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UNES: 26 años de Lucha
Ambientalista
por una Sociedad Justa y Sustentable
En esta edición:
-Posicionamiento público. Una sentencia que restablece el orden constitucional.
-Rechazamos la Ley de Asocio Público Privado porque abre posibilidades para la minería
metálica en El Salvador.
-Promoviendo la agricultura ecologica para la soberania alimentaria, en el marco del inicio
de una nueva cosecha.
-No mas chantajes, los derechos no son negociables y los pueblos son libres. Discurso de
Fidel hace 17 años en la Cumbre Mundial de la Alimentación.
-Proclama de movimientos y organizaciones sociales sobre las propuestas de la I Conferencia
Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales.
ECOBREVES
-Soberanía alimentaria a través de la agricultura ecológica. Por Gloria Silvia Orellana.
Redacción Diario Co Latino.
-Diputados irresponsables.Editorial de ARPAS.
-PDDH y organizaciones reiteran oposición a minería. Por Por Gloria Morán. Contrapunto.
Segunda quincena de mayo de 2013.
PPOOSSIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO PPÚÚBBLLIICCOO
UUNNAA SSEENNTTEENNCCIIAA QQUUEE RREESSTTAABBLLEECCEE EELL OORRDDEENN CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL
Ante el fallo de la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, que
declara inconstitucionales los Acuerdos
Ejecutivos números 535 y 30,
respectivamente, mediante los cuales se
nombró al general David Munguía Payés al
frente del Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, y al general Ramón
Salinas como Director de la Policía Nacional
Civil; distintas organizaciones sociales, de
Derechos Humanos, y firmantes de la
demanda que dio origen a la declaratoria
de inconstitucionalidad: al pueblo
salvadoreño y a la comunidad internacional
expresamos lo siguiente:
A principios de noviembre de 2011, luego
de conocerse la renuncia de quien hasta
entonces fungiera como Ministro de
Justicia y Seguridad Pública, distintas
organizaciones sociales nos pronunciamos
públicamente contra el posible
nombramiento de un militar al frente de
esa cartera de Estado. Las organizaciones
sociales y de Derechos Humanos
expusimos públicamente al Presidente,
entre otros planteamientos, lo siguiente:
“La historia reciente manda al Presidente
de la República a tener memoria de ella y
tener en cuenta por lo menos dos temas
fundamentales:
a) En El Salvador tuvo que ocurrir una
guerra civil para ubicar a la Fuerza Armada
en el rol que corresponde, incluso se
reformó la Constitución y ella manda que
La Fuerza Armada tiene por misión la
defensa de la soberanía del Estado y de la
integridad del territorio. Cualquier otra
competencia, es de carácter excepcional y
temporal.
b) Los Acuerdos de Paz, en todo su
proceso, tuvieron como uno de los temas
fundamentales, la civilidad de la Seguridad
Pública; en el Acuerdo de Paz de
Chapultepec, en la letra F del Capítulo I
referido a los Principios Doctrinarios dice
textualmente: El mantenimiento de la paz
interna, de la tranquilidad, del orden y de
la seguridad pública está fuera de la misión
ordinaria de la Fuerza Armada como
institución responsable de la defensa
nacional. En ese ámbito el eventual papel
de la Fuerza Armada es del todo
excepcional, cuando se hayan agotado los
medios ordinarios para ello, en los
términos establecidos por la reforma
constitucional aprobada en abril de 1991.”
Además, las organizaciones sociales y de
Derechos Humanos advertimos
públicamente que: “En este contexto, es
muy difícil asimilar que el Presidente de la
República vaya a cometer un error tan
grave, pues poner a la cabeza de la
seguridad pública a un militar, sería enviar
un mensaje de retroceso a la nación y sería
una grave afrenta al pueblo salvadoreño, a
sus luchas y a sus pequeños avances
democráticos, lo cual es inaceptable, ética
y constitucionalmente.”
Pese a tales advertencias, y bajo la lógica
pro militarista, mediante los Acuerdos
Ejecutivos números 535 y 30,
respectivamente, se nombró al general
David Munguía Payés al frente del
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y
al general Ramón Salinas como Director de
la Policía Nacional Civil –PNC-, lo que a
juicio de distintos sectores sociales y hasta
partidos políticos “progresistas” tales
nombramientos representaron una grave
violación a los preceptos constitucionales,
así como un retroceso al incipiente camino
hacia la democratización del país y en
cuanto al cumplimiento de los Acuerdos de
Paz de 1992.
Es por ello que un grupo de 30 mujeres y
hombres, presentamos el 21 de febrero de
2012, ante la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, la demanda de
inconstitucionalidad en contra de los
nombramientos del general David Munguía
Payés y del general Ramón Salinas.
