RECURSO DE REVISIÓN RECURRENTE: TERESA ......RECURSO DE REVISIÓN RECURRENTE: TERESA ADRIANA VALLEJO DIOSDADO ENTE PÚBLICO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO EXPEDIENTE: RR.1505/2011 Calle

RECURSO DE REVISIÓN

RECURRENTE: TERESA ADRIANA VALLEJO DIOSDADO

ENTE PÚBLICO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

EXPEDIENTE: RR.1505/2011

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal.

Teléfono: 56 36 21 20

En México, Distrito Federal, a doce de octubre de dos mil once.

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.1505/2011,

relativo al recurso de revisión interpuesto por Teresa Adriana Vallejo Diosdado en

contra de la Delegación Azcapotzalco, se formula resolución en atención a los

siguientes:

R E S U L T A N D O S

I. El primero de agosto de dos mil once, a través del sistema electrónico INFOMEX y

con el folio 0402000099811, la particular requirió, en medio electrónico gratuito:

“… información de la nomina del personal que labora en el curso de verano 2011, en todas sus sedes, quien está a cargo de todo el programa, quien es el responsable o coordinador en cada una de las sedes, cuánto dinero se destina para este curso, el perfil de cada profesor y monitor que participa, y el programa que se presento para hacer autorizado este curso.

Datos para facilitar su localización dirección de desarrollo social, dirección del deporte. …” (sic)

II. El quince de agosto de dos mil once, a través del sistema electrónico INFOMEX, el

Ente Público notificó el oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2097/2011, de la misma

fecha, que contuvo la respuesta siguiente:

“… Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección General de Administración de este Órgano Político Administrativo. …” (sic)

Al oficio de mérito, el Ente Público adjuntó las siguientes documentales:



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Copia simple del oficio número DGA/1647/2011, del nueve de agosto de dos mil once, dirigido a la Jefa de la Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos, suscrito por el Director General de Administración, del Ente Público, del cual se desprende lo siguiente.

“… Al respecto, se anexan la relación de personal que laboró en los cursos de verano 2011 del: -Deportivo Azcapotzalco. -Deportivo 20 de Noviembre. -Deportivo Coltongo. -Deportivo Xochinahuac. -Parque Azcatl Paqui -Deportivo Victoria de las Democracias. -Sala de Arte Femando Montes de Oca. -Centro Cultural Nahui Ollin. -Bibliotecas. -Centro Cultural y Recreativo Tezozomoc. -Casa de Cultura y Jardín Recreativo “José María Morelos y Pavón” -Centro Cultural Ambiental “La Hormiguita”. …” (sic)

Relación de personal que laboró en el Curso de Verano dos mil once en la Sala de Arte Fernando Montes de Oca.

Relación de personal que laboró en el Curso de Verano dos mil once en el Centro de Cultura Nahui Ollin.

Relación de personal que laboró en el Curso de Verano dos mil once en las Bibliotecas.

Relación de personal que laboró en el Curso de Verano dos mil once en el Centro Cultura y Recreativo Tezozomoc.

Relación de personal que laboró en el Curso de Verano dos mil once en la Casa de Cultura y Jardín Recreativo “José María Morelos y Pavón”.

Relación de personal que laboró en el Curso de Verano dos mil once Centro Cultural Ambiental “La Hormiguita”.



Teléfono: 56 36 21 20

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Relación de personal que laboró en el Curso de Verano dos mil once en el Deportivo Azcapotzalco.

Relación de personal que laboró en el Curso de Verano dos mil once en el Deportivo 20 de Noviembre.

Relación de personal que laboró en el Curso de Verano dos mil once en el Modulo Deportivo Coltongo.

Relación de personal que laboró en el Curso de Verano dos mil once en el Deportivo Xochinahuac.

Relación de personal que laboró en el Curso de Verano dos mil once en el Parque Azcatlpaqui.

