Visita del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas.

Acapulco, Gro. 28 de abril de 2013.

Sobre el contexto de violencia y sus antecedentes En los últimos años la violencia ha crecido de un modo inimaginable. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A. C., en el 2011 Acapulco era la cuarta ciudad más violenta del mundo con 128 homicidios por cada cien mil habitantes y en el 2012 se colocó en el segundo lugar con una tasa de 143. Este contexto local, se ve agravado por los altos niveles de desigualdad, marginación y pobreza, por arraigados antecedentes históricos de violencia, por los crecientes niveles de corrupción de la clase político-gobernante y por una violenta y primitiva estrategia de combate al narcotráfico emprendida desde el Gobierno Federal. Durante el 2011, un año en el que aproximadamente 1500 personas fueron asesinadas, la población entró en un toque de queda tácito, las calles estaban desiertas al caer el sol, había secuestros, extorsiones y cobros de piso. Balaceras y enfrentamientos en las principales avenidas a cualquier hora del día, las personas morían en el fuego cruzado. Asesinatos, ejecuciones, cuerpos colgados de los puentes y un despliegue público de la violencia con cuerpos descuartizados y decapitados. La ciudad vivía en un estado de terror y parálisis, ahora todavía lo está, aunque menos visible. Sobre la respuesta del Estado ante este contexto y sus resultados Ese mismo año y ante la incapacidad de las autoridades y el oprobio padecido por la ciudadanía, se desarrollaron diversas manifestaciones públicas, algunas gremiales y otras convocadas espontánea e informalmente, las cuales lograron llamar la atención del Gobierno Federal, el cual ha respondido a estas exigencias con la implementación de los programas Guerrero Seguro en octubre de 2011 y Todos por Acapulco en mayo de 2012.

Sin embargo, y a pesar de espectaculares despliegues militares, policiacos y financieros, la violencia sigue azotando a la ciudad. Los operativos han servido para “blindar” la zona turística y fomentar la percepción de seguridad, al tiempo que las ejecuciones, robos y secuestros suceden a diario en las colonias populares del puerto, sobre todo en las zonas más marginadas.

Ante estas estrategias de combate a la violencia, se corre el riesgo de que al atender los aspectos económico y policiaco del problema, se soslayen otros de igual o mayor importancia, como la prevención de la violencia, la atención a las víctimas, las acciones de reconstrucción de tejido social y el trabajo con los jóvenes.

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Dicha estrategia, basada principalmente en armamento y elementos policíacos y militares, no es correspondida por los ámbitos estatal y municipal, que en el caso de Guerrero y Acapulco se han convertido en testigos, e incluso en obstructores, de las políticas federales de combate al crimen organizado.

La policía local está rebasada por la situación, según palabras del anterior jefe local policiaco: “No hay seguridad social para el 30% de los policías (…) Acapulco cuenta con los salarios a policías más bajos a nivel nacional (…) y existen marcadas deficiencias en la capacitación y adiestramiento, (…) actos de corrupción (…) Existe una posible infiltración de grupos de organizaciones criminales en mi policía”

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El operativo Guerrero Seguro, a un año y medio de su implementación no ha representado una respuesta suficiente, pues continúa su curso porque no hay condiciones para que pueda concluirse.

Según los asesinatos reportados por el diario El Sur en Octubre del 2011, el mes de la implementación del operativo se reportaron 91 ejecuciones3,

en abril del 2012 a seis meses de implementarse se reportaron 107 ejecuciones y en octubre del 2012, a un año de su implementación, se reportaron 100 ejecuciones.

Sobre la Impartición de Justicia

El aparato de procuración y de impartición del Justicia no está siendo capaz de responder a la magnitud de esta situación.

Según México Evalua4 en el 2010 Guerrero es la cuarta entidad con mayor impunidad en homicidios dolosos con 91.5% de homicidios impunes. En

términos de procuración de justicia el desempeño de los ministerios públicos en su trabajo de resolución e investigaciones posee tan sólo el cinco por ciento de efectividad, uno de los más bajos en el país y por debajo del promedio nacional.

1 Según las estadísticas oficiales nacionales del 2011 las tasas de muerte más altas se ubicaron en hombre jóvenes de entre 25 y 29 años de edad que ascendió a 86.8

homicidios por cada 100 mil personas. 2 De la nota del 2 de agosto de 2012 publicada en el Diario El Universal. Puede consultarse en http://www.eluniversal.com.mx/estados/87082.html 3 Según monitoreo del diario El Sur sobre ejecuciones en Acapulco en los años 2011 y 2012.

