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CRÓNICA DEL AMPARO DIRECTO 14/2010 TRIBUNAL EN PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
REGLAS DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA; DELITO EQUIPARADO A LA VIOLACIÓN COMETIDO EN PERJUICIO DE UN MENOR EN EL ESTADO DE OAXACA; INTERÉS SUPERIOR
DEL MENOR; PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
CRÓNICA DEL AMPARO DIRECTO 14/2010
TRIBUNAL EN PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Cronista: Lic. Arturo Díaz San Vicente ∗
El 23 de mayo de 2007, la madre de un menor de edad denunció en la ciudad de
Oaxaca la presunta violación de su hijo en la escuela privada a la que acudía.
En la averiguación previa 191/DS/ 2007, iniciada en la Procuraduría General de
Justicia del Estado, se señalaron entre otros aspectos, que entre los meses de septiembre
y noviembre de 2006 la otrora maestra del menor se confabuló con otras dos personas
relacionadas con el plantel educativo, a fin de imponer la cópula al hijo de la denunciante
en el gimnasio de la institución.
Agotadas las diligencias a que hubo lugar, la Representación Social de la
Federación ejercitó acción penal el 28 de septiembre de 2007 por la probable
responsabilidad de las personas mencionadas, en la comisión del delito equiparado a la
violación agravada, previsto y sancionado por el artículo 247 y agravado por el 248 Bis,
fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio del menor.
Por razón de turno, correspondió conocer de la causa penal, al Juzgado Tercero de
lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en el Estado de Oaxaca, la cual fue registrada bajo
el número 133/2007. Seguidos los trámites correspondientes, se obsequiaron órdenes de
aprehensión en contra de los señalados como probables responsables, así como las
órdenes de cateo solicitadas a sus respectivos domicilios.
Posteriormente, el 6 de octubre de 2007, el Juez de la causa dictó auto de formal
prisión en contra de la probable responsable de la comisión del delito en comento. En
contra de dicho auto, la inculpada interpuso juicio de amparo indirecto, del que tocó
conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cual, mediante
determinación del 6 de noviembre de 2007, resolvió otorgar el amparo citado, para el
∗ Funcionario adscrito a la Unidad de Crónicas de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.
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efecto de que la autoridad responsable dejare insubsistente el acto reclamado y con
plenitud de jurisdicción, dictare nueva determinación.
En consecuencia, el Juez de la causa procedió a dictar nueva resolución el 30 de
noviembre de 2007 en la que, atendiendo a los lineamientos señalados por el Juez de
Amparo, dictó auto de formal prisión en contra de la inculpada como probable responsable
de la comisión del delito de equiparado a la violación agravada, previsto en los preceptos
mencionados anteriormente, en agravio del menor.
Seguidos los trámites legales a que hubo lugar, el Juez Tercero de lo Penal del
Distrito Judicial del Centro, en el Estado de Oaxaca dictó sentencia el 15 de mayo de
2009, en la cual determinó que en el asunto quedaron legal y plenamente acreditados los
elementos del delito doloso equiparado a la violación agravada, cometido en agravio del
menor, así como la responsabilidad de la inculpada en la comisión de dicho ilícito, por lo
que la condenó a una pena privativa de la libertad de 10 años y al pago de una multa de
$16,491.60.
Inconforme con dicha resolución, la sentenciada interpuso recurso de apelación el
18 de mayo de 2009, en la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito
Judicial del Centro del Estado de Oaxaca, lo cual hicieron a su vez, la representante legal
del menor ofendido y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado
del conocimiento, el 25 de mayo del 2009; los recursos en cuestión fueron admitidos
mediante proveído de 26 de mayo de 2009 por el Juez del conocimiento.
De esta forma, el 1 de junio de 2009, el Magistrado presidente de la Tercera Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a quien por razón de turno
correspondió conocer del asunto, ordenó formar y registrar el expediente relativo al que
tocó el número 371/2009. Después de los trámites legales conducentes, la Sala dictó
sentencia en la que determinó que había sido legal y plenamente comprobada la
existencia del delito equiparado a la violación en agravio del menor, así como la legal y
plena responsabilidad de la sentenciada en la comisión de dicho delito, por lo que le
impuso la pena de 6 años y 8 meses de prisión y una multa de $6,413.40; asimismo,
determinó absolverla de la pena de suspensión por el término de 5 años en el ejercicio
profesional de Profesora de Educación Preescolar.
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En sus consideraciones, la Sala responsable estimó que se cometió en perjuicio del
menor, el delito de violación equiparada previsto en los artículos 247, primer párrafo, en
relación con el 246, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Oaxaca, en los
cuales se exige para tener por acreditado el delito en comento, los siguientes elementos:
a) El ayuntamiento carnal (cópula); y
b) Que la cópula se realizara con persona menor de doce años, aun cuando se
hubiese contado con su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, consideró que en el caso se actualizó lo previsto en
el artículo 25 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, en el cual se
establece que el delito deberá tenerse por comprobado cuando se acredite la existencia de
los elementos objetivos o externos y normativos que integran la descripción de la conducta
o hecho delictuoso según lo determine la ley de la materia.
