POLITICA

DE DESARROLLO ECONOMICO

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DISCURSO PRONUNCIADO ANTE LA XVI ASAMBLEA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES

(ANDI), REUNIDA EN BARRANQUILLA EL 10 DE JULIO de 1959

Quiero aprovechar la gentil invitación que me han hecho los directores de la ANDI, para exponer ante esta Asamblea varias tesis de la política económica del Gobierno y, en par­ticular, algunas relativas al tema fundamental del desarrollo económico del país, que tan directamente concierne al gremio industrial colombiano.

QUÉ ES EL DESARROLLO ECONOMICO

Hay gentes que suponen que el desarrollo del país con­siste en enriquecer el sector de los empresarios, y confunden el término con el de un capitalismo absorbente y excesivo, que propicia hondas desigualdades sociales y mantiene bajos niveles de vida para la mayoría de la población. El desarrollo económico no depende en esencia de las instituciones políticas que rijan en un país determinado. Sea socialista o capitalista el sistema, el desarrollo económico es la base para incrementar el progreso nacional, y levantar el standard de vida, aunque los procedimientos para lograrlo sean distintos: por medio de la empresa privada y la intervención reguladora del Estado en los sistemas políticos del Occidente, y mediante la colec­tivización de los medios de producción en los .regímenes co­munistas. En términos más sencillos, el desarrollo económico no representa cosa distinta al fomento intensivo de la producción, a la creación de nuevos bienes y servicios para satisfacer las necesidades cada día crecientes de la comunidad.

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LA INVERSION Y EL DESARROLLO

La suma de lo que un país produce, como resultado del trabajo y del capital, constituye el producto nacional, que es el acervo de bienes que durante el año se destina a dos fines principales, a través de los mercados: el consumo y la in­versión. En los países altamente desarrollados, la proporción que va a la inversión, es hasta de un 20% del producto nacional. En los países subdesarrollados este porcentaje es mucho menor, y gran parte de la riqueza producida se consume. Mientras mayor sea la rata del producto nacional que se destina a la inversión, es decir, a la instalación de equipos de producción, al mejoramiento de las herramientas, de las tierras, a la creación de fuerza eléctrica, de vías de comunicación, y también al mejoramiento de la salud, la educación y la capacidad técnica de la población, mayor será la rata de progreso o de crecimiento que se obtenga, pues los nuevos capitales producirán mayor cantidad de bienes y, por lo tanto, mejorarán los abastecimientos de recursos y el nivel de vida. En cambio, un país que orienta apenas una reducida parte de su producto a las inversiones, y prefiere, por falta de instrumentos apropiados o de voluntad colectiva de im­pulsar el progreso, destinar la mayor parte de su producto al consumo inmediato, está irremisiblemente frustrando su desarrollo y echando raíces a su miseria económica, aunque temporalmente pueda gozar de más amplios consumos.

Cuando se analiza el proceso de los países altamente desarrollados, cuyas poblaciones gozan de un alto nivel de vida, se llega a la conclusión de que tal estado no lo lograron sino después de atravesar un largo período de capitalización, de acumulación de riqueza destinada a la producción, es decir, de una sostenida y alta rata de inversiones. Así fue el proceso de los países europeos y el de los Estados Unidos, en los cuales el nivel de vida no se levantó en forma rápida en las primeras etapas, mientras se adelantaban la inversión y la acumulación de capitales. Y hoy en día, el mismo régimen comunista ruso no está haciendo otra cosa que repetir, con un sacrificio humano mayor, el mismo procedimiento de dedicar compulsivamente una parte cada día más grande de su pro­ducto a nuevas inversiones.

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EL AHORRO NACIONAL

La base de la inversión es el ahorro, es decir, lo que la comunidad se abstiene de consumir y guarda en d inero, hecho que libera automáticamente un volumen de recursos emplea­bles en bienes de producción. En un sistema colectivista, el Estado recoge este ahorro y lo utiliza directamente en su programa. Es un sistema compulsivo por medio del cual el Estado, árbitro de la producción, la distribución y el consumo, recorta la capacidad de consumo de la población con miras a impulsar la ejecución de sus planes de inversión. En el régimen de empresa privada el procedimiento es distinto : ahorran las empresas, no distribuyendo la totalidad de su producto en dividendos para poder llevar a cabo la reinversión de utilidades en la ampliación de sus instalaciones. Ahorran las personas, depositando sus dineros en bancos o cajas de ahorro, que son utilizados para posteriores inversiones por las empresas privadas o el Estado; y ahorra el Estado, mediante el sistema de impuestos, que no es otra cosa que sustraer a las personas una parte de su ingreso para destinarlo, en primer lugar, a los gastos y funcionamiento de la maquinaria estatal; y, en segundo lugar, a las inversiones en capital social, educación, salud, etc. Pero hay también un sistema alterna­tivo y disfrazado de ahorro, que se lleva a cabo mediante el proceso de la inflación. Este consiste en que los precios de las mercancías ascienden a un paso más rápido que el de los salarios y sueldos y se acrecientan así las utilidades de las empresas, las cuales pueden disponer de mayores recursos para la reinversión en la ampliación de los equipos. Esto, por supuesto, se hace a costa de serias privaciones, de inesta­bilidad social, de inequidad en la distribución de la riqueza, que da lugar a la animadversión de las clases populares por un sistema que no pueden entender como legítimo para hacer la capitalización nacional.

EL DESARROLLO ECONOMICO COLOMBIANO

El desarrollo de nuestro país ha sufrido un notorio es­tancamiento, después de un período que se prolongó hasta 1956 y durante el cual obtuvimos una rata de crecimiento del cuatro y medio por ciento anual, considerada como la más alta entre los países latinoamericanos. Tal desarrollo lo

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logramos gracias a los altos precios del café y a la utliización de recursos externos, incluyendo entre ellos los que el país aprovechó de la cuantiosa deuda comercial atrasada de 500 millones de dólares. Pero también ese proceso de desarrollo se hizo por procedimientos inflacionarios que trajeron consigo un aumento sustancial del renglón de utilidades de los em­presarios, que les permitió reinvertir buena parte de ellas en los ensanches de las empresas.

Este proceso de crecimiento se interrumpió brus:::amente a causa de la crisis cafetera que rebajó el ingreso de divisas, y a los compromisos que el país tuvo que adquirir para pagar, a corto plazo, y en mengua de su desarrollo, la creci<h deuda comercial que habíamos adquirido audazmente en rmmentos en que la crisis cafetera indicaba que la capacidad de compra externa se disminuiría notablemente.

Hoy estamos ante la necesidad ineludible, de~ués de una dolorosa etapa de reajustes y de acomodamien:o de la economía a los precarios recursos de que disponemos de em­prender inaplazablemente un vigoroso movimiento de desa­rrollo del país como solución fundamental para los difíciles problemas de carácter económico. social y político que nos afectan.

Pero la experiencia de los años anteriores debe rervir.nos para hacer un examen cuidadoso de las fallas que h 3. tenido la anterior política y señalar los peligros que entrañ11 la uti­lización de determinados procedimientos, con miras a impul­sar un nuevo y vigoroso movimiento de desarrollo nacional, en forma tal, que la mayoría del pueblo colombiano se con­sidere partícipe de ese empeño y encontremos aéecuadas soluciones para los problemas sociales, dentro de un clima de colaboración y armonía entre las diferentes clases.

Con base en estos planteamientos generales, quie~o expo­ner a la Asamblea de Industriales, con la mayor franqueza, algunos puntos de vista sobre la política de desarrollo en que debemos empeñarnos.

URGENCIA DE UN PROGRAMA

La necesidad de impulsar vigorosamente el desar.ollo del país puede medirse, en primer lugar por la urgencia que te­nemos de . conjurar el grave impacto que sobre la e:onomía está representando y va a representar por mucho tBmpo la

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crisis cafetera. A menos de paralizar nuestro progreso y de agudizar el problema social colombiano por falta de empleo remunerativo para todo ciudadano, tal como lo demanda la Constitución Nacional, el país tiene que reemplazar forzosa­mente la disminución del ingreso de divisas causada por la crisis cafetera, por una creciente producción interna que cum­pla el doble propósito de sustituír importaciones y diversificar las exportaciones.

En esta materia hay una vastísima tarea por realizar, tanto en el renglón de materias primas de origen agropecuario, en el cual podemos sustituír más de 40 millones de dólares, como en el manufacturero, especialmente en las industrias de fertilizantes, petroquímica en general, vidrio y, de manera particular, en la industria metal-mecánica.

De la magnitud del proceso de desarrollo que el país necesita pueden darnos una buena idea los cálculos técnicos que indican cómo el país requiere para el año de 1965 aumen­tar su producción agrícola y ganadera en un 70%, destinar el 65% de sus divisas a la importación de bienes de capital, y triplicar la producción de energía eléctrica.

Igualmente, el esfuerzo nacional que el país tiene que hacer para el impulso de su producción, puede calcularse por las crecientes inversiones que el Estado debe efectuar para hacerles frente a tremendos problemas creados por el analfa­betismo que asciende a más de un 40% de la población, a un déficit hospitalario de 36.000 camas, a un déficit anual de viviendas de 25.000 habitaciones, todo lo cual es parte fundamental de un programa de desarrollo bien integrado.

El Gobierno no va a improvisar este programa, pues co­rresponde estructurarlo al Consejo de Política Económica y Planeación, con la asesoría de expertos de la CEP AL, de tal manera que toda la política de inversión pública y de estímulos estatales obedezca a una técnica bien concebida y armónica que evite en el más alto grado posible el despilfarro de los escasos recursos de ahorro disponibles.

Entretanto, el Gobierno ha puesto ya en vigencia algunos estatutos fundamentales para esa programación del desarro­llo, como el Arancel Aduanero, que es un estatuto eminente­mente técnico, ampliamente proteccionista del trabajo nacional, y con el cual, sin duda alguna, el país obtendrá grandes beneficios en su empeño de industrializarse, de di­versificar su producción, de sustituír sus importaciones y de incrementar su ingreso. Además, a través de la Superinten-

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dencia de Importaciones, el Gobierno viene adelantando vigorosamente una política intensiva de sustitución de impor­taciones, cuyos frutos ya son ampliamente halagüeños, romo lo demuestran en forma elocuente las propias cifras aportadas por la ANDI, según las cuales, en el corto término de un año, el país ha sustituído mercancías importadas por mercancías de producción nacional en cuantía de US$ 40 millones. De otro lado, el Arancel Aduanero prevé la creación de fo:1dos por valor de 2 O a 2 5 millones de pesos por año, destinados exclusivamente al fomento intensivo de las materias prmas nacionales de origen agropecuario que ambicionamos producir totalmente en pocos años.

CREDITO EXTERNO

Quizás el paso más importante en el camino de preparar los instrumentos para iniciar el programa de desarrollo, al que tenemos que vincular todas las energías nacionales, e; la recuperación del crédito externo, gracias a la amortiza:ión acelerada de gran parte de la deuda comercial atrasada, que abre las perspectivas para nuevos empréstitos, no sólo con fines temporales de equilibrio en la balanza de pagos, sino para proyectos concretos de desarrollo que estamos al presente preparando. Estas perspectivas se verán robustecidas si per­sistimos en una política de estabilidad monetaria, de control de la inflación, de equilibrio en la balanza de pagos, y si presentamos ante las entidades financieras extranjera! un programa bien estructurado de inversiones, como se~ura­mente lo hará la misión que en breve plazo viajará al ex13rior a gestionarlos.

Pero no bastan los recursos externos que tanto el E&:ado como los particulares estamos en capacidad de consegur. El problema fundamental radica en los recursos internos que vamos a necesitar para financiar el programa de desarrono, y que deben ser atendidos tanto por los sectores privados romo por el Estado, en la parte que a éste le corresponde.

Para ello debemos operar dentro de nuestro sisterm de empresa privada, sobre el cual el Gobierno tiene plem fe, porque cree que bien orientado es el más conveniente para el desarrollo de la N ación, y porque, además, él es m el campo económico el único compatible con un sistema de­mocrático.

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Dentro de tal sistema de libertad económica y libre empresa, como ya vimos, hay sólo dos medios posibles de financiar las inversiones: en primer término, el ahorro que hagan los particulares, las empresas mediante utilidades no distribuídas y el ahorro forzoso que conllevan los impuestos, los cuales constituyen recursos sanos de financiación. Y en segundo lugar, el ahorro disfrazado, doloroso, inequitativo que se impone a la sociedad a través de la inflación.

PERJUICIOS DE LA INFLACION

El Gobierno no vacila en declarar que rechaza este último método como instrumento para impulsar el desarrollo, porque él, si aparentemente fomenta el progreso y crea la ilusión de crecimiento y riqueza, en el fondo está destruyendo las bases mismas de la economía que lo utiliza. N o es necesario teorizar sobre Jo pernicioso de este instrumento, sino recapi­tular, aunque sea brevemente, lo que tántas veces el Gobierno ha venido repitiendo en su batalla por defender la estabilidad monetaria y combatir la inflación:

La inflación, generada por un incremento de los medios de pago por encima de los niveles aconsejables que establece el incremento efectivo del p roducto nacional, envilece el poder adquisitivo de la moneda. El proceso inflacionista de los últimos ocho años ha hecho perder a nuestro peso un 43 % de su capacidad de compra. Como secuela de ello, se rompió la equidad en la distribución del ingreso nacional y el país está precisamente viviendo las graves consecuencias de orden social que una carrera desenfrenada en los precios trae consigo en cuanto a las relaciones entre capital y trabajo, y en cuanto a la misma estabilidad social y política de la Nación.

La inflación registrada en los últimos años desequilibró la balanza de pagos. Y hoy est amos pagando las consecuencias de ello, a costa de paralizar el desarrollo del país y de aplazar la solución de urgentes problemas en todo el territorio na­cional, ante el deber de cubrir obligaciones externas que han significado para toda la N ación un esfuerzo y un sacrificio del que sólo es capaz un pueblo que tiene fe en su capacidad de recuperación.

La inflación quebrantó también el espíritu de ahorro del pueblo colombiano, y ha sido la causa del desvío notorio de gran parte de los escasos recursos de capital del país hacia

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inversiones improductivas o especulativas, atesoramiento en divisas extranjeras, inversiones en edificios y casas suntuarios, excesivos gastos de consumo, inversiones de propiedad raíz en espera de valorización, y especulación sobre inventarios.

El origen de la inflación fue el aumento de los medios de pago por encima del 20o/o anual. En cinco años el Estado financió deuda pública interna por más de mil millones de pesos para invertir en obras y en gastos de toda clase, unos conocidos y otros amparados por decretos reservados de la dictadura. Y los bancos privados, bajo la dirección de una política oficial inspirada en el inflacionismo, ampliaron su cartera en cuantía similar, es decir, en mil millones de pesos.

¿Podrá el país repetir tan desastroso experimento en el futuro? ¿O está obligado a rectificar valerosamente este pro· cedimiento y buscar otros caminos para financiar sus indis· pensables inversiones?

NE CESIDAD DE NUEVAS FUENTES DE AHORRO

Dijimos que la fuente para financiar las inversiones debe ser el ahorro, es decir, la parte del producto nacional que la comunidad, representada por sus empresarios, por sus ciuda· danos en general y por el Estado, no gaste en consumo, y directa o indirectamente destine a la inversión.

Parece utópico hablar de ahorro en un país pobre, necesi· tado de capitales, con bajísimos niveles de vida. Sin embargo, existen inagotables fuentes de ahorro no exploradas que pue· den utilizarse si se pone en marcha una política económica de desarrollo que concentre el esfuerzo del país, que vincule todas sus voluntades a un programa de superación nacional, que unifique a la opinión alrededor del principio de que el país no saldrá adelante si no nos imponemos solidariamente la tarea de sacrificar los goces presentes para impulsar recia· mente la producción.

Las empresas privadas son la fuente esencial del ahorro, que no consiste en cosa distinta a destinar un porcentaje mayor de las utilidades para financiar sus ensanches, en vez de recurrir al crédito bancario a corto o largo plazo para su financiación. Puede que ello presuponga la eliminación de los dividendos extraordinarios, y que las empresas tengan que imponer a sus accionistas mayores sacrificios como una con· tiibución al programa de expansión económica, sin que esto

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pueda tildarse de exigencia excesiva para el grupo de colom­bianos de altos ingresos, al cual todavía le corresponde hacer un mayor sacrificio para la superación de la crisis nacional.

También las empresas tienen aún amplio margen para mejorar sus utilidades sin alza de precios, por medio de un mejor aprovechamiento de sus equipos e instalaciones para producir más y a más bajos costos.

Pero esto no bastaría. Hay necesidad de crear organismos financieros que puedan establecer el crédito a largo plazo, y canalizar recursos internos y externos hacia las inversiones industriales, agrícolas y, en general, a la producción. El país apenas ha iniciado la política de impulsar el establecimiento de las corporaciones financieras y la creación de sociedades de inversión que tan sorprendentes resultados han dado en muchos países, y que no tienen otro objeto que el de fomentar el mercado de capitales, o, lo que es lo mismo, poner un volu­men creciente de ahorros a la disposición de los planes de desarrollo económico. La sociedad de inversión desvía ahorros de otras finalidades poco aptas para desarrollar al país hacia las que sí lo son. Y de manera particular estas sociedades buscan orientar al inversionista que está sacando sus ahorros del país, o los tiene invertidos en forma poco provechosa para la comunidad, o simplemente a la persona que, como consecuencia de la falta de oportunidades de inversión ade­cuada, sencillamente no invierte sino que consume el total de sus ingresos.

El Gobierno llevará al próximo Congreso las bases para mejorar y adicionar la legislación existente sobre esta materia, y espera que en el curso de las sesiones ordinarias se expida un estatuto definitivo sobre mercado de capitales.

EL AHORRO POPULAR

Pero hay un campo aún de más vastos alcances para ex­plorar con el fin de fortalecer el ahorro nacional como base de financiación de su desarrollo, y es el de vincular a las clases populares al proceso de industrialización del país. General­mente se dice que solamente están en capacidad de ahorrar las clases de altos ingresos, pues son las únicas a las cuales les sobra parte de ellos, después de satisfacer sus necesidades. Pero ello no es realmente cierto. Las clases populares tienen también una capacidad de ahorro, que puede llegar a ser muy

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inportante si ese ahorro se estimula, si los salarios no son envilecidos por la inflación, y si al trabajo se le reconoce su jrsta participación en el ingreso nacional. Ante todo, estas posibilidades de ahorro de las clases populares serán aún más inportantes, si para los efectos de un programa de desarrollo sf crea una mística nacional, se le da un contenido eminente­n.ente nacional, de manera que el esfuerzo sea solidario y de acuerdo con la capacidad de cada uno de los sectores sociales.

Basta analizar algunos renglones de consumo como licores y cervezas, cigarrillos y espectáculos públicos, loterías y el cnco y seis, para deducir cómo no es cierto que las clases pJpulares no pueden vincular pequeños patrimonios al ahorro. Be otro lado, las estadísticas sobre depósito de ahorro en los mncos, Caja de Crédito Agrario y cajas particulares, demues­tian cómo de 1954 a 1958 los ahorros populares han ascen­dido de 2 61 millones a 517 millones de pesos.

Es natural que el ahorro popular no haya aumentado en forma más amplia, ya que el país no tiene instrumentos ade­cuados para estimularlo. Pero son muchos los procedimientos q:.1e podrían estudiarse para emprender esta campaña adicio­nal de estímulo al ahorro, con el ánimo de hacer cada día más propietarios, de defender los patrimonios familiares y de chrle oportunidades a la gente para que vincule sus esfuerzos a: desarrollo nacional, no sólo como trabajadores asalariados, sino también como accionistas y como pequeños propietarios.

¿Por qué las industrias no empiezan a estudiar, al igual que idearon las cajas de subsidio, amplios planes financieros rara "democratizar las acciones industriales" dando facilida­cES de pago y estímulos a los trabajadores que quieran vincu­l~r pequeños patrimonios en las propias empresas? ¿Por qué m es posible ampliar los sistemas de cédulas de capitalización para que la gente en más amplia escala ofrezca sus ahorros a la empresa de construcción de viviendas populares con la ayuda del Estado?, y ¿por qué no es posible ensayar en las enpresas mismas la creación de fondos mutuos constituídos p:>r el aporte de la empresa y de los trabajadores, ya ensa­yado con éxito en otros países, que tienen por objeto utilizar el ahorro de los trabajadores en el desarrollo de la propia em­p-esa o de otras, dándoles estímulo a los trabajadores que ¡:erseveren en sus esfuerzos de ahorro y de estabilidad en el tabajo?

¿Por qué es imposible que el Estado también participe en ete proceso por medio de la emisión de bonos populares a los

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que se les asegure un buen rendimiento, se les preserve de la desvalorización y su producto se destine a obras importantes de carácter social, como la vivienda popular?

¿Acaso no es factible también estudiar nuevos sistemas por los cuales la batalla de los trabajadores por mejores sa­larios no se traduzca, por falta de instrumentos adecuados para impedirlo, en aumento simplemente monetario que, al presionar fuertemente la demanda de bienes y servicios, dan auge al problema inflacionario?

¿Y por qué, sobre la base de una equitativa distribución del ingreso nacional entre el capital y el trabajo, y con miras a defender el salario real para el trabajador, y a la vez estimu­lar el ahorro popular y hacer cada día más propietarios, no es posible idear sistemas por medio de los cuales una parte de los salarios nominales que hoy recibe el trabajador se le pague en títulos de ahorro para vivienda o en acciones de fondos de inversión de las empresas?

PAPEL DE LA POLITICA FISCAL EN EL DESARROLLO

El Estado tiene un papel fundamental qué desempeñar en la tarea del desarrollo a través de su política fiscal, presu­puesta! y tributaria. El Presupuesto ha llegado a ser el más ágil instrumento de intervención del E stado para controlar la inflación o para evitar depresiones inconvenientes en la economía. El gasto público, según su destinación, puede im­pulsar el desarrollo del país cuando se fortalecen los renglones de inversión en bienes de capital social o en el mejoramiento de los servicios públicos, o ser causante de aumento de precios, de retroceso en el desarrollo, cuando parte creciente de él se dedka a fines de consumo.

En el mismo sentido, la deuda pública y la política tribu­taria tienen decisiva influencia en el proceso de desarrollo económico del país. Es innegable que cuando la deuda pública se aumenta a base de préstamos del Banco Emisor, por care­cer el país de un mercado de capitales capaz de absorber los papeles del Estado, o cuando la deuda pública se aumenta para financiar gastos de consumo, esta política está contribu­yendo de manera definitiva a la inestabilidad monetaria y al desequilibrio económico. Y un sistema tributario que se exce­da en la capacidad de tributación del país, y que busque exclusivamente arbitrar nuevos recursos para pagar gastos de

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un Estado mal administrado, tiene forzosamente que contri­buír al retroceso en el desarrollo económico, pues el impuesto no significa otra cosa que una transferencia del sector privado al sector público, que cuando no es bien invertida desalienta la inversión y limita las posibilidades de hacerlo por parte del sector privado.

SANEAMIENTO FISCAL

El Gobierno no puede presentar a la opinión pública re­sultados satisfactorios en relación con la política fiscal y pre­supuesta!, y únicamente ha iniciado un difícil proceso para sanear esa política que, como todos los otros renglones de la economía, sufrió el impacto del proceso inflacionario y del desbarajuste administrativo de los últimos años. La opinión debe conocer con certeza la situación fiscal del país y darse cuenta que en ella puede radicar el principal problema para conseguir la estabilidad económica que estamos persiguiendo, y que es urgente e imprescindible concentrar todos los esfuer­zos para lograr bases más sólidas en materia de gastos públicos y de tributación.

El primer empeño del Gobierno en materia de Presu­puesto ha sido sanear el balance del Tesoro Nacional en estrecha coordinación con la Contraloría General de la Repú­blica, y hacer figurar en la cuentas nacionales todas las deudas que se manejaban fuera de presupuesto. La Contraloría ha hecho arreglos contables por valor de 90 millones de pesos, que representan déficits escondidos de vigencias anteriores y que redujeron el superávit fiscal de 1958 a 18 millones de pesos, cuando el superávit de ejecución realmente ascendió a 108 millones. También figurarán públicamente otras cuan­tiosas partidas, como las de 25 millones de pesos, último saldo de los destroyers; las deudas provenientes de la financiación de la Termoeléctrica de Boyacá; más de 3 y medio millones de dólares del contrato para la importación al país de una fábrica de papel, obligaciones que se han venido amortizando pero que pesarán duramente en las próximas vigencias fiscales.

EJECUCION FISCAL Y DEFICIT

Se ha venido conjeturando que en la ejecución presu­puesta! de 1959 el Estado liquidará un déficit aproximado

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de 300 millones de pesos. ·Es cierto que tenemos muchas difi­cultades en la ejecución fiscal de esta vigencia por cuanto la desaparición del superávit de 1958 que el Gobierno, de acuer­do con el Parlamento, tenía destinado a saldar deudas que no habían sido debidamente registradas en el Presupuesto, nos ha impedido atender en su oportunidad esas deudas. Pero la situación fiscal no es tan catastrófica.

Incluyendo la deuda de los destroyers, por 25 millones de p esos, y la deuda de maquinaria de papel, que aunque puede n o pagarse, debe apropiarse, aspiramos a liquidar la Ejecución del Presupuesto de este año con déficit no mayor a los 70 millones, no obstante que se han financiado nuevos créditos por valor de 318 millones, hasta el momento, destinados, entre otros, a los siguientes renglones :

Cien millones de pesos para las campañas de rehabilita­ción de los Departamentos azotados por la violencia, en desarrollo de las autorizaciones de la Ley 1 fil de este año.

Cincuenta millones para mejorar asignaciones y aumentar las fuerzas de policía en 7.200 hombres, ante la solicitud unánime del pa ís y la precaria seguridad de los ciudadanos en las ciudades y campos. La Policía Nacional tenía antes del aumento un pie de fuerza igual al del año de 1942.

Cuarenta y dos millones de pesos para impulsar la construcción del ferrocarril del Magdalena y asegurar su terminación a fines del año entrante, de acuerdo con recomen­daciones del propio Banco de Reconstrucción y Fomento.

Diez y siete millones y medio de pesos para terminar la ampliación de la Fábrica de Soda de Betania.

Tres millones de pesos para las universidades seccionales. Revisión de asignaciones del personal de las Fuerzas Ar­

madas, la Jefatura de Rentas y las Aduanas y otras depen­dencias.

Pero estos gastos no se han financiado con emisiones del Banco de la República, pues más de 100 millones han co­rrespondido a la cancelación de reservas, recursos de contra­créditos, nuevas rentas, producto del superávit fiscal de la vigencia pasada y recortes en gastos, en desarrollo del decreto de austeridad. Hemos utilizado recursos de crédito tales como 30 millones de Ecopetrol para la financiación del ferrocarril del Magdalena y bonos de salinas por 1 7 millones, que serán amortizados con el propio producto de las salinas; y 110 mi­llones de pesos provenientes de la venta de dólares del empréstito internacional, que sobraron de la financiación ca-

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fetera ordenada por la Ley 1 <ii de este año para fine~ de rehabilitación. No podemos negar que pese a los esfuerzos realizados, el Gobierno necesitó utilizar de su cupo de 12 O millones de pesos en el Banco de la República, la suma de 2 S millones.

A estas dificultades de orden fiscal debe agregarse el hecho de que el Estado tiene en su haber un debido cobrar de 163 millones de pesos por concepto de impuestos no recaudcdos, que ha sido una de las causas determinantes para tener que recurrir a empréstitos, por dificultades de tesorería. Este debido cobrar se ha acumulado por deficiencias notabl~ en la organización administrativa y técnica de la Jefatura de Rentas que estamos en camino de corregir. La Jefatura en realidad tiene acumulados 18.000 expedientes porque no con­taba con elementos t écnicos ni personal suficientes para tra­mitar con rapidez el inmenso volumen de liquidaciones y reclamos. Tenemos fundadas esperanzas de que la nueva cota­ción de la Jefatura, en personal y elementos, nos permitirán reducir el debido cobrar y hacer durante este año una r~au­dación completa de las liquidaciones, de modo que cerrrmos las posibilidades de acudir por dificultades de tesorerá al cupo del Banco de la República.

DETERIORO DE LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL

No obstante estos hechos, que sugieren cierta modera­ción del problema fiscal, el Gobierno tiene que reconocer que la situación es difícil y será aún más difícil para los años futuros, si no se adoptan medidas de fondo para soluci::mar el problema que tan gravemente amenaza la estabilidad mo­netaria, principalmente por tres causas:

En primer lugar, porque el Presupuesto está afectado por altos gastos de orden público y amortización de la muda interna. Estos renglones no ascienden a menos de 700 milbnes de pesos, o sea a casi la mitad del Presupuesto. El país está amortizando anualmente entre 250 y 300 millones de pesos por deuda pública; y, no obstante los esfuerzos del Goberno, hasta el momento no ha sido posible reducir el gasto de crden público.

En segundo lugar, la desvalorización sufrida por la mmeda ha disminuído notablemente el gasto real del Estadq no obstante su aumento en cifras monetarias. Ponderando elPre- ·

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supuesto de 1953 y el de 1959, por el índice de desvalori­zación monetaria, encontramos la alarmante realidad de que el Presupuesto actu al es escasamente superior al Presupuesto con que contaba el país en 1953.

Y en tercer lugar, el desarrollo económico del país y el crecimiento de la población imponen al Estado in­versiones forzosas en bienes de capital social para atender a múltiples necesidades en campos como el de la educación, la salud y la vivienda, cada día crecientes y que reclaman de modo urgente la debida atención del Gobierno.

A medida que el país avance en su pacificación y esta­bilidad política será posible reducir el gasto de orden público, y también hacer mayores recortes, por medio de una reorgani­zación de la estructura administrativa del Estado, que no se logra en poco tiempo y de manera improvisada, sino mediante el trabajo metódico que viene realizando la Comisión de Re­forma Administrativa, que tiene por fin precisamente buscar métodos adecuados p ara mejorar los servicios públicos, tec­nificar la administración y hacerla más eficiente y económica.

El Presupuesto para 1960 será presentado al Congreso con la evidencia clara de que los gastos que se están realizando, los compromisos pendientes y las nuevas necesidades del país, no podrán financiarse con los actuales recursos. En estrecha colaboración con el Congreso vamos a estudiar la posibilidad de adelantar algunas inversiones públicas como el ferrocarril del Atlántico, proyectos de electrificación, etc., con recursos de crédito externo, siempre y cuando puedan financiarse in­ternamente con ahorro nacional, y sin recurrir a préstamos del Banco Emisor. Igualmente, con el Congreso se estudiará la Reforma Tributaria que será presentada a las sesiones ordi­narias del Parlamento y a través de cuya discusión habrá oportunidad de medir con precisión su incidencia fiscal.

Por estas razones, el Gobierno no vacila en advertir a la opinión nacional que es necesario darle más solidez a la po­lítica tributaria y de gastos públicos, a menos que, tal como ha venido sucediendo, la falta de recursos no inflacionarios por parte del Estado siga siendo la principal causa del desa­juste económico y de la desvalorización monetaria.

LA REFORMA TRIBUTARIA

Los gremios del capital han venido insistiendo de tiempo atrás sobre la urgencia de aliviar la carga tributaria, ins-

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pirados en la tesis de que el actual sistema impositivo desalien­ta la inversión y ha determinado, debido especialmente al g~avamen impuesto a las sociedades y a los dividendos, el retraso en el desarrollo de la sociedad anónima, que es sin duda alguna el mejor instrumento para la capitalización del país.

El Gobierno no desconoce que el actual sistema tributario adolece de muchas fallas de carácter técnico y económico; y por esta razón ha presentado a la consideración del Congreso un proyecto de estatuto que trata de corregirlas. Pero en el fondo del importante debate, que ha promovido la presenta­ción del Estatuto Tributario, hay una cuestión de principio que es la que en esta oportunidad debemos examinar, sin necesidad de entrar al análisis de disposiciones particulares.

Los gremios del capital están sosteniendo la tesis central de que la reforma tributaria debe tender fundamentalmente a aminorar las cargas que representan el gravamen a las sociedades y el gravamen a los dividendos, que consideran doble tributación, para que los empresarios puedan adelantar la capitalización del país por medio de mayores inversiones. La tesis es lógica dentro del criterio que inspira a sus pro­pugnadores: a una menor carga tributaria sobre las empresas y los individuos de altos ingresos, corresponderá una mayor capacidad de ahorro y, por lo tanto, de nuevas inversiones. A estos argumentos se agregan otros de carácter histórico sobre la forma como se desarrollaron los países hoy altamente in­dustrializados, y se arguye aún la tesis, más sugestiva, de que si el Estado patrocinara una liberación fundamental de la carga tributaria, en breve término podría cosechar los frutos óe una economía expandida, de altos ingresos, que podría entonces sí darle al Estado pingües tributos.

Hace ciento cincuenta años estos postulados eran la pa­nacea, cuando el Estado no tenía funciones distintas a las de conservación del orden público y la administración de justicia. Pero tal vez hoy ellas no resisten ningún análisis técnico, ni encuentran respaldo en ninguna doctrina económi­ca. La verdad es que la concepción del sistema capitalista ha evoh.:cionado muchísimo de su programación original, no pre­cisamente en su detrimento, sino para vigorizarlo, para hacer más :>perantes, en bien de la comunidad, la empresa privada y la ~ibertad económica. El papel del Estado en la vida eco­nómi:a se ha robustecido con nuevas e imprescindibles respcnsabilidades : la dirección de la moneda, el mantenimien-

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to del empleo, el equilibrio de la balanza de pagos, la distribu­ción equitativa del ingreso nacional, la asistencia pública, y en no menor escala la promoción del desarrollo económico con base en cuantiosas inversiones en bienes de capital social.

Colombia no es una excepción a esta evolución doctrinaria, y no puede argüírse que su situación de país subdesarrollado es diferente a la de los desarrollados, en los cuales sí son ope­rantes las funciones que la nueva concepción le asigna al Estado en el campo económico. Por el contrario, en los países subdesarrollados el Estado utiliza eficaces herramientas para promover el desarrollo y para garantizar que éste sea estable y ordenado. ¿Qué otra cosa es un arancel aduanero, una política de importaciones selectivas, el control del crédito?

En este mismo orden de ideas, el régimen de impuestos es quizá el más adecuado instrumento de intervención estatal, para impulsar el desarrollo. Mediante él, el Estado arbitra recursos para construír vías de comunicación, hidroeléctricas, desarrollar campañas de drenaje y regadío de tierras, y atender las innumerables funciones que le competen en el campo de la salud, de la educación, de la vivienda, de los servicios públicos para la comunidad. A la vez el instrumento tributario tiene la función específica de evitar injustos desequilibrios en la distribución de la riqueza.

Una deficiente tributación no trae consigo cosa distinta al retraso del desarrollo del país, por la imposibilidad en que está el Estado de complementar las inversiones privadas me­diante el impulso a las inversiones de bienes de capital básico, sin las cuales no se desarrolla país alguno. O puede generar un proceso inflacionista, como el colombiano, cuando por falta de recursos apropiados, el Estado, al cual la comuni­dad no le disminuye sus responsabilidades y le exige amplios programas de fomento, mejores servicios públicos, conserva­ción del orden, más escuelas y puestos de salud, más fomento municipal, tiene que recurrir a las emisiones para atender a estos gastos imprescindibles.

El proyecto oficial apoya firmemente la capitalización y desarrollo de las empresas con medidas como las siguientes: incentivos económicos para las sociedades que produzcan o utilicen materias primas nacionales y para las sociedades que se ocupen en industrias básicas; exención a las reservas de protección y recuperación de activos, equivalente al 15 o/o de las utilidades netas comerciales; eliminación de la cascada tributaria; elevación de los límites de las deducciones por

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sueldos para altos empleados; exenciones para los patrimo­nios y rentas pequeñas vinculados a la sociedad anónima; y supresión del impuesto complementario de patrimonio a las sociedades anónimas y en comandita por acciones.

Pero de otro lado, el proyecto afianza el concepto de que las personas deben contribuír de acuerdo con su capacidad, que se deben gravar las inversiones suntuarias y el patrimonio inactivo en propiedad raíz de las zonas suburbanas e iniciar el proceso de gravar las rentas ocasionales, fuera de aliviar la carga tributaria a las personas de bajos ingresos y especial­mente las rentas de trabajo. Pero además, propugna'Tlos porque se revise la posición privilegiada de un vasto sector de la comunidad que se siente exonerado de pagar tributos, como el sector ganadero, y se controle la evasión tributaria que está representando el refugio del capital en la sociedad de responsabilidad limitada, que hoy ya no es una sociedad de personas sino de capital, que no debe tener tan grandes diferencias en materia tributaria en relación con la sociedad anónima.

Al Congreso serán llevados detallados estudios sobre la incidencia fiscal del nuevo proyecto que no deberá ser nece­sariamente más oneroso que el actual, si puede ampliarse la base de la tributación, ya que hoy sólo tributan 2 50.000 per­sonas, y si se cierran las puertas de la evasión, mediante el mejoramiento de los sistemas de recaudo, y se impone a todos los colombianos un impuesto que realmente consulte su verda­dera capacidad tributaria.

MEDIDAS CAMBIARlAS

No quiero terminar esta exposición, sin referirme breve­mente a algunos aspectos de la política monetaria y cambiarla. N a da indica que el país pueda iniciar el proceso de liberación de sus controles monetarios y cambiarlos. Es cierto que hemos logrado avances ampliamente satisfactorios, pero la situación requiere permanente vigilancia. Los medios de pago ascen­dieron en el semestre pasado en cerca de 260 millones de pesos, y el nivel de precios marca también un aumento de 6 puntos, que aunque no es excesivo, sí demuestra cómo, si no se mantienen con severidad los instrumentos de control, podemos entrar de nuevo en un período de desequilibrio y de inestabilidad.

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Especialmente la situación cambiarla requiere especial atención, y el Gobierno, el Banco de la República y el Consejo de Política E conómica, acaban de tomar algunas medidas ten­dientes a reducir los registros de importación que vienen acusando un promedio de 2 9 millones de dólares por mes, en relación con 23 millones en 1958.

Parece paradójico que el Gobierno tome esta clase de m edidas cuando todos los signos de recuperación parecen ha­lagüeños; reservas por más de 190 millones de dólares, exportaciones cafeteras normales y panorama relativamente despejado en el mercado cafetero durante los próximos tres meses. Pero la realidad es que el país no puede dejarse llevar por el entusiasmo de unas cifras, y olvidar que el desequilibrio de la balanza de pagos es profundo.

Gracias a l superávit de la balanza comercial en los meses anteriores, pudimos liberar un poco las importaciones y comprometernos en registros de importación por más de US$ 30.000.000, por encima de los niveles del año pasado, y que segur amente fueron bien aprovechados en la reposición de equipo de transporte, mejoramiento de los inventarios de materias primas, y, en general, en artículos esenciales, sin dejar de mencionar la importación de bienes de capital para el desarrollo industrial.

Pero debemos regresar a los niveles de 25.000.000 de dó­lares por mes, como medida de elemental prudencia. El país no puede olvidar que el total de las amortizaciones de deuda externa que debe hacer este año monta 103 millones de dó­lares, ni que estamos en plena crisis cafetera, y que no es posible mantener volumen artificial de importaciones, sin poner en peligro la estabilidad de la balanza, las perspectivas de los nuevos empréstitos y la propia estabilidad monetaria.

Las medidas dictadas consisten en aumentar los depósitos de importación al 130o/o para las mercancías que hoy deben depositar un 100%, y en prorrogar por treinta días la devo­lución de los nuevos depósitos para todas las importaciones.

Este procedimiento de restricción de importaciones lo han considerado los directores de la economía el más aconsejable, porque fuera de no implicar aumento de costos sino en mínimo porcentaje, produce el doble efecto de desalentar las impor­taciones y de frenar el crecimiento de los medios de pago.

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Señor doctor Ortiz Rodríguez :

En nombre del señor Presidente de la República y del Gobierno Nacional, presento a la Asamblea de Industriales y a cada uno de sus delegados un atento saludo, y formulo votos porque sus conclusiones sea.~.-¡ fecundas para el país, que lenta pero seguramente avanza en el camino de su recupera­ción institucional y económica, y que no dudamos saldrá victorioso de esta grave crisis, si todos pensamos en el bien común, renunciamos al egoísmo y estrechamos los lazos de la solidaridad social.

Cordialmente invito al gremio industrial colombiano a seguir sirviendo con indeclinable lealtad al progreso del país y a sus instituciones democráticas.

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