Advertencias sobre el nuevo Sistema de responsabilidad penal

adolescente

La Ley de Responsabilidad penal adolescente debió haber entrado en vigencia en junio del

año pasado; sin embargo, como el sistema no estaba preparado para operar, el Gobierno

decidió postergarla en un año, por lo que entrará en vigencia el próximo 8 de junio. Pero

ahora, a ojos de la comisión de expertos, creada por el Congreso Nacional para evaluar la

implementación de la ley, tampoco están dadas las condiciones mínimas para un

funcionamiento adecuado del sistema.

Esta comisión, en octubre del año pasado, identificó en un primer informe los cinco

núcleos problemáticos esenciales que debían ser abordados con urgencia por la autoridad

para que el sistema pudiera ser puesto en marcha adecuadamente en junio de este año.

Luego, un segundo informe presentado hace sólo unas semanas al Congreso, concluye que

a la fecha no se dan las condiciones mínimas necesarias y “no es posible garantizar que la

infraestructura, el estado de los programas y la administración general del sistema

permitan una adecuada puesta en funcionamiento integral de la justicia penal adolescente

en junio próximo”.

Para la comisión, una alternativa al aplazamiento podría ser la entrada gradual en

vigencia de la ley. Ello sería posible con excepción de los centros semicerrados, que

necesitan un diseño diferente “para cumplir con las finalidades que la ley estableció.”

Las conclusiones de la comisión se sustentan en variados antecedentes. En primer

lugar, la inexactitud de las estimaciones de la carga de trabajo. Cuando la ley entre en

vigencia, los centros de internación provisoria sufrirán una fuerte demanda por las causas

pendientes. Por su parte, en el sistema privativo de libertad se producirá un

acumulamiento hasta que se logre un cierto equilibrio entre ingresos y egresos. Es en el

intertanto cuando podrían producirse problemas de sobrepoblación.

En segundo lugar, el régimen semicerrado presenta serias dificultades de diseño y

aunque existen recintos de este tipo en todas las regiones del país, la comisión concluye

que no es suficiente. En la práctica, un adolescente podría tener que desplazarse cientos de

kilómetros para cumplir su pena lo que, además de lesionar el principio de igualdad, es

relevante si se consideran las graves sanciones asignadas al quebrantamiento de este

régimen.

Por último, la comisión estima que hay que tener especial cuidado con el

tratamiento, proceso y penas de las personas de 14 y 15 años, que hasta ahora se habían

mantenido fuera del sistema de justicia criminal: “Los errores de diseño e implementación

(…), y esto es sin duda lo más delicado, pueden tener efectos devastadores e irreparables

en los destinos individuales de los afectados.”

La nueva Ley de Responsabilidad penal adolescente se refiere a una realidad

extremadamente delicada, cual es la de sancionar, educar y reinsertar a personas que están

en una etapa determinante de su vida, la adolescencia, y es por eso que los errores en esta

materia pueden tener consecuencias insospechadas para miles de jóvenes, lo que obliga a

ser prolijos en su implementación. Es un deber, por lo tanto, que el Gobierno tome en

cuenta la insistencia de la comisión en las mismas falencias, las cuales han llevado a la

conclusión de que hoy no están dadas las condiciones mínimas para un correcto

funcionamiento del sistema.

Guillermo Ramírez D.

Abogado

Fundación Jaime Guzmán E.

Integrante Comisión Responsabilidad Penal Adolescente