Los y las demandantes, en el ejercicio de la
facultad conferida por la Constitución de la
República, presentamos la demanda
porque consideramos que los
nombramientos de los militares aludidos,
fundamentalmente la institución que su
investidura representa y no las personas
naturales en sí mismas, son un transgresión
al orden constitucional fruto de los
Acuerdos de Paz.
El pasado viernes 17 de mayo de 2013, la
Sala de lo Constitucional declaró
inconstitucionales, de un modo general y
obligatorio, los Acuerdos Ejecutivos
números 535 y 30, por medio de los cuales
se nombró al general David Munguía Payés
al frente del Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, y al general Ramón
Salinas como Director de la PNC.
Ante tales circunstancias, los y las
demandantes, MANIFESTAMOS lo
siguiente:
Con la declaratoria de inconstitucionalidad
4-2012 emitida el 17 de mayo de 2013, por
la Sala de lo Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia de El Salvador, se
restablece el orden constitucional que
había sido transgredido mediante los
Acuerdos Ejecutivos números 535 y 30.
Que desde que se inició con la
implantación de los llamados Grupos de
Tarea Conjunta, en el país se dio inicio al
proceso de remilitarizacion, tendencia que
se ha profundizado en los últimos años. Los
distintos gobiernos que se han sucedido
desde los Acuerdos de Paz la han venido
justificando bajo distintos argumentos,
pero principalmente porque según ellos
existe un alto nivel de criminalidad que ha
superado la poca cantidad y capacidad de
policías para controlarlo; así es como se ha
hecho creer que el ejército, por su
eficiencia, es necesario para el combate a
la delincuencia y el crimen organizado. No
obstante, consideramos que mantener
permanentemente al ejército en tareas de
seguridad pública – casi desde que se
instaló la PNC hasta nuestro días – violenta
el sentido de excepcionalidad que la
Constitución le confiere al Presidente
(artículo 168, ordinal 12º Cn).
Que con este fallo, la Sala de lo
Constitucional, haciendo uso de su
inherente potestad del control
constitucional, ha resuelto apegada a
Derecho, y que con ello contribuye al
fortalecimiento del incipiente camino hacia
la institucionalidad, condición necesaria
para conducir al país hacia una verdadera
democratización.
Que con este fallo, la Sala de lo
Constitucional ha hecho que recobre
sentido lo establecido en el Informe de la
Comisión de la Verdad, cuando ha dicho
que “la desmilitarización de la policía es un
gran paso de avance en El Salvador”.
Que el fallo de la Sala de lo Constitucional,
ha resuelto única y exclusivamente lo que
los y las demandantes le solicitaron que
resolviera: la inconstitucionalidad de los
nombramientos de ambos funcionarios. En
tanto ello, cualquier ligamen,
interpretación, o análisis con otros temas
que pudieran relacionarse como la tregua
entre pandillas, no tiene ninguna razón de
ser. Debe tenerse en cuenta, que la
demanda fue presentada el 21 de febrero
de 2012, fecha anterior al anuncio del
inicio de la tregua entre pandillas.
No obstante, esperaríamos que los logros
que se han tenido hasta el momento con el
proceso de la tregua, se mantengan y se
profundicen a partir de una política
institucional de Seguridad Pública,
trascendiendo de una peligrosa y temporal
tregua, hacia un proceso de construcción
de paz, todo en correcta aplicación de la
Constitución, Tratados Internacionales, la
Ley Penitenciaria y la efectiva participación
ciudadana.
San Salvador, 23 de mayo de 2013.-
Organizaciones que suscriben:
Concertación Monseñor Romero, Comisión
Pro Memoria Histórica, Fundación de
Estudios para la Aplicación del Derecho -
FESPAD-, Unidad Ecológica Salvadoreña –
UNES, Instituto de Investigación,
Capacitación y Desarrollo de la Mujer -
IMU- y la Mesa Consultiva de Género de
Mejicanos.
RREECCHHAAZZAAMMOOSS LLAA LLEEYY DDEE AASSOOCCIIOO PPÚÚBBLLIICCOO PPRRIIVVAADDOO PPOORRQQUUEE AABBRREE PPOOSSIIBBIILLIIDDAADDEESS
PPAARRAA LLAA MMIINNEERRÍÍAA MMEETTÁÁLLIICCAA EENN EELL SSAALLVVAADDOORR
MESA NACIONAL FRENTE A LA MINERÍA
METÁLICA. San Salvador, 23 de mayo de
2013
En el contexto de discusión de la Ley de
Asocio Público-Privado (APP) y el
deshonroso anuncio hecho por la
Asamblea Legislativa de su aprobación, la
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
hace público su más enérgico rechazo a
este nuevo intento de privatización de
servicios públicos.
Como Mesa Nacional frente a la Minería
Metálica manifestamos además nuestra
profunda preocupación de que la Ley de
APP abra las puertas para la aprobación de
proyectos mineros en nuestro país.
