REDT - Revista “apre(he)nderTERRITORIOS”

N° 1, Año 1 Metropolización y procesos de regionalización. Comité Editorial. Juan Edson Cabrera Quispe Limbert Franz Cabrera Quispe Bianca De Marchi Moyano Fidel Marcos Rocha Torrez Jorge Miguel Veizaga Rosales

Comité Académico. Patricia Álvarez Quinteros (URBA12, Universidad Católica de Lovaina) Mauricio Anaya (URBA12, Universidad Católica de Lovaina) Priscilla Ananian (Departamento de Estudios Urbanos y Turísticos, Universidad de Quebec en Montreal). Alejandro Benedetti (Departamento de Geografía, Universidad de Buenos Aires). Bernard Declève (URBA12, Universidad Católica de Lovaina). Roselyne de Lestrange (URBA12, Universidad Católica de Lovaina). Hubert Mazureck (Instituto de Investigación para el Desarrollo). Ramón Muñoz (Investigador Independiente). Virgilio Partida (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – México). Luís Ramírez (Fundación Pro Habitat). Humberto Solares (Investigador Independiente). Jacques Teller (Centro de Investigaciones en Ciencias de la Ciudad, del Territorio y del Medio Rural - Gestión y Análisis Ambiental Local, Universidad de Lieja). Paul Van Lindert (Departamento de Geografía Humana y Planificación, Universidad de Utrecht).

Responsables de la Edición del Primer Número.

Impreso por: Grupo Editorial Kipus Dirección: Calle Hamiraya 127, Cochabamba - Bolivia Telf./Fax: 4237448 - 4582716 – 4731074 Correo electrónico: imprenta@editorialkipus.com http://www.editorialkipus.com/

Cochabamba, agosto de 2013 Bolivia

Bianca De Marchi Moyano y Jorge Miguel Veizaga Rosales Responsable de revisión de textos en inglés. Cecilia De Marchi Moyano Responsables Institucionales SEUR/CAC Fidel Rocha, Juan E. Cabrera, Mario Lavayén, José Quiroga e Iberth Gonzales

ISSN: 2309-5725

PRIMER NÚMERO

Metropolización y procesos de

regionalización.

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iii. LECTURAS:

Reseñas, resúmenes sobre

novedades bibliográficas y

académicas.

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Reseña y análisis de “Compensación por servicios ambientales de carbono. Una alternativa para reducir la deforestación en el TIPNIS” de María Teresa Vargas Ríos, Noelia Garzón Rivero, Edil Osinaga Rico y Robert Müller.

Bianca De Marchi Moyano URBA12 de la Universidad Católica de Lovaina (UCL), Bélgica y Convenio del Consejo Interuniversitario de la Comunidad Francesa, Bélgica con la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia (CIUF-UMSS) biancadmm@yahoo.es Licenciada en Comunicación Social y Máster en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial de la UMSS. Doctorante en urbanismo y parte del Seminario URBA12 de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

Patricia Salamanca Cavero Consultora Independiente en Sistemas de Información Geográfica pasacaes@gmail.com Ingeniera Agrónoma, Diplomada en Metodología de Investigación y Máster en Información de Suelos para el Manejo Sostenible de Recursos Naturales con Sistemas de Información Geográficos de la UMSS. Especialista en Geomática de la Universidad Católica de Lovaina. Resumen. La reseña resume y analiza los aportes de un documento, que es resultado de la convocatoria “Sostenibilidad de las Áreas protegidas en la Cuenca Amazónica de Bolivia”, desarrollada por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). En él se aborda la polémica temática de la deforestación del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), proponiendo como alternativa la compensación por fijación CO2 a partir de la conservación del bosque. Abstract. The review summarizes and analyzes the contributions of a document that is the result of the call "Sustainability of Protected Areas in the Amazon Basin of Bolivia", developed by the Strategic Research Program in Bolivia (PIEB). It addresses the controversial issue of deforestation of the National Park and Indigenous Territory Isiboro Secure (TIPNIS), proposing the compensation for CO2 fixation based on forest conservation as an alternative. Palabras clave. Deforestación, TIPNIS, carreteras, mercados de carbono Keywords. Deforestation, TIPNIS, roads, carbon markets

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Reseña y análisis de “Compensación por servicios ambientales de carbono. Una alternativa para reducir la deforestación en el TIPNIS” de María Teresa Vargas Ríos, Noelia Garzón Rivero, Edil Osinaga Rico y Robert Müller. Introducción. Desde el año 2011 y sobre todo a partir de la segunda mitad de esa gestión, los conflictos sociales, el material mediático y los discursos políticos en Bolivia están en gran medida concentrados en el futuro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Esa área de más de 1.2 millones de hectáreas, situada entre los departamentos de Beni y Cochabamba, es el escenario por donde el gobierno nacional ha proyectado una parte del trazado de una carretera interdepartamental. El tramo formaría parte de la red vial fundamental del país, uniendo las localidades de Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni). La resistencia de una parte de las organizaciones indígenas del parque al proyecto carretero, así como de ambientalistas, de políticos y de otros activistas sociales, pero al mismo tiempo la defensa de los partidarios y simpatizantes del proyecto y del gobierno, marcan una profunda polémica y han desencadenado situaciones de violencia y descontento agudas en el país. En ese marco, los discursos políticos se nutren de los académicos y especialistas en cuestiones de deforestación, vialidad, gestión territorial y medio ambiente, haciendo de sus narrativas referentes noticiosos y de opinión permanentemente consultados en los medios de comunicación bolivianos. Cabe mencionar que la preocupación y la reflexión sobre el medio ambiente, la conservación de la naturaleza y los movimientos “verdes” alrededor del mundo desde su surgimiento están muy vinculados a una lectura y producción “científica” específica: la de las ciencias naturales y técnicas (Vargas, 2005). El caso del TIPNIS no es una excepción a tal tendencia. Un ejemplo de eso es que una forma de codificación y de representación espacial permanentemente convocada en esa discusión es la cartográfica. Esto es coherente a su vinculación con una mirada técnica y sintética de la superficie terrestre, una suerte de “ilusión de transparencia” respecto a la representación “precisa” de los elementos geográficos y biofísicos distribuidos en el espacio (Sousa, 2003). De tal manera, diferentes mapas han sido y son utilizados y reproducidos por las partes involucradas en el conflicto, sin reparar en la procedencia ni en la metodología a través de las cuales ellos fueron producidos, pero asumiendo su validez (casi) indiscutible. El documento que se propone reseñar incorpora un fuerte énfasis de representación cartográfica sobre la problemática del TIPNIS, graficando el proceso de deforestación de sus áreas boscosas en los últimos decenios y proyectando su posible evolución. Sin embargo, a diferencia de una gran parte de los mapas movilizados en los discursos mediáticos y políticos, los que se incluyen en ese texto tienen la virtud de mostrarse como el resultado de un trabajo de investigación sistemático efectivo. Así, pronto se han convertido en una referencia, provocando comentarios como los de Xavier Albó en su artículo publicado en el periódico La Razón: “Dos mapas, mejor que mil palabras” (2011). El mismo autor será el encargado del prólogo del documento, como se verá más adelante. Bajo el título de “Compensación por servicios ambientales de carbono. Una alternativa para reducir la deforestación en el TIPNIS” (2012), el texto es resultado de una investigación coordinada por María Teresa Vargas Ríos y desarrollada con el equipo

