Causa: "CASAS, Ernesto Fabin - Homicidio calificado por el

vnculo s/RECURSO DE CASACION"

(Expte.N220/14 - Ao 2014 / Origen: Trib. de Juicio y Apelaciones -Concordia-)

Resolucin N 92.-

///-C U E R D O :

En la ciudad de Paran, capital de la Provincia de Entre

Ros, a los diecinueve das del mes de mayo del ao dos mil quince,

reunidos los seores Miembros de la Sala N 1 de la Cmara de

Casacin Penal, a saber: Presidente, Dr. HUGO D. PEROTTI, y

Vocales, Dres. MARCELA DAVITE y RUBN A. CHAIA, asistidos por la

Secretaria autorizante, Dra. Claudia Geist, fue trada para resolver la

causa caratulada "CASAS, Ernesto Fabin - Homicidio calificado

por el vnculo s/RECURSO DE CASACION".-

Practicado el sorteo de ley, result que la votacin

tendra lugar en

PEROTTI y DAVITE.-

el siguiente orden: Dres. CHAIA,

Estudiados los autos, se plantearon las siguientes

cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIN: Es procedente el recurso de casacin

interpuesto a fs. 27/48 vta.?

SEGUNDA CUESTIN: Qu cabe decidir en materia de costas

causdicas?

A LA PRIMERA CUESTIN PROPUESTA, EL SEOR VOCAL, DR.

CHAIA, DIJO:

I.- Contra la sentencia de fecha 06/11/2014 emanada

del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia (conformado en la

oportunidad por los Dres. Martn Carbonell, Carolina Lpez Bernis y

Silvina Gallo -copia a fs. 1/24 vta.-) que resolvi declarar a Ernesto F.

Casas, autor material y responsable del delito de Homicidio calificado por

el vnculo, y condenarlo a la pena de Prisin Perpetua y accesorias

legales, se alz su Defensa Tcnica a cargo del Dr. Pedro de La Madrid

interponiendo Recurso de Casacin -27/48 vta-.-

II.- En su libelo recursivo, el Dr. de La Madrid sostuvo

que el Tribunal, al fallar, se alej de los principios de la sana crtica

racional, violando as el debido proceso, por falta de motivacin

suficiente. Afirm tambin que no hubo respuesta a la totalidad de los

planteos de la Defensa.-

Consider que en la sentencia no se verifica la certeza

necesaria para condenar a su pupilo, afectndose por ello tambin, el

principio constitucional de presuncin de inocencia. No se brindaron

motivos adecuados para descartar la postura del imputado -que refera a

un homicidio culposo, por faltar el dolo de matar-, basando la condena

en indicios insuficientes.-

Destac que el Tribunal arriba a la conclusin

condenatoria basndose solo en los dichos de Nicols Romero y algunas

conclusiones periciales, descartando igualmente por inverosmil la

versin de Casas, aunque asentando ello nicamente en una visin

subjetiva, antojadiza y arbitraria.-

Sostuvo que la resolucin cuestionada, se funda

nicamente en una conviccin personal de los juzgadores, que se aleja

de la necesidad de la certeza requerida para condenar.-

Finalmente, se agravi por no haber considerado el

Tribunal el planteo defensivo de nulidad e inconstitucionalidad de la pena

de Prisin perpetua, entendiendo por ello violentados los principios de

jurisdiccin y congruencia, adems de afectar los de culpabilidad,

divisin de poderes, resocializador, legalidad e imposicin de penas

crueles.-

Por todo ello, solicit se anule la sentencia recurrida,

formulando reserva de Caso Federal.-

III.- Al momento de llevarse a cabo la Audiencia,

comparecieron a la misma, el Sr. Procurador General de la Provincia de

Entre Ros, Dr. Jorge A. L. Garca, y el recurrente.-

El Dr. de La Madrid reprodujo los trminos del recurso

de casacin impetrado y se explay respecto a los agravios planteados,

puntualizando en la arbitrariedad del fallo en crisis en tanto condena a su

defendido, violentando el principio de inocencia que le asiste, y los

principios de la sana crtica racional, al valorar el material probatorio

colectado; desechando con una construccin argumental carente de

motivacin suficiente, la versin de Casas. Desarroll finalmente el

planteo de inconstitucionalidad de la pena de Prisin perpetua y culmin

solicitando se anule la sentencia recurrida, formulando reserva de Caso

Federal.-

A su turno, el Dr. Garca respondi los agravios

expresados, argumentando los motivos por los que entiende que la

sentencia es exhaustiva tanto en los aspectos fcticos como normativos,

llegando a la nica conclusin posible al arribar a la condena

cuestionada. Contesta el planteo de inconstitucionalidad de la Pena de

Prisin perpetua entendiendo que no existe ninguna afectacin a

derechos fundamentales, y solicit el rechazo del recurso impetrado con

la consecuente confirmacin del fallo en crisis, dejando a salvo el criterio

de la Fiscala expresado en la audiencia.-

IV.- Resumidas las posturas de las partes habr de

ingresar al tratamiento de los agravios propuestos. En ese cometido,

ms all de los ttulos que otorga el recurrente, para un mejor abordaje,

sern expuestos de la siguiente forma: 1) arbitrariedad en la

sentencia por ausencia de motivacin, apartamiento de la "sana crtica

racional", ausencia de consideracin de los planteos defensivos

(resultado negativo de dermotest, testimonio de Andrs Paredes y

Matas Martinez), 2) falta de consideracin de que se trataba de un

homicidio culposo y no de un homicidio calificado por el vnculo -puntos

II y III, valoracin del testimonio de Nicols Romero y no asignarle

credibilidad al descargo de Casas -ver fs. 36-, alegando que "golpe de

mina" o "efecto de Hoffman" es compatible con su descargo,

pretendiendo la aplicacin del in dubio pro reo, 3) Inconstitucionalidad

de la prisin perpetua.-

a- Aclaracin preliminar: De modo liminar y al slo

efecto de aclarar el mtodo con que se aborda el tratamiento de los

temas propuestos y a propsito del tenor de los agravios esbozados en el

escrito casatorio, habr de sealar, reiterando la postura asumida en

diversos pronunciamientos de esta Sala, -entre los que puedo

mencionar: "CASTRO", 04/08/14 y "TEGERA", 11/07/14-, a raz del

impulso y amplitud que le han dado pronunciamientos como: "HERRERA

ULLOA" -CIDH, 02/07/04-, "CASAL" -CSJN, 20/09/05- o "ALBIZATTI"

-STJER, 07/12/04-, que si bien el remedio debe ser dotado del "mximo

rendimiento posible", no debe perderse de vista que en el "juicio de

casacin" se juzga el pronunciamiento jurisdiccional del Tribunal de

mrito -"juicio de sentencia"-, buscando hacer sobre el mismo un

examen respecto de los argumentos brindados que resulten

cuestionados -pertenezcan al plano lgico, jurdico o fctico- con el

lmite impuesto por aquellos extremos que el Tribunal de Juicio

hubiere aprehendido en virtud de la inmediacin, cuyo anlisis no

puede ser reeditado en la instancia revisora -cfr. voto de la Dra.

