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Debilidad institucional y geografía complicada: factores limitativos del

crecimiento económico y el desarrollo en Latinoamérica.

Enver Figueroa Bazán

Economista Peruano

Atendiendo al tema de la convocatoria, colocar el título de este ensayo de

manera que expresase la relación central que quiero analizar y exponer, no fue

una tarea muy simple. En primer lugar porque desde el punto de vista de la

administración, una amenaza es un factor externo al sistema que se analiza, la

cual puede significar un riesgo para este si es que no se tienen los elementos

para enfrentarla. Desde mi punto de vista, sin embargo, los factores que más

dificultan tener un crecimiento económico sostenido en Latinoamérica y que

finalmente impiden alcanzar un estado de desarrollo, no vienen de fuera, sino

que están fuertemente arraigados en ella desde su génesis. En este sentido,

prefiero denominar a dichos factores “limitativos” para explicitar la función que

estos desempeñan.

Los factores limitativos del crecimiento económico y, en última instancia, del

desarrollo en Latinoamérica son su debilidad institucional y su complicada

geografía. Mientras que el primero es una herencia de su pasado colonial, el

otro ha estado siempre presente pero las capacidades para lidiar con él

desaparecieron con la conquista y no se recuperaron en la era republicana.

Debilidad institucional, corrupción e inefectividad estatal

No es un misterio que el sistema institucional de la colonia, entendido como las

reglas de juego que regulaban las relaciones de poder, estaba pensado para

asegurar la dominación de las poblaciones originarias lo cual era funcional a un

sistema económico extractivo. Durante los aproximadamente 300 años de la

colonia se estableció un esquema socio-político donde los españoles tenían

todo el poder, el cual a su vez era delegado por el rey. Los españoles nacidos

en territorio colonial o criollos, eran subordinados de primera línea y no aliados

3

ni mucho menos iguales. Ellos eran los primeros tributarios a la corona y, por

ende, los primeros en sentir el peso de la exclusión y el oprobio.

Desde luego, no eran quienes más los sufrían, pues debajo de ellos venía una

larga cadena de vasallos - mestizos, indígenas, mulatos, negros y zambos, y

las combinaciones entre ellos- donde las castas inferiores eran las más

alejadas de cualquier injerencia en la toma de decisiones y las más carentes de

derechos. Desafortunadamente, el aspecto común del sometimiento a los

españoles no desarrolló un sentido de unidad en los nacidos en las colonias. La

penetración de las ideas de la ilustración y los conceptos de soberanía popular,

democracia y equilibrio de poderes desarrollados en Inglaterra y Francia

tampoco estimularon la consolidación de un frente social que reclamara un

nuevo orden político coherente con dichas ideas.

Más allá de los discursos, lo que realmente motivó las guerras

independentistas de fines de siglo 18 e inicios de siglo 19 fueron incentivos

económicos. No es de sorprender que dichos incentivos operaran sobre los

propietarios, que eran básicamente los criollos y algunos mestizos. Los

españoles solo venían a las colonias para amasar la fortuna que no podían

hacer en la península. Su propósito no era permanecer en las colonias y por lo

tanto no tenían ningún incentivo para mejorar las condiciones de vida

imperantes. Sin embargo para criollos, mestizos e indígenas, el territorio

colonial era su nación y su futuro y el de sus descendientes estaba ahí, y este a

su vez estaba atado a la tierra. Pero las rentas de la tierra en todas sus formas

eran crecientemente amenazadas por una metrópoli cada vez más decadente y

endeudada que presionaba con más tributos a los propietarios de las colonias

y, para hacer estas imposiciones viables, los relegaba de los cargos públicos

que eran ocupados por enviados del rey.

Las ideas de la ilustración llegaron en el momento correcto para acicatear a las

clases propietarias de las ex colonias españolas y reclamar para sí lo que

producían. Pero no hubo nunca intención alguna de cambiar el sistema de

producción en sí mismo, el cual mantenía las condiciones de dominación e

inequidad para quienes no eran propietarios. La revolución americana no fue

concebida como un proceso para garantizar a todos la ideal igualdad de

4

derechos, sino para desplazar a los españoles del usufructo del poder. El

documento más fundamental del proceso independentista americano es a la

vez el elemento más revelador de su verdadero sentido. Juan Pablo Vizcardo y

Guzmán en su “Carta a los españoles americanos” solo los llama a ellos a

crear reivindicar el sacrificio de sus padres durante la conquista mediante la

ruptura con España. La exclusión de las clases inferiores a los criollos está en

la base misma de las repúblicas latinoamericanas y ha sido este rasgo

institucional el que ha predominado hasta ahora, por ello no debe sorprender

que la democracia y sus instituciones no hayan prosperado en nuestra región y

que aún sea usual tener caudillos que devienen en autócratas, y que de

cuando en cuando se tenga que acudir a las urnas para elegir entre opciones

políticas diametralmente opuestas en el discurso, aunque similares en la

práctica.