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de investigadores conformado por Noelia Garzón Rivero, Edil Osinaga Rico y Robert Müller. El estudio fue auspiciado por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y la Embajada Real de Dinamarca (DANIDA). Junto a otras cuatro publicaciones, es producto de una convocatoria del PIEB desarrollada dentro de su línea ambiental y denominada “Sostenibilidad de las Áreas protegidas en la Cuenca Amazónica de Bolivia”. Pero además cuenta con la participación de la Fundación Natura, cuya directora en Bolivia es precisamente la coordinadora del equipo de investigación. Como se muestra en esta reseña, el documento es fruto de un esfuerzo por desarrollar no sólo una base cartográfica de los procesos de deforestación que se han registrado en el TIPNIS hasta la actualidad, sino además de proyectar su posible evolución en el caso de que el trazo vial se lleve adelante o de que –aún sin carretera- no se desarrollen medidas de protección efectivas para la conservación del bosque. Así, se plantea la alternativa de ingresar en los mercados de carbono como un estímulo para la conservación de la masa boscosa del área, sugiriendo su vialidad económica y proponiendo elementos para su desarrollo institucional. Para abordar su análisis se proponen dos apartados, uno que busca resumir el contenido de los capítulos del texto y sus principales aportes; y otro que profundiza una lectura crítica de los procedimientos y datos “científicos y empíricos” utilizados, pero también de sus supuestos y fundamentos filosóficos y sociales, como partes de un todo inseparable en cualquier trabajo académico. Así, la idea es precisamente superar una reseña descriptiva del texto, incorporando una mirada analítica y contrastada de los resultados presentados. Finalmente, se proponen una serie de conclusiones, recuperando y sintetizando el desarrollo mencionado.

1. Descripción de los capítulos. El documento inicia con el Prólogo de Xavier Albó, antropólogo y lingüista de reconocida trayectoria en Bolivia. Él describe el contexto de tensiones vividas dentro del país a partir del proyecto de carretera, planteándolas como precedente de las principales discusiones que se abordan en el texto, fundamentalmente: el cuestionamiento en torno a la construcción del proyecto de carretera, por dónde y para quién. Asimismo, asume que la construcción del tramo -a partir del estudio- implicaría una deforestación segura; pero también menciona que la alternativa de ingresar a los mercados de carbono supone dificultades, principalmente por la falta de políticas operativas claras. 1.1. Primeros elementos del estudio.

A continuación el texto del equipo de investigadores, en su introducción, contextualiza el área de estudio y adelanta sus principales supuestos de trabajo. Describe al TIPNIS como un área de máxima protección (como territorio indígena y como parque nacional), pero que vive bajo presión de deforestación por dos motivos: la presencia de colonizadores andinos en la zona sur que fomentarían el cambio de uso de suelos; y la posible construcción de la carretera que a su vez facilitaría el acceso de los mismos colonos al parque. Para los autores pese a la decisión del Gobierno actual de desarrollar una Política Nacional para la Gestión Integral de los Bosques51, paradójicamente se plantea el proyecto de carretera.

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El texto señala que la intención de esta política es frenar el proceso de degradación forestal de especies nativas para contrarrestar el inminente cambio climático, cuya relación con la deforestación es evidente. Así se menciona que en Bolivia el cambio de uso de suelos por la deforestación es causante 80 % de las emisiones de CO2.

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Con esos antecedentes el primer capítulo se concentra en explicar la problemática de trabajo: la deforestación como destino casi inminente si se facilita el tránsito por el territorio en cuestión y frente a ello se plantea como alternativa la prestación de servicios ambientales. Así, se señalan los objetivos del estudio: “…efectuar un análisis biofísico, socioeconómico y político al interior del TIPNIS; hacer una proyección de la deforestación en tiempo y espacio sobre la identificación de información existente; analizar los costos de oportunidad para la conservación de los bosques del TIPNIS; proponer y evaluar posibles mecanismos para reducir la deforestación” (pág. 13). También se menciona la metodología empleada en la investigación, tanto en lo referido a la revisión de información secundaria, la recopilación de datos de campo y su análisis estadístico, cartográfico e institucional. El capítulo concluye con una caracterización del TIPNIS en términos poblacionales, histórico culturales y organizacionales, profundizando lo referido a sus habitantes chimanes, yuracarés y moxeños y en menor medida colonos cocaleros. También aborda su diversidad ecosistémica y paisajística; revisa aspectos económicos a partir de las actividades productivas (indígena y colona, agrícola, maderera, ganadera y turística) y datos referidos a los ingresos e índices de desarrollo en la zona, que se destacan por ser bajos respecto a las medias departamentales. Finalmente brinda elementos iniciales sobre la deforestación en la zona (casi imperceptible en el caso de las zonas habitadas por las comunidades locales, pero que en el caso sur de asentamiento de los colonizadores se incrementa notablemente) y sobre régimen de propiedad de la tierra (colectiva en la mayor parte del parque que corresponde a la TCO, en menor medida privada en manos de los colonizadores y menos aún de estancias ganaderas (pág. 42)).

