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Procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales en Perú
Carín Huancahuari Paucar*
1. Introducción La jurisdicción constitucional en el Perú nace con la dación de la Constitución Política de 1979, la cual textualmente incorporó al Tribunal de Garantías Constitucionales como de control de la Constitución, aunque sólo tuvo facultades casatorias, teniendo poca producción jurisdiccional durante el tiempo en el que existió bajo dicha denominación. Con la aprobación de la Constitución de 1993, nuevamente los legisladores acogen la regulación de este órgano jurisdiccional bajo el término de Tribunal Constitucional. El 1º de noviembre de 2004, en el Perú entro en vigencia el Código Procesal Constitucional, que vino a consolidar en un solo texto la normatividad relacionada a los procesos constitucionales (anteriormente recogido en las Leyes N.os 23506, 25398, 26301, 24968 y 26435). El citado código, trajo no solo reiteró la gratuidad de estos procesos, sino que introdujo nuevas herramientas procesales aplicables exclusivamente a esta vía procesal, sino que también permitió reordenar el uso de los procesos constitucionales de tutela de derechos al incluirse la cláusula de residualidad como característica intrínseca de los mismos. De esta forma se inició una nueva etapa en la jurisdicción constitucional que ha permitido el desarrollo de una tutela judicial urgente favoreciendo de esta manera la eficacia de los derechos fundamentales al existir un margen más amplio del juez constitucional para hacer eficaz la sentencia. El Código Procesal Constitucional regula tanto procesos constitucionales orgánicos como procesos constitucionales de tutela de derechos, los cuales en su conjunto tienen por finalidad garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales1, siendo que los primeros se encuentran destinados al análisis de las normas legales, hecho por el cual se brinda una tutela de los derechos fundamentales de forma indirecta al tener por finalidad expulsar del ordenamiento jurídico aquellas normas legales que contravienen la Constitución, las leyes y las competencias constitucionalmente asignadas. Estos procesos de control normativo, se encuentran a cargo de dos órganos jurisdiccionales. Así, el Poder Judicial de manera exclusiva se encuentra a cargo de resolver los procesos de acción popular y revisa la legalidad de normas infralegales de carácter general (reglamentos, resoluciones administrativas, resoluciones y decretos) hasta en dos instancias (Salas Superiores y Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, mientras que el Tribunal Constitucional se encuentra a cargo, en única y definitiva instancia, de los procesos de inconstitucionalidad y de conflictos de competencias, siendo que en el primero se revisa la constitucionalidad de la norma impugnada, mientras que en el segundo se analizan los ámbitos de competencias o atribuciones de los poderes estatales, entidades u órganos constitucionales. En cuanto a los procesos constitucionales de tutela de derechos, que se encuentran destinados a la protección directa de los derechos fundamentales, encontramos a los procesos de amparo, hábeas corpus, hábeas data y cumplimiento.
*Asesora Jurisdiccional de la Comisión de Debido Proceso y Asuntos Especiales del Tribunal Constitucional peruano.
