TAPAS 01-04.pdf 2 21-01-10 4:47 - Ministerio de Salud · CARTILLA INDIGENAS NUEVO de CAMBIO.indd 2 23-01-10 14:06. nueva conciencia que se manifiesta en cambios culturales y jurídicos

TAPAS 01-04.pdf 2 21-01-10 4:47

Salud y Derechos de los Pueblos Indígenas en CHILEConvenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT

Grá�ca Puerto Madero

INICIALES_B.pdf 1 23-01-10 18:33

1. Salud de los Pueblos Indígenas “Un asunto de derechos” 5Corresponsabilidad en esta gran tarea 5Un camino de aprendizajes en el sector Salud 12Enfoque de derechos y determinantes sociales de la salud 12Enfoque de derechos. Un nuevo eje para la política pública 13El marco de los derechos humanos 16El derecho a la salud como derecho humano 17Derechos humanos y determinantes sociales de la Salud 19de los Pueblos Indígenas

2. Pueblos Indígenas, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Convenio 169 23

Un nuevo estándar de derechos para los pueblos indígenas 23Derechos Colectivos y Pueblos Indígenas 26El Convenio 169, de la OIT 28Contenidos del Convenio 169 30Estructura del Convenio 32Política General del Conveno 169 33Acción coordinada y sistemática del Estado 36El Convenio 169 y los derechos humanos 37El principio de igualdad y no discriminación 38Cláusula de salvaguarda 40Reconocimiento cultural e institucional 42Participación 43Desarrollo, autonomía y medio ambiente 47Tierra, territorio y recursos naturales 49Salud y Pueblos Indígenas 51Contactos y cooperación a través de las fronteras 54Acción administrativa y participación 55Ejercicio y cumplimiento de los derechos 56Adecuaciones normativas 58

Contenidos

CARTILLA INDIGENAS NUEVO de CAMBIO.indd 1 23-01-10 14:06

PRESENTACIÓN

Tal como señaló la Presidenta de la República al presentar el docu-mento de la política pública de su gobierno en materia de pueblos indígenas; Re-Conocer Pacto Social por la Multiculturalidad, “éste es un asunto de derechos, de una identidad colectiva que busca expresarse en una sociedad multicultural y su implementación re-quiere una nueva agenda de discusión política entre el Estado y los pueblos indígenas a través de profundas modificaciones al sistema político”. Esas son las directrices orientadoras del quehacer del sector Salud y pueblos Indígenas en este período, las que profundizarán el cami-no recorrido en materias como el desarrollo de un enfoque y una práctica intercultural, de superación de las brechas que los pueblos indígenas evidencian en salud, así como de su derecho a participar.

El documento surge en un momento de relevancia en la política pública indígena y tiene como propósito difundir el Convenio 169, buscando visibilizar los derechos y obligaciones de los pueblos in-dígenas, así como las responsabilidades de los Estados. Se pone a disposición de las personas de los distintos pueblos originarios en nuestro país, así como de las autoridades y profesionales de la salud para que cuenten con un material de consulta y guía.

Es relevante que el sector salud asuma los derechos de los pueblos indígenas de la forma que este Convenio Internacional lo señala, ello porque la humanidad toda se encuentra cristalizando una


nueva conciencia que se manifiesta en cambios culturales y jurídicos entre otros, que van desplazando el racismo, la discriminación y las prácticas atentatorias de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Por ello, la vigencia plena de este instrumento jurídico mandata al Estado de Chile a su implementación, luego de su ratificación y de su entrada en vigencia plena el 15 de septiembre de este año. Tarea que sólo puede ser posible al interior de las instituciones, con un cabal y acertado conocimiento de los derechos y con plena partici-pación en estos procesos de los propios pueblos indígenas.

Siendo coherentes con los ejes de la política que orientan nuestra labor en Salud en su relación con los Pueblos Indígenas, el texto explica y relaciona los principales artículos del Convenio 169 y sus implicancias para salud, desde un enfoque de derechos humanos y determinantes sociales.

La información respecto de este instrumento jurídico se presenta de manera que contribuya a promover la implementación de los de-rechos señalados en el Convenio 169, como pilar de participación, abogacía y defensa de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, que caracteriza los principios conque nuestro sector aborda la relación con los pueblos indígenas a lo largo de los años y que constituye un complejo proceso en el que hay mucho aún por avanzar.

Dr. Alvaro Erazo LatorreMinistro de Salud


4 • Salud y Derechos de los Pueblos Indígenas en CHILE


Salud de los Pueblos Indígenas: “Un asunto de Derechos” • 5

1

Tanto a nivel nacional como internacional, las últimas tres décadas han signifi cado un reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, no exento de difi cultades, y una visibilización en la sociedad y en la vida política, como resultado de 500 años de perseverancia, resistencia y lucha que muestran el vigor de sus sociedades y culturas.

En Chile, desde el “Acuerdo de Nueva Imperial” (1989); en que los pueblos indígenas y la Concertación de Partidos por la Democracia establecieron un camino para impulsar una política incluyente y un nuevo trato, se han desarrollado diversas políticas públicas que han ido reconociendo e implementando los derechos de los pueblos indígenas.

Un gran desafío para el Estado en el cumplimiento

de sus obligaciones internacionales.

Una gran oportunidad para construir una nueva relación

entre los pueblos y entre éstos y el Estado.

“Algunos dicen que el problema de los pueblos indígenas es sólo la pobreza y que una buena focalización de subsidios sería la más adecuada. Nosotros en cambio, sostenemos que éste es un asunto de derechos, de una identidad colectiva que busca expresarse en una sociedad multicultural”. También señaló que la pobreza “no se puede superar si no se aborda estructuralmente el problema de la identidad y de las barreras de la discriminación”.

Michelle BacheletPresidenta de la República

Corresponsabilidad en esta gran tarea

Salud de los Pueblos Indígenas en Chile

“Un asunto de DERECHOS”



Los hitos más relevantes en el ámbito de las políticas públicas y los pueblos indígenas en este período democrático han sido:

✔ Ley Indígena que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

✔ Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato y

✔ Política de Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas

Un párrafo del Informe sintetiza la visión de la Comisión sobre la relación pasada del Estado con los pueblos indígenas:

“Ambos procesos – el de negación de la identidad y existencia de los Pueblos Indígenas a favor de la for-mación de una identidad nacional única, y el de apropiación de su territorio a favor de la consolidación del territorio nacional– si bien fueron exitosos en su objetivo de servir a la formación del Estado Na-ción chileno, tuvieron consecuencias que se arrastran hasta el presente, en algunos casos desastrosas, para los Pueblos Indígenas, como queda abundantemente acreditado en la evidencia que la Comisión ha examinado y que consta en este Informe: reducción territorial, fragmentación social, pérdida patri-monial, pérdida de vigencia de sus sistemas normativos propios, pérdida de sus idiomas por políticas de castellanización forzosa, y hasta la muerte y desaparición de Pueblos Indígenas enteros como los Aónikenk y Selk’nam, que fueron objeto de un verdadero genocidio ya que, junto con extinguirse su cultura, también se aniquiló a las personas que los integraban.”

Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, Informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, La Nación, Santiago, 2003, Cuerpo lll p.126. El Informe de la Comisión esta disponible en http://www.gobierno.cl/verdadhistorica/indice.html



✔ Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad: En abril de 2008, la Presidenta Michelle Bachelet anunció la política indígena “Re-Conocer: Pacto Social por la Multi-culturalidad”, en la que se plantea una nueva agenda de discusión política entre el Estado y los pueblos indígenas, que impulsa profundas modifi caciones al sistema político e involucra a la institucionalidad y a la sociedad toda para abordar las necesidades de transformación que requiere cumplir con los derechos de los pueblos indígenas.

“La gran tarea en estas casi dos décadas de democracia ha sido construir esta sociedad multicultural, plural y diversa que pueda reconocer y a la vez expresar la riqueza de los orígenes de nuestra nación. Pero digamos las cosas por su nombre, no ha sido fácil dejar atrás los viejos prejuicios ra-cistas, la incomprensión de algunos sectores de la sociedad chilena frente al mundo indígena”.

Michelle Bachelet.Presidenta de la República



Un camino de aprendizajes en el sector Salud

Salud como sector del Estado “lleva años de trabajo intentando avanzar en la pertinencia de las políticas públicas hacia el mundo indígena, bajo un marco de principios donde se reconoce la diversidad cultural, el de-recho a la participación y los derechos políticos de los indígenas. En este escenario, la Reforma de Salud recoge estos planteamientos y enfatiza la interculturalidad en Salud como parte de las grandes tareas a desarrollar en Salud Pública y en la Red Asistencial de Servicios de Salud”. (Política de Salud y Pueblos Indígenas Res. Exenta N° 91. año 2006).

El propósito de la Política de Salud y Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud es “contribuir al mejoramiento de la situación de salud de los pue-blos originarios, a través del desarrollo progresivo de un modelo de salud intercultural que involucre su activa participación en la construcción, eje-cución y evaluación del proceso”. (Política de Salud y Pueblos Indígenas Res. Exenta N° 91. año 2006).