En el caso en comento, entre otros elementos de prueba, se contó con los
siguientes: las declaraciones del menor ante el Ministerio Público, la denuncia que por
escrito presentó la madre del menor, debidamente ratificada ante la autoridad ministerial,
las declaraciones rendidas por doctores y médicos en distintas materias, la prueba pericial
proctológica, andrológica y de lesiones emitida por la perito médico de la Procuraduría
General del Estado, la prueba pericial en materia de psicología, el resultado del
interrogatorio que la Ministerio Público especializada en delitos sexuales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado le hizo a la perito médico, los resultados de
un laboratorio particular, una constancia médica, recibos y credencial emitidos a nombre
del menor por la institución educativa en donde presuntamente ocurrió el delito en
comento.
La Sala responsable concluyó que los elementos de prueba, valorados
individualmente y en su conjunto en términos de los artículos 25, 348 y 354 del Código de
Procedimientos Penales de la entidad, constituyeron prueba plena circunstancial de la
existencia de la acción de cópula que como elemento objetivo o externo exige el tipo
penal.
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En contra de dicha resolución, el 23 de febrero de 2010, la sentenciada promovió
juicio de amparo directo, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mismo que mediante auto de 9 de marzo de
2010, la admitió a trámite y ordenó su registro, correspondiéndole el número 123/2010.
Por su parte, la representante del menor ofendido solicitó el amparo y protección de
la Justicia Federal en contra de la misma resolución, el cual fue admitido y registrado con
el número 124/2010 en el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del
Décimo Tercer Circuito; cabe mencionar que en contra de este último acuerdo, la
sentenciada promovió recurso de reclamación en el carácter de tercera perjudicada,
mismo que fue declarado fundado por el Tribunal Colegiado referido el 25 de marzo de
2010, por lo que el amparo de la representante del menor fue admitido exclusivamente
respecto al tema de la reparación del daño, sobre el cual fue absuelta la sentenciada.
Posteriormente, y en atención al escrito de solicitud de la facultad de atracción
presentado por la representante legal del menor ofendido, el Presidente del Tribunal
Colegiado aludido acordó remitir los expedientes de las demandas de amparo en comento
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lo que se tuviera a bien determinar, en
razón de que es a este Alto Tribunal al que le corresponde decidir sobre el ejercicio de la
facultad de atracción contenida en el párrafo final de la fracción V, del artículo 107
constitucional.1
De esta forma, mediante escrito presentado el 5 de abril de 2010 en la Oficina de
Certificación Judicial y Correspondencia del Máximo Tribunal, el señor Ministro Juan N. Silva Meza solicitó que se ejerciera de oficio la facultad de atracción, a fin de conocer de
los juicios de amparo directo presentados contra la sentencia dictada por la Tercera Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca el 4 de febrero de 2010, en
el toca penal 371/2009.
Mediante acuerdo de 12 de abril de 2010, el señor Ministro presidente de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la solicitud
formulada por el Tribunal Colegiado y, una vez recibidos los expedientes de los juicios de
amparo en mención, ordenó turnar el asunto a la ponencia del señor Ministro Juan N. Silva Meza para elaborar el proyecto de resolución correspondiente; el 19 de mayo del
mismo año, la Primera Sala del Máximo Tribunal determinó ejercer la facultad de atracción
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1 En el precepto señalado se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
46/2010, para conocer de los juicios de amparo directo 123/2010 y 124/2010 del índice del
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.
El 17 de junio de 2010, el señor Ministro presidente de la Primera Sala determinó
avocarse al conocimiento del juicio de amparo directo, y procedió a turnar el expediente a
su ponencia a fin de formular el proyecto de resolución respectivo; el número de
expediente asignado fue el 14/2010. El 8 de julio del mismo año, se tuvieron por hechas
las manifestaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación designado por el
Procurador General de la República para intervenir en este asunto, en las que solicitó que
se negara el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa.
A continuación, el 7 de octubre de 2010, el presidente de la Primera Sala, en
cumplimiento a lo determinado por el Tribunal en Pleno en sesión privada de 27 de
septiembre del mismo año y con fundamento en el artículo 25, fracciones I y II de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación,2 ordenó que se returnaran los asuntos a la
ponencia de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, a fin de que
formulara el proyecto respectivo.
En la consulta se propuso no amparar a la quejosa en contra de la sentencia
definitiva reclamada, pues se consideraron infundados los conceptos de violación hechos
valer en los que señaló en esencia, que la autoridad responsable no analizó los agravios
esgrimidos por la defensa, no estudió todo el acervo probatorio y vulneró las reglas de
valoración de la prueba; la quejosa sostenía que con los medios probatorios existentes en
autos, se acreditaba la inexistencia del delito que se le imputaba.