Relación de personal que laboró en el Curso de Verano dos mil once en el Deportivo Victoria de las Democracias.

III. El diecisiete de agosto de dos mil once, la particular presentó recurso de revisión

expresando inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,

medularmente porque no recibió toda la información solicitada, como lo es el perfil del

personal que participa, donde se genera el presupuesto y el nombre del coordinador de

cada una de las sedes, ni el programa o proyecto que se autorizó para este curso.

IV. El veintidós de agosto de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo

de este Instituto, admitió a trámite el recurso de revisión, acordando las constancias de

la gestión realizada en el sistema electrónico INFOMEX a la solicitud de información.

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ordenó requerir al

Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado.



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V. El treinta y uno de agosto de dos mil once, el Ente Público rindió el informe de ley

que le fue requerido a través del oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/2270/2011, del

veintinueve de agosto de dos mil once, en el que se señaló lo siguiente:

La información proporcionada contiene los datos que satisfacen los cuestionamientos planteados, ya que la información brindada, hoja por hoja, indican que curso de verano avalan, la sede de cada curso, categoría o actividad de los trabajadores contratados y/o instructores o monitores, quien autorizó y supervisó cada curso, el centro generador de tales recursos y el importe dado a cada persona contratada con lo que se advierte que la falta de claridad que afirma la recurrente es, en evidencia plena, improcedente como agravio por carecer de la debida motivación, consecuentemente, la obligación de brindar respuesta a la solicitud se tuvo por cumplida desde el momento de enviársela a la recurrente y notificársela por el medio indicado.

Al tratarse de trabajadores temporales, no requieren cubrir ningún perfil pues su contratación se sobreentiende que es temporal y, de igual forma, no requieren traer ningún programa que debe aprobarse para ser contratados para los cursos de verano.

VI. El dos de septiembre de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo

de este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley del Ente Público.

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ordenó dar vista a la recurrente

con el informe de ley presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

VII. Por acuerdo del diecinueve de septiembre de dos mil once, la Dirección Jurídica y

Desarrollo Normativo de este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo concedido a

la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley, sin que lo hiciera, por lo

que se declaró precluído su derecho para tal efecto.



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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, otorgó un plazo

común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos.

VIII. Mediante acuerdo del veintiocho de septiembre de dos mil once, la Dirección

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo

concedido a las partes para formular sus alegatos por escrito, sin que hicieran

consideración al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto.

Finalmente, decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de

resolución correspondiente.

En razón de haber sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y

que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, que se

desahogan por su propia y especial naturaleza, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Distrito Federal es competente para resolver el presente recurso de

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones

II, XXI y XLIV, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal el veintiocho de marzo de dos mil ocho; 2, 3, 4, fracción IV, 12, fracciones I y

XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior.



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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo del presente medio de impugnación, este

Instituto estudia oficiosamente las causas de improcedencia referidas en la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por tratarse de

una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en la

Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada en la página 553 del Tomo VI

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995

que a la letra señala:

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.

Analizadas las constancias integradas al presente recurso de revisión no se observa

que el Ente Público haya hecho valer causal de improcedencia alguna y este Órgano

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho estudiar el fondo del presente recurso

de revisión.

TERCERO. Realizado el estudio de las constancias integradas al expediente en que se

resuelve, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta

impugnada, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la recurrente

y, en su caso, si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Distrito Federal.



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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente

Público de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y,

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Distrito Federal, en uno independiente.

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la litis planteada y lograr claridad en el tratamiento del

tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud, la respuesta del Ente

Público y los agravios manifestados de la solicitante de la forma siguiente:

Solicitud de información Respuesta del Ente Público Agravio

En relación a los cursos de verano 2011:

Tablas con el nombre completo de los instructores, categoría o actividad, centro

generador, número de cheque e importe a pagar, respecto del personal que laboró en los curso de verano impartidos en la sedes siguientes: - Deportivo Azcapotzalco. - Deportivo 20 de Noviembre. - Deportivo Coltongo. - Deportivo Xochinahuac. - Parque Azcatl Paqui. - Deportivo Victoria de las Democracias. - Sala de Arte Femando Montes de Oca. - Centro Cultural Nahui Ollin. - Bibliotecas. - Centro Cultural y Recreativo Tezozomoc. - Casa de Cultura y Jardín Recreativo “José María Morelos y Pavón”.

