalmente opuestos sobre el ecosistema urbano. La tecnología y la rapidez de las redes permiten monitorizar en directo todo lo que acontece en una ciudad, a cualquier hora y desde cualquier lugar. ¿Cómo? El teléfono inteligente permite ya, con un dedo, dar a conocer cualquier incidencia. Los municipios irán adaptándose para integrar las redes de telecomunicaciones en todo el entramado urbano para transmitir datos en tiempo real. Eso, en la práctica, se traducirá en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. “Las smart cities están trabajando para lograr un mayor nivel de inteligencia en las operaciones de la ciudad, lo cual permitirá predecir y prevenir ciertas situaciones antes de que sucedan y afecten en la vida de los ciudadanos”. “Se puede ofrecer una mejor prestación de los servicios sanitarios y sociales, dado que el personal médico tiene un mayor conocimiento del estado de salud de los pacientes, o un mejor acceso a la educación en las poblaciones marginadas. También se puede facilitar la creación de barrios más seguros, gracias a una localización de los puntos con mayor índice de delincuencia que pueda evitar los crímenes antes de que sucedan” por ejemplo. (...) Más inteligencia social entendida como fomento de la identidad propia, inclusión de la diversidad, desarrollo del capital humano y social, fomento de la cultura. Más inteligencia económica en términos de competitividad de las actividades productivas, incentivación del espíritu emprendedor y apuesta por la innovación. Más inteligencia ambiental que se demuestra en el cuidado de los recursos naturales, la apuesta decidida por la energética, el trabajo por mitigación y adaptación de los efectos del calentamiento global, y el desarrollo sostenible. Más inteligencia en el transporte, la movilidad, la accesibilidad, la dotación de servicios de banda ancha, la apuesta por las TICs.

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NO HAY CIUDADES INTELIGENTES SIN CIUDADANOS INTELIGENTES “EL BUEN USO DE LA TECNOLOGÍA HACE VIABLES LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS.” David Tapias. Fundador y Director de Sigma Technologies S.L. “A VECES LA TECNOLOGÍA ES NUESTRA ÚNICA OPORTUNIDAD, PORQUE HACE ACCESIBLE EL CONOCIIENTO SOBRE LO QUE NOS PASA; ESO A ALGUNOS NOS PERMITE VIVIR” Marian Díaz. Miembro de la Asociación SFC-SQM Madrid. (Asociación de enfermos afectados por el síndrome de fatiga crónica y por el síndrome de sensibilidad química múltiple). “LAS TIC DIRIGIDAS AL COLECTIVO DE PERSONAS SORDAS SUPONEN UN VERDADERO LOGRO EN EL ESFUERZO POR CONSEGUIR UNA SUPRESIÓN REAL DE LAS BARRERAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN” Jorge Sánchez. Coordinador del Servicio SVisual. Fundación CSNE.

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Razones de Participación Ciudadana El conocimiento y la discusión transparentes del funcionamiento integrado de la ciudad como proyecto, es el principal medio para acometer la necesaria reformulación conjunta de las metas de habitabilidad y sostenibilidad y proceder a la revisión de los actuales estándares y normativas para hacerlos acordes con los nuevos propósitos. La ciudad solo puede ser espacio de libertad individual, de cohesión social y un lugar de progreso económico-social si se dan las condiciones mínimas de participación cívica.

(…) Desarrollar nuevas formas de innovación social y económica, convirtiendo la ciudad en un laboratorio urbano donde experimentar la creatividad de la ciudadanía, impulsar la socialización de la innovación entre personas y organizaciones y promover la creación de escenarios de convivencia más sostenibles. Del libro "La Democracia del Conocimiento" de Daniel Ineraty, Una sociedad del conocimiento se caracteriza por el hecho de que el conocimiento necesario para sus operaciones ya no está basado principalmente en la experiencia, sino que es generado a través de procesos activos de aprendizaje. En una sociedad del conocimiento la gestión de los aprendizajes es más importante que la administración de los saberes. Las innovaciones sociales se llevan a cabo bajo el imperativo del aprendizaje dirigido por la experiencia activa: para poder actuar estratégicamente el futuro es anticipado mediante modelos y simulaciones, se investigan sistemáticamente las desviaciones respecto de los resultados esperados, los datos se procesan y se elaboran. El gran desafío de la sociedad del conocimiento es la generación de inteligencia colectiva. Una sociedad del conocimiento es, desde este punto de vista, una sociedad especialmente interesada no tanto en que sus componentes sean inteligentes como en que lo sea la sociedad en su conjunto. Una sociedad del conocimiento no es aquella en la que la ciencia tiene una gran importancia sino aquella en la que el saber tiene una gran importancia. No se entiende bien la sociedad del conocimiento cuando no se tiene en cuenta que en ella, en su dinámica y en sus conflictos, comparecen una gran variedad de tipos de saber, en parte, concurrentes. Por eso las políticas del conocimiento deben establecerse como políticas de la diversidad del conocimiento que incluyan la pluralidad de actores y escenarios en los que se llevan a cabo los procesos de la interpretación y la negociación. En la sociedad del conocimiento, las posibilidades da acción de los individuos y los pequeños grupos de personas se han empleado considerablemente.

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En la medida en que crecen las oportunidades de muchos para participar efectivamente disminuye la capacidad de otros para imponer su voluntad. Con la sociedad del conocimiento estamos en una situación en la que ocurre que ya no unos pocos actores lo controlan casi todo, sino más bien que muchos controlan más bien poco. El saber, entendido como la capacidad de comprender el entorno a través de la acumulación intencional de experiencias concretas y mediante la reflexión abstracta 1) es cada vez menos un producto exclusivo de los expertos y más el resultado de una constitución social 2) tiene una mayor conciencia de sus propias limitaciones y de que viene inevitablemente acompañado de un creciente no-saber En la sociedad del conocimiento el saber se ha convertido en un elemento no sólo de productividad económica, sino también de una creciente importancia para la legitimación social de las decisiones políticas. El saber que la gobernanza democrática requiere se inscribe en este nuevo contexto. La gobernanza debe ser entendida como un proceso de coordinación reflexiva, como comunicación. Si alguna exigencia se impone especialmente en nuestras sociedades es la de modificar las reglas que organizan el aprendizaje colectivo y elevar programáticamente sus mecanismos de autoobservación para aumentar su capacidad de aprender. Se trata de aprender bajo condiciones de gran incertidumbre, lo que es una tarea difícil y no exenta de controversias. La discusión política debe generar saber y no sólo táctica. La inteligencia colectiva y la innovación son las competencias fundamentales de una sociedad. La principal función del gobierno en la sociedad del conocimiento consiste precisamente en establecer las condiciones de posibilidad de la inteligencia colectiva.

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Del PGOU de 1996, Art. 1.4. de las Normas Urbanísticas del Plan. VIGENCIA El plan general entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en la legislación del suelo y del régimen local que sea de aplicación. La vigencia de este documento de planeamiento es indefinida, y como mínimo de ocho años, sin perjuicio de eventuales modificaciones o revisiones. 1.5. de las Normas Urbanísticas del Plan. CRITERIOS DE REVISIÓN A los ocho (8) años de vigencia del presente Plan General el Ayuntamiento estimará la oportunidad de proceder a su revisión, la cual se podrá producir en cualquier momento, anterior o posterior. No se fijan en este Documento criterios fijos para que se proceda a su Revisión, pudiendo realizarse, a criterio razonado del Ayuntamiento, o en virtud a circunstancias de otra índole que así se estimen, conforme lo establecido en el Art. 156 del Reglamento de Planeamiento. Se podrá acudir a dicha revisión cuando las previsiones fijadas en él sean sobrepasadas o cuando acontecimientos suficientemente justificados así lo aconsejen. El Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978), en su artículo 156 establece que: Artículo 156. Los Planes Generales Municipales de Ordenación se revisarán en cualquiera de los casos siguientes: a) Cuando se cumpla el plazo establecido por el propio Plan para su revisión. b) Cuando se den las circunstancias de revisión señaladas por el Plan, en función de la población total y su índice de crecimiento, recursos, usos e intensidad de ocupación y demás elementos que justificaron la clasificación del suelo inicialmente adoptada, o se agoten sus previsiones. c) Cuando el Plan resulte afectado por las determinaciones establecidas en un Plan Director Territorial de Coordinación. El plazo para promover la revisión será de un año desde la entrada en vigor de este último. su apartado Normas Urbanísticas: Entendemos que por el conjunto de razones expuestas, queda acreditada la obsolescencia de las determinaciones del PGOU 1996 y la necesidad de acometer con urgencia una nueva formulación del mismo.

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Apartado Segundo: "Para qué" es necesario contar con un nuevo Plan de ordenación municipal NUEVOS HORIZONTES PARA EL URBANISMO ESPAÑOL En cualquier caso, además de la adopción de las medidas financieras señaladas, hora es ya de cambiar el viejo modelo desarrollista que conformaba el SUE basado en la disposición casi unidimensional y cuantitativa del nuevo suelo urbanizado de uso residencial, que se justificaba en un sedicentemente positivo crecimiento, siempre coyuntural y cíclico del PIB y del empleo, aplicando de manera "miope" la capacidad inversora de recursos económicos en vez de dirigirlos, de manera complementaria, hacia otras actividades y sectores de mayor y más estable valor añadido, como el I+D+i, incluso dentro del sector inmobiliario, hacia la intervención en la ciudad consolidada, aprovechando y reciclando los activos urbanos existentes. (...) Asimismo, el cambio de paradigma sobre el régimen de tenencia de la vivienda, potenciando el alquiler, apoyando la creación de viviendas de tamaño medio a precios tasados y disponiendo suelo productivo adecuado y suficiente para generar empleo y riqueza, son medidas necesarias que deben conformar el nuevo modelo a definir. (...)

Configurar la ciudad como un espacio de calidad ambiental, paisajística y cívica. Se propone la apertura y desarrollo "temprano" de un proceso de participación pública abierto a la totalidad de agentes participantes en relación con los cuales se diseñará el proyecto (entidades de representación ciudadana, entidades representantes del sector empresarial, administraciones públicas, científicos innovadores y Universidad, etc., ). La creación de sinergias económicas con otros territorios (proyectos de cooperación territorial) es un objetivo clave. Concretar un nuevo modelo de desarrollo urbano basado en la innovación, la tecnología, la investigación y el desarrollo productivo que fomente un empleo sostenible y de calidad. Crear una identidad global, incluso una marca, para la ciudad de Cuenca en la sociedad del Conocimiento, a partir de la innovación y la modernidad de un proyecto urbano integral y sostenible. Utilizar los principios y las tecnologías de eficiencia energética y ambiental, insertándolas en los espacios públicos y en la edificación en las intervenciones de transformación y regeneración, y apoyándose en el uso de las TIC. Reafirmar su posición estratégica en el eje del AVE Reafirmar su liderazgo emergente en el sector de la gestión forestal, de la administración digital o de las energías renovables. Acercar, difundir y fomentar que la población local, las empresas y las administraciones sean capaces de usar y desarrollar las tecnologías de la información como instrumento básico del desarrollo, de la participación pública y de la democracia. Regenerar, transformar y activar espacios urbanos actualmente infrautilizados, en desuso u obsoletos cuya posición central garantiza su eficacia y la integración en el marco del proyecto. Expresar la historia, el arte, la cultura y el paisaje como elementos en continua evolución que necesitan ser reformulados en los inicios del siglo XXI.

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Objetivos desde la perspectiva territorial y global. Mejorar la eficacia del sistema territorial aprovechando las oportunidades ofrecidas por las grandes infraestructuras del transporte (AVE, Autovías, nuevo bypass ferroviario, extensión de la red de telecomunicaciones de banda ancha,…). Favorecer la competencia en un mercado global de los productos y servicios de la economía conquense apoyada en el conocimiento y en la capacidad de generar empleo. Integrar el territorio conquense, sus valores y sus recursos, en los procesos de innovación como recurso fundamental que aporta valor añadido y se convierte en un atractivo a la implantación de empresas tradicionales y de sectores emergentes. Integrar la cohesión social, económica y ambiental como objetivo en los procesos de innovación coordinando acciones estratégicas y acciones territoriales y urbanas, integrando los equipamientos que con carácter de sistema general se proyecten en la ciudad. Objetivos desde la ciudad y desde el programa urbano local. Hacer atractiva la totalidad de la ciudad de Cuenca como un espacio de innovación social, administrativa, empresarial y cultural integrándola bajo un proyecto ilusionante, atractivo, sostenible y multiescalar. Mejorar la calidad urbana mediante una estrategia basada en la innovación y en el desarrollo sostenible y en la activación de espacios funcionalmente abandonados, degradados o en desuso. Unir espacios y agentes en un proyecto global a largo plazo que apueste por el empleo y por la regeneración urbana desde procesos colaborativos de codecisión y de participación pública. Cohesionar la sociedad conquense fomentando procesos de innovación social apoyados en las asociaciones, agrupaciones y en mecanismos de participación con herramientas Web 2.0. Desde la visión integral de las tecnopolis. Vincular la investigación básica con la innovación y la mejora productiva a través de la incorporación de la UCLM. Difundir la innovación, la tecnología y la investigación en el sistema educativo con nuevos métodos y herramientas de formación a distintos niveles. Difundir el conocimiento global y universal entre los distintos agentes de la sociedad civil implicándola en el proceso innovador desde la creación de espacios públicos dinámicos del conocimiento que faciliten la expresión y la relación. Mejorar la calidad de vida de los tecnólogos incorporándo los servicios y potenciales urbanos en los espacios de la tecnópolis. Extender los beneficios de la innovación y de la modernidad en la gestión cultural, social, económica, paisajística, ambiental y urbanística, potenciando los valores tradicionales de la ciudad de Cuenca. (...) Una centralidad basada en la mezcla de usos, en la supresión de barreras, la accesibilidad y conectividad de sistemas urbanos, en la implantación de redes de innovación. La nueva centralidad también se apoya en usos de un alto valor añadido y representativo como el terciario avanzado, científico, tecnológico e innovador.