A lo largo de la historia, la exclusión sistemática del poder de los grupos

sociales inferiores asociada a la preservación de los mecanismos de abuso y

usufructo del poder por parte de los criollos engendraron en la población un

sentido distorsionado de autoridad que es absolutamente incompatible con el

régimen democrático que se instauró en nuestros países al nacer la República.

El poblador latinoamericano fue inducido a pensar que el poder de la autoridad

no deviene de él sino de una voluntad externa a la cual no puede oponerse y

por ende tampoco a cómo ésta ejerce el poder. Las repúblicas democráticas

modernas en Europa occidental y las colonias norteamericanas crearon

hombres libres que devinieron en ciudadanos al ceder parte de su libre albedrío

al Estado a cambio de que este garantice sus libertades básicas y su

seguridad, y aliente su progreso. Los mecanismos que concretizan la soberanía

popular van desde la elección de autoridades hasta la vigilancia del uso de los

tributos, lo que dio paso al concepto de contribuyente. El habitante de

Latinoamérica, sin embargo, es aún solo poblador, no ciudadano ni

contribuyente.

La institucionalidad política latinoamericana sigue las reglas formales de la

democracia en el sentido de que el acceso al poder se da por la vía de

elecciones universales, pero no sigue las otras de vigilancia y rendición de

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cuentas o accountability y, por lo tanto, deviene en incompleta y débil. Tal

debilidad no solo debe entenderse como “democracia frágil”. Es mucho más

grave que eso pues al entenderse al Estado como un ente desvinculado del

individuo, o peor, como superior a este, el resultado es una reproducción de las

relaciones de dominio rey-vasallo de la colonia, en donde los presidentes,

gobernadores y alcaldes devienen en monarcas y los funcionarios públicos en

cortesanos, sirvientes de sus intereses pero no de los de la población. Y esta

es, lamentablemente, la situación real. Las autoridades no sirven a las

poblaciones que los eligen sino a los grupos que financian sus carreras

políticas y con quienes comparten intereses económicos, siendo muchas veces

los políticos también encumbrados empresarios.

La debilidad institucional descrita inevitablemente genera incentivos para la

corrupción, entendida esta como el uso del poder -delegado por todos- para el

servicio de intereses particulares. Esta premisa es evidente en si misma y no

requiere demostración. Fue la misma certeza la que animó a Montesquieu a

clamar por la división de poderes en el Estado. El poder sin vigilancia ni

rendición de cuentas ofrece toda clase de incentivos perversos para mal usar

los recursos públicos. En tanto que la autoridad elegida representa a intereses

identificables, los burócratas son mercenarios que arriendan su know-how para

facilitar las decisiones de la autoridad, para encubrir sus excesos y camuflar

sus actos dolosos. En contraprestación ellos reciben estabilidad en el cargo,

beneficios remunerativos y hasta prestigio por ocupar cargos más altos.

En el Perú, por ejemplo, el acceso a los cargos públicos altos siempre se ha

basado en la tradición de la confianza, y hasta hoy los ministros juran ante el

Presidente. Con el boom primario exportador de los años 40 y el advenimiento

de un gobierno de tendencia socialista en los 70 que estableció la planificación

económica e introdujo al Estado en cientos de actividades productivas, el

aparato estatal se ensanchó. En los 80 llegaron gobiernos populistas que

aprovecharon los numerosos puestos disponibles en el Estado para crear una

clientela de adeptos, todos bajo la promesa de un puesto de trabajo en el

sector público.