Por otro lado, es oportuno precisar que en la legislación constitucional peruana, no encontramos controversia con relación a la tutela de los derechos constitucionales, fundamentales o derechos humanos, dado que se consideran como sinónimos. Asimismo, resulta importante también recordar que para el trámite de este tipo de procesos, particularmente ante el Tribunal Constitucional, además de la Constitución y el Código Procesal Constitucional, resultarán aplicables, en la medida que lo requiera el proceso, las reglas contenidas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 2. Los procesos constitucionales de tutela de derechos
a) Proceso de cumplimiento Regulado en el artículo 200º inciso 6 de la Constitución peruana, establece que este tipo de proceso procede “contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo”, mandato que con la vigencia del Código Procesal Constitucional se tradujo en dos supuestos, siendo el primero de ellos, el cumplimiento de una norma legal o acto administrativo firme y el segundo, el pronunciamiento expreso cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento (artículo 66º del Código Procesal Constitucional). El primero de los supuestos implica para el juez constitucional, valorar la incumplimiento inmediato o directo de un mandato que ya tiene identificado a su beneficiario, mientras que el segundo supuesto, le permite al juez constitucional incluso, valorar la inactividad material de la Administración frente al ejercicio de sus funciones que viene lesionando algún derecho fundamental de los administrados (ejemplo, inactividad administrativa con relación a la ejecución de programas sociales). Cabe precisar adicionalmente, que el Tribunal Constitucional peruano emitió un precedente vinculante sobre los procesos de cumplimiento a razón de precisar el derecho fundamental que este tipo de proceso brindaba, dado que tanto la doctrina nacional como la jurisprudencia constitucional arraigada con la legislación anterior (que no cabe duda que mantiene fundados argumentos) consideró a este proceso como un proceso constitucionalizado y no propiamente como un proceso de tutela de derechos fundamentales. En ese sentido, el 3 de octubre de 2005, a través de la STC N.° 168-2005-PC/TC (Caso Maximiliano Villanueva), el Tribunal Constitucional peruano estableció que la tutela que brinda este proceso es respecto del “derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos”. Asimismo, en la referida sentencia también se procedió a establecer características particulares que debía cumplir la pretensión planteada, a efecto de diferenciar este proceso del proceso contencioso administrativo urgente que en la legislación peruana2 tiene finalidades similares de tutela. Entonces, a partir del referido precedente, el juez constitucional exige que el mandato invocado como incumplido, sea: a) vigente, b) cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo, c) que no esté sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) de ineludible y obligatorio cumplimiento; y, e) incondicional. Excepcionalmente, si el mandato que se
2 Artículo 24° de la Ley N.° 27584 (Ley del Proceso Contencioso Administrativo). “Se tramita como proceso urgente únicamente las siguientes pretensiones: 2. El cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme”.
invoca resulta condicional, este podrá ser evaluado en la vía constitucional “siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria”. Estos requisitos de procedibilidad, deben ser analizados de modo general frente a los procesos de cumplimiento en la vía procesal constitucional, sin embargo, adicionalmente a ellos, cuando se judicializa la petición del cumplimiento (o ejecución) de un acto administrativo, también se requiere que éste: a) reconozca un derecho incuestionable del reclamante y b) permita individualizar al beneficiario del mismo.
b) Proceso de hábeas data Considerado como una modalidad especial del proceso de amparo, el proceso de hábeas data se encuentra textualmente recogido en el artículo 200º inciso 3) de la Constitución y se encuentra destinado para la protección de dos derechos en particular: el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. Básicamente, este proceso constitucional se encuentra destinado a otorgar tutela, en el caso del derecho de acceso a la información pública, cuando la Administración Pública niegue el acceso a ella sin que justifique dicha negativa en los supuestos de restricción legal legítima (información clasificada: secreta, confidencial y reservada), o se produzca una entrega parcial, fragmentada, desactualizada, imprecisa, falsa, no oportuna o errada de la información solicitada. En el Perú, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.° 27806) que data del 3 de agosto de 2003 y su Reglamento (Decreto Supremo N.