La Política de Salud y Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud defi nió tres ejes: equidad, interculturalidad y participación, cuyo desarrollo debe ser transversal en los distintos ámbitos de gestión en el sector público de salud, los que a su vez deben refl ejarse en lineamientos técnicos y estrate-gias construidas, ejecutadas y evaluadas participativamente, siguiendo lo señalado en el Convenio 169.

Uno de los fundamentos para una política intercultural en salud es el re-conocimiento de que ningún sistema médico es capaz de satisfacer por sí solo, todas las demandas de salud que presenta una población. (Política de Salud y Pueblos Indígenas Res. Exenta N° 91. año 2006).



Equidad La equidad en salud nos refi ere a la justicia que debe proveer el Estado en esta materia, y en relación a los pueblos indígenas nos obliga a desarrollar políticas públicas, programas, estrategias y ac-ciones que apunten a superar las inequidades que sufren las perso-nas indígenas por ser indígenas.

“La equidad apunta a la construcción, a través de acciones con-cretas de un sistema de salud que disminuya efectivamente las brechas de equidad en la situación de salud entre sectores so-ciales, áreas geográ� cas y comunas. Ello signi� ca generar accio-nes en el ámbito de mejoría del acceso, de la calidad, cobertura y efectividad de la atención de salud de los pueblos indígenas”.

(Política de Salud y Pueblos Indígenas Res. Exenta N° 91. año 2006).

InterculturalidadLa interculturalidad implica una forma de relación entre el Estado, sus funcionarios y las personas, representantes y dirigentes de los pueblos originarios, sobre bases de igualdad que reconocen a su vez, la diferencia cultural dada por el origen étnico de los interlocu-tores. Un proceso que debe ejercitar el diálogo cultural reconocien-do también la desigualdad real en que se encuentran los pueblos originarios y que presenta un gran desafío tanto para la política pú-blica como para las prácticas institucionales.

Los esfuerzos por la interculturalidad han sido desarrollados siste-máticamente por los pueblos indígenas, la comprensión y diálogo con la cultura dominante, sus normas, su lengua, su historia. Abier-tos siempre a la búsqueda de relaciones justas, humanas e integra-les. Por ello, la real disposición a la interculturalidad desde la política



pública, requiere hoy día los esfuerzos del Estado, sus funcionarios y la sociedad toda, incorporando en este ejercicio, entre otros ele-mentos, la creación de mecanismos de redistribución del poder y espacios de diálogo intercultural horizontal.

Política de Salud y Pueblos Indígenas

“Las principales características de las relaciones de interculturalidad son las siguientes:

1) voluntad, 2) reconocimiento mutuo,3) interacción, 4) aprendizaje mutuo, 5) reciprocidad, 6) horizontalidad y 7) cooperación”.



“La interculturalidad en salud conlleva los siguientes elementos:

• Integralidad en el concepto de salud-enfermedad.• Sistema de salud incluyente, abierto, que reconoce, respeta y

aplica concepciones y prácticas de salud de otras culturas.• Visión holística.• Oferta de servicio regular, equitativa y con pertinencia cultural.• Personal de salud cali� cado y sensible a las necesidades de

salud de la población.• La capacitación aborda sistemáticamente la diversidad y

problemática local en materia de salud.• Colaboración entre sistemas médicos o� cial e indígena”.




Participación La participación en el marco del convenio 169, se reconoce como un derecho de los pueblos indígenas y una obligación para el Estado. Es un mecanismo de profundización de la democracia, que nos permite im-plementar la interculturalidad e impone al Estado la carga de poner a disposición de los pueblos indígenas los instrumentos para su ejercicio; información, recursos, procedimientos, que les permiten intervenir, inci-dir o infl uenciar en los procesos de construcción de las políticas públicas en salud y en la exigibilidad y defensa de derechos.

Ello requiere sobre todo la abogacía en salud de los pueblos indígenas como instrumento participatorio coadyudante de estos nuevos procesos de reformulación de la inserción de los pueblos indígenas en su relación con el Estado y en el desarrollo de su autonomía o derecho al desarrollo propio.


La participación en los objetivos de la Política de Salud y Pueblos Indígenas.

1. Avanzar en la construc-ción participativa de un modelo de salud con enfoque intercul-tural.

2. Garantizar la partici-pación de los pueblos originarios en la pla-ni� cación, implemen-tación, seguimiento y evaluación de estra-tegias destinadas a mejorar el estado de salud, accesibilidad, calidad y pertinencia de las acciones sani-tarias orientadas a la población indígena.

8. Favorecer la participa-ción de los pueblos originarios en las es-trategias desarrolla-das por FONASA para mejorar el Seguro Pú-blico de Salud.

La abogacía en salud de los pueblos indígenas requiere el conocimiento de los roles de los actores en las relaciones pueblos indígenas y Estado, de los poderes e inequidades presentes y sobre todo la construcción de estrategias colectivas que permitan el cumplimiento efectivo de los de-rechos para la satisfacción de las necesidades fundamentales que se ex-presan en los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Abogacía por la salud

Una combinación de acciones individuales y sociales destinadas a conse-guir compromisos políticos, apoyo para las políticas de salud, aceptación social y apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o programa de salud, con el � n de crear condiciones de vida que conduzcan a la salud y a la adquisición de estilos de vida sanos.

Nutbeam Don. Glosario de Promoción de la Salud. Centro Colaborador de Promoción de la Salud, Departamento de Salud Pública y Medicina Comunitaria, Universidad de Sydney, Australia. OMS. Ginebra, 1998.


En el camino de implementación de esta política, el Ministerio de Salud ha desarrollado un proceso de adecuaciones normativas. En virtud de ello se ha ido incorporando en diversas normas el enfo-que intercultural; en la Ley de Autoridad Sanitaria y en el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud. En el año 2006, se aprobó una norma téc-nica que se refi ere específi camente a estas mate-rias; la Norma General Administrativa n°16, sobre Interculturalidad en los Servicios de Salud, la que desarrolla diversas pautas directrices y orientacio-nes relativas a su pertinencia cultural, intercultu-ralidad y complementariedad.

Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud

Artículo 21: �� !�

Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud

Art. 8°. "�� #� �� $�� % �� %�� & �� !

Norma General Administrativa n°16

Sobre Interculturalidad en los Servicios de Salud

�� $�� $�� !��

Enfoque de derechos y determinantes sociales de la salud

��

Artículo 4, n˚16: '�� !

Ley de Autoridad Sanitaria

Establece entre las funciones del Ministerio de Salud

��


Enfoque de derechos. Un nuevo eje para la política pública

Los derechos constituyen un marco para el desarrollo de la salud in-dividual y colectiva de los pueblos y deben ser garantizados por los Estados. Por ello el enfoque de derechos es para el sector público de salud un elemento sustancial de ésta nueva etapa que inaugura la política de la Presidenta de la República con el Re-Conocer, Pacto Social por la Multiculturalidad, la que tiene entre sus principales de-safíos la implementación de los derechos que se encuentran esta-blecidos en el Convenio 169 de la OIT, a fi n de profundizar el trabajo que en este ámbito se ha realizado y avanzar en la superación de las desigualdades e inequidades que viven los pueblos indígenas.

Transformar el discurso de los derechos en realidad para las perso-nas y los pueblos, signifi ca que estos pueden ser exigibles y posibles de ser cumplidos por los Estados, para ello es fundamental el ejer-cicio de procesos participativos que garanticen dichos derechos a través de instituciones, programas y tareas concretas, que puedan ser evaluadas con indicadores y variables específi cas.

El enfoque de derechos transforma a los sujetos de derechos, en este caso los pueblos indígenas, de meros receptores de acciones o recursos, a titulares de derechos que tienen garantías exigibles.

El enfoque de derechos, como marco de referencia para la formu-lación, ejecución y evaluación de políticas y programas de salud y pueblos indígenas, utiliza el estándar internacional del derecho a la salud, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de

✔ El enfoque de derechos identi� ca y promueve la capacidad de los titulares de derechos para reclamarlos.

✔ Los sujetos de derechos participan en la toma de decisiones sobre su derecho a la salud.

✔ Se asocian para reclamar sus derechos y participar organizadamente (Sociedad Civil Organizada)

✔ Conocen el derecho y saben como ejercitarlo y defenderlo.



los derechos relacionados. Ello porque la realización del derecho a la salud contribuye a la realización de otros derechos y a su vez la realización de otros derechos contribuyen a la vigencia y ejercicio efectivo del derecho a la salud.

REFERENCIAS DEL DERECHO A LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

• Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)• Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989) • Letras c) y d) artículo 29 y 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)• Letra j) del artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992). Se recomienda a los Estados

que respeten, preserven y conserven los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas

• Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en particular su capítulo 26

• Primera parte del párrafo 20 de la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993). Señala que los Estados deben adoptar medidas positivas para asegurar el respeto de todos los derechos humanos de los pueblos indígenas, sobre la base de no discriminación

• Preámbulo y artículo 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (1992)

• Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 29) • Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial• Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos (Art.27)• Pacto Internacional Derechos Económicos Sociales y Culturales, PIDESC• Convención Americana de Derechos Humanos y Protocolo, DESC• Declaración sobre los Derechos de las Persona pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas,

Religiosas o Lingüísticas



Desde este enfoque las acciones para la superación de las inequida-des se trasladan desde el mero asistencialismo hacia los derechos.