Mientras no se cuente con Ley que prohíba
la Minería Metálica o una Ley General de
Aguas orientada a revertir el estrés hídrico
que sufrimos, es irresponsable y repudiable
que se apruebe un marco jurídico como la
Ley APP, que sienta las condiciones para
agudizar gravemente la depredación
ambiental y por ende, la crisis
socioambiental que vivimos.
Es absurdo y equivocado que se repitan
medidas que ya demostraron ser la causa
de muchos de nuestros problemas
estructurales. La vulnerabilidad ante
desastres, al igual que el deterioro
ambiental, las enormes desventajas
presupuestarias e institucionales para
enfrentar el Cambio Climático, la migración
forzada, la exclusión y la violencia social
son el resultado de no controlar la actitud
voraz del mercado. Los bienes y recursos
que son patrimonio del Estado deben
orientarse para garantizar la vida digna de
la población, no para financiar el lucro
depredador de las corporaciones.
Las propuestas de Asocio Público
constituyen la continuación de las políticas
neoliberales de privatización de servicios
públicos que afectarán los derechos
económicos, sociales y culturales de la
población salvadoreña. Desde una lógica
por la sustentabilidad ambiental, exigimos
a las autoridades del Gobierno y a la
Asamblea Legislativa que en lugar de hacer
valer los programas del Fondo Monetario
Internacional, hagan valer con la misma
importancia y celeridad, las leyes de agua,
de la prohibición de la minería metálica, así
como la ratificación del artículo 69 de la
Constitución que establece el derecho
humano al agua y a la alimentación.
Rechazamos y desmentimos que las
concesiones a privados sean la solución
para mejorar la prestación de servicios a la
población. Enfatizamos que si en El
Salvador se persiguiera la elusión y evasión
fiscal, así como si se aprobara un pacto
fiscal progresivo donde los que tienen más
pagan más, el Estado contaría con las
condiciones y recursos suficientes para
hacerlo.
Llamamos a las y los diputados de la
Asamblea Legislativa para que hagan
respetar la soberanía de nuestro país.
Existen diversos tratados internacionales
como el Convenio para la Conservación de
la Biodiversidad del SICA, el Convenio 169
de la Organización Internacional del
Trabajo OIT, la Convención de Río de 1992,
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que reconocen el derecho de las
poblaciones para participar y decidir sobre
el uso que se le dará a los recursos de sus
territorios. Los Asocio Públicos Privados
son nada más y nada menos que una
afrenta más para cualquier posibilidad de
construir un modelo de desarrollo digno,
justo y sustentable.
DIPUTADOS Y DIPUTADAS: DEFIENDAN LA
SOBERANÍA DEL PUEBLO SALVADOREÑO
¡No a la propuesta de ley de Asocio Público
Privado!
PPRROOMMOOVVIIEENNDDOO LLAA AAGGRRIICCUULLTTUURRAA EECCOOLLOOGGIICCAA PPAARRAA LLAA SSOOBBEERRAANNIIAA AALLIIMMEENNTTAARRIIAA,,
EENN EELL MMAARRCCOO DDEELL IINNIICCIIOO DDEE UUNNAA NNUUEEVVAA CCOOSSEECCHHAA
San Salvador, 3 de Mayo de 2013
Los Pueblos Indígenas, las organizaciones y
redes ambientalistas, organizaciones y
cooperativas agropecuarias, miembras de
la CMJC, en ocasión al inicio de la época
de una nueva cosecha ante la opinión
pública manifestamos:
Que mayo es el mes emblemático para el
inicio de la siembra. Los pueblos indígenas
establecemos una estrecha relación entre
la celebración de la Cruz cósmica, (3 de
mayo), y las ceremonias del inicio de la
siembra. Para los Pueblos Indígenas, la
Tierra constituye un eje fundamental en
nuestra vida, pues entre el ser humano y la
madre tierra existe un vínculo de conexión
espiritual; la Tierra es sagrada y está
cargada de vida, santidad y maternidad.
Que la Madre Tierra, que nos provee vida,
alimentos, salud, está siendo invadida por
Estados y grandes multinacionales como la
Pacific Rim, Enel, Monsanto, Sab Miller
quienes vorazmente pretenden
comercializar los bienes comunes: Agua,
Energía, Semillas, Tierra, componentes
vitales para la subsistencia de las familias
salvadoreñas y del país en general.
Que el accionar corporativo aunado a la
pasividad y permisividad del Estado, ha
llevado a El Salvador a ser el cuarto país
más vulnerable del mundo, convirtiendo a
nuestro territorio y nuestra población en
blanco para la materialización de desastres,
los cuales tienen un impacto en la
soberanía y seguridad alimentaria y en
ecosistemas claves para la subsistencia.