° 043-2003-CM) que fue expedido el 24 de abril de 2003, recoge las reglas generales con relación a la política de transparencia, teniendo en la actualidad ya poco más de 10 años de vigencia. Cabe precisar, que la jurisprudencia constitucional ha permitido el avance de las líneas generales básicas para el ejercicio de este derecho fundamental, emitiendo la STC N.° 1797-2002-PHD/TC (Caso Wilo Rodriguez, publicada el 30 de setiembre de 2003) en donde efectúa por primera el análisis del alcance de la tutela judicial de este derecho a través del proceso de hábeas data. Por otro lado, cuando se judicializa un hábeas data solicitando tutela del derecho de autodeterminación informativa, el ámbito de tutela resulta más amplía dado que con este tipo de proceso, no solo se puede emplazar a la Administración Pública sino también a todo aquel particular que mantenga información personal acopiada a través de una base de datos física o digital, a efecto de que ponga a disposición del titular de este derecho, de manera inmediata y directa, toda aquella información que almacena de él. Aquí es necesario anotar que la legislación que desarrolla el procedimiento para el acceso a datos personales resulta nobel, dado que la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N.º 29733), fue publicada el 3 de julio de 2011, mientras que su reglamento (Decreto Supremo N.° 003-2013-JUS), recién se aprobó el 22 de marzo de 2013, razón por la cual, pese a que este derecho viene recibiendo tutela judicial ya hace más de 15 años, lo mismo no sucede con la tutela administrativa que de manera inmediata toda persona debería recibir del Estado, pues aun no se implementa estructuralmente la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Sin embargo, judicialmente el Tribunal Constitucional al revisar este tipo de casos, ha podido fijar algunas bases respecto de la tutela judicial que supone el inicio de un hábeas data para acceder a datos personales, estableciendo entre otros casos, la obligación de entrega del record laboral y el certificado de trabajo por parte del empleador hacia el
trabajador (STC 1515-2009.PHD/TC), la obligación de entrega de los exámenes médicos anuales que por ley se le practican a los trabajadores por parte del empleador hacia el trabajador (STC 300-2010-PHD/TC), la obligación de las AFPs de entregar el contrato de afiliación u otro documento que acredite la afiliación al Sistema Privado de Pensiones (STC 5745-2009-PHD/TC), la obligación de la Oficina de Normalización Previsional de entregar las constancias de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (STC 6109-2009-PHD), la obligación de las universidades de entregar los certificados de estudios universitarios (STC 746-2010-PHD/TC), el derecho de excluir datos considerados sensibles para el demandante y que no deben ser materia de difusión o registro (STC 302-2010-PHD/TC y 10614-2006-PHD/TC), así como el análisis del pago de costos como parte de la tutela que brinda el proceso de hábeas data frente a la lesión de los derechos materia de tutela por este proceso (STC 2805-2012-PHD/TC). Asimismo, cabe señalar que con la emisión de la Resolución N.º 06164-2007-PHD/TC, el Tribunal Constitucional establece por primera vez la tipología del proceso de hábeas data, clasificando a este proceso, de acuerdo al tipo de derecho que tutela, en hábeas data puro e impuro. Dentro del primer grupo, encontramos una subclasificación constituida a su vez, por los hábeas data de cognición y los hábeas data manipuladores. En cuanto a los hábeas data de cognición (destinado a conocer y supervisar la forma de almacenamiento de datos), encontramos al habeas data informativo (qué se guarda), al habeas data inquisitivo (quien proporcionó los datos), al hábeas data teleológico (las razones del almacenamiento de datos) y al hábeas data de ubicación (donde se encuentra el dato). Respecto al hábeas data manipulador, hallamos también una subclasificación compuesta por el hábeas data correctivo (modificar datos imprecisos y cambiar o borrar datos falsos), el hábeas data supresorio (elimina información sensible), el hábeas data confidencial (impedir el acceso a personas no autorizadas a información reservada), el hábeas data desvinculador (impedir que terceros conozcan la identidad de los titulares de datos almacenados bajo aspectos generales objetivos como edad, raza, sexo, entre otros), el hábeas data cifrador (cuya finalidad es guardar el dato bajo un código que solo puede ser descifrado por el cifrador autorizado), el hábeas data cautelar (impide la manipulación o publicación del dato), el hábeas data garantista (busca asegurar que las condiciones de seguridad y confidencialidad para el tratamiento de datos resulten eficaces), el hábeas data interpretativo (cuyo objeto es impugnar las valoraciones sobre un dato), el hábeas data indemnizatorio (supuesto que no resulta aplicable por la naturaleza restitutoria del hábeas data, está destinado a solicitar el pago de una indemnización por el daño causado). En cuanto al hábeas data impuro, solo encontramos al hábeas data de acceso a la información pública.