APLICAR EL ENFOQUE DE DERECHOS. DEBER DEL ESTADO

El Estado avanza en el cumplimiento de los derechos aplicando marcos legales que garantizan y facilitan el ejercicio del derecho y sancionan su violación.

• Formulando y ejecutando políticas públicas que prioricen las necesidades más apremiantes

• Destinando fondos adecuados a las necesidades• Dando cobertura y accesibilidad de servicios localmente• Promoviendo un cambio de actitud de los funcionarios hacia

una cultura de servicio público no discriminatoria• Promoviendo el conocimiento del derecho y cómo ejercitarlo• Creando mecanismos para garantizar los derechos

Este desafío del Estado, la institucionalidad pública y de toda la so-ciedad es parte de una nueva conciencia ética de la humanidad que amplía el ámbito de los derechos humanos individuales a los dere-chos colectivos de los pueblos indígenas, los que en el Convenio 169 se desarrollan bajo principios fundamentales como el derecho al desarrollo propio y con identidad, la autonomía, la no discrimina-ción y la participación, el control de sus propios asuntos, los dere-chos a la tierra y al territorio y un conjunto de derechos económicos sociales y culturales que requieren profundizar en la concepción de la igualdad a través del reconocimiento de la diferencia.



El marco de los derechos humanos

Los derechos humanos se caracterizan por ser:

• Inherentes: Porque son innatos a todos los seres humanos sin distinción alguna, por el solo hecho de ser humano. Desde esta perspectiva estos derechos no dependen de un reconocimiento por parte del Estado.

• Universales: Corresponden a todo el género humano en todo tiempo y lugar; independientemente de las diferencias culturales, sociales o políticas.

• Absolutos: Ya que deben ser respetados por todas las personas y especialmente por las autoridades.

• Inalienables: No pueden renunciarse, transferirse o separarse de la persona bajo ningún título, ya que son parte de su esencia como ser humano.

• Inviolables: Ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos, excepto las limitaciones que puedan imponerse fundadas en exigencias del bien común de la sociedad.

• Imprescriptibles: Estos derechos no se pierden por el transcurso del tiempo, aunque no se haga uso de ellos.

• Indivisibles: Las distintas categorías de derechos (civiles, económicos sociales y culturales) tienen igual valor, no son unos más importantes que otros, no se puede sacri� car un tipo de derecho sobrevalorando otro.

• Irreversibles: Ya que al ser materialmente reconocido como inherente a la persona humana queda sin vuelta atrás en la categoría de derecho humano.

• Progresivos: Al ser dinámicos y evolutivos los derechos y al cambiar las formas y los contenidos de la dignidad humana, estos pueden cambiar, ampliarse y desarrollarse en el tiempo.

Los derechos humanos consti-tuyen un conjunto de normas y principios, que permiten velar por el respeto a la dignidad hu-mana. Se fundamentan en los valores de la libertad, la igual-dad y la solidaridad y se han elaborado por la comunidad in-ternacional siendo sancionadas en organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) o re-gionales como la Organización de Estados Americanos, OEA.


El derecho a la salud como derecho humano

El derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, son algunos de los dere-chos interrelacionados que se establecen en el catálogo de los ins-trumentos jurídicos de carácter internacional de derechos humanos y que se han incorporado en las constituciones de los Estados.

La salud como derecho humano fue defi nida en 1946 por la Orga-nización Mundial de la Salud (OMS) como “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de en-fermedad o afecciones”.

La Declaración Universal de los Derechos humanos, proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948 establece en su Artículo 25 el derecho a la salud en conjunto con otros derechos que deben ser asegurados por los Estados a las personas en forma individual y a sus familias.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 25: ��

�� ! ��

"�� #�� $��

� � �� %�� $ ��

��


El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Cultura-les (PIDESC) es otro gran tratado de derechos humanos que en su artículo 12 va a desarrollar los contenidos del derecho a la salud. En la Observación General Nº14 (2000) del Comité de Derechos Eco-nómicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, se ha señalado que éste derecho es fundamental para vivir dignamente y que está ligado a otros derechos de manera indisoluble.

Observación General Nº 14 (2000). Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).

1. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley. (Por ejemplo, el principio de no discriminación respecto de los establecimientos, bienes y servicios de salud es legalmente aplicable en muchas jurisdicciones nacionales).

Criterios por medio de los cuales se puede evaluar el respeto del derecho a la salud: Observación General Nº 14 (2000). Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales..Las obligaciones del Estado a este respecto son:a) la disponibilidad (en cuanto a la existencia de establecimientos su� cientes, bienes y

servicios públicos de salud y centros de atención de salud y programas); b) accesibilidad (es decir que esos servicios se encuentren disponibles para todos, sin

discriminación alguna y en términos de, accesibilidad física, asequibilidad y acceso a la información);

c) aceptabilidad (en cuanto los servicios deban ser respetuosos de la ética médica y de las particularidades culturales de los pacientes, y sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida).



La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos señala el sentido de la equidad en salud al vincular éste derecho con la ali-mentación, nutrición, vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; seguridad social y protección.

Las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales ejercen un impacto sobre la vida de las personas y de los pueblos y son de-terminantes en su situación de salud. La situación injusta de salud de los pueblos indígenas (grandes brechas) es el resultado de su si-tuación de pueblos conquistados, colonizados y subordinados.

Observación General Nº 14 (2000). Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

3. El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud.

Por ello, en el resumen ejecutivo del encuentro sobre “Determinan-tes sociales de la Salud de los Puebles Indígenas de las Américas“ realizado en Quito, Ecuador, en octubre de 2008 se señala que “La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el impacto que las condicio-

Derechos humanos y determinantes sociales de la salud de los Pueblos Indígenas



En Chile, los pueblos indígenas sustentan su visión de mundo, de la vida y de la salud, sobre el buen vivir o la vida buena.

Atacameño: Cayia Causatur (buen vivir)

Aymara: Suma Qamaña (buen vivir)

Quechua: Sumak Kawsay (buen vivir)

Mapuche: Küme Felen (bienestar individual y colectivo)

nes sociales, políticas y económicas ejercen sobre la salud. Por lo cual, para mejorar la calidad de salud de los pueblos, propone entre sus recomendaciones: mejorar las condiciones de vida cotidianas, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los re-cursos, medir y entender el problema y evaluar el impacto de las intervenciones.

Los factores determinantes de la salud han sido comprendidos des-de siempre por los pueblos indígenas en su concepción holística del bienestar, del buen vivir”

El Ecuador, país que fue sede de este foro, en el Preámbulo de la Constitución recientemente aprobada establece que:

“reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, …decidimos construir una forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay.”

Constitución de la República del Ecuador, 2008


Otra importante referencia para el desarrollo de la política de Salud y Pueblos Indígenas, así como para la elaboración e implementa-ción de programas y estrategias en esta materia fue la Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas (SAPIA), que nace a partir de las recomendaciones de la Reunión de Trabajo sobre Pue-blos Indígenas celebrada en Winnipeg, Canadá, 1993, fuente de ori-gen de las resoluciones V y VI de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En la Política de Salud y Pueblos Indígenas estas referencias se en-cuentran señaladas dentro del marco político legal y como antece-dentes o hitos previos importantes.

��

�� !�� "��#��$��% &��'�� (�� )��*� #� �� +��,�� % &�� -��.�� /�� *��

0��122��3��0��2042��!��0�5��6� 7��8��96$��38��6:�8/�� 6;;�

�,/(</�/��

=� ��"��=� >��0�� /��?��=� >��0�� @��=� ��

�/(>%-/>(A��'>(>,%�>�

=� �� =� A��B�� 1��4��*��*��#��

��=� ��$�� #��=� ,��0� ��=� >$��#�$��#��0� ��C�#=� D�� ?��#�&�� ?��#��/��?��,��>!��(E�:�*�� ;��F��

Iniciativa de salud de los Pueblos Indígenasde Las Américas

��

Atendiendo a estas diferencias culturales, el Co-mité del Pacto Internacional de Derechos Eco-nómicos Sociales y Culturales considera que los pueblos indígenas tienen derecho a medidas es-pecí� cas que les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las atenciones de la salud.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial:

Recomendaciones y Observaciones al Estado de Chile: CERD/C/CHL/CO/15-18-13 de agosto de 2009

7. El Comité observa con satisfacción las medidas tomadas para integrar la medicina tradicional de los pueblos indígenas en el sistema de salud del Estado parte.

La Observación N°14 del PIDESC también observa el carácter colectivo del derecho a la salud de las comunidades indígenas, señalando que la salud del individuo se suele vincular con la salud de la sociedad en su conjunto y presenta una dimen-sión colectiva. A este respecto, el Comité conside-ra que las actividades relacionadas con el desarro-llo que inducen al desplazamiento de poblaciones indígenas, contra su voluntad, de sus territorios y entornos tradicionales, con la consiguiente pérdi-da por esas poblaciones de sus recursos alimen-ticios y la ruptura de su relación simbiótica con la tierra, ejercen un efecto perjudicial sobre la salud de esas poblaciones.