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De la Estrategia Española del Medio Ambiente Urbano U- En el ámbito del desarrollo territorial y urbano, se pretende superar la dinámica de crecimiento ilimitado como motor del desarrollo urbano y controlar la explosión urbana de los últimos años, minimizando el consumo de suelo y protegiendo los espacios y recursos naturales más valiosos desde el punto de vista medioambiental; apostar ,frente a los modelos urbanos dispersos, por la ciudad compacta, razonablemente densa y dotada de complejidad y variedad urbana articulada; impulsar la puesta en valor y mejora del patrimonio edificado y de los tejidos urbanos consolidados frente al consumo indiscriminado de suelo rural y la construcción de obra nueva; incorporar el metabolismo urbano al planeamiento urbanístico; promover una mayor integración espacial y cohesión social, etc.    Desde el punto de vista instrumental, se pretende superar las deficiencias y recuperar la credibilidad, potencialidad, agilidad y transparencia de los instrumentos de planeamiento, impulsando además la coordinación a nivel vertical y horizontal.

 

OBJETIVOS:

U.1. Impulsar modelos urbanos que prioricen la mejora, puesta en valor, reutilización o reciclaje de los tejidos consolidados y la gestión y rehabilitación del patrimonio edificado frente al consumo de suelo para el desarrollo extensivo de nuevos tejidos y la construcción de obra nueva.

Plantear estructuras urbanas basadas en la densidad, la complejidad y la mezcla de usos en los nuevos tejidos urbanos y que permitan su mantenimiento o fomento en la ciudad consolidada, limitando la proliferación de espacios segregados, monofuncionales y dependientes del vehículo privado, vinculando los tejidos urbanos con las redes de transporte colectivo y no motorizado, y empleando tipologías edificatorias acordes con estos objetivos.

Justificar convenientemente la clasificación de nuevos suelos urbanizables con base en su suficiencia e idoneidad, dimensionando estrictamente el suelo “preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen”.

Establecer una estructura urbana basada en centralidades de carácter policéntrico o en ‘barrios ciudad’, jerarquizada en atención a los escalones urbanos (centro urbano, de distrito, de barrio, etc.), vinculada a los nodos de transporte público y apoyada en la proximidad como base de la accesibilidad no motorizada. Complejizar los usos del suelo tanto en los nuevos desarrollos como en las operaciones de rehabilitación o creación de centralidad en los tejidos existentes, mediante el establecimiento de umbrales mínimos (reservas de suelo en tejidos nuevos, edificabilidades en tejidos consolidados) para actividades no residenciales (económicas, comercio, administración) y dotaciones/equipamientos. U.2. Mantener y mejorar, en la medida de lo posible, la vitalidad urbana y la calidad de vida de los residentes en los tejidos consolidados, priorizando las operaciones de recualificación, revitalización, rehabilitación y reciclaje en la ciudad consolidada. Apostar por la regeneración de la ciudad existente, reconociendo su valor ambiental como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso.

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Desarrollar programas de gestión del parque inmobiliario existente: medidas de gestión de las viviendas vacías, medidas de adecuación funcional,( conservar y mejorar las condiciones de habitabilidad Y accesibilidad) medidas de rehabilitación energética, etc.

Priorizar de forma justificada la intervención sobre los ámbitos urbanos que objetivamente sean más vulnerables, interviniendo mediante políticas integradas y con enfoques transversales y multisectoriales sobre las causas de la vulnerabilidad.

Establecer mecanismos para mejorar la dotación de equipamientos locales y zonas verdes en la ciudad consolidada, favoreciendo su esponjamiento y la recualificación. Recuperar espacios infrautilizados para acondicionarlos como nuevos espacios públicos y mantener, ampliar y mejorar en lo posible la calidad de los existentes.

Establecer medidas para el mantenimiento del tejido social existente, sin expulsar a la población, garantizando el realojo y el retorno allí donde sea prescriptivo, realizando planes de retorno y/o realojo con participación ciudadana.

U.3. Conservar, poner en valor, y en la medida de lo posible, incrementar el capital natural existente mediante la consideración del suelo como recurso valioso y también a través de la protección del medio natural, los ecosistemas, la biodiversidad, la estructura territorial, las actividades tradicionales, el paisaje, etc.

Estudiar previamente y caracterizar de modo objetivo los valores ambientales, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, etc. del territorio como base para el planeamiento urbanístico. Realizar la clasificación del suelo atendiendo a la conservación, custodia y protección del patrimonio o capital natural, los ecosistemas y la biodiversidad existentes, y, en la medida que sea posible, a su restauración y mejora; teniendo también en cuenta que, desde el punto de vista normativo, prevalece la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística. Considerar el suelo como un recurso natural, escaso, y no renovable, minimizando su consumo. Considerar los riesgos naturales y tecnológicos, siendo preceptivo elaborar un Mapa de Riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación, que deberá incluirse en el informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización. Establecer un régimen de usos del suelo rural no urbanizable acorde con los valores naturales y culturales del territorio existente, favoreciendo su conservación y custodia y regulando detalladamente el uso de vivienda atendiendo a los patrones tradicionales de asentamiento.

Procurar desde el régimen de usos, conservar y/o fomentar la producción local y las actividades tradicionales (agropecuarias, forestales, etc.).

Establecer claramente las posibilidades y límites de compatibilización entre los usos de ocio/esparcimiento y los usos tradicionales del territorio.

Medidas de mejora del medio natural: recuperación de márgenes de ríos, cauces de agua, restauración ambiental (canteras, etc.), rehabilitación paisajística, revegetación y reforestación.

Integrar de manera sistemática la dimensión paisajística en las políticas de protección, gestión y ordenación y planificación urbanística.

Valorar el paisaje como recurso, cuidando no sólo su fragilidad y diversidad, sino también su vitalidad, prestando especial atención a las formas productivas tradicionales que lo han configurado históricamente.

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U.4. Establecer unos criterios urbanísticos para el dimensionado, localización y configuración de los equipamientos, zonas verdes y espacios públicos que permitan optimizar el nivel de servicio a los ciudadanos (considerando los escalones urbanos), y configurar una estructura de centralidad bien jerarquizada y articulada, próxima y fácilmente accesible mediante el transporte público y los medios no motorizados.

Planificar y articular las redes de equipamientos, zonas verdes y espacios públicos atendiendo a las necesidades de la población local, considerando las posibilidades y mejora de las redes existentes e imbricando las nuevas redes propuestas con las ya existentes.

Localizar las reservas de suelo dotacional, zonas verdes y espacios públicos estableciendo condiciones que favorezcan la centralidad y la accesibilidad (escalones urbanos-distancias).

En los nuevos sectores urbanos, acompasar el ritmo de crecimiento y asentamiento de la nueva población con respecto a la implantación de las dotaciones y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

Articular entre sí los espacios públicos para conformar redes legibles y jerarquizadas de secuencias espaciales concatenadas.

Evitar la redundancia de los equipamientos limitando las dotaciones privadas en el interior de las manzanas residenciales; y también la redundancia de las zonas verdes y el espacio público, diferenciando su carácter del de los interiores de las manzanas residenciales (o bien no restringiendo el acceso a los patios o garantizando el uso público de un porcentaje de éstos).

Establecer criterios que permitan un carácter multifuncional y polivalente de las zonas verdes y los espacios públicos.

Introducir criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort térmico, ruido, contaminación, etc.) en el diseño de las zonas verdes y los espacios públicos. Eliminar las barreras arquitectónicas para facilitar la mayor autonomía de grupos dependientes o de movilidad reducida y garantizar la accesibilidad universal de todos los ciudadanos a las dotaciones públicas y equipamientos colectivos abiertos al uso público.

U.5. Articular la estructura de la ciudad basándose en la proximidad y en las redes de movilidad, fomentando la disminución de las necesidades de desplazamiento, promoviendo los medios no motorizados y en especial el transporte público como vector principal de esta estructura urbana, templando o restringiendo además selectivamente el tráfico en vehículo privado en determinadas zonas (cascos, zonas residenciales, etc.).

U.6. Introducir criterios en la ordenación pormenorizada que ayuden a fomentar una mayor sostenibilidad en la edificación.

- Incluir criterios bioclimáticos y de eficiencia energética en el diseño de la edificación.

- Complejizar los usos de los edificios residenciales.

- Favorecer la implantación de actividades (residenciales, comerciales, terciarias) en planta baja y en relación directa con la calle.

- Establecer gradientes de relaciones entre los espacios públicos y privados de las manzanas residenciales.

- Adaptar la secuencia de acceso desde la calle a la vivienda a los patrones tradicionales locales (portales, zaguanes, patios, etc.). - Estudiar las relaciones entre la vivienda, el acceso y el aparcamiento.

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U.7. Integrar el metabolismo urbano como uno de los temas prioritarios en el planeamiento urbanístico, estableciendo medidas para que las funciones urbanas puedan realizarse satisfactoriamente con el menor consumo de recursos materiales, agua y energía; y con la menor producción de residuos posible; tendiendo a cerrar localmente los ciclos.

Se pretende integrar el metabolismo urbano como uno de los temas prioritarios en el planeamiento urbanístico.

El planeamiento debe incorporar un análisis integrado del metabolismo urbano, garantizando que las funciones urbanas puedan realizarse satisfactoriamente con el menor consumo de recursos materiales, agua y energía; y con la menor producción de residuos posible; tendiendo idealmente a cerrar localmente los ciclos.

En todos los casos se plantea como criterio común la planificación integrada de las redes y del subsuelo.  U.8. Desarrollar criterios dirigidos a garantizar el acceso a una vivienda digna, el fomento de la integración y la cohesión social.

U.8.1. Criterios relacionados con el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada.

- Garantizar el derecho a “disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible”, atendiendo a las distintas necesidades y condiciones socioeconómicas de los ciudadanos.

- Garantizar que “el suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos que disponga la legislación en la materia” - Caracterizar desde el punto de vista social, demográfico y económico la demanda; y en base a ello diversificar las opciones de acceso a la vivienda y el régimen de tenencia.

- Introducir medidas de gestión del parque residencial existente, en especial sobre las viviendas vacías.

- Constituir patrimonios públicos de suelo para vivienda protegida y procurar la provisión protegidas.

U.8.2. Criterios relacionados con la integración y cohesión social.

- Considerar las perspectivas de género, edad, etc. en la diversificación tipológica (adecuación de tamaños y características para ancianos, niños, estudiantes, discapacitados, etc.). - Garantizar la integración espacial de la vivienda protegida y la libre, y de las diferentes tipologías. - Establecer una dotación adecuada para espacios comunitarios y asociaciones ciudadanas. - Preservar la memoria histórica como refuerzo de la identidad social. - Fomentar la apropiación del espacio público y la identificación de los usuarios con el entorno (participación en el diseño y mantenimiento, etc.). - Llevar a la práctica enfoques integrales e integrados en las políticas urbanas.

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U.9. Aplicar medidas que impulsen el desarrollo económico municipal.

Crear las condiciones para que puedan materializarse nuevas oportunidades de desarrollo económico local, impulsando los activos y potencialidades territoriales y sociales existentes para reforzar las ventajas competitivas previas y diversificar, al mismo tiempo que singularizar y proyectar al exterior, el modelo productivo local.

En este sentido, los enfoques del Conocimiento y del Paisaje pueden favorecer la articulación de los clúster locales y el diseño de nuevos escenarios productivos.

Conjugar adecuadamente el impulso de las condiciones más directamente asociadas al proceso productivo con los factores inmateriales, tecnología, talento, calidad de vida, cohesión social, etc., que también son imprescindibles para crear las condiciones propias para el desarrollo económico y la innovación.

Así, las inversiones en ‘infraestructuras duras’ (transporte y comunicaciones, espacios para actividades productivas, centros de congresos, etc.) deben ir acompañadas de inversiones en ‘infraestructuras blandas’ (educación, formación profesional continua, integración y cohesión social, calidad de vida, seguridad, oferta cultural y lúdica, apoyo empresarial, etc.), y las inversiones en nuevas actividades con la reconversión y adaptación de los entramados empresariales existentes (en especial de las pymes locales), evitando el riesgo de concentrar los esfuerzos en ‘megaproyectos’ emblemáticos cuyos beneficios reales y a largo plazo sobre el conjunto de la sociedad son en ocasiones cuestionables.

