Elementos para un Programa Estratégico en Informática

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Grupo Consultivo de política informática.

Alanis, Amigo, Autrey, Bustos, Bracho, Calderón y otros, 1994.

Índice Presentación Advertencia Primera parte: elementos de política informática

1. Qué entendemos por informática 2. Por qué es importante la informática y por qué conviene formular una

política informática nacional 3. Marco valorativo y contextual 4. Opciones de estrategia

Segunda parte: la situación actual de la informática en México 1. Elementos de contexto 2. El mercado informático 3. El uso de la informática en el sector público 4. Recursos humanos 5. Investigación y desarrollo tecnológico 6. Marco institucional 7. Marco normativo 8. Instrumentos de fomento 9. Resumen y conclusiones

Tercera parte: propuestas 1. Líneas prioritarias de acción 2. Propuestas de lineamientos 3. Recomendaciones

Apéndice: miembros del Grupo Consultivo

Presentación

A lo largo de la historia, las sociedades han buscado instrumentos para aumentar la productividad, para reducir costos y para incrementar la calidad de los bienes y servicios que en conjunto, han caracterizado la vida económica y social del hombre.

Uno de esos instrumentos han sido las computadoras y las llamadas tecnologías de la información que a pesar de su corta existencia, están transformando las estructuras mundiales de producción y de comercialización, así como la prestación de servicios. A estos impactos en la esfera económica hay que agregar muchos otros que abarcan innumerables aspectos de la vida humana, tanto en las dimensiones social y política, como en el ámbito cultural.

En México, desde tiempo atrás se ha reconocido que debemos adoptar una actitud responsable y activa frente a las oportunidades que nos brindan las tecnologías de la información.

En particular, el INEGI como institución responsable de la formulación de la política nacional en informática, ha emprendido la tarea de establecer una estrategia abierta de promoción y fomento, en la cual se ha dado particular relevancia a una visión prospectiva que coadyuve en la planeación de un desarrollo sostenido y armónico, y que identifique las metas y las acciones que habrán de realizarse en los próximos años para garantizar un mejor aprovechamiento de dicha tecnología para beneficio de México.

Para avanzar en este sentido, el INEGI convocó a principios de1994 a un grupo formado por 33 especialistas de reconocido prestigio en la materia, que se comprometió a colaborar con el Instituto en la integración de las bases para la formulación de un programa estratégico en informática.

Resultado del esfuerzo de este grupo integrado por: Macedonio Alanís, Jorge Amigo, Sergio Autrey, Alfredo Bustos, Felipe Bracho, Enrique Calderón, Alfredo Capote, Raúl Carballeda, Cristina Casanueva, Micael Cimet, Carlos del Cueto, Felipe Díez Martínez, Jaime Espinoza Nares, Jacinto González Gasque, Fernando Jaimes, Carlos Jaso, Guillermo López, Cristina Loyo, Juan Ludlow, Antonio Medina Mora, Raúl Medina Mora, Gastón Melo, Enrique Melrose, Alfredo Phillips G.,Carmen Quintanilla, Soledad Robina, Gabriel Rodríguez, Antonio Sánchez Aguilar, Jean Francois Thions, Mario Villalobos, Roberto Villarreal, Ricardo Zermeño, Carlos Zozaya, se preparó el presente documento, el cual ofrece una descripción cuidadosa y objetiva de la situación actual de México en esta materia, de sus potencialidades y sus carencias, así como de las opciones estratégicas que dan el marco para definir las acciones concretas en las que debemos trabajar como sociedad, para incorporarnos con bases firmes al nuevo escenario.

Deseo agradecer a cada uno de los integrantes del Grupo Consultivo de Política Informática del INEGI, quienes trabajaron con gran entusiasmo en la elaboración de esta primera propuesta, cuya publicación y discusión, seguramente redundará en el avance de una participación significativa de

nuestro país, en el desarrollo y ampliación de la frontera tecnológica y en especial del factor informático.

La labor de la Secretaría Técnica del Grupo estuvo encabezada por el Act. Pablo Noriega, cuya participación fue crucial para la realización de los trabajos. Asimismo, agradezco la entusiasta participación de Roberto Acuña, Rosa María Guerra, Víctor Guerrero, Fabián Gutiérrez, Sofía Jaso y Ramón Ocampo.

CARLOS M. JARQUE

Presidente del INEGI

Octubre 1994.

Advertencia

En el mes de julio de 1993, el INEGI, como entidad del gobierno federal responsable de formular e implementar la política informática nacional, decidió crear un Grupo Consultivo de Política Informática como órgano colegiado asesor del Instituto, integrado por una treintena de individuos que, a juicio del propio INEGI, tuvieran una destacada trayectoria profesional en la materia.

Ciertamente, quienes fuimos convocados formamos un grupo plural, con individuos de muy diversas experiencias y perspectivas. Y aunque entre nosotros se cuentan representantes de algunas asociaciones del medio y dirigentes o funcionarios de empresas e instituciones que tienen que ver con la informática, hemos preferido autodefinirnos como "ciudadanos preocupados por la informática en México", y aclarar que nuestras opiniones no reflejan adscripción oficial, institucional o empresarial alguna.

La encomienda que recibimos fue la de formular las bases de un Programa Estratégico de Informática. Este documento es el primer resultado del Grupo Consultivo a esa invitación y constituye una plataforma inicial para invitar a la sociedad en su conjunto a discutir el tema y proponer las acciones pertinentes.

El documento consta de tres partes. En la primera hemos procurado expresar los consensos a los que ha llegado el Grupo, y que aclaran qué entendemos por informática, por qué y para qué tiene sentido formular una política nacional en la materia, y cuál es el marco de valores y las opciones estratégicas que consideramos necesarios acordar antes de hacer propuestas específicas. En la segunda parte presentamos un diagnóstico crítico de la situación actual de la informática en México. En la tercera parte sugerimos las líneas de acción que en nuestra opinión ameritan ser declaradas como prioritarias y hacia las cuales debería encauzarse la política informática nacional, y proponemos algunos lineamientos de política informática y acciones específicas que pudieran incorporarse al Programa Estratégico en Informática.

Reconocemos que algunas de las afirmaciones que incluimos en el documento serán fuente de controversia, y asumimos ese riesgo con plena responsabilidad: nuestro propósito no es esgrimir verdades absolutas, sino hacer públicas las consideraciones del Grupo para invitar a su discusión y enriquecimiento.

Estamos plenamente convencidos de que la definición de un programa estratégico en informática es de la mayor importancia para el país, y a título personal y colectivo hemos decidido continuar trabajando en ese sentido. Confiamos en que este documento constituya una plataforma inicial que motive a más ciudadanos interesados en la informática a unirse en este esfuerzo, y permita a las autoridades responsables actuar en consecuencia.

Primera parte: elementos de política informática

En esta sección haremos explícitos aquellos elementos que, tras una larga y animada discusión, constituyen los consensos básicos alcanzados por el Grupo Consultivo como posibles fundamentos para una política informática nacional.

Juzgamos importante dejar constancia de ellos por dos razones fundamentales:

Primera, porque constituyen el trasfondo de los análisis y opiniones del Grupo, y por ello consideramos que servirán para entender por qué valoramos como positivo o negativo algún aspecto de la situación actual de la informática en México.

Segunda, porque aunque estos elementos de consenso puedan resultar obvios, distan de ser triviales o únicos, y por ello creemos que deberán ser sujetos de escrutinio y revisión por parte de la comunidad informática nacional y las autoridades responsables si, como es nuestra intención, este documento ha de servir como una base de acuerdos para construir un Programa Estratégico de Informática bien fundamentado y de amplio grado de consenso.

Para facilitar su revisión y análisis, hemos agrupado estos elementos en cuatro apartados generales:

Aspectos de definición: qué entendemos por informática

Argumentos en favor de formular una política informática nacional

Marco valorativo y contextual

Opciones de estrategia

1. Qué entendemos por "informática"

La informática como convergencia tecnológica Creemos que es conveniente concebir la informática como resultado de una convergencia tecnológica peculiar, que se ha producido a lo largo de ya casi medio siglo, entre las telecomunicaciones, las ciencias de la computación, la microelectrónica y ciertas ideas de administración y manejo de la información.

Esta noción amplia de la informática es contraria a una visión fragmentaria, especializada, que distingue y separa los mundos, la cultura y las preocupaciones de los ingenieros electrónicos, de los especialistas en telecomunicaciones o en computación. Aunque esa visión especializada puede ser legítima para discutir programas de formación, de estímulo industrial, o de organizaciones gremiales, nos parece inadecuada para la discusión de una política nacional, ya que para formular una visión de largo plazo, que pueda anticipar los retos y oportunidades que el país afrontará en el futuro, puede ser riesgoso ignorar estas cada vez más amplias y significativas interacciones.

Creemos, además, que esa noción amplia no ha sido la que se ha utilizado sistemáticamente en el pasado, y que algunos de los rezagos que en materia informática tenemos en México, podrán ser corregidos desde una perspectiva conjunta de estas especialidades y con la confluencia de esfuerzos, intereses, instituciones y personas que hasta ahora se habían percibido o entendido como ajenas.

Asimismo, la propuesta de concepción amplia de la informática supone que en el futuro puede llegar a ser conveniente extenderla aún más para incluir algunos de los temas o preocupaciones que actualmente se identifican con los medios masivos de comunicación y entretenimiento, en la medida en que estas industrias se basarán cada vez más en la oferta de información y conocimientos que serán almacenados, distribuidos y comercializados en medios digitales, en condiciones que ya hoy se reconocen como notablemente similares a las correspondientes de los sistemas de información tradicionales.

Por estas razones se suele utilizar la noción de "tecnologías de la información" para hacer referencia a esta visión inclusiva. En este documento utilizaremos, pues, ambos términos: informática y tecnologías de la información, como sinónimos.

La informática como agente de innovación La segunda aclaración de fondo que hemos formulado es la relativa a una concepción de la informática como agente de innovación.

En el propósito de definir una política informática nacional, juzgamos necesario concebir a la informática como una herramienta de cambio, como una palanca de modernización, como un agente de innovación, y no restringirla a una visión tecnicista o de mercado de bienes y servicios informáticos, constreñida a máquinas computadoras, programas de cómputo u otros servicios de transmisión de datos y de consultoría..

Creemos que asumir esta noción innovativa de la informática esclarece el valor estratégico de las tecnologías de la información, y su notable trascendencia en los procesos de globalización, competitividad y productividad en los que el país se ha comprometido. También aclara por qué es importante hacer un planteamiento integral tanto de la formación de especialistas, intermediarios tecnológicos y usuarios, como de los aspectos de creación, adquisición, adecuación, adopción y asimilación de la tecnología. Precisa, pensamos, por qué resulta importante, para la sociedad en su conjunto, la estrategia y los modos en que el gobierno decide utilizar la informática para automatizar sus propias actividades; y por qué es necesario que el Estado adopte un papel promotor y algunos de los riesgos de una mala reglamentación.

La informática como factor Otra distinción conceptual que hemos reconocido es la de entender a la informática no como un sector industrial, sino como un factor, en el sentido de que su verdadero valor radica en que interviene en todos los sectores industriales, en el comercio y en los servicios potenciándolos significativamente cuando se utiliza en forma adecuada, o limitando su competitividad en caso contrario.

Afirmar que no entendemos a la informática como un sector industrial no significa que propongamos la renuncia del país a la posibilidad de participar como oferentes en este pujante mercado mundial. Lo que sostenemos es que limitar la política informática a los aspectos de una política industrial es a todas luces insuficiente, y puede resultar pernicioso para el desarrollo nacional.

La informática como ciencia y como tecnología De forma análoga, creemos que la formulación exclusiva de una política científica y tecnológica en sus concepciones habituales, limitaría en extremo la noción de informática, pues aunque la incorporación de estos factores es obviamente necesaria, no es suficiente.

Al considerar los aspectos específicos de políticas científicas y tecnológicas, puede resultar oportuno señalar que en ese marco, la informática amerita un tratamiento sui generis. Por una parte, es una disciplina joven, que no cuenta con una comunidad científica suficientemente consolidada y madura -ni en México, ni en otros países- como puede ser el caso de otras disciplinas científicas. Pero conviene reconocer que a pesar de esa juventud, ha constituido un corpus teórico significativo que amerita enseñanza, cultivo y tratamiento propiamente científico, aunque por sus evidentes y connaturales ligas con las aplicaciones, la informática tiene también un componente tecnológico ineludible.