En el proyecto se precisó que la Sala responsable dio abundantes razones del por
qué procedía tener por demostrados los elementos del delito equiparado a la violación
perpetrado en agravio del menor, tipificado en el artículo 247, primer párrafo, vigente en la
época de los hechos, en relación con el 246, segundo párrafo, del Código Penal del
Estado de Oaxaca, basándose en la prueba circunstancial o prueba presuntiva, señalando
que ante la inexistencia de pruebas directas resultó ser la idónea habida cuenta que por
tratarse de hechos delictuosos que en la mayoría de los casos se cometen en ausencia de
testigos, la prueba directa es refractaria, admitiéndose comúnmente la prueba
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2 En el precepto en comento se establecen las atribuciones de los presidentes de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las que se encuentran la de dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia de la Sala respectiva, designar a un señor Ministro para que someta a consideración de la misma un proyecto a fin de que ésta decida lo que corresponda cuando estime dudoso o trascendental algún trámite, regular el turno de los asuntos entre los Ministros que integren la Sala, y autorizar las listas de los propios asuntos que deban resolverse en las sesiones.
circunstancial o presuntiva; destacó el señalamiento relativo a que, no es necesario
establecer que la cópula en cuestión haya sido integral o total ni la existencia de
eyaculación por no exigirlo el tipo penal.
De esta forma, en el proyecto se señaló que contrariamente a lo que alegó la parte
quejosa, la Sala responsable no vulneró los principios reguladores de la valoración de la
prueba al tener por acreditado el delito equiparado a la violación, pues todos los medios
probatorios que tomó en cuenta para tener por demostrados cada uno de los elementos
que integran el ilícito en cuestión, tienen valor probatorio en términos del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, vigente en la fecha de la comisión de los
hechos, y se encuentran autorizados por el código procesal en comento.
En ese sentido, se consideró correcto que la responsable tomara en cuenta la
declaración del ofendido que en este caso, como lo destacó la Sala responsable, se
trataba de un menor que al momento de cometerse el delito contaba con cuatro años de
edad, según las documentales que obraban en la causa penal, pues en principio, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los delitos sexuales por su
misma naturaleza suceden en lugares apartados, ocultos y en ausencia de testigos, por lo
que su existencia debe acreditarse mediante el enlace lógico entre los indicios, ya que la
prueba directa pocas veces concurre, destacando que en estos casos adquiere especial
relevancia el dicho de la persona ofendida y debe aceptarse como fuerte indicio
presuntivo, si es corroborada por otros elementos de prueba que induzcan a la certeza de
los hechos imputados y contribuyan a la convicción judicial; así, se sostuvo que la
imputación de la ofendida no debía tomarse como un simple indicio, sino que debía
atribuírsele un valor preponderante, ya que los hechos que entrañan la comisión de tales
delitos, por su naturaleza, se realizan en ausencia de testigos y, además, el agente activo
procura que no haya personas que pudieran percatarse de su realización.
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Aunado a lo anterior, se señaló que la víctima del delito, al tratarse de un menor de
edad, los tribunales debían atender primordialmente al interés superior del niño en todas
las medidas que tomaran concernientes a éstos, destacando que la expresión "interés
superior del niño" implicaba que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos
debían ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño; se destacó que así lo
ha sostenido la Primera Sala del Máximo Tribunal de conformidad con lo establecido en
los artículos 4o. de la Constitución General, 3 de la Convención sobre los Derechos del
Niño y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Por ende, en el proyecto se consideró acertado el que la Sala responsable hubiese
otorgado valor probatorio a las declaraciones del menor ofendido, dada la naturaleza del
delito de que se trataba, así como porque del análisis de dichas declaraciones se arribaba
a la conclusión de que resultaban verosímiles y contundentes en los detalles que a su
corta edad podía percibir, por lo que dicha declaración realizada en presencia de
funcionarios públicos como lo son el Ministerio Público y la perito en psicología adscrita a
dicha dependencia, resultaba preponderante en la integración de la prueba presuncional,
tal y como lo consideró la responsable.
Asimismo, en el proyecto se estimó que fue correcto que se les otorgara valor
indiciario a las declaraciones de la madre del menor, a las de los doctores y a los peritajes,
en tanto que reunían los requisitos que al efecto señala la ley adjetiva, pues cumplían con
los parámetros establecidos en el artículo 403 del Código de Procedimientos Penales
para el Estado de Oaxaca, toda vez que fueron emitidos por personas conocedoras de las
ciencias comprendidas en los dictámenes, además de que en ellos describieron a la
persona y a los instrumentos que fueron objeto de estudio, así como la relación detallada
de todas las operaciones practicadas y de su resultado, expresando las conclusiones
emanadas en vista de tales datos y conforme a los principios y reglas de las ciencias que
practicaban.
Por otra parte, en el proyecto se estableció que las diversas opiniones de expertos
en distintas materias, aportadas por la defensa, fueron correctamente desechadas, pues la
opinión de los expertos es requerida por el tribunal con la finalidad de que la proporcionen
directamente del estado del menor o de sus lesiones, más no para desvirtuar los
dictámenes emitidos por otros peritos.