U.10. Impulsar un nuevo modelo turístico más competitivo y sostenible a largo plazo, controlando la presión sobre el territorio, los recursos naturales, y el paisaje; diversificando los modelos económicos locales y apostando por la transformación cualitativa de la actividad turística. Según la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS, p.54), “la sostenibilidad del Modelo Turístico está íntimamente relacionada con la urgente necesidad de reforzar los procesos estratégicos de los destinos turísticos, es decir aquellos que condicionan su desarrollo, competitividad y sostenibilidad a largo plazo. Los procesos de planificación y gestión deben caracterizarse por el rigor metodológico y técnico, por un enfoque estratégico de largo plazo y por una consideración amplia y global de la complejidad del destino y los intereses de todos los agentes implicados.” Para ello se trabajará en la incorporación de la perspectiva supramunicipal en la conceptualización de los Planes Turísticos de la ciudad, trabajando de manera integrada en el análisis y determinación de alcance, procurando: - Controlar la presión sobre el territorio para garantizar la preservación del capital natural y del paisaje que son los fundamentos del capital turístico, en base al análisis de la capacidad de carga del medio físico, ecológico, social, económico y patrimonial, examinando detenidamente los efectos del desarrollo turístico sobre el consumo de recursos, agua, energía, ocupación de suelo, paisaje, calidad de vida, etc. - Preservar la calidad del paisaje y la identidad del territorio, conservando la diversidad de usos del suelo asociada a las actividades tradicionales del medio rural, manteniendo y fomentando la viabilidad de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales tradicionales y/o sostenibles.

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- Apostar por la diversificación de los modelos económicos locales y la transformación cualitativa de la actividad turística, basada en la calidad, la diferenciación, la diversificación y la complementariedad de la oferta turística: litoral (sol y playa), urbana y cultural (eventos y reuniones, patrimonio monumental, ocio cultural y espectáculos), natural, rural, deportiva (náutica, golf, aventura, montaña), grupal (jóvenes, tercera edad, novios), etc. - Apostar por la calidad del entorno natural, del paisaje, de los recursos turísticos y de las infraestructuras como soporte de un modelo turístico más basado en la intensificación cualitativa que cuantitativa. Diversificar las tipologías turísticas en consecuencia con los modelos de oferta. - Frenar la construcción de nuevas plazas turísticas en las zonas congestionadas y estudiar la posibilidad de plantear procesos de descongestión y reconversión urbanística y turística en determinados casos, a escala local y supramunicipal. - Revitalizar e integrar determinados tejidos turísticos excesivamente orientados a la vivienda de temporada, promoviendo su ocupación y densificación (razonable), la mezcla de segundas residencias y viviendas permanentes, así como la garantía de los niveles de dotación y eficiencia de los equipamientos, de los servicios y del transporte público. - En los nuevos desarrollos turísticos introducir criterios de ordenación que primen la densificación (razonable) y el relleno de intersticios en zonas ya consolidadas así como la construcción de equipamientos hoteleros y otros tipos de alojamiento intensivo y de alta rotación frente al desarrollo de nuevos suelos y la simple construcción de viviendas secundarias (con baja ocupación estacional y alta ocupación de suelo). - Apostar por modelos urbanos, arquitectónicos y constructivos que respeten y potencien la identidad local. U.11. Desarrollar las bases para un nuevo modelo de planeamiento urbanístico, superando las inercias y limitaciones del actual, y apostando por su carácter integral, la compatibilización entre el interés privado y el colectivo, el equilibrio entre flexibilidad y coherencia global, con instrumentos ágiles de desarrollo y gestión. Impulsar el carácter integral de los instrumentos de planeamiento urbanístico; integrando las tres dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, social y económica), las escalas de análisis e intervención (territorial, urbana, distrito, barrio, etc.), los niveles administrativos en el plano vertical y horizontal, los fines y los medios, etc. Superar el concepto de ordenación bidimensional del espacio urbano propio de la zonificación e incorporar los tres niveles (suelo, vuelo y subsuelo) en los que ha de desarrollarse la ciudad, tanto desde el punto de vista físico –usos y volúmenes- como jurídico (propiedad única o desagregada, pública y privada), en un único documento que vaya más allá del tradicional “plano de ordenación/zonificación del suelo”.

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(...) Creación de un Sistema de Información Urbanística Municipal como herramienta principal para el gobierno de la ciudad. La gestión urbanística de la ciudad debe orientarse a partir de la creación de un “criterio razonado y razonable”. Dicho criterio no puede construirse sin un sistema adecuado de “Datos”. Promoción de plataformas de datos abiertos que favorezcan la transparencia y permitan su reutilización por parte del sector privado para la creación de nuevos servicios, incrementando la actividad económica en nuestros entornos urbanos. Fortalecimiento de la colaboración público-privada, fomentando en nuestras ciudades ecosistemas urbanos que generen, bajo los principios de creación compartida, nuevos espacios de oportunidad a los emprendedores. Impulso la utilización de la tecnología en los servicios públicos, potenciando la utilización de plataformas digitales integradas que multipliquen la eficiencia, optimicen los recursos y promuevan la gestión inteligente de nuestras ciudades. (...) Elaboración de una política propia en materia de vivienda priorizando la puesta en valor de los recursos existentes. Para el desarrollo de programas de gestión del parque inmobiliario existente, impulsando actuaciones dirigidas a asegurar el buen estado de conservación de los inmuebles, la accesibilidad universal y la eficiencia energética. Se consideran prioritarias, y por consiguiente tendrán preferencia, todas aquellas actuaciones tendentes a resolver problemas de accesibilidad y habitabilidad en viviendas ocupadas por personas mayores. Para la promoción de la vivienda en alquiler y el alquiler con opción a compra. Mediante: La creación de bolsas de vivienda en alquiler como instrumento de ayuda a la cohesión social, facilitando su acceso a los colectivos desfavorecidos o con necesidades especiales. La Implementación de medidas de gestión del parque de viviendas vacías, impulsando acuerdos de colaboración público privada para dar respuesta a las necesidades reales de acceso a la vivienda de la población, incentivando que se pongan en el mercado de venta o alquiler dichas viviendas vacías, a precios asequibles.

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La Apuesta por la Rehabilitación del parque edificado de la ciudad consolidada, orientada a procurar un acceso a la vivienda socialmente equilibrado, en un parque de vivienda digno, saludable y asequible, adaptado a los nuevos patrones demográficos y familiares, con un elevado nivel de diversidad, identidad y calidad arquitectónica. Las comunidades de propietarios habrán de disponer de información actualizada sobre el estado de sus edificios para asegurar que se cumplen las obligaciones legales. Para ello es preciso simplificar la tramitación administrativa y facilitar la colaboración de la iniciativa privada. Colocamos en el punto de mira inicial las situaciones de infravivienda identificadas en los barrios populares de Buenavista, San Antón y Tiradores y el parque de vivienda social promovida y edificada entre los años 40 y 70 del siglo pasado. La reconversión del “Centro”, apostando por su caracterización como espacio de negocios y “centro cultural abierto”. Este espacio de calles estrechas y edificación abigarrada, con importantes déficits en materia de accesibilidad, (aceras muy estrechas que dificultan el tránsito peatonal y escasa capacidad de las vías para el tráfico motorizado), especial sensibilidad para con la contaminación ambiental (ruidos, humos, congestión), cierta vulnerabilidad al deterioro físico, por la edad de la edificación y la reducción de la población residente, con cierto déficit de servicios urbanos, de equipamientos culturales e infraestructuras "verdes", demanda ser rehabilitado en lo físico y cualificado en el aspecto funcional. La inteligencia en la búsqueda de nuevos usos para las plantas bajas y los edificios cerrados, la combinación de la acción pública con la iniciativa privada, basada en una planificación negociada, una política fiscal abierta y una estrategia de fomento empresarial efectiva, serán las herramientas de trabajo. La peatonalización del ámbito debe decidirse sobre la base del análisis pormenorizado de los datos, pero sin duda, en combinación con una adecuada dotación de aparcamientos, disuasorios y para residentes, será protagonista en el proceso. Procurar el emprendimiento de actividades económicas en el resto de barrios de la ciudad, evitando su dependencia respecto del centro. La educación y la cultura serán utilizadas como herramientas de regeneración socioeconómica en los barrios. Ha de procurarse la puesta en valor de su “paisaje”, creando itinerarios que promocionen su vivencia. La cualificación de la ciudad vendrá de la mano del adecuado tratamiento del espacio público y también de la apuesta decidida por aparecer como “ciudad sana y saludable”. Debe procurarse su dotación con equipamientos “cívicos”, para uso de sus asociaciones, autogestionados por los vecinos, a través de los cuales se posible impulsar el desarrollo y diversificación de nuestra oferta cultural .

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Debe configurarse un programa específico de inversión para el tratamiento de los espacios públicos de la ciudad. Deben potenciarse las pequeñas intervenciones estratégicas de acondicionamiento y mejora de plazas, jardines, parques infantiles y rincones de especial interés en nuestra ciudad, impulsando su renovación como escenario de conviviencia colectiva a través de la mejora del mobiliario urbano y la recuperación de su programa de actividades, adaptándolo a las características propias del entorno y a las necesidades reales de la población, (acceso wifi gratuito, actividades conducidas por animadores profesionales, ejercicios para mayores o circuitos deportivos). El plan programará una correcta dotación económica para la mejora y ampliación de la red de espacios verdes en la ciudad, favoreciendo su esponjamiento y la recualificación. El desarrollo del espacio público asociado a las riberas de los ríos de la ciudad (Moscas, Júcar y Huécar), incrementará notablemente la calidad de vida de los residentes constituyendo un sello de calidad y refuerzo de marca para la ciudad (Cuenca ciudad del Conocimiento y el Paisaje).

La reutilización de los tejidos interiores obsoletos o fuera de uso. Durante las dos últimas décadas la ciudad ha podido completar las operaciones de relleno y regeneración planteadas por el PGOU de 1988, al igual que una parte importante de las operaciones delimitadas por el PGOU en 1996 (unidades de ejecución y planes especiales de reforma interior). Sin embargo, continúan pendientes de gestión importantes bolsas de suelo en la ciudad asociadas a operaciones de reforma delimitadas pero no ejecutadas. Su desarrollo se enfocará procurando la complejidad del programa de usos de la ciudad, combinando usos residenciales y espacios de aprovechamiento terciario “cualificado”, al mismo tiempo que se resuelven los déficits dotacionales que determinaron su obsolescencia. En las pedanías, políticas de desarrollo rural que respondan a las demandas prioritarias de la población y a su calidad de vida.

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Impactos de carácter económico El objetivo último de la operación pasa potenciar el mercado de los productos creados en la ciudad a través de la distribución de la innovación entre los distintos sectores económicos del municipio. a) En la atracción y ubicación de empresas en Cuenca Mayores dotaciones infraestructurales para el municipio (accesos, banda ancha, suministros,..) Mayores posibilidades de empleo para los trabajadores /universitarios conquenses. Mayores posibilidades de creación de empresas Mayores posibilidades para emprender. b) En el sistema económico Apoyo al sostenimiento de la competitividad de las empresas y de su entorno socioeconómico. Apoyo a las unidades de I+D de las empresas. Complementar y fomentar la colaboración con las Universidades, OPIs, (organismos públicos de investigación),etc. Oportunidad y apoyo a las empresas para acceder a programas públicos de apoyo a la innovación. c) En la competitividad del tejido empresarial actual Generación y aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías. Aportación de nuevos y cualificados puestos de trabajo. Formación de recursos humanos. Desarrollo de infraestructura científico- tecnológica en el municipio. Vinculación de grupos de investigación de diferente origen. Desarrollo de capacidades de gestión tecnológica. Aumento en el vínculo de universidades o institutos de investigación con el mundo empresarial. Aumento de la interacción a escala internacional de grupos de investigación y desarrollo españoles. Impactos urbanísticos. La dotación de mayores infraestructuras, equipamientos y servicios incrementará la calidad de vida del municipio y permitirá a su vez hacer atractivo el programa urbano. Generación de un entorno dinámico y propenso a la innovación. Creación de edificaciones más respetuosas con el entorno Mejora de la movilidad y solución del tráfico rodado. Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad al contar con una gran red de espacios verdes y peatonales comunes donde convivir. Mejora de la red de equipamientos urbanos, lo que conllevara una mejora en la prestación de servicios al ciudadano Continuidad de los espacios libres urbanos con las zonas naturales que rodean la ciudad a través de corredores verdes.

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Impactos organizativos e institucionales Fortalecimiento y consolidación de líneas estratégicas de investigación y desarrollo de las instituciones. Definición de nuevas líneas estratégicas de I+D de las instituciones. Aumento de la coordinación de esfuerzos inter-institucionales en forma sinérgica. Mejoras en la vinculación entre las instituciones, los sectores productivos y empresariales.