1.2. Metodología y análisis cartográfico.

El segundo capítulo se concentra en el análisis de los datos recopilados en la investigación y en sus resultados. Así, inicia explicando el proceso de cuantificación de la cobertura boscosa del TIPNIS susceptible de ser deforestada o conservada, traducida en volumen de CO2 en dos escenarios: el primero sin la construcción de la carretera y el segundo con su ejecución. El análisis permite medir y monetizar el valor de conservación del bosque, para su negociación en el mercado de carbono a través de REDD+. Se basa en un modelo predictivo de probabilidad de deforestación y de cambio de uso del suelo por influencia antrópica. Ese proceso permite reconstruir patrones de deforestación del pasado, resultantes de un análisis histórico multitemporal y proyectarlos al futuro, evaluando las variables que tienen mayor influencia. Para fortalecer esos supuestos, se exponen como precedentes y como base “empírica y científica”, algunos estudios previos en el Brasil y en otras zonas tropicales. Con esos referentes, se proponen las variables más representativas para calcular el incremento de la deforestación vinculado a la apertura de rutas: la pobreza ligada con la necesidad de habilitar nuevas tierras para la agricultura, la falta de tecnología que define el tipo de actividad económica agrícola extensiva, la geomorfología y los suelos relacionados con la accesibilidad al territorio y a la productividad, la distancia a centros urbanos (inversamente proporcional a la disponibilidad de mercados), la habilitación de caminos secundarios resultantes de la construcción de una vía principal, así como la debilidad de políticas generales y especificas relacionadas con la intervención y la planificación del territorio por parte del Estado. Se recalca que el proyecto de la carretera es estratégico para Bolivia en tanto permite su articulación a la denominada: Integración de la Infraestructura Regional Sud-Americana (IIRSA), macro-proyecto cuya intención es mejorar las redes comerciales

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continentales, aunque -como menciona el texto- esa iniciativa no presta suficiente atención a los impactos ambientales de sus intervenciones. La propuesta carretera en cuestión se desarrolla en 3 tramos52. El segundo y más largo, con 117 km de longitud, es el que genera más conflicto debido a que atraviesa la zona intangible del TIPNIS, que posee la mayor riqueza en cuanto a biodiversidad y recursos naturales. Con esos precedentes, el documento ingresa a detallar los resultados del análisis de probabilidad de deforestación en función a los patrones históricos establecidos en la lectura de imágenes Landsat de 30*30 mt., de los periodos 1976, 1986, 1992, 2001, 2005 y 2007, con la cartografía básica extraída del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. A partir de esos elementos, el estudio procede a través de dos fases, la primera con un cálculo "cuantitativo-no espacial" de simulación de la probabilidad de deforestación; la segunda incorpora la variable espacial a través del empleo de los SIG. Así, se realiza un cálculo de probabilidad de deforestación en función a un periodo histórico de 30 años, sin incluir el periodo 1992-2001 considerado una excepción producto de una política estatal "que probablemente no se repetirá" (pág. 59). El análisis se desarrolla a través del cálculo de una curva logística, sigmoidea en la cual el incremento inicial es exponencial para después disminuir y detenerse. En ese caso la disminución está representada por la escasez progresiva del recurso bosque. La propuesta teórica considera que las variables más importantes que influyen en la deforestación son: "factores geofísicos como la fertilidad de los suelos y el clima, factores socio-económicos como el acceso a mercados, y factores políticos como la declaratoria del área protegida o las concesiones para la explotación de los recursos naturales" (pág. 61). El modelo estadístico propuesto para el cálculo de la deforestación es una regresión logística para variables dicotómicas "logit" en el cual existen dos posibilidades ("0" es igual a no deforestación y "1" a deforestación). En el modelo la variable dependiente asume una de las dos posibilidades en función a 4 variables independientes, de las cuales una es geofísica, tres son socio-económicas y ninguna política. El texto subraya que una de las mayores limitantes en el análisis desarrollado es la carencia de información para el modelo. Como único factor geofísico se toma la variable pendiente, extraída del modelo digital de elevación SRTM con tamaño de pixel de 90*90 mts. y que posee una relación directamente proporcional a la probabilidad de deforestación. Según los resultados con cada grado de incremento de pendiente la probabilidad de deforestación disminuye un 9.1%. Respecto a las 3 variables socio-económicas, la distancia a los ríos afecta muy levemente la deforestación, mientras la distancia a los centros urbanos la reduce en 4.3% con cada kilómetro. En ese marco, los autores consideran que la variable con mayor influencia sobre el modelo (relacionada directamente con la presencia del camino, la accesibilidad y la deforestación) es el "costo de transporte". Así, expresaría que la restricción del transporte de productos disminuye la deforestación. El cálculo estadístico propuesto afirma que por cada dólar de incremento en el costo disminuye la probabilidad de deforestación en un 7.1%. El análisis espacial para el costo de transporte se realizó a través de un operador del programa ArcGis llamado "Cost Distance". Éste, permite incluir una variable no geográfica (como el costo de transporte) midiendo la distancia más corta ponderada a través del cálculo del costo acumulativo al pixel más cercano53. Para la detección sesgos en el procesamiento de la información se realiza un análisis de Auto-correlación Espacial (AE) que refleja el grado en que objetos o actividades en una unidad geográfica son similares a otros objetos o actividades en unidades geográficas próximas y muestra si el patrón de expansión es coherente (Vilalta, 2005). Además se

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El 80% del presupuesto para la carretera es financiado por el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES). 53

Este explicación ha sido obtenida consultado la guía de ayuda del operador ArcGis 9.2