Más aún, creemos que este continuo, de la teoría a la aplicación, de hecho alimenta y es reflejo de la velocidad de cambio que todos reconocemos en las tecnologías de la información. Ignorarlo o menospreciarlo producirá desbalances y distorsiones contrarios al sano desarrollo de la informática en nuestro país.

La informática como fin o como herramienta En todas nuestras discusiones ha permeado la convicción de que discutir una política informática tiene sentido no por la informática misma, sino por el valor que la informática tiene para la sociedad como un instrumento, o como antes señalamos, como un agente de innovación, un ingrediente de productividad o, en fin, como una herramienta para lograr con ella fines más trascendentes.

Hemos procurado distanciarnos de una visión sectaria o academicista. Pero quisiéramos, además, insistir en que, en nuestra opinión, debe haber un compromiso humanista que subyazca en la formulación de una política informática nacional, de forma que en la discusión de temas como el empleo, la eficiencia del gobierno o la competitividad de las empresas, sean las preocupaciones más trascendentes del bienestar de la sociedad las que guíen las propuestas de implementación o las que permitan dirimir entre opciones de estrategia, y no una simple visión utilitaria o instrumentalista de la informática.

La no-trivialidad de la informática Por último, y en el marco de las anteriores consideraciones, creemos pertinente resaltar el riesgo de trivializar la informática. Riesgo que, por desgracia, es mucho más frecuente y real de lo que quisiéramos y que se manifiesta con actitudes a veces simplistas, y a veces derrotistas o fatalistas respecto al papel que podemos jugar en este tema como país.

Reconocemos que esta trivialización es frecuentemente resultado del desconocimiento de la informática y éste, a su vez, producto de una extraña mezcla de accesibilidad y de misterio. Accesibilidad, basada en el uso frecuente y polimorfo de las microcomputadoras, con las que aparentemente es posible resolver cualquier problema, sin necesidad de conocimientos especializados, lo que hace parecer sospechosa toda postura que insista en la necesidad de profesionalización seria, de gasto u organizaciones complejos para la administración de proyectos informáticos, de utilización de herramientas sofisticadas, de la necesidad de especialistas, etc. Y misterio, por la constante y radical transformación en los productos, el lenguaje, las promesas tecnológicas, los paradigmas informáticos, cambio ante el que los mismos informáticos profesionales son frecuentemente observadores sorprendidos.

Pero el riesgo más peligroso de esa trivialización, sin embargo, está en suponer que "el tren de la informática se nos fue" y que no tiene sentido invertir esfuerzo alguno en aprender y participar en el proceso global de innovación y asimilación de las tecnologías de la información. El verdadero riesgo, creemos, está en trivializar las opciones y caminos que el país tiene a la mano, y adoptar posiciones pasivas.

Creemos que hay otra vía, más responsable, ciertamente más compleja y ciertamente no exenta de riesgos. En lo que sigue trataremos de hacerla explícita y de convencer a los lectores de la conveniencia de optar por ella y actuar en consecuencia.

2. Por qué es importante la informática y por qué conviene formular una política informática nacional

Es ya un lugar común sostener que el mundo vive una segunda revolución industrial derivada del desarrollo convergente de las tecnologías de la computación, la información, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Ninguna industria ha tenido un avance tecnológico que pueda compararse con el vertiginoso desarrollo de la informática, tanto en la reducción de costos como en el aumento real y potencial de la eficiencia a través de sus aplicaciones.

Con la incorporación de las llamadas tecnologías de la información en el diseño y el control de la producción, los países industrializados tienden aceleradamente hacia una automatización generalizada, en la búsqueda de varios propósitos: una alza sustancial de la productividad; el mejoramiento de la calidad de los productos; un control más seguro de los procesos; la disminución de los costos y la obtención simultánea de un incremento en la capacidad de innovación y una disminución del valor relativo de la mano de obra frente al de la tecnología de producción. A estas ventajas se suma, además, que el uso adecuado de la tecnología informática tiende al ahorro de tiempo, energéticos y materias primas, lo que evita desperdicios y problemas asociados con tecnologías menos avanzadas, tales como la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales.

Las instituciones educativas y de investigación que están a la vanguardia también sustentan gran parte de su producción, almacenamiento, comunicación y uso de datos en sistemas informáticos. En las escuelas que han podido utilizarlos en forma adecuada, el proceso de enseñanza ha comenzado a beneficiarse sustancialmente de las computadoras como un instrumento auxiliar en el aprendizaje. Los profesionistas que forman, también ven su práctica profesional beneficiada al hacer uso de herramientas informáticas. Algo similar sucede en el campo del desarrollo científico y tecnológico, que hace ya tiempo depende tanto del acceso a la información a través de redes, como de la capacidad de simular y diseñar procesos computacionales que contribuyen a la predicción, manejo y explicación de todo tipo de fenómenos.

Asimismo, la eficiencia y la productividad de las organizaciones de todo tipo de servicios -públicos y privados- dependen cada día más de los soportes informáticos. Este apoyo hace viable la descentralización y modernización de las estructuras de administración para satisfacer más adecuadamente las demandas básicas de los ciudadanos y de los clientes, en la medida que permiten que la información necesaria se encuentre distribuida en el lugar y en el momento adecuado para efectuar trámites y para tomar las decisiones pertinentes al nivel requerido.

Si bien el uso de modernos sistemas de información está de hecho incorporado en todas las áreas mencionadas, en el futuro cercano aquéllos tendrán más aplicaciones que, al añadirse a las anteriores, contribuirán sin duda aún más a acelerar esta revolución tecnológica. En efecto, la informática no sólo está transformando las estructuras mundiales de producción y comercialización y la

prestación de servicios, sino que se está imponiendo inevitablemente en la vida cotidiana porque es susceptible de ser incorporada a prácticamente cualquier actividad humana. Para explicar este potencial, basta considerar la frecuente pero ilustrativa comparación entre la expansión de las capacidades físico-motoras del hombre que trajo consigo la mecanización producida por la anterior revolución industrial, con la expansión de las capacidades intelectuales que, en diversos grados y maneras, está permitiendo la revolución de la informática.

En ese contexto, las sociedades que han logrado incorporar la informática a su cultura cuentan con una ventaja económica y cultural invaluable, en la medida en que el sistema de distribución mundial del conocimiento, los servicios y la producción -que determina el papel de cada sociedad en la división internacional del trabajo- está dependiendo cada vez más en forma esencial de estas tecnologías.

El saber científico y tecnológico, así como la capacidad social de aprovechamiento, son pues de tal importancia, que pueden afectar la viabilidad económica y cultural de las naciones. Es por esta razón que muchos países han establecido estrategias nacionales en informática que han permitido mejorar su posición y competitividad internacional en este campo.

Los países que han logrado destacar en informática en gran medida deben sus avances a políticas directas -como las estrategias nacionales de Japón, y de algunos países de la Cuenca del Pacífico o la Comunidad Económica Europea-; o a políticas indirectas de fomento -como las redes de cómputo y los enormes gastos militares en informática de los Estados Unidos-. Es importante señalar que también en el caso de países menos desarrollados, como Singapur e Irlanda, los efectos de una política específica han sido claramente exitosos. Por el contrario, políticas pasivas o excesivamente intervencionistas han dado como resultado rezagos, anomalías y pérdida de competitividad.

Adicionalmente, es de fundamental importancia reconocer que la informática es una tecnología que México no domina, en la medida en que los centros de producción e innovación se ubican en los países altamente industrializados. Y, más aún, ante la decisión mexicana de participar en condiciones competitivas en los mercados globales, que México cuenta con un incipiente desarrollo informático, y con él habrá de competir con las naciones que de manera más ágil y provechosa han sabido utilizar estas tecnologías.

Se plantean así oportunidades y riesgos que México debe enfrentar con prontitud. No es tiempo de políticas defensivas que pretendan protegernos inútilmente de una revolución que tarde o temprano nos dará alcance.

Asumir un rol pasivo, limitado a la apertura comercial, significa renunciar a los beneficios que han obtenido otros países de las políticas de apoyo específico a la informática, y que les han permitido no sólo insertarse en el mercado mundial de las industrias asociadas a esta tecnología, sino favorecer sus potencialidades de modernización y competitividad generales. Pero tampoco podemos recurrir sin más a la imitación extralógica, que ha probado su capacidad de producir mayores problemas de los que pretendía resolver.

Los ejemplos exitosos de otros países, y la propia y positiva experiencia de México en esta materia indican que es urgente definir una estrategia responsable y activa frente a los riesgos y las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información. Es necesario optar: diseñar una estrategia que permita asimilar y adecuar a nuestras necesidades las tecnologías que están transformando al mundo.

Los componentes más importantes de dicha estrategia debieran basarse fundamentalmente en el establecimiento de una infraestructura sólida de recursos humanos; en el desarrollo de una coordinación efectiva tanto entre los sectores público y privado como entre éstos y las instituciones educativas y de investigación; en una sana política de estímulo y financiamiento; y, en fin, en el fomento eficaz del uso innovador de las tecnologías de la información en los sectores más dinámicos de la sociedad.

3. Marco valorativo y contextual

En este apartado intentamos expresar los elementos que, por una parte, justifican los propósitos de una política informática-es decir, las nociones que hacen explícita su finalidad- y que, por otra parte, permiten evaluar la pertinencia, el avance o el éxito de los instrumentos y acciones específicos. Asimismo, abordamos algunas circunstancias específicas que tienen que tomarse en cuenta para poder formular una política informática en México con un razonable nivel de realismo.

Para qué queremos usar la informática Proponemos diseñar un Programa Estratégico en Informática porque, como fin último, ésta debe contribuir efectivamente a obtener mejores niveles de bienestar para los mexicanos.

En forma mediata, es factible mejorar en forma concreta las condiciones de soberanía, democracia, justicia, educación, salud y bienestar social en nuestro país, si se enfoca la atención en utilizar la informática para aumentar la competitividad de las empresas, y para hacer más eficiente al gobierno.

Este enfoque tiene algunas ventajas:

Primero, para incrementar la competitividad de las empresas, se puede usar la informática para abaratar insumos, optimizar inventarios, rediseñar procesos, añadir valor a los productos, abaratar el costo de distribución, proveer servicios más especializados, entre otras consecuencias deseables.

Segundo, permite precisar el alcance, modalidades y objetivos de la utilización de la informática en el interior del sector público. Por ejemplo, automatizar todos los trámites con y de los ciudadanos, digitalizar los intercambios de información al interior del sector, etc.

Tercero, aclara el énfasis de cultura, instrumentos y roles que más nos convengan para alcanzar los fines de competitividad y eficiencia a los que hemos hecho alusión. Por ejemplo, un rol que le competería en el futuro al gobierno es el de fomentar el establecimiento y vigilar la disponibilidad en el país de una infraestructura de estándares y servicios informáticos que sea competitiva en precio y calidad con la de los países con los que México mantiene relaciones comerciales.

Restricciones y condicionantes: factores de realidad y contexto que se deben tomar en cuenta

A la informática no la dominamos

La informática se crea, se ajusta y se comercializa fuera de México. El país ha sido, y muy probablemente seguirá siendo, un receptor neto de tecnologías de la información. Este es un hecho con el cual podemos contender de muy distintas maneras, pero que amerita un análisis sistemático para elegir o propiciar las opciones que más nos puedan llegar a convenir.

Sin embargo -como se puede inferir del diagnóstico de la situación de la informática en México-, tenemos algunos problemas de fondo a este respecto: una base de creadores y expertos sumamente limitada; escasa participación del capital nacional; incipientes esquemas de observación, monitoreo e incorporación; escasos intermediarios tecnológicos expertos.

Pero aunque no dominemos a la informática, tenemos la posibilidad -y la responsabilidad, sin duda- de incrementar nuestro grado de dominio o autodeterminación. Se puede realmente participar, porque constantemente existen nuevas oportunidades.