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Pretendemos una ciudad: -con un alto nivel de bienestar y calidad de vida en todas las comunidades y barrios de la ciudad; -con un elevado nivel de cohesión social, equilibrio, integración, seguridad y estabilidad en la sus barrios, con pequeñas disparidades entre ellos, y un nivel bajo de segregación espacial y marginalización social; - con gran justicia social, protección, bienestar y servicios sociales, sin pobreza, exclusión social ni discriminación, y unas condiciones de vida dignas para todos, con buen acceso a los servicios generales, atención sanitaria preventiva y tratamiento médico; - con el acceso a la vivienda socialmente equilibrado, y un parque de vivienda social adecuado, digno, saludable y asequible, adaptado a los nuevos patrones demográficos y familiares, con un elevado nivel de diversidad, identidad y calidad arquitectónica; - con buena educación, oportunidades de formación profesional continua, también para las personas que viven en barrios deprimidos; - donde los mayores puedan llevar una vida digna e independiente y participar en la vida social y cultural, donde los barrios sean atractivos para personas de todas las edades, donde las personas con discapacidades tengan independencia, estén social y ocupacionalmente integradas y participen en la vida de la comunidad, y donde hombres y mujeres sean iguales y los derechos de los menores estén protegidos; - con una buena gobernanza basada en los principios de apertura, participación, responsabilidad, efectividad, coherencia y subsidiariedad, donde los ciudadanos tengan oportunidades de participación social y democrática y se impliquen en el desarrollo urbano con las otras partes interesadas; - donde se proteja la calidad del medioambiente, la eco-eficiencia sea elevada y la huella ecológica pequeña, donde los flujos y los recursos materiales se gestionen de forma sostenible y el progreso económico se haya desvinculado del consumo de recursos; - con gran eficiencia energética y uso de energías renovables, bajas emisiones de carbono y capacidad de adaptación ante los efectos del cambio climático; - con poca dispersión de la urbanización y consumo del suelo reducido, donde los campos y las áreas naturales se dejen sin explotar gracias al reciclaje del suelo y la planificación de una ciudad compacta; - con transporte asequible, eficiente, sostenible y no contaminante para todos los ciudadanos a escala urbana, metropolitana e interurbana con modos de transporte interconectados, donde la movilidad no motorizada se vea favorecida por una infraestructura para la circulación de peatones y bicicletas, y donde las necesidades de transporte sean menores gracias a la promoción de esquemas de proximidad y uso mixto y a la planificación integrada del transporte, la vivienda, las áreas de trabajo, el medio ambiente y los espacios públicos. - donde haya creatividad e innovación y se genere, comparta y difunda conocimiento, se estimule la inteligencia con innovación proactiva, políticas educativas y formación continua para los trabajadores, y se utilice información sofisticada y tecnologías de la comunicación para la educación, el empleo, los servicios sociales, la sanidad, la seguridad, la prevención de la delincuencia y la gobernanza urbana; - con una elevada calidad de vida y calidad arquitectónica, con unos servicios, una infraestructura y un espacio urbanos funcionales de calidad pensados para los usuarios, donde los aspectos culturales, económicos, tecnológicos y ecológicos estén integrados en la planificación y construcción, donde la vivienda, el empleo, la educación, los servicios y el ocio compartan espacio y atraigan a empresas de la industria del conocimiento, capital humano creativo y turismo;

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- con economías locales urbanas regeneradas, sistemas de producción locales diversificados, políticas de mercado laboral local y el desarrollo y la explotación de fuerzas económicas endógenas en los barrios, que consuman productos ecológicos locales y tengan circuitos de consumo cortos; - donde la herencia cultural y el valor arquitectónico de los edificios históricos y espacios públicos se tengan en cuenta al desarrollar y mejorar el paisaje urbano, y donde los residentes locales se identifiquen con el entorno urbano.

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Apartado Tercero: "Cómo " proponemos contar con un nuevo Plan de ordenación municipal "Nunca se debe permitir que continúen los problemas para evitar un conflicto, puesto que no se evita, sólo se retrasa para hacerse más grande". Nicolás Maquiavelo. ¿Cómo puede la ciudad de Cuenca maximizar sus méritos y calidades distintivas de un modo eficiente y de forma progresiva para lograr un crecimiento poblacional y económico sin sufrir una pérdida de carácter histórico y significado urbano? “ Es evidente que la ciudad es algo más que la suma de sus partes, por lo que se muestra necesario, y es ahí donde el Plan de Ordenación Municipal debe encontrar su fin último, el compatibilizar el análisis y la intervención desde las piezas, con el entendimiento estructural de la ciudad desde su conjunto”. (...) El gurú del management Peter Drucker escribió que la planificación a largo plazo no tiene que ver con decisiones futuras sino con el futuro de las decisiones actuales. Los presupuestos de partida:

La regeneración urbana integral como estrategia global de reciclaje y reutilización del tejido construido; El control del crecimiento urbano a partir de la redefinición de las señas de identidad y las relaciones entre el campo y la ciudad, entre el espacio urbano, el espacio agrícola, la naturaleza y el paisaje; La adecuación de las tipologías de vivienda a la riqueza y diversidad de modelos y perfiles sociales; La vitalización del espacio público como escenario privilegiado de la vida ciudadana, amenazado por los modelos cada vez más autistas de urbanización y movilidad y la incorporación de la lógica metabólica de flujos de energía, materia y residuos a la ordenación urbana. En el ámbito de la edificación se pretende, en primer lugar, mantener la coherencia con los objetivos propuestos para el modelo urbano, en particular, la minimización del consumo de suelo, el fomento de la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio edificado, y la apuesta por la ciudad compacta, diversa y compleja.

Desde el punto de vista metabólico se pretende ajustar al mínimo los recursos precisos para mantener las actividades alojadas en la edificación y el impacto y las emisiones que estas actividades generan; reducir el consumo de agua, energía y materiales en el ciclo de vida completo de los edificios, desde la fabricación de los materiales a la demolición, y los impactos de todo tipo que durante el mismo se generan; y, también se aspira a la definición y puesta en práctica de un nuevo concepto de habitabilidad.

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Debe establecerse: - La obligatoriedad de favorecer la mezcla de usos para incidir en la variedad del tejido urbano y evitar los espacios monofuncionales que conllevan largos desplazamientos para las actividades cotidianas. - La planificación de elementos esenciales para una movilidad sostenible. - La previsión de las necesidades de energía y de otros recursos como el agua, fomentando la autosuficiencia de los nuevos desarrollos y el uso de energías renovables, así como la integración de los sistemas energéticos en la planificación de infraestructuras. - La dotación de transporte público y redes de infraestructuras de servicios básicos como condición previa a la autorización de nuevos desarrollos. - La creación de espacios abiertos de calidad (zonas verdes, parques y plazas) de uso común. - Infraestructuras adecuadas para la recogida selectiva de residuos - Deberán elaborarse y ejecutarse Planes de Acción en materia de ruido ambiental, tomando como base los resultados de los mapas estratégicos de ruido, afrontando globalmente las cuestiones relativas a contaminación acústica, fijando acciones prioritarias para el caso de incumplirse los objetivos de calidad acústica y prevenir el aumento de la contaminación acústica en zonas que la padezcan en escasa medida, haciendo especial hincapié en la población infantil, por la mayor repercusión del ruido sobre ellos.

(...)

El Plan Municipal se inscribe en la política general del municipio pero no puede sustituirla. Conviene por ello insistir en el carácter “instrumental” del Plan como herramienta para racionalizar y optimizar socialmente la actividad pública y privada en función de un proyecto de futuro socialmente respaldado, pero por si mismo incapaz de sustituir las iniciativas inversoras (públicas y privadas) que, en definitiva, construyen la ciudad. Con demasiada frecuencia el Plan es considerado una mera norma negativa que somete a los particulares – que por ello se esfuerzan en cambiar a su favor – pero que en poco vincula a los poderes públicos.

Es importante, por ello, insistir en la necesidad de manejar en todo momento una idea global de la coherencia y eficacia del Plan, en cuanto anticipación de la forma de la ciudad a través de una sintaxis de intervenciones transformativas y/o aditivas, cuyas condiciones de posibilidad se sustentan sobre la concertación y el compromiso de las inversiones públicas y la viabilidad jurídica y económica de las estrategias de gestión de las acciones privadas. La redacción del Plan de Ordenación Municipal se basará tanto en la preponderancia de los objetivos (que hacer), como en la puesta en servicio de las herramientas necesarias para la seguridad y fiabilidad del proceso, amén de la calidad final (cómo ejecutarlo)

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Como método: Análisis en profundidad de una temática (áreas residenciales o industriales, el paisaje de las carreteras o redes de servicios, las áreas agrícolas periurbanas, o los “huertos solares”). Debate entre diversos agentes implicados. Exposición clarificadora de una situación que se pretende encauzar o mejorar. Y finalmente, propuesta sugerente y pedagógica de reglas y criterios, nunca de normas finalistas. El PGOU no debe ser entendido como fotografía estática de un supuesto escenario de llegada, sino como Hoja de ruta que se concreta en una determinada programación de la actividad urbanística. El Plan deberá ser capaz de establecer unas reglas de juego o sintaxis de elementos irrenunciables o negociables; fuertes o débiles; vinculantes o indicativos, siendo concebido más como un marco de referencia indicativo, que como una imagen predeterminada del futuro, aunque no obstante también deberá apostar por algunas definiciones estables. EL PLAN MUNICIPAL ha pretendido históricamente constituir al mismo tiempo un proyecto territorial, una norma jurídica y un programa económico. Este exceso de ambición en el diseño legal de la figura ha determinado su situación de crisis actual, por cuanto es casi imposible satisfacer solventemente requerimientos tan amplios. Si bien la definición del modelo de ciudad implica previsiones a largo plazo, que necesariamente deben gozar de amplio consenso social y político, la programación económica está sujeta a los ciclos de actividad y a las prioridades políticas recogidas en los presupuestos anuales de las administraciones territoriales. En este contexto debe aceptarse la recomendación de la Comisión Europea de Expertos sobre Urbanismo, (1996), de separar temporal y documentalmente el Plan del Programa como principio básico de técnica planificadora; al objeto de «conjugar la deseable estabilidad el Plan con la incertidumbre sobre la evolución de los escenarios de demanda de productos inmobiliarios». En la terminología de informe de la Comisión, el Plan se define como un marco estable, y ampliamente consensuado, de los elementos esenciales que conforman la ciudad, para el que se reclaman cualidades de simplicidad, flexibilidad y agilidad. El Programa de Actuación constituiría, en el marco del Plan, el instrumento de acción de gobierno municipal en materia de suelo, adaptable a las coyunturas cambiantes en virtud de su horizonte temporal acotado. Aunque esta propuesta supone un evidente progreso sobre el marco legal vigente, resulta insuficiente si los conceptos de estabilidad y flexibilidad del Plan no se entienden conforme a un enfoque estratégico antes.

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FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y OPCIONES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. El establecimiento de unos criterios y objetivos de intervención, dialécticamente relacionados con el diagnóstico de los problemas clave identificados, constituye el paso previo necesario para la formulación de las opciones concretas de ordenación urbanística. “Perspectiva Estratégica”, es decir, una aproximación selectiva que elija qué partes y elementos de la ciudad puede apoyar mejor las políticas de transformación y recuperación urbana formuladas. El Plan debe formularse desde una reflexión integradora, eso significa entender que la ciudad no es homogénea sino que, por el contrario, está constituida por piezas de identidad diferenciada que es preciso interpretar adecuadamente. Además significa la necesidad de que el Plan plantee una aproximación flexible a las escalas de proyecto, es decir, formule una adecuada relación dialéctica entre las propuestas estructurales (en especial las relativas a los Sistemas Generales) y las propuestas zonales (en especial las relativas a la organización morfológica de cada una de las piezas urbanas y rurales que integran el territorio municipal). En el orden de las decisiones, el Plan debe adoptar criterios adecuados en cuanto al dimensionamiento y la localización de los nuevos crecimientos y en cuanto a las operaciones transformativas necesarias para la recuperación y rehabilitación de los tejidos consolidados. Un correcto ajuste entre necesidades y posibilidades evitará las disfunciones que tanto por exceso en la calificación como por defecto en la misma pueden generarse en el mercado, comprometiendo la viabilidad de las determinaciones establecidas desde el Plan. Las operaciones de reforma interior sobre los intersticios vacíos en Suelo Urbano y las operaciones de nuevo crecimiento deben considerarse oportunidades para conseguir objetivos más ambiciosos de reestructuración, reequipamiento y transformación urbana. El plan municipal no se limita a establecer los valores del suelo en función del destino urbanístico atribuido a las distintas piezas del territorio, ni siquiera constituye una fotografía del futuro urbanístico deseable o previsible del municipio, tampoco es el resultado de la yuxtaposición de las distintas políticas sectoriales (vivienda, transporte, actividad económica, equipamiento…) en un espacio determinado. Asumiendo estas dimensiones parciales, al Plan cabe la responsabilidad de anticipar la forma y ubicación de elementos clave de la ciudad y de diseñar los procesos más adecuados para su ejecución. En definitiva, un planeamiento como instrumento de gobierno y administración racional y democrática del territorio.

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Desde el punto de vista operativo: Los trabajos de revisión del POM, una labor inevitable tras veinte años de vigencia del actual, son complejos y costos en términos de tiempo y dinero. Ante ese reto la Gerencia de Urbanismo tiene tres opciones: a) Contratar, necesariamente por concurso público, a una empresa que se haga cargo de todos los trabajos. En este caso el papel de la Gerencia se reduce a la Dirección Técnica de los trabajos y al control de los plazos y resultados. Es la forma tradicional de redactar planes y libera a los técnicos municipales de la carga y dedicación de tiempo al plan. b) Asumir la redacción del Plan mediante una Oficina "Ad hoc" compuesta mediante los recursos humanos propios del Ayuntamiento. Esta opción demandaría la contratación de recursos humanos especializados no disponibles en la plantilla municipal. c) Utilizar un sistema mixto en el que la Gerencia crea una Oficina de Plan y contrata trabajos específicos para todas las tareas que no pueda abordar con sus recursos humanos y técnicos actuales. Esta tercera es la opción seleccionada. La Gerencia Municipal de Urbanismo ejercerá el liderazgo necesario para conformar una Oficina Técnica del Plan formada por personal propio y apoyo especializado de terceros seleccionados con publicidad y concurrencia. (…) La concepción, desarrollo y puesta en gestión del Plan ha de ser “Digital”. Es decir que, salvo las porciones impresas necesarias para cumplir los requisitos legales de tramitación, el plan será un producto completamente digital como fórmula de garantía para su correcta difusión, implantación, control y seguimiento. Es preciso tener en cuenta que nos encontramos en otro momento de crisis tecnológica en la gestión de las ciudades. La tercera crisis. En los ochenta se produjo la primera con el paso del mini mainframe como los AS400 a la red local Ethernet con servidores y clientes Windows, plagados de aplicaciones y capacidades. Con el nuevo siglo se produjo la segunda cuando Internet abrió estos sistemas al ciudadano con los sitios web y la administración electrónica. Ahora viene la tercera crisis con el traslado de todo a la nube, la aparición de plataformas de servicios públicos y los nuevos requisitos que exigen los sistemas de gestión inteligente de la ciudad y del internet de las cosas. El mundo del urbanismo ha pasado por todas ellas sin grandes cambios. Estuvo completamente apartado del mundo mini mainframe. Gastó un montón de dinero en sistemas GIS para soportar la cartografía digital y los inventarios de infraestructuras en el mundo Windows, normalmente sin llegar a conseguir sistemas maduros y funcionales.