Observación General N˚ 14. PIDESC Medidas específi cas del derecho a la salud de los pueblos indígenas :

• Los servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de vista cultural, es decir, deben tener en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.

• Los Estados deben proporcionar recursos para que los pueblos indígenas establezcan, orga-nicen y controlen esos servicios, de suerte que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.

• También deberán protegerse; las plantas medi-cinales, los animales y los minerales que resul-tan necesarios para el pleno disfrute de la salud de los pueblos indígenas.



creo

Pueblos Indígenas, el Derecho Internacional de los Derechos u anos el on enio 2

n nue o est ndar de derechos ara los pueblos indígenas

Convenio o tratado o pacto

Dos grandes normas que establecen un conjunto de derechos para los pueblos indígenas han dado a luz en organismos internacionales en los últimos años.

En 1989 el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, de la Organi-zación Internacional del Trabajo (OIT) y en el 2007, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, que se adoptó en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el voto favorable de Chile.

El 13 de septiembre del 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó con 143 votos a favor la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este instrumento jurídico instala a nivel universal derechos colectivos de los pueblos indígenas, que servirán como referencia para ser incorporados a la legislación de los países, como instrumento para orientar la toma de decisiones en las políticas públicas y de referencia normativa para los fallos judiciales.

creo

Los Pueblos Indígenas en sus propias voces

En general las declaraciones de las Naciones Unidas no tienen fuerza jurídica obligatoria, pero sí representan la elaboración dinámica de normas jurídicas internacionales y refl ejan el com-promiso de los Estados de avanzar en una cierta dirección y de respetar determinados principios.

En todo caso, se considera por lo general que la Declaración no crea nuevos derechos, sino que especifi ca o proporciona una interpretación de los derechos humanos consagrados en otros instrumentos internacionales de derechos humanos de resonan-cia universal por lo que respecta a su aplicación a los pueblos y personas indígenas.

En este sentido, la Declaración tiene un efecto vinculante para la promoción, el respecto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. La Declaración es un instrumento signifi cativo para evitar la violación de los derechos humanos de 370 millones de indígenas en todo el mundo y para prestar asistencia a los pueblos indígenas y a los Estados en la lucha contra la discriminación y la marginación.

Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

OIT. Organización Internacional del Trabajo

�� ! �� "#$�� "%&$�� ! ��"'%�� "%(%��

ONU. Organización de Naciones Unidas

�� )�� "%*�� +�,� �� "%-&+�� .� � �� !��/� � �!��.�� 0 1��, � �� ,�� .��/��! ��

��

Pueblos Indígenas y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos • 25

La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas

La Declaración es un documento detallado sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. La Declaración fue preparada y debatida o� cialmente durante más de veinte años antes de ser aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007.

El documento hace hincapié en el derecho de los pueblos indí-genas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desa-rrollo, determinado libremente de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Otros órganos de las Naciones Unidas se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas por medio de convenios como el Convenio 169 de la Organización Internacio-nal del Trabajo (OIT) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Artículo 8).

Muchos de los derechos consagrados en la Declaración exigen nuevos enfoques con respecto a las cuestiones mundiales, como el desarrollo, la descentralización y la democracia multicultural. Para lograr el pleno respeto de la diversidad, los países deberán adoptar enfoques participativos de las cuestiones indígenas para los que hará falta celebrar consultas efectivas y establecer alian-zas con los pueblos indígenas.

Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas


��

Tanto en la Declaración de la Asamblea General de la Orga-nización de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pue-blos Indígenas, como en el Proyecto de Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (OEA), como en el Convenio 169, se reconocen los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.

La Declaración en sus 46 artículos reconoce derechos indi-viduales y colectivos relativos a la autodeterminación de los pueblos indígenas, a la participación bajo el principio del consentimiento libre previo e informado, derecho a la edu-cación, salud y empleo, a la propiedad de la tierra, al acce-so a los recursos naturales de los territorios donde éstos se asientan, respeto y preservación de sus tradiciones, así como la implementación de medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones económicas y sociales de los ancianos, mujeres y menores, en particular.

Los derechos colectivos de los pueblos indígenas contienen los derechos de cada uno de los individuos que los compo-nen, pero son propios del grupo o colectivo, en este caso de los pueblos que los detentan. Estos derechos colectivos son también derechos humanos, en ese sentido Rodolfo Staven-hagen, quien fuera relator de la ONU para asuntos indígenas ha señalado: “los derechos grupales o colectivos deberán ser considerados como derechos humanos en la medida en que su reconocimiento y ejercicio promueve a la vez los derechos indi-viduales de sus miembros”.

¿Qué signifi ca el Consentimiento Libre, Previo, Informado?

�� !�� "��

#�� $�� %�� &��' �� (�� )�*�� +� �� !�� (��)�

�� ,��'�$�� ,��-�� ' ��!�� "�� "��

�� .�/��

000�� 1�23�13��4 *45567689 :��

��

Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 3

��

Artículo 4

��

Convenio 169:

Preámbulo !�� "��

Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos que son indis-pensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos:

Derecho a la libre determinación y autonomía Derecho a la igualdad y no discriminación Derecho a la integridad cultural; (idioma, derecho, religión,

salud, educación, conocimientos) Derechos de propiedad, uso, control y acceso a las tierras,

territorios y recursos Derecho al desarrollo y bienestar social Derechos de participación política Consentimiento libre, previo e informado

El Convenio 169 en su preámbulo reconoce la aspiración de los pue-blos a la libre determinación bajo la forma de autonomía o autogo-bierno de los pueblos indígenas dentro de los Estados en que viven. Ello se ve refl ejado en la parte 1 del Convenio, en la que se encuen-tran los 12 primeros artículos, se guía por el principio general de que todos los pueblos tienen el derecho de conservar su cultura y administrar sus propios asuntos. Este principio constituye una guía para interpretar no solo estos 12 artículos sino todo el Convenio y para orientar su aplicación en la legislación nacional.

El derecho de libre determinación a los pueblos indígenas es abor-dado en el Convenio 169 como un derecho al desarrollo propio en materias económico sociales y culturales más que como un dere-cho del ámbito político cuya materia no competía a la Organización del Trabajo OIT, derecho que fue desarrollado posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas en sus artículos 3 y 4.

��

creo


El Convenio 169, de la OIT

Este Convenio es un tratado internacional, adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo OIT en su 76 reunión.

El Convenio 169 entró en vigor el 5-09-1991 a nivel internacional, es una revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales de 1957 y supera el carácter que pretendía asimilar a los indígenas a la población no indígena y a sus patrones culturales. Da cuenta de la evolución del derecho internacional y está fundado en una nueva conciencia ética de la humanidad que reconoce y da cuenta de la diversidad cultural, la valora y la celebra.

Esta nueva conciencia que expresa este Convenio, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normas internacionales conexas y en elaboración, supera la visión que los Estados, los organismos internacionales y las personas no indígenas tenían sobre los pueblos indígenas a quienes veían como primitivos; sectores atrasados de la sociedad que debían integrarse a una úni-ca forma de desarrollo orientada por los Estados que imponían una cultura homogenizante. Este enfoque anterior que orientó las polí-ticas públicas hacia la asimilación e integración de estos a la cultura y formas de vida que los Estados señalaban, provocó como señala el preámbulo del Convenio 169, graves daños a sus culturas e insti-tuciones.

El Convenio al ser una norma obligatoria de cumplir para los Estados que la han ratifi cado y en cuyos países se encuentra vigente, permi-te asegurar la existencia y supervivencia de los Pueblos Indígenas

Convenio 169

Preámbulo• Reconoce el aporte de los

Pueblos Indígenas a la di-versidad cultural, a la ar-monía social y ecológica de la humanidad y a la co-operación y comprensión internacionales;

• Reconoce los graves da-ños a sus leyes, valores, costumbres y perspectivas.

• Reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas.


Convenio 169

Artículo 38:

��

!�� "��#�� "�� "�� $��

El Convenio 169, es una norma jurídica internacional que establece un nuevo estándar de derechos humanos para los pueblos indíge-nas, que éstos pueden hacer exigible y señala obligaciones para los Estados que lo ratifi can en función de que esos derechos se respe-ten, se ejerciten, se garanticen y no se violen.

Aunque este estándar es considerado un nivel mínimo, en el sen-tido señalado internacionalmente de que no es aceptable menos, el mismo convenio señala que su reconocimiento no paraliza el reconocimiento de niveles mayores de derechos establecidos en otros instrumentos jurídicos como por ejemplo la Declaración Uni-versal de Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 35 señala que; “La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales”.

por la vía del respeto y cumplimiento de sus derechos por parte de los Estados y la sociedad.

En Chile el registro de su ratifi cación se realizó el 15 de septiembre del 2008 y por mandato del artículo 38 se encuentra totalmente vi-gente a partir del 15 de septiembre del 2009.