Por ejemplo, el consumo de las tecnologías de la información en México está creciendo, y está haciéndolo más rápidamente que en otros países. Esto convierte a México en un mercado interesante para algunos proveedores de estas tecnologías, lo que puede atraer inversión y actividad para desarrollar desde aquí otros mercados emergentes. ¿Estamos siendo consumidores sagaces? ¿Podemos ser oferentes en algunos nichos?¿En qué medida puede participar el capital mexicano en este mercado? ¿En qué segmentos está la mayor rentabilidad, las ventajas nacionales? ¿Qué tipo de alianzas estratégicas se pueden desarrollar?, ¿con qué tipo de jugadores?, ¿con qué países?.

México ha optado por participar como un actor activo entre las naciones más avanzadas del orbe

Desde la decisión, en la década pasada, de adherirse al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), México ha ido definiendo una estrategia de apertura comercial y competencia en los mercados globales. Recientemente, con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá y los Estados Unidos, y con la incorporación de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se han establecido compromisos y condiciones específicos para el comercio exterior. En particular,

destaca que México habrá de competir con las naciones más avanzadas en informática, y con aquéllas que mayor importancia le han dado a las tecnologías de la información en sus propias estrategias de competitividad.

Sin duda esta circunstancia puede tener beneficios significativos para el país. Pero también debe reconocerse que existen riesgos evidentes.

En consecuencia, creemos que es necesario hacer un esfuerzo para aprovechar al máximo los beneficios potenciales que estas condiciones nos ofrecen, y al mismo tiempo creemos que es necesario actuar con responsabilidad e inteligencia para anticipar los efectos que esa proximidad tecnológica acarreará en nuestra sociedad, en nuestra manera de convivir, de gobernarnos y de hacer negocios. Tenemos que ser capaces de observar, entender, innovar, sacar provecho de los esquemas de desarrollo y utilización de estas tecnologías en los países más desarrollados, buscar las alianzas provechosas, corregir nuestros rezagos más perniciosos y elegir con sagacidad nuestros focos de atención y esfuerzo.

Relación entre política informática y políticas públicas

Una política informática nacional -y más aún, un Programa Estratégico de Informática- deben ceñirse, evidentemente, a la política general del gobierno.

De ahí que hayamos calificado este trabajo de "elementos" e insistamos en el carácter preliminar de nuestras consideraciones, porque las prioridades, los instrumentos y los proyectos específicos en esta materia deberán ajustarse claramente a las prioridades y estrategias del próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Pero también por esa estrecha vinculación entre la política general de gobierno y una política informática, consideramos pertinente evidenciar los ámbitos en los cuales reconocemos que es necesario un adecuado acoplamiento:

Sistemas nacionales de información Políticas de información y seguridad Política fiscal Política de telecomunicaciones Comercio exterior Política industrial Políticas de productividad y empleo Políticas sectoriales y de fomento Normas industriales y comerciales Política científica Política tecnológica Política educativa Profesiones Propiedad intelectual e industrial Relaciones internacionales Cooperación científica y tecnológica Políticas de modernización y funcionamiento de la administración pública Servicio civil

Política y normatividad de planeación y adquisiciones gubernamentales Programas nacionales estratégicos y prioritarios

Reconocemos que en los últimos años ha habido un notable esfuerzo por establecer elementos para la formulación, instrumentación, seguimiento y ajuste de una política informática -fundamentalmente lo realizado por el INEGI, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano de Comunicaciones (IMC) en materia de información, cuerpos colegiados, revisión normativa y mecanismos de fomento--, cuyo acoplamiento a las prioridades nacionales deberá revisarse al elaborar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Específicamente, juzgamos que los elementos estructurales -como los cuerpos colegiados o los sistemas de información- deben consolidarse, reorientándolos a partir de las prioridades que se definan en el Plan Nacional de Desarrollo. El marco normativo amerita una revisión profunda, y los instrumentos específicos de política deberán ser examinados uno a uno, ajustando ambos -marco normativo e instrumentos de política- a las nuevas circunstancias. Por último, para elaborar un Programa Estratégico de Informática habrá que definir nuevas prioridades, programas específicos y roles para los distintos actores informáticos en función del Plan Nacional de Desarrollo.

4. Opciones de estrategia Para llevar a la práctica una política informática nacional existen múltiples opciones. Las diferencias más importantes estriban en la estrategia de promulgación y ejecución que se proponga.

Expondremos a continuación las disyuntivas estratégicas más evidentes en este momento para México, y en cada caso argumentaremos en favor de la que juzgamos más adecuada.

Autosuficiencia vs. autodeterminación Creemos que en informática ningún país puede, hoy, ser autosuficiente. Sin embargo, no es necesario renunciar a la autodeterminación.

Consideramos que, entre las distintas maneras de usar la informática, debemos ser capaces de determinar las que más nos convengan. Por ejemplo, debemos ser capaces de elegir entre adaptar o desarrollar los sistemas que necesiten las empresas o el gobierno; por invertir en fondos de capital de riesgo en empresas informáticas en el extranjero, por crear fondos de ese tipo en México, o por ambos; pero con elementos objetivos y realistas para formular y elegir entre esas opciones. Creemos que debemos ser capaces de valorar el impacto comercial o productivo de los desarrollos de punta, y determinar el momento y el modo en que participemos en su subsecuente desarrollo.

Evidentemente existen distintos niveles de autodeterminación, y éstos dependen, entre otras cosas, del grado de dominio técnico, inversión y experiencia en materia informática que se tengan en el país. El grado de

autodeterminación que tengamos hoy puede mejorar o empeorar, en función de las políticas que se instrumenten.

Reaccionar vs. anticipar Hasta ahora, las tendencias del desarrollo de la informática en México han sido consecuencia, más que de un plan concertado que anticipe ciertas necesidades, de los avances y modas internacionales, de las ofertas y políticas de algunos proveedores, o de la inercia.

En términos de reglamentación, infraestructura y estandarización, así como en la conformación de nuestra base de especialistas, intermediarios tecnológicos o cultura nacional, puede optarse por un esquema de laissez-faire como el que se ha dado predominantemente hasta ahora, o proponer, promover y adoptar lineamientos claros, realistas y estables de política informática que nos permitan sumar esfuerzos y prepararnos para asumir con mejores elementos los retos y oportunidades del futuro. Creemos firmemente que esto último es factible, y preferible al simple juego del azar, pero sólo si el ejercicio de planeación es serio, si los mecanismos de establecimiento de acuerdos son democráticos, si los instrumentos y organismos derivados se vigilan cuidadosamente por todos los interesados, y si los planes se ajustan oportunamente al contexto cambiante de la realidad.

Imponer vs. promover En la legislación, planeación e instrumentación de la política informática, creemos que es preferible buscar consensos que imponer autoritariamente una opinión. Una vez establecidos éstos, creemos que es importante contar con organismos eficaces en la promoción, vigilancia y supervisión de los planes y programas que se deriven de dichos consensos, para que los lineamientos que se formulen no sean excluyentes o limitativos de la actividad de los individuos o las instituciones y permitan, en cambio, tener un amplio respaldo y sumar alrededor de ellos los siempre limitados recursos y los valiosos esfuerzos de la comunidad.

Para ello, juzgamos importante consolidar órganos colegiados representativos, formados por individuos capaces, interesados legítimamente en los temas de su competencia y con la autoridad formal y moral para formular esos consensos, deliberar sobre ellos y proponer o actuar en consecuencia. Asimismo, reconocemos que es imprescindible ubicar y delimitar adecuadamente las responsabilidades de gestión de la política informática nacional al interior de la administración pública, articular eficientemente a las distintas autoridades competentes -entre sí y con los órganos colegiados- y, finalmente, designar funcionarios aptos.

Concentración vs. acceso universal y abierto En algunos aspectos de infraestructura informática nacional -como los sistemas nacionales de información, los estándares y las redes públicas de comunicación- es posible construir condiciones de acceso relativamente universales (a las que todos los usuarios puedan acudir, sin importar su tamaño) y abiertas (en las que no es necesario satisfacer condiciones peculiares de participación, o de costos exorbitantes).

Creemos que promover condiciones que fomenten inversiones y acuerdos que faciliten el acceso libre de múltiples usuarios independientemente de su tamaño, es preferible a las que se han dado, por ejemplo, en las redes de terminales de punto de venta bancarias, y que han favorecido la concentración de recursos y poder informático en unos cuantos grandes actores.

Un caso concreto al que habremos de enfrentarnos en el futuro inmediato es el de la red y los estándares de comunicación para el pequeño comercio: se puede fomentar un acuerdo y un estándar que permitan una suscripción voluntaria de todos los comercios y pequeños proveedores, o se puede esperar que las grandes tiendas departamentales o los grandes distribuidores, por su volumen y capacidad tecnológica, establezcan sus propias redes y estándares, produciéndose condiciones de acumulación y redundancia.

De forma análoga, en términos de inversiones en infraestructura, las condiciones de aplicación de tarifas y reglamentación pueden propiciar distorsiones, como el que sea preferible construir instalaciones propias y exclusivas, que utilizar infraestructura compartida -como ha sido el caso con las redes satelitales privadas-. El efecto agregado suele ser una sobreinversión de los escasos recursos en infraestructura.

Informática de uso vs. industria informática Creemos que México obtendrá mayores beneficios sociales de un uso amplio y adecuado de la informática como herramienta de competitividad, productividad y eficiencia, que si fomenta únicamente la creación de una industria microelectrónica o informática.

Sin embargo, para lograr esos niveles de uso se requiere hacer un esfuerzo sistemático para crear una cultura de usuarios sagaces de la informática, lo que a su vez supone una adecuada composición de los distintos actores individuales: es decir, algunos excelentes innovadores, especialistas aptos e interlocutores técnico-aplicativos; y muchos usuarios educados y una cultura informática básica muy difundida.

Pero también creemos que será muy difícil hacer un uso sagaz de la informática si no existe una base mínima industrial, de servicios, y de investigación y transferencia de tecnología que permita anticipar mercados e incorporar innovaciones informáticas en los procesos y los productos no informáticos. En particular, consideramos que será necesario tomar acciones de estímulo, fomento y apoyo en ciertos nichos de la industria: aquéllos que aporten un mayor valor agregado en los procesos de uso, asimilación e incorporación informática en la industria, el comercio, la sociedad y el gobierno; y también en aquellos nichos en donde México tiene o puede tener alguna ventaja competitiva en el sector informático internacional.

Segunda parte: la situación actual de la informática en México

1. Elementos de contexto A partir de la crisis de la deuda, que puso punto final a las teorías de la sustitución de importaciones y de los mercados cerrados, América Latina comenzó a experimentar con las ideas del Estado eficiente y la modernización. En el caso de México, la búsqueda de una economía de mercado estable, abierta y competitiva propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se tradujo en una reforma macroeconómica general y en la firma del TLC, que han transformado el contexto político y económico del país en forma considerable.

En lo que respecta a la informática, los cambios más significativos generados por ese proyecto modernizador son la apertura comercial, el crecimiento de la inversión privada y pública en tecnología, y la desregulación y adelgazamiento del mercado del sector público.

Pero además de estos cambios en el contexto macroeconómico nacional, la situación general de la informática en México está profundamente influida por la evolución que las propias tecnologías de la información están teniendo en todo el mundo.

Las fuerzas que están provocando las mayores repercusiones en la evolución de las tecnologías de la información son:

Primero, la estandarización y el abaratamiento de los bienes informáticos -equipos, sistemas operativos, herramientas de programación, protocolos de comunicación-.

Segundo, la convergencia de las áreas de la informática -en la medida en que la computación, las telecomunicaciones, la microelectrónica y la propia informática tienden a integrarse entre sí-.

Tercero, la incorporación de la informática en todo tipo de actividades -tanto en su utilización como componente inseparable de muchos procesos y productos, como en la extensión del dominio de aplicación a nuevos ámbitos con mayores capacidades-.

Cuarto, la democratización y la domesticación de las tecnologías de la información -entendidas éstas como la accesibilidad a la informática de cada vez mayores estratos de población y la creciente y más variada utilización de la informática en los hogares-.

2. El mercado informático En 1993, el mercado informático en México ascendió aproximadamente a 2 mil 839 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 30 por ciento del mercado latinoamericano, el 0.8 porciento del mundial y el 1.88 por ciento

del mercado estadounidense, de acuerdo con datos proporcionados por Servicios Estratégicos en Electrónica(SELECT).

Es éste un mercado abierto desde 1990, muy integrado a la oferta norteamericana a raíz del TLC y en el que conviven todos los niveles de desarrollo, pues a pesar de la brecha tecnológica en el nivel de uso generalizado de la informática respecto a otros países, en México hay usuarios tan avanzados como los mejores del mundo, mientras que también están presentes al interior del propio mercado nacional las disparidades más significativas.

Para valorar el dinamismo del mercado de cómputo mexicano, baste apuntar que -según SELECT- éste creció en su conjunto casi un 42.6 por ciento en 1990 y tuvo un crecimiento superior al 25 por ciento en 1992. Este incremento es particularmente significativo ante la reducción que los mercados internacionales de cómputo manifestaron en 1990 y sobre todo en 1991. La explicación más plausible de este hecho está en el dinamismo impreso a la actividad nacional en estos años y el relativo atraso que mantenían las inversiones en esta materia. Pero si bien lo anterior demuestra la juventud del mercado nacional, empiezan a constatarse señales de maduración, como la sensibilidad del monto del mercado a las fluctuaciones macroeconómicas del país, evidente en el segundo semestre de 1993.

Con la supresión del requisito de permisos de importación para bienes informáticos y la homogeneización de los aranceles correspondientes, la oferta de bienes y servicios informáticos en México ha experimentado diversos cambios estructurales.

Por una parte, la variedad de productos en el mercado nacional ha aumentado, los precios de los productos han bajado en forma general, y han aparecido nuevos actores, sobre todo en el mercado de intermediación.

Por otra parte, los productores nacionales de equipo de cómputo (hardware) y programas para computadoras (software) han ajustado su actividad a las nuevas condiciones de distintas maneras: las grandes empresas internacionales que fabricaban equipos en México han reestructurado sus líneas de producción, para enfocarse en su mayoría hacia los mercados internacionales y para fortalecer otras líneas de negocio como la integración de sistemas. Algunas han suspendido la producción local de equipo y, en general, las exportaciones netas de este grupo bajaron hasta 1992 cuando empezaron a mostrar señales de repunte. Los productores estrictamente nacionales han reaccionado de forma análoga: algunos reorientaron su producción hacia nichos en los que son competitivos internacionalmente -como las tarjetas para redes o los circuitos de propósito específico-, mientras que la alianza con socios extranjeros se convirtió en uno de los mecanismos más favorecidos. Una buena proporción de estas empresas ha cerrado sus operaciones de producción para convertirse en distribuidoras de marcas importadas, aunque algunas conservan sus líneas de ensamble; y por último, aunque pocos, han aparecido nuevos inversionistas industriales en este sector, sobre todo en componentes y microcomputadoras.

En términos generales, sin embargo, las cifras revelan una reconversión aparentemente exitosa de este sector industrial: de acuerdo con la SECOFI, la producción de equipo de cómputo pasó de 915 millones de dólares en 1990 a mil 587 para 1993, mientras que las exportaciones totales de la rama de cómputo se duplicaron durante la presente administración, pasando de 370 millones de dólares en 1988, a 889 millones en 1993.

En lo que respecta al software, el total del mercado nacional para 1993 se estimó en unos 370 millones de dólares, y en él, la oferta de productos mexicanos, que ha crecido en términos modestos, representa actualmente un 30 por ciento de las transacciones; la apertura comercial incrementó el mercado de productos estandarizados ("paquetería")-en gran medida como consecuencia del aumento en la importación de equipo-, pero subsiste un hábito de programación casera (in-house) que atiende aún una parte importante de las aplicaciones informáticas. La paquetería de importación, por lo general, es distribuida por los representantes de las empresas fabricantes de equipo y por representantes de los propios desarrolladores de software. Estos últimos son empresas mexicanas o coinversiones, cuya transferencia al exterior ronda el 40 por ciento del precio de venta de los productos, si bien un número significativo de estas empresas realiza actividades de consultoría e integración de sistemas, además de la comercialización de paquetería.

Debe mencionarse que este segmento del mercado sigue padeciendo los efectos de una alta tasa de utilización ilegal de software, a pesar de las acciones correctivas que ha promovido la nueva Ley Federal de Derechos de Autor, y la labor conjunta de los industriales y comercializadores del software, las instituciones educativas y las autoridades.

Mientras que las exportaciones mexicanas de software son escasas, los servicios de consultoría e integración de sistemas tienden a constituir un nicho importante para los proveedores y, sobre todo, para los especialistas nacionales. Cabe destacar, por cierto, que este segmento del mercado es uno de los que pueden tener un mayor impacto en los niveles de aprovechamiento de las tecnologías de la información, en la medida en que es allí donde se localiza el mayor valor agregado por el lado de la oferta y tiene un alto componente nacional.

El mercado de las telecomunicaciones, y más propiamente la infraestructura para transmisión de datos y los servicios de valor agregado, ha manifestado también un aumento sustancial, para contribuir actualmente con el triple del monto global de la informática en otros rubros. Este incremento es producto de las mismas fuerzas que han estimulado los otros segmentos del mercado informático, pero que en este caso en particular se han visto reforzadas por la privatización de Teléfonos de México (TELMEX) y el nuevo Reglamento de Telecomunicaciones, que han contribuido a atenuar un importante rezago en la oferta. En términos generales, sin embargo, el modelo seguido hasta ahora ha tendido a favorecer los requerimientos de infraestructura de los grandes usuarios, en detrimento de las medianas y pequeñas empresas.

La demanda de bienes y servicios informáticos ha crecido sin duda como consecuencia de la oferta de equipos más abundante y barata provocada por la

apertura comercial, pero también ha recibido un impulso significativo por una mayor inversión en tecnología que la industria nacional está requiriendo para emprender su modernización. Un reflejo de esas necesidades apremiantes de modernización y la consiguiente incorporación de la informática en los procesos productivos, es el incremento en la demanda de los servicios de consultoría e integración de sistemas -de los que se hizo mención anteriormente-,y aumentos más modestos, pero manifiestos, en capacitación.

Las empresas y los grupos industriales y comerciales que han decidido participar en los mercados globales han invertido prioritariamente en informática, con diversas estrategias de inversión. Algunos han buscado alianzas con grupos extranjeros cuya principal aportación es tecnológica, a veces a un costo muy significativo; otras, como los grandes bancos, con una historia previa de inversión tecnológica exitosa, han buscado alianzas o coinversiones en algunos nichos específicos; otras más, han podido integrar una tecnología informática propia, que les ha ofrecido ventajas competitivas de gran efectividad al incorporarse en los mercados globales. En todos los casos exitosos conocidos, parecen intervenir algunos factores constantes que tienen que ver más que nada con una adecuada cultura tecnológica institucional o corporativa.

Una parte importante del mercado informático nacional –cerca del 40 por ciento- lo constituyen los bancos y las empresas paraestatales que han sido privatizadas, muchos de los cuales presentaban al momento de su privatización una severa obsolescencia tecnológica. Pero es también notable el aumento de inversión en cómputo en el sector público debido, sin duda, a la convicción de que la informática es una herramienta fundamental para lograr una administración pública moderna y eficiente -junto con la disponibilidad de mayores recursos, el abaratamiento de los insumos y la simplificación del marco regulatorio-.

Cabe mencionar, por otra parte, que el rezago generalizado en las inversiones de sistemas en casi todos los sectores, y muy especialmente en el sector público, ha permitido que las inversiones frescas de los últimos años se traduzcan en un parque instalado relativamente más moderno que el de otros países, aunque debe hacerse notar que la velocidad del cambio tecnológico puede revertir esta situación en el mediano plazo. Al mismo tiempo, sin embargo, se constatan problemas importantes en los procesos de utilización, cuya causa primordial radica en la escasa cultura tecnológica en los niveles de mando. No es de extrañar, pues, que la incorporación de tecnología informática no suela integrarse a las estrategias institucionales de modernización; pero sobre todo que, en un preocupante número de casos, la noción de modernización informática se limite a la mera adquisición de equipos y no a impulsar los procesos de reingeniería de las empresas o instituciones. La informática está presente para atender los problemas operativos de las empresas, pero su utilización en los procesos de diseño y de toma de decisiones que repercuten en los niveles de competitividad es aún limitada.

En términos generales, la inversión en informática está desbalanceada: en comparación con otros países, la proporción de inversión y gasto en equipamiento respecto a software es muy alta, pero lo es más aún en relación

con los gastos de desarrollo y capacitación, lo que se traduce en una productividad de la inversión inferior a la esperada. Por su parte, la inversión en innovación e investigación es prácticamente nula.

La carencia de especialistas informáticos calificados es patente en todo el país y, entre otros efectos, se manifiesta en una elevada tasa de rotación del personal informático y en salarios proporcionalmente mayores respecto a otras profesiones. Esta escasez, que incide de forma negativa en la calidad de las estrategias tecnológicas y más aún en la utilización de estos recursos, se agudiza particularmente en los niveles intermedios y altos del sector público, por la disparidad comparativa de los salarios respecto al sector privado. A este hecho cabe agregar que la base científica y tecnológica del país en materia informática -tanto de inventores, divulgadores y promotores, como de mecanismos de promoción e intermediación- es muy pobre, más que la correspondiente a otras disciplinas.

De continuar las condiciones actuales, es dudoso que México pueda participar como oferente en los mercados informáticos mundiales y es de esperarse que los costos de asimilación tecnológica se vuelvan cada vez mayores.

3. El uso de la informática en el sector público

El Grupo Consultivo ha estimado conveniente incluir un análisis específico del uso de la informática en el sector público por dos razones: por la importancia creciente de la consideración de los ciudadanos como clientes de la administración pública -en una relación similar a la que los consumidores mantienen en los diferentes mercados-, ámbito en el que la informática juega un papel fundamental; y, por el peso específico de este sector en la planeación, consumo y normatividad de la informática en México.

La utilización de la informática al interior del sector público presenta diferencias relevantes entre las distintas dependencias y entidades, y en general un rezago considerable en las administraciones públicas municipales y en algunas estatales. No obstante, el sector público, en su conjunto, está sujeto a factores condicionantes característicos, que lo distinguen de otros consumidores y mercados. Dichos factores son de tres tipos: normativos, funcionales y de hábito. Los primeros reglamentan conductas de planeación, manejo de recursos, adquisiciones y personal, por citar los elementos más importantes; los segundos imponen necesidades, prioridades y estrategias de utilización que suelen ser distintos a los de otros segmentos del mercado; y los terceros, que en gran medida son producto de los anteriores, determinan resistencias, ventajas, prejuicios y oportunidades que también suelen ser peculiarmente distintos a los de otros consumidores.

Estos factores condicionantes se reflejan en elementos estructurales de este mercado. Los más importantes son: la fuerte estacionalidad sexenal (que se manifiesta no sólo en los cambios de políticas y en la rotación del personal, sino en el incremento de las inversiones de equipamiento, sobre todo entre el segundo y el tercer año de gobierno, a partir de los cuales se inician realmente los esfuerzos de utilización); un consumo por inversión significativamente

mayor que el que proviene por gasto corriente (la asignación presupuestal de inversión en informática generalmente se negocia para proyectos únicos, mientras que los complementos, actualizaciones y mantenimiento suelen seguir procedimientos de evaluación y negociación distintos y menos exitosos); los niveles salariales para los técnicos y especialistas en informática son iguales a los del resto del personal técnico o administrativo, y sustancialmente menores que los del mercado.

En general, hay una marcada intención de autosuficiencia, que puede explicarse en parte porque los trámites para subcontratación de servicios son particularmente engorrosos, pero también como un vestigio de modos arcaicos de operación centralizada de cómputo y de recursos humanos relativamente abundantes y bien calificados.

A fin de obtener una visión de conjunto de la utilización de la informática en el sector público, hemos analizado el tema desde diversos ángulos:

Planeación

De acuerdo con la normatividad vigente, toda entidad o dependencia debería formular un programa de desarrollo informático sujeto a revisión anual o bianual, y ajustarse tanto a los programas estratégicos del sector como a las prioridades y a la dinámica de la entidad respectiva. Sin embargo, esta norma fue acatada por la totalidad del sector central y las grandes paraestatales tan sólo a partir de 1993, y su continuidad institucional no está garantizada. Esta falta de planeación -que puede explicarse por la debilidad de la estructura de autoridad informática de las dependencias y por la pobreza de la cultura informática en general- ha repercutido en inversiones excesivamente concentradas que dificultan su explotación; en carteras muy desbalanceadas tanto de inversión como de gasto; y en la falta de atención a funciones críticas como la comunicación interinstitucional, el apoyo a la alta dirección, la atención al público, y bases de datos y estadísticas sectoriales, por lo que puede sostenerse que sólo en forma ocasional se utiliza adecuadamente la informática como una herramienta de modernización.

Operación Aunque en este aspecto se constata gran diversidad, pueden identificarse dependencias con operación centralizada, coordinada, dividida y dispersa. Si bien todos estos modos pudieran en principio considerarse eficaces, en la práctica son muy pocas las dependencias o entidades cuya operación responde a una estrategia explícitamente definida. Los modos de operación parecen derivar más bien de factores de inercia, entre los que destaca la supervivencia de planes informáticos obsoletos. Nuevamente, la falta de una autoridad clara, el bajo nivel técnico de algunos responsables y la escasa cultura tecnológica entre algunos mandos medios, son las causas de esta situación irregular.

Recursos humanos La carga de operación informática en el sector público es responsabilidad de personal con una calificación técnica baja en términos generales. Entre las más de 10 mil personas que desempeñan cargos en informática en el sector central y las tres entidades paraestatales más grandes [Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)], hay sólo 2 doctores, 32 maestros y 744 licenciados con formación en informática, y 13 doctores, 54 maestros y 786 licenciados de formación diversa. Del resto, el 29 por ciento son técnicos en informática y el 42 por ciento, personal de nivel medio superior con formación no informática. La rotación reportada durante los últimos tres años fue cercana al 25 por ciento en mandos medios y de un 20 por ciento en personal operativo. Resulta pertinente señalar que la estructura de personal informático es proporcionalmente gruesa en la base, y estrecha en los niveles superiores. Esto puede explicarse en parte por los niveles salariales, aunque posiblemente también es resultado de ciertos hábitos de contratación y definición de estructuras de empleo gubernamentales y de los citados desniveles de salario respecto al mercado.

Estas cifras indican claramente una dificultad seria para atraer y mantener personal bien calificado. Esta circunstancia, aunada a las limitaciones impuestas a la subcontratación de servicios de asesoría y desarrollo, así como a los acendrados hábitos de autosuficiencia, evidencian el riesgo y la improductividad existentes.

Capacitación Durante los últimos cuatro años se realizaron esfuerzos significativos de capacitación en informática en la administración pública. En particular, en los sectores central y paraestatal se registró una gran actividad para capacitar tanto al personal técnico informático, como al operativo no informático.

Las oportunidades de capacitación del personal en los gobiernos estatales y municipales no han sido homogéneas: mientras en los estados de Nuevo León y México han mantenido una tradición en este rubro, en la mayor parte de los otros estados la capacitación ha sido muy limitada.

Como parte de los esfuerzos mencionados, en 1994, el Comité de Autoridades de Informática de la Administración Pública (CAIAP) diseñó un Programa de Especialización en Alta Dirección en Informática Gubernamental, dirigido a los coordinadores institucionales de esta materia, el cual fue impartido en el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP) con la participación de especialistas de las universidades, la industria y la propia administración pública. El programa tiene la finalidad de contribuir a una formación integral de los directivos informáticos y a la profesionalización de esa función.

Sin embargo, no se han realizado programas de capacitación para funcionarios no informáticos de alto nivel, que constituyen un segmento altamente sensible para la productividad informática institucional en el sector público.

Equipamiento A pesar de las dificultades comentadas en los párrafos anteriores, los niveles de tecnología del sector público están razonablemente actualizados. Aun cuando todavía hay rezagos importantes en la inversión de hardware, hay una clara tendencia hacia tecnologías abiertas y distribuidas, y la proporción de equipo obsoleto ha descendido notablemente en los últimos dos años. La existencia de redes locales (LAN's) es ya un lugar común, aunque las redes extendidas (WAN's) no son frecuentes.

El uso de paquetería estandarizada está ganando terreno y es cada vez mayor el número de desarrollos institucionales de software que se intercambian o reutilizan con adaptaciones en otras dependencias o entidades. Prueba de ello es la reciente colaboración entre los tres niveles de gobierno para la definición, desarrollo y utilización de una paquetería estandarizada para la administración de los recursos del Programa Nacional de Solidaridad, o la notable itinerancia y evolución del sistema de control de presupuesto desarrollado por la SECOFI

Respecto al tema de software, debe hacerse mención a la buena disposición encontrada en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la regularización y actualización de las licencias de uso de software, y la disposición de la Asociación Nacional de la Industria de Programas para Computadoras (ANIPCO) y de los distribuidores de software para facilitar la atención del sector en condiciones atractivas de precio y calidad de servicio.

Recientemente, por conducto del CAIAP, se revisó el Catálogo de la Contabilidad Gubernamental por Objeto del Gasto, para incluir o aclarar, en su caso, los rubros asociados con la informática, con el fin de facilitar la planeación, negociación, ejercicio, administración y seguimiento del gasto e inversión en informática. La ausencia de dicho instrumento, así como el bajo nivel otorgado a la planeación informática dentro de los ejercicios de planeación institucional, eran fuente de desbalances, omisiones y distorsiones severas en esta materia. Es de esperar que la consolidación de los comités y coordinadores institucionales de informática, los ejercicios formales y obligatorios de planeación informática, la vigilancia del inventario de hardware y software, así como el citado catálogo contable, contribuyan a un gasto informático más sólido, balanceado y rentable.

En lo que se refiere a bases de datos, el desarrollo es aún incipiente. Aunque la publicación en CD - ROM de bases estadísticas, cartográficas y documentales se inició hace pocos años, no ha sido posible contar todavía con bases de datos oficiales en línea. Las bases de datos institucionales públicas tampoco existen propiamente y ése deberá ser un aspecto prioritario por desarrollar en los próximos años. En su calidad de proveedor de información, se detecta en el sector público la falta de definición de un marco de referencia para la captación y clasificación de datos estadísticos, barreras en el acceso a la información de los registros públicos y elevados costos de levantamiento de información, como consecuencia de la dispersión de las fuentes, de la duplicación de esfuerzos y de la falta de continuidad de los proyectos. En descargo de lo anterior, puede afirmarse que la cultura técnica es ya bastante sólida y está considerablemente

difundida en todo el sector. Más aún, en el seno del CAIAP se han revisado y discutido los lineamientos emitidos por la OCDE respecto a bases de datos con información de los particulares, para su futura adopción con las modificaciones pertinentes.

El uso de las tecnologías de manejo de imágenes, en particular el manejo de documentos y cartografía digitalizada, se ha desarrollado en los últimos dos años. Los mecanismos de financiamiento y coordinación en torno a los proyectos de Modernización de los Registros Públicos y Civiles, de los Catastros, y los programas agrarios especiales -como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) y el Programa de Apoyos al Campo (PROCAMPO)- han generado una inusitada demanda de estas tecnologías y han creado para México una oportunidad sin precedente en el mundo para establecer liderazgos en esta materia. Debemos decir, sin embargo, que esa oportunidad no está siendo del todo aprovechada.

Un número importante de entidades utilizan correo electrónico, y se prevé que la utilización de la infraestructura de telecomunicaciones crecerá sustancialmente en los próximos tres años. Otras tecnologías de cómputo, como sistemas basados en conocimiento, flujos de procesos y desarrollo de sistemas asistidos por computadora, que en principio parecen ser particularmente útiles en el ámbito informático del sector público, no han sido adoptadas aún.

Es importante mencionar que todas las entidades públicas encuestadas por el INEGI reportan el monitoreo tecnológico como una de las funciones que desempeña el comité o coordinador institucional de informática.

4. Recursos humanos Con una oferta razonablemente extendida en el país, y algunas instituciones de notable calidad en el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Puebla, la matrícula de informática en los niveles medio superior, superior y posgrado ha mantenido una tasa de crecimiento positiva desde 1975. Para 1993, la tasa de variación anual a nivel técnico fue del 42 por ciento y la de licenciatura, aunque comienza a manifestar una tendencia decreciente, es todavía unas seis veces mayor que la tasa de crecimiento de la demanda en licenciaturas para el área de ingeniería.

La matrícula en informática a nivel superior, que se multiplicó 11.7 veces entre 1980 y 1990, se acerca ya a los 80 mil alumnos y representó en el ciclo 1992-93 el 7 por ciento de la matrícula nacional en este nivel. En el nivel técnico superior, sólo dentro del sistema de la SEP se registraron casi 170 mil estudiantes, en 1993.

Estas cifras sugieren una imagen favorable de la informática en la población en general, que se confirma al constatar que el 80 por ciento de los 8 millones de hogares urbanos representados en la Encuesta de Empleo Urbano de diciembre de 1992, perciben a las computadoras como "una forma de obtener

mejores empleos" o como "la herramienta del futuro". Sin embargo, estos elementos positivos no reflejan con precisión la complejidad de la realidad nacional en educación, cultura y empleo en informática, aspectos que, en términos del diagnóstico, requieren un análisis diferenciado.

Educación en informática Es necesario establecer una distinción básica entre la educación para informáticos (o especialistas) y la educación en informática para no especialistas. La primera pretende atender las necesidades de formación de cuadros técnicos encargados de desarrollar, explotar, innovar, enseñar, diseñar e integrar soluciones para resolver problemas o mejorar procesos mediante tecnologías de información. La segunda, que en el contexto de este documento se define como cultura informática, concierne a la formación que la población en general debe tener para que tanto los individuos como las empresas públicas y privadas estén capacitados para hacer uso directo y personalizado de la informática, ante la eventual sistematización y automatización de las actividades de la vida cotidiana. Entre ambas destaca además una noción que este Grupo Consultivo ha denominado "adopción de la informática", consistente en la percepción y generalización de metodologías que eleven el número de usuarios y la calidad de las aplicaciones al interior de las empresas e instituciones.

Educación para especialistas

Como se mencionó anteriormente, las licenciaturas en informática representan el 7 por ciento de la matrícula nacional, proporción elevada si se compara con el 1 por ciento que se registra en Estados Unidos y Europa. Los cerca de 80 mil estudiantes de esta especialidad están inscritos en 280 programas de cerca de 150 instituciones de educación superior, dispersas en toda la República de manera bastante uniforme.

Los programas de educación técnica en computación de la SEP preparan a una gran cantidad de especialistas en la utilización de herramientas informáticas. La gran demanda de estos programas, las opiniones y experiencias manifestadas en algunas encuestas (como la aplicada por el INEGI en la Administración Pública), y la notable participación de los egresados de estos programas de formación en algunos sectores, indican que existe una oferta adecuada, aunque este Grupo Consultivo considera útil realizar un estudio detallado de este fenómeno y mantener una adecuada vigilancia de su evolución. Respecto a la formación técnica fuera del sistema de la SEP, el Grupo Consultivo carece de mayor información que la evidencia circunstancial de la gran popularidad -y heterogeneidad- de esos programas.

Los programas de estudio en licenciatura, en términos generales, se agrupan alrededor de dos prototipos básicos: un modelo de "Ingeniería en Computación", con un contenido técnico proporcionalmente alto en ciencias de la computación, matemáticas e ingeniería; y un modelo de "Licenciatura en Informática", orientado primordialmente hacia la administración y la contabilidad.

En opinión de este Grupo Consultivo, la evaluación teórica de dichos programas refleja que muy pocos tienen posibilidades reales de formación de recursos informáticos especializados, en la medida en que establecen un estrecho vínculo con la industria informática, los usuarios y los innovadores; el resto, en cambio, si bien promueve el desarrollo de la cultura informática, carece de los elementos de especialización necesarios para que los nuevos profesionistas pudieran ejercer satisfactoriamente el papel de innovadores o de enlace entre las nuevas tecnologías y el óptimo aprovechamiento de los recursos informáticos.

Múltiples razones detectadas parecen explicar esta situación, entre las que destaca, en primer lugar, el exceso de la demanda, cuya atención debiera canalizarse hacia una formación informática adecuada en otras carreras, como se verá en el siguiente apartado.

La segunda tiene que ver con el personal docente en particular, ámbito en el que se advierte que sólo la mitad de los profesores tienen estudios de informática y la proporción de profesores con doctorado en esta área es sólo del 1.9 por ciento; al mismo tiempo, en los últimos cinco años se ha reducido el número absoluto de profesores con doctorado y se ha duplicado el número de alumnos por profesor. La escasez de profesores bien preparados está relacionada con la diferencial de salarios, en la medida en que los salarios que paga la industria son, en promedio, 150 por ciento más altos que los de la academia, lo que provoca una sangría constante de profesores hacia las empresas. Pero este hecho se vincula también con oportunidades limitadas de investigación; con la escasez de estudiantes de posgrado; con deficiencias de equipamiento y material didáctico en las instituciones; con los limitados nexos entre los problemas de las empresas y las instituciones de educación superior; y, con la escasez y alto costo de la oferta de cursos de actualización específicos para la docencia.

El tercer problema se relaciona con la inflexibilidad de los programas de estudio en sí mismos, que obedece a problemas de diseño estricto, a la ausencia de actualización constante de planes y programas en una disciplina que cambia vertiginosamente; y, a la inexistencia de una retroalimentación formal por parte del mercado de trabajo sobre las áreas en las que habría que reforzar los programas.

La gran mayoría de los programas de estudio, en realidad, se orientan a enseñar la utilización de la paquetería comercial -habilidades adecuadas para la cultura informática de los estudiantes como "usuarios de informática", pero insuficientes para un "especialista"-, y descuidan sistemáticamente la formación en los fundamentos teóricos y metodológicos de las ciencias de la computación, lo que provoca una deficiencia de origen entre quienes debieran estar capacitados para dirigir las estrategias informáticas de instituciones públicas o privadas; ser responsables de adquisiciones cuantiosas; o, incorporar en forma innovadora la informática a los productos, procesos, servicios y prácticas cotidianas en nuestro país.

Un cuarto problema reside en la obsolescencia de la infraestructura de cómputo de gran parte de las instituciones educativas que, si bien puede

corregirse con la incorporación de una red académica nacional, actualmente no ofrece los recursos necesarios para el desarrollo de recursos humanos especializados.

Por último, es necesario mencionar que aun cuando desde hace más de diez años existe la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática (ANIEI), se advierte una insuficiencia en los mecanismos de colaboración entre los distintos centros de enseñanza entre sí y con los centros de investigación.

En lo que se refiere al posgrado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) reporta una matrícula menor a mil 500 alumnos para el ciclo 1992-93, distribuidos en 30 programas de maestría y especialización, la mayoría de los cuales están orientados a la formación en informática de profesionales de otras disciplinas. Existen, además, dos programas de doctorado en ciencias de la computación -en los que se registran en total sólo cinco estudiantes-.

Cultura informática

Por cultura informática se entiende el conjunto de conocimientos que posee todo aquel individuo que es capaz de usar en primera instancia alguna de las herramientas de la informática (hardware, software o telecomunicaciones) en forma personal y dedicada. Se supone que es también capaz de usar directamente un paquete computacional -a través de una interfaz adecuada- y, en la medida de sus capacidades y responsabilidades, sabe aplicarlo para el desarrollo de su trabajo; ello no implicaría que la interacción la efectúe cotidianamente el mismo individuo en forma directa, sino que es capaz de realizarla en un momento dado.

La inexistencia de una cultura informática desarrollada se revela como una de las grandes limitaciones que tiene México para aprovechar las ventajas que implica la globalización de las tecnologías de la información. Si se reconoce que estas tecnologías caracterizan ya el estilo de vida del mundo contemporáneo, la necesidad de desarrollar la cultura informática en la población infantil y juvenil se vuelve prioritaria; no obstante, la población en general y los profesionistas en particular, como usuarios potenciales, requieren atención inmediata.

En términos generales, puede decirse que la promoción de una cultura de este tipo en México está confinada fundamentalmente a las carreras que imparten informática, lo que implicaría que sólo 80 mil alumnos de licenciatura están siendo formados con ese enfoque educativo. Mientras la opinión de este Grupo es que cualquier carrera universitaria, independientemente de su área de concentración, debería impartir cursos y laboratorios que promovieran la cultura informática, muy pocas instituciones ofrecen educación en computación en áreas ajenas o no afines a la computación.

Por su parte, los programas de educación continua en informática son escasos y enfocados a las empresas, lo que los hace costosos y dificulta que la

población en general acceda a ellos, en la medida en que los apoyos en becas se restringen a los convenios establecidos entre instituciones. Además, los mecanismos internos de las organizaciones actúan como inhibidores para que la cultura informática se promueva entre el personal en general, por lo que ésta tiende a concentrarse en los especialistas.

Por lo que respecta a los niveles básicos, medio y medio superior del sistema educativo, la incorporación de la informática es incipiente. Algunos gobiernos estatales han iniciado programas de dotación de laboratorios a todas las escuelas públicas, cuya influencia futura dependerá de la capacitación de profesores, los modelos de enseñanza y los materiales que acompañen a esta inversión inicial.

En los últimos años han empezado a aparecer revistas de divulgación que promueven la educación continua de los usuarios. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones son de corte comercial y no responden a las necesidades de actualización. Los programas de educación continua de los proveedores de software y hardware son incluso más caros que los de las instituciones de educación técnica o superior, lo que limita su acceso a personal de empresas que pueden asumir el costo de esta capacitación. Por otro lado, la mayoría de estos programas se limita a capacitar a los usuarios en sus propias herramientas y no a proveerlos de un conocimiento más profundo en metodologías y conceptos de informática. Con raras excepciones, la cultura informática de los usuarios se limita al conocimiento de paquetería para labores de automatización de oficinas (e.g., hojas de cálculo, procesadores de palabras, paquetes de presentación), y se detecta un desconocimiento generalizado de otro tipo de tecnologías que pueden modificar reglas obsoletas en la operación de las organizaciones (e.g., bases de datos distribuidas, multimedia, sistemas expertos, sistemas para soporte de decisiones, sistemas ejecutivos de información, etc.).

En cuanto a los mecanismos de difusión para la población en general, éstos se restringen a contadas publicaciones periódicas, la mayoría de las cuales se caracterizan por un enfoque comercial (comparaciones de productos de automatización de oficinas, anuncios, análisis del mercado de informática), y un desapego a los problemas específicos de los usuarios, a la divulgación de nociones elementales de cultura informática, o a la percepción de los beneficios de las tecnologías de la información.

Empleo en informática Es difícil estimar la demanda de recursos humanos especializados en informática para la industria, la docencia y la investigación. Algunas fuentes afirmaban, en 1991, que se requerían entre 7 mil y 8 mil profesionales de este tipo al año, mientras que las carreras de informática produjeron en ese año 3 mil 700 profesionales y las escuelas técnicas 4 mil. Si bien la diferencia aritmética apuntaría que la demanda está satisfecha, el problema radica en la calidad: es claro que los niveles de preparación en ese nivel son insuficientes en términos generales; hay además evidencias de que la oferta también es

inadecuada e insuficiente, y que existe una sobrecapacitación relativa en el segmento de comercialización.

Estas afirmaciones se confirman con un somero examen de los niveles salariales en informática en México. Si se compara con el resto de América Latina, el promedio mexicano es ligeramente superior a su equivalente regional; sin embargo, mientras el cuartil inferior es menor a la media latinoamericana, el cuartil superior no sólo es el mayor de toda la región, sino que en los niveles de máxima calificación supera incluso al salario norteamericano correspondiente.

Por otro lado, se advierte la carencia de recursos humanos que faciliten la interacción entre los especialistas en tecnologías de la información y otras profesiones (bridge-players), no sólo para incrementar la cultura informática, sino para detectar áreas de oportunidad, facilitar la adopción de la informática, y optimizar el gasto en productos informáticos.

5. Investigación y desarrollo tecnológico

El estudio realizado por el INEGI a los 28 grupos de investigación más connotados en 1992, evidenció que sólo existen 78 investigadores con doctorado, de los cuales 36 laboran en una sola institución. La mayor parte de la actividad reportada en ese estudio y casi toda la financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) hasta 1990 puede calificarse de "transferencia de tecnología", aunque el impacto real de dichos proyectos en la industria nacional es difícilmente cuantificable. Más aún, de los 275 proyectos de investigación financiados por el CONACYT en 1991, ninguno fue en informática.

Los datos del estudio correspondiente realizado en el primer trimestre de 1994 indican que el número de grupos de investigación se redujo a 17. De 257 proyectos reportados en el estudio, la tercera parte tiene ahora algún componente de investigación básica y otra tercera parte es exclusivamente de transferencia de tecnología. No obstante, es necesario destacar que, en particular, las áreas de Inteligencia Artificial, Computación Gráfica e Interoperabilidad cuentan con comunidades organizadas y activas y han sostenido niveles razonablemente altos de calidad. Cabe mencionar que en estas áreas hay grupos de investigación básica, investigación aplicada y docencia que aunque frágiles, han mantenido relativa estabilidad y participación en la comunidad informática internacional.

Sin embargo, este Grupo Consultivo considera que, en términos generales, la investigación en tecnologías de la información es escasa, inconstante y se encuentra atomizada en grupos dispersos temática y geográficamente. Aunque las razones que explican esta situación son difíciles de precisar, es evidente, por una parte, que el deterioro general de los salarios académicos ha propiciado no sólo la salida de informáticos hacia la industria que ya se ha mencionado, sino la emigración de por lo menos un centenar de mexicanos que actualmente estudian o trabajan en el extranjero, para los que virtualmente no existen en la actualidad ofertas atractivas de repatriación en la docencia y la investigación. Por otra parte, destaca la poca cohesión de la comunidad

académica informática y la ausencia de expertos y criterios específicamente informáticos en la evaluación de proyectos y calificaciones dentro de la actividad científica y tecnológica financiada por el Estado. Finalmente, en la medida en que la informática no está reconocida como una ciencia en sí misma, y se ha subestimado su valor estratégico para el desarrollo del país, está sujeta a criterios y mecanismos genéricos que difícilmente se adecuan a sus características específicas.

A pesar de que la situación es evidentemente precaria, es factible corregirla. Hay un número considerable de especialistas mexicanos en el extranjero que podrían reincorporarse a nuestro medio si existieran condiciones adecuadas de salarios y actividad, y para establecer esas condiciones adecuadas el obstáculo más importante parece ser económico; pero aún éste es bastante modesto, del orden de 5 millones de dólares anuales.

6. Marco institucional

El marco institucional vigente que atañe a la actividad informática en México es disperso. Tienen competencias y atribuciones en la materia las siguientes dependencias:

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en materia de industria electrónica, comercio exterior, propiedad industrial y normas.

La Secretaría de Educación Pública, en materia de educación, derechos de autor, profesiones y política científica y tecnológica, a través del CONACYT.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en materia de telecomunicaciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en materia de cooperación científica y tecnológica.

La Secretaría de la Contraloría General de la Federación es responsable de la evaluación de los proyectos de modernización y de vigilar el cumplimiento de la normatividad que rige a la administración pública.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien formula la normatividad de adquisiciones -que regula el consumo informático gubernamental- y a quien la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y su Reglamento Interior le asignan, a través del INEGI, las responsabilidades de fomentar el desarrollo informático nacional y regular la informática gubernamental.

Esta dispersión de competencias y atribuciones es connatural a la informática, si tomamos en cuenta su presencia en todo tipo de actividades. Sin embargo, hemos detectado que existe una responsabilidad diluida en el sector público, en la medida en que ninguna institución tiene la capacidad real ni la atribución clara de concertar y coordinar acciones para diseñar políticas, para definir estrategias nacionales o regionales, para dirimir controversias en la legislación

y para el establecimiento de estándares aceptados entre todos los participantes de mercados específicos.

Se ha consolidado el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM) y se ha creado también el CAIAP, con funciones de coordinación y fomento. No obstante, no existe hasta la fecha ningún cuerpo colegiado o entidad en cuyo seno se formulen y afinen acciones que atañen al uso y fomento de la informática, que por sus atribuciones específicas involucra a las seis secretarías de Estado mencionadas anteriormente. El Grupo Consultivo considera que esta situación podría resolverse con la creación de una Comisión Intersecretarial Informática y con la consolidación y adecuación de las funciones coordinadoras que actualmente ejerce la Dirección de Políticas y Normas en Informática del INEGI.

Las actividades comerciales y de producción en informática están organizadas alrededor de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Comunicaciones Eléctricas (CANIECE) y la ANIPCO, mientras que las asociaciones de distribuidores no han tenido actividad significativa, a pesar de la notable abundancia de ferias, congresos y reuniones, de muy diversa temática, calidad y efectividad.

La comunidad profesional y académica se agrupa en más de 30 organizaciones también de muy diversa membresía, capacidad de convocatoria y calidad.

En cuanto a la SECOFI, el Grupo valora positivamente la apertura de fronteras en el mercado informático, pero considera pertinente la definición de normas para incentivar a las pequeñas y medianas empresas y para crear las condiciones necesarias a fin de que se consoliden algunos nichos de alta productividad nacional en los que México pueda participar como oferente en los mercados globales.

El Grupo Consultivo sostiene que es recomendable que la SEP fortalezca aspectos de cultura informática de forma efectiva en la educación básica, media y media superior. Asimismo, que establezca con claridad la distinción entre el uso de la computación para las ciencias y las ciencias de la computación en sus criterios de desarrollo científico y tecnológico.

En lo que respecta a la labor de la SCT, consideramos muy acertada la formulación de la Política Nacional en Telecomunicaciones, y muy positivos, también, los logros del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, la privatización de TELMEX y la creación y actividad del IMC. Consideramos que en el futuro próximo el Instituto debería continuar su labor en la limitación de las condiciones monopólicas existentes en algunos rubros, así como en la promoción de la inversión privada y pública en infraestructura y servicios de valor agregado, entre otras razones, para contender con inteligencia ante el proyecto estadounidense de las "supercarreteras de la información".

Por lo que se refiere al INEGI, el Grupo reconoce que hubo un cambio muy positivo entre la función de vigilancia y coerción que desempeñó durante varios años, y las nuevas funciones de promoción y fomento que ahora realiza. La

Política Informática Nacional que propuso en 1989 tiene elementos valiosos que este Grupo Consultivo refrenda en este documento.

Sin embargo, debe señalarse, primero, que la derogación del dictamen de adquisiciones gubernamentales sin la correspondiente institución de un instrumento visible y eficaz de fomento minó la autoridad operativa del INEGI. Segundo, que si bien se cumplieron sobradamente las metas fijadas para el sexenio en materia de instalación y consolidación de cuerpos colegiados y sistemas de información, y se puede constatar una mejoría sustancial en la informática gubernamental, los logros obtenidos son volátiles y pueden perderse si en el futuro no se cuenta con una entidad coordinadora de la política informática nacional con el adecuado nivel jerárquico y operativo; y tercero, que es necesario analizar la conveniencia de que la Dirección General de Política Informática del INEGI conserve responsabilidades de producción informática (para los censos, o la administración del INEGI) simultáneamente con sus responsabilidades de autoridad en política informática nacional.

7. Marco normativo Existen diversas disposiciones jurídicas que rigen a la informática en sus diferentes aspectos, entre ellas destacan: la Ley Federal de Derechos de Autor; la Ley de Información Estadística y Geográfica; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el Decreto de Creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas; la Ley de Protección de la Propiedad Industrial; y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

En términos generales, estas disposiciones jurídicas otorgan un marco relativamente estable para la actividad informática, en algunos casos -como la Ley Federal de Derechos de Autor y la legislación sobre telecomunicaciones-, en la presente administración se han hecho modificaciones sustanciales muy positivas, aunque dado el cambiante contexto tecnológico y económico, probablemente ameritarían una nueva revisión; otras disposiciones son satisfactorias, pero subsisten también algunas lagunas que requieren atención.

En particular el Grupo Consultivo ha detectado un vacío de legislación preocupante en materia de utilización de la información. En forma recurrente desde hace por lo menos veinte años, el tema del derecho a la información ha sido discutido como una prioridad de la agenda nacional. No obstante, la mayor parte de dichas discusiones se han centrado en el papel de los medios masivos de comunicación y la libertad de expresión, mientras que la confidencialidad de la información, aunque presente en el debate, no ha merecido la importancia que requiere. Si por un lado es fundamental la identificación de las personas en los ámbitos electoral, fiscal, de seguridad pública y de seguridad social, en contrapartida es necesario asegurar tanto el respeto de los derechos humanos en la privacidad de dicha información, como reglamentar la comercialización de datos personales, que ya ha comenzado a hacerse evidente en el país. Paralelamente, existen estadísticas y registros administrativos -en particular de información geográfica y de infraestructura urbana- cuyo acceso es necesario

democratizar, no sólo en términos de economías de escala, sino porque es información pública que no ha asumido plenamente ese carácter.

En resumen, creemos que tiene sentido que el Estado regule cuando hay inversiones cuantiosas muy concentradas y la búsqueda del óptimo individual puede alejar a la sociedad del óptimo global, como en el caso de las telecomunicaciones; o, cuando existan derechos individuales básicos que el Estado debe garantizar, como en el caso de la confidencialidad de la información. Las regulaciones deben, por tanto, orientarse al establecimiento de una infraestructura que se traduzca en competitividad de las empresas, eficiencia del gobierno y bienestar de la sociedad y los individuos. La citada infraestructura tiene que ver con información, estándares, recursos financieros, telecomunicaciones y condiciones legales y macroeconómicas tales que estimulen al capital privado a contribuir a la creación de esa infraestructura.

8. Instrumentos de fomento

Actualmente existe un mecanismo de estímulo fiscal específico para la informática, resultante de la negociación entre la SECOFI y la CANIECE con motivo de la apertura comercial del sector. El estímulo, que tenía vigencia hasta abril de 1993 y que fue renovado posteriormente, consiste en la acreditación a cuenta de derechos de importación de ciertos gastos de investigación y desarrollo de productos y proveedores.

En materia de telecomunicaciones, el IMC ha asignado recursos del orden de 6 millones de dólares en los últimos seis años, que han permitido financiar parcial o totalmente cerca de 80 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, un buen número de los cuales está relacionado o apoyado en la informática.

Con la derogación del dictamen de adquisiciones de los bienes y servicios informáticos al que estaba sujeta la administración pública federal, se eliminó el único instrumento coercitivo de política informática del país. En su lugar, como se mencionó anteriormente, el INEGI ha reorientado sus funciones hacia la coordinación, asesoría e información.

Los otros mecanismos de fomento son genéricos. Entre ellos los más importantes son los diversos instrumentos del CONACYT, y en especial las becas para estudios de posgrado y el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (FIDETEC), de CONACYT y Nacional Financiera (NAFIN), ciertos créditos para desarrollo y utilización de tecnologías de NAFIN, y estímulos e instrumentos para el fomento de las exportaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).

Todos estos mecanismos, sin embargo, han sido inadecuados o insuficientes para fomentar la investigación, retener profesores, estimular el desarrollo tecnológico, desarrollar nuevos productos o comercializar productos o servicios. No existen fondos de capital de riesgo en informática, ni sociedades de inversión, ni cooperativas.

En lo que respecta a fondos internacionales, el IMC estableció un mecanismo de registro y promoción de proyectos en el área de telecomunicaciones e informática que permitió dar coherencia durante cierto tiempo a los fondos internacionales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Programa Intergubernamental de Informática de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (PII-UNESCO) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) aportaron fondos para media docena de proyectos nacionales, cuyo monto conjunto no llegó a medio millón de dólares.

9. Resumen y conclusiones

La situación general de la informática en México muestra una mejoría significativa en los últimos años. Hasta ahora, las políticas y estrategias seguidas por las autoridades y asumidas por los particulares han resultado bastante positivas, aunque no siempre coordinadas.

En general, la política informática propuesta por el INEGI en 1989 tuvo resultados exitosos al interior del sector público y en lo referente al establecimiento de cuerpos colegiados y de un Sistema Nacional de Información sobre Informática. Sin embargo, careció de instrumentos efectivos de promoción y coordinación que se reflejaran positivamente en la situación de recursos humanos, investigación, información de la pequeña y mediana empresa y en el desarrollo de algunos nichos. Como política transicional produjo un fundamento valioso de información, concertación y perspectiva.

La apertura comercial instrumentada por la SECOFI tuvo efectos positivos en los precios y en la diversidad y calidad de los bienes informáticos. Las cifras reportadas sugieren que ha habido una difícil pero positiva reconversión de la industria nacional de computación.

La industria nacional de software ha hecho esfuerzos valiosos para atender la demanda nacional y participar competitivamente en los mercados globales. Se ha enfrentado, sin embargo, a una explosión en la demanda sin adecuados elementos de financiamiento y fomento.

Las áreas de diseño, consultoría, capacitación e integración de sistemas han resultado muy beneficiadas con el crecimiento de la demanda, pero no es claro que se hayan podido consolidar.

En materia de telecomunicaciones, ha sido muy valiosa la reforma normativa y funcional propiciada por la SCT. En particular, la privatización de TELMEX y la participación de nuevos oferentes de servicios de valor agregado han transformado sustancialmente el mercado y la infraestructura de la teleinformática.

El papel de promoción, coordinación y estímulo desempeñado por el IMC ha sido, asimismo, muy positivo; sin embargo, subsisten elementos monopólicos en la oferta, en la aplicación de tarifas y en el acceso a los servicios, así como lagunas de regulación en materia de estándares y fomento.

La utilización de la informática ha sido muy intensa en los últimos cinco años. Se pueden constatar casos sobresalientes en los grandes grupos industriales y comerciales, los grupos financieros y el sector público. Sin embargo, no ha sido el caso de la pequeña y mediana empresa.

En materia de recursos humanos, la realidad actual es producto de una fuerte presión de la demanda de formación y de una intempestiva respuesta de los oferentes, más que de un proceso serio de valoración y concertación. El país en este aspecto está en una situación profundamente insatisfactoria.

También es insatisfactoria la situación de investigación y desarrollo en informática. La inexistencia de la informática como área de especialidad en el CONACYT y en el Sistema Nacional de Investigadores, la falta de cohesión de la comunidad académica de informática y las presiones del mercado sobre un reducido número de grupos de trabajo, han impedido que se desarrolle una base sana de expertos, innovadores y formadores. Debe reconocerse, sin embargo, el esfuerzo notable realizado por algunos grupos e instituciones que, a pesar de las adversas condiciones citadas, han podido mantenerse y consolidarse en estos años.

El marco normativo en materia informática ha progresado satisfactoriamente en los últimos años. Sin embargo, será conveniente revisar los rubros de telecomunicaciones, derechos de autor y adquisiciones gubernamentales; dar mayor atención a los aspectos de competitividad y aplicación de tarifas en la provisión de servicios públicos-infraestructura e información, principalmente-, así como la protección de los derechos de los individuos en los sistemas de información públicos.

Finalmente, parece necesario establecer un órgano intersecretarial de coordinación en materia informática, consolidar las funciones del INEGI en este tema y diseñar nuevos mecanismos de fomento y financiamiento para un desarrollo adecuado en esta materia.

Tercera parte: propuestas

La revolución informática es inevitable y afectará todos los ámbitos de la vida cotidiana y de la cultura cada vez más. Por la dinámica misma de las tecnologías de la información y por el contexto de globalización en el que México está inmerso, la aptitud con la que incorporemos a la informática en nuestra realidad cotidiana será determinante, tanto para nuestra viabilidad competitiva como nación, como para los niveles de bienestar que puedan tener los mexicanos.

Nuestros recursos son limitados y las alternativas de acción pueden resultar muy diversas y variadas. Los esfuerzos que pueda realizar la comunidad informática nacional, y la sociedad en general, pueden resultar dispersos y estériles si no hay objetivos claros y cauces adecuados. Pero también pueden ser derrochados si se equivocan las estrategias y los medios.

Estamos convencidos de que en las circunstancias actuales de la informática en México es preferible una política informática activa de promoción, en la que

se conjunten voluntades y objetivos, que una política pasiva en la que se deja a la reacción individual y a las fuerzas ciegas del mercado todas las decisiones. Pero solamente si esa política cumple con ciertos elementos mínimos de seriedad, realismo, estabilidad y control.

En esta sección conjuntamos las propuestas a las que como Grupo Consultivo de Política Informática hemos llegado después de seria reflexión. En primer lugar proponemos las líneas prioritarias en las que, según nosotros, vale la pena concentrar los esfuerzos en los próximos años. En segundo lugar enunciamos los lineamientos de política informática que, una vez discutidos y aprobados debieran ser promulgados por la autoridad competente y asumidos por la comunidad nacional. Finalmente enunciamos algunas acciones concretas que creemos deben llevarse a cabo en el corto plazo.

Como se podrá apreciar, las propuestas que aquí incluimos se refieren a los elementos "estructurales" y "directivos" de un Programa Estratégico, resta por elaborar los aspectos propiamente de "implementación", es decir, la definición de programas específicos, acciones concretas, calendarios y metas; esos componentes deberán precisarse con una participación amplia de autoridades y comunidad informática en un futuro. Confiamos en que nuestras propuestas puedan servir de fundamento para esa tarea.

1. Líneas prioritarias de acción

Recursos humanos Consideramos que este componente es el más significativo para garantizar un sano aprovechamiento de las tecnologías de la información en México. Nuestra capacidad de asimilación actual, el nivel de productividad de nuestras inversiones, el posicionamiento de nuestra industria y nuestros productos, así como las modalidades y éxito de la incorporación de las tecnologías de la información en nuestra sociedad y nuestra cultura, dependerán, más que de ningún otro elemento, de la calidad de nuestros especialistas e intermediarios tecnológicos y de la cultura informática de funcionarios, empresarios, maestros, obreros y público en general.

Como puede derivarse del diagnóstico de la situación actual, en este ámbito tenemos rezagos muy severos y, si no se toman acciones correctivas, de inmediato habremos de enfrentar rezagos y distorsiones mayores cuyos costos sociales de recuperación serán más graves y onerosos.

Juzgamos que será pertinente desarrollar una estrategia de mediano plazo que tome en cuenta los siguientes aspectos:

Formación de especialistas (educación técnica, licenciatura y posgrado). La investigación científica y tecnológica. El fomento de intermediarios tecnológicos. Cultura informática para profesionistas no informáticos. Cultura informática en educación básica y media básica.

Aspectos de cultura informática masiva y cultura informática especializada (directivos, empresarios, funcionarios públicos, etc.).

Uso de la informática en la pequeña y mediana empresa En este tema creemos que se debe incluir tanto los elementos de infraestructura y normatividad que faciliten que las pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso fácil y utilizar efectivamente la informática, así como promover mecanismos que permitan proyectos específicos de desarrollo y aprovechamiento de la informática para grupos o sectores de pequeña y mediana industria.

Juzgamos que el impacto que un buen uso de la informática puede tener en este segmento es particularmente valioso, a la vez que hemos identificado un rezago substancial y una dificultad empírica para resolverlo satisfactoriamente. Por ello creemos que amerita un esfuerzo serio, organizado y sostenido si ha de ser eficaz.

Un aspecto que nos parece sumamente importante para ser considerado en este ámbito es el efecto de las tecnologías de la información en el empleo, ya que si bien es de esperar que la incorporación de éstas en la actividad de la pequeña y mediana empresa tenga como resultado una mayor competitividad de las empresas y por ello una eventual mejoría en el empleo, es muy probable que resulte también en un cambio profundo en el perfil de los empleados. Deben por ello diseñarse mecanismos que permitan aprovechar los máximos beneficios de la incorporación de la informática a la pequeña y mediana industria, y mecanismos que amortigüen sus efectos negativos.

La informática en el sector público Juzgamos que es útil distinguir distintos roles que en informática debe asumir el gobierno, y en cada uno de ellos identificar programas específicos de acción:

El Estado como regulador de la actividad informática. El Estado como proveedor o promotor de infraestructura informática. El Estado como promotor del desarrollo nacional. El Estado como usuario informático.

Consolidación del marco institucional Nos parece fundamental, para la articulación de un Programa Estratégico en Informática y su correspondiente seguimiento y ajuste, la coordinación de las autoridades competentes, así como el establecimiento de foros e interlocutores calificados que faciliten, en conjunto, una mayor cohesión y capacidad de acción de la comunidad informática nacional y las autoridades.

Entre las acciones básicas en esta materia están las siguientes:

Creación de una Comisión Intersecretarial de Informática. Consolidación de la Oficina Coordinadora de la Política Informática Nacional.

Consolidación de los Cuerpos Colegiados Asesores del Estado (CAIAP, CIAPEM, Grupo Consultivo de Política Informática). Apoyo a las organizaciones gremiales y profesionales.

Nuevos mecanismos de financiamiento y fomento En complementación a las propuestas y acciones resultantes del apartado anterior, consideramos que será necesario diseñar e instrumentar nuevos mecanismos de financiamiento y fomento de actividades relacionadas específicamente con la informática, y explorar alternativas que permitan un mejor aprovechamiento de los instrumentos existentes.

Revisión del marco normativo de la informática Con el fin de precisar responsabilidades y atribuciones a las autoridades competentes, y dotar a la sociedad de un marco claro y estable que permita armonizar los intereses de sus miembros.

Los aspectos que identificamos como prioritarios para ser revisados son:

Establecer condiciones adecuadas de servicio y competencia entre los prestadores -públicos y privados- de servicios informáticos. Garantizar información veraz, accesible y oportuna. Preservar la seguridad y confiabilidad de los sistemas de información públicos y en los que existan datos de los particulares.

2. Lineamientos de política informática México debiera seguir una política informática con las siguientes características:

De fomento, no de coerción.

Que busque derivar de la informática los máximos beneficios sociales, no sólo desarrollar una industria informática nacional.

Cohesiva, en la que intervengan todos los organismos competentes.

Diseñada con una amplia participación de la comunidad informática nacional a través de cuerpos colegiados formalmente establecidos y representativos de la comunidad nacional.

Que tenga continuidad, ajustándose y corrigiéndose periódicamente.

La política informática nacional debería enmarcarse en la política general de gobierno del país, contribuyendo en forma genérica a los mismos objetivos postulados en ésta y procurando que los programas, instrumentos y actividades específicos sean consistentes con los del Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Los objetivos específicos de la política informática debieran orientarse a la búsqueda del aprovechamiento de la informática como una herramienta básica para:

Producir mejores niveles de bienestar en la población Aumentar la competitividad del país Dar mayor eficiencia al gobierno

La informática debe concebirse como un factor estratégico que incluya los aspectos de telecomunicaciones, microelectrónica y computación como tecnologías asociadas, pero que incluya también aspectos de organización y uso de estas tecnologías incorporadas a diversos aspectos industriales y sectoriales.

Los lineamientos de política aquí inscritos pretenden dar dirección, prioridades y foco a los esfuerzos y acciones que de otra forma pudieran quedar diluidos. No deben entenderse como restrictivos, sino como encauzadores de la vitalidad de la comunidad informática nacional en favor de una mayor efectividad.

Debiera procurarse, de todas suertes, la máxima confluencia de esfuerzos en torno a los programas específicos y las acciones prioritarias.

3. Recomendaciones

Institución de una Comisión Intersecretarial de Informática Formada por representantes de las secretarías de Estado que por razón misma de sus funciones tienen competencia directa en materia informática:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Comunicaciones y Transportes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial Secretaría de Educación Pública Secretaría de Relaciones Exteriores

y coordinada por la Unidad Administrativa Coordinadora de la Política Informática Nacional (CPIN).

Tendría como propósito fundamental establecer un mecanismo eficaz de coordinación, promoción, seguimiento y evaluación de las actividades relativas a las tecnologías de la información en el ámbito nacional. Para ello sancionaría el Programa Estratégico en Informática y se apoyaría tanto de la CPIN, como de los cuerpos colegiados existentes.

Consolidación de una Unidad Administrativa Coordinadora de la Política Informática Nacional El Grupo Consultivo considera que para tener una adecuada ejecución de la política informática nacional, se requiere de una unidad administrativa, en el gobierno federal, dotada de la autoridad formal y los recursos operativos y financieros pertinentes para realizar las siguientes funciones:

Autoridad visible nacional en informática. Brazo ejecutor de las decisiones de la Comisión Intersecretarial de Informática. Administración del Plan Estratégico de Informática. Ejercicio del "Secretariado Nacional" en Política Informática. Administración del Sistema Nacional de Información en Informática. Supervisión de los Proyectos Nacionales Informáticos. Asesoría y apoyo en materia tecnológica y normativa.

En esencia estas funciones son las que en materia de política informática nacional ha venido desempeñando el INEGI, pero consideramos que debieran estar más nítidamente establecidas y con un mayor alcance, tanto en autoridad y responsabilidad formales, como en alcance temático -pues se entiende que deberá, por ejemplo, incorporar más activamente los aspectos de telecomunicaciones.

El Grupo Consultivo ve con preocupación que una futura administración pudiera no darle la importancia y estabilidad necesarias a estas responsabilidades, por lo que recomendamos se exploren a la brevedad los mecanismos que pudieran dotarla formalmente de ellas.

Creación y fomento de proyectos nacionales informáticos El Grupo Consultivo considera que una forma eficaz de incentivar a la comunidad informática nacional a asumir un papel proactivo en la incorporación de la informática en nuestra sociedad es la creación de algunos proyectos muy específicos, que declarados como "Proyectos Nacionales Informáticos" permitan agrupar a su alrededor esfuerzos especiales de investigadores, maestros, proveedores, integradores, especialistas, funcionarios e informáticos en general.

La idea subyacente es que, existiendo una necesidad real en la sociedad, para la cual el componente informático de la solución sea significativo, y el plazo de solución suficientemente amplio -tómese, por ejemplo, el caso de la modernización de los catastros públicos- es socialmente ventajoso invitar a aportar elementos de solución a la comunidad informática, de manera organizada y solidaria, para contar eventualmente no sólo con una solución más efectiva, sino con una derrama significativa de conocimientos, experiencia, capacidad de colaboración y productos. Para ello será necesario diseñar los mecanismos adecuados para:

Selección de proyectos Promulgación Financiamientos de distintos tipos Capacitación Desarrollo de productos, metodologías y técnicas Supervisión de avances Divulgación de resultados

Programa piloto de estándares y redes para la pequeña y mediana empresa Consideramos que éste es el momento oportuno para iniciar un programa sistemático de aprovechamiento de la informática en la pequeña y mediana empresa.

Para ello juzgamos conveniente recomendar un "programa piloto" que permita, a la brevedad, definir y establecer estándares claros de intercambio electrónico de información y promueva la utilización (abierta y universal) de servicios de red electrónica para las transacciones de las pequeñas y medianas empresas. El tipificarlo como "piloto" tiene que ver con su carácter exploratorio y experimental, por lo que creemos debe estar cuidadosamente definido y vigilado, y con la adecuada participación de los distintos actores interesados, a fin de apoyar en los resultados obtenidos un programa sistemático subsecuente.

Revisión del marco normativo en telecomunicaciones El Grupo Consultivo reconoce que en materia normativa de telecomunicaciones ha habido un avance muy notable en México en los últimos años, pero que será necesaria una próxima revisión de la ley que incorpore la positiva experiencia reciente en servicios de valor agregado, tarifación y esquemas de fomento e incentivación a nuevos servicios informáticos. Juzgamos que en esa revisión puede resultar útil incorporar algunas de las consideraciones que este grupo ha hecho.

Apéndice: miembros del Grupo Consultivo

1. Macedonio Alanís 2. Jorge Amigo 3. Sergio Autrey 4. Alfredo Bustos 5. Felipe Bracho 6. Enrique Calderón 7. Alfredo Capote 8. Raúl Carballeda 9. Cristina Casanueva 10. Micael Cimet 11. Carlos del Cueto 12. Felipe Díez Martínez 13. Jaime Espinosa Nares 14. Jacinto González Gasque 15. Fernando Jaimes 16. Carlos Jaso 17. Guillermo López 18. Cristina Loyo 19. Juan Ludlow 20. Antonio Medina Mora 21. Raúl Medina Mora 22. Gastón Melo 23. Enrique Melrose 24. Alfredo Phillips G 25. Carmen Quintanilla 26. Soledad Robina 27. Gabriel Rodríguez 28. Antonio Sánchez Aguilar 29. Jean François Thions 30. Mario Villalobos 31. Roberto Villarreal 32. Ricardo Zermeño 33. Carlos Zozaya

Secretariado Técnico:

34. Roberto Acuña 35. Rosa María Guerra 36. Víctor Guerrero 37. Fabián Gutiérrez 38. Sofía Jaso 39. Pablo Noriega 40. Ramón Ocampo