Que según la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, FAO, seguridad alimentaria
es la capacidad de las personas de tener
“acceso físico y económico a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para
satisfacer sus necesidades alimenticias y
sus preferencias en cuanto a los alimentos
a fin de llevar una vida activa y sana”.
Desde los pueblos Indígenas y población
campesina-productora se ha venido
desarrollando una agricultura alternativa,
libre de agrotóxicos, en armonía con la
Madre Tierra, además de propuestas de
políticas públicas como la Reforma
Constitucional por el Derecho Humano al
agua y la alimentación, y distintas
propuestas de ley de soberanía y seguridad
alimentaria con enfoque de género y
cambio climático.
Rechazamos categóricamente la propuesta
de chantaje del Diputado Rodolfo Parker
del PDC de querer supeditar la ratificación
del Derecho Humano al Agua, a la
alimentación por otros derechos.
Que de no tomarse medidas encaminadas
a fomentar prácticas de producción que
estén en armonía con la madre tierra y sus
recursos, seguiremos padeciendo las
graves repercusiones que tienen los
efectos adversos del cambio climático en
nuestra agricultura. avanzando así
aceleradamente a una crisis alimentaria,
apostándole a la pérdida no sólo de
seguridad alimentaria, sino también la
soberanía alimentaria de nuestros pueblos,
Por lo que exponemos:
• Que el inicio de la época de
siembra, debe significar para los
productores y productoras el comienzo de
un nuevo ciclo en el que podamos
garantizar a nuestras familias seguridad y
soberanía alimentaria.
• Que es urgente retomar los
conocimientos y saberes tradicionales de
producción que permitan una relación de
armonía entre el ser humano y la madre
tierra.
• Que es necesario contar con un
marco legal que requiere de la asignación
de recursos financieros para la
implementación de programas específicos.
• El Salvador no está preparado para
enfrentar una crisis alimentaria si ésta
llegara a presentarse en estos momentos,
pues la seguridad alimentaria nacional se
basa únicamente en los inventarios de
granos básicos que se tienen para llegar a
la siguiente cosecha.
• Es necesario retomar experiencias
positivas como la diversificación
productiva, para poder garantizar acceso
no sólo al maíz y al frijol, sino también a
otro tipo de alimentos como hortalizas,
frutas y especies menores que brindan la
seguridad y soberanía alimentaria
nutricional de la población.
Por lo que del Estado salvadoreño
demandamos:
• Que se implementen en el área de
la agricultura políticas públicas
interculturales, que retomen los
conocimientos y saberes ancestrales para
garantizar una seguridad y una soberanía
alimentaria.
• Ratificar la reforma constitucional
que permita reconocer el derecho Humano
a la alimentación, derecho humano al gua y
reconocimiento de los Pueblos Indígenas
• Que se apruebe una ley de
soberanía y seguridad alimentaria
Equitativa, participativa y sustentable.
• Sé que apruebe la Ley de
prohibición de los agrotóxicos más
dañinos.
• Exigimos al Estado salvadoreño
prohíba el uso, cultivo y comercialización
de semillas y productos transgénicos en el
mercado nacional.
• Demandamos la creación de
políticas, programas y proyectos que
promuevan el uso de semillas criollas y el
cultivo de productos orgánicos y amigables
con la madre tierra y el medio ambiente.
“Por la vida y la soberanía de nuestro país,
defendamos nuestro maíz criollo”.
NNOO MMAASS CCHHAANNTTAAJJEESS,, LLOOSS DDEERREECCHHOOSS NNOO SSOONN NNEEGGOOCCIIAABBLLEESS YY LLOOSS PPUUEEBBLLOOSS SSOONN
LLIIBBRREESS
DDIISSCCUURRSSOO DDEE FFIIDDEELL HHAACCEE 1177 AAÑÑOOSS EENN LLAA CCUUMMBBRREE MMUUNNDDIIAALL DDEE LLAA AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN
((En la sede de la FAO, Roma, 16 de noviembre de 1996)
Señor Presidente,
Señor Director General de la FAO,
Excelencias:
El hambre, inseparable compañera de los
pobres, es hija de la desigual distribución
de las riquezas y de las injusticias de este
mundo. Los ricos no conocen el hambre.
El colonialismo no fue ajeno al
subdesarrollo y la pobreza que hoy sufre
una gran parte de la humanidad. Tampoco
son ajenos la hiriente opulencia y el
derroche de las sociedades de consumo de
las antiguas metrópolis que sumieron en la
explotación a gran parte de los países de la
Tierra. Por luchar contra el hambre y la
injusticia han muerto en el mundo millones
de personas.
¿Qué curas de mercurocromo vamos a
aplicar para que dentro de 20 años haya
400 millones en vez de 800 millones de
hambrientos? Estas metas son, por su sola
modestia, una vergüenza.