ARGIBAY, "CASAL", cons. 12)-, sin que tengan cabida como agravios

nulificantes las"meras disconformidades" o las "diversas formas

de apreciar y valorar las pruebas", lo que no habilita la aplicacin de

la doctrina de la "arbitrariedad" -CSJN, Fallos 286:212, 301:1218,

302:588, entre otros-.-

Por otra parte, es menester reafirmar que "los jueces no

estn obligados a considerar todos y cada uno de los argumentos

propuestos por las partes, sino slo aquellos que estiman conducentes

para la correcta solucin del caso -Fallos: 305:1886, 310:267,

322:270, 324:3421, 327:525, entre otros, ver adems: "GUERRERO",

Sala Penal, STJER., 20/02/14, "GONZALEZ", CCPenal, Paran,

08/07/14-. No obstante ello, como veremos, la sentencia da cabal

respuesta a todos los planteos que materializara la defensa en

juicio y reitera en esta instancia.-

En esa senda y ms all de la ponderacin sobre el fallo

que materializa el recurrente en su memorial, es evidente que la

fragmentada exposicin que presenta no resulta suficiente para

demostrar cul es la incoherencia discursiva u omisin probatoria que

lleva a considerar a la sentencia como arbitraria, ni mucho menos

seala el razonamiento mediante el cual el Tribunal se apart

abiertamente de la prueba rendida, dejando entrever

exclusivamente su punto de vista o criterio diverso sin

mencionar alguna alternativa seria y razonable a la hora de

justipreciar esos elementos o bien sin indicar en qu punto el anlisis

resulta incoherente, inadecuado, inconducente, caprichoso,

contradictorio o infundado, en otras palabras por qu es arbitrario.-

Es importante establecer que la reiteracin de

argumentos del debate en esta instancia no les otorga mayor

jerarqua, no los convierte en conducentes ni les otorga fuerza

nulificante -ver:Fallos: 310:2278; 315:59; 323 :3486; 330: 1534-

puesto que si estamos de acuerdo que hoy no se toleran fallos basados

solo en la autoridad del decisor sino que ste debe brindar razones,

justificar y con ello construir la aceptabilidad de sus decisiones no ya

desde la posicin formal de poder que detenta sino ms bien como parte

de su responsabilidad y con ello de maximizar el control pblico de la

sociedad in extenso: AARNIO, Lo racional como razonable, CEC., 1991,

p. 29-, es dable suponer que estos requisitos son perfectamente

exigibles a las partes en su bsqueda de obtener una respuesta

satisfactoria a sus pretensiones.-

b-Los agravios: Sentado ello, y pese a darse en el

recurso analizado aspectos plenamente identificables con cuestiones

reseadas supra, pasar a contestar cada una de las crticas inicialmente

expuestas.-

1- Arbitrariedad por ausencia de motivacin y

motivacin insuficiente: A partir de una pormenorizada lectura de la

sentencia atacada es posible descartar la arbitrariedad alegada y ms

an la ausencia de motivacin por falta de consideracin de los planteos

defensivos o por defectuoso anlisis del material probatorio incorporado

al proceso.-

El sentenciante parte de la base -como ha sucedido en

casacin- que no se ha discutido el hecho ventilado en juicio

-materialidad- y tampoco la autora de Casas siendo s objeto de

controversia la precipitacin en la figura de homicidio "culposo" o

"calificado".-

En esa senda, lejos de haber omitido el tratamiento de

los temas propuestos, la sentencia recurrida los desarroll y en funcin

de ese tratamiento, arrib a la certeza y emiti el juicio incriminatorio

expuesto de manera clara en sus considerandos. La defensa no

cuestion las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia del

homicidio tal cual fueron establecidas en la plataforma fctica que

formara parte de la "teora del caso" de la acusacin lo que ya fija un

piso firme al debate quedando por argumental sobre las consecuencias

de ese accionar.-

Desde all qued demostrado que Mariana Romero

falleci producto de recibir un disparo de arma de fuego tal como lo

refiere el informe autpsico practicado por el doctor Malher, quien

concluye que la vctima presenta orificio de entrada de proyectil ubicado

en regin parietal izquierda anterior y orificio de salida en regin

retroauricular derecha lo que provoc hematoma en regin

parieto-occipital derecha, con gran destruccin de masa enceflica,

lesin cerebral que le caus la muerte. Se acredit tambin con grado de

certeza -ms all de la ausencia de discusin sobre ese punto- que el

arma con la cual se efecta el disparo mortal es la pistola reglamentaria

asignada a Casas, calibre 9 mms, Browning N 290996, secuestrada en

la causa, como tambin le corresponde el proyectil ubicado en la escena

del hecho.-

Est comprobado as, la causa de muerte de la joven

Mariana Romero y el arma utilizada en la emergencia; hasta all no hay

controversia, la que comienza a aparecer al tiempo de analizar si se trat

de un acto intencional o ms bien se trat de un homicidio culposo como

esgrime el acusado.-

En este punto fue crucial el testimonio de Nicols Romero

-hermano de la vctima- quien al declarar en audiencia -antes lo haba

hecho en Cmara gesell- sostuvo que estaba dndole de comer a las

gallinas a pocos minutos de que Casas llegara a la casa, refiere a que le

dijo a su hermana "vos quers ver a un macho y salt dicindole vos vas

a ser ma y de nadie ms, sac el arma y sin decirle nada le dispar, y l

sale corriendo". Agrega que Mariana se encontraba sentada en un silln

playero dndole el pecho a su hijo, y es all donde advierte que Casas

saca el arma que tena en la cintura, por ello toma al hijo de ambos y

cuando estaba a un paso de distancia observa que le efecta un disparo,

que pens que le iba a disparar a l tambin, que Casas gritaba y deca

por qu lo hizo.-

Debemos tener en cuenta que el testimonio fue creble a

los ojos del Tribunal que, atravesado por la inmediacin del debate,

evalu sus dichos y en funcin de otros elementos y de la propia

constitucin del testigo le otorga credibilidad -valor convictivo-. Para

ello, aprecia su edad, la seguridad en su exposicin, la discapacidad

moderada que presenta, su lenguaje precario, su claridad y

contundencia lo que es coadyuvado por el informe pericial de la

licenciada Spinelli y el doctor Curotto, concluyen afirmando que

Nicols no fabula, que comprende la situacin vivida y puede

explicar con relativa facilidad, a su ritmo, lo sucedido.-