Derechos de los pueblos indígenas y obligaciones de los Estados.

Dos caras de una misma moneda

��


I Parte. Política General (artículos 1 a 12)Artículo 1: A quien se aplica el Convenio: pueblos indígenas y tribales

Artículo 2: Lineamientos Generales; Responsabilidad de los GobiernosArtículo 3: Derechos HumanosArtículo 4: Cláusula de salvaguarda y medidas especiales para proteger y salvaguardar personas,

instituciones, bienes, cultura, trabajo y medio ambienteArtículo 5: Reconocimiento cultural e institucional (protección e integridad)Artículo 6: ParticipaciónArtículo 7: Desarrollo, autonomía y medio ambienteArtículo 8: Derecho e instituciones propiasArtículo 9: Procedimiento penalArtículo 10: Sanciones penalesArtículo 11: Prohibición de servicios obligatoriosArtículo 12: Protección judicial

II Parte. Tierras y Territorios: Cuestiones Sustantivas (artículos 13 al 19)Artículo 13: Derechos colectivos tierra y territorios Artículo 14: Propiedad, posesión y acceso a la tierra y a los territoriosArtículo 15: Recursos naturalesArtículo 16: TrasladosArtículo 17: Trasmisión de la propiedadArtículo 18: Despojos Artículo 19: Programas agrarios

III Parte: Contratación y condiciones de empleo (artículo 20)Artículo 20: Protección laboral contra la discriminación

IV Parte: Formación Profesional, (artículos 21 a 23)Artículo 21: Disposición de medios para formación profesional en condiciones de igualdadArtículo 22: Programas de formación adecuados y especialesArtículo 23: Asistencia técnica y fi nanciera para actividades tradicionales

Contenidos del Convenio 169


creo


V Parte: Seguridad Social y Salud (artículos 24 y 25)Articulo 24: Seguridad SocialArtículo 25: Salud

VI Parte: Educación y Medios de Comunicación (artículos 26 a 31)Artículo 26: Educación en todos los niveles e igualitariaArtículo 27: Cooperación en programas y servicios de educación y a crear sus propias instituciones y

medios de educaciónArtículo 28: Derechos y tomar medidas de educación en la lengua de pueblos indígenasArtículo 29: Participación igualitaria en comunidad y sociedad nacional como objetivo de educación

de niños indígenasArtículo 30: Obligación del Estado de tomar mediadas acorde a la cultura para conocimiento de

derechos y del ConvenioArtículo 31: Educación a la sociedad contra los prejuicios

VII Parte: Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras (artículo 32)Artículo 32: Deber de los gobiernos adoptar medidas para facilitar contacto y cooperación de los

pueblos indígenas entre las fronteras

VIII Parte: Administración (artículo 33)Artículo 33: Acción administrativa y participación

IX Parte: Disposiciones Generales de Procedimiento (artículos 34 a 35)Artículo 34: Naturaleza y alcance de medidas con fl exibilidad de acuerdo a condicionesArtículo 35: Aplicación de disposiciones del Convenio sin menoscabo de otros derechos

X Parte: Disposiciones Finales (artículos 36 al 44)Artículo 36: Revisión del Convenio 107 OITArtículo 37: Ratifi caciones ante el Director General de la OITArtículo 38: Obligatoriedad y entrada en vigencia del Convenio Articulo 39: Denuncia del Convenio al expirar 10 añosArtículo 40: Registro, ratifi caciones y entrada de vigencia internacional del Convenio Artículo 41: Comunicaciones del Director General de la OIT al Secretario General de Naciones

Unidas, ratifi caciones, declaraciones y actas de denunciaArtículo 42: Memoria y aplicación del Convenio, revisión total o parcialArtículo 43: Implicancias de un nuevo ConvenioArtículo 44: Versiones auténticas en ingles y francés


creo

��

El Convenio 169 consta de un preámbulo y 44 artículos, que se dividen también en diez partes referidas a distintas materias.

El preámbulo señala la orientación general del Convenio y permite la comprensión del resto del texto, por ello mismo, sirve también como pauta de interpretación para el conjunto de los derechos allí señalados.

Del preámbulo del Convenio 169

�� !�� "�� #�� "��$�� %�� &�� '�� "��$�� (�� )�� &�� '�� "��$�� &�� *�� +�� $� �� *�� $�� ,�� - �� $�� .�� .�� (�� +�� +�� $� �� /� �� $�� $�� .�� +�� (�� +�� +�� $ ��.�� $�� +�� +�� $ �� 0�� #�� /�� 0�� #�� 1�� 1�� /�� 0�� #�� (�� /�� 2�� )�� '�� '�� '�� .�� +�� - �� 3

��


Política general del Convenio 169

Los 12 primeros artículos contienen las orientaciones y principios generales del Convenio bajo el principio general de que todos los pueblos tienen el derecho de conservar su cultura y administrar sus propios asuntos.

Destinatarios de los derechos del Convenio

El artículo 1 establece dos grupos humanos considerados pueblos, con características específi cas a quienes se aplica el Convenio y son portadores de los derechos allí señalados:

a) a los pueblos tribales en países independientes.b) a los pueblos indígenas

Este artículo no defi ne a los pueblos indígenas, sino que hace una descripción de las características de éstos como:

• Sujeto colectivo que se reconoce como “pueblo” al interior de países independientes.

• Preexistentes a la colonización.• Conservan en todo o en parte instituciones sociales,

culturales, económicas y políticas.• Se auto identifi can como pueblo indígena, siendo éste

un criterio fundamental para determinar su aplicación.

Todos los pueblos tienen el derecho

de conservar su cultura y

administrar sus propios asuntos



En Chile la Ley Indígena en su artículo 1° señala que el Estado reconoce que los indígenas de Chi-le son los descendientes de las agrupaciones hu-manas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifes-taciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su exis-tencia y cultura:

La misma ley reconoce los siguientes pueblos in-dígenas en Chile:

• Mapuche,• Aymara, • Rapa Nui o Pascuenses,• Atacameñas, • Quechuas, • Collas • Diaguita, • Kawashkar o Alacalufe y • Yámana o Yagán

Convenio 169

Artículo 1:1. El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independien-

tes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacio-nal, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

b) a los pueblos en países independientes, con-siderados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográ� ca a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias insti-tuciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del pre-sente Convenio.

3. La utilización del término “pueblos” en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.



Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y del carácter multinacional y pluricultural de sus sociedades en diversos países:

Bolivia En la Constitución de 2009, el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas � ojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

Se reconoce a los pueblos y naciones indígenas, y se establece un conjunto de derechos en el marco de la unidad del Estado.

Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

Colombia EI artículo 7 de la Constitución de 1991, establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Este artículo es el fundamento de un conjunto de otras normas constitucionales que permiten un estatus especial a los 82 pueblos indígenas de Colombia y señalan derechos de autogestión, políticos, a sus resguardos y territorios, entre otros

México Una enmienda introducida en 1991 al artículo 4 de la Constitución reconoce que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La reforma constitucional de 2001 ha reconocido literalmen-te “el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación (…) en un marco constitucional de autonomía” bajo el que se enuncian derechos económicos, sociales, culturales y políticos.

Perú En la Constitución de 1993 el Gobierno reconoce a las “comunidades campesinas y nativas” declarando proteger su identidad cultural. Protege la diversidad étnica y cultural de la nación peruana y preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país.

Paraguay La Constitución adoptada en 1992 reconoce “la existencia de los pueblos indígenas, de� nidos como grupos de cultura an-teriores a la formación y organización del Estado paraguayo”. También establece entre otros derechos de éstos pueblos a desarrollar su identidad étnica en su respectivo hábitat, a sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa y a la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior, siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

Ecuador La constitución de 2008 en su preámbulo reconoce sus raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos y señala que “decidimos construir. Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. De� ne al Estado ecuatoriano como intercultural y plurinacional, satisfaciendo una demanda histórica de la organización nacional indígena CONAIE. Reconoce a los pueblos indígenas de acuerdo a su propia autode� nición como nacionalidades de raíces ancestrales, que forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. y establece un extenso catálogo de derechos colectivos.


�� para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas

El Convenio 169, va a establecer en su artículo 2 lineamientos generales con una nueva orientación y obligaciones generales de los Estados para que éstos tengan una acción coordinada y sistemática para: Proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar su integridad.

Para realizar este mandato los Estados deben tomar medidas que apunten a lograr: Igualdad de derechos y oportunidades, o sea, no solo declaraciones legales. La efectividad de los derechos económi-co sociales y culturales de los pueblos indígenas, debe ser respetan-do su identidad, para ello deben eliminarse las diferencias socioeco-nómicas, de una manera que sea compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

El artículo garantiza los derechos de los pueblos y de sus miembros, a nivel individual y colectivo, estableciendo también que estas me-didas deben ser tomadas garantizando su integridad; esto es con-siderando sus sociedades, su cultura, sus organizaciones sociales e instituciones como un todo, que por las infl uencias recíprocas de sus interrelaciones podría sufrir algún daño si se le considera sepa-radamente.