Si 35 mil personas mueren de hambre cada
día, la mitad niños, ¿por qué en los países
desarrollados se arrancan olivares, se
sacrifican rebaños y se pagan cuantiosas
sumas para que la tierra no produzca?
Si el mundo se conmueve con razón
cuando ocurren accidentes, catástrofes
naturales o sociales que matan a cientos o
miles de personas, ¿por qué no se
conmueve de la misma forma ante este
genocidio que tiene lugar cada día delante
de nuestros ojos?
Se organizan fuerzas de intervención para
prevenir la muerte de cientos de miles de
personas en el este de Zaire. ¿Qué es lo
que haremos para evitar que mueran de
hambre cada mes un millón de personas en
el resto del mundo?
Son el capitalismo, el neoliberalismo, las
leyes de un mercado salvaje, la deuda
externa, el subdesarrollo, el intercambio
desigual, los que matan a tantas personas
en el mundo.
¿Por qué se invierten 700 mil millones de
dólares cada año en gastos militares y no
se invierte una parte de estos recursos en
combatir el hambre, impedir el deterioro
de los suelos, la desertificación y la
deforestación de millones de hectáreas
cada año, el calentamiento de la
atmósfera, el efecto invernadero, que
incrementa ciclones, escasez o excesos de
lluvias, la destrucción de la capa de ozono y
otros fenómenos naturales que afectan la
producción de alimentos y la vida del
hombre sobre la Tierra?
Las aguas se contaminan, la atmósfera se
envenena, la naturaleza se destruye. No es
solo la escasez de inversiones, la falta de
educación y tecnologías, el crecimiento
acelerado de la población; es que el medio
ambiente se deteriora y el futuro se
compromete cada día más.
¿Por qué la producción de armas cada vez
más sofisticadas después que concluyó la
guerra fría? ¿Para qué se quieren esas
armas si no para dominar al mundo? ¿Para
qué la feroz competencia por vender
armamentos a países subdesarrollados,
que no los harán más poderosos para
defender su independencia y donde lo que
hay que matar es el hambre?
¿Por qué sumar a todo esto políticas
criminales, bloqueos absurdos que
incluyen alimentos y medicinas para matar
de hambre y enfermedades a pueblos
enteros? ¿Dónde está la ética, la
justificación, el respeto a los derechos
humanos más elementales, el sentido de
tales políticas?
Reine la verdad y no la hipocresía y la
mentira. Hagamos conciencia de que en
este mundo debe cesar el hegemonismo, la
arrogancia y el egoísmo.
Las campanas que doblan hoy por los que
mueren de hambre cada día, doblarán
mañana por la humanidad entera si no
quiso, no supo o no pudo ser
suficientemente sabia para salvarse a sí
misma.
Muchas gracias.
PPRROOCCLLAAMMAA DDEE MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS YY OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS SSOOCCIIAALLEESS SSOOBBRREE LLAASS
PPRROOPPUUEESSTTAASS DDEE LLAA II CCOONNFFEERREENNCCIIAA MMIINNIISSTTEERRIIAALL DDEE EESSTTAADDOOSS LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNOOSS
AAFFEECCTTAADDOOSS PPOORR IINNTTEERREESSEESS TTRRAANNSSNNAACCIIOONNAALLEESS
Como movimientos y organizaciones
sociales consideramos que los Acuerdos
Internacionales de Inversiones (AII) –como
son los Tratados Bilaterales de Inversión
(TBI) y los capítulos de inversiones en los
Tratados de Libre Comercio (TLC) y otros
tipos de acuerdos similares llamados de
“asociación”– son parte de la arquitectura
de impunidad de las empresas
transnacionales. Como tal amenazan los
derechos de los pueblos y de la naturaleza,
la soberanía y constituciones de las
naciones, la democracia y el interés
público. Estos acuerdos consolidan aún
más la asimetría de la ley donde los
derechos y el poder de las corporaciones
están protegidos por una "ley dura" y
priman sobre los derechos de los pueblos y
comunidades. Creemos que los Estados
nacionales deben tener no sólo la
obligación sino también la plena libertad
de establecer y aplicar legislaciones y
políticas públicas a favor de los pueblos y el
medio ambiente y en cumplimiento de sus
responsabilidades en materia de derechos
humanos, sin la amenaza de coacciones y
demandas del capital transnacional.
Por eso, desde hace muchos años
impulsamos y formamos parte de
campañas a nivel nacional, regional e
internacional como las luchas contra el
Acuerdo Multilateral de Inversiones, el
ALCA, la OMC y su ampliación, los TBI y los
TLC de la Unión Europea, los Estados
Unidos y Canadá con países llamados en
vías de desarrollo; el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPPA, por su
siglas en inglés); la Alianza Trasatlántica de
Comercio e Inversión (TTIP, por su sigla en
inglés). Asimismo, formamos parte de la
Campaña continental contra los TBI y por
una nueva arquitectura financiera y
comercial, y de la Campaña global contra el
poder corporativo, entre otras.