El relato de Nicols es adems apuntalado por otros

elementos, en especial por el testimonio de Paredes -funcionario

policial que desarm a Casas y vecino- uno de los primeros en llegar al

lugar, su esposa que tom al beb; la versin que de inmediato circul

entre los funcionarios policiales, en particular la expuesta por el Oficial

Osvaldo Ruiz Diaz, quien recibi el llamado del oficial Patorelli quien

le comunica el hecho y cuando concurre a la Comisara, el oficial Piriz le

dijo "esposalo porque fue l que la mat", por los rastros y evidencias

correctamente computadas, como por ejemplo: las manchas de sangre,

el casquillo servido del arma reglamentaria de Casas, el secuestro de un

plomo encamisado, restos de sangre coagulada, restos de cabello de la

occisa, las prendas, las actas y croquis labrados, el informe autpsico de

Mariana Romero y sus conclusiones: "presenta un orificio de entrada por

disparo de proyectil de arma de fuego con desgarro estrellado en piel y

cuero cabelludo, golpe de mina de Hoffman, como consecuencia de que

la boca del caon del arma se encontraba apoyada contra la piel",

informe qumico sobre las manos de la vctima y del sospechado,

detectndose restos de plomo, bario y antimonio en la mano izquierda de

Casas y nada sobre las extremidades de la occisa, a lo que se debe sumar

la pericia qumica, las placas fotogrficas suficientemente ilustrativas de

efectos secuestrados, rastros, y dems evidencias colectadas,

destacndose entre las pruebas rendidas y/o incorporadas en debate: la

pericia sobre la pistola de Casas la que concluye afirmando la aptitud del

arma para efectuar disparos y que el proyectil incriminado fue disparado

por esa arma N290996, tipo Pistola, calibre 9 mm, marca Browning.-

Vemos entonces como se ha reconstruido el hecho sobre

la base de cuestiones debatidas y elementos -evidencias- arrimadas al

plenario con plena participacin de las partes y a la luz de los seores

jueces que finalmente adoptaron el temperamento reflejado en la

sentencia, sin que la misma muestre los quiebres lgicos ni las omisiones

argumentales que el recurrente le endilga.-

El camino recorrido entonces en el razonamiento

expuesto nos aleja de la mentada arbitrariedad y quita todo andamiaje al

supuesto agravio fundado en un apartamiento de las reglas atinentes a

la "sana crtica racional". A ttulo ilustrativo, basta recordar que

esta expresin, vinculada inicialmente a la valoracin de testimonios

-arts. 147 y 148 del Reglamento del Consejo Real y decreto del 20 de

junio de 1852 sobre Jurisdiccin de Hacienda; aparece por primera vez

en el art. 317 de la Ley de Enjuiciamiento espaola de 1855, al

sentenciar: Los jueces y tribunales apreciarn, segn las reglas de la

sana crtica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los

testigos- hoy se postula desde la aplicacin del aforismo todo se puede

probar por cualquier medio, dotando de eficacia probatoria a los

elementos analizados a partir de la utilizacin de reglas lgicas y de las

llamadas mximas de experiencia, conformndose as una compleja

trama lgico-experimental que debe ser expuesta como razn motivante

de la sentencia tal como se ha manifestado en el sub jdice.-

En efecto, el magistrado de primer voto, con asiento en

las pruebas rendidas en el proceso y apelando precisamente a las reglas

de la "sana crtica" descarta la existencia de un forcejeo entre Casas y la

occisa, teniendo en cuenta adems del contundente testimonio de

Nicols Romero, la diferencia fsica entre ambos: Casas es corpulento -lo

verificamos en la audiencia de casacin- es un polica, integrante del

Grupo de Infantera Adiestrado -GIA- y por su condicin, posee manejo

de armas de fuego en tanto que la joven Romero tena una estatura de

1,60 metros, 56 kilos, sin experiencia en armas y contaba con 15 aos de

edad, siendo adems, que la joven se encontraba sentada, sin atinar a

levantarse del silln playero donde amamataba a su beb, y por tanto no

hay posibilidad de que el forcejeo o situacin similar haya existido, ni

siquiera que la vctima haya estado en posicin de llevar adelante esa

accin, ni de dispararse en la cabeza con la direccin que finalmente

dejara su huella en la impronta emergente de las pericias practicadas tal

como lo refieren los tcnicos Godoy, Rosatelli y, especialmente, por las

conclusiones del mdico forense Manuel Malher.-

Otra de las crticas dirigidas por el casante es la ausencia

de consideracin de los planteos defensivos en especial del resultado

negativo de dermotest y de los testimonios de Andrs Paredes y Matas

Martinez, siendo dichos cuestionamientos absolutamente

inverosmiles, pero adems, sobre esos testimonios, ni siquiera indica

en qu no comparte o disiente lo valorado en la sentencia o qu debe

tomarse de ellos para darle fuerza a su postura, slo lo enuncia -fs.29- lo

que jams puede ser considerada una crtica autosuficiente del fallo.-

De una rpida lectura de la sentencia queda claro que

esos tpicos fueron abordados con precisin lo que me lleva a descartar

la mentada omisin y con ello, la supuesta arbitrariedad por nula o

insuficiente motivacin.-

En otros trminos, ms all de estos planteos, basta leer

la pieza atacada para observar que los testimonios mencionados fueron

reseados y valorados en la primer cuestin, en tanto que el resultado

negativo del "dermotest" lo fue, al tratar la segunda cuestin, lo que

reitero, echa por tierra cualquier pretensin nulificante por ausencia y/o

incompleto abordaje de temas conducentes.-

Este punto es explicado por el seor vocal, doctor

Carbonel, quien ofrece las razones del resultado negativo. En efecto, de

conformidad a los dichos de los testigos: Olivera Geier quien

sostuvo: "Casas estaba totalmente ensangrentado, tocaba la sangre y

se la pasaba en la cara, se arrodillaba y se pasaba la sangre (...) haba

un latn al lado, pareca que era agua y estaba toda roja por la sangre,

que Casas meta las manos en el latn", Paredes que dijo: "Casas se

ensuciaba las manos con sangre de Mariana, que golpe con ambas

manos el piso y se salpico todo con sangre al golpear" y Martinez quien

narr: "Casas apoyaba las manos en el fuentn donde el agua tena

cogulos, tocaba y se pasaba la mano", es obvio sostener que Casas

busc evitar un resultado positivo de la prueba de "dermotest"