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El clientelismo político se ha diseminado por todo el aparato estatal y ha

reforzado la idea de que el Estado le pertenece a los políticos, y estos son la

clase alta o están asociados a ella. Paradójicamente, las reformas pro mercado

emprendidas en los 90 y orientadas a hacer más eficiente la acción pública,

han reforzado el clientelismo ya que desmontaron el sistema de servicio público

creado por decretos ley del gobierno militar de los 70, pero no lo reemplazaron

por otro más funcional y moderno. En su lugar, se estableció un régimen

temporal de contratación. De acuerdo con este régimen, el trabajador no es

más tal, sino que es un proveedor de servicios y se le paga en contraprestación

de tal. Desde luego bajo servicio se puede entender cualquier cosa, desde un

informe escrito hasta unas horas de conferencia. Esta vaguedad en la

definición de la relación contractual ha permitido que se encubran relaciones

laborales precarias, donde el trabajador no tiene ninguna capacidad de

negociación ya que quien lo contrata decide los términos de referencia de su

actividad, el plazo de la misma, y la remuneración.

Algo que descubrí a través de mis años de trabajo en el sector público es que

estas condiciones institucionales alientan la ineficacia estatal y a la vez la

corrupción, y ambas terminan reforzándose mutuamente.

Veamos como opera esto en el ámbito municipal peruano. En el Perú las

autoridades municipales se elijen por listas, es decir, se vota por el candidato a

alcalde más los regidores o concejales a la vez. Desde luego al único que se le

conoce normalmente es al candidato a alcalde, ya que siempre es la figura

central de la agrupación política, la más carismática y reconocible. La ley

electoral municipal favorece esta concentración en el candidato a alcalde ya

que establece una cifra repartidora, según la cual el candidato ganador del

sillón de alcalde arrastra al 50% más uno de los puestos de concejales.

Entonces, el partido no necesita tener un cuerpo idóneo de personas, sino

simplemente un mascarón de proa suficientemente atractivo para capturar las

preferencias del electorado y asegurar el ingreso de varios de sus miembros a

cargos públicos.

7

Al obtener el alcalde electo la mayoría automática del concejo, nace un fuerte

incentivo perverso: los que perdieron la elección quedan relegados y con ellos

los intereses que representaban. Al no tener el alcalde un contrapeso de poder

que le impida manejar la municipalidad de acuerdo con sus deseos, los

funcionarios municipales se ven inclinados a relajar las evaluaciones técnicas

de las decisiones de gasto, ya que de hacerlo lo más probable es que la

mayoría de las mismas sean rechazadas. Peor aún, debido a que el sistema de

control de gasto peruano establece sanciones incluso penales por mal uso de

los recursos públicos, dichos funcionarios usan sus capacidades técnicas para

justificar las iniciativas del alcalde y aún para encubrir sus malos usos de

recursos, todo con el fin de proteger sus empleos. De no proceder así, por la

fragilidad contractual existente, simplemente sus contratos de servicio no son

renovados y se les reemplaza por otro que si sea funcional a la voluntad edil.

Eventualmente las mejores prácticas técnicas se pierden, los profesionales

mejor calificados se van, bien porque son echados o porque se hartan de ver

actuar a la corrupción, y solo quedan los menos calificados, los que no tienen

opción de conseguir otro trabajo, y los moralmente ligeros. Así, la corrupción y

la ineficiencia se refuerzan por esa institucionalidad débil, y no importa que

existan sistemas administrativos de control acuciosos pues tal asociación es

muy fuerte.

Como la prioridad de una entidad pública –como una municipalidad- no es el

servicio del público sino de agendas privadas, no es de sorprender que se

descuide la gestión de los servicios públicos. La inversión pública es uno de los

medios fundamentales a través de los cuales el Estado contribuye al bienestar

de la población y al crecimiento económico. Sin embargo, cuando el foco de la

gestión no es desarrollar esta con eficiencia y pulcritud, surgen una serie

ineficiencias que revelan la corrupción que la moviliza. El indicador que

considero más explícito es la tasa de ejecución de las inversiones.

Tomo este indicador nuevamente basado en mi experiencia de trabajo en el

Estado. Cuando una administración pública inicia un periodo fiscal, lo hace con

un presupuesto aprobado el año anterior, el mismo que fue basado en

proyecciones de gasto. Debido a que las inversiones requieren estudios

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técnicos y financieros detallados en donde se estiman sus costos y sus

actividades, no debería haber mucha variación en los montos efectivamente

ejecutados respecto de los proyectados, pero la hay. Peor aún, ya que las

inversiones se justifican en los beneficios que les reportan a las poblaciones o

en el alivio de condiciones deficientes de vida –como por ejemplo la falta de

agua y las enfermedades gastrointestinales que ocasiona así como sus efectos

en la desnutrición crónica-, no hay razón alguna para que la ejecución de las

inversiones se retrase, sin embargo en el Perú se retrasan, y mucho. El retraso

de una inversión planificada por ejemplo para hacerse en 12 meses –un

periodo fiscal- implica que la ejecución de su presupuesto no será del 100% en

ese mismo periodo, sino menor.