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Y nos encontramos ahora ante un mundo lleno de dispositivos personales, de geografía, de sistemas de navegación, de infraestructuras espaciales, de sistemas colaborativos, de nuevos sistemas de observación del territorio mediante drones y satélites, de comunicación máquina a máquina, de big data, donde la frontera entre los sistemas públicos y privados se diluye y donde la comunicación entre sistemas mediante servicios web han expandido nuestra vieja red local hasta abarcar todo el mundo. Un mundo donde el ciudadano quiere establecer un nuevo nivel de comunicación con su ciudad que revolucionará nuestra forma de interactuar con otras personas, con los objetos de la ciudad y con los gestores de la ciudad. En este caso, Cuenca debe utilizar la revisión de Plan como una oportunidad para enfocar esta tercera crisis y para aprovechar a fondo sus ventajas. Creando un ecosistema tecnológico donde los objetos de la ciudad adquieren identidad electrónica, se ligan a los procesos urbanos que determinan su ciclo de vida y se conserva la intrincada red de relaciones que los conecta. Tales cambios afectan a todo: a la llevanza de los expedientes, a la forma de planificar, al control de los derechos y las obligaciones urbanas, a los inventarios de objetos constructivos y funcionales, a la conectividad con los sistemas inteligentes de gestión de los servicios urbanos, al papel que juegan todos los actores urbanos, los promotores, los técnicos, los constructores, los propietarios y comunidades, los funcionarios y gestores urbanos. Incluyendo la colaboración intermunicipal y con los ámbitos regionales y estatales, clientes inevitables de la información que se genera en el estamento municipal. PRETENDEMOS - Que el Plan producido no quede como una pieza separada e independiente de los demás sistemas de control urbano, entroncando en un ecosistema tecnológico amplio que proporcione a Cuenca medios técnicos modernos de gestión urbana. - Que el Plan no sea una pieza inmutable, sino que esté sujeta a cambio y por tanto más que de producir un plan hablamos de crear un sistema de planificación, sistema del que el POM es la pieza inicial. - Que el Plan, cumpliendo los momentos y plazos de información pública legales, utilice eficientemente las nuevas tecnologías de comunicación para que esté en contacto permanente con los ciudadanos, sus empresas y asociaciones. De forma que haya un mecanismo constante de realimentación entre todos. En orden a resolver con la mayor anticipación posible los problemas planteados por los ciudadanos, evitando el riesgo de que las propuestas del Plan se paralicen ante una fuerte reacción social negativa.

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La Hoja de Ruta fijará los siguientes aspectos -Estructura y dimensiones de la OMP, con indicación del equipo humano, tecnológico y de información disponible. - Metodología de trabajo: definiendo los procedimientos de elaboración y las estrategias de control, seguimiento y producción del Plan. - Plan de Proyecto: definiendo las tareas a realizar y su programación temporal, separando las ejecutables por recursos municipales de las que deberán ser contratadas a equipos externos tales como: Impulsores y gestores para apoyar en la tramitación del plan con los diferentes organismos públicos así como interlocución con equipos locales. Especialistas Técnicos en las diferentes áreas de conocimiento que atraviesa el desarrollo de un plan. Se establecen las siguientes fases: - Fase 1: Concepción de Avance de Plan y Programa de necesidades. - Fase 2: Desarrollo y tramitación de POM. - Fase 3: Aprobación y puesta en carga de las estrategias. OMP. Oficina Municipal del Plan La OMP se concibe como una dependencia separada. Se debe identificar como tal desde la calle y ser accesible directamente como un local comercial, de forma que todos los ciudadanos la puedan asociar con el esfuerzo municipal por revisar el Plan y puedan visitar su recepción sin barreras. Debe disponer de una recepción que actúe como puesto de información permanente, con espacio suficiente para disponer de mapas y documentos explicativos de los objetivos, la situación y los resultados de los trabajos de revisión del Plan en todo momento, incluso si es posible de medios técnicos de consulta mediante pupitres con monitores táctiles para el acceso a los visores de ciudad. Sus dimensiones y estructura interna deben permitir que siempre que sea posible el equipo trabaje junto, a ser posible en un espacio abierto y que de esa forma adquieran la conciencia de que forman parte de un grupo con un objetivo común. Los equipos externos seguramente trabajarán en sus locales propios, pero es deseable que puedan llegar a disponer de espacios dentro de la Oficina, aunque sean temporales o compartidos mediante un sistema de “mesas calientes”, en el que un puesto de trabajo puede ser ocupado por distintas personas a lo largo del día o por temporadas. En este aspecto se procurará que los equipos externos correspondan a empresas o colectivos que residan en Cuenca, de forma que sea posible un contacto permanente con ellos. También debe disponer de al menos una sala de reuniones que permita congregar a todos los miembros del equipo o realizar presentaciones públicas. Deberá disponer de un proyector y un aforo mínimo de 25 personas. (Para su ubicación se propone la planta segunda del edificio Centro de Recepción de Turistas, nueva sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo a partir de Julio de 2016).

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Se establecen tres grupos de trabajo: 1. Equipo de Base: formada por personal propio de Gerencia o de otras áreas municipales y dedicadas preferentemente a las labores del Plan (como si estuviesen en comisión de servicio durante toda la vida de la Oficina, aun cuando se contempla que sus miembros deban dedicar tiempo a otras tareas, propias de sus áreas de origen, bien de forma diaria o bien de forma coyuntural, teniendo en cuenta que una vez finalizados los trabajos se deben reinsertar en sus puestos sin problemas. Sus miembros dispondrán de puestos de trabajo permanentes. 2. Equipos Sectoriales: formados por personal de otras áreas municipales con dedicación parcial a la OMP, bien en su jornada diaria o bien por un período acotado. Sus miembros deberán ajustarse a puestos de trabajo temporales. 3. Equipos Externos: formados por personal de empresas o colectivos no municipales. Sus miembros, en el caso de que no trabajen en locales propios, deberán ajustarse a puestos de trabajo temporales.

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Dirección Director: representa a la OMP ante cualquier instancia, organiza y consigue los recursos necesarios para su funcionamiento. Fija los objetivos y la planificación temporal. Inspira y respalda el modelo territorial establecido por el Plan. Gestiona la redacción de los trabajos de Revisión, se ocupa directamente de los equipos de trabajo, establece su composición y reparte las tareas. Fija los objetivos de Revisión y el modelo territorial. Coordina la Oficina con el resto de las dependencias municipales implicadas. Incorpora si es necesario un equipo externo asesor que aporte la experiencia urbanística, jurídica o técnica que se requiera en la redacción de Planeamiento general. Comunicación La mejora radical que permiten las nuevas tecnologías para incrementar la participación ciudadana en el proceso de cambio debe aprovecharse para reducir al mínimo el conflicto social que siempre producen las propuestas de nueva ordenación en orden a que los plazos de tramitación no se vean alterados. Es un objetivo básico que el plan llegue a la información pública lo antes posible pero también que llegue con una ordenación convenida. Será inevitable que quien se sienta personalmente perjudicado utilice la vía del recurso para oponerse al plan, pero es importante que ese conflicto se mantenga en el plano de los intereses personales sin afectar a los intereses de los colectivos sociales. En los últimos años hemos visto Planes que tras años de litigios han sido suspendidos en su totalidad, generando un cúmulo enorme de problemas, pérdidas económicas y desconfianza en la dirección de la ciudad. Por tanto la Comunicación debe ser una actividad constante, diseñada y conducida por un equipo experto, un Community Manager que mantenga el pulso social de la Oficina mediante tres estrategias: 1) Comunicación presencial: Se establece mediante dos mecanismos, por la apertura del local y su recepción como espacio de exposición al público y por la celebración periódica de reuniones de barrio que permitan conocer de primera mano las reivindicaciones de los vecinos. 2) Comunicación Web: dentro del portal web municipal la Oficina dispondrá de un sitio específico desde el que se pueda acceder a toda la información, los foros, visores, los Registros etc. que aproveche al máximo las redes sociales y la capacidad de convocatoria que ofrecen las nuevas tecnologías. 3) Control de riesgos: de la misma forma que las nuevas tecnologías son un altavoz imprescindible para difundir y animar a la participación, son también un medio para la propagación de noticias negativas, tendenciosas y maliciosas. Y aún más en un ámbito como el urbanismo que ha generado tantas malas noticias en los años de la crisis. Por ello el equipo de Comunicación adquiere un valor esencial para disponer de estrategias que controlen este tipo de riesgos.

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La Oficina, a través de su sitio web, debe proporcionar máxima transparencia sobre el proceso de ordenación en los siguientes aspectos: 1) Cronograma del proceso o agenda del plan con definición de las etapas a realizar, los responsables de cada etapa y su estado actual, debe proporcionar una imagen clara y sencilla de la hoja de ruta del nuevo plan. 2) Aunque los períodos de información pública determinan la ventana de tiempo en que los ciudadanos puede inspeccionar el plan y presentar alegaciones válidas, es imprescindible que la información del plan sea visible de forma temprana. A tal efecto la Oficina deberá establecer en todo momento que información es publicable, ello puede incluir información de diagnóstico o borradores de diseño que permitan un cierto grado de opinión pública constante y una demostración fehaciente de la voluntad de transparencia y participación por parte de la administración pública hacia la ciudadanía. 3) El canal de expresión de esa opinión pública será un foro abierto, moderado por la Oficina, que permita de forma temprana pulsar el impacto previsible de las alternativas de diseño. De forma que el documento que llegue a información pública no constituya una sorpresa y haya resuelto de antemano las aristas y conflictos ya evidenciados. 4) La utilización de un foro abierto aporta una importante novedad a los procesos de participación pública y puede producir variados efectos: -Efecto autocensura: ya que las propuestas de todos son visibles para todos, a la hora de opinar o solicitar hay que tener en cuenta que no solo van a ser vistas por el equipo redactor sino por todos los demás ciudadanos. Esta posibilidad puede extenderse incluso a las alegaciones formales que se realicen durante los períodos de información pública. Esto puede producir una cierta autocensura en las pretensiones y ello ayude a moderar las excesivamente ambiciosas. - Efecto de apoyo dinámico: los procesos actuales de participación no favorecen la comunicación entre los ciudadanos para formar un colectivo que apoye o rechace una idea del plan. O son colectivos existentes previamente o han conseguido superar los inconvenientes actuales y han formado un colectivo específico para la ocasión. Sin embargo el foro abierto permite que a la opinión inicialmente expresada por una persona se sumen dinámicamente otras personas, que nunca hubieran participado en el proceso bien porque no se les había ocurrido esa novedad o bien porque no se habrían atrevido a formularla en público si no lo hace otro antes. - Efecto de rechazo dinámico, el opuesto al anterior. - Efecto anonimato: el foro permite usuarios que actúen de forma anónima mediante un avatar, deberá establecerse si ese anonimato es completo, es decir ni siquiera el administrador de la web conoce su verdadero nombre, o parcial, es decir será anónimo ante el público en general pero debe proporcionar su nombre al administrador de la web. En cualquier caso la presentación de alegaciones o recursos exige la identificación fehaciente del ciudadano para que surtan efecto. El anonimato es un arma de doble filo ya que si bien permite la expresión de opiniones útiles que de otra forma no se harían, también puede servir para el insulto, la descalificación o la burla, aunque en cualquier caso estos contenidos pueden ser eliminados por el moderador del foro. El mantenimiento de esa web se concibe de forma dinámica de forma que todos los participantes en el sistema, desde el equipo de la OTP a los redactores o incluso los ciudadanos actualicen el sistema mediante su trabajo diario.