Visita del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas.

El ministerio público, que es la ventana a este sistema, no está debidamente capacitado y no tiene la capacidad de procesar el alto número de incidencias. La mayoría de los casos no se investigan, sólo se archivan de manera sistemática, impidiendo a las víctimas tener acceso a la verdad y a la justicia.

Sobre la Crisis Humanitaria y las víctimas de la violencia

Al inicio de la llamada “guerra contra las drogas” en 2006, se tendió a minimizar la cuota de hombres y mujeres que en aras de esta lucha perdían la vida, llamándolas “daños colaterales” y con una tendencia a criminalizarlas, asumiendo a priori que estaban involucradas o tenían vínculos con el crimen organizado.

Los números expuestos en los párrafos anteriores representan solo una parte de la crisis humanitaria que está viviéndose en esta ciudad. Ya que en ellos no figuran cifras de las desapariciones, los secuestros, las extorciones y los cobros de cuota a negocios e incluso a casas particulares, representando estas últimas una real y latente amenaza de muerte para quien les es solicitada. Sin mencionar el tema de los desplazamientos por la violencia del cual no tenemos cifra oficial en Acapulco, pero que sabemos según expertos internacionales que a nivel nacional es de 150,000 desplazados.

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La principal tragedia sucede en y alrededor de las víctimas, cuyas edades son cada vez menores y cuya expectativa de justicia es cada día más lejana. Resultado del monitoreo del diario El Sur, como una fuente no oficial cuyo reporte puede ser considerado como una muestra presentamos un perfil de las víctimas: De las 1076 ejecuciones reportadas en el 2012 uno de cada diez son mujeres

6. Así mismo, sobre la edad de las víctimas (en

los casos en los que la edad es reportada) el 54% son jóvenes entre 15 y 29 años, el 41% son adultos entre 20 y 59 años, y el 5% está distribuido entre niños, adolescentes y adultos mayores de 60 años. En el entorno inmediato de las víctimas quedan secuelas y problemas económicos y sociales, pero sobre todo quedan secuelas humanas y socio afectivos en las victimas indirectas. Las viudas y los huérfanos tienen que vivir en el desamparo porque el Estado no les ofrece opciones ni para obtener justicia ni para la restauración de los daños. Aunado a atender la demanda de justicia y verdad de las víctimas de la violencia se debe atender la esfera psicosocial como un problema de salud pública. Basados en la experiencia Colombiana se considera en México estratégico atender a las víctimas para cortar el espiral de la violencia. El riesgo de no atender integralmente la victimización colectiva en esta ciudad deja abierto el camino a que el ciclo de violencia se reproduzca y se genere la siguiente generación de victimarios.

En resumen

Se está viviendo una crisis humanitaria con alto nivel de victimización en la ciudad de Acapulco. El estado mexicano no está siendo capaz de atender integralmente este fenómeno con un enfoque de salud pública, corriendo el riesgo de que el ciclo de violencia se perpetúe.

En lo que respecta a esta ciudad, el estado mexicano no está cumpliendo su responsabilidad de dar la elemental seguridad a los ciudadanos y a las comunidades y de cumplir con su responsabilidad de protección. Tampoco está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a vivir en paz. Mucho menos de darles las víctimas de la violencia acceso a la justicia, a la verdad y garantizarles la no repetición.

Conclusiones Primera. Cambiar el modelo de seguridad pública por el modelo de seguridad humana que involucra a todo el Estado y a la sociedad misma para asegurar el cumplimiento de todos los derechos de las personas para vivir libres del miedo y las necesidades. Segunda. Sanear el sistema de justicia, tanto la procuración como la administración de la misma, que no funciona. Tercera. Atender el factor económico del crimen organizado, en dos sentidos: Primero, el combate contra la pobreza que hace vulnerable a la gente y, segundo, tocar el patrimonio del crimen organizado (lavado de dinero). Cuarta. Atender al factor político de la violencia, que tiene que ver con la colusión de autoridades con el crimen organizado y, más en general, la corrupción en las instituciones públicas. Quinta. Atender a los derechos de las víctimas.

4 Referencias en: http://www.mexicoevalua.org/ 5 Guillermo Trejo Phd. http://al.nd.edu/news/39320-fighting-for-democracy-and-policy-change-in-latin-america/ 6 Según el mismo monitoreo: Los 68 restantes no dan indicios del sexo en el reporte de este periódico.