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menciona que para la evaluación del poder predictivo de las variables se emplea el “Relative Operating Characteristic - Area Under Curve” (ROA-AUC), aunque no se especifica el resultado de su aplicación. Como producto se obtienen 2 mapas de probabilidad de deforestación (los que Albó utiliza en su artículo), con 200*200 mts. de tamaño de pixel de resolución, equivalente a 4 has. en terreno. Posteriormente se expone un conjunto de mapas con diferentes escenarios de proyección de deforestación a 1, 3, 8, 13 y 18 años, en ambos escenarios (con y sin camino). Como ejemplo, se menciona que para la reclasificación de los mismos se toman las celdas con probabilidad de deforestación mayor al 0.137, equivalente al 13,7% de probabilidad, asumiendo que se trata de áreas que serán deforestadas. La estimación de superficies deforestadas propuesta, muestra que en el primer año sin carretera se tendría un 9.57% del área del TIPNIS, mientras con camino se alcanzaría un13.16% de la superficie total; esa tendencia evolucionaría progresivamente hasta determinar que en el año 18 en el escenario sin camino la superficie deforestada alcanzaría un 45%, frente a un 65.07% del territorio en el caso del que la carretera fuera ejecutada. 1.3. Mecanismos de pago por servicios ambientales y 2 escenarios para el

TIPNIS. Con esos escenarios de deforestación establecidos, el texto propone una profundización de los servicios ambientales, comprendiéndolos como aquéllos que "…proporcionan múltiples servicios o funciones ambientales vitales para el bienestar del planeta" (pág. 75). Se revisa la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a través del protocolo de Kioto, que entró en vigencia el año 1997 y tiene el propósito de desarrollar mecanismos vinculantes con la comunidad internacional para disminuir los efectos del cambio climático a través de la reducción de Gases con Efecto Invernadero (GEI). Ese contexto da paso al concepto de pago por servicios ambientales. Dentro del acceso a este tipo de mecanismos en el tema “bosque”, se desarrolla e implementa los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), en los que los países del anexo I (países industrializados) reducen sus emisiones de CO2 a través de la compensación por fijación en los países subdesarrollados del anexo II, quienes tienen la posibilidad de implementar proyectos de reforestación y forestación a cambio de los Certificados de Emisiones Reducidas (CER) con precios por tonelada métrica de CO2 fijados en los bosques y establecidos a partir de parámetro del mercado internacional. Dicho mecanismo ya posee metodologías aprobadas por la CMNUCC, así como varios proyectos alrededor del mundo (Seeberg-Elverfeldt, 2010). Sin embargo, el año 2007 en la Conferencia de las Partes (COP 13) realizada en Bali, la CMNUCC reconoce la reducción de emisiones a través de la conservación y no solamente por la reforestación y forestación, a través de proyectos denominados REDD+. Su propósito el establecer sistemas de pago por la conservación de sus bosques. Los autores del estudio afirman que hasta la actualidad no existe un marco metodológico y de funcionamiento aprobado por la CMNUCC, ya que dicho mecanismo es complejo y requiere inversiones fuertes, así como análisis de las causas principales de la deforestación, generalmente ligadas a problemas socioeconómicos de pobreza. Ahora bien, el texto también señala que Bolivia, representada por el gobierno actual, ha cuestionado el protocolo de Kioto debido al carácter mercantil del acuerdo, que permite a las multinacionales pagar por seguir contaminando e incluyen la declaración de Pablo Solon en la COP 17, negociador de la UNFCCC y embajador de Bolivia en Naciones Unidas. Sin embargo, el estudio propone trabajar en el marco del REDD+ que, como se ha mencionado, es un mecanismo alternativo al MDL para el pago por servicios ambientales que no toma en cuenta la reforestación sino la conservación. Ese es el

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contexto en el que enmarcan su análisis, tomando en cuenta que su aplicación en el TIPNIS supondría necesariamente crear “…mecanismo de gestión compartida que permitan fortalecer las capacidades institucionales para una mejor gobernanza de las áreas protegidas y un desarrollo social con equidad" (pág. 78). Ahora bien, en el caso de los REDD aún no existen los mecanismos de financiamiento, instrumentos técnicos para su implementación y monitoreo, ni los mecanismos para la vinculación jurídica entre los países, aunque sí existe un Fondo Verde Climático para apoyar y flexibilizar los proyectos REDD. A partir de lo mencionado, el documento incluye una explicación del mercado de servicios ambientales, que funciona como una gran red comercial internacional donde existen dos modalidades: los mercados de obligación regulados que consideran los compromisos de reducción de los GEI y los mercados voluntarios que funcionan fuera de dichos compromisos. Para los autores, esta segunda opción es la más accesible para el caso del TIPNIS, ya que los mercados regulados no cuentan aún con metodologías, protocolos y acuerdos jurídicos claros lo que dificulta su acceso, pese a que el promedio de pago es inferior y que el monto puede verse reducido cuando la cantidad de bosque conservado ofertada es grande, como en el TIPNIS. Con esos elementos se establecen cuál es el costo probable de la deforestación expresada en el valor del bosque si se conservara a través del pago por servicios ambientales, en ambos escenarios a 18 años. En el escenario sin carretera se calcula un valor promedio de 180 millones de dólares, mientras que con la carretera se estiman un valor promedio de 279 millones de dólares. 1.4. Análisis económico, institucional y organizacional.

Con los referentes de costo y de las posibilidades de ofertar al bosque del TIPNIS en los mercados voluntarios, el texto propone analizar los costos de oportunidad. Para ello parte de asumir como supuesto que existe una subutilización del territorio en términos económicos por parte de las comunidades indígenas, cuyo cálculo se realiza a través del conjunto de variables referidas a la producción local (costo de inversión, costos anuales, ingresos anuales, que dependen de los rendimientos y los precios obtenidos por producto) solamente por actividades agropecuarias. Para eso se toman datos de costos y beneficios de la producción del arroz y el maíz, considerados como los principales cultivos de los indígenas del TIPNIS y describiendo brevemente su dinámica agraria (extensiva con bajo insumo agroquímico y con rotación de cultivos). El documento menciona que obvia los datos de los productos cultivados por los colonos y de los cultivos de autoconsumo de los mismos indígenas: plátano y yuca. Cabe aclarar que la producción de coca de las comunidades colonas cuenta con una rentabilidad mayor a cualquier proyecto de conservación, lo que justificaría que no sean incluidas en el análisis. El estudio económico muestra cuál es la diferencia de precios por la dificultad de accesibilidad a la zona de los productos alimentarios, establecido en función a las distancias, tomando en cuenta como único desatino el mercado de Trinidad. A través del cálculo del Valor Actual Neto (VAN) se concluye que sin carretera, a una distancia de 80 km, la actividad agrícola ya no es rentable: "Sin embargo, en el escenario “con carretera” la actividad es rentable en todo el trayecto (300 km), aunque va disminuyendo paulatinamente a medida que aumenta la distancia entre el lugar de producción y el mercado" (pág. 98). Finalmente se hace un pequeño comentario sobre al aprovechamiento de madera mara, cedro y otras. El capítulo finaliza complementando los anteriores análisis con un diagnóstico institucional, que trata de establecer la capacidad “…para desarrollar un mecanismo que permita mitigar la deforestación en el TIPNIS” (pág. 100). Así señala que el