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La web proporciona de esta forma un entorno de trabajo colaborativo cuyo alcance y contenido está en función del perfil del usuario, definiéndose las siguientes zonas: - Zona pública: será aquella a la que se accede de forma libre, permite la descarga de documentos públicos, el acceso a las capas geográficas públicas, la participación en el foro, la presentación de alegaciones y la interposición de recursos en los momentos oportunos del procedimiento. - Zona de producción: será aquella a la que acceden los equipos redactores de planes y que les permite además la carga de documentos a publicar, la carga y el acceso a capas geográficas en fase de producción y el informe de alegaciones y recursos. Los funcionarios de organismos sectoriales tendrán ante la web un perfil similar a los productores de planes. - Zona de gestión: será aquella a la que acceden los funcionarios de la Oficina y les permite además aprobar la publicación de documentos, avanzar la agenda del plan, mantener el sistema de usuarios y roles, ejercer de moderador del foro y asegurar y certificar los registros telemáticos de entrada y salida. - Zona de configuración: será aquella reservada a los administradores del sitio web que permite adecuar el alcance y funcionalidades del web a sus objetivos específicos. La Web incluirá los siguientes componentes: - Directorio de personas: incluirá todas las personas involucradas en los sistemas, funcionarios de la Oficina, representantes de equipos redactores, representantes de entidades locales, representantes de organismos sectoriales, representantes de colectivos sociales especialmente involucrados… - Enlaces: hipervínculos a sitios útiles en relación a la gestión territorial: ayuntamientos, organismos sectoriales, organismos territoriales… - Cronograma de planificación: mostrará para cada Plan la secuencia de actividades prevista con indicación de sus responsables, duración y programación temporal. - Calendario del Plan: mostrará los hitos y eventos de carácter público previstos durante la tramitación del Plan: sesiones informativas, plenos municipales públicos, inicio y final de períodos de información pública… - Foro de planeamiento: con los objetivos ya expuestos, se estructurará por temas, problemas generales, alcance y objetivos de la ordenación, clasificación de suelo, calificación de suelo, gestión urbanística, catálogo y protecciones… - E-Learning de Planeamiento: la web incluirá cursos no presenciales de formación en urbanismo que expliquen de forma didáctica el objeto, alcance y contenido de los planes, la tramitación y formas de participación, la ejecución y el recurso. - Acceso al Registro Electrónico de Instrumentos: permitirá acceder a los instrumentos vigentes y en tramitación, la descarga de documentos del Plan, el acceso a su contenido normativo y gráfico. - Registro telemático: permitirá la presentación telemática de alegaciones y recursos mediante certificado electrónico y la recepción de informes y notificaciones electrónicas. - Visor de planeamiento: permitirá el acceso gráfico a los planes vigentes y en tramitación y su superposición sobre mapas WMS estándar, así como la consulta de datos y fichas informativas. Los resultados de las tareas de Comunicación formarán el documento de Memoria de Participación.

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Análisis, modelado y gestión - Análisis urbano: recopila y diagnostica la situación de la ciudad, proporciona de forma sistemática la información territorial existente y que debe ser utilizada en el diseño del nuevo Plan. Incluye las tareas de Análisis y Diagnóstico. - Estrategia urbana: diseña el nuevo modelo de ciudad, establece un tratamiento urbano ajustado al modelo a partir de la información aportada por el grupo de Análisis. Se organiza en dos subgrupos:

Normativa: redacta los documentos informativos y normativos del Plan, identifica y delimita las entidades gráficas del Plan y su régimen normativo a partir de los materiales aportados por los grupos de Análisis. Gráfica: dibuja la delimitación geográfica de todas las entidades asegurando su coherencia topológica.

- Gestión y viabilidad: define y negocia un marco de ejecución del plan sostenible y viable. Establece con todos los agentes que intervienen: la propia Oficina, el equipo político municipal, el equipo técnico municipal, las asociaciones ciudadanas, el equipo técnico regional y los órganos sectoriales, una relación de confianza e intercambio que garantice la viabilidad de las propuestas generadas por el grupo de Estrategia.

Administración y apoyo Proporciona servicios de todo tipo al resto de los equipos de la Oficina. Se coordina con el resto de personal de Gerencia para las tareas de contabilidad, contratación y seguimiento.

Tecnología y Producción Gestiona el sistema de información (SI), capacita a los usuarios, resuelve las incidencias y da soporte técnico a toda la Oficina. Además es el responsable de dar forma al Plan, tanto en soporte de papel como digital y por Internet, con las instrucciones de contenido y modo de representación que establezca el Director. También fabrica los materiales de presentaciones tanto presenciales como remotas. Sistemas y aplicaciones Todas las necesidades descritas en los apartados anteriores se concretan en un Sistema de Información (SI): 1) Un repositorio de información urbana producto del equipo de Análisis que debe ajustarse a un modelo de datos preciso y que pueda mantenerse actualizado. 2) Un conjunto de servicios y sistemas que mantiene un cuadro de mando basado en Indicadores urbanos 3) Un sistema de diseño de modelos urbanos que facilite la evaluación dinámica de sus efectos e impactos. 4) Un Registro Urbano que contiene todos los Instrumentos de cambio urbano y mantiene los Inventarios de todos los elementos que forman la ciudad y las relaciones que los conectan. 5) Una Web de comunicación moderna, abierta e interoperable que abre una ventana gráfica a la ciudad. 6) Un portal de Capacitación basado en contenidos de e-Learning El equipo de tecnología se deberá ocupar de proporcionar una solución adecuada a cada necesidad.

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Producción Se ocupará además de producir los elementos materiales del Plan: De los materiales finales de publicación y entrega, tanto sean en forma digital como papel. Conviene con los equipos de Estrategia, Gestión y Comunicación los formatos, composición y representación de todos los contenidos del Plan. También fabrica los materiales de presentación tanto para presentaciones presenciales como remotas y administra los medios de publicación por Internet. Además será el equipo responsable del seguimiento del Plan de Proyecto, para:

- Establecer la secuencia de tareas a realizar - Asignar las responsabilidades de ejecución de dichas tareas entre todos los actores del proceso - Definir las dependencias entre dichas tareas de forma que se pueda reajustar la planificación en función de los plazos efectivos de ejecución de sus tareas. - Establecer el mecanismo de control de desviaciones entre la planificación de base y la ejecución efectiva de los planes. - Definir y gestionar las incidencias y alarmas que pueden afectar al cumplimiento de la planificación. - Controlar los retrasos o problemas que deban ser objeto de penalización según las condiciones impuestas por los pliegos de contratación.

El sistema de seguimiento debe ser un sistema público accesible por parte de todos los actores del procedimiento de forma que las desviaciones o problemas que se evidencien durante los procesos puedan ser compartidos y comprendidos por todos. Capacitación La utilización correcta de los sistemas y el seguimiento de las metodologías propuestas exigirá que este equipo se responsabilice de la capacitación permanente de todos los miembros del equipo:

- Explicar los objetivos, metodología y resultados de las actuaciones de sistematización de manera que cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar su función. - Capacitar a los técnicos de sistemas del Ayuntamiento en el uso y administración de los aplicativos aportados adaptando el conocimiento en función de sus competencias profesionales, con el objetivo de que el sistema de la OMP no quede como un sistema aislado, sino plenamente integrado y asumido por el equipo municipal. - Facilitar y potenciar el cambio de modelo desde una perspectiva de innovación y excelencia en el servicio.

(…) La formación se encuadra dentro de la política de adaptación de las administraciones públicas al proceso de innovación tecnológica, dotándolas de las competencias necesarias para un adecuado y eficiente servicio público. Por ello, el Plan de Formación debe contemplar, de forma integrada, el desarrollo organizativo e individual incorporando contenidos en función de los resultados esperados y teniendo en cuenta los objetivos de la Oficina, de cada unidad de servicio así como su adecuación al mapa de competencias de cada técnico. La aceptación, actitud y mantenimiento futuro del nuevo sistema por parte de los usuarios dependen, en gran manera, del conocimiento que lleguen a obtener del mismo por lo que esta Actuación de Capacitación adquiere una relevancia especial en el éxito de la Oficina. Aunque se efectuará una formación muy personalizada no se descarta la necesidad de utilizar aulas específicas de formación.

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Se propone encuadrar a los técnicos en distintos grupos formativos en función de su especialización para los que se diseñará un Módulo de Formación totalmente personalizado. Como propuesta se articula una división de grupos de usuario basados en el siguiente desglose: 1) Administradores de Infraestructuras, Comunicaciones y Seguridad

- Funciones: responsables de la configuración física del sistema, bastionado, sistemas operativos, configuración y afinado de bases de datos, seguridad de datos, seguridad de accesos, sistemas de contingencia y comunicaciones. - Objetivo: alcanzar la capacidad de administrar el sistema de la Oficina e integrarla en la plataforma municipal.

2) Administradores de Aplicaciones - Funciones: responsables de servidores de aplicaciones, de la optimización de servicios y la escalabilidad. - Objetivo: administrar y conocer el uso de los aplicativos.

3) Responsables del Registro Urbano - Funciones: utilización de la Consola de Registro y ejecutar sus funcionalidades. - Objetivo: alcanzar la capacidad de ejecutar las funciones de administración y operación de la Consola.

4) Equipo de Análisis, Estrategia y Gestión - Funciones: cargar los repositorios de datos de Análisis, manejar las aplicaciones del entorno de Diseño, manejar la Consola del Edición del Registro Urbano.

- Objetivo: alcanzar la capacidad de utilizar eficientemente las aplicaciones del sistema. Será beneficioso que la capacitación también participe de las nuevas tecnologías y se encuadre dentro de la modalidad educacional del b-learning o formación combinada. La combinación de formación presencial con herramientas de formación a distancia permite el enriquecimiento de la labor de aprendizaje y la posibilidad de que el alumno la adapte a sus necesidades. En realidad es una metodología formativa que reúne las ventajas de la formación presencial (interacción física, motivación de los participantes y realización de actividades complejas para el entorno virtual) y todas las de la formación online (reducción de costes, eliminación de barreras espaciales y flexibilidad temporal). Para ello se procurará que los contenidos formativos se materialicen como documentos y cursos utilizando alguno de los Sistemas LMS (Learning Management System) diseñados para facilitar la gestión de cursos virtuales para profesores y alumnos, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. Adoptará una forma similar a otros entornos virtuales ampliamente consolidados como Moodle o Dokeos, pudiendo utilizar la especificación SCORM para crear objetos pedagógicos estructurados.

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Equipo de Base Las dimensiones del equipo de trabajo se ajustarán en cada momento a los requisitos de las tareas definidas en el Plan de Trabajo. Aunque la estructura funcional compartimenta la OMP ello no quiere decir que también compartimente al equipo humano. En primer lugar porque hay una secuencia temporal de tareas en la que el Análisis Urbano consume la mayoría de los recursos en los primeros meses, pero luego cede su protagonismo a la Estrategia Urbana trasvasando gran parte de su equipo humano. En segundo lugar porque siempre es aconsejable que las personas del equipo adquieran el máximo posible de destrezas y puedan actuar en diferentes tareas. En todo caso hay una dimensión mínima determinada por el Equipo de Base compuesto de los siguientes perfiles: Director: 1 Urbanista senior con experiencia en el urbanismo de Cuenca Coordinador: 1 Urbanista senior Comunicación: 1Experto en comunicación y community manager Urbanista: 4 Urbanistas junior-senior, preferiblemente con experiencia en el urbanismo de Cuenca Medioambientalista: 1 Titulado superior en Ciencias Ambientales Sociólogo: 1 Titulado superior en Sociología Economista: 1 Titulado superior en Economía Patrimonio cultural: Arquitecto senior con experiencia de catalogación y rehabilitación de edificación histórica Sistemas: 1 Ingeniero de sistemas GIS Equipos externos La contratación de equipos externos se realizará mediante la identificación de entregables sujetos a condiciones particulares y técnicas concretas. De forma tentativa se han identificado los siguientes entregables que deben ser objeto de contratación externa como servicios de consultoría:

Apoyo funcional, se concreta en tres tipos:

- Apoyo a Coordinación: comprende los servicios de consultoría urbanística para prestar

apoyo organizativo, técnico, urbanístico y jurídico a la Dirección y equipos de la OMP. - Apoyo a Tecnología y Producción: comprende los servicios de consultoría para la creación

de SI de la OMP y sus servicios complementarios, el apoyo a las tareas de producción, publicación y capacitación. Puede incluir la prestación temporal de equipos y sistemas técnicos.

- Base Cartográfica: comprende los trabajos de estructuración, modelado de datos y carga GIS de la base cartográfica 1/1000 en el SI.

Informe de Sostenibilidad Ambiental. Incluye los trabajos de estructuración y modelado de datos del Medio Ambiente en el SI y de los documentos señalados como Objetivo en su Plan de Datos, la redacción del ISA y el apoyo para su tramitación en el órgano ambiental de Castilla La Mancha.

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Inventario de Bienes Patrimoniales. Comprende los trabajos de estructuración y modelado de datos de Patrimonio en el SI, la redacción del Inventario de Bienes y el apoyo para su tramitación en el órgano cultural de Castilla La Mancha.

Análisis de Medio Urbano, se concreta en dos entregables:

- Informe de Metabolismo Urbano. Comprende los trabajos de estructuración y modelado

de datos del Metabolismo en el SI, actualización del estado, dimensiones y características de las redes, y confección de los análisis y documentos señalados como Objetivo en su Plan de Datos.

- Informe de Medio Urbano. Comprende los trabajos de estructuración y modelado de datos del Medio Urbano en el SI y confección de los análisis y documentos señalados como Objetivo en su Plan de Datos.

Análisis Socio-Económico, se concreta en dos entregables:

- Informe Socio-económico. Comprende los trabajos de estructuración y modelado de datos

del Medio socio-económico en el SI y confección de los análisis y documentos señalados como Objetivo en su Plan de Datos.

- Informe Jurídico y de Gobernanza. Comprende los trabajos de estructuración y modelado

de datos del Marco jurídico y de Gobernanza en el SI y confección de los análisis y documentos señalados como Objetivo en su Plan de Datos.