al tocar la sangre de la vctima y pasarsela por la cara, incluso al

introducirlas en un latn con lo que pareca agua y que estaba

toda roja de sangre.-

Es decir que, si bien estaba alterado y nervioso ello no le

impidi elaborar una estrategia mediante la cual intent sostener la tesis

del homicidio culposo alegando -como lo sostuvo en su declaracin

material- que Mariana se haba disparado en un forcejeo al intentar

quitarle el arma, incluso dicen los testigos mencionados y tambin Mara

Ros, que deca "Mariana te mataste" o "que te hiciste" y en la bsqueda

de armar su coartada, instal la idea de quitarse la vida, no sin antes y ex

profeso, ensuciarse las manos con sangre y sumergirlas en agua,

adems de golpear el piso con las manos ensangrentadas y dispersar la

sangre por todo el sitio, para de esa forma, afectar el resultado de la

prueba que se realizara en sus manos -algo que conoce por su

profesin-, la que, ms all de estas estratagemas, conforme lo seala el

perito Rosatelli, se pudo constatar la presencia de plomo, bario y

antimonio en su mano izquierda, lo que resulta indicativo de haber

disparado un arma de fuego.-

Quiero significar, en relacin a la prueba de "parafina" o

"dermotest" -creada por Iturrioz en 1914, dermo: piel, test: prueba- que

al estar por los testimonios recogidos y reseados en la sentencia y

teniendo en cuenta el tipo de material que se releva y el procedimiento

que se utiliza, es evidente que el imputado tuvo tiempo suficiente para

remover los rastros superficiales que pudieron quedarle en la piel

-tocando sangre, metiendo las manos en el latn de agua, ensucindose

al golpear las manos en el piso- y con ello eliminar la evidencia que se

pretenda detectar con la prueba. Sin perjuicio de ello, debo recordar que

arroj positivo en una mano y aunque el resultado fuere negativo slo se

convertira en un contraindicio que debera ser sopesado -"valorado"- en

conjunto con el resto de los elementos existentes sin que permita per se,

descartar la autora del disparo -ver: "SANDOVAL", CCPenal, 29/12/14,

"MAYDANA - BENITEZ", Sala Penal, STJER., 09/09/13.-

Es claro entonces que los testimonios de Andrs Paredes

y Matas Martinez, han sido reseados y valorados en la sentencia. Ahora

bien, que esa valoracin sea diversa a la que propone el casante no

configura per se motivo de arbitrariedad, mxime cuando esos relatos

han sido apreciados en su plenitud, atravesados por la inmediatez del

debate y en consonancia con el resto de los elementos agregados a la

causa, lo que merece el rechazo de esa crtica, recordando una vez ms

que la arbitrariedad no cubre "meras disconformidades" o las

"diversas formas de apreciar y valorar las pruebas" -CSJN, Fallos

286:212, 301:1218, 302:588- y en esa lnea, los agravios del recurrente

slo evidencian una opinin diversa sobre la cuestin debatida y resuelta

-CSJN, Fallos 302:284; 304:415, entre otros-; decisin que cuenta,

adems, con los fundamentos jurdicos necesarios y suficientes, que

impiden la descalificacin del fallo como acto judicial vlido -CSJN, Fallos

293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre otros-. Llevando

lo analizado al plano comunicacional de nuestra vida en sociedad, una

cosa es decir que alguien no me habla y otra muy distinta que no me

gusta lo que dice y esto ltimo es precisamente lo que trasunta la crtica

recursiva.-

Resulta incuestionable entonces que nos encontramos

ante una caso en el cual el nico motivo de impugnacin es el

desacuerdo del recurrente con la interpretacin dada al caso de autos,

circunstancia que por s impone el rechazo del remedio interpuesto.-

2- Falta de consideracin de que se trataba de un

homicidio culposo y no de un homicidio calificado por el vnculo

-puntos II y III-. Al respecto y reiterando lo indicado

precedentemente, sin esfuerzo alguno y con solo leer las cuestiones

primera y segunda, esta crtica cae por su propio peso. El sentenciante

ha dado acabada respuesta a ese tema. Lo mismo sucede con la

valoracin del testimonio de Nicols Romero que fue exhaustiva y

correctamente merituado.-

En punto a la falta de credibilidad que le otorg el fallo a

la versin de descargo efectuada por Casas y sus apreciaciones sobre el

"golpe de mina" o "efecto de Hoffman", debo significar que la sentencia

se ocupa concretamente de estos tpicos -ver: segunda cuestin-.-

Tal como lo sostiene el forense Malher -ver fotografas y

testimonios de la licenciada Godoy y del perito Rosatelli- "el orificio de

entrada tena la particularidad de boca de mina de Hoffman que se

produce cuando la boca del arma de fuego es apoyada con firmeza en la

piel y debajo hay un plano seo, que los residuos pegan en la tabla del

hueso y rompen la piel en forma estrellada" y no caben dudas que eso

fue lo que sucedi, Casas -quien no olvidemos, est preparado para

disparar con izquierda o derecha, segn el Jefe del Grupo GIA, Purgat-

extrajo su arma de la cintura y se la apoy a Mariana -quien no se

defendi, ni forceje con su agresor- de tal forma que al disparar

provoc ese efecto, a punto de dejar pelos entre la punta de la parte

externa del caon del arma y la corredera segn informa el perito

Rosatelli, sin que pueda acogerse la conclusin que ante ese cuadro

presenta la defensa, que incluso comparte la presencia de este marcado

rastro, asignndole otra significacin conforme a la coartada del acusado

que es repelida de manera razonable en la sentencia.-

Como vemos, Nicols da cuenta de la discusin previa, ve

el momento en que saca su arma, pero adems, las peleas y los golpes

que Casas le propinaba a la joven Romero son narrados por la vecina

Mara Ros, quien viva lindante a la casa de ambos.-

Esta seora sostuvo que hay cinco centmetros de su

casa al tejido y luego est la casa donde sucedieron los hechos. Comenta

que "discutan mucho", que se "escuchaba como Mariana sufra porque l

la golpeaba", afirmando que un da la "cag a palos" y que suba el

volumen del televisor para que no se escucharan esos episodios

violentos. Refiere, entre otros hechos sumamente violentos, que un da

Casas le dijo "Mariana a quien quers que mate? a tu mam, a tus

hermanos, a vos o al nene y despus me mato yo", lo que es corroborado

por Sandra Romero, madre de la vctima al afirmar: "Casas andaba con

una pistola en el patio (...) porque tena celos", agregando que en la

casa, andaba continuamente con el arma en la cintura; relatos que no

dejan dudas sobre la situacin que se viva en ese hogar, las amenazas

de muerte de Casas y esa idea de querer quitarse la vida luego de matar

a Mariana, tal como lo sostienen los testimonios supra analizados, sin

perder de vista la fama de "posesivo", "teatrista", "reteatrista" y "muy

golpeador" que lo caracteriza en palabras de su ex-pareja, Johana

Suarez, quien en relatos verdaderamente escalofriantes -por ejemplo

que tuvo aborto como consecuencia de los golpes- expone la violencia

que desplegaba el acusado en su contra, llega a decir "en algunos casos

le apoyaba la pistola reglamentaria en la cabeza y le deca pum con la

boca", que no es otra cosa que lo que finalmente hizo con Mariana

Romero, permitiendo este cmulo de evidencias, una vez ms, repeler la

teora del homicidio culposo expuesta en la tesis defensiva.-

Por ltimo, la aplicacin tangencialmente interesada del

principio in dubio pro reo resulta improponible ante tamao cuadro

cargoso lo que no ha dejado resquicio para duda alguna. La regla cuya

aplicacin se pretende, atribuida al emperador TRAJANO en cuanto es

preferible la impunidad de un culpable al dao o castigo de un inocente,

al sostener: satius esse impunitum relinqui facinus nocentis quam

innocentem damnari -as: MANZINI, Tratado de derecho procesal penal,

El Foro, 1996, t. III, p. 223; FERRAJOLI, Derecho y razn, Trotta, 1997,

p. 106 y ss., MAIER, Derecho procesal penal, Ediar, 2004, t. I, p. 494- no

puede tener cabida en la solucin final que ha sido expuesta en la

sentencia pues no existe duda sobre el castigo que se pretende imponer

atento a que la persona juzgada ha sido encontrada -racionalmente

hablando- culpable.-

Sobre el particular -ver: "CASTILLO", CCPenal, Sala I,

07/08/14, "SANDOVAL", CCPenal, Sala I, 29/12/14- debo advertir que

para que este principio cobre operatividad, debe necesariamente darse

el caso de ausencia de "certeza" ante la insuficiencia de pruebas de cargo

que impidan alcanzar ese estado de conviccin en el juez y con ello

construir la respuesta incriminatoria -cfr. "VILCHES", Sala Penal, STJER,

06/08/08, "ROMERO", Sala Penal, STJER, "MASCATO", Sala Penal,

STJER, 27/02/09, entre otros-.-

Sin embargo, en el presente, tal como lo ha expresado el

Tribunal al realizar el "juicio" de valor, no existen dudas, no hay

ocurrencia de elementos que impidan arribar o mejor dicho "construir"