c) Proceso de hábeas corpus Proceso constitucional que se desprende del artículo 200º inciso 1) de la Constitución Política del Perú y el artículo 25º del Código Procesal Constitucional, que se encuentra destinado para la tutela del derecho a la libertad personal, cuando este ha sido lesionado ya sea por una acción, una omisión o es materia de una amenaza de cierta e inminente realización. Asimismo, también la tutela que brinda este proceso, de acuerdo con lo que dispone el artículo 25º del Código Procesal Constitucional, se amplía hacia los derechos conexos de la libertad, es decir, que puede ser materia de tutela derechos de orden procesal
(dentro de un proceso), cuando la lesión o amenaza de afectación se vincule de manera directa al derecho a la libertad individual. Los supuestos clásicos de procedencia y fundabilidad del hábeas corpus por ejemplo permite identificar supuestos lesivos del derecho a la libertad cuando se produce una detención arbitraria (STC N.º 1924-2010-PHC/TC), o la resolución judicial que dispone el mandato de detención no está suficientemente motivado (STC N.º 6-2010-PHC/TC) o cuando el plazo de detención preventiva ha vencido en exceso (STC N.º 2934-2004-PHC/TC) o cuando se produce la instalación de rejas o cualquier otro medio que impidan el libre tránsito (STC N.os 4893-2011-PHC/TC, 2147-2010-PHC/TC, 3013-2011-PHC/TC, entre otras). Sin embargo, a estos supuestos clásicos también se ha incorporado una nueva tipología a través de la vigencia del Código Procesal Constitucional, la misma que ha sido complementada a través de la jurisprudencia constitucional, así podemos hallar:
a) habeas corpus restringido, procede frente a la vigilancia del domicilio, seguimiento policial arbitrario o injustificado.
b) habeas corpus correctivo, que viene a ser el medio idóneo para la defensa de los derechos fundamentales de los reclusos, como lo puede ser la revisión de actos que lesionen algún derecho en el cumplimiento de su condena o incluso en situaciones que impliquen el traslado del un condenado a otro centro carcelario para acceder a tratamientos adecuados para su salud (STC N.os 5559-2009-PHC/TC, 1362-2010-PHC/TC, entre otros).
c) habeas corpus traslativo, que procede contra la mora judicial respecto de la definición de la situación personal de un detenido.
d) habeas corpus instructivo, frente a desapariciones forzadas. Incluye el hecho de que las autoridades emplazadas no expliquen de manera satisfactoria sobre el paradero de la víctima (artículo 32º del Código Procesal Constitucional)
e) habeas corpus preventivo, frente amenaza ciertas y de inminente realización. f) habeas corpus innovativo, supuesto en el cual pese a que ha cesado la amenaza
o violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con la finalidad de evitar la reaparición de la conducta lesiva a futuro.
d) Proceso de amparo
Proceso constitucional mediante el cual se tutelan todos los demás derechos fundamentales contenidos en la Constitución, incluidos los derechos implícitos y los que se desprenden de la cláusula de númerus apertus contenida en el artículo 3º de la Constitución peruana, que no encuentran protección en los procesos de hábeas data, cumplimiento y hábeas corpus. Este proceso se encuentra regulado en el artículo 200º inciso 2) de la Constitución Política y el artículo 37º del Código Procesal Constitucional. Dado el principio de informalidad procesal y la tutela que se busca brindar a través de los procesos constitucionales a los derechos fundamentales que son denunciados como lesionados, este proceso se constituye como el modelo a seguir en cuanto a las diversas formas de tutela judicial efectiva que se puede y debe brindar a un derecho fundamental, esto en el sentido de que muchas veces la tutela solicitada en el petitorio de una demanda, no resulta la adecuada para brindar una real protección y restitución al derecho invocado. Claro está que esta suerte de libertad procesal en cuanto a la forma de emitir un fallo producto, es aplicable a todos los procesos constitucionales por igual, sin embargo, existe una mayor tendencia a aplicarse en los procesos de amparo. Así, por ejemplo podemos