Igualmente, se ponderó que la responsable negó correctamente otorgarle valor
probatorio a las distintas testimoniales ofrecidas por la defensa así como a las
documentales valoradas, en razón de que carecían de relación con los hechos que se
cuestionaban o bien, no arrojaban elementos que pudieran desvirtuar los que fueron
tomados en consideración valorados en su conjunto, a efecto de tener por acreditado el
delito equiparado a la violación.
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En tal virtud, en la consulta se consideró que del estudio integral y minucioso de la
sentencia recurrida, se apreciaba que la Sala responsable no incurrió en violación a las
reglas de valoración de la prueba, pues para darle eficacia probatoria a algunas y
restársela a otras, tomó en cuenta la mecánica de los hechos, así como la convicción que
le generaba cada uno de los elementos de prueba, en lo particular, y luego, en su
conjunto, confrontándolos con las pruebas de descargo, en uso de la libertad que le
otorgaba el código adjetivo de la materia, para apreciar los elementos de convicción de
acuerdo a la lógica y a la experiencia; ello la llevó a concluir que se encontraban
demostrados todos los elementos integradores del delito equiparado a la violación.
En otro punto, en el proyecto de resolución se estimó igualmente infundado que la
Sala responsable hubiese vulnerado los principios reguladores de la valoración de la
prueba, al tener por acreditada la plena responsabilidad de la quejosa en la comisión del
delito equiparado a la violación cometido en perjuicio del menor, ya que hizo una
valoración de pruebas acorde a las reglas que establece el Código adjetivo de la entidad,
con base en la cual integró la prueba circunstancial, con valor pleno y suficiente, para
tener por acreditada la responsabilidad referida.
En ese orden, en el proyecto se apreció que la conclusión a la que arribó la
responsable fue plenamente razonable, toda vez que de las pruebas de cargo se
desprendieron suficientes indicios para tener por demostrado que la hoy quejosa auxiliaba
a los sujetos que le imponían la cópula al menor ofendido, a que realizaran dicha
conducta, es decir, proporcionó auxilio o ayuda a los autores materiales del delito.
Finalmente y en relación a la individualización de la pena y a la reparación del
daño, en el proyecto se estableció que de la sentencia reclamada se apreciaba que la
autoridad responsable atendió, entre otros datos, al hecho imputado y a la participación de
la sentenciada en la ejecución de éste, así como a las circunstancias de tiempo, modo y
ocasión en la perpetración del ilícito.
De esta manera, en la consulta se propuso determinar que ante lo infundado de los
conceptos de violación y al no existir queja deficiente que suplir en términos de la fracción
II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, lo procedente era negar a la quejosa el amparo
que solicitaba.
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Sesión pública de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 26 de enero de 2011.
En uso de la palabra, el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se pronunció
en contra del proyecto presentado y, en esencia, señaló los siguientes argumentos:
Consideró que los conceptos de violación expresados eran esencialmente
fundados y suplidos en la deficiencia de su expresión, por lo que resultaban suficientes
para conceder la protección constitucional solicitada.
Indicó que desde su punto de vista el primer problema que presentaba el proyecto
era en la forma en la que se desarrollaba, pues no permitía realizar el estudio de los
diversos aspectos de legalidad del acto reclamado.
Lo anterior, dijo, en virtud de que el estudio de una sentencia definitiva en sede de
acción constitucional de amparo directo requiere de la revisión de los elementos de
legalidad establecidos, lo cual implicaba un análisis exhaustivo no solamente de la
resolución reclamada, sino de las constancias del proceso del que derivaba.
Por ende, señaló que el esquema de revisión de legalidad del acto reclamado, a
menos que existiera una circunstancia que aportara mayor beneficio al quejoso, debía
atender a la secuencia del análisis siguiente:
Primero. Verificar el cumplimiento a las formalidades esenciales del proceso, como
un derecho fundamental.
Segundo. Constatar la existencia de fundamentación y motivación del acto
reclamado.
Tercero. Apreciar la legalidad en la valoración de las pruebas, con las que se
afirme el acreditamiento del delito y la plena responsabilidad penal del sentenciado; y,
Cuarto. Verificar la correcta imposición de las penas impuestas y las restantes
consecuencias jurídicas inherentes a la sentencia condenatoria.
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De esta forma, indicó que en su opinión el proyecto carecía de la estructura
metodológica anterior, toda vez que después de una revisión exhaustiva de las
constancias procesales, se advertía que sí existieron violaciones a las formalidades
esenciales del procedimiento que afectaron la defensa de la quejosa y que influyeron en el
sentido en que se dictó la sentencia condenatoria.