racionalmente la certeza; por tanto, podemos afirmar que se ha arribado

a ella ms all de toda duda "razonable" y por sobre todo, en base a

elementos, rastros, datos e informacin legtimamente incorporada al

proceso y merituada de acuerdo a las "reglas de la lgica" que como

sabemos, es diversa de la lgica formal puesto que es esencialmente

valorativa al involucrar criterios axiolgicos, y al amparo del sistema de

"libres convicciones" tal como veremos seguidamente, por lo que la

peticin debe ser rechazada.-

En conclusin, es obvio que estamos frente a una mera

discrepancia de parte del recurrente toda vez que se construy la certeza

a partir del anlisis de los elementos colectados en la causa atravesados

por la inmediacin del debate, siendo adems que los puntos de vista o

disensos de las partes en la forma en que el Tribunal ha valorado las

pruebas no constituyen en s agravios, ni resultan suficientes para

invalidar la sentencia.-

3- Inconstitucionalidad de la prisin perpetua: dos

son los aspectos que nutren esa crtica: a) la falta de tratamiento, b) la

afectacin del principio de culpabilidad -y otros principios que expone-

en la aplicacin de la pena de prisin perpetua.

a) Sobre la ausencia o inidoneidad del tratamiento del

tema aparece como una simple manifestacin carente de todo asidero.

Puede ser, reitero, que no le agrade lo que a la postre se resuelve pero

ello no quita que no se haya tratado el tema propuesto y este es el caso.-

La sentencia trat y desarroll el cuestionamiento a la

constitucionalidad de la pena de prisin perpetua y finalmente, opt por

aplicarla, por tanto, una vez ms, resulta incorrecto afirmar que fue

omitido en el cmulo de temas a abordar y decidir.-

Que no figure dentro de los puntos resolutivos en nada

mengua la extensin y profundidad que ha tenido el tratamiento del

asunto como la toma de posicin pues, a contrario sensu, haberla

aplicado tal como se dispuso en el resolutorio, implica lisa y llanamente

su aceptacin y con ello, el rechazo de la inconstitucionalidad enarbolada

por la defensa tal como ntidamente se desprende de los fundamentos

del fallo.-

Debo recordar que no se trat de un planteo autnomo

de inconstitucionalidad, ni de una accin declarativa con el

procedimiento que ello conlleva, por tanto mal puede decirse que no

mereci oportuna y cabal respuesta, siendo adems inconcebible

pretender que cada tema propuesto en debate tenga una respuesta en la

parte resolutiva, mxime cuando el pronunciamiento cumple con las

formalidades que la ley exige, es claro y abarcativo de todas las

cuestiones debatidas, por lo que habr de rechazarse la crtica dirigida a

ese aspecto.-

b) Sobre la inconstitucionalidad de la pena de prisin

perpetua por afectacin del principio de "culpabilidad", "divisin de

poderes", "mandato resocializador", "legalidad" y "prohibicin

de imponer penas crueles, inhumanas y degradantes debo

sealar que este planteo -tambin- fue tambin respondido por la

sentencia, sin perjuicio de ello habr de sealar:

Sobre la regulacin del tipo y la pena en abstracto

prevista por el Catlogo represivo no es ms que la consecuencia del

armnico juego impuesto por la divisin de poderes y el principio

de legalidad tanto para la figura como para la sancin. No debemos

perder de vista que en un sistema Republicano de Gobierno, es el

legislador quien tiene la facultad Constitucional de establecer las "penas"

para cada "delito" sin que el juez pueda obviarlas segn su criterio u

opinin, salvo claro est, el control de legitimidad constitucional que le

asiste, siendo sta una de las funciones ms delicadas de la jurisdiccin

considerada como ultima ratio, por cuanto las normas correctamente

sancionadas y promulgadas llevan en principio la presuncin de su

validez -CSJN. Fallos: 305:304, 263:309-.-

As, la funcin de regular esta materia es atribuida de

manera exclusiva al legislador y el juez no puede desplazarlo para

imponer su punto de vista sin desconocer con ello la facultad que

expresamente le otorga el art. 75, inc. 12, de la Constitucin Nacional, lo

que por otra parte importara un avasallamiento de potestades del Poder

Legislativo invadiendo atribuciones propias de ese Poder de dictar el

Cdigo Penal y perfilar los tipos penales, sus consecuencias punitivas en

la proteccin de los "bienes jurdicos".-

Como bien seala la sentencia, con cita de precedentes

de esta Cmara, aceptar lo contrario, desequilibrara el sistema

institucional de los tres Poderes, fundado en que cada uno de ellos acte

con la armona que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo

cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y un Poder

encargado de asegurar ese cumplimiento con el respeto de la esfera que

la Constitucin asigna, con carcter privativo, a los otros Poderes

-CSJN., Fallos: 226:688; 242:73; 285:369 y 314:424 entre otros-.-

Dentro de los lmites y funciones que la Constitucin

asigna a los poderes del estado, el juicio referido a la

proporcionalidad de la pena, que se visualiza en la ley con carcter

general, es de competencia exclusiva del legislador, sin que competa a

los tribunales juzgar del mismo, ni imponer graduaciones o distinciones

que la ley no contempla, desde que instituye iguales sanciones a todos

los que incurran en la infraccin que se incrimina como una suerte de

salvaguarda de la garanta de igualdad -Fallos: 322:2346; 329:5567-.

Desde esa ptica, la Corte Federal ha dicho que no corresponde a los

jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como ste la

concibi, ya que est vedado a los tribunales el juicio del mero acierto o

conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en el

ejercicio de sus propias facultades -Fallos: 300:700; 321 :92;

327:3597-.-

Esta idea coincide con lo resuelto por ese Alto Tribunal al

sealar: "el ingente papel que en la elaboracin del derecho incumbe a

los jueces -comprensivo de la determinacin de su conformidad con los

principios y garantas de la Ley Fundamental-, as como en la

interpretacin y sistematizacin de las normas infraconstitucionales y la

suplencia de sus lagunas -artculo 16 del Cdigo Civil- no incluye,

obviamente, la facultad de instituir la ley misma. No es lcito que los

magistrados judiciales argentinos procedan con olvido de su carcter de

rganos de aplicacin del derecho 'vigente' ni que se atribuyan ( ... )

potestades legislativas de las que carecen"- Fallos: 308:1848,

considerando 5 y sus citas-.-

En punto a afectacin del principio

de "culpabilidad" que mide y limita la "magnitud de injusto", -entre

otros: JESCHECK, Tratado de derecho penal, Comares, 1993, PG., p. 19,

MIR PUIG, Estado pena y delito, p. 40, ROXIN, Derecho penal, PG.,

Civitas, 1997, PG., p. 793- y hace necesario -obligatorio dira- que el

legislador "tase", "justiprecie", "valore" como quieran llamarlo, el monto

de la pena que se aplicar a quien lesione o ponga en peligro los bienes

descriptos en las figuras tpicas tal como sucede en el caso sub

exmine.-

Aqu, es evidente que esa lesin es importantsima y de

ah que el monto de la pena resulte proporcional y compatible al hecho y

a la culpabilidad demostrada por el agente en su ejecucin. Sin embargo,

an ante esa conducta, el derecho argentino ha querido bajo ciertas

pautas temporales y de tratamiento penitenciario, permitir el egreso del

imputado, y por tanto es dable concluir que la llamada "prisin perpetua"

-ms all del nomen iuris- no es tal.-

En principio y por extensa que sea la duracin de la

condena, ello no resulta incompatible con el fin resocializador que

informan los artculos 5 y 6 de la CADH y 18 de la CN, sin perder de vista

que el sistema penitenciario, al amparo de la ley 24.660, tiene como

propsito lograr que el interno adquiera la capacidad de comprender y

respetar la ley, procurando su adecuada reinsercin social, promoviendo

la comprensin y el apoyo de la sociedad, a cuyo fin establece un

rgimen de "progresividad", promoviendo, conforme su evolucin

favorable, la incorporacin del condenado a instituciones semiabiertas o

abiertas o a secciones separadas de la unidad carcelaria regidas por el

principio de autodisciplina.-

No existe por tanto afectacin al principio de legalidad

ni culpabilidad ni a la divisin de poderes, toda vez que las

posibilidades de internarse en el proceso ejecutivo y sus variantes son

perfectamente establecidas en la propia Ley Ejecutiva al abrigo de

criterios de progresividad en el cumplimiento de la condena y

precisamente, en funcin del principio de legalidad, que abarca tanto la

figura como la pena, es que se previ de antemano las consecuencias de

este injusto, al que se califica de grave afectacin al bien jurdico

protegido.-

Quiero significar adems que la pena de prisin perpetua

pese a su severidad, no se encuentra vedada en el plano regulatorio

nacional o supranacional como tampoco puede ser encuadrada en la

definicin de pena cruel, inhumana o degradante -en esa

lnea: -Garbi, CFCP, Sala IV, 22/04/13, Tommasi, CFCP, Sala IV,

29/08/2013-, mxime si se toma en cuenta el hecho aqu debatido, la

magnitud del injusto y la culpabilidad del autor.-

De este modo, quiero advertir que la nica restriccin

admitida por nuestro Estado en torno a la aplicacin de la pena de prisin

perpetua es la que emana del art. 37 de la Convencin sobre los

Derechos del Nio, que prohbe la imposicin a los menores de

dicha pena sin posibilidad de excarcelacin -primer prrafo-; de

esta forma vemos que no resulta opuesto a la normativa vigente la

aplicacin de dicha pena para el condenado mayor, siendo que tampoco

surge implcita su contradiccin con los derechos humanos que aquella

tutela.-

Ello as, no surge de modo expreso de los Tratados

Internacionales de Derechos Humanos incorporados a nuestro

ordenamiento constitucional, que las previsiones all establecidas se

hallen en pugna con la aplicacin de la prisin perpetua, siempre que se

respete la integridad fsica y espiritual de la persona -arts. 5 CADH y 7

PIDCP, adems, ver: Martnez, CFCP, Sala I, 13/03/2013-

Tampoco puede afirmarse que la pena de prisin

perpetua impuesta al condenado incumpla con la finalidad establecida

por las normas internacionales, la reforma y readaptacin social -fin

resocializador, arts. 18 CN, 5 inc. 6 del Pacto de San Jos de Costa

Rica y art. 10 inc. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Polticos-.-

Si bien las normas citadas indican la finalidad "esencial"

que debe perseguir el Estado en el legtimo ejercicio del ius puniendi,

esto es: la reforma y readaptacin social de los condenados -con lo que

marcan una clara preferencia en torno a aquel objetivo llamado de

prevencin especial, del que no resultan excluidos los condenados a

prisin perpetua- ese objetivo, en nada enerva otros fines que el

legislador adopte, y que no se enfrenten a la interdiccin tambin

prevista por nuestra Constitucin Nacional de que las crceles sean para

castigo -cfr. Amelong, CFCP, Sala III, 05/12/2013-.-

No es correcto entonces suponer que el condenado

agotar su vida en la crcel. La Ley 24.660 -BO. 16/07/96- a partir de

esas razones de readaptacin social -art. 1- estipula los alcances de las

limitaciones a la libertad ambulatoria y hasta la propia duracin del

encierro carcelario, el que podr variar por decisiones que se adopten en

el proceso de ejecucin.-

En los casos de penas perpetuas el rgimen vigente

permite a partir de los institutos previstos en la normativa analizada y el

13 del CP, flexibilizar su aparente rigidez, adecuando la pena impuesta

a las necesidades resocializadoras o preventivo-especiales del caso

concreto, mediante la libertad condicional, las salidas transitorias y el

rgimen de semilibertad, y otras posibilidades que excepcionan al

encierro, por eso se ha sealado que la prisin perpetua ya no es

tal en el ordenamiento argentino.-

El permanente control judicial en la instancia ejecutiva y

la consecuente posibilidad de ingresar a diversos regmenes de

semilibertad y/u obtener salidas transitorias transcurridos quince aos

de cumplimiento de la pena, quita el contenido de perpetua a la

sancin que ms all de su nominatura no lo es atento a que el

condenado, tiene disponible la totalidad de las alternativas que prev el

rgimen de progresividad que establece la ley 24.660 -art. 17 inc. b)-

para adecuar la pena a sus necesidades concretas de readaptacin.