mencionar casos como el de la tutela del derecho al agua potable que por razones técnicas no podía otorgarse en los términos solicitados (STC N.º 1573-2012-PA/TC), o el caso en donde la posible afectación del derecho al medio ambiente sano y equilibrado, que no podía brindarse requiriendo la paralización de las obras que se venían ejecutando sobre una tubería subterránea de transporte de líquidos industriales desde el mar a la planta de procesamiento (STC N.º 2788-2011-PA/TC), por ejemplo (amparo innovativo). Sin embargo, no debemos dejar de mencionar que a través de este proceso se han planteado innumerables conflictos con el Poder Judicial a propósito de la procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales emitidas en procesos irregulares (STC N.º 200-2002-PA/TC) o el amparo contra normas legales autoaplicativas (STC N.os 4677-2004-PA/TC, 2736-2004-PA/TC, 4119-2005-PA/TC y, 0579-2008-PA, control difuso de constitucionalidad) o los conflictos con el Jurado Nacional de Elecciones frente a la procedencia de demandas promovidas contra asuntos electorales (STC N.os 5854-2005-PA/TC, 2730-200-PA/TC, entre otros) o los conflictos con el Consejo Nacional de la Magistratura a propósito de plantear demandas contra las decisiones de no ratificación de jueces o fiscales (STC N.os 3361-2004-PA/TC, 1333-200-PA/TC, entre otras), materias todas ellas, para las cuales son aplicables las reglas generales del proceso constitucional. Cabe precisar que jurisprudencialmente se establecieron reglas específicas para la procedencia del proceso de amparo contra amparo (STC N.° 4853-2004-PA/TC). Así:
- El amparo solo procede frente a una vulneración manifiesta. - Opera por única vez. - Su habilitación se encuentra condicionada a la vulneración de uno o más derechos
fundamentales. - Procede frente a sentencias estimatorias como contra desestimatorias. - Procede en defensa de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. - Se habilita a terceros que no hayan participado en el proceso constitucional
cuestionado y cuyos derechos se ven lesionados. - Procede frente a la defensa de precedentes vinculantes. - Procede también contra una resolución de la etapa de ejecución que puede lesionar
un derecho fundamental. - No procede contra resoluciones del Tribunal Constitucional.
3. Reglas procesales por tipo de proceso Corresponde precisar que para la legislación peruana, la tutela de los procesos constitucionales de tutela de derechos alcanza a actos, omisiones y amenazas (de cierta e inminente realización), siendo que incluso, el juez constitucional se encuentra en la capacidad de emitir pronunciamiento cuando se haya producido el cese de la afectación o se haya tornado en irreparable la lesión denunciada, en virtud de lo que dispone el artículo 1º del Código Procesal Constitucional, esto a efecto de establecer un mandato de no reiteración de la conducta lesiva bajo apercibimiento de imponérsele medidas correctivas (multas acumulativas). Asimismo, en cuanto a los requisitos de procedibilidad de este tipo de procesos, tenemos por un lado que, para el caso de los procesos de cumplimiento y de hábeas data, basta que se efectúe un requerimiento previo bajo documento de fecha cierta, para acreditar el interés para obrar, lo cual sin embargo, dado el carácter de tutela de urgencia que significa la presentación de este tipo de procesos, no implica que el demandante se encuentre
habilitado en cualquier momento para presentar cualquiera de estos procesos, sino que solo cuenta con un plazo de 60 días hábiles para solicitar tutela en este vía procesal, vencido dicho plazo, el demandante tiene la posibilidad de renovar el pedido para que se renueve el plazo, esto en el entendido de que si se deja pasar el plazo de prescripción de la acción, es porque su pretensión no requiere tutela de urgencia (artículo 70º inciso 8 del Código Procesal Constitucional y las RTC N.os 841-2012-PHD/TC, 220-2009-PHD/TC, entre otras). Para el caso del hábeas corpus, básicamente se exige que el petitorio y los hechos denunciados se encuentren vinculados con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad y sus derechos conexos. En el caso del hábeas corpus contra una resolución judicial, se exige que la resolución cuestionada tenga la calidad de firme, es decir, que previamente el recurrente haya agotado todos los medios impugnatorios que tiene habilitado dentro del proceso, para poder plantear una demanda con estas características. Asimismo, cabe precisar que tanto para el hábeas data como para el hábeas corpus no se requiere de la representación de un abogado, y que para el hábeas corpus, la cláusula de residualidad no resulta exigible por mandato expreso del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. En el caso del proceso de amparo, es necesario por un lado, acreditar que la pretensión de tutela forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho (tutela de urgencia) y que no existe una vía procedimental (judicial) igualmente satisfactoria para la tutela del derecho invocado (cláusula de residualidad). Asimismo, deberá presentar su demanda dentro de los 60 (o 30 en el caso de resoluciones judiciales) días hábiles. De manera común a todos estos tipos de procesos, es necesario para la procedencia de la demanda, que el agraviado no haya recurrido previamente a otro proceso judicial, que a la fecha de presentación de la demanda no se haya producido el cese o irreparabilidad del derecho y que la pretensión demandada no cuente con una decisión de cosa juzgada en otro proceso constitucional o exista litispendencia. 