Señaló que la violación trascendental constituía una afectación al principio de
contradicción probatorio, ya que en la causa penal existieron diversas pruebas periciales
que fueron aportadas por el órgano acusador con la finalidad de robustecer la afirmación
de que el menor ofendido fue víctima de una violación sexual y en contraposición, la
defensa ofreció diversas periciales que en conjunto negaron la existencia de la violación
sexual; peritajes que no solamente fueron elaborados por peritos particulares, sino
también por peritos oficiales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y de la
Procuraduría General de la República.
Sin embargo, afirmó que a pesar de la posición contradictoria entre los estudios
periciales presentados por las partes, el Juez del proceso omitió el desahogo de una junta
de peritos en la que comparecieran los especialistas, a efecto de dilucidar los puntos a
contradicción en el caso concreto; asimismo, indicó que para el caso de que persistieran
las contradicciones, el juzgador tenía la obligación de ordenar la intervención de peritos
terceros en discordia para esclarecer cada uno de los puntos en contradicción, por lo que
la omisión constituyó una clara violación a lo dispuesto en el artículo 405 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca.
Ante esta situación, consideró que resultaba claro que la violación mencionada
incidió en la vulneración de la defensa de la quejosa y determinó el sentido de la sentencia
condenatoria, en la medida en que la autoridad responsable violó reglas de valoración de
las pruebas, al desestimar las pruebas ofrecidas por la defensa.
En tal sentido, el señor Ministro Cossío Díaz precisó que de realizarse la
metodología y claridad que exigía el caso, en su opinión, resultaba viable llegar a la
conclusión de que existió insuficiencia de pruebas para afirmar la responsabilidad penal de
la quejosa, circunstancia que llevaría a concederle el amparo y protección de la Justicia
Federal de manera lisa y llana, cuya consecuencia le representaba un mayor beneficio, al
restituirle la libertad personal de la que había sido privada desde el inicio del proceso
penal.
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Indicó que existía una gran cantidad de pruebas desahogadas en el proceso con el
carácter de testimonios, dictámenes y documentales que fueron desestimadas en el acto
reclamado bajo argumentos de autoridad que no respondían a los lineamientos de
valoración legal de las pruebas, lo cual no fue analizado con exhaustividad en el proyecto,
ya que un estudio puntual debía dar cuenta no solamente de las pruebas de cargo, sino
también de las de descargo y analizar la valoración que se hizo de cada uno de ellos para
estar en condición de afirmar la legalidad de la apreciación probatoria.
De la misma manera, precisó que tampoco se advertía un análisis sobre la forma
en que la autoridad responsable afirmó que estaba demostrada la plena responsabilidad
penal de la quejosa en el delito que se le atribuyó por haber realizado acciones que
auxiliaron a su realización, ya que se pretendía sostener la atribución de responsabilidad
penal únicamente con las declaraciones del menor y la denunciante; sin embargo, en la
resolución reclamada no existió un ejercicio de estructuración probatorio que demostrara la
intervención de la quejosa en los términos sostenidos en la acusación; es decir, en primer
lugar, que la quejosa efectivamente llevara al menor al salón de cómputo durante el recreo
y con mayor importancia, que entregara al menor a dos sujetos y tuviera conocimiento con
carácter de dolo directo de la acción delictiva que se afirma se iba a realizar en contra del
menor.
Por otra parte, se refirió a la estructura de la prueba circunstancial e indicó la
trascendencia de la valoración de las pruebas en los procesos penales; señaló que el
análisis de legalidad de las sentencias definitivas en materia penal, necesariamente
implicaba la verificación de la correcta valoración de las pruebas existentes en autos, por
lo que la apreciación de los elementos demostrativos por parte de la autoridad judicial
responsable debía sujetarse a las disposiciones jurídicas aplicables, lo que permitía
establecer la existencia de los hechos demostrados con las pruebas; no obstante, señaló
que en la mayoría de los casos, los elementos probatorios apreciados en forma aislada
únicamente alcanzaban el rango de demostración de un hecho o circunstancia
determinada, pero no eran suficientes por sí, para sostener la demostración de los
presupuestos jurídicos en que se sustentaba una sentencia penal condenatoria, relativos
al acreditamiento del delito y la plena responsabilidad penal del sentenciado.
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Por ende, manifestó que únicamente podrá afirmarse que el juzgador utiliza la
prueba indiciaria correctamente para sustentar una sentencia condenatoria, cuando sigue
escrupulosamente los presupuestos materiales para su construcción, respeta los derechos
fundamentales del imputado a la presunción de inocencia, el derecho de probar y la
obligación de motivar la resolución judicial.
Señaló que era cierto que la forma oculta de realización de los delitos sexuales
dificultaba la obtención de pruebas para su demostración; sin embargo, el especial rango
de credibilidad otorgado a este tipo de imputaciones de ninguna manera implicaba que
dejaran de observarse los principios rectores de valoración de la prueba. A partir de la
imputación de la víctima, la autoridad judicial cuenta con un elemento de prueba relevante,
pero insuficiente por sí solo para sustentar la sentencia condenatoria.