En este sentido, proponemos el avance de
un marco legal de relaciones económicas
internacionales alternativo, basado en
principios democráticos, de solidaridad y
justicia, y que priorice los derechos
humanos y de la naturaleza sobre los
intereses y las ganancias privadas. Este
marco debe incluir obligaciones vinculantes
para las empresas privadas y públicas
respecto a los derechos humanos,
económicos, laborales, sociales, y de
respeto a la naturaleza. Se debe garantizar
a los Estados sus derechos a la soberanía y
la autodeterminación, incluyendo la
posibilidad de implementar políticas
públicas para la realización de esos
derechos. En este contexto, cualquier
acuerdo de inversiones también debe
incluir a nivel interno de los Estados un
mecanismo de participación pública y
discusión democrática con representación
de los sectores sociales involucrados.
Por tanto, las organizaciones firmantes:
1) Expresamos nuestra solidaridad con los
pueblos que sufren a diario los impactos y
consecuencias de la acción de las empresas
transnacionales privadas y públicas.
Asimismo, reconocemos el esfuerzo de
pueblos y gobiernos que han emprendido
acciones concretas para impedir
inversiones dañinas de empresas y
asegurar que sea respetada su soberanía,
su autodeterminación y los derechos de los
pueblos.
2) Manifestamos nuestro rechazo a las
demandas de inversionistas y empresas
transnacionales en tribunales
internacionales, y particularmente a los
fallos arbitrales multimillonarios en contra
de los Estados; tribunales que en su
inmensa mayoría sólo velan por los
intereses del capital transnacional por
sobre los intereses de los pueblos de los
países demandados. Reiteramos nuestra
solidaridad con los pueblos y países
afectados, junto a nuestro reclamo de que
los Estados anulen, denuncien y dejen de
firmar o renovar los diversos acuerdos y
tratados que los someten ilegítimamente a
jurisdicciones extranjeras o a imposiciones
que conculcan derechos.
3) En ese mismo espíritu, saludamos la
realización de la I Conferencia Ministerial
de Estados Latinoamericanos afectados por
los intereses transnacionales, realizada en
Guayaquil, Ecuador, el 22 de abril pasado, y
mantenemos la esperanza de que sea una
iniciativa que prospere en función de la
necesidad urgente de poner fin a las
inversiones transnacionales de capitales
privados o públicos que no contribuyan al
buen vivir de los pueblos y de la naturaleza.
4) Tomamos nota de las diversas
propuestas incluidas en la Declaración final
de esa Conferencia, y respaldamos entre
ellas la creación de un Observatorio
Internacional sobre litigios en materia de
inversiones, la constitución de la
Conferencia permanente de Estados
Latinoamericanos afectados por intereses
transnacionales, y la búsqueda de acuerdos
globales entre los países del Sur que
refuercen la defensa de nuestros pueblos y
países frente a la acción de las empresas
transnacionales; y nos comprometemos a
contribuir a este proceso con nuestra
experiencia, observaciones y
recomendaciones.
Nos mantendremos vigilantes para que
esto se concrete, aspirando a que esta
iniciativa no se limite a corporaciones
transnacionales privadas, sino que abarque
también a las empresas transnacionales
estatales, así como un mecanismo de
reparación integral para con los pueblos y
la naturaleza.
5) Tomamos nota en particular que la
Declaración hace referencia a la necesidad
de crear mecanismos permanentes de
interlocución con las organizaciones y
movimientos sociales. Consideramos que
tales mecanismos puedan ser un paso
propicio hacia la creación y consolidación
de un proceso de participación directa de
los pueblos y movimientos, y ofrecemos el
conocimiento y capacidad de nuestros
movimientos y organizaciones acumulado
durante décadas de trabajo para contribuir
en la tarea planteada. Quedamos
pendientes de la convocatoria a un diálogo
inicial sobre cómo avanzar en la concreción
de estos mecanismos.
6) En ese mismo contexto de interlocución,
solicitamos puntualmente se nos facilite la
información relacionada con las propuestas
que se están avanzando, como el
mecanismo regional de solución de
disputas inversor-Estado actualmente en
negociación en la UNASUR, para así poder
tener una participación sustantiva al
respecto.
9 May 2013
EECCOOBBRREEVVEESS
SSOOBBEERRAANNÍÍAA AALLIIMMEENNTTAARRIIAA AA TTRRAAVVÉÉSS DDEE LLAA AAGGRRIICCUULLTTUURRAA EECCOOLLÓÓGGIICCAA
Gloria Silvia Orellana. Redacción Diario Co
Latino
Diversas organizaciones sociales, agrícolas
y ecologistas se pronunciaron por una
soberanía alimentaria a través de la
agricultura ecológica, como medida de
protección de la tierra y reducción de la
vulnerabilidad de los pueblos de la región.