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gobierno ha centralizado formalmente cualquier posibilidad de hacer transacciones de carbono, desde la Constitución Política del Estado (CPE, 2009) donde se establece que la formulación de una política unitaria de medio ambiente es una competencia privativa del Gobierno Central. Sin embargo, la misma CPE en otros artículos referidos a la gestión de los recursos naturales en los territorios indígenas autónomos, garantiza su derecho a la participación y a la consulta previa e informada para su explotación. Por otro lado, considera a los bosques como recursos estratégicos, particularmente en la Amazonía54. Ese entramado normativo, contradictorio para los autores, colabora a la carencia de una política clara a nivel nacional. El texto menciona algunos avances como el Programa Nacional de Cambios Climáticos donde se desarrolla la “Estrategia Nacional de Bosque y Cambio Climático con el respaldo del Banco Mundial” (pág. 104). Asimismo se mencionan otros precedentes jurídicos: la Ley Forestal 1700 de 1996, el establecimiento de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierras (ABT) (cuya financiación es insuficiente de acuerdo al texto) y la ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA). Sobre esta última mencionan que garantiza las TCO pese a que en muchos sentidos la propiedad de la tierra en ellas contradice la priorización de la función económico social, argumento que varias veces sería retomado por los colonizadores del sur del parque, vinculados al gobierno de Morales, para cuestionar la extensión de la tierra bajo tenencia colectiva en el TIPNIS (105). Finalmente, los autores mencionan la ley 3477 que declara la prioridad nacional el diseño de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Para ellos, los elementos jurídicos mencionados no permiten referencias claras, sumando más bien contradicciones que aportan al conflicto. El texto retoma el tema de los actores institucionales y de sus posiciones respecto a la carretera. A favor del proyecto mencionan a los gobiernos neoliberales, las prefecturas de Beni y Cochabamba, los grupos políticos con intereses empresariales madereros y ganaderos, las empresas petroleras y los colonizadores de la región del Chapare “…que buscan acceder a nuevas tierras de cultivo” (pág. 106). En cambio, la Subcentral TIPNIS es una de las oposiciones más evidentes: “El TIPNIS se muere” afirman y ratifican en resoluciones y encuentros. Además en contra la carretera se cita al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ya que su misión sería resguardar al TIPNIS, así como una Organización No Gubernamental (ONG): el Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni (CIDDEBENI) y al Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (FOBO-MADE). Para los autores, los dirigentes del Gran Consejo Chimán no manifiestan una posición al respecto. También el INRA mostraría una posición ambigua al tratarse de una instancia directamente ligada al Gobierno Central, para quien “El Chapare representa una de las bases políticas más fuertes […], por lo tanto es menos probable que limite el comportamiento ilegal de los sindicatos” (pág. 113). Con ese análisis, el equipo de investigación asume que los actores determinantes para el desarrollo de un mecanismo de compensación por servicios ambientales son: el Gobierno Central (a través de la ABT, el SERNAP y el INRA), la dirigencia TIPNIS y los sindicatos de la zona sur. Se menciona que es indispensable trabajar sobre una visión común, donde el rol del Gobierno y de la ABT debería ser de mediación y compromiso para el cumplimiento de los acuerdos y marcos legales. Señalan que las políticas, en la medida en que son ratificadas por el Gobierno, pueden ser altamente efectivas y como ejemplo mencionan las políticas de coca-cero donde “…la deforestación se redujo en más de un 50% entre 1993 y 2001 durante los gobiernos

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Para esas explicaciones cita los artículos 30, 342, 343, 348, 384, 385, 386, 387 y 390 de la CPE.