Gráfico 1.

Tasa de ejecución del gasto de inversión por departamentos en el

Perú y porcentaje de participación del Gobierno Nacional

(1999-2009)

80%

36%39%

26%

33%

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: propia

Como puede apreciarse en el Gráfico 1, la tasa de ejecución de la inversión

pública en el Perú ha sido decreciente a lo largo de la primera década de este

siglo. He tomado este periodo por cuánto coincidió con las demandas por

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autonomía en las decisiones de las provincias y, como consecuencia, se inició

un proceso de descentralización con creciente trasvase de gasto a los

recientemente creados gobiernos regionales y municipalidades. Pero sin

haberse mejorado el sistema de representación ni haberse eliminado los

incentivos perversos que la baja legitimidad o representatividad de las

autoridades subnacionales crea a la corrupción y la ineficiencia, el resultado

esperable tenía que ser una baja ejecución de los recursos transferidos. Para

más detalle, las barras representan la proporción del Gobierno Nacional en el

gasto total de inversión por departamento. Es claro que entre menos gasto es

responsabilidad del gobierno nacional y, por ende, más de los gobiernos

regionales y municipales, menor es la tasa promedio de ejecución o, en otras

palabras, menos eficiente es el Estado.

He buscado un indicador que refleje la debilidad institucional en el Perú, que

muy probablemente es la misma en otros países de la región. Creo que un

buen indicador es la tasa de votos válidos con que las autoridades son

elegidas. Esta elección responde al razonamiento que he expuesto hasta

ahora: si las instituciones políticas no son cercanas a la población entonces las

autoridades no son representativas y por ende los votos que obtengan debieran

ser escasos y fragmentados.

Tabla 1. Indicadores de representación política a nivel de gobiernos

regionales.

2002 2006

Promedio de agrupaciones políticas por departamento 9 9

Total de agrupaciones políticas en competencia 66 100

Total de partidos políticos nacionales 14 21

Total de movimientos regionales 52 79

Promedio de porcentaje de votos válidos con que fue elegido un presidente

regional 27 31

Representatividad media de los presidentes regionales respecto a los

derrotados 1/3 3/7

Departamentos en los que el presidente regional fue de movimiento regional 7 18

Departamentos en los que no hubo movimientos regionales 4 0

Fuente: ONPE

Elaboración: Propia.

10

La Tabla 1 revela que esa es precisamente la realidad política en el Perú. Esta

presenta indicadores de representación política a nivel departamental, donde la

instancia de gobierno es el gobierno regional. En primer lugar, se observa que

aunque el promedio de agrupaciones políticas que compitieron en las

elecciones de 2006 es el mismo que de 2002, el total de agrupaciones en

competencia pasó de 66 a 100, incrementándose en 7 el número de partidos

políticos nacionales con listas a los gobiernos regionales y en 27 el número de

movimientos regionales con el mismo objetivo.

Las cifras anteriores reflejan una elevada atomización de la representación, no

por razones de ideología política, económica o de otra índole, sino

principalmente por la existencia de grupos de interés que se disputan el

copamiento de las entidades públicas con el propósito de capturar las rentas

que se generan desde el poder.

El rent seeking estimuló sin duda la movilización de los grupos de interés

departamentales, hecho que se refleja en que en la elección de 2006 no

hubiera departamento sin movimiento propio, y en que fueran electos 18

presidentes regionales provenientes de movimientos, en comparación con los 7

de la elección de 2002. Desde luego, esto también revela que los grupos de

intereses regionales o locales prefieren manejar sus propias agendas antes

que someterse a las de las cúpulas de los partidos nacionales asentados en

Lima.

La emergencia desordenada y desorientada de grupos de poder regionales

complica el panorama de la representación, siendo que en promedio, los

candidatos que perdieron la elección a presidente regional obtuvieron el triple

de votos válidos que el vencedor en 2002 y el más del doble en 2006. Otra

manera de ver lo mismo es decir que en promedio, un presidente regional en

2002 representaba a 1 mientras que sus opositores a 3; y en 2006,

representaba a 3, mientras que sus opositores a 7.

En mi opinión, la mala calidad de la representación política induce un círculo

vicioso: baja efectividad de la acción pública, escasa gobernabilidad, alta

11

conflictividad social, hostilidad hacia la inversión privada, pobre desempeño

económico, y escasos recursos para cierre de brechas y promoción de

oportunidades; lo que lleva nuevamente al inicio del círculo.