- Centro Cultural Ambiental “La Hormiguita”.

ÚNICO. No recibió toda la

información solicitada, como lo es:

1. Nómina del personal que labora en los cursos, por cada sede.

2. Quien está a cargo de todo el programa.

3. Quien es el responsable o coordinador en cada una de las sedes.

- Nombre del coordinador de cada una de las sedes.

4. Cuánto dinero se destina para este curso.

5. Perfil de cada profesor y monitor que participa.

- El perfil del personal que participa.

6. Programa que se presentó para autorizar el curso.

- El programa o proyecto que se autorizó para este curso.

- Donde se genera el presupuesto.

Los datos señalados se desprenden del “Acuse de solicitud de acceso a la información

pública”, de las documentales generadas por el Ente Público como respuesta a la

solicitud y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, todas del sistema electrónico

INFOMEX, respectivamente.



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Dichas documentales son valoradas conforme lo dispuesto por los artículos 374 y 402

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a

la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis Jurisprudencial

sustentada por el Poder Judicial de la Federación:

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: III, Abril de 1996 Tesis: P. XLVII/96 Página: 125 PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis.

Ahora bien, atento a que en la solicitud de información la particular requirió los puntos

identificados en el presente fallo con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente,

este Órgano Colegiado considera oportuno señalar que del análisis realizado a las

constancias del expediente, se advierte que la recurrente no manifestó inconformidad



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alguna en contra de la atención brindada a los conceptos 1, 2 y 4, motivo por el cual se

entiende que se encuentra satisfecha con la forma en que fueron atendidos.

Por tal razón, el estudio de dichos conceptos queda fuera de la presente controversia,

sirviendo de apoyo al anterior razonamiento, la Jurisprudencia y Tesis Aislada que se

citan a continuación:

No. Registro: 204,707 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995 Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.

No. Registro: 219,095 Tesis aislada Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito



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Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX, Junio de 1992 Tesis: Página: 364 CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.



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Por lo antes expuesto, es evidente que la resolución se constriñe a revisar la legalidad

de la respuesta recaída a la solicitud de acceso a la información, únicamente por lo que

respecta a los conceptos de información identificados en el presente fallo (para fines

prácticos) con el numeral 3, 5 y 6, los cuales denotan el interés de la solicitante por

conocer respecto de los cursos de verano dos mil once: Quien es el responsable o

coordinador en cada una de las sedes (3), el perfil de cada profesor y monitor que

participa (5) y el programa que se presentó para autorizar el curso (6)

En su informe de ley el Ente Público defendió la legalidad de la respuesta impugnada

bajo el argumento de que la información proporcionada contiene los datos que

satisfacen los cuestionamientos planteados, ya que, hoja por hoja, indican que curso de

verano, la sede de cada curso, categoría o actividad de los trabajadores contratados y/o

instructores o monitores, quien autorizó y supervisó cada curso, el centro generador de

tales recursos y el importe dado a cada persona contratada con lo que se advierte que

la falta de claridad que afirma la recurrente es improcedente como agravio por carecer

de la debida motivación.

Asimismo, manifestó que al tratarse de trabajadores temporales, no requieren cubrir

ningún perfil, pues su contratación se sobreentiende que es temporal y, de igual forma,

no requieren traer ningún programa que deba aprobarse para ser contratados para los

cursos de verano.