Convenio 169

Artículo 2:��

��

�� !�

� ��"� � �� #��"�� !�

� � �� #�� $�� %�� #��"��

��

Artículo 5° Constitución Política de la República de Chile(Año 1980)

�� !"� �� !�� #�� $�� $��#�� !�� #�� $�� !�� %�� $��!��

��

En el preámbulo del Convenio 169 se señala como fundamento de éste, los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-ciales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales so-bre la prevención de la discriminación.

Esta relación con los principales tratados de derechos huma-nos lo coloca en la categoría de un tratado de este tipo. Por ello mismo, le es aplicable el artículo 5° inciso segundo de la Cons-titución Política de la República de Chile, que consagra el deber de los órganos del Estado a reconocer y promover los derechos humanos contenidos en la Constitución y los contemplados en los tratados internacionales ratifi cados por Chile y vigentes. También los jueces deberán preferir las normas del Convenio, en confl icto con normas inferiores.

El artículo 3 del Convenio 169 se refi ere al goce pleno de los de-rechos humanos de los pueblos indígenas y tiene como uno de sus objetivos la prevención de la discriminación, principio que se desarrolla a través de todo el convenio, complementándose con acciones positivas para superar la discriminación y de reco-nocimiento de sus derechos individuales y colectivos.

Convenio 169

Artículo 3:&�� !�� '�

!�� $��$�� (� ��'�� '�� $��

)�� '� �� !�� (�� (�� $��$�� (� �� $��

��


El principio de igualdad y no discriminación:La igualdad enriquecida por el reconocimiento de la diferencia

La diferencia cultural que hoy han visibilizado los pueblos indíge-nas, reconocida en el derecho internacional de los derechos huma-nos como derechos colectivos de los pueblos indígenas, remece y desafía la afi rmación de igualdad formal y homogenizadora que el derecho liberal ha asumido como principio y valor superior, que se expresa en un “deber ser” de cómo tratar a los seres humanos sin diferencias arbitrarias.

La existencia real de las diferencias no ha sido asumida por el Esta-do, las instituciones y la sociedad en toda su dimensión, hasta ahora, lo que ha permitido y avalado desigualdades en los supuestos mis-mos con que afi rmamos la igualdad.

En salud por ejemplo, esto lo podemos observar en el acceso igua-litario a los servicios de salud como bienes sociales básicos. Al no diferenciar se genera exclusión, cuando no se habla la lengua de los pueblos originarios, cuando no se conoce, ni reconoce su historia, su cultura ni las formas de vida que se generan en su interior.

La realidad nos plantea la paradoja de que la aplicación de la igual-dad a diferentes, sin considerar la diferencia, tiene como resultado desigualdad, discriminación e inequidades.


Constitución Política de la República de Chile:

Art. 1º inciso 1º��

Art. 1º inciso fi nal��

Art. 6º��

Más allá de las declaraciones en las normas sobre la igualdad, ésta ha sido un aspiración a ser con-cretada en la vida material de los pueblos indíge-nas, que han vivido no solo su ausencia sino su violación bajo la forma de discriminación desde hace cinco siglos, aunque encubierta por el dis-curso de la igualdad.

En salud, la desigualdad bajo la forma de brechas ha sido visibilizada a través de los diagnósticos epidemiológicos de salud de los pueblos indíge-nas, pero ella puede ser modifi cada por políticas públicas que desarrollen acciones positivas o dis-criminación positiva para superar la desigualdad y hacer realidad el derecho a la no discriminación.

Ley 19.253. Ley Indígena

Artículo 8°�� !� �� "�� #��$�� %�� &�� #�� %

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial

Artículo 1: '%�� (�� (� �� !�� $�� )�� *��&�� )�� )�� !�� !�� #�� &��!�� +� ��%

��

��

El preámbulo del Convenio 169 da cuenta de que en muchas par-tes del mundo los pueblos indígenas no pueden gozar de los de-rechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión. Esta situación pone en riesgo su existencia y requiere de medidas espe-ciales por parte de los Estados.

El artículo 4 establece una cláusula de salvaguarda, que es también una pauta de interpretación general del Convenio. Nos señala una directriz de acción afi rmativa para los Estados a través de medidas especiales para salvaguardar personas, instituciones, bienes, cultu-ra, trabajo, medio ambiente.

Implica reconocimiento legislativo, administrativo y judicial de la pluralidad étnica y realizar medidas positivas para superar la desigualdad material.

Estas medidas no pueden ser contrarias a los deseos libremente ex-presados por los pueblos indígenas, ni ser discriminatorias.

Los bienes incluirían también la propiedad colectiva inmaterial den-tro de la que se encuentran los conocimientos colectivos sobre la naturaleza y los conocimientos médicos de los pueblos indígenas.

Por su parte, la salvaguarda de las culturas y el medio ambiente, requiere la comprensión de estos términos para los propios pueblos

Convenio 169

Artículo 4:��

��

��

��!�� "� �� # �� $�� %��

��

indígenas. La participación, de acuerdo a como se señala en el propio Convenio, así como el respeto a nombres de lugares, a la cosmovisión indígena de la relación entre persona y naturaleza y el respeto a sus conocimientos tradicionales

En este sentido, otro gran tratado internacional, el Convenio de Di-versidad Biológica, ratifi cado por Chile en 1994, hace referencia a los conocimientos tradicionales indígenas.

El Convenio de Diversidad Biológica tiene como objetivos gene-rales:

La conservación de la diversidad biológica La utilización sustentable de sus componentes La participación justa y equitativa en los benefi cios que se

deriven de la utilización de los recursos genéticos de la biodi-versidad.

Convenio de Diversidad Biológica

Artículo 8: ��

�� !�� "�� #�� !�� $

��

Convenio 169

Artículo 5: ��

��

��

�� !� �� "�� #�$

Reconocimiento cultural e institucional

Los pueblos indígenas han sufrido erosión de sus leyes, valores, cos-tumbres y perspectivas y con ello graves daños a su integridad. Por ello, el artículo 5 establece en la aplicación del Convenio el reconoci-miento cultural e institucional de los pueblos indígenas, protegién-dolos y preservando su integridad.

Este reconocimiento y protección debe tener en cuenta la especifi -cidad de los problemas de los pueblos, para lo que el Estado debe adaptarse al nuevo objetivo de la pluralidad cultural, debe reco-nocer la integridad de dichas culturas, debiendo considerarse sus valores, prácticas e instituciones como un todo que padecería si se intentase producir cambios separadamente.

Por otra parte, las medidas especiales a adoptarse ante los cambios y confl ictos culturales deben considerar la índole de los problemas que se plantean teniendo en cuenta el contexto cultural propio ��actual . Esto es un reconocimiento al carácter dinámico y no estático de las culturas de los pueblos indígenas y de las nuevas condiciones de vida y de trabajo en que estos viven.

Esta nueva situación en la que se desarrolla la vida de los pueblos trae nuevos confl ictos y problemas que deben ser el marco en el que el Estado tome medidas para la reproducción de su vida, cultu-ra e instituciones.

��

PARTICIPACIÓN

Participación: derecho de los pueblos, deber de los Estados

La participación constituye un derecho de los pueblos indígenas que acompaña y atraviesa el Convenio 169, su ejercicio es sustento de la democracia, así como un factor enriquecedor y profundizador de ésta bajo un enfoque pluralista.

El artículo 6 se refi ere al derecho a la participación de los pueblos indígenas en las decisiones del Estado y viene a consagrar mecanis-mos especiales que den cuenta de la diferencia cultural. La participa-ción como derecho colectivo de los pueblos indígenas se encuentra como supuesto de diversos otros derechos a través del Convenio.

La participación en el Convenio 169, se desarrolla bajo diversas for-mas; consulta, representación, requerimiento, cooperación, control, consentimiento libre e informado, decisión y autogestión. Siendo “la consulta” el piso mínimo.

Convenio 169

Artículo 6:��

��

�� !�� "�

�� #�� #�� $� �� $�� "�

�� %��

&��'�� #�� !�� !�� %��

��


Consulta: previa, mediante procedimientos apropiados, de buena fe, participación representativa de pueblos afectados, siempre (Artículo 6).

Representación: mecanismos permanentes para hacer oír su voz ante decisiones que les afecten (participación política).

Cooperación: obliga a los Estados a poner a disposición de los pueblos indígenas la posibilidad de actuar en la ejecución de las decisiones estatales. Esto implica brindar recursos (Artículo 22.2: Estudios sobre programas de formación profesional. Artículo 25.2: Planeamiento y administración de servicios de salud con los pueblos interesados. Artículo 27.2: Programas y servicios de educación).

Control: supervisión sobre la actividad estatal (Artículo 33).

Consentimiento previo, los Gobiernos no pueden actuar contra los deseos libremente libre e informado: formulados por los pueblos indígenas.

Requerimiento: obliga al Estado a responder “a petición” de los pueblos indígenas mediante una determinada conducta.

Autogestión: permite a los pueblos indígenas organizar áreas de su vida social, aunque mantiene la supervisión estatal sobre la realización.

Decisión: no requiere conformidad estatal acerca de la materia resuelta por los pueblos indígenas.