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Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y de Hugo Bánzer Suárez (1997-200)” (pág. 114). 1.5. Debilidades, fortalezas y sugerencias. En el último capítulo, referido a las conclusiones del estudio, los autores recalcan que la deforestación se concentra en la parte sur del TIPNIS, donde los colonos han traspasado la “línea roja” a pesar de los acuerdos establecidos. Se afirma que existe evidencia empírica y científica de que la presencia de carreteras promueve la deforestación al reducir la distancia y facilitar el acceso a los mercados y -por lo tanto- favorece el cambio de uso de suelos con fines productivos. Se retoma el análisis de escenarios realizados, afirmando que sin carretera la deforestación correspondería a un valor promedio de CO2 de 180 millones de dólares de pérdida al costo del mercado voluntario, mientras que con carretera se trataría de 270 millones. Esos datos se contraponen a los resultados del análisis económico de la actividad agrícola proyectada a 30 años que "…muestra una renta anual de 818,25 $us/ha para un escenario sin carretera y de 1666,93 $us/ha para un escenario con carretera" (pág. 121), tomando en cuenta solamente a las comunidades indígenas. A eso se suma la mención de la actividad forestal, que es la menos lucrativa. Con esos datos, los autores concluyen favoreciendo la vialidad de su propuesta de compensación por servicios ambientales, dado que permitiría ingresos más significativos para los pueblos indígenas del TIPNIS y con menos cotos ambientales. Se muestran las oportunidades y debilidades para el desarrollo de un mecanismo de compensación por pago de servicios ambientales. Las oportunidades son la presencia de bosque intangible a causa de la baja población que favorecería su conservación, la experiencia de proyectos en el tema (como el desarrollado actualmente en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado) y de mecanismos organizacionales similares pero en temáticas diferentes (como en la gestión de recursos hídricos). Entre las debilidades, para los autores, la más importante es la falta de una política clara por parte del Gobierno, quien reduciría sus propuestas a lo enunciativo sin abordar lo operativo. Además señalan como debilidades a nivel nacional la falta de coordinación interinstitucional en la temática ambiental y a nivel local la división organizacional de los grupos indígenas. Frente a eso, el texto propone el fortalecimiento organizacional e institucional local para acceder a escenarios de negociación de sus bosques, tanto con el gobierno como con la comunidad internacional. Recalca la influencia política de los asentamientos colonos en el sur y sugiere su incorporación a fin de "evitar que la hoja de coca se convierta en un motor de la deforestación" (pág. 116). Para cerrar se recalca que el proyecto de carretera sería la mayor dificultad para acceder al pago por servicios ambientales: "…las llamadas fuerzas del desarrollo que impulsan la construcción de esta carretera se constituyen en una barrera, ya que existe un llamado de regiones que esperan alcanzar el desarrollo con esta carretera y esto puede dificultar cualquier negociación para un mecanismo de compensación por servicios ambientales" (pág. 124). Asume que el Gobierno no podría solicitar recursos de la comunidad internacional para mitigar la deforestación producto de una carretera, por lo que sugiere que éste se haga cargo de los costos de protección del bosque en caso de construir la carretera o que considere alternativas al trazo actual "respaldadas con fondos que podrían obtenerse por conservar el bosque en el TIPNIS" (pág. 125); señala: "El estudio ha calculado que 90 millones de toneladas de CO2, con un valor conservador de 100 a 200 millones de dólares podrían ser reclamados si es que se reduce la deforestación en la zona proyectada para la carretera. Con este dinero puede crearse un mecanismo de compensación a Bolivia por el desvío del actual trazo de la carretera por el TIPNIS" (126). Pero también menciona que “si esta serie de

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acciones no se llevan a cabo, aun existiendo voluntad para la conservación, el TIPNIS no podrá beneficiarse de esta fuente de ingreso potencial. (127)

2. Análisis del documento. Como se ha mencionado al inicio de esta reseña, el texto comentado tiene la virtud de presentar una relevante producción cartográfica y -al mismo tiempo- de sostenerla a partir de un ejercicio de cuantificación sistemático, que da respaldo a sus afirmaciones. Sin embargo, dado el carácter “científico” de este esfuerzo, nos interesa abordar algunas preguntas clave para enriquecer el debate que suscita: ¿hasta qué punto un documento, con una raíz cuantitativa fuerte y metodológicamente sustentada, es “inobjetable”?, más aún ¿hasta qué punto una representación cartográfica del territorio, producto de un ejercicio cuantitativo “objetivo”, puede hablar “más que mil palabras”? A fin de abordar esas cuestiones, hemos desarrollado una serie de observaciones, no con la idea de cuestionar los procedimientos empleados a lo largo del estudio, sino con el objetivo de mostrar que sus resultados, análisis y representación probablemente pueden ser no los únicos y que puede existir más de una versión para la evaluación de los mismos fenómenos. Así punteamos algunas observaciones “técnicas”:

- Nos permitimos realizar un análisis de deforestación histórica en dos áreas, el TIPNIS a partir de los datos ofrecidos en el texto y el Bosque de Uso Múltiple (BUM), que es una zona vecina de colonización de poblaciones andinas, tomando como referente los datos fuente que son atribuidos al parque Noel Kempff Mercado. El caso del BUM puede ser un referente para la deforestación bajo condiciones extremas, dado el incentivo a la colonización que vivió esa zona en los años 60s y 70s. Así, el análisis realizado (ver anexo) expresa las tendencias pasadas en cuanto a deforestación y que podrían, a través del cálculo de índice de deforestación en has./año, ser un referente comparable para las superficies mostradas en el estudio. En los periodos comprendidos entre los años 1986 a 2004 en el caso del BUM se obtiene un valor de 13.501 has/año y de 26.238 has./año si se extraen los datos de los años de la política “coca-cero", tal como se hace en el estudio. Con dicho índice la deforestación a 18 años en el TIPNIS sería de 472284 has. Si bien ese dato es cercano a las 405272 has deforestadas en el escenario sin carretera de acuerdo al estudio, muestra una distancia importante respecto a la superficie proyectada de 610.848 has. con carretera. La analogía desarrollada entre el BUM y la deforestación proyectada por el estudio muestra que la tendencia podría estar sobrestimada. Ese análisis se ratifica revisando el caso concreto del TIPNIS, donde si se realiza el cálculo del índice de deforestación de la zona de asentamiento colonos de los periodos comprendidos entre 1976 y 2007, obviando los datos del periodo 1992 al 2001 (coca-cero), el resultado es de 3.674 has./año con lo cual la deforestación a 18 años sería de 66.132 has., equivalente al 16% de lo proyectado en el escenario sin carretera por el modelo propuesto y al 10% en el escenario con carretera. Se trata de una superficie de referencia, considerando que el TIPNIS es y será un área protegida, como TCO y parque nacional, con o sin carretera, por lo que la tendencia del índice de deforestación debería mantenerse.

- El operador "Cost Distance", utilizado dentro del ArGis en el estudio, incorpora la variable camino a través del costo del transporte como aquélla de mayor peso en el modelo, pese a que en general en otros modelos predictivos también incorporan la distancia a la carretera como variable. Sin embargo, en el estudio se asume solamente esa variable (costo de transporte) como categoría central para la deforestación, sin que se justifique esa decisión.

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Ahora bien, dado que ese dato permite a los autores -en función a la distancia con los nodos- calcular la media directamente proporcional a la de disminución de la probabilidad de deforestación, esa aplicación tiende a generar un efecto fuerte por el impacto de la disminución progresiva de la probabilidad de deforestación, posicionando a los caminos como la variable que determina el modelo para la predicción y que tiene la contraparte de condicionar la “no deforestación” en las zonas donde no existe camino.