Tabla 2.

Votos válidos en la elección de presidentes regionales y ejecución de

inversiones.

Departamentos

%Votos

válidos,

2002

% de

ejecución de

inversiones,

2004

Departamentos

%Votos

válidos,

2006

% de

ejecución de

inversiones,

2008

La Libertad 50.9 83.2 Callao 49.6 71.4

Loreto 36.5 82.3 La Libertad 48.0 73.5

Lima 36.2 35.1 San Martín 44.5 88.2

Madre de Dios 34.6 99.6 Loreto 41.0 43.4

Ica 32.2 82.6 Lambayeque 39.6 92.3

Lambayeque 32.1 87.4 Arequipa 34.9 69.4

Pasco 31.9 105.0 Ucayali 34.1 39.7

Arequipa 31.1 80.9 Madre de Dios 33.5 49.1

Ucayali 30.2 61.9 Tumbes 32.8 54.6

Tacna 29.1 71.8 Tacna 32.7 25.4

Piura 28.3 82.8 Cusco 32.6 53.4

Ancash 27.5 60.6 Ica 32.1 51.2

Apurímac 27.2 88.9 Cajamarca 29.2 26.6

Callao 27.0 18.3 Ancash 28.3 15.5

Puno 26.5 81.0 Apurímac 27.0 73.7

Huánuco 26.0 99.6 Huánuco 27.0 84.3

Cajamarca 23.7 62.0 Moquegua 26.9 29.0

Moquegua 23.5 79.1 Amazonas 26.8 69.2

Junín 23.0 65.9 Huancavelica 26.6 63.7

Ayacucho 23.0 74.6 Junín 25.8 51.7

San Martín 22.8 79.8 Pasco 25.5 30.0

Huancavelica 20.3 65.0 Ayacucho 25.2 76.2

Amazonas 20.1 90.5 Piura 24.7 66.5

Cusco 19.9 90.7 Lima 20.3 39.4

Tumbes 19.3 39.0 Puno 18.8 44.3

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: propia.

La mala calidad de la representación perjudica a su vez la calidad de los

órganos de gobierno, que son las principales instituciones de la democracia

representativa, introduciendo incentivos perversos en el desempeño de

12

diversas funciones que son críticas para el cumplimiento de los roles del sector

público, desde el planeamiento hasta la ejecución de las obras públicas.

Para demostrar la existencia de una relación negativa entre la baja calidad de

la representación política y la efectividad en la gestión pública, se ha tomado la

distribución de votos válidos en las elecciones regionales de 2002 y de 2006, y

se la ha comparado con el porcentaje de ejecución de inversiones de los

gobiernos regionales en el segundo año de gestión de las nuevas autoridades.

La razón de tomar el segundo año, es que en el primero el presupuesto de

inversión vino definido por la administración anterior.

Dicha relación se aprecia mejor en la Tabla 2, donde se ha colocado en orden

descendente el porcentaje de votos válidos en las elecciones regionales de

2002 y de 2006, y al costado de dichas columnas, los porcentajes de ejecución

de los presupuestos de inversión de los correspondientes gobiernos regionales

para los años 2004 y 2008. En los departamentos donde los presidentes

regionales fueron elegidos con una mayor proporción de votos válidos (celdas

sombreadas), los porcentajes de ejecución de las inversiones también fueron

mayores.

Un análisis similar se presenta en el Gráfico 2. En el eje vertical del Gráfico 2(a)

se muestra la variación porcentual que en cada departamento experimentó el

promedio de la tasa de ejecución de inversión entre los años 2003 a 2006 y los

años 2007 a 2009. Esta variable tiene el propósito de registrar cómo ha variado

la efectividad en la ejecución de las inversiones en la segunda generación de

gobiernos regionales electos, que inició en 2006 y culmina en diciembre de

2010, con respecto a la primera, que empezó en 2003 y culminó en 2006.

Mientras que en el eje horizontal se muestra la variación porcentual en los

votos válidos con que fue elegido el presidente regional en cada departamento.

La relación es claramente positiva entre ambas variables, siendo que la

causalidad va de los votos a la ejecución de las inversiones. Entonces, en los

departamentos donde los presidentes regionales fueron elegidos con mayor

proporción de votos válidos, y por ende tuvieron mayor legitimidad, hubo más

13

credibilidad y confianza en su gestión, hubo en consecuencia una mayor

efectividad en la misma, aproximada por la tasa de ejecución de inversiones.