Lo anterior, dijo, representa un indicio sumamente trascendente, pero que requiere
concatenarse con otros elementos de prueba a fin de estructurar la prueba circunstancial
para afirmar efectivamente la existencia del delito y la plena responsabilidad penal del
encausado; la conformación de la prueba indiciaria, necesariamente debe excluir cualquier
rango de duda razonable en estricto respeto al principio de presunción de inocencia.
Por tal motivo, mencionó que la circunstancia de que se tratara de un menor de
edad, y por tanto la invocación de la protección del interés superior del menor, de ninguna
manera podían tener el alcance de vulnerar los principios de valoración probatoria y de
presunción de inocencia, ya que estimar lo contrario, implicaría sostener que la sola
imputación de la víctima tenía eficacia jurídica plena para sustentar una sentencia
condenatoria y relegar la trascendencia de principios penales relevantes.
Así, señaló que de conformidad con los estándares internacionales, establecidos
en las Directrices Sobre la Justicia para los niños-víctimas y testigos de los delitos era
necesario utilizar procedimientos adaptados a los niños, incluidas salas de entrevista
destinadas a ello, servicios interdisciplinarios, salas de audiencia, así como una serie de
elementos técnicos para poder recoger estas declaraciones, pero en modo alguno se
establecía que se debía dar esta posición prevalente respecto a las víctimas de los delitos,
pues la propia normatividad internacional apuntaba al balance entre los derechos de la
víctima y la defensa en los procesos penales, aun cuando se encontrara involucrado un
menor y debiera protegerse su interés superior en la participación de los mismos.
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Para concluir, dijo que de un análisis racional y jurídico, resultaba posible sostener
que las pruebas existentes en la causa penal eran insuficientes para integrar la prueba
circunstancial a partir de la cual se sostuvo la sentencia condenatoria de primera instancia.
En uso de la voz, el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia señaló que
compartía el criterio mencionado por el señor Ministro Cossío Díaz en su intervención y
agregó que de conformidad a la tesis aislada aprobada ese mismo día de rubro: “INTERÉS
SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL”,3 en el ámbito
jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad
interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño,
lo cual no sucedía en el caso concreto, pues no se trataba de normas que tuvieran que
aplicarse a un menor; además, indicó que de acuerdo a esta tesis el interés superior del
niño demandaba de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más
estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión, es decir,
de la medida que se aplicaría a un niño.
Por otro lado, precisó que en caso que se dilucidaba la imputación a la quejosa no
se encontraba protegida por la prevalencia del dicho del ofendido, pues los hechos
sucedieron a la hora del recreo, en presencia de muchos testigos. Por ende, indicó que en
la sentencia condenatoria se hizo una deficiente valoración probatoria a fin de integrar la
prueba circunstancial, pues únicamente se aglutinaron indicios y se concluyó vagamente
sobre la responsabilidad, dando por sentado el hecho específico de que la quejosa sí
participó y estaba consciente de su actuar doloso; es decir, en este punto los Magistrados
de la mayoría desestimaron las pruebas de descargo en forma infundada.
En ese orden, consideró que en el asunto había dos partes de la imputación que
eran perfectamente escindibles y que ameritaban un trato diferente, esto es, lo que
sucedió en una habitación cerrada y lo que sucedió a la vista de toda la escuela
consistente en que en reiteradas ocasiones la maestra separaba al niño de sus
compañeros para llevarlo a otro sitio, lo cual no se encontraba corroborado en modo
alguno.
De esta manera señaló que, desde su punto de vista y después de justipreciar
tanto las pruebas de cargo como las de descargo, arribaba al corolario de que en el caso
no existían pruebas claras y contundentes sobre la responsabilidad penal de la acusada,
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, p. 76, tesis 1a. XV/2011; IUS: 162807.
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indispensables para el dictado de una sentencia condenatoria. Por ende, resultaba
violatorio de garantías y procedía otorgar la protección de la Justicia Federal solicitada en
términos de la jurisprudencia que dice: “PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE”.4
En uso de la palabra, los señores Ministros ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea manifestaron su postura a favor de lo
expresado en el proyecto de resolución.
La votación de los señores Ministros en relación con el proyecto sometido a su
consideración, registró un empate a dos al no encontrarse la Sala integrada en su totalidad
ante la falta de un señor Ministro.
Sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 30 de marzo de 2011
Una vez integrada la Sala en su totalidad, se abordó de nueva cuenta el asunto y
en uso de la palabra, el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso una
solución diversa a la analizada, al plantear que se otorgara el amparo a la quejosa para el
efecto de que se regresara el asunto al Tribunal responsable en el Estado de Oaxaca, a fin
de que emitiera una nueva determinación en la que se tomaran en consideración
elementos que no fueron analizados en su momento. De esta forma, la autoridad
responsable analizaría de nueva cuenta el tema de la plena responsabilidad de la quejosa,
subsanando las irregularidades que fueron consideradas en la Primera Sala del Máximo
Tribunal del país.
De esta forma, y toda vez que el resto de los señores Ministros integrantes de la
Primera Sala ratificaron su votación de la sesión del 26 de enero del 2011, la votación
registrada fue de dos votos por el otorgamiento del amparo liso y llano de los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, un voto por el
otorgamiento del amparo para efectos del señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
y dos votos por la negativa del amparo de los señores Ministros ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por lo que se
determinó en votación económica, retirar el asunto y someterlo a consideración del
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4 Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Primera Sala, Segunda Parte, Tomo CXIV, p. 47, IUS: 806788.
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Sesiones del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fechas 16 y 17 de mayo de 2011.
El Tribunal en Pleno abordó el tema relativo a si existían o no pruebas suficientes
para ratificar la condena en contra de la maestra del menor que presuntamente fue
abusado sexualmente en el año de 2006, en una escuela privada ubicada en la ciudad de
Oaxaca.
Al hacer uso de la palabra, los señores Ministros Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se manifestaron de acuerdo con la
consulta y sostuvieron la plena responsabilidad de la quejosa en el delito de violación
equiparada, al presumirse que ésta llevaba al menor con los autores materiales del abuso
sexual.
Entre otros argumentos, la señora Ministra Sánchez Cordero consideró que no era
factible someter a duda el dicho del menor, entre otras cuestiones, en razón a que debía
considerarse el interés superior del niño en el caso concreto. En tal sentido, concluyó que
se tenía plenamente demostrada la comisión del delito de violación equiparada por la
ahora quejosa.
La señora Ministra ponente consideró además, que los elementos de prueba
aportados por la denunciante, consistentes principalmente en el dicho del menor y
fundamentado en el interés superior del niño, resultaban suficientes para acreditar la
responsabilidad penal de la quejosa.
Por su parte, el señor Ministro Zaldívar consideró que no se violaba el principio de
presunción de inocencia, pues existían pruebas suficientes para demostrar la plena
responsabilidad de la inculpada y que no era factible suponer que el menor había sido
aleccionado en las declaraciones en las que señaló el delito del que fue objeto y las
personas responsables de él.
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Por su parte, los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia coincidieron en señalar que desde su óptica, no existieron probanzas
suficientes para mantener en prisión a la maestra, y que por tanto, procedía el
otorgamiento del amparo en atención al principio de presunción de inocencia, con el que
debía guardarse estricto apego.
El señor Ministro Cossío Díaz señaló además, que no era posible ubicar por
encima del principio de presunción de inocencia el del interés superior del niño. Manifestó
su convicción de que no se había acreditado que la quejosa facilitara la consumación del
delito de violación al menor, y que la condena a la quejosa se había basado en un
procedimiento viciado en el que existieron deficiencias en la valoración de las pruebas
aportadas.
Por su parte, el señor Ministro Ortiz Mayagoitia añadió que las pruebas aportadas
por la parte acusatoria durante el procedimiento no eran directas, y en ese sentido, no le
generaban la convicción de la plena responsabilidad de la quejosa en la comisión del delito
que se le imputaba. Señaló que la resolución de la Sala responsable del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Oaxaca, se basó en pruebas de cargo, con las cuales no se
demostraba la culpabilidad de la quejosa.
En uso de la palabra, el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo manifestó
que las constancias médicas aportadas en el expediente por la parte acusadora no fueron
ofrecidas como pruebas periciales y que éstas se aportaron al iniciar la averiguación previa
correspondiente. Señaló que la sentencia reclamada no era acorde con las formalidades
constitucionales del caso y añadió que la conducta atribuida a la inculpada consistente en
auxiliar a la comisión del delito de violación del que presuntamente fue objeto el menor,
carecía de la característica de “oculta realización” que por el contrario sí se presentaba en
la ejecución material del delito en comento.
En ese tenor, recordó que la conducta delictuosa atribuida a la quejosa tuvo lugar
de manera reiterada y a la vista de la comunidad escolar del plantel educativo, por lo que
estimó que la prueba circunstancial no podía verificarse de la misma forma que la relativa
a la supuesta participación de la inculpada.
Reiteró la propuesta que hizo en la sesión de la Primera Sala del 30 de marzo del
2011, en el sentido de que se otorgara el amparo a la quejosa para el efecto de que la
autoridad responsable dictara nueva resolución en la que considerara los aspectos que
omitió en la sentencia reclamada. De esta forma, quedarían a salvo los derechos de las
partes para promover nuevamente el juicio de amparo en contra de la resolución que
dictara en consecuencia la Sala del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca.
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Por su parte, el señor Ministro Luis María Aguilar Morales señaló que no debía
restarse credibilidad a las declaraciones del menor, no obstante, estimó que se
actualizaron en el caso, vicios relativos a la valoración de las pruebas aportadas, pues
debió realizarse ésta aunada a una concatenación de hechos, y con ello, procurar la plena
demostración de la responsabilidad de la inculpada como auxiliadora en la comisión del
delito de violación en contra del menor, situación que según su convicción, no aconteció.
Aclaró que no se manifestaba por la inocencia o no culpabilidad de la quejosa, sino
por la procedencia de la concesión del amparo por irregularidades en la valoración de la
prueba.
La ausencia de probanzas relativas al traslado que reiteradamente se presume hizo
la quejosa del menor para que éste fuese abusado sexualmente, propiciaba que operara el
principio de presunción de inocencia a favor de la acusada, toda vez que no se acreditaba
el dolo, el conocimiento de las consecuencias de su supuesta conducta ni que realizara el
auxilio para la comisión del delito de violación del ofendido.
Por tanto, se pronunció en contra de la consulta y por la concesión del amparo liso
y llano.
El señor Ministro José Fernando Franco González Salas manifestó que sobre el
asunto gravitaba el principio de presunción de inocencia a favor de la quejosa, por lo que
no coincidía con la propuesta contenida en el proyecto de resolución.
Concordó con algunos de los señores Ministros que le antecedieron en el uso de la
palabra, al señalar que debía atribuirse un valor preponderante a la declaración del menor
como presunto ofendido en el delito de que se trataba; no obstante, era necesario
considerar que se trataba de la única prueba en la que se sostenía la premisa de la
culpabilidad de la maestra, mientras que las demás pruebas tenían el carácter de
circunstanciales.
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Hizo notar que de autos se desprendía que el menor había declarado en una
ocasión que la maestra era quien lo llevaba para que fuera abusado sexualmente,
mientras que en diversa declaración señaló que dicha conducta la había llevado a cabo el
maestro de computación, por lo que existía una incongruencia. Además, manifestó que en
ningún momento se ofreció una prueba testimonial en la que se sostuviera que la
inculpada había sido vista llevando a cabo la conducta que se le imputaba.
De esta forma, consideró que el dicho del menor no constituía prueba plena de que
la quejosa hubiese cometido el delito en comento, y que por esa razón, operaba en su
favor el principio de presunción de inocencia, al existir duda razonable de su culpabilidad.
Añadió que en su concepto, la investigación que fundamentó el juicio penal, no
había sido exhaustiva en beneficio del interés superior del menor. Por lo expresado, se
pronunció en contra del proyecto y a favor del otorgamiento del amparo a favor de la
quejosa. Coincidió con esta postura, el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández quien
se pronunció en contra del proyecto de resolución.
Por su parte, el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano señaló que el
delito de que se trataba era motivo de absoluta y justificada indignación, no obstante, era
necesario realizar un análisis sereno y ausente de pasiones sobre las piezas de autos, y al
respecto manifestó que el interés superior del menor no debía superponerse al principio de
presunción de inocencia.
Añadió que no debía llegarse a una convicción en base a sospechas, y señaló que
desde su perspectiva, existía falta de contundencia en las pruebas ofrecidas para la
demostración de la comisión del delito en contra del menor ofendido.
De esta forma, se manifestó en contra del proyecto de resolución puesto a
consideración del Pleno y por el otorgamiento del amparo a fin de que se procediera a la
inmediata libertad de la inculpada.
En uso de la palabra, la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos procedió
a realizar una relación de constancias y autos que obran en el expediente, así como de
documentos y pruebas que fueron desestimados en su momento por la Sala responsable y
aclaró que, aunque no se discutía en esa ocasión la realización material del delito de
violación en contra del menor, en su opinión la sola realización de dicho ilícito podía ser
objeto de duda. De esta forma, al encontrar duda razonable en la comisión material del
delito, era dable concluir que existía duda en la conducta de auxilio en la comisión del
ilícito atribuida a la maestra inculpada.
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Por dichas razones, se manifestó en contra del proyecto y por la concesión del
amparo.
En su intervención, el señor Ministro presidente Juan N. Silva Meza señaló que,
desde su punto de vista, existieron elementos suficientes para acreditar la plena
participación y responsabilidad de la quejosa en la comisión del delito de violación en
agravio del menor de edad.
Manifestó que el dicho de los ofendidos por delitos sexuales debe contar con el
pleno ánimo de convicción, máxime cuando se trata de menores de edad, pues se debe
presumir que éstos dicen verdad en estos casos. Consideró que en las declaraciones del
menor existió consistencia y señaló su coincidencia plena con las manifestaciones del
señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
En relación con el proyecto que se encontraba a consideración, manifestó que se
encontraba de acuerdo con varias de las consideraciones contenidas en éste más no con
todas. Estimó que el asunto se prestaba para sentar un importante precedente respecto de
la ponderación de pruebas en el caso de delitos sexuales verificados en contra de
menores de edad.
Por lo expresado, se manifestó a favor del proyecto de resolución.
De esta forma, por mayoría de ocho votos en contra del proyecto de resolución de
los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz,
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se resolvió conceder el amparo a la quejosa, en contra de los emitidos
por los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza.
En relación con los efectos del amparo concedido, una mayoría de seis señores
Ministros votaron por la libertad inmediata de la inculpada.
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