4. Legitimación El Código Procesal Constitucional establece que en el caso de los procesos de cumplimiento y hábeas data, es el interesado el legitimado a solicitar el cumplimiento de una norma legal o acto administrativo, o a acceder a información pública o controlar sus datos personales. Sin embargo, en el proceso de cumplimiento también otorga legitimación activa a cualquier persona frente a lesiones de intereses difusos o colectivos y al Defensor de Pueblo. Para el caso del hábeas corpus, la legitimación también resulta extensiva, pues se permite la presentación de la demanda no solo por parte del interesado, sino también lo puede presentar cualquier persona y la Defensoría del Pueblo. En el caso del proceso de amparo, el recurrente puede presentar su demanda de amparo de manera directa o a través de un apoderado. En el caso del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos, cualquier persona puede presentar un amparo. Asimismo, existe la figura de procuración oficiosa, mediante la cual, un tercero puede presentar una demanda de amparo a favor de quien es el lesionado, sin embargo, una vez que el beneficiario se encuentre en posibilidad ratificar la demanda y los actos procesales, deberá efectuarlo.
5. Trámite
En cuanto al trámite, de manera general podemos decir que la legislación constitucional peruana cuenta con tres instancias de fallo, tomando prestado de la jurisdicción ordinaria a sus jueces de primera y segunda instancia para que hagan de las veces de jueces constitucionales, siendo el Tribunal Constitucional la última y definitiva instancia en este tipo de procesos. Para acceder al Tribunal Constitucional, cabe precisar que la Constitución solo habilita a la parte demandante para plantear el Recurso de Agravio Constitucional, pues únicamente son recurribles sentencias de segundo grado denegatorias (improcedentes e infundada) más no hay posibilidad de que el emplazado pueda interponer este tipo de recurso extraordinario. Asimismo, de denegarse el citado recurso extraordinario, el demandante tiene la posibilidad de interponer un recurso de queja por denegatoria del Recurso de Agravio Constitucional de manera directa ante el Tribunal Constitucional. 6. Sobre la ejecución Por otro lado, no queremos dejar de mencionar la existencia de la figura de la actuación inmediata de la sentencia impugnada contenida en el artículo 22º del Código Procesal Constitucional, que permite otorgar tutela inmediata al demandante a efecto de evitar la irreparabilidad del derecho invocado, ni la figura de la represión de actos homogéneos contenida en el artículo 60º del Código Procesal Constitucional cuya solicitud se efectúa en la etapa de ejecución de sentencia y permite al juez ejecutor analizar la generación de un nuevo acto con características similares al declarado lesivo en la sentencia constitucional primigenia, esto a fin de extender los efectos de dicho pronunciamiento judicial para tutelar eficazmente al derecho previamente amparado. En cuanto a la ejecución de las sentencias constitucionales, cabe precisar que en el artículo 59º del Código Procesal Constitucional se ha precisado una serie de medidas coercitivas permite al juez de ejecución, hacer cumplir la sentencia al emplazado, pues de no hacerse efectivo el cumplimiento del mandato de restitución del derecho fundamental dentro del plazo ordenado, corresponderá disponer la apertura de procedimiento administrativo sancionador contra el funcionario público correspondiente, procediendo el juez constitucional ha adoptar las medidas directas necesarias para que el mandato se ejecute en sus propios términos. Cabe manifestar adicionalmente que el Tribunal Constitucional peruano a través de las Resoluciones N.os 168-2007-Q/TC y 201-2007-Q/TC, ampliada mediante la Resolución N.º 4-2009-PA/TC, se otorgó asimismo la facultad de intervenir en la revisión de la etapa de ejecución de las sentencias constitucionales, a través de la admisión del Recurso de Agravio Constitucional a favor del cumplimiento de las sentencias del Poder Judicial y el Recurso de Apelación por Salto. 7. Medidas cautelares Se pueden solicitar la suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, hábeas data y cumplimiento; y se exige apariencia del derecho, peligro en la demora y que la medida cautelar que se solicita, resulte adecuada para asegurar la eficacia de la pretensión. Una vez adquirida la calidad de firme la sentencia de un proceso constitucional, dependiendo del
fallo, la medida cautelar se extinguirá de pleno derecho o conservará sus efectos convirtiéndose en una medida ejecutiva.