- La escala es una variable determinante en un estudio cartográfico. Por eso llama la atención que en los mapas resultantes de probabilidad de deforestación se utilice una precisión de 200*200 mts de tamaño de pixel de resolución (unidad mínima de análisis), equivalente a 4 has. en superficie real, a pesar de que se menciona contar como base cartográfica de menor precisión (la cual definirá la escala) el SRTM de 90*90 metros de tamaño de pixel. Ahora bien, en el medio existe cartografía de fácil acceso de hasta 30*30 mts de resolución (ASTER DEM). La decisión de asumir la escala de representación incide en la estimación de la superficie, ya que el valor de probabilidad de deforestación –determinado por una regresión logística dicotómica- se generaliza en toda el área del pixel, en este caso correspondiente a 4 has.

- Una cartografía no sólo se compone de los aspectos gráficos centrales sino además de los otros elementos que permiten a los lectores interpretar su contenido. En ese sentido llama la atención que al momento de explicar la construcción de los mapas de probabilidad de deforestación, la representación cartográfica señala que los valores de cada celda tienen probabilidad desde 1 al 100%. Sin embargo, la leyenda obtenida no expresa cuantitativamente los valores o rangos, reduciendo su explicación a que en las zonas magenta se muestra una alta probabilidad y en las zonas lilas una menor probabilidad de deforestación. Eso impide una lectura de mayor precisión respecto a los rangos asumidos como zonas deforestadas y de cómo se realizó la reclasificación de los mapas finales con las proyecciones de deforestación a 1, 3, 8, 13 y 18 años, pese a que precisamente se trata de dar luces sobre cómo el proceso puede afectar más o menos a la masa boscosa del parque.

El desarrollo de los puntos mencionados solo se ha realizado para puntualizar el siguiente argumento: toda razón técnica y científica es discutible y su formulación no es “neutra”. Se trata ante todo de un “conocimiento hipotético, nunca totalmente cierto” (Sabatini, 2002). Es decir, no planteamos que detrás de los estudios exista una “intencionalidad”, menos aún partidaria o militante, pero sí sostenemos que cada toma de decisiones de un equipo de investigación se sustenta en argumentos más o menos subjetivos, económicos y filosóficos, que permiten darle al trabajo una coherencia interna relativa a un modelo, a partir de una serie de supuestos teóricos específicos. En el caso del texto analizado, la idea de engarzar los términos deforestación/carretera/colonos andinos otorga esa coherencia. Ése es hilo conductor que precisamente permite justificar la incorporación del bosque “conservado” al mercado de servicios ambientales. El documento asume con optimismo el ingreso a un mercado de carbono "no regulado", sin cuestionar lo que implica en términos de mercantilización de los denominados “servicios ambientales”, ni por la carencia de una territorialización de la responsabilidad histórica de las emisiones de GEI. El mercado de los servicios ambientales funciona como una red comercial internacional donde se manejan miles de millones de dólares, donde las transacciones “no se establecen a través de un valor y precios reales de la captura de carbono, sino del poder negociador entre las partes” (Leff, 2002) mediados por “Brokers” o intermediarios para la venta de los certificados

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de carbono. Se trata de una “bolsa de valores” cuyo funcionamiento bajo las condiciones actuales tiende a mercantilizar la conservación del bosque como si se tratara de cualquier otro bien comercial (Gilbertson, 2010). Tomando en cuenta esos precedentes, surgen varios cuestionamientos: ¿debería ser bajo esas condiciones que deben asumirse los mecanismos de conservación de bosques?, ¿será que ellos permiten calcular en términos “justos” el costo real de la conservación?, ¿qué parámetros se deben tomar para calcular el costo de sub-utilización del bosque que permita una negociación “justa”? En el texto se plantea que los cuestionamientos que realizan el Gobierno de Morales y sus representantes “impiden” un negocio benéfico para los pueblos indígenas y para la conservación, pero ¿a qué costo y en qué términos? En la postura del Gobierno frente a la posibilidad de negociación del pago por servicios ambientales existen demandas como la incorporación de la deuda histórica, que permitió el desarrollo de la economía del primer mundo a costa de la contaminación global, así como los derechos de los grupos originarios y comunidades campesinas a la soberanía territorial, justicia climática, haciendo énfasis en que el cálculo bruto de CO2 fijado no es suficiente, sino que se debe garantizar el bienestar de las poblaciones indígenas. Evidentemente esa posición, confrontada a la decisión de apertura de la carretera, muestra las tensiones del discurso gubernamental (que el mismo texto explica), pero también permite un campo de discusión que los autores subestiman en función a fortalecer su posición de compensación por servicios ambientales en el TIPNIS. Finalmente, aunque se asuma el desafío de ingresar en los mercados de carbono en las condiciones planteadas por el equipo de investigación, es importante también repensar los términos en los que se desarrolla la oferta de “la conservación”, particularmente en relación con la apertura de la carretera. Según la cartografía generada, la proyección de deforestación es inminente y la tendencia muestra que a largo plazo en ambos escenarios (con y sin carretera) todo el territorio sería deforestado. El tiempo es el único elemento que se diferencia entre uno y otro escenario de deforestación. De esa forma, si el pago por servicios ambientales es asumido como una alternativa, la incorporación o no de la carretera no es la única variable determinante. Más bien se puede cuestionar el cálculo de "costo de oportunidad" y/o la sub-utilización del territorio por conservación tomando en cuenta todos los recursos que dejarían de explotarse en la zona, lo que permitiría especificar cuánto cuesta conservar y/o en qué proporción la conservación justifica la no explotación de dichos recursos. De hecho el no aprovechar los recursos no renovables, como los hidrocarburíferos que existen en la zona, aún con el establecimiento de la carretera, debe ser calculado en términos de una economía igualitaria y redistributiva, incluyendo la participación de todos los actores en el proceso, desde la construcción de alternativas metodológicas, hasta la elaboración de políticas y posibles convenios a efecto de generar escenarios de negociación justos y consensuados. Se trata de desarrollar escenarios favorables tanto para la protección efectiva de las áreas boscosas, pero sobre todo para promover el bienestar colectivo, donde participen todos los actores involucrados en la conservación del medio ambiente y el manejo de los recursos naturales de dicha área, favoreciendo la soberanía territorial y auto-determinación de los implicados. En ese marco, es posible desarrollar otros escenarios alternativos, que complementan los expuestos en el texto y que permiten abrir otras opciones para el debate: escenario 1, deforestación y costos de oportunidad sin la protección legal de área protegida; escenario 2, deforestación y costos de oportunidad con área protegida y ausencia de políticas de protección; y escenario 3, deforestación y costos de oportunidad con área