Siendo as, no puede admitirse que se trate de una pena rgida,

desproporcionada, cruel o intil desde el punto de vista

preventivo-especial.-

Quiero contestar en forma enftica un argumento que se

reitera en casos en que se aplica la pena de prisin perpetua la que, sin

ningn tipo de anclaje legislativo ni jurisprudencial, es rotulada de

"cruel", "inhumana", "degradante" o configuradora de "tortura",

llegando incluso, a darse por descontados esos atributos slo a partir de

su hipottica extensin y no en funcin del modo en que se lleva

adelante la ejecucin que es lo que realmente debera analizarse tal

como veremos infra.-

La pena perpetua, al igual que las penas temporales,

dada su naturaleza y funcin lleva implcito el contenido de un

tratamiento penitenciario del reo que se aleja de todo manejo

inhumano, cruel o degradante de los detenidos a punto tal

que la Ley Argentina lo reprime -art. 143 y ss. del CP- y por

tanto, es lgico suponer que la configuracin de esas

circunstancias se podran deber a irregularidades en el marco de

la ejecucin penal y en modo alguno resultan exclusivas o

excluyentes de esta modalidad -"prisin perpetua"-, pudiendo

darse esos atropellos a la dignidad humana en cualquier sancin

-o actividad persecutoria- independientemente del monto de la

pena aplicada.-

En efecto, en consonancia con la exposicin aqu seguida

-y siguiendo el dictamen de la PG en causa "Chueke, CSJN, 27/11/07-

es factible sostener que la pena de prisin perpetua no contiene

intrnsecamente esos atributos -inhumana, cruel o degradante- ni

vulnera per se la Constitucin Nacional ni los instrumentos

internacionales de la misma jerarqua normativa, sino que, por el

contrario, se encuentra expresamente admitida.-

Abona esa opinin la interpretacin que han efectuado

tanto la Corte como la Comisin Interamericana de Derecho Humanos

del artculo 5, inciso 2, del Pacto de San Jos de Costa Rica, que al

proteger la integridad personal contempla que "nadie debe ser

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o

degradantes" y que "toda persona privada de libertad ser

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser

humano" y precisamente estos conceptos han sido definidos en

diversos casos de la CIDH.-

Slo a modo de ejemplo y gua interpretativa de la

reflexin expuesta -con asiento en los precedentes reseados-, quiero

sealar que este paradigma ha sido postulado en el caso "Velsquez

Rodrguez vs. Honduras", CIDH, del 29 de julio de 1988, al encuadrar

en esa norma el aislamiento prolongado y la incomunicacin coactiva

-prrafo n 156-, al indicar: "el aislamiento prolongado y la

incomunicacin coactiva a los que se ve sometida la vctima representan,

por s mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la

libertad psquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye,

por su lado, la violacin de las disposiciones del artculo 5 de la

Convencin que reconocen el derecho a la integridad personal".-

Tambin en el caso "Castillo Pez vs. Per", CIDH, del

3 de noviembre de 1997, se consider afectado ese derecho porque la

vctima, despus de ser detenida por agentes de la polica fue

introducida en la maletera del vehculo oficial -prrafo n 66, al indicar:

"la Convencin que tutela la integridad personal, ya que, an cuando no

hubiesen existido otros maltratos fsicos o de otra ndole, esa accin por

s sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la

dignidad inherente al ser humano".-

Lo propio sucede en el caso "Castillo Petruzzi vs.

Per", CIDH, del 30 de mayo de 1999, porque los detenidos

permanecieron incomunicados en poder de la autoridad administrativa

durante 36 y 37 das hasta ser puestos a disposicin judicial y por haber

sido presentados vendados o encapuchados, "amarrocados" o

"engrilletados" al declarar en sede judicial -prrafo 192-; y se repite

en el caso"Villagrn Morales vs. Guatemala", CIDH, del 19 de

noviembre de 1999, porque existan numerosas evidencias en cuanto a

que las vctimas padecieron graves maltratos y torturas fsicas y

psicolgicas por parte de agentes del Estado antes de sufrir la muerte

-prrafo 157 y ss.-, como tambin en el caso "Surez Rosero vs.

Ecuador", CIDH, del 12 de noviembre de 1997, por la prolongada

incomunicacin ilegal -36 das- como por las malas condiciones de

alojamiento -prrafo n 91-. Por su parte, en "Cantoral Benavides vs.

Per", CIDH, del 18 de agosto de 2000, donde la Corte se pronunci,

dentro del artculo 5.2, sobre el concepto de tortura psicolgica, y

reiter que "la incomunicacin durante la detencin, la exhibicin pblica

con un traje infamante a travs de los medios de comunicacin, el

aislamiento en celda reducida, Sin ventilacin ni luz natural, ... las

restricciones al rgimen de visitas constituyen formas de tratos

crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artculo 5.2 de la

Convencin Americana" -prrafos 89 y 95-. Asimismo, en el

caso "Loayza Tamayo vs. Per", del 17 de septiembre de 1997,

interpret que maltratos como el "ahogamiento" tambin encuadraban

en esa norma -prrafo 58-.-

Por su parte, en relacin al concepto Tortura, con la

carga negativa implcita que ese trmino contiene y tambin

sinnimo de trato "cruel", "inhumano" o "degradante", el Comit

contra la Tortura ha considerado que el artculo 7 del PDCyP, se

refiere "a los castigos corporales, incluidos los castigos

excesivos impuestos por la comisin de un delito o como medida

educativa o disciplinaria" -Observacin General n 20, 44 perodo

de sesiones 1992, punto 5, en "Recopilacin de las Observaciones

Generales y Recomendaciones Generales adoptadas por rganos

creados en virtud de Tratados de Derechos Humanos"-.-

Como vemos, no es posible inferir que la pena de prisin

perpetua pueda estar comprendida en este concepto, desde que el

propio Pacto y otros instrumentos -ms all de mi posicin personal

contraria- admite, limitadamente, la imposicin de la pena capital -art.

6.2 al indicar: "En los pases que no hayan abolido la pena capital slo

podr imponerse la pena de muerte por los ms graves delitos y de

conformidad con leyes que estn en vigor en el momento de cometerse

el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente"-.-

Es ms, el artculo 4 -incisos 2 y 5-, del Pacto de San

Jos de Costa Rica, solamente la prohbe respecto de quienes al

momento del hecho fueran menores de dieciocho o mayores de setenta

aos, para las mujeres en estado de gravidez y para los pases que no la

han abolido, la regula "slo podr imponerse por los delitos ms graves,

en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de

conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con

anterioridad a la comisin del delito. Tampoco se extender su aplicacin

a delitos a los cuales no se la aplique actualmente".-

Por lo dems, el artculo 2 de la Convencin

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada

por ley 23.652, dispone "a los efectos de la presente Convencin se

entender por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se

inflijan a una persona penas o sufrimientos fsicos o mentales, con fines

de investigacin criminal, como medio intimidatorio, como castigo

personal, como medida preventiva, como pena, o con cualquier otro fin.

Se entender tambin como tortura la aplicacin sobre una persona de

mtodos tendientes a anular la personalidad de la vctima o a disminuir

su capacidad fsica o mental, aunque no causen dolor fsico o angustia

psquica", agregando: "No estarn comprendidos en el concepto

de tortura las penas o sufrimientos fsicos o mentales que sean

nicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a

stas, siempre que no incluyan la realizacin de los actos de

aplicacin de los mtodos a que se refiere el presente artculo",

con lo que, excluye de ese concepto a los padecimientos

inherentes a la ejecucin de penas legalmente impuestas.-

A partir de este anlisis, estimo que queda claro que la

pena perpetua no encuadra en un supuesto de "tortura", incluso

definida desde la perspectiva de los Tratados y Organismos

internacionales y esto es as, a punto tal que la propia CSJN al declarar la

inconstitucionalidad de la pena de prisin perpetua en el caso

Maldonado -07/12/07-, y en el cual la defensa haba planteado que

aquella, a su criterio, importaba una pena cruel, inhumana o degradante,

su inconstitucionalidad fue resuelta al considerar que bajo el marco

de la legislacin nacional de menores y los tratados de derechos

humanos, careca de suficiente fundamentacin la necesidad de

aplicar esa pena -cfr. considerandos 21 a 23 del voto conjunto-

reparando adems, en argumentos que podrn o no compartirse, que en

su voto, la doctora Argibay sostuvo: "el rgimen establecido en la ley

22.278 no es inconstitucional por el hecho de admitir la posibilidad de

que una persona sea condenada a prisin perpetua por un homicidio

calificado cometido cuando tena diecisis aos y ello tampoco

resulta, por s solo, contrario a la Convencin sobre los Derechos

del Nio".-

Como se puede apreciar ms all de toda connotacin y

nominacin, la pena de prisin perpetua no es tal ni implica per se una

tortura, ni constituye una sancin "cruel", "inhumana", "degradante"

que afecte al principio de dignidad humana tal como lo postula la defensa

recurrente.-

Finalmente, es justo remarcar que el tema ha sido

abordado en amplitud por mi colega la doctora DAVITE en causa

"LEIMAN PATT" -CCPenal, 12/09/14-, como tambin por nuestro

Mximo Tribunal Provincial, desestimando los planteos de

inconstitucionalidad de la pena, posicin que ha mantenido y

reiterado hasta el precedente: "ALVAREZ - ZAPATA", Sala Penal,

STJER, 05/03/14.-

As desde "CUEVAS" -Sala Penal, STJER, 5/11/98- hasta

el presente, el Tribunal ha sealado que las penas son "slo formalmente

perpetuas la prisin y la inhabilitacin aplicadas porque normas

sustantivas especficas permiten su conversin y determinacin si se

cumplen ciertas condiciones (por ej., arts. 13 y 20 ter, del C. Penal),

contndose con la posibilidad cierta de obtener tambin a travs de

institutos polticos como el indulto o la conmutacin reducciones de

similar ndole, el regimen penitenciario de la Ley N24.660 previsto para

los condenados en base a la progresividad y abarcando los perodos de

observacin, tratamiento, prueba y libertad condicional, es aplicable

"cualquiera fuere la pena impuesta" (art.12), teniendo como objetivo de

la ejecucin de la sancin privativa de la libertad, "en todas sus

modalidades", lograr que aqul adquiera la capacidad de comprender y

respetar la ley procurando su adecuada reinsercin social, promoviendo

la comprensin y el apoyo de la sociedad, debiendo utilizarse todos los

medios de tratamiento para esa finalidad (art. 1), estando sometida al

permanente control judicial (art. 3) y con la perspectiva de limitar el

alojamiento del condenado en establecimientos cerrados,

promovindose en lo posible y en la medida de su evolucin favorable la

incorporacin a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones

separadas regidas por el principio de autodisciplina (ver arts. 6, 7, 8,

9 y concordantes), con lo cual el objetivo de readaptacin y

resocializacin est asegurado, al menos potencialmente, para Cuevas

en el trmite de ejecucin de su condena a prisin perpetua, no

habindose aportado ningn elemento de parte de la recurrente que lo

ponga en duda o lo comprometa en esos alcances, dependiendo

fundamentalmente a partir de ahora para lograrlo de sus propias

respuestas positivas y de la adaptacin a pautas de comportamiento que

lo alejen de la posibilidad de delinquir".-

Tales conceptos resultan de plena aplicacin al sub

examine y por lo tanto, justifican el rechazo de la pretensin

impugnativa acerca de la inconstitucionalidad de la prisin perpetua.-

4-Conclusin: Como lo he sostenido en otros casos

-entre ellos: "SANDOVAL", CCPenal, Sala I, 29/12/14-, si consideramos

que el "juicio" sobre el "juicio" habilitado en esta instancia por el recurso

de casacin resulta un insustituible dispositivo reductor de la

"discrecionalidad" judicial en la medida que exige al Juez dar los

fundamentos de su decisin y permite el control posterior de las partes y

la sociedad, entiendo que los fundamentos expuestos en este acto y en el

atacado satisfacen ese requisito.-

Los fundamentos son el lmite de la decisin y el recurso

lo es de la respuesta. El remedio intentado, pese al esfuerzo puesto de

manifiesto slo se sostiene a partir de afirmaciones que no encuentran

sustento en la prueba rendida ni siquiera, en la sentencia atacada toda

vez que las omisiones que le endilga no son tales.-

La motivacin brindada por el Tribunal luego del debate y

de haber recepcionado la prueba atravesada por la inmediacin en el

marco del control de las partes no resulta insuficiente, aparente o

defectuosa y ello permite descartar la presencia de arbitrariedad al

tiempo de emitir el juicio condensado en sus conclusiones, por lo que

habr de propiciar el ntegro rechazo de los agravios expuestos y con

ello, la confirmacin del fallo impugnado.-

As voto.-

A la misma cuestin propuesta el Sr. Vocal Dr. PEROTTI

expresa su adhesin al voto que le precede.-

A su turno, la Seora Vocal, Dra. DAVITE adhiere al

voto del Sr. Vocal, Dr. CHAIA.-

A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SR.

VOCAL, Dr. CHAIA, DIJO:

En relacin a las costas y atento a la decisin a que ha

arribado el Tribunal cabe que las mismas sean declaradas a cargo del

recurrente vencido -arts. 548 y cc del CPPER-.-

Respecto de los honorarios, no corresponde su

regulacin en virtud de no haberlos peticionado el letrado interviniente

en forma expresa.-

As voto.-

A la misma cuestin propuesta el Sr. Vocal Dr.

PEROTTI expresa su adhesin al voto que le precede.-

A su turno, la Seora Vocal, Dra. DAVITE adhiere al

voto del Sr. Vocal, Dr. CHAIA.-

Con lo que no siendo para ms, se dio por terminado

el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

HUGO DANIEL PEROTTI

SI///

GUEN LAS FIRMAS.-

RUBEN ALBERTO CHAIA

SENTENCIA:

MARCELA DAVITE

Paran, 19 de mayo de 2015.-

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I.- RECHAZAR el Recurso de Casacin interpuesto a fs.

27/48, contra el pronunciamiento cuya copia obra a fs. 1/24, el que en

consecuencia, SE CONFIRMA.-

II.- DECLARAR las costas a cargo del recurrente

vencido -arts. 584 y cc del CPPER-.-

III.- NO REGULAR honorarios profesionales al letrado

interviniente por no haberlos peticionado en forma expresa -art. 97, inc.

1) Decreto Ley N 7046-.-

IV.- Protocolcese, sirva la presente lectura de

notificacin vlida para las partes a sus efectos debiendo notificar

personalmente y con entrega de copia al imputado de manera

personal por encontrarse privado de libertad, y en estado, bajen.-

HUGO DANIEL PEROTTI

RUBEN ALBERTO CHAIA

Ante mi:

CLAUDIA ANALIA GEIST

-Secretaria-

MARCELA DAVITE

Se protocoliz. Conste.-

CLAUDIA ANALIA GEIST

-

Secretaria-