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Dimensionado El equipo externo se dimensiona habitualmente mediante equipos de dos a cuatro personas especializados en su área respectiva. Puede suceder que para tareas ocasionales o masivas deban ser apoyados por equipos auxiliares de mecanografía o delineación. En estos casos esa dedicación está incluida en el coste estimado. El equipo de apoyo a Coordinación se presupuesta asumiendo que en el plazo de redacción del Plan (hasta tres años) dedicarán un tiempo máximo equivalente a 30 meses. Si el esfuerzo final es menor al estimado el coste se reducirá. En el mismo caso se incluye el apoyo a Tecnología y Producción. Presupuesto: 260.000 euros. Anualidades: 2016-2017-2018-2019 Informe de Sostenibilidad Ambiental: Presupuesto 65.000 euros Anualidades: 2017-2018

Inventario de Bienes Patrimoniales: Presupuesto 84.000 euros Anualidades: 2016-2017

Informe de Metabolismo Urbano: Presupuesto 89.600 euros Anualidades: 2016-2017 Informe SocioEconómico, Jurídico y de Gobernanza: Presupuesto 50.400 Anualidades: 2017-2018

Presupuesto Total (a ejecutar en Tres años): 549.000 euros + IVA

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Metodología de trabajo Se propone un marco metodológico adaptado a las distintas funciones: el análisis urbano, la estrategia urbana y la gestión urbana. - Análisis urbano. La metodología de trabajo actual para el análisis urbano en la mayoría de los equipos redactores de planes pasa por realizar una recolección rutinaria de datos que son volcados en una memoria informativa y que tiene una utilidad dudosa para la posterior definición del modelo urbano. Por otro lado es indudable que para afinar un modelo urbano futuro viable y sostenible es preciso conocer la ciudad en todos sus aspectos. A tal efecto se propone una relación de aspectos que deben ser analizados siempre de desde las siguientes premisas: a) Debe establecerse su utilidad concreta para la definición del modelo. b) Tendrán la escala, precisión y alcance mínimo imprescindible para que sean útiles, evitando dilapidar recursos y tiempo en obtener datos que luego no se van a utilizar. c) Se guardarán en el almacén de datos que defina el Plan de Datos con el modelo que se establezca en cada caso. d) La metodología no se limitará al proceso de obtención para su uso en el momento de la Revisión, sino que definirá también los procedimientos para su actualización futura. De forma que el cuerpo informativo que ilustra la Revisión no quede como una fotografía de ese momento, sino que sirva como referente constante de los cambios de la ciudad, alimente un cuadro de indicadores vivo y por tanto permita seguir las desviaciones o desajustes entre el modelo del Plan y sus resultados efectivos. Para conseguirlo se debe establecer un Catálogo de Datos que defina para cada uno de ellos los siguientes metadatos:

a) La fuente: el origen del dato. Ello incluye el procedimiento convenido con ella para asegurar la disponibilidad del dato. b) La periodicidad de actualización establecida por la fuente de datos. De forma que el sistema pueda programar tareas periódicas de consulta. c) El procedimiento de actualización. En este momento el acceso a información mediante descarga de ficheros, servicios web o acceso remoto a sistemas, son métodos habituales de trabajo. Si no hay más remedio se seguirán obteniendo en documentos de papel para su digitalización, o en ficheros para su procesado pero inevitablemente estamos abocados a un entorno de comunicación basado en servicios y eventos de forma que las actualizaciones producidas en la fuente de datos desencadenen procesos automáticos de sincronización de datos. En este caso esos metadatos incluirán la forma de iniciación de esos procesos y el direccionamiento internet necesario.

Se aporta en el Plan de Datos una relación exhaustiva de todos los ámbitos de información que son pertinentes para el Análisis, indicando para cada uno ellos su fuente, prioridad, disponibilidad y dificultad de acceso. En muchos casos no existe el dato, por ello se indican en el Plan de Proyecto las acciones precisas para construirlos. El producto del Análisis urbano, los datos obtenidos, son útiles en la medida en que sirvan para establecer un Diagnóstico, es decir una definición concreta y medible de los problemas, las carencias o las necesidades urbanas. La medición se debe concretar en un cuadro de Indicadores urbanos.

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La actualización permanente deL cuadro de Indicadores deberá estar asignada a procedimientos automatizados, de modo que sea posible tomar el pulso a la ciudad cada vez que algo cambie en ella. - Estrategias urbanas. A partir de los datos obtenidos del análisis urbano y su diagnosis es preciso diseñar modelos urbanos que identifiquen las oportunidades, resuelvan los problemas y las necesidades detectadas. En los últimos años las metodologías de sostenibilidad medioambiental y económica se basan en la definición de al menos tres modelos de crecimiento urbano que permitan establecer una comparación de su impacto, en orden a asegurar que el nuevo modelo cubre el programa de necesidades con el mínimo impacto, es decir maximiza la sostenibilidad. Además estas técnicas de modelado urbano no solo se deben aplicar en la Revisión sino en todo su período de vigencia y para todas sus modificaciones y desarrollos futuros. Por tanto es preciso que el equipo de Estrategia disponga de las técnicas y procedimientos adecuados para verificar de forma constante y continua la sostenibilidad de sus modelos. Esto únicamente es viable si dispone de sistemas GIS avanzados y de herramientas GIS específicas que permitan evaluar dinámicamente el impacto de un modelo sobre el territorio. De esta forma un incremento de suelo clasificado, un cambio de uso o intensidad, un cambio de condiciones de la parcelación o la edificación, o cualquier otra alteración en un modelo se pueden evaluar al momento. A tal efecto se establecen tres entornos de trabajo: 1) Entorno de Diseño, sirve para establecer un modelo urbano digital basado en la definición de las capas de planeamiento sustantivas para un ámbito geográfico: clasificación, categorización, calificación, protección, gestión y acciones. Cada elemento insertado contiene un conjunto de propiedades evaluables automáticamente para actualizar dinámicamente un cuadro resumen: superficies, edificabilidades por usos, cesiones, números de viviendas, número de plazas de aparcamiento… Todo lo necesario para definir numéricamente el modelo y evaluar su sostenibilidad. Este entorno de proyecto se montará sobre QuantumGIS, LocalGIS o similar. Actualmente los documentos de cambio urbano son redactados utilizando herramientas informáticas sofisticadas (procesadores de texto, base de datos, sistemas CAD/GIS/BIM) que resultan en un documento impreso en papel. Documento que en ocasiones se redigitaliza para servir como fuente de datos de los sistemas urbanos. Un proceso esquizofrénico y absurdo que debe ser reconducido mediante la sistematización: el documento de cambio debe pasar a ser una transacción digital que defina los objetos urbanos, sus propiedades, relaciones y operaciones asociadas. Un documento escrito en un lenguaje estricto que pueda ser utilizado por un ejecutor transaccional automatizado, capaz de mantener actualizado un Inventario de objetos urbanos. 2) Entorno de Publicación Provisional: una vez estabilizado un modelo concreto en el entorno de diseño puede ser objeto de publicación, normalmente para mostrar el avance de los trabajos y recibir sugerencias, aparecerá como un conjunto de capas provisionales en el visor de planeamiento de la ciudad, junto con los cuadros y memoria justificativa del modelo propuesto. 3) Entorno de Publicación Ejecutiva: tras la decisión municipal de aprobar en el trámite correspondiente un modelo urbano, eso modelo se convierte en un Plan, documentalmente completo, que se inserta en el Inventario de Planeamiento de la ciudad, si está en un trámite no definitivo, como capas separadas del Planeamiento vigente, es ya un trámite definitivo quedará refundido en el Planeamiento ejecutivo vigente.

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Para establecer modelos urbanos evaluables automáticamente, en definitiva para concretar el contenido del Plan digital, es preciso sistematizar su contenido. Para este caso se propone la reutilización de las técnicas ya establecidas en el programa de Urbanismo en Red con algunas nuevas características:

1) Nuevo alcance: Urbanismo en Red contiene un Registro de Planeamiento digital que se amplía para registrar los instrumentos de gestión, ejecución y obligaciones: a. Se registran todos los instrumentos de gestión urbanística y licencias para el mantenimiento de un Inventario de Derechos (propiedad, servidumbre, vado, uso, actividad, tanteo, retracto…) b. Se registran todos los instrumentos de edificación y urbanización, para el mantenimiento de un Inventario de Objetos (edificación, urbanización, mobiliario…) c. Y se registran todos los instrumentos de gestión urbanística, convenios, contratos...) para el mantenimiento de un Inventario de Obligaciones (mantenimiento, conservación, limpieza…) 2) El Inventario: a diferencia de Urbanismo en Red, donde se iban creando Refundidos sucesivos, en este nuevo sistema se establece un único Inventario de Planeamiento que contiene la ordenación refundida vigente construida mediante operaciones de actualización contenidas en los planes aprobados. La nueva Revisión aportará el primer contingente de elementos a ese Inventario y se actualizará en el futuro cada vez que se apruebe definitivamente un nuevo Instrumento. Ello proporciona una gran estabilidad al sistema ya que un elemento incorporado al Inventario podrá ser accesible siempre desde sistemas externos, aunque cambien sus propiedades o su estado de vigencia. 3) La Normalización: se establece la Normalización completa del diccionario de Determinaciones: hasta ahora se ha permitido que los planes generales, especiales y parciales definan sus propios diccionarios de determinaciones, ello conduce a la polisemia, a la confusión y a la complicación de los procedimientos automatizados de cálculo urbano. En los casos en que dicho diccionario deba ser ampliado por cambios legislativos o necesidades nuevas planteadas por los planes y no contempladas en ese momento, el diccionario será ampliado o modificado de forma centralizada por la unidad con competencia urbanística. Ese diccionario estará asignado a un Instrumento Base unificado y obligatorio para todos los Instrumentos registrados.

4) Las nuevas Relaciones: se amplía el esquema de relación entre elementos de forma que pueda reflejar no solo las adscripciones entre ámbitos de ordenación, sino cualquier relación entre un derecho y un objeto, derechos contenidos unos dentro de otros, obligaciones derivadas de derechos..

5) La Operación interInventarios: se amplía el esquema de Operación de forma que un Instrumento pueda operar contra diferentes Inventarios y contra sus relaciones

6) La Edición en Consola: se elimina el editor de planes incluyendo las funciones de edición dentro de la consola, de forma que sean los propios redactores quienes definan sus entidades y relaciones, y puedan evaluar los efectos sobre el Inventario antes de su ejecución efectiva.

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7) La Organización: Se establece una nueva operativa de permisos de usuario, incorporando el concepto de Organización compuesta de Usuarios y estableciendo Organizaciones gestoras de ámbito capacitadas para efectuar el mantenimiento de sus inventarios y de las organizaciones y usuarios que actúan en su territorio. 8) El control de procesos: se establecen sistemas de gestión de procesos y tareas que controlan la operativa diaria de cuantos colaboran con el Registro. 9) La interoperabilidad y conectividad: los Inventarios proporcionan un soporte estable para la conexión de sus elementos con los procesos administrativos que los controlan y con los sistemas de gestión inteligente de la ciudad, estableciendo un flujo bidireccional que asegura a los sistemas de telegestión la disponibilidad de un Inventario real y al Inventario un método de acceso a datos fundamentales para alimentar los cuadros de mando urbanos. Se trata en definitiva de crear un sistema colaborativo, controlado por la administración competente en cada ámbito, que permita mantener actualizados los Inventarios urbanos por el inmenso poder de la colaboración pero con la vigilancia de la administración para asegurar la calidad y vigencia de sus datos. 10) Carácter vinculante: - La consideración del Registro de Planeamiento como un Registro Electrónico de Instrumentos de Ordenación y Ejecución capaz certificar de forma completa del contenido de los Instrumentos integrados en el mismo, de las previsiones de todo orden contenidas en tales Instrumentos y de las condiciones urbanísticas aplicables en su caso a fincas determinadas. - El Registro será el órgano encargado de la publicidad de los Instrumentos de forma que los ciudadanos puedan acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora y ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. - El Registro incluirá todas las disposiciones que, en el ámbito territorial respectivo, se hallen vigentes en materia de ordenación y ejecución urbanística, ya resulten tales disposiciones de los instrumentos de ordenación o ejecución definidos por su legislación aplicable o de aquéllos que impliquen su revisión, modificación o desarrollo, así como las disposiciones que, por resolución judicial firme, queden afectadas en su contenido, eficacia o validez. Es decir no debe ser un simple depósito de instrumentos de planeamiento o de su ejecución, o de modificaciones de los mismos, sino que de su propia estructura de funcionamiento resulte la vigencia del contenido que incorpora, de suerte que quede garantizado que la base de datos que lo constituye y de la que se da publicidad contiene el texto refundido de todas las disposiciones vigentes en materia de planeamiento y ejecución del mismo.

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- Al Registro se incorporará, tanto el contenido vigente de los instrumentos que hayan sido tramitados y aprobados en soporte electrónico, como el de aquellos cuya tramitación y aprobación se haya realizado en soporte papel, previa las actuaciones necesarias de digitalización, que habrán de ser en todo caso validadas por la Secretaría General de la Administración titular del Registro. Este caso será de aplicación imprescindible para la inclusión de sentencias judiciales, decretos legislativos o instrumentos de rango regional con efectos inmediatos sobre la ordenación vigente. Gestión y Viabilidad Aunque el modelo urbano está condicionado por los sistemas de gestión y viceversa, se considera que de alguna forma el equipo que define los modos de gestión tiene que tener un perfil diferente al puramente diseñador de ciudad. Debe disponer de un bagaje jurídico más profundo y de un carácter negociador. Muchos de los planes vigentes no se cumplen o no salen adelante, no por defectos en su diseño urbano, sino por no haber establecido sistemas de gestión urbanística viables. Nuestro territorio urbano está sujeto a cambio constante. Es una máquina adaptativa que crece y se renueva constantemente para albergar la actividad humana. Hoy día ese cambio está determinado por dos fuerzas antagónicas: por una parte el mercado inmobiliario que está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda y que utiliza el cambio urbano para generar beneficio. Y por otra parte la Administración Pública que intenta regular el mercado y el crecimiento urbano para conseguir una ciudad equilibrada y eficiente. Los constructores de la oferta del mercado inmobiliario, como son los desarrolladores y los comercializadores, están permanentemente presionando al territorio. Buscando oportunidades de suelo y construcción para formar su oferta. Su presión es tan fuerte que sin un control adecuado pueden generar un crecimiento urbano descontrolado: generan desequilibrios funcionales colapsando la movilidad o los servicios urbanos, fomentan la informalidad y la inseguridad jurídica, ocupan suelos valiosos o con riesgos. Son el motor imprescindible del cambio urbano, pero representan una fuerza ciega que debe ser controlada. La demanda inmobiliaria es también otra fuerza ciega. Busca sin cesar espacios urbanos para ejercer su actividad residencial, productiva, comercial o de servicios. Porque las ciudades ofrecen un nicho humano con enormes ventajas y por eso albergarán sin duda a la mayor parte de la población humana durante este siglo. El mercado urbano ha pasado a ser un mercado global en el que las ciudades ofertan sus mejores oportunidades para satisfacer la demanda y asegurar su posición en un mundo de ciudades. Por otra parte la Administración Pública, como ente regulador, utiliza varias herramientas de control: la planificación, la autorización previa al cambio, la inspección del cambio y la asignación final de derechos y obligaciones.

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Mediante la planificación intenta conseguir modelos urbanos eficientes y sostenibles económica y medioambientalmente. Con la autorización previa verifica que las propuestas de cambio urbano se ajustan a la planificación y a una condiciones técnicas mínimas. La inspección se encarga de verificar que las piezas de la ciudad se están utilizando correctamente. Y la asignación de derechos y obligaciones es fundamental para que cada actor ejecute correctamente su papel en esa máquina urbana. Tanto unos como otros trabajan en el marco de un esqueleto jurídico potente que regula sus derechos y obligaciones. Sin ese esqueleto, la inseguridad jurídica impediría el funcionamiento correcto del mercado inmobiliario. Gran parte de los problemas funcionales y urbanos de las ciudades del tercer mundo provienen de la inexistencia de un marco jurídico apropiado y por tanto de un mercado urbano salvaje. Para comandar este aspecto se establece un equipo de negociación: su misión es la de establecer con todos los agentes que intervienen, la propia Oficina, el equipo político, el equipo técnico municipal, las asociaciones, el equipo técnico regional y los órganos sectoriales, una relación de confianza e intercambio que garantice la viabilidad de las propuestas generadas por el grupo de diseño. Es la “cara más visible” del equipo y debe garantizar en la medida de lo posible la preservación de los intereses de todos los afectados. Su producto final será la estrategia de gestión: la delimitación final de los ámbitos de gestión urbanística, la asignación de los sistemas de actuación y ante todo la verificación de la factibilidad económica de cada actuación en función del balance entre beneficios y cargas y de la situación y necesidades del mercado en cada momento. El producto urbano final debe responder a la demanda urbana y los objetivos de ciudad. Este grupo también definirá el Informe Financiero que asegure la sostenibilidad económica del Plan en su conjunto.

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Plan de Proyecto Para la programación del Plan se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 1) La tramitación legal: los tiempos y contenidos precisos en cada etapa de tramitación en función de la legislación vigente. 2) Los contenidos mínimos y estructura documental precisos en cada momento de tramitación. 3) La secuencia de tareas y puesta en marcha de los distintos equipos de trabajo. Tramitación La tramitación del Plan se deberá ajustar a las distintas legislaciones vigentes en Castilla La Mancha: urbanística, ambiental, cultural, de accesibilidad… En los apartados siguientes hacemos mención de aquéllas que afectan de forma importante a los documentos y trabajos de redacción: - Urbanística Artículo 133: Concertación: Concertación interadministrativa no autonómica: avance, sugerencias, informes previos y actas de reuniones. Concertación con la Consejería de Ordenación Territorial: Ordenación Estructural Artículo 135: Aprobación inicial Información pública Informes sectoriales Dictamen colindantes Aprobación Inicial Artículo 136: Aprobación definitiva Solicitud Período consultivo Aprobación definitiva - Ambiental Seguirá el procedimiento establecido por la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha: Artículo 27: Iniciación mediante comunicación al órgano ambiental: Evaluación previa o Documento inicial Artículo 28: Intervención previa del órgano ambiental Relación de administraciones afectadas Documento de referencia Modalidad de consultas a realizar Remisión a las administraciones afectadas Artículo 29: Realización del Informe de Sostenibilidad ambiental por el promotor Artículo 30 Información Pública e Informe de Alegaciones Artículo 31 Confección de la Memoria ambiental

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Artículo 32 Confección de la Propuesta de Plan para aprobación definitiva Artículo 33 Publicidad y Declaración ambiental

- Cultural En cumplimiento del Artículo 47 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, el Plan deberá incluir el Inventario del Patrimonio Cultural, Inventario que será elaborado por el promotor del Plan. Por tanto será preceptivo que dicho Inventario haya sido aprobado por el órgano cultural para que el Plan obtenga su visto bueno. Dado que los tiempos de elaboración y aprobación de dicho Inventario pueden afectar a la tramitación del Plan, se aconseja que sus trabajos de elaboración se inicien de forma inmediata.

- Accesibilidad En cumplimiento del Artículo 4.1 de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, el Plan deberá incluir un Plan de Accesibilidad para garantizar el libre acceso y utilización de las vías públicas y demás espacios de uso común a las personas con limitaciones en su movilidad o en su percepción sensorial del entorno urbano. - Documentos La conjugación de estos trámites determina que el Plan deberá formarse mediante la siguiente secuencia documental: 1) Documento de Avance, define el modelo territorial estructurante y sirve como Documento inicial ambiental, contiene: Los objetivos de la planificación. El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas. El desarrollo previsible del plan o programa. Los efectos ambientales previsibles. Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas aplicables. 2) Informe de Tramitación del Avance: sugerencias, informes, actas de reuniones y el Documento de Referencia Ambiental 3) Documento de Aprobación Inicial, contiene el documento completo del Plan: Memoria Informativa: Marco normativo. Análisis socio-económico. Medio urbano. Planeamiento vigente, en tramitación y en ejecución. Diagnóstico general. Planos de Información: Encuadre territorial. Estado actual. Afecciones. Catastro. Red Viaria y Espacios libres. Redes de Infraestructura. Usos y Tipologías. Intensidad de edificación. Suelo vacante. Zonas de Ordenación existentes. Patrimonio Cultural. Planeamiento vigente, en tramitación y en ejecución. Memoria Justificativa: Objetivos. Ordenación estructural. Ordenación detallada. Análisis de Movilidad. Informe de Sostenibilidad Económica. Justificación de normativas específicas. Planos de Ordenación. Estructural y Detallada. Normas Urbanísticas, Fichas Resumen. Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Cuenca (si es posible ya aprobado por el órgano cultural). Catálogo de Suelo Residencial Público.

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Informe de Sostenibilidad Ambiental: el órgano promotor debe identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la alternativa «sin proyecto», que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa. A estos efectos, se entenderá por alternativa cero la no realización de dicho plan o programa. Plan de Accesibilidad. 4) Informe de Tramitación del Documento de Aprobación Inicial: alegaciones, informes y dictámenes. Incluye la Memoria Ambiental que valora la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de plan o programa, en la que se analizarán el proceso de evaluación, el Informe de Sostenibilidad Ambiental y su calidad, y se evaluará el resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración y se analizará la previsión de los impactos significativos de la aplicación del plan o programa. La memoria ambiental contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta del plan o programa, así como el seguimiento, revisión y modificación de la misma. 5) Documento de Aprobación Definitiva, incluye todo el Documento de Aprobación Inicial una vez rectificado. El Inventario de Bienes de Patrimonio Cultural aprobado y la Declaración Ambiental, que contiene de qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales. Cómo se han tomado en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, los resultados de las consultas, la memoria ambiental, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso y las razones de la elección del plan o programa aprobados, en relación con las alternativas consideradas. - Programación. La programación efectiva del Proyecto deberá ser objeto de un control y seguimiento continuos, ajustándola a las capacidades reales y plazos consumidos con respecto a los programados. En todo caso se plantea una programación tentativa que al menos establece la secuencia de tareas a realizar y sus dependencias mutuas. Se han definido tareas de alto nivel, deberán ser desglosadas en su momento en sub-tareas que permitan una mejor seguimiento del progreso. Hitos: Hito 1. Documentación Informativa. Abril 2017 Hito 2. Documento de Avance. Concertación. Octubre 2017 Hito 3. Documento de Aprobación Inicial. Abril de 2018 Hito 4. Aprobación Inicial del Plan. Octubre de 2018 Hito 5. Aprobación Definitiva del Plan. Abril de 2019

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En clave de PARTICIPACIÓN La mejora de la calidad del urbanismo participativo, descansa, junto a su vinculación normativa o los modelos de participación que se apliquen, también en aspectos directamente relacionados con la especificidad de la práctica urbanística, como por ejemplo: -La incorporación de la participación desde el mismo comienzo de la elaboración de los instrumentos con objeto de evitar su posible subordinación y dependencia a enfoques y propuestas ya maduradas desde el nivel político y técnico, -La identificación y visualización de los agentes públicos y privados implicados e influyentes en la toma de decisiones, -La necesidad de comunicar y hacer visible el carácter transversal y flexible del urbanismo -La abertura del proceso de definición de los límites y los temas a tratar en la dinámica participativa a todos los agentes implicados. -La interpretación (más allá de la recogida sistémica y su incorporación o no en las propuestas) de las opiniones y valoraciones de cada uno de los agentes que han participado en la dinámica participativa, -La propia valoración de las dinámicas participativas por parte de los ciudadanos y agentes que en ellas han participado, con objeto de no limitar el debate exclusivamente a los expertos. Todo ello, sin menoscabar la función social que ha tenido el urbanismo, y entendiendo la participación ciudadana como una forma de gobernanza (y no tanto como una política pública más) dentro de los límites de la democracia representativa y por tanto supeditada a las voluntades y decisiones del sistema democrático. Es decir, considerando que la participación ciudadana puede contribuir a hacer un mejor urbanismo. (...) Se entiende por Participación ciudadana la capacidad de grupos y particulares, no especialistas, que expresan su propia opinión en relación con el proceso de elaboración y gestión del planeamiento, con vocación de incidir de manera efectiva en la adopción de las decisiones. Existen diversas razones que justifican la necesidad y oportunidad de que los ciudadanos participen en la elaboración del planeamiento. La más importante radica en el derecho, que los ciudadanos compartes en los sistemas de gobierno democráticos, a expresar una voz propia en todos los asuntos de la política pública y entre ellos sin duda el planeamiento.

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Existen además beneficios que afectan directamente a la viabilidad y calidad del planeamiento: - Los ciudadanos son una fuente insustituible de información fruto de la experiencia directa que las Administraciones responsables del planeamiento no pueden ignorar. La incorporación de las ideas de la ciudadanía supone un enriquecimiento del planeamiento y con frecuencia una mejora de su calidad técnica. - La Participación a lo largo de todo el proceso de elaboración del planeamiento reduce de manera constatada la probabilidad de conflictos ulteriores a la aprobación de los planes, contribuyendo así a su duración y estabilidad. En tal sentido, el esfuerzo en dedicación, tiempo y coste económico dedicado a la participación resulta provechoso en el medio y largo plazo. - La Participación fortalece la confianza pública en las Administraciones responsables del planeamiento. Supone también un proceso educativo en un doble sentido: La participación educa a los ciudadanos sobre los problemas de su comunidad y la aptitud del planeamiento para resolverlos de manera solvente, y promueve además un cambio de estilo de gobierno haciéndolo más abierto, responsable y efectivo. - La Participación Pública fortalece así mismo el sentimiento de comunidad y de pertenencia respecto del plan. La experiencia de partenariado que supone la participación activa fomenta la cooperación entre los ciudadanos, y entre éstos y las Administraciones, aumentando el grado de satisfacción respecto del Plan y su ejecución. - La Participación pública es también importante para fortalecer la legalidad urbanística, ya que ciudadanos informados y comprometidos respecto del plan constituyen la mejor garantía de que tanto la legislación como las determinaciones del planeamiento son aplicadas adecuadamente. La elaboración de un nuevo planeamiento general en la ciudad es una muy buena oportunidad para incidir en estos aspectos. Debemos incorporar en su desarrollo técnicas de consulta y fomento de la respuesta activa por parte de los ciudadanos, al objeto de superar la mera “audiencia indiscriminada” mediante un programa estructurado de consultas que irá retroalimentándose a lo largo de todo el proceso.