Respecto de éstas últimas manifestaciones, contenidas en el párrafo que antecede, y

después de haber analizado las documentales integradas al expediente en que se

resuelve, específicamente el “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información

pública”, así como el oficio de respuesta a éste y sus anexos, este Órgano Colegiado



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advierte que es evidente que a través del informe de ley, además de defender la

legalidad de la respuesta impugnada, el Ente Público pretendió ampliar y mejorar la

respuesta emitida con motivo de la solicitud de información que dio origen al presente

medio de impugnación, exponiendo motivos adicionales a los vertidos en la respuesta

primigenia.

Al respecto, es necesario aclarar al Ente Público que el informe de ley no es la vía para

mejorar, ampliar o adicionar la respuesta correspondiente al requerimiento de la

particular, sino por el contrario, únicamente es un medio para defender la legalidad de la

misma en los términos en que fue notificada al particular, exponiendo sus razones y

fundamentos por los cuales la emitió.

Ahora bien, atendiendo a los agravios manifestados por la recurrente, en relación con el

punto 3 respecto al nombre del coordinador de cada una de las sedes, del estudio al

contenido de cada una de las relaciones de personal que laboró en las sedes,

proporcionadas por el Ente Público y que obran en el expediente, se advierte lo

siguiente:

Las documentales correspondientes a la Sala de Arte Femando Montes de Oca, al Centro Cultural Nahui Ollin, a las Bibliotecas, al Centro Cultural y Recreativo Tezozomoc, a la Casa de Cultura y Jardín Recreativo “José María Morelos y Pavón” y al Centro Cultural Ambiental “La Hormiguita”, fueron suscritas por Kena Murayaes Ogazon Directora de Educación y Cultura, como “RESPONSABLE DEL CURSO DE VERANO”, como se advierte en la imagen siguiente:



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Las documentales correspondientes al Deportivo Azcapotzalco, al Deportivo 20 de Noviembre, al Deportivo Coltongo, al Deportivo Xochinahuac y al Parque Azcatl Paqui, fueron suscritas por Joel Sánchez Guerrero Director de Deporte, como “RESPONSABLE DEL CURSO DE VERANO”, como se advierte en la imagen siguiente:

De la documental correspondiente al Deportivo Victoria de las Democracias no se advierte quien fungió como responsable de dicho curso de verano.

Por lo anterior, es claro que el punto 3 de la solicitud de información no fue atendido de

manera exhaustiva, pues el Ente recurrido no emitió pronunciamiento respecto de quién

fungió como responsable del curso de verano impartido en el Deportivo Victoria de las

Democracias.

Respecto de los puntos 5 y 6 consistente en el perfil de cada profesor y monitor que

participa y el programa que se presentó para autorizar el curso.de las documentales

que conforman la respuesta en estudio [ahora recurrida], no se advierte

pronunciamiento por parte del Ente Público en relación a dichos requerimientos de

información.



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Cabe precisar que, aún cuando el Ente Público en dicho informe de ley haya

manifestado que por tratarse de trabajadores temporales, no requirió cubrir ningún perfil

y que para los cursos de verano, no se requirió la aprobación de programa alguno;

dichas manifestaciones debió haberlas hecho del conocimiento de la solicitante en la

respuesta impugnada. Por lo anterior, este Instituto estima que la atención brindada a la

solicitud de información no fue exhaustiva.

Por lo anterior, se incumplió el principio de exhaustividad contenido en el artículo 6,

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación

supletoria a la ley de la materia, que a la letra dice:

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: … X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. …

Del precepto trascrito, se advierte que todo acto de autoridad debe cumplir con el

principio de exhaustividad, entendiendo por ello, el que se pronuncie expresamente

sobre cada uno de los puntos solicitados, es decir, que las respuestas atiendan de

manera puntual, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en el

caso concreto no ocurrió.

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la

siguiente Jurisprudencia:

Novena Época Registro: 178783



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Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 33/2005 Página: 108 CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco.

Asimismo, se concluye que la respuesta en estudio no cumplió con los principios de

legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad,

que deben atender los entes públicos al emitir actos relacionados con el ejercicio del

derecho de acceso a la información de los particulares, lo anterior de conformidad con



Teléfono: 56 36 21 20

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lo ordenado por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Distrito Federal.

Ahora bien, respecto a que el Ente Público no proporcionó la información

correspondiente a “donde se genera el presupuesto”, se estima pertinente resaltar que,

del estudio íntegro efectuado por este Órgano Colegiado a la solicitud de información,

se concluye que dicho requerimiento no formó parte de los inicialmente planteados en

ésta.

Al respecto, se debe enfatizar a la recurrente que las respuestas proporcionadas por los

entes públicos deben analizarse a la luz de las solicitudes que les fueron formuladas,

pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y acceso a la

información pública es el de verificar la legalidad de las respuestas de los entes

públicos, en los términos en que fueron hechas a los particulares, pero siempre

atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud original.

Lo anterior es así, pues de permitir a los particulares variar sus solicitudes de

información al momento de impugnar la respuesta a las mismas mediante el recurso de

revisión, se dejaría al Ente Público en estado de indefensión puesto que se le obligaría

a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones no planteadas en la solicitud inicial.

Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por el Poder Judicial de la

Federación transcritas a continuación, aplicados por analogía al presente caso:

Registro No. 167607 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta



Teléfono: 56 36 21 20

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XXIX, Marzo de 2009 Página: 2887 Tesis: I.8o.A.136 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández.

No. Registro: 191,056 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Octubre de 2000 Tesis: 1a./J. 26/2000 Página: 69



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AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas

Conforme a todo lo expuesto, este Instituto estima parcialmente fundado el agravio

manifestado por la recurrente, debido a que, como ha quedado demostrado, el Ente

Público no fue exhaustivo al atender la solicitud de información con folio

0402000099811, motivo del presente recurso de revisión.

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 82,

fracción III, y penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Distrito Federal, se modifica la respuesta impugnada, y se ordena al Ente

Público que emita una nueva, debidamente fundada y motivada, en la que:



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I. Proporcione el nombre del responsable del curso de verano impartido el

Deportivo Victoria de las Democracias.

II. Atienda de manera categórica los requerimientos de información identificados

con los numerales, 5 y 6.

Lo anterior, con el objeto de garantizar el efectivo derecho de acceso a la información

de la recurrente.

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá ser notificada a la

recurrente en el medio señalado para tales efectos, en un plazo de tres días hábiles,

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación

correspondiente.

QUINTO. Este Instituto no advierte que, en el caso que nos ocupa, los servidores

públicos del Ente Público hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:

R E S U E L V E

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de este fallo, y con

fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta emitida por el Ente



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Público, y se ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos

establecidos en el Considerando referido.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Público informe a este

Instituto por escrito el cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo anterior, dentro de

los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución anexando

copia de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar

cumplimiento dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la

ley de la materia.

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, segundo párrafo de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la

recurrente que en caso de inconformidad con la presente resolución, puede interponer

Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo

electrónico [email protected] para que comunique a este Instituto

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a través del medio señalado

para tal efecto y por oficio al Ente Público.

mailto:recursoderevisió[email protected]



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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:

Oscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillos Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador

Guerrero Chiprés y Agustín Millán Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el doce de

octubre de dos mil once, quienes firman para los efectos legales a que haya lugar.

OSCAR MAURICIO GUERRA FORD COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ COMISIONADO CIUDADANO

ARELI CANO GUADIANA COMISIONADA CIUDADANA

SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS COMISIONADO CIUDADANO

AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ COMISIONADO CIUDADANO

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RECURSO DE REVISIÓN RECURRENTE: TERESA ......RECURSO DE REVISIÓN RECURRENTE: TERESA ADRIANA VALLEJO DIOSDADO ENTE PÚBLICO: DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO EXPEDIENTE: RR.1505/2011 Calle