Distintas formas de participación en el Convenio 169


La consulta se encuentra reglada en este artículo mediante un rigu-roso procedimiento. Ella debe ser:

� Previa. Antes de que se emprendan los procedimientos o ac-ciones que afecten a los pueblos indígenas.

� Mediante procedimiento apropiado a las características y cir-cunstancias. Requiere reconocimiento de sus pautas de parti-cipación y participación de las organizaciones representativas indígenas.

� Con participación representativa de los pueblos afectados. Atendiendo tanto a sus instituciones tradicionales como a las nuevas formas de organización.

� Siempre (cada vez) que se estudien medidas legislativas o ad-ministrativas susceptibles de afectar directamente a los pue-blos indígenas*.

� Con el propósito de buscar acuerdos, haciendo esfuerzos para llegar a un acuerdo o de consentimiento.

� Con la buena fe por parte de los Estados, en el sentido de su disposición a buscar acuerdos y consentimiento con los pue-blos indígenas.

� Brindar información completa y adecuada.

� Proveer de medios y recursos.

�� !��"��#��$�� %�� &��'��(��!�)��*�� +��)(�,��&��&�� &��-��.�� !)�/�� 0��&��#�1�� 2� �� 3�&��#�� 4��5��2��&4��6��,�

�� 7�� 7�2�8��$�� 9�4��5��3�&��#��3��,�)��"��:�;��3�&�4��#��$��6��<��=��5��2��#��2��+��6>��6��&6��&�� #��&��+�� '��5��6>��9�� ?��-��3�&��2� �� ?��-�� 8�� 2� @��A>�� 5�� <��6�� 2� �� &6��6>��4��6��2,B

��

James Anaya, Relator Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

Una cuestión fundamental: el deber de celebrar consultas con los pueblos indígenas.

�� ! �� "�� #�� $�� %� �� &'� %(��$��&'�%)��$��&'�&&��$��'�&)��$��'��&*+��

, �� -.��-%&-�/�� 0�� 1�� , � �.��2�� %&�� &33��

Se debe consultar SIEMPRE a los Pueblos Indígenas

Cada vez que se prevean medidas legislativas o adminis-trativas susceptibles de afectarles directamente;

antes de emprender cualquier actividad de exploración o explotación de minerales y/u otros recursos naturales que se encuentren en las tierras de dichos pueblos interesa-dos;

siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de trastocar de otra forma sus derechos sobre es-tas tierras fuera de su comunidad;

cada vez que sea necesario trasladar a las comunidades in-dígenas y tribales de sus tierras tradicionales a otro lugar; y

antes de diseñar y ejecutar programas de formación profe-sional dirigidos a los referidos pueblos;

con miras a la adopción de medidas que permitan enseñar a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más común-mente se hable en el grupo a que pertenezcan.

��

Convenio 169

Artículo 7:

Desarrollo, autonomía y medio ambiente

El desarrollo, la autonomía y el medio ambiente de los pueblos indígenas se abordan como dere-chos colectivos. En el artículo 7 del Convenio se establecen los contenidos de estos derechos y principios generales que los informan.

Aquí se establece el derecho a los Pueblos Indí-genas a decidir sus propias prioridades sobre el desarrollo en cuanto afecte sus vidas, creencias, instituciones o bienestar espiritual y controlar, en la medida de lo posible, su propio destino.

Desarrollo propio y control sobre su propio desti-no nos remiten a las novedosas y a la vez antiguas formas de gobierno y autonomía de los pueblos indígenas, que se encuentran siendo revitalizadas en la construcción de los Estados que hoy los re-conocen. La participación en éste ámbito se da a través de la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo que les afecten y debe apuntar al mejoramiento de sus condiciones de vida, trabajo, educación y salud con participación y cooperación de los pueblos interesados.


La autonomía se expresa como modelo de desarrollo autónomo, buscando el máximo control posible sobre su propio proceso de desarrollo; esto es el derecho a decidir sobre su desarrollo y medio ambiente. Implica un enfoque del desarrollo hacia los pueblos indí-genas orientado al mejoramiento de sus condiciones de vida, traba-jo, nivel de educación y salud como objetivos prioritarios, todo ello, con participación y cooperación de los pueblos indígenas.

El derecho al ambiente sano implica que para resguardar este de-recho el Estado no puede tomar decisiones de desarrollo e infraes-tructura unilateralmente, ni hacer proyectos a expensas de los pue-blos indígenas; y tiene el deber de realizar estudios para evaluar el Impacto cultural, social y ambiental de actividades de desarrollo.

Este derecho tiene una directa relación con los derechos sobre los recursos naturales en tierras o territorios de pueblos indígenas esta-blecidos en el artículo 15 del Convenio.


Tierra, territorio y recursos naturales

El sustento material en el que se desarrolla la vida de los pueblos indígenas se encuentra en una relación con el conjunto de elemen-tos de la naturaleza de los que se sienten parte; la tierra, a la que se refi eren como madre, las aguas, el aire.

En su parte II los artículos del 13 al 19 establecen normas específi cas relativas a derechos colectivos, tierras, territorios y recursos natura-les cuya fi nalidad es otorgarle protección jurídica ya que la base de la supervivencia de los pueblos indígenas se encuentra en la rela-ción especial de éstos con las tierras y territorios.

En este sentido, el artículo 13 del Convenio 169, señala que los go-biernos deben reconocer la importancia de los indígenas en la re-lación con la tierra o territorios defi niendo éste como “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o uti-lizan de alguna manera y su carácter colectivo”. Norma que debe interpretarse a la luz de las normas generales de la primera parte del Convenio 169 y del artículo 33 sobre acción administrativa del Estado.

Por ello, el artículo 14 del Convenio 169 se refi ere al deber del Es-tado de reconocer los derechos de propiedad, posesión y acceso respecto de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Tomar medidas para determinar las tierras que tradicionalmente ocupan y garantizar la protección de los derechos de propiedad y posesión.

También es deber del Estado establecer procedimientos jurídicos para resolver las reivindicaciones de tierras de los pueblos interesa-dos.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial


�� !"��#�!�$�!%$$�

�� &�� &��'�� %��(��%��&�� )��%��*��+,��-./�� -*"0.� �� &�� '��)��

��

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial:


El Comité exhorta al Estado parte a consultar de manera efecti-va a los pueblos indígenas en todos los proyectos relacionados con sus tierras ancestrales y, a que obtenga su consentimiento informado antes de la ejecución de los proyectos de extracción de recursos naturales de conformidad con los estándares inter-nacionales. El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación General No23 (1997) sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El artículo 15 establece un deber de protección especial por parte del Estado respecto de los recursos naturales existentes en sus tie-rras, que comprende; participar en la utilización, administración y conservación de estos recursos.

Respecto de minerales, recursos del subsuelo, o derechos sobre otros recursos existentes en las tierras de los pueblos indígenas:

Cuando pertenezca al Estado la propiedad de minerales, recursos del subsuelo, o derechos sobre otros recursos existentes en sus tie-rras, el Estado tiene el deber de:

Establecer procedimientos con miras a consultar antes de em-prender o autorizar cualquier programa de explotación o pros-pección de los recursos existentes en sus tierras.Establecer mecanismos de participación en los benefi cios, siempre que sea posible.Percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir por esas actividades.

Convenio 169:

Artículo 15:��

��

�� !�� "�� #��$��!�%�� !�� !�� "�� !�� !�� !��&��!��'��

��


Salud y Pueblos Indígenas

La parte V del Convenio relativa a seguridad social y salud (artículos 24 a 25) tiene como principio rector la extensión progresiva y sin discriminación de los regímenes de seguridad social. Lo que implica un esfuerzo permanente para el cumplimiento de estos derechos por parte del Estado.

El derecho a la salud como derecho colectivo de los pueblos reco-noce derechos diferenciados a los pueblos indígenas en virtud de sus especifi cidades culturales, sin que esto menoscabe el derecho a la salud y las garantías establecidas a todas las personas del país en igualdad de condiciones.

Como casi todos los derechos sociales, la forma de implementación de este derecho desafía sobre todo a los pueblos indígenas. El ejer-cicio y la práctica de los derechos que estos desarrollan en salud, la revitalización de sus instituciones y el control de éstas, permite hoy darle contenido a las políticas gubernamentales, a los programas, acciones y normas.

El contenido específi co de este artículo no puede leerse aisladamen-te sino en armonía con el conjunto de derechos colectivos señala-dos en este Convenio. La acción coordinada y sistemática del Estado para proteger los derechos de los pueblos indígenas con integridad, la no discriminación, la implementación de medidas especiales para salvaguardar bienes, personas, cultura, medio ambiente, institucio-nes; todo ello, en el marco de la acción administrativa del Estado con participación.


El artículo 25 establece en cuatro párrafos, normas relativas a salud y pueblos indígenas que reconocen y promueven:

a) Goce del nivel máximo de salud física y mental. Para lograr este nivel de salud el Estado debe disponer Servicios

de Salud (SS) adecuados. Si no está en condiciones de proveer esta adecuación, proporcionará los medios para organizar y pres-tar dichos servicios bajo responsabilidad y control de los pueblos indígenas.

Estos Servicios de Salud deben ser accesibles, de calidad, con dis-ponibilidad de atención y tienen como supuesto la vigencia del derecho a alimentación y agua potable.

b) Participación y autogestión. Ya que al “poner a disposición” de los pueblos indígenas los Ser-

vicios de Salud se requiere participación y control de su propia autonomía, mecanismos implícitos en la planeación y administra-ción con participación indígena (cooperación).

c) Métodos, prácticas y medicamentos propios. El Convenio requiere al planear y administrar los Servicios de Sa-

lud tener en cuenta condiciones geográfi cas, además, económi-cas, sociales, culturales y los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

d) Organización Comunitaria. Tanto los Servicios de Salud administrados por el Estado o aque-

llos puestos en manos de los pueblos indígenas deben organizar-se de manera comunitaria.

La formación y empleo a miembros de la comunidad es obligato-ria para los Estados.

Convenio 169

Artículo 25:

Contenidos del derecho a la salud de los pueblos indígenas en el Convenio 169

Igualdad en el acceso de los servicios de salud del Estado. Organización comunitaria de los servicios de salud del Estado

en las comunidades locales. Cooperación y co gestión en la administración de servicios de

salud adecuados. Pertinencia cultural en la oferta de salud del Estado. Tener en cuenta al interior de los servicios de salud sus prácti-

cas curativas y medicamentos tradicionales.

La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas establece en su artículo 24 el derecho a la salud como derecho co-lectivo de los pueblos indígenas radicando en los Estados la toma de medidas para lograr progresivamente el cumplimiento de ese derecho.

Los pueblos indígenas en este artículo no solo tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, sino a la conservación de sus plantas, animales y minerales de inte-rés vital desde el punto de vista médico, lo que amplia el concepto de medicina para estos pueblos.

��

Artículo 24:�� !�� "��#�$%��

!��#��!��&��$��!��"#!��$��!��'�!�&!�"��#��#($"�$!��!��)��*$��!��!�$��#+!$�,��!�"!�)�!��&!��'�&��#!�� "�#-��+�"!�� "�� +��"!� &-��$�� !��#��!�� !�� "!&��-�� "��#�$%��!$$��)� ��$#�&��!$�,��!� ��!)� !� "�� #+�$�� $�!��'��!��

.��!��#��!�� !��"��#�$%��!� ��/#�"!#� ��#� � �!�� +�� &(��!�"�� !�� /��$!�'�&��"!��"!��"�&!#(��!��&��!��0��!��$��!#�!��!#!� �� #!#��#� #��*+!&��"�� !� ��!� #�!��1!$�,�� "��#�$%��

��

�� de las fronteras

A los pueblos indígenas como sociedades preexistentes a la colonización, les fueron impuestas las fronteras de los Estados sobre sus territorios y tierras ancestrales, ello separó pueblos que hoy se encuentran en cuatro Estados diferentes, como los aymaras en Perú, Chile, Bolivia y norte de Argentina. También separ pue

reciprocidad.

El artículo 32, en la Parte VII del Convenio obliga a los Gobiernos a establecer en sus legislaciones y en acuerdos internacionales el derecho de estos pueblos a contactos y cooperación a través de las fronteras y a mantener la circulación internacional entre ellos a fi n de resguardar el derecho a la Unidad Transfronteriza.

Todo ello con participación, de conformidad al artículo 6 y 33 del Convenio 169.

Convenio 169

Artículo 32:��

��

-blos indígenas distintos, pero que mantenían lazos de amistad y

ó

��

El artículo 33, en la Parte VIII, se refi ere a la forma que debe tener la administración del Estado para implementar el presente Convenio. Para ello la autoridad gubernamental debe asegurar: organismos responsables, instituciones y autoridad administrativa que formule políticas y administre programas.

Todos los programas gubernamentales que afecten a los pueblos indígenas, deberán incluir, planifi cación, coordinación, ejecución y evaluación en cooperación con los pueblos interesados. Igual en la proposición de medidas legislativas y el control de aplicación de medidas adoptadas.

Estos programas deben disponer de medios sufi cientes para la par-ticipación, ya que los pueblos indígenas no cuentan con recursos para ello.

La participación de los pueblos indígenas en los programas guber-namentales incluye la planifi cación, coordinación, ejecución y eva-luación de estos. Por su parte, la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes implica el control y la cooperación como mecanismos de participación.

Convenio 169

Artículo 33:��

��

�!� �� "��#�� #�� $ ��#�� #�� #�� %

��!� ��#��

�� &�� #�� #��

��


Ejercicio y cumplimiento de los derechos

Cada tratado internacional establece mecanismos de supervisión para garantizar su adecuada aplicación. En el caso del Convenio 169, ello se realiza una vez que un país ratifi ca voluntariamente este Con-venio. Los principios básicos para el proceso de supervisión son el diálogo y la persuasión ya que la OIT no tiene poder coercitivo.

La OIT tiene una estructura tripartita, por ello no existen procedi-mientos que puedan ser usados directamente para quejas indivi-duales, sino sólo por un gobierno, un sindicato o una asociación de empleadores.

LA OIT tiene dos procedimientos especiales; 1) La reclamación, que debe ser presentada por un sindicato o una asociación de emplea-dores alegando que un gobierno no ha cumplido satisfactoriamen-te con las obligaciones del Convenio. 2) La queja, que es presentada por un Estado miembro de la OIT contra otro Estado alegando el incumplimiento del Convenio en cuestión.

Asimismo, existe un mecanismo de control periódico en la OIT, en que cada gobierno de un país parte envía memorias a la OIT, un año después que éste entra en vigencia y luego cada cinco años, o antes si así se lo requiere este organismo internacional. En estos informes se explica cómo se aplica el Convenio, tanto legalmente como en la práctica. El Formulario de Memoria del Convenio 169 abre una posibilidad al sugerir-no exigir- que los gobiernos consulten con las organizaciones indígenas del país al preparar sus memorias sobre dicho Convenio.



La OIT cuenta con órganos de supervisión de los tratados. Existe un órgano de expertos independientes en el campo jurídico y de las ciencias sociales, la Comisión de Expertos en Aplicación de Conve-nios y Recomendaciones, (CEACR) quién analiza la información reci-bida y formula comentarios o solicita más información al gobierno y la Comisión de Aplicación de Normas a la Conferencia Internacional del Trabajo (CANCIT).

La Comisión elabora un informe anual sobre sus trabajos. La Comi-sión de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (anual) puede como seguimiento invitar al gobierno a presentarse ante di-cha Comisión para aclarar la situación considerada. El informe de la Comisión de la Conferencia incluye una descripción detallada de cada discusión y cualquier punto pendiente es luego examinado por la Comisión de Expertos.

Normalmente, el gobierno vuelve a examinar su situación a la luz de estos comentarios. A menudo, la OIT ofrece asistencia técnica para ayudar a mejorar esta situación. Si no se toman las medidas adecuadas, los órganos de control de la OIT siguen examinando el caso hasta que éste se resuelva. También existe un procedimiento de “contactos directos”, que abre la posibilidad de contactos entre un representante del Director General de la OIT y los gobiernos que enfrentan difi cultades especiales que obstaculizan la ratifi cación o la aplicación de las normas ratifi cadas.


��

Una vez vigente el Convenio en un país o en el año previo, este tiene que adecuar la legislación nacional a las disposiciones del Convenio. Para ello los gobiernos deben consultar con los pueblos indígenas y tribales.

Cuando existe incompatibilidad entre la ley nacional y los derechos establecidos en el Convenio, la ley nacional debe adecuarse, de buena fe, de acuerdo a la naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al Convenio. Estas adecuaciones debe-rán determinarse con fl exibilidad, teniendo en cuenta la variedad de situaciones concretas en cada país y al interior de éste.

Este esfuerzo jurídico implica un ejercicio creativo sobre la base de la realidad específi ca y en el marco de diálogos culturales, que re-conociendo la juricidad propia de los pueblos indígenas armonice, normas, prácticas y conocimientos. Proceso que al tener como fun-damento la participación permite responder a las particularidades y necesidades reales de los pueblos indígenas.

Avanzar en el desafío de ejercer e implementar los derechos establecidos en el Convenio 169 es la gran tarea para construir un país de verdad pluricultural,

más solidario y más justo.

CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Obligaciones de los Miembros en cuanto a los convenios.

�� !��"� �� #�� #��

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS: Observancia de los tratados.

Artículo 26�� $%�� &��'� �� (��(��"� ��

Artículo 27. �� #�� "� �� )�� #�� *�� *�� +��,-�#��..///� ��#��(.��01��.��".��#��2%34'�567888

�� !

TAPAS 01-04.pdf 2 21-01-10 4:47

Documents

TAPAS 01-04.pdf 2 21-01-10 4:47 - Ministerio de Salud · CARTILLA INDIGENAS NUEVO de CAMBIO.indd 2 23-01-10 14:06. nueva conciencia que se manifiesta en cambios culturales y jurídicos