Gráfico 2.

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

-50 -25 0 25 50 75 100

Var% en votos válidos 2002-2006

Var

% e

n p

rom

edio

de

ejec

uci

ón

de

inve

rsio

nes

03/

06-0

7/09

(a)

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-50 -25 0 25 50 75 100

Var% en votos válidos 2002-2006

Var

% e

n p

rom

edio

del

IDH

03/

05-0

5/09

(b)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: propia.

Asimismo, el Gráfico 2(b) mide la relación de la variación porcentual en los

votos válidos con que fueron elegidos los presidentes regionales del proceso

electoral de 2002 al de 2006, con la variación porcentual entre 2005 y 2009 del

Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones

Unidad para el Desarrollo (PNUD)1. Dicha relación es aún más fuerte que en el

caso de la ejecución de inversiones. Este resultado podría deberse

precisamente a que un gobierno representativo moviliza otros aspectos

institucionales. Desde ya tener representantes legítimos genera satisfacción,

confianza y menor incertidumbre acerca del uso de los recursos públicos a

favor de los intereses generales. Se esperaría por ejemplo, que la inversión en

servicios educativos sea mayor, por lo que la tasa de matrícula podría

1 Las cifras del IDH que se han tomado para este análisis corresponden a los años 2003, 2005 y 2009, por

ser las únicas disponibles.

14

aumentar, lo que recogido por el IDH. Este y otros aspectos que benefician a

variables que son tomadas en cuenta al calcular el IDH serían la razón para la

mayor elasticidad que se muestra en el gráfico.

El análisis cuantitativo efectuado revela que al mejorar la calidad de la

representación política, mejora la efectividad de la gestión pública y también la

calidad de vida de la población. Por lo tanto es un buen negocio invertir tiempo

y recursos en mejorar la calidad de la representación como base para inducir

un cambio institucional que acerque al poblador al Estado y lo vuelva

progresivamente un ciudadano y un contribuyente, algo que se viene

postergando desde el inicio de la República.

En el Perú se han emprendido diferentes iniciativas y programas para mejorar

aspectos puntuales de gestión pública, como la simplificación administrativa o

los sistemas de registro financiero, pero siguen siendo soluciones parciales

cuyos efectos se diluyen porque carecen de un enfoque integral que las oriente

y articule.

Finalmente la geografía complicada

Trabajar a lo largo de mi país con gobiernos regionales y municipalidades me

ha permitido constatar las impresionantes diferencias en niveles de vida que

hay entre las zonas urbanas y las rurales, y entre la costa y la sierra con la

selva. La geografía complicada del Perú no solo hace difícil y costosa la

provisión de servicios básicos transporte y salud, sino que impide el

funcionamiento de los mercados y crea divisiones sociales y culturales que a

llegan a hacer imposible el diálogo y la coordinación. Por ejemplo, las ciudades

de Abancay y Andahuaylas están a 80 km. una de la otra, en el mismo

departamento de Apurímac. Sin embargo, por tienen una rivalidad histórica que

les lleva a tener una carretera sin pavimentar y sin mantenimiento, por lo que el

viaje entre ambas dura 3 horas en época de estiaje.

15

La importancia de la geografía y de las instituciones en el desarrollo, requieren

Estados muy eficientes que puedan manejar esos obstáculos e implementar

soluciones sostenibles. Los Estados latinoamericanos necesitan integrar los

elementos territoriales e institucionales de cada región en la planificación de las

políticas públicas. Para ello requiere marcos conceptuales modernos, que

permitan más flexibilidad y amplitud de perspectiva a sus funcionarios la hora

de concebir las alternativas. Pero también necesita mejores herramientas para

el análisis, como por ejemplo los sistemas de información geográfica y los

modelos de simulación de impacto. Todo ello requiere que ingrese nuevo

personal a la fuerza pública, más capacitado y sin tener que depender de

favores políticos, lo cual nos lleva de nuevo a la reforma institucional pendiente.

En conclusión, ambos, la debilidad institucional como la geografía son las

limitantes a nuestro desarrollo en Latinoamérica. No son amenazas que vienen

de fuera, sino que han estado allí desde siempre y no han sido resueltas, bien

por indiferencia, bien por cobardía, pero ya la indiferencia no da para más y,

sinceramente, creo que es tiempo de empezar a introducir cambios, que

pueden tomar tiempo en madurar, pero que no pueden seguir postergándose

más.

Bogotá; 31 enero de 2012.