Año HC HD Q AI AC CC AA Total
1996 78 0 0 3 0 1 18 100
1997 40 1 0 18 16 2 526 603
1998 166 3 0 0 66 2 956 1.193
1999 252 3 0 0 104 1 1.036 1.396
2000 151 4 0 4 140 1 1.508 1.808
2001 168 3 0 20 45 1 465 702
2002 318 4 0 18 140 4 688 1.172
2003 711 7 91 25 387 9 3.372 4.602
2004 494 10 214 45 439 6 2.956 4.164
2005 550 9 330 34 1.227 8 4.903 7.061
2006 722 9 289 36 2.228 5 6.865 10.154
2007 1.367 81 302 38 1.129 8 6.400 9.325
2008 1.201 72 306 15 443 4 5.041 7.082
2009 1.370 43 438 29 384 6 6.683 8.953
2010 1.108 106 269 48 393 10 5.000 6.934
2011 880 54 248 44 251 14 3.367 4.858
2012 755 36 316 17 203 2 2.847 4.176
2013 663 87 218 14 128 3 3.765 4.878
RESOLUCIONES PUBLICADAS
HC HD Q AI AC CC AA TOTAL1996 155 5 167 24 24 0 853 1.228
1997 157 1 264 8 74 2 1.049 1.555
1998 123 5 79 4 115 3 913 1.242
1999 170 2 45 6 104 2 1.042 1.371
2000 188 5 48 8 115 1 1.074 1.439
2001 225 2 48 18 310 3 979 1.585
2002 536 7 93 16 201 4 2.237 3.094
2003 667 9 220 24 339 13 2.554 3.826
2004 506 11 187 54 642 5 3.699 5.104
2005 970 13 396 35 1.805 6 7.589 10.814
2006 992 77 330 33 1.978 8 7.732 11.150
2007 1.129 75 265 36 590 7 4.696 6.798
2008 1.145 42 331 33 422 7 5.254 7.234
2009 1.099 73 328 37 324 12 4.642 6.515
2010 859 51 267 35 242 3 3.139 4.596
2011 998 63 339 22 310 8 4.150 5.890
2012 922 72 275 21 219 3 3.774 5.286
2013 846 255 263 24 199 5 6.739 8.331
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Proceso de Hábeas Corpus por Fallo
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Otros
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Fallo
Proceso de Amparo por Fallo
Fundada
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Infundada
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Inadmisible
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Otros
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Fallo
Proceso de Cumplimiento por Fallo
Fundada
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Otros
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Resumen de Sentencias y Resoluciones Publicadas por Fallo Año 1999
Fundada
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Fallo
Proceso de Hábeas Data por Fallo
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Otros
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Recurso de Queja por Fallo
Fundada
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Inadmisible
Infundada en Parte
Sin Objeto
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Fallo
Proceso de Inconstitucionalidad por Fallo
Fundada
Fundada en Parte
Devuelvase
Infundada
Improcedente
Inadmisible
Infundada en Parte
Sin Objeto
Improcedente el RAC
Otros
Desistimiento
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Fallo
Proceso Competencial por Fallo
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El Tribunal Constitucional en sus Fallos Año 1999
El Tribunal Constitucional en sus Fallos Año 1999
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Fallo
Proceso de Hábeas Corpus por Fallo
Fundada
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Fallo
Proceso de Amparo por Fallo
Fundada
Fundada en Parte
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Inadmisible
Infundada en Parte
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Proceso de Inconstitucionalidad por Fallo
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Proceso Competencial por Fallo
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Proceso de Hábeas Data por Fallo
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Resumen de Sentencias y Resoluciones Publicadas por Fallo Año 2002
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Resumen de Sentencias y Resoluciones Publicadas por Fallo Año 2005
Fundada
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Proceso de Hábeas Data por Fallo
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Proceso de Hábeas Corpus por Fallo
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Proceso Competencial por Fallo
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El Tribunal Constitucional en sus Fallos Año 2006
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Resumen de Sentencias y Resoluciones Publicadas por Fallo Año 2006
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Resumen de Sentencias y Resoluciones Publicadas por Fallo Año 2007