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protegida y políticas de protección rigurosas además de la consolidación de autonomías indígena originarias. Esos tres posibles escenarios podrían enriquecerse con y sin presencia de la carretera, pero además incorporando la construcción participativa de los modelos para la selección de las variables relevantes no sólo a partir de la documentación secundaria consultada, sino además de la experiencia cotidiana de la población. Probablemente ese tipo de construcción de escenarios garantizaría una base óptima para la discusión con todos los actores implicados que -a la larga- facilite operativizar los mecanismos para la inserción del TIPNIS al pago por servicios ambientales.

3. Conclusiones. Nos interesa dejar establecido que toda cartografía, más aún la proyectiva, responde a supuestos de representación de la realidad y que son ellos los que permiten elaborar un modelo cuyos resultados pueden ajustarse durante todo su proceso de construcción: desde la selección de variables, las fuentes de los datos, la escala de trabajo y los procedimientos de verificación, así como en la selección de los operadores estadísticos y matemáticos. Entonces, existe un protagonismo de las decisiones, del equipo de investigación, que es central en todo proceso de ese tipo. La cartografía es una herramienta poderosa para el análisis, la planificación y la gestión del territorio y de los recursos naturales, pero ella debe ser comprendida como un insumo más, relativo y no absoluto, sobre el cual más de una versión es posible. En ese sentido, su lectura e inclusión en los análisis de casos polémicos, como el que se ha abordado, debe cuidar el posicionamiento de discursos que, bajo la credibilidad de lo “científico y empírico”, se asuman como verdades incuestionables. Finalmente, es indispensable mencionar que la investigación analizada es sumamente valiosa, porque muestra las posibilidades de aplicación de modelos territoriales predictivos de cambio de uso de suelo para posibilitar una alternativa efectivamente viable: la negociación del pago por servicios ambientales. Pero ese último elemento toma el protagonismo del documento y todo el análisis se concentra en ratificar tal opción. Sin embargo, aún bajo el objetivo de buscar esa alternativa de desarrollo para el TIPNIS, consideramos que el proceso puede ganar al generarse diversos escenarios, que permitan analizar la mayor parte de los factores implicados en el costo real de la conservación y los beneficios posibles para los actores que viven el territorio.

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Referencias. Gilbertson, T. (2010). ¿Dinero Verde? REDD+ como mecanismo mercantil. En Carbon

Trade Watch e Indigenous Environmental Network (Ed.). No REDD! Una lectura crítica (25-31) Recuperado el 28 de septiembre de 2012 de

http://www.carbontradewatch.org/publications/no-redd-a-reader.html Leff, E. (2002). La geopolítica de la diversidad y el desarrollo sostenible:

Economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza. En Tania Ricaldi (comp.) La construcción de la ecología humana. Cochabamba: CESU-Plural.

Sabatini, F. (2002). Medio ambiente y desarrollo: Desafío para la ciencia y la universidad. En Tania Ricaldi (comp.) La construcción de la ecología humana. Cochabamba: CESU-Plural.

Santos, B. (2003). Crítica de la razón indolente. Contra el desprecio de la experiencia. Volumen I. Para un nuevo sentido común: la ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática (223-232). España: Desclée de Borwer.

Seeberg-Elverfeldt, C. (2010). Las posibilidades de financiación del carbono para la agricultura, la actividad forestal y otros proyectos de uso de la tierra en el contexto del pequeño agricultor (5-11). Roma: FAO.

Vargas, G. M. (2005). Naturaleza y medio ambiente: una visión geográfica. Revista Geográfica Venezolana, Vol. 46(2), pp. 289-304.

Vilalta, C. (2005). Cómo enseñar autocorrelación espacial. Economía, Sociedad y Territorio, mayo-agosto, año/vol. V, n°018.México: Colegio Mexiquense, pp. 323-333.

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Anexo. Los datos fueron extraídos de la misma fuente empleada en el estudio, de la cartografía base del Noel Kempff Mercado, en el cual se observan las siguientes superficies deforestadas y el cálculo de los índices en has/año

Cuadro 1. Cálculo del Índice de Deforestación en El TIPNIS

TIPNIS DEFORESTACIÓN (has)

DEFORESTACIÓN TOTAL SUP %

DEFORESTACIÓN (has/año)

deforestación antes 76 139,77 0,01

deforestación 76 a 86 3795 0,31 380

deforestación 86 a 91 18608 1,51 3722

deforestación 92 a 01 7706 0,62 856

deforestación 01 a 05 12021 0,97 3005

deforestación 05-07 9786 0,79 4893

SUP TIPNIS 1236296 4,21

Fuente: Elaboración en base a datos de la investigación reseñada. El resultado del cálculo entre los periodos 1976 a 2007 es de 1730.53 has/año y el promedio de deforestación de los periodos propuestos en el estudio 1986 a 1991, 2001 a 2005 y 2005 a 2007 sería de 3674 has/año. Sin embargo, esa tendencia retrocede en el periodo de 1992 a 2001, a causa de una variable política mencionada (política de “coca-cero”).

Cuadro 2. Cálculo el Índice de Deforestación en el BUM

BOSQUE DE USO MULTIPLE.

DEFORESTACION (has)

DEFORESTACION TOTAL SUP %

DEFORESTACION (has/año)

deforestación antes 76 58542,8804 9,00

deforestación 76 a 86 50845,5000 7,82 5085

deforestación 86 a 91 134053,9200 20,61 26811

deforestación 92 a 01 103419,1800 15,90 11491

deforestación 01 a 04 76207,5000 11,72 25403

deforestación 05-07 SIN DATOS 0,00 0

SUP BUM 650408 65,05

Fuente. Elaboración propia en base al mapa generado por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado