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AGOSTO, 2007 No. 53 AUGUST, 2007 INDICE INDEX PÁG. /PAGE OPINIÓN 2 OPINION ARTÍCULO # 1: INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES 3 ARTICLE #1: COMMUNICATIONS EAVESDROPPING ARTÍCULO #2: LA VALORACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y SU TRIBUTACIÓN 6 ARTICLE #2: REAL ESTATE APPRAISEMENT AND ITS TAXATION ARTÍCULO #3: OBLIGACIÓN DE CONTRATACIÓN LABORAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS 10 ARTICLE #3: OBLIGATION TO HIRE PERSONS WITH DISABILITIES JURISPRUDENCIA: REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 13 JURISPRUDENCE: REQUIREMENTS FOR THE ADMISION OF THE APPEAL TO THE SUPREME COURT NOVEDAD LEGISLATIVA: RESOLUCION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CON RELACIÓN A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 14 LEGISLATIVE NEWS: DECISION OF THE SUPREME ELECTORAL COURT IN RELATION TO THE CONSTITUENT ASSEMBLY INDICADORES ECONÓMICOS 15 ECONOMIC INDICATORS EVENTOS 16 EVENTS Amazonas 4600 y Gaspar de Villaroel Víctor Emilio Estrada # 814 - A Piso 10 entre Guayacanes e Higueras Telf. (5932) 2266062 Telf. (5934) 2386665 Fax (5932) 2266061 Fax (5934) 2358973 Quito – Ecuador Guayaquil - Ecuador [email protected] www.vivancoyvivanco.com COORDINADORA: Ab. María Dolores Orbe El presente material ha sido preparado, elaborado y/o editado por el Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO, Cía. Ltda. La información, datos y material presentado en este Boletín tiene fines informativos únicamente por lo que son sujetos a cambio o modificación sin previo aviso. Nótese que la transmisión vía correo electrónico no permite asegurar ni la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. Si usted no desea seguir recibiendo este Boletín, comuníquese inmediatamente con nosotros: [email protected]. This material has been prepared, elaborated and/or edited by Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO, Cía. Ltda., The information, data and material presented in this Bulletin is for information purposes only, thus are subject to change or modification without previous notice. Please note that transmission by electronic mail cannot assure confidentiality of messages transmitted nor a correct reception of the same. If you do not wish to continue receiving this bulletin, please contact us immediately at: [email protected]

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JURISPRUDENCIA: REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 13 JURISPRUDENCE: REQUIREMENTS FOR THE ADMISION OF THE APPEAL TO THE SUPREME COURT ARTÍCULO # 1: INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES 3 ARTICLE #1: COMMUNICATIONS EAVESDROPPING Amazonas 4600 y Gaspar de Villaroel Víctor Emilio Estrada # 814 - A Piso 10 entre Guayacanes e Higueras Telf. (5932) 2266062 Telf. (5934) 2386665 Fax (5932) 2266061 Fax (5934) 2358973 Quito – Ecuador Guayaquil - Ecuador

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AGOSTO, 2007 No. 53 AUGUST, 2007 INDICE INDEX

PÁG. /PAGE OPINIÓN 2 OPINION ARTÍCULO # 1: INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES 3 ARTICLE #1: COMMUNICATIONS EAVESDROPPING ARTÍCULO #2: LA VALORACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y SU TRIBUTACIÓN 6 ARTICLE #2: REAL ESTATE APPRAISEMENT AND ITS TAXATION ARTÍCULO #3: OBLIGACIÓN DE CONTRATACIÓN LABORAL DE PERSONAS

DISCAPACITADAS 10 ARTICLE #3: OBLIGATION TO HIRE PERSONS WITH DISABILITIES JURISPRUDENCIA: REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE

CASACIÓN 13 JURISPRUDENCE: REQUIREMENTS FOR THE ADMISION OF THE APPEAL TO THE SUPREME COURT NOVEDAD LEGISLATIVA: RESOLUCION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CON

RELACIÓN A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 14 LEGISLATIVE NEWS: DECISION OF THE SUPREME ELECTORAL COURT IN

RELATION TO THE CONSTITUENT ASSEMBLY

INDICADORES ECONÓMICOS 15 ECONOMIC INDICATORS EVENTOS 16 EVENTS Amazonas 4600 y Gaspar de Villaroel Víctor Emilio Estrada # 814 - A Piso 10 entre Guayacanes e Higueras Telf. (5932) 2266062 Telf. (5934) 2386665 Fax (5932) 2266061 Fax (5934) 2358973 Quito – Ecuador Guayaquil - Ecuador

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OPINIÓN

En LEX ECUADOR, por lo general, nos centramos en un solo tema que abarcamos desde diferentes ópticas. Sin embargo, en esta edición, nos ha parecido muy importante tratar varios temas, los cuales han hecho que en esta ocasión no tengamos una inclinación específica. Empezamos con el artículo titulado “Interceptación de las Telecomunicaciones”, materia que hasta la presente fecha no ha sido analizada a profundidad, y la cual invita a analizar el derecho a la privacidad en contraposición a otras potestades e intereses del Estado y ciudadanos. Todo esto en medio de una polémica muy áspera que se vive en Ecuador, a raíz de que el Presidente de la República ha prohibido que los medios de comunicación transmitan grabaciones de voz o video gravadas sin autorización de quienes participan en ellas. Sin duda alguna este artículo empezará un debate sobre el tema. En otro ámbito también presentamos el artículo “La Propiedad Inmobiliaria”, pues esta es una industria que no ha dejado de crecer en los últimos 6 años en Ecuador. Esto se explica debido a que el sistema de dolarización en vigencia desde 1999, ha permitido la estabilidad suficiente en la economía, lo cual incentiva la promoción de proyectos, a través de interesantes mecanismos de financiamiento. Este artículo precisamente analiza el marco regulatorio en la industria de la construcción, sus debilidades, fortalezas y sobre todo oportunidades. El Dr. Gerardo Aguirre, Director del Departamento de Derecho Laboral del Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO analiza la nueva obligación legal de las compañías, de contratar a una mínima cantidad de personas con discapacidades. A más de ser éste un deber moral y una responsabilidad social, ha sido recientemente recogido en una norma jurídica. Toda la experiencia adquirida por el Dr. Aguirre en su activa organización de seminarios laborales, y en la representación de clientes en ésta área del derecho, hacen que este artículo sea muy valioso.

OPINION

Generally, in LEX ECUADOR, we focus on a single theme that we cover from different perspectives. Nevertheless, in this edition, it is relevant for us to deal with various subjects, which in this occasion prevented us from having a specific inclination. We begin with the article entitled "Communication eavesdropping", matter that until now has not been deeply analyzed, and which invites us to analyze the right to privacy as opposed to other legal authorities and interests of the State and citizens. All this, in the middle of a very rough controversy that has place in Ecuador, given that the President of the Republic banned that the mass media transmit voice or video recordings taped without authorization of those who participate in them. Without any doubt this article will begin a debate on this matter. In another field we also present the article "The Real Estate", since this is an industry that has not stopped to grow in Ecuador in the last 6 years. This is given that the dollarization system in force since 1999 has allowed the sufficient stability in the economy, which encourages the promotion of projects, through interesting financing mechanisms. This article analyzes exactly the regulatory framework in the construction industry, its weaknesses, strengths and above all its opportunities. Doctor Gerardo Aguirre, Head of the Labor Law Department of VIVANCO & VIVANCO Law Firm, analyzes the new legal obligation of the companies, to hire to a minimum number of people with disabilities. Aside from being this a moral duty and a social responsibility, it has recently been included in a legal norm. All the experience acquired by Dr. Aguirre in his active organization of labor seminars, and in the representation of clients in this legal area, turns this article very valuable.

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INTERCEPTACIÓN DE

COMUNICACIONES Por: Dr. Ricardo Vaca Andrade Profesor Derecho Penal y Procesal Penal de la PUCE Cansado de escuchar con inusitada frecuencia un grave error que sin el menor análisis, los medios de comunicación lo difunden, considero pertinente comentar, aclarar o informar lo siguiente: Es verdad que el Art. 155 del Código de Procedimiento Penal, a propósito de “intercepción” y grabaciones, dice que “El juez puede autorizar por escrito al Fiscal que intercepte y registre conversaciones telefónicas o de otro tipo, cuando lo considere indispensable para impedir la consumación de un delito, o para comprobar la existencia de uno ya cometido, o la responsabilidad de los participes…” (Hay otros dos incisos que no importan mucho para el análisis que sigue). En lo de fondo, escucho con fastidio TODA grabación de voces o filmación de conversaciones es ilegal si el registro de voces o imágenes no se ha efectuado previa autorización escrita del juez Penal competente. Ese es un grave error porque parte de supuestos equivocados fundados en una generalización que afectaría ala sociedad, restaría eficiencia al combate a la criminalidad y repercutiría en la validez de actuaciones probatorias, indispensables para una correcta administración de justicia. El control de la criminalidad depende en gran medida de la recolección y uso de información tanto por parte de la policía como del Ministerio Público, quienes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de obtener legalmente evidencias que luego puedan ser presentadas en juicio para lograr que se descubran los delitos y se sancione a los responsables que deben recibir las penas previstas en las leyes penales. Aunque en la práctica, búsquedas, registros y cacheos también están relacionados con la aplicación del derecho vigente en cárceles y penitenciarías, en aeropuertos, lugares públicos y de aglomeraciones de personas.

COMMUNICATIONS EAVESDROPPING

By: Dr. Ricardo Vaca Andrade Lecturer of Criminal Law and Criminal Procedural Law at the PUCE Tired of listening with unusual frequency a serious error divulged by the media without the smallest analysis, I consider pertinent to comment, clarify or report the following: It is true that Art.155 of the Criminal Procedural Code, regarding "eavesdropping" and tapping, establishes that "The judge can authorize, in writing, the Prosecutor to eavesdrop and tape telephone or other kind of conversations, when he considers it indispensable to prevent the perpetration of a crime, or to demonstrate the existence of one already committed, or the responsibility of the accomplices…" (There are other two clauses that do not matter that much for the following analysis).

As for the merits, it bothers me to listen that ALL voice recording or conversation filming is illegal if the voice or image recording has not been performed with prior written authorization of the competent Criminal judge. That is a serious error since part of the mistaken assumptions based on a generalization that would affect society, would reduce efficiency to battle criminality and would have repercussions on the validity of pleadings, which are indispensable for a correct administration of justice. The control of criminality depends, in great measure, of the gathering and use of information by the police as much as by the Attorney General’s Office that have on their shoulders the responsibility of legally obtaining evidences, which can later be presented in trial in order to achieve the discovery of crimes and the punishment of the responsible ones, receiving the latter the penalties foreseen by the criminal laws. Although in practice, searches, registrations and frisking are also related to the application of the law in force in jails and prisons, airports, public places and conglomerations of people.

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Ámbito constitucional y legal: La finalidad que persigue el Art. 23 de la Constitución Política del Ecuador, en los numerales: 8 (derecho a la intimidad personal y familiar); 10 (derecho a la comunicación); 12 (la inviolabilidad de domicilio); 13 (la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia) es garantizar de manera efectiva el respeto de los derechos fundamentales de toda persona frente a los posibles excesos provenientes del Estado o de quienes ejerzan autoridad en su nombre, bien entendido que, como dijo James Madison, la recolección de información y su uso es positivo “para el control de los gobernados”. Como ha reconocido la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, el propósito de la cuarta enmienda es evitar los excesos del gobierno en registros y búsquedas abusivos para lograr que se observen las leyes. Esa fue la finalidad que persiguieron los que redactaron la Constitución de EE.UU., cuando se preocuparon de proteger en la norma suprema la propiedad, la privacidad, la libertad, de los posibles excesos de funcionarios del gobierno o de sus agentes, los que, por tanto, si pueden recoger información a través de sus sentidos o en lugares públicos o abiertos, o en propiedades abandonadas. De ahí que, excepcionalmente, y previa expresa autorización escrita del Juez Penal, esa garantía fundamental individual se deja de lado para permitir la aplicación de las normas penales y el derecho de castigar del Estado inherente y consustancial al bien común. Sobre estas bases jurídicas se fundamentan también las órdenes de detención o prisión y los allanamientos de viviendas, regulados por el Código de Procedimiento Penal. La misma utilización de la expresión “interceptar” supone la intervención de una tercera persona, quien se interpone entre dos personas que mantienen una comunicación de la naturaleza que fuere. En consecuencia, cuando uno de los interlocutores es el que graba su propia conversación con otra persona; o cuando un sujeto graba el mismo, o dispone que por su encargo otro sujeto

Constitutional and legal scope: The aim pursued by Art. 23 of the Political Constitution of Ecuador, in numerals: 8 (right to private and family life); 10 (right to communication); 12 (right to privacy); 13 (right to correspondence privacy and confidentiality) is to guarantee in an effective way the respect of the fundamental rights of every person face to the possible excesses coming from the State or from those who exercise authority on its behalf, understanding that, as James Madison said, the gathering of information and its use is positive "to control the governed". As the Jurisprudence of the Supreme Court of the United States recognized, the purpose of the fourth amendment is to avoid the excesses of the government in registrations and abusive searches to accomplish the observance of the laws. That was the intention pursued by those who drafted the Constitution of the United States of America, concerned about protecting in the supreme norm property, privacy, freedom, from the possible excesses of the officials of the government or its agents, the ones that, consequently, can collect information through their senses or in public or open places, or in inhabited properties. For that reason, exceptionally, and prior express written authorization from the Criminal Judge, that individual fundamental guarantee is left aside in order to allow the application of the criminal rules and the right to punish of the State – inherent and consubstantial to the common property -. The arrest warrant and committal order as well as the breaking and entering ruled by the Criminal Procedural Code are also based on this legal basis. The use of the expression "to eavesdrop" by itself supposes the intervention of a third person, who intervenes between two people that maintain a communication of any nature. Consequently, when one of the speakers is the one that records his own conversation with another person; or when someone records by himself, or orders that someone else, on his behalf,

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registre, grabe o filme una conversación o entrevista, NO necesita ni de la autorización del otro interlocutor (aunque en ocasiones parezca un gesto de nobleza que si le advierta), y menos aún se requiere autorización previa del Juez Penal. De hecho, algunos comunicadores sociales graban o filman conversaciones de sus interlocutores sin advertencia previa, como también filman a sus clientes los bancos, y otras dependencias públicas o privadas. Sería una tremenda tontería pretender que el familiar de un secuestrado, el dueño de la casa robada, o el extorsionado por funcionarios corruptos tenga que pedir autorización previa del Juez Penal para registrar en cinta o en video la constancia de la comisión de esos delitos. Derechos de terceros: Lo que si es inconstitucional y, obviamente, ilegal, es la grabación de conversaciones de TERCEROS, ajenos al que graba o filma, quien, en estos supuestos es interceptor y no interlocutor. Así, yo no puedo interceptar las llamadas telefónicas que otro haga desde su teléfono de la casa o de la oficina, grabarlas y difundirlas, porque, simple y llanamente, en esos casos yo no soy interlocutor; por consiguiente, la misma prohibición que existe respecto a un particular, es mucho mayor respecto a policías o fiscales, quienes, en ese caso si, deben pedir autorización previa al Juez Penal. Pero, si puedo grabar VALIDAMENTE todas mis conversaciones o entrevistas en las que yo sea interlocutor; y, luego, si quiero, difundirlas. Desafortunadamente, los jueces de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional que tiene y ha tenido el Ecuador, de pésima calidad, salvo rarísimas excepciones, no se han preocupado de emitir fallos formulando estas precisiones; por ello, a falta de jurisprudencia nacional, se puede consultar el estudio del magistrado español Manuel Estrella Ruiz sobre Medidas restrictivas de derechos fundamentales, incluida la interceptación de comunicaciones; y el fallo del Tribunal Constitucional español 114/1984 en el que claramente se afirma que “la divulgación del contenido de una conversación por uno de los interlocutores

tapes, records or films a conversation or interview, he does NOT even need authorization from the other speaker (although sometimes it is appropriate to notify the other), and even less will require prior authorization of the Criminal Judge. In fact, some social communicators record or film conversations of their speakers without prior warning, as it happens with the banks and other public or private entities that also film their clients. It would be thoughtlessness to pretend that the relative of a kidnapped, the owner of the stolen house, or the extorted by corrupted officials would have to request prior authorization of the Criminal Judge to tape or film the evidence of the commission of those crimes. Third party rights: In fact, what is unconstitutional and, obviously, illegal, is to tape conversations of THIRD PARTIES, aliens to the one that tapes or films, who, in these hypothesis is eavesdropper and not speaker. Thus, I cannot eavesdrop the telephone calls that another person does from his home or office telephone, tape them and divulge them, because, simply and clearly, in those cases I am not a speaker; consequently, the same prohibition that exists with respect to an individual, is even bigger with respect to prosecutors or police officers, who, in that case, must request prior authorization to the Criminal Judge. However, I can LEGALLY tape all my conversations or interviews in which I am a speaker; and, then, if I would like to, disclose them. Unfortunately, the judges of the Supreme Court of Justice and of the Constitutional Court that Ecuador has and has had, characterized by their low quality with unusual exceptions, have never worried about issuing sentences establishing these points; for that reason, as there is a lack of national jurisprudence, the research on Restrictive Measures on fundamental rights by the Spanish judge Manuel Estrella Ruiz can be consulted, including the communications eavesdropping; and the judgment of the Spanish Constitutional Court 114/1984 in which it is clearly affirmed that "the disclosure of the content of a conversation for one of the

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no vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones”. Aclaro que este breve análisis pretende defender el derecho de toda persona a grabar o filmar con toda libertad su propia voz o su propia imagen, como igual deberían defenderlo todos los medios de comunicación por la responsabilidad social que tienen. En el Ecuador debe dejarse de lado una sesgada forma de “razonamiento lógico”, según el cual, la conclusión lógica es buena o mala dependiendo de la persona a quien afecta o beneficia. Para ello, algunos medios de comunicación deben dejar de buscar sustento para su información en la opinión de seudo juristas que, aunque hayan ocupado altas funciones, jamás se han preocupado de investigar o, al menos, pensar, antes de decir lo que dicen.

LA VALORACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y SU

TRIBUTACIÓN Por: Mario Nieto Mora El justo avalúo de los bienes raíces puede elevar significativamente los ingresos municipales y aliviar la carga fiscal. De un tiempo atrás, en respuesta a la corriente privatizadora que en nuestro país condujo a la venta de algunas empresas estatales, a la influencia negativa que en los precios de un importante número de activos causó en sus inicios la dolarización de la economía, a la necesidad que tienen los administradores, propietarios y/o los accionistas de conocer los patrimonios de las empresas de sus respectivos intereses o al menos los valores económicos o comerciales de los bienes raíces de esas firmas, y en razón de que, en concordancia con lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen Municipal, los municipios deben valorar los inmuebles urbanos y rurales de sus jurisdicciones para finalmente calcular los montos de los impuestos prediales que deben recaudar, ha venido cobrando importancia la valoración de la propiedad inmobiliaria y dentro de ella, la urbana que, en nuestro

speakers does not wound the right of communications confidentiality". I should clarify that this brief analysis intends to defend the right of every person to tape or to film freely his own voice or his own image, as it should be likewise defended by all media based on the social responsibility that they have. In Ecuador, we should leave aside a biased form of "logical reasoning" according to which the logical conclusion is good or bad depending on the person to whom it affects or benefits. For this, some mass media should stop basing their information in the opinion of pseudo jurists that, although they have held high posts, they have never worried to investigate or, at least, to think before talking.

REAL ESTATE APPRAISEMENT AND ITS

TAXATION By: Mario Nieto Mora The fair appraisement of real estate can increase considerably the municipal incomes and mitigate the fiscal duty. In answer to the privatization flow that in our country has lead to the sale of some state entities, to the negative influence that the dollarization of the economy caused at the beginning to the prices of an important number of assets, to the need that the administrators, owners and/or the shareholders have for knowing the patrimonies of the enterprises of their respective interests or at least the economic or commercial values of the real estate of those companies, and as, according with the provisions of the Basic Law of the Municipal Regime, the municipalities should appraise the urban and rural real estate of their jurisdictions in order to finally calculate the amounts of the property taxes that they should collect, the real estate appraisement has gained importance lately and within it , the one of the urban property that, in our society,

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medio, está esencialmente constituida por la tierra y edificaciones. Dos definiciones esenciales Sobre todo con el propósito general de incrementar los conocimientos de valoración de activos, de que los Honorables Diputados eliminen las falencias técnicas que adolece especialmente la Ley de Régimen Municipal –en la que se confunde el valor comercial con precio y el costo de construcción– y para que los municipios calculen apropiadamente los valores económicos de los inmuebles, inclusive sin esperar que los ciudadanos se acerquen hasta sus ventanillas a detallar las mejoras ilegales que han introducido en sus propiedades, merece preguntar: ¿qué es la valoración y qué el valor comercial? La valoración, valuación o tasación, como también se denomina es, en pocas palabras, la técnica que basándose en el análisis de las características y condiciones que tiene y se encuentra el bien o la explotación que se valora, en los servicios y beneficios que genera o puede generar así como en los precios referenciales o en los costos de fabricación, construcción o de producción, permite calcular el valor económico de ese bien o explotación en el momento en el que son inspeccionados y no en ningún otro en el que existan condiciones diferentes. El valor comercial es, en consecuencia, la cuantía que por los servicios y/o las rentas que produce, alcanza o alcanzaría libremente un bien o una explotación en el mercado cuando es o puede ser puesto en venta y puede coincidir con el costo de fabricación o producción de ese bien o explotación como con su precio. Por este concepto de valor comercial, que concuerda con el principio de que las cosas valen por su utilidad o rareza, se deduce que –esta cuantía– no permanece fija en el tiempo ni es igual en todos los lugares ni, por tanto, que el valor económico de una edificación, aunque sea nueva y esté técnicamente construida, no solo depende de su costo de construcción como equivocadamente acepta un importante número de personas que hacen avalúos sino además, de otros factores llamados determinantes del valor comercial

is essentially constituted by land and buildings. Two essential definitions Principally, with the general aim of increasing the knowledge on assets appraisement that the Honorable Legislators eliminate the technical errors that the Law of the Municipal Regime has –in which the commercial value is confused with the price and the construction cost– and to facilitate that the municipalities calculate appropriately the economic values of the real estate, inclusive without expecting that the citizens approach to their windows to detail the illegal improvements that have done in their properties, it is proper to ask: What is the appraisement and what is the commercial value?

The appraisement, assessment or valuation, as it also so-called, in few words, is the technique that based on the analysis of the characteristics and conditions that the valuated good or exploitation has, on the services and benefits that it generates or can generate as well as on the referral prices or on the manufacturing, construction or production costs, allows to calculate the economic value of that good or exploitation at the moment in which they are examined and not in another in which different conditions exist. Consequently, the commercial value is the amount that a good or exploitation reaches or may reach in the market without restraint, when it is or may be for sale, for the services and/or the incomes that it produces, and it can match the cost of manufacturing or production as well as with its price. Due to this definition of commercial value, that is consistent with the principle that things are worth for their use or peculiarity, it is deduced that –this amount involved– does not remain fixed in time and it is not equal everywhere; therefore, the economic value of a building, although it is new and technically built, does not depend only on its construction cost as an important number of people who made appraisement wrongly recognize but additionally, of other factors so called decisive factors of the commercial value

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que deciden o contribuyen a decidir su uso, servicio y rentabilidad. El recordar que hace más de una década varias ampliaciones ilegales pero técnicamente construidas en algunas residencias fueron –con acierto– derrocadas por órdenes de la Alcaldía de la ciudad de Guayaquil y que, asimismo hace alrededor de una década, en el sector norte de la ciudad de Quito se fue al suelo un edificio que estuvo en construcción, demuestra lo dicho en relación con el influjo que ejercen los anotados determinantes del valor comercial. Aún más, como todo desalojo de materiales inservibles encarece el aprovechamiento del suelo, es de deducir que los valores comerciales de esos inmuebles –antes de los derrocamientos y/o de la caída de la citada obra civil– debieron ser inferiores a los que pudieron alcanzar sus correspondientes terrenos. En este mismo tema y en base del principio aritmético de que el todo es igual a la suma de sus partes es de agregar que en las ocasiones en las que debido a la falta de demanda no es factible tener alguna información oportuna sobre los valores económicos que fija el mercado a los inmuebles que se estudian, a sus similares o a sus retadores y cuando sus componentes básicos –tierra, obras civiles, explotaciones agropecuarias y maquinaria y equipos, tratándose de las propiedades rústicas– sirven efectivamente y producen o existe la alta posibilidad de que generen o sigan produciendo rentas, los valores comerciales de estas propiedades rurales pueden ser obtenidos a partir de los que alcanzan cada uno de los citados componentes, como ocurre con los cultivos tiernos técnicamente introducidos. Un obstáculo legal y una sugerencia a la gestión municipal El mencionado valor económico es distinto a lo que equivocadamente consta en la citada Ley de Régimen Municipal porque, como se anotó, es confundido con el costo de construcción –que es la suma que se ha gastado o requiere invertir para hacer una cosa o una obra civil– y con el precio –que es la cuantía que libremente se acepta al

that decide or contribute to decide its use, service and profitability. Recalling that more than a decade ago, several illegal but technically built enlargements made in some residences were –with success– overthrown by order of the City Hall of the city of Guayaquil and that, likewise, around a decade ago, in the northern sector of the city of Quito a building that was in construction came down, demonstrates the abovementioned concerning the influence that the said decisive factors of the commercial value exercise. Moreover, as every eviction of useless materials raise the profit of the land, it can be understood that the commercial values of those real estates –before the overthrows and/or the fall of the said building– should be lower than the ones that their corresponding lands could have reached. In this same matter and based on the arithmetic principle that the total is equal to the addition of its parts, it is necessary to add that in the occasions when due to lack of demand, it is not feasible to have certain opportune information on the economic values fixed by the market for the real estate that are studied, for their similar or for their contenders and when their basic components –land, civil works, agricultural exploitations and machinery and equipments, when talking about rural properties– are actually useful and produce or there is a high possibility that they will generate or they will continue producing incomes, the commercial values of these rural properties can be obtained from the addition of each one of the said components, as it occurs with the tender cultivations technically introduced. A legal obstacle and a suggestion to the municipal operation The abovementioned economic value is different from what is wrongly evident in the cited Law of the Municipal Regime because, as it was expressed, it is confused with the construction cost –which is the total that has been spent or required to invest to do a thing or a civil work– and with the price –which is the amount freely accepted at the moment

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momento de vender un bien aunque en un determinado momento y por varias circunstancias, pueden coincidir–. Una casa de vivienda que incluyendo a su terreno costó $40.000,00, por citar un ejemplo, y que en el mercado –asimismo por varias circunstancias – puede ser comercializada en $50.000,00, puede ser vendida en sólo $30.000,00. Respecto de la disponibilidad del personal técnico que labora en los Departamentos de Avalúos y Catastros municipales es de precisar que si los inmuebles urbanos estuviesen constituidos sólo por tierra y edificaciones simples y útiles, y si además este personal dominase cómo operan las fuerzas de mercado y los determinantes del valor comercial indicados, si permanentemente actualizaran los presupuestos de construcción y si en base de razones técnicas determinaran qué métodos se deben aplicar cuando no es posible conocer a tiempo los precios que fija la demanda a los bienes que se valoran o a sus similares y retadores, estos Departamentos podrían estar únicamente constituidos por técnicos relacionados con la construcción de estas obras civiles simples. Pero, considerando que en las grandes urbes, aparte de la tierra existe una gran variedad de edificaciones que poseen máquinas y equipos especiales cuyas formas de operar y mantener son desconocidos por estos profesionales de la construcción y, además, como en el sector rural, a las referidas máquinas y equipos especiales, se agregan la maquinaria y las explotaciones agropecuarias, los municipios, para actualizar sus catastros y/o valorar la propiedad inmobiliaria deberían contratar a los avaluadores experimentados que sean necesarios. Los efectos tributarios que causa la inadecuada valoración. En relación con las cuantías de los impuestos prediales es de señalar que, en vista de que la recalcada Ley de Régimen Municipal posee errores que inciden negativamente en la valoración de la propiedad inmobiliaria, esas sumas no responden a la realidad y por lo común tienen que ser bajas. El poder constatar que por una modesta vivienda ubicada en un sector popular de la que por

of selling a good although in a determined moment and by several circumstances, they can coincide–. A house of dwelling that including its land cost $40.000,00, for instance, and that in the market –by several circumstances likewise – can be traded in $50.000,00, can be sold in only $30.000,00. Regarding the availability of the technical personnel who works in the Municipal Appraisement and Land Survey Divisions, we should specify that if the urban real estate were constituted only by land and simple and useful buildings, and moreover if this personnel were in control of how the forces of the market and the said decisive factors of the commercial value operate, if they updated permanently the budgets for construction and if based on technical reasons they determined what method must be applied when it is not possible to know on time the prices fixed by the demand to the valuated goods or to their similar or for their contenders, these Divisions would be constituted only by technicians related to the construction of these simple civil works. However, considering that in the large cities, besides the land there is a great variety of buildings that have special machines and equipments whose ways of operating and to maintain are unknown by these professionals of the construction and, in addition, as in the rural sector, to the abovementioned special machines and equipments, the machine and agricultural exploitations are added, the municipalities, in order to update their land registries and/or to appraise the real estate, they should hire as much expert appraisers as necessary. Tax effects caused by inadequate appraisement. Concerning the amounts of the property taxes, we should indicate that, as the mentioned Law of the Municipal Regime has errors that affect negatively the real estate appraisement, those totals do not correspond to reality and they commonly have to be low. Being able to verify that by a modest house located in a popular sector where one of the rooms,

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de la que por $35,00 mensuales se rente una habitación de las tres o cuatro que puede tener y que en calidad de impuesto predial se cancele alrededor de $15,00 –es decir aproximadamente el 3,5% de la mínima renta parcial anual que produce esa vivienda– demuestra por lo menos que usualmente los municipios no realizan estudios de mercado ni los de rentabilidad apropiados para actualizar los avalúos y fijar los impuestos prediales. OBLIGACIÓN DE CONTRATACIÓN

LABORAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS

Por: Dr. Gerardo Aguirre Vallejo Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO El Art. 23, numeral 3 de la Constitución Política de la República del Ecuador, garantiza a los ciudadanos la igualdad ante la ley, razón por la que ninguna persona podrá ser discriminada en razón de edad, sexo, color, orientación sexual; discapacidad, etc. Por su parte el Art. 35 ejusdem, establece que el trabajo es un derecho y un deber social que gozará de la protección del Estado. Por lo tanto, siendo todos iguales ante la Ley, gozando de las mismas oportunidades y protección del Estado, resultaba discriminatorio que personas que adolecen de alguna discapacidad, no tengan las mismas oportunidades laborales frente a las demás personas no afectadas con alguna discapacidad. El Art. 53 de la Constitución, expresa que es obligación del Estado, establecer las “medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su movilización. Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones.

from three or four that it could have, is rented by $35,00 monthly, around $15,00 is paid as property tax –that is to say approximately 3,5% of the low annual partial income that that house produces– it shows at least that usually the municipalities do not perform market research nor appropriate research on profitability to update the appraisals and establish property taxes.

OBLIGATION TO HIRE PERSONS WITH

DISABILITIES By: Gerardo Aguirre Vallejo Attorney-at-Law VIVANCO & VIVANCO Law Firm The Political Constitution of the Republic of Ecuador, in Article 23, number 3, guarantees the citizens equality before the law, in order to prevent discrimination of any person by reason of age, sex, color, sexual orientation; disability, etc. In turn, article 35 ejusdem, establishes that work is a right and a social duty that will enjoy the protection of the State. Therefore, being all equal before the Law, enjoying the same opportunities and protection of the State, it turned out to be discriminatory that people that suffer from any disability do not have the same labor opportunities before other persons that are not disabled. Article 53 of the Constitution, establishes that is a duty of the State, to establish the “measures that guarantee persons with disabilities, the utilization of goods and services, especially in the health, education, training, labor inclusion and recreation areas; and measures that eliminate barriers of communication, as well as the ones of urban development, architectural and transport accessibility, that complicate their mobility. The municipalities will have the obligation to adopt these measures within the scope of their powers and jurisdictions.

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Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención de créditos, exenciones y rebajas tributarias, de conformidad con la ley. Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, a la comunicación por medio de formas alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras.” No obstante de existir expreso mandato constitucional de protección a las personas con discapacidad, en el ámbito laboral carecían de tal protección. Es por ello que ante esta discriminación inconciente y en virtud de lo dispuesto en el Art. 47 de la Norma Suprema, a más de las otras normas constitucionales citadas, que establecen una atención prioritaria a personas con discapacidad, motivó a nuestros legisladores a implementar algunas reformas al Código del Trabajo, precisamente para que la igualdad ante la ley no sea un simple enunciado constitucional, por el contrario goce de una tutela efectiva, especial y focalizadamente para todas las personas discapacitadas, que de modo alguno significa dádiva, sino por el contrario el pleno respeto y reconocimiento a sus derechos humanos. Entre las importantes reformas introducidas en el Código del Trabajo, está la efectuada al Art. 42, numerales TREINTA Y TRES (33) y TREINTA Y CINCO (35), relativo a las obligaciones de los empleadores y establece que el empleador público o privado que tenga VEINTICINCO (25) o más trabajadores, tiene la obligación de contratar a partir del 1 de Febrero de 2007 y hasta el 31 de Enero de 2008, por lo menos el UNO (1%) por ciento de personas discapacitadas respecto del total de sus trabajadores; a partir del 1 de Febrero de 2008 y hasta el 31 de Enero de 2009 contratar el DOS (2%) por ciento de personas discapacitadas; del 1 de Febrero de 2009 y hasta el 31 de Enero de 2010 contratar el TRES (3%) por ciento y a partir del 1 de Febrero de 2010 en adelante el CUATRO (4%) por ciento. Las empresas de Intermediación Laboral así como las de Tercerización de Servicios Complementarios, también están sujetas a cumplir la obligación antes señalada.

Persons with disabilities will have preferential treatment to obtain credits, tax exemptions and discounts, according to the law. The right of persons with disabilities is recognized, as for communication through alternative forms, like the Ecuadorian sign language for the deaf, oralism, Braille system and others." Nevertheless the existence of an express constitutional mandate of protection for the persons with disabilities, they lacked of such protection in the labor field. Due to this unconscious discrimination and by virtue of the stated in Art. 47 of the Supreme Norm, as well as the other quoted constitutional norms, that establish a priority assistance to persons with disabilities, our legislators were motivated to implement some reforms to the Labor Code, precisely so that equality before the law would not be a simple constitutional statement, but the enjoyment of an effective protection, special and focused on all the disabled people, that in no way means gift, on the contrary the full respect and recognition of their human rights. Among the important reforms introduced in the Labor Code, is the one of Art. 42, number THIRTY-THREE (33) and THIRTY-FIVE (35), relating to the obligations of the employers and it establishes that the public or private employer that has TWENTY-FIVE (25) or more workers, has the obligation to hire from February 1st, 2007 and until January 31st, 2008, at least ONE (1%) percent of persons with disabilities with respect to the total of his/her workers; from February 1st, 2008 and until January 31st, 2009 to hire TWO (2%) percent of persons with disabilities; from February 1st, 2009 and until January 31st, 2010 to hire THREE (3%) percent and from February 1st, 2010 FOUR (4%) percent. Labor Intermediation businesses as well as those of Outsourcing of Complementary Services, are also subjected to comply with the before mentioned obligation.

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De igual forma se establece como obligación patronal, el adecuar los puestos de trabajo, donde ejecutará la labor la persona discapacitada, en prevención de posibles riesgos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el Ecuador. Se ha dispuesto que el Ministerio del Trabajo y Empleo, por intermedio de la Unidad de Discapacidades, realice inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones mencionadas. Al igual que todos los trabajadores, el empleador deberá suscribir un contrato de trabajo escrito con la persona discapacitada, en la que se acordará el trabajo a realizar acorde a su discapacidad, la remuneración que no podrá ser inferior al salario básico unificado, el horario de trabajo, lugar de trabajo, y demás condiciones en que se ejecutará la labor, sin que las mismas impliquen renuncia, menoscabo, afectación o renuncia de los derechos que le asisten a los trabajadores. Es importante que se tome en cuenta que la condición de discapacitado se la demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades – CONADIS. El incumplimiento a la obligación de contratar a personas discapacitadas en los porcentajes antes señalados, constituirá infracción administrativa que será sancionado con una multa mensual equivalente a DIEZ (10) remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general al empleador privado; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación. El dar la oportunidad laboral a personas con discapacidad, no debe ser visto simplemente

Likewise, it is established as management obligation, to adapt the place where the person with disabilities will execute the work, in order to prevent possible labor risks according to the provisions of the Law of Disabilities, INEN norms on accessibility to the physical world and the conventions, agreements, international declarations legally subscribed by Ecuador. It has been established that the Ministry of Labor and Employment, through its Division on Disabilities, carry out permanent inspections to the foreign, national, private and public businesses on the fulfillment of the mentioned obligations. As well as all workers, the employer should subscribe a written labor contract with persons with disabilities, in which there will be specified the work he/she will perform according to his/her disability, the remuneration that can not be lower than the unified basic wage, the working hours, workplace, and other conditions in which the job will be executed, not involving the latter any dismissal, detriment, affectation or resignation of the rights that protect workers. It is important to taken into account that the condition of persons with disabilities has to be demonstrated by the identification card issued by the National Counsel of Disabilities – CONADIS. The breach of the obligation to hire persons with disabilities in the before indicated percentages, will constitute administrative infringement that will be punished with an monthly fine equivalent to TEN (10) basic minimum unified remunerations of the worker in general to the private employer; and, in the case of the businesses and agencies of the State, the competent authority, will be pecuniary and administratively punished with a basic wage; fine and punishment that will be established by the Labor General Director, until the obligation is fulfilled. To give a labor opportunity to persons with disabilities, should not be simply seen as a

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como una obligación legal, sino por el contrario, ser considerados y tratados como verdaderos elementos generadores de riqueza.

JURISPRUDENCIA

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE

CASACIÓN El fundamento y finalidad la casación es resguardar el principio de igualdad ante la ley asegurando la interpretación unitaria de la ley de fondo, sometiendo en definitiva su interpretación al más alto Tribunal de la Justicia Nacional, ante el cual la causa llega con los hechos del proceso definitivamente fijados, para que solamente se juzgue de la corrección jurídica con que han sido calificados. En la sentencia, la actividad valorativa, volitiva y crítica que realiza el Juez se cumple con un juicio lógico, pero el error en que incurra puede traducirse en un vicio en el procedimiento, en la motivación de la sentencia o en un vicio material cuando no obstante la corrección formal del fallo existe error en la decisión del fondo del asunto. Inobservancia en este caso fue el problema. Inobservancia significa desconocimiento, desobediencia o falta de aplicación de la norma jurídica. No se trata de un error en el modo de aplicarla, sino de una omisión de cumplirla. Errónea aplicación es la inadecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto, es decir, una norma es observado o cumplida, pero no es la que debía aplicarse, o es aplicada con una mala interpretación de su mandato. En definitiva, la errónea aplicación implicaría siempre una inobservancia, y viceversa. La violación del debido proceso se traduce en una contravención al comportamiento exterior que el Juez o las partes debían observar al cumplir su actividad: En este caso, el Tribunal de Casación cumple un verdadero examen fáctico en tanto debe examinar la conducta concretamente observada en el proceso por

legal obligation, but on the contrary, they should be considered and treated as true wealth generator elements.

JURISPRUDENCE

REQUIREMENTS FOR THE ADMISION OF THE APPEAL TO THE

SUPREME COURT The basis and purpose of the appeal to the Supreme Court is to safeguard the principle of equality before the law assuring the harmonic interpretation of the merits of the law, submitting definitely their interpretation to the Highest Court of National Justice, before which the lawsuit is presented with the facts of the process finally set, so they can only be judged for the legal correction with which they have been qualified. In the judgment, the assessing, volitional and critical activity that the Judge carries out is enforced with a logical judgment, but the error in which they incur can be translated in a procedure vice, in the motivation of the judgment or in a material vice when despite the formal correction of the judgment, there exists error in the decision of the merits of the matter. The problem in this case was non-observance. Non-observance means ignorance, disobedience or lack of application of the legal norm. It does not mean an error in the way of applying it, but an omission to comply with it. Erroneous application is the inadequacy or lack of correspondence of the norm applied with the concrete case, that is to say, a norm is observed or accomplished, but it was not the one that should be applied, or it is applied with a bad interpretation of its mandate. In short, the erroneous application would always involve non-observance, and vice versa. A breach of the due process is translated as an infringement to the external behavior that the Judge or the parties should observe to comply their activity: In this case, the Supreme Court complies with an accurate factual exam since it should examine the behavior concretely observed in the process

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los sujetos procesales a fin de decidir su conformidad o no con las normas de derecho procesal. El Art. 349 del Código de Procedimiento Penal vigente dice, “El recurso de casación será procedente para ante la Corte Suprema cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto; ya por haberse hecho una falsa aplicación de la misma; ya en fin, por haberla interpretado erróneamente.” Se reconocen como fines esenciales a la casación, la defensa del derecho objetivo, buscándose con ello el imperio de la seguridad jurídica, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como la unificación de la jurisprudencia, que busca además la confluencia de interés privado con el interés social o público. Fuente: Registro Oficial No. 109, Miércoles 20 de junio del 2007

NOVEDAD LEGISLATIVA

RESOLUCION DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CON RELACIÓN A LA ASAMBLEA

CONSTITUYENTE Como es de conocimiento público, estamos próximos a participar en el proceso electoral, encaminado a la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, con este propósito el Tribunal Supremo Electoral, ha tomado en consideración que la Asamblea Constituyente es un procedimiento especial que se diferencia claramente de las elecciones pluripersonales ordinarias, razón por la cual este Organismo resolvió omitir la aplicación de los Artículos 35,36,37 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos los cuales determinan: Art. 35.- Establece, entre otras la causales para la extinción de un partido político el hecho de no haber obtenido el porcentaje mínimo de 5% de votos válidos en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas y por no haber participado en un evento electoral al menos en diez provincias. Art. 36.- Prescribe que el Tribunal Supremo Electoral es el único organismo que puede

by the legal subjects in order to decide their compliance or not with the norms of procedural law. Article 349 of the Criminal Procedural Code in force states, "The appeal to the Supreme Court will be legitimate before the Supreme Court when the sentence has breached the law, either by explicitly contravening its text; or by having made a false application of it; all in all, for having interpreted it erroneously." They are recognized as essential purposes to the annulment, the defense of the objective right, seeking with it the rule of legal certainty, the equality of citizens before the law, as well as the unification of the jurisprudence, that also looks for the confluence of the private interest with the social or public interest. Source: Official Registry No. 109, Wednesday, June 20th, 2007

LEGISLATIVE NEWS

DECISION OF THE SUPREME ELECTORAL COURT IN

RELATION TO THE CONSTITUENT ASSEMBLY

As it is of public knowledge, we are just about to participate in the electoral process, directed to the appointment of the members of the Constituent Assembly, with this purpose the Supreme Electoral Court, has taken into consideration that the Constituent Assembly is a special procedure that clearly differentiates itself from ordinary multi-personal elections, reason by which this Agency resolved to omit the application of Articles 35, 36, 37 of the Basic Law of Political Parties which determines: Art. 35.- It establishes, among other grounds for the extinction of a political party, the fact of not having obtained the minimum percentage of 5% of valid votes in two multi-personal national successive elections and by not having participated in an electoral event at least in ten provinces. Art. 36.- It prescribes that the Supreme Electoral Court is the only agency that can

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declarar la extinción de un partido político. Art. 37.- Para calcular el cuociente electoral solo se tomarán en cuenta las elecciones pluripersonales, de ahí se sumarán todos los votos obtenidos para por el partido a nivel nacional, en las elecciones antes señaladas para establecer el cuociente electoral. En este sentido, dicha resolución omite la obligatoriedad que tienen los partidos políticos, movimientos políticos y movimientos ciudadanos, a presentar el 1% de firmas de respaldo del padrón de su correspondiente jurisdicción, para la inscripción de listas de candidatos a la Asamblea Constituyente 2007, el cual entrará en vigencia desde el 12 de Julio del presente año. Fuente: Registro Oficial No. 103, 12 de Junio de 2007

INDICADORES ECONOMICOS

Reserva Internacional De libre disponibilidad

Mill.US$ 3075,3

Producto Interno Bruto 2007

Mil.US$ 43,936

Variación del PIB 2007 % 4,28 PIB Per Cápita 2007 US$ 3,228 Importaciones 2007 M. US$

FOB 815,081.

08* Exportaciones 2007 M. US$

FOB 862,517*

Balanza Comercial 2006

M.US$ 1,091*

Inflación Abril 07 % 0,1 Inflación Año 2007 % 2,45** Inflación Año 2006 % 3.21 Tasa Interbanc. Abril 2002

% 3.95

Tasa Legal % 9,86 Tasa – Máximo Convencional

% 14,27

Tasa Activa % 9,79 Tasa Pasiva % 5,20 * Estimado a Abril (Provisional) 2007 ** Previsión de inflación anual de 2007

declare the extinction of a political party. Art. 37.- To calculate the electoral quotient, only the multi-personal elections will be taken into account, from there all the votes obtained for the parties to national level, in the before indicated elections, will be added to establish the electoral quotient. In this sense, the said decision omits the obligatory nature that political parties, political movements and civic movements have to present 1% signatures of support of the register of its corresponding jurisdiction, for registering candidate lists to the Constituent Assembly 2007, which will be in force from July 12th of the current year. Source: Official Registry No. 103, June 12th, 2007.

ECONOMIC INDICATORS

International Monetary Reserve

Mill US$ 3075,3

Gross Domestic Product GDP 2007

Mil.US$ 43,936

Annual GDP Variation Rate 2007

% 4,11

GDP per capita 2007 US$ 3,228 Imports 2007 M. US$

FOB 815,081.

08* Exports 2007 M.US$

FOB 862,517*

Balance of Service 2006

M.US$ 1,091*

Inflation Abril 07 % 0,07 Inflation Year 2007 % 1,39** Inflation Year 2006 % 3.21 Interbank Rate April 2002

% 3.95

Legal Rate % 9,86 Maximum Appraise % 14,27 Ask Rate % 9,35 Bid Rate % 5,54 * Estimated to Abril (Temporary) 2007 ** Annual Inflation estimated in 2007

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EVENTOS AGOSTO 4 “Reformas tributarias” Organizado por: Grupo Portal Lugar: Edif. Centro Ejecutivo, octavo piso, Inglaterra 1373 y Amazonas, Quito Información: (593-2)2458-860/565 [email protected] AGOSTO 15 y 16 “Gerencia de Proyectos” Organizado por: Grupo Portal Lugar: Edif. Centro Ejecutivo, octavo piso, Inglaterra 1373 y Amazonas, Quito Información: (593-2)2458-860/565 [email protected] AGOSTO 16 y 17 “Management para mandos medios” Organizado por: Grupo Portal Lugar: Edif. Centro Ejecutivo, octavo piso, Inglaterra 1373 y Amazonas, Quito Información: (593-2)2458-860/565 [email protected]

EVENTS AUGUST 4 “Tax reforms” Organized By: Portal Consulting Group Place: Edif. Centro Ejecutivo, octavo piso, Inglaterra 1373 y Amazonas, Quito Information: (593-2)2458-860/565 [email protected] AUGUST 15 and 16 “Project Management” Organized By: Portal Consulting Group Place: Edif. Centro Ejecutivo, octavo piso, Inglaterra 1373 y Amazonas, Quito Information: (593-2)2458-860/565 [email protected] AUGUST 16 and 17 “Management for average controls” Organized By: Portal Consulting Group Place: Edif. Centro Ejecutivo, octavo piso, Inglaterra 1373 y Amazonas, Quito Information: (593-2)2458-860/565 [email protected]