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Resumen de Sentencias y Resoluciones Publicadas por Fallo Año 2008
Fundada
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Improcedente
Inadmisible
Infundada en Parte
Sin Objeto
Improcedente el RAC
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0,00%
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10,00%
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Fallo
Proceso Competencial por Fallo
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Fundada en Parte
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Inadmisible
Infundada en Parte
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Improcedente el RAC
Otros
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El Tribunal Constitucional en sus Fallos Año 2011
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Fallo
Proceso de Cumplimiento por Fallo
Fundada
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Devuelvase
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Inadmisible
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Otros
Desistimiento
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Fallo
Proceso de Hábeas Data por Fallo
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Otros
Desistimiento
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Fallo
Recurso de Queja por Fallo
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Fallo
Resumen de Sentencias y Resoluciones Publicadas por Fallo Año 2011
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El Tribunal Constitucional en sus Fallos Año 2011
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Fallo
Proceso de Hábeas Corpus por Fallo
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Fallo
Proceso de Amparo por Fallo
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%Fallo
Proceso de Inconstitucionalidad por Fallo
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Fundada en Parte
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Improcedente
Inadmisible
Infundada en Parte
Sin Objeto
Improcedente el RAC
Otros
Desistimiento
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%
Fallo
Proceso Competencial por Fallo
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Inadmisible
Infundada en Parte
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El Tribunal Constitucional en sus Fallos Año 2012
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Fallo
Proceso de Cumplimiento por Fallo
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Fallo
Resumen de Sentencias y Resoluciones Publicadas por Fallo Año 2012
Fundada
Fundada en Parte
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Infundada en Parte
Sin Objeto
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Otros
Desistimiento
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Fallo
Proceso de Hábeas Data por Fallo
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Fallo
Recurso de Queja por Fallo
Fundada
Fundada en Parte
Devuelvase
Infundada
Improcedente
Inadmisible
Infundada en Parte
Sin Objeto
Improcedente el RAC
Otros
Desistimiento
El Tribunal Constitucional en sus Fallos Año 2012
Acción
Fallo Proceso de
Hábeas
Corpus
Proceso de
Amparo
Proceso de
Cumplimiento
Proceso de
Hábeas DataQuejas
Proceso de
Inconstitucionalidad
Proceso
CompetencialTotal %
Fundada 434 7.806 646 140 457 58 8 9.549 13,34%
Fundada en Parte 149 1.897 94 64 0 61 3 2.268 3,17%
Devuelvase 158 523 91 4 180 1 0 957 1,34%
Infundada 2.687 11.797 582 49 6 122 8 15.251 21,31%
Improcedente 5.826 26.592 5.813 115 2.310 70 39 40.765 56,97%
Inadmisible 4 22 3 1 76 41 17 164 0,23%
Infundada en Parte 206 995 4 1 0 6 0 1.212 1,69%
Sin Objeto 282 322 113 8 15 13 0 753 1,05%
Improcedente el RAC 6 97 16 4 0 0 0 123 0,17%
Otros 52 6 58 0,08%
61 291 80 1 26 0 1 460 0,64%
9.813 50.342 7.442 387 3.070 424 82 71.560 100,00%
13,71% 70,35% 10,40% 0,54% 4,29% 0,59% 0,11% 100,00%
Sentencias Estimatorias 16,51%
Sentencias Desestimatorias 83,41%
Estructura % por tipo de Acción
Resumen de Resoluciones Expedidas por el TC por tipo de Fallo
1996-2012
Desistimiento
Total
Tu
tela
No
Tu
tela
16,51%
83,41%
Sentencias Estimatorias vs Sentencias Desestimatorias 1996 - 2012
Sentencias Estimatorias
Sentencias Desestimatorias