Con el inicio de la primera cosecha en el
país, las organizaciones aglutinadas en la
Campaña Mesoamericana de Justicia
Climática (CMJC) demandaron de la
Asamblea Legislativa la aprobación de un
anteproyecto de ley , a fin de contar con un
marco jurídico que garantice la
alimentación del país.
Mercy Palacios, representante de la CMJC,
afirmó que rechazaban las propuestas de
negociación del diputado Rodolfo Párker
(PDC), que supedita la aprobación de la
normativa por otro tema de su propio
interés.
“El derecho al agua y la seguridad
alimentaria es un bien común, no puede
ser condicionado por intereses políticos,
aquí hay que separar las aguas y evitar
estas manipulaciones que solo les
benefician a ellos”, explicó.
Datos citados por Palacios dan cuenta que
un 47.9% de la población vive en pobreza,
mientras un 19% se encuentra en extrema-
pobreza, que genera un alto índice de
desnutrición en la población.
“Este inicio de época de siembra deberá
significar para productores y productoras el
comienzo de un nuevo ciclo en el que
podamos garantizar a nuestras familias
seguridad y soberanía alimentaria”, afirmó.
Según las organizaciones, el alto accionar
corporativo y la pasividad del Estado ha
permitido que el país se encuentre en el
cuarto lugar de países vulnerables en el
mundo, que no solo impacta los
ecosistemas, sino que debilita la soberanía
y seguridad alimentaria.
Betty Pérez, del Consejo Coordinador
Indígena Salvadoreño (CCIS), explicó que su
nación ha venido a lo largo de los años
conservando las prácticas de una
agricultura alternativa alejada de
contaminantes químicos.
“Desde los pueblos indígenas y población
campesina productora se ha venido
desarrollando una agricultura que elimine
los agrotóxicos, en armonía con la tierra;
por eso exigiremos en las calles que nos
respeten nuestros derechos como el agua
que es un bien común”, afirmó.
Entre las propuestas de la CMJC, está la de
demandar la creación de políticas y
proyectos encaminados a promover
semillas criollas y el uso de productos
orgánicos que son amigables al medio
ambiente.
“Que sean políticas interculturales que
retomen conocimientos ancestrales y así
garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria, porque aquí se cree que el
inventario de granos básicos es seguridad
alimentaria, y nada más alejado de eso”,
afirmó.
Asimismo, exigieron una normativa de
prohibición al uso de plaguicidas y otros
agro-tóxicos que contaminan suelo, aire y
agua en las tierras de cultivo del país.
“Estamos frente una epidemia de
Enfermedad Renal Crónica, que ha sido
provocada por la contaminación de estos
agro tóxicos, no podemos continuar
permitiendo que se arriesgue la salud de la
población; así como el control para
restringir el uso de semillas transgénicas en
el mercado nacional”, puntualizó.
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Editorial de ARPAS.
Un hecho que pasó desapercibido en la
mayoría de medios de comunicación, hace
un par de semanas, fue la negativa de los
diputados de ARENA, PCN y PDC de
ratificar las reformas constitucionales que
garantizan el derecho humano al agua y a
la alimentación.
A pesar de que todos los grupos
parlamentarios se habían comprometido a
avalar las reformas, en el pleno legislativo
sólo hubo 47 de los 56 votos de la
necesaria mayoría calificada. Sólo el FMLN
y GANA mantuvieron su respaldo a la
moción.
A la negativa de ratificar las reformas
constitucionales, se suma la no aprobación
de las propuestas de ley general de agua y
de agua potable y saneamiento. Estos
proyectos de ley son promovidos por
organizaciones comunitarias y ONGs
ambientalistas, pero su aprobación es
bloqueada por fuertes intereses
empresariales que buscan privatizar el vital
líquido.
Los problemas hídricos que justifican la
urgente aprobación de las leyes de agua
saltan a la vista: grave contaminación de
los ríos y quebradas, depredación de
cuencas, desprotección de mantos
acuíferos y falta de acceso al agua potable
en muchas comunidades.
De hecho, la no aprobación de las leyes de
agua y la no ratificación de las reformas
constitucionales tienen como telón de
fondo, entre otros problemas, las
denuncias sobre intentos de la empresa La
Constancia y la transnacional SABMiller de
seguir explotando el acuífero de Nejapa,
que abastece de agua potable al Área
Metropolitana de San Salvador.
Según comunidades de la zona y
organizaciones ecologistas, las empresas
en cuestión pretenden construir un nuevo
pozo que disminuiría significativamente el
referido acuífero subterráneo, poniendo en
peligro el suministro del vital líquido para
la población capitalina.
Los denunciantes señalan que La
Constancia y SABMiller tienen prisa por
ejecutar su proyecto antes de que la
Asamblea apruebe la propuesta de ley
general de agua, pues ésta protegería los
reservorios hídricos y regularía
adecuadamente el uso comercial del agua.
Por eso es oportuno el llamado del Foro del
Agua y demás organizaciones
ambientalistas que exigen la aprobación de
los proyectos de ley general de agua y de
agua potable y saneamiento, así como
también la ratificación de las reformas
constitucionales que reconocen el derecho
humano al agua y a la alimentación.
Además, es necesario contar con una ley
que prohíba en forma definitiva la
explotación minera metálica, ya que esta
nociva industria atenta contra los recursos
hídricos dadas las enormes cantidades de
agua que utiliza y la grave contaminación
que provoca.
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Por Gloria Morán. Contrapunto
En un conversatorio sobre “Minería, Agua y
Derechos Humanos en El Salvador”, la
Procuraduría para la Defensa de Derechos
Humanos (PDDH) y organizaciones
ambientalistas, como el Centro de
Investigaciones sobre Inversión y Comercio
(CEICOM), reiteraron su rechazo a la
industria minera en el país.
Ángel Ibarra, de la Unidad Ecológica
Salvadoreña (UNES), dijo que “estamos
inmersos en una crisis más profunda (…) no
podemos hablar de velar por los derechos
humanos sin velar por los derechos de la
naturaleza”.
Actualmente El Salvador es el único país de
la región centroamericana en el que no hay
una legislación que permita la minería,
pero tampoco una que la prohíba.
Sin embargo, la ambientalista canadiense
Sara Kendall, una de las participantes en la
Conferencia Internacional Frente la Minería
de Oro y la Defensa del Agua en El Salvador
realizada el pasado 9 de mayo, ha
calificado al país como líder en oposición a
la industria minera.
Aseveró que nadie en la región se ha
opuesto a la minería ni negado las
operaciones a una empresa extranjera,
como El Salvador lo ha hecho con la
empresa canadiense Pacific Rim.
Ibarra dijo que “la industria metálica es la
más agresiva que existe contra el medio
ambiente”, lo mismo fue aseverado por la
procuradora para la Defensa del Medio
Ambiente, Yanira Cortez, quien enfatizó
que a nivel nacional e internacional la
PDDH mantienen una “posición de no a la
minería”.
Cortez lamentó que actualmente existe
una división por el “mundo de los derechos
humanos y el de las inversiones”, en el que
muchos valoran más las ganancias por la
destrucción ambiental que el de la
preservación del medio ambiente y por
ende de las poblaciones.
Ibarra dijo que la razón del alboroto del
“episodio de la fiebre del oro” es que el
precio de los metales particularmente del
oro ha aumentado, aseguró que en la
actualidad la onza troy de ese metal ronda
los 1.400 dólares.
El titular de la PDDH dijo que no descartan
la posibilidad que en el caso de la mina
Cerro Blanco, ubicada en Guatemala,
hagan llegar una solicitud de medidas
cautelares a la Comisión Internacional de
Derechos Humanos (CIDH) para que este
proyecto no afecte a El Salvador, ya que
está ubicado en una zona fronteriza.
El proyecto minero Cerro Blanco se
encuentra en Asunción Mita, Guatemala, a
tan solo 18 kilómetros de El Salvador.
Cerro Blanco obtuvo de parte del
ministerio ambiental de Guatemala en
1997 la licencia de exploración y en 2007 le
fue otorgada la licencia de explotación.
La PDDH reiteró que el proyecto minero
Cerro Blanco, ubicado en Guatemala, es
una amenaza grave para El Salvador,
debido a que contaminaría directamente al
Lago Güija, en Santa Ana, una de las
fuentes de agua que abastece al Río
Lempa.
En el afán de demostrar al Estado
salvadoreño la amenaza que representa
este proyecto, la PDDH elaboró el “Informe
Especial sobre el Proyecto Minero Cerro
Blanco y las potenciales Vulneraciones a los
Derechos Humanos de la población
salvadoreña”.
De acuerdo a Luna, el informe tiene entre
sus objetivos el de recalcar los previsibles
efectos nocivos que tendrá el proyecto
minero en las cuencas hidrográficas
compartidas por Guatemala y El Salvador.
Ambos países comparten la cuenca del el
Río Ostúa.
La dinámica de contaminación viene desde
el Río Ostúa hasta al Lago de Güija y éste
abastece al Río Lempa, uno de los más
importantes de El Salvador para el
suministro de agua y energía eléctrica.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN), solo este río
abastece a tres millones de habitantes en
San Salvador.
El informe especifica que el lugar está
dentro de la región del Trifinio, llamada así
porque ahí coinciden las fronteras de El
Salvador, Guatemala y Honduras, y abarca
más de 7.500 kilómetros cuadrados, donde
habitan unas 600.000 personas.
@UNES_ElSalvador