1585 6 al 12 de julio de 2012pcmle@journalist.com / www.pcmle.org/EM

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D e manera no oficial se conoce que el Gobierno estaría estudiando la culminación del Convenio Marco

que el Ecuador tiene con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo In-ternacional (Usaid), lo cual implicaría su salida de nuestro territorio. Así mis-mo, hace pocos días se hizo público que no se enviarán más militares ni policías al Instituto para Cooperación en Seguri-dad de los EEUU, más conocido como ex Escuela de las Américas.

Una y otra institución son instru-mentos del imperialismo norteamerica-no para penetrar en diversos estamentos de la sociedad y establecer mecanismos de control político, social y militar. En la antigua Escuela de las Américas se han entrenado militares de todo el he-misferio, salvo Cuba, y muchos de ellos han cumplido papeles nefastos en sus respectivos países, sea en la condición de dictadores o de jefes de aparatos de investigación y tortura. La presencia de la Usaid es, por así decirlo, más discre-ta, pues, su labor la cubre a través de proyectos de desarrollo social, partici-pación ciudadana o fortalecimiento de la democracia.

La expulsión de la Usaid y la prohi-bición de participar en esos cursos mili-tares debió tomarse hace mucho tiempo. Aunque el gobierno intente armar un discurso para mostrar una supuesta ac-titud antiimperialista, no hay duda que en esas medidas también se evidencia la doble conducta gubernamental.

Desde que inició el gobierno de Ra-fael Correa hasta junio de 2011, la Usaid invirtió 93,5 millones de dólares en pro-yectos gubernamentales y los denomi-nados de la “sociedad civil”. El grueso tiene que ver con convenios aprobados desde Carondelet; hace cuatro años, el Ministerio de Coordinación de la Pro-ducción pidió el apoyo de la agencia im-perialista para establecer prioridades sectoriales y, de las 20 áreas propuestas por la Usaid, Correa escogió 10 sectores estratégicos como prioritarios.

Actualmente tiene convenios con los Ministerios de Ambiente, Turismo, de Justicia, de Agricultura, con el Inda, Senplades, con el Consejo de la Judica-tura, con la Fiscalía, el Consejo Electo-ral, entre otras instituciones, a más de que varios funcionarios del gobierno han trabajado para ONGs que, en su mo-mento, recibieron fondos de la Usaid.

En cuanto al otro tema, hay que re-cordar que esa medida solo se la tomó tras la denuncia de la organización Soa Watch en el sentido de que militares y policías ecuatorianos seguían formán-dose en una escuela dirigida por el im-perialismo.

Gobierno beneficiario de la Usaid

Proletarios de todos los países… ¡Uníos!

Órgano Central del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador

Fuera USAID

del Ecuadordel Ecuador

Está en circulación la revista Política 28, Órgano de difusión del Comité Central del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, PCMLE

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En estos días, el Gobierno de Rafael Correa anun-ció que el Ecuador deja-

rá de enviar efectivos policiales y militares a la antigua Escuela de las Américas, esa noticia no responde precisamente a la ini-ciativa del régimen correísta, por el contrario esta decisión se da en respuesta a un pedido de la organización no guberna-mental SOA Watch que ha soli-citado al gobierno suspenda su cooperación con esta escuela.

Si bien estos es positivo, el anuncio puso en evidencia, una vez más, el doble discurso del Presidente, pues, han pa-sado seis años que miembros de las FFAA y de la Policía han asistido a esta escuela que, vale recordar, es célebre por la formación de escuadrones de la muerte y violación a los derechos humanos de miles de latinoamericanos que fueron torturados, violados y asesi-nados por soldados y oficiales

entrenados en ese centro creado en 1946 en Panamá

El objetivo de esa escuela era servir como instrumento para preparar a las naciones la-tinoamericanas a cooperar con los Estados Unidos y mantener así “un equilibrio político” con-trarrestando la influencia cre-ciente de organizaciones políti-cas de izquierda y por otro lado auspiciar a dictaduras militares de esa época.

La decisión de no enviar militares a la antigua Escuela de las Américas no puede es-conder una realidad, este go-bierno mantiene una estrecha relación con el imperialismo norteamericano, pues, pese a su discurso sobre la defensa de la soberanía y de no aceptar intro-misión alguna de EEUU man-tiene convenios con este país y recibe “ayuda” de carácter eco-nómico, militar y policial. Este aporte está previsto hasta el 2013, lo que se confirma cuan-

do en el presupuesto de coope-ración social de Estados Uni-dos, el Ecuador se encuentra entre los diez primeros países. De acuerdo con el proyecto Just the Facts, el monto de esa ayuda para 2011 sumaría 17 millones 189 mil 618 dólares, cantidad poco menor a la que se recibió en 2012 (18’825.618), vale señalar que el gobierno no ha rendido cuentas de esto. La cooperación va desde el pla-no económico hasta el campo militar. El gobierno ha suscrito tres acuerdos para la lucha an-tinarcóticos que trabajan direc-tamente con la DEA y con la Embajada Norteamericana en el país, la muestra de esta coo-peración es la construcción por parte de militares norteamerica-nos de dos helipuertos en la frontera norte ecuatoriana, los mismos que han servido para mantener la cooperación y el involucramiento del país en el Plan Colombia.

Los desenfados que pre-senta Rafael Correa sobre la intromisión que EEUU hace a través de la Agencia de Esta-dos Unidos para el Desarrollo Internacional Usaid choca con la realidad, pues, no solo va-rias ONGs reciben dineros de esta agencia, lo hacen también varias dependencias del Estado ecuatoriano que financian no menos de 16 proyectos entre ellos el Ministerio de Turismo, el de Justicia, el de Agricultura, el de Ambiente, el Plan Ecua-dor, Consejo Transitorio de la Judicatura, la Fiscalía, el Con-sejo Electoral, sin contar que varios de los funcionarios de gobiernos han sido represen-tantes de organizaciones no gu-bernamentales que a su tiempo recibieron dinero de la USAID. Queda claro entonces que el discurso de Rafael Correa sobre la soberanía y la condena a la intromisión extranjera es pura demagogia.

No más militares a la Escuela de las Américas

Defender la soberanía y condenar la intromisión

extranjera es solo parte del discurso demagógico de Rafael Correa para ganar popularidad

Gobierno se aprovecha de la situación de Assange

Desde el 19 de junio Ju-lian Assange, fundador

de WikiLeaks, se encuentra refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y espe-ra respuesta positiva a su pe-dido asilo político. La me-dida la adoptó después del rechazo de la Corte Suprema Británica a su pedido de rea-brir su caso y de la aproba-ción de su extradición a Sue-cia, lo cual abre las puertas a una subsecuente extradición a Estados Unidos, donde se le sigue un juicio por rebe-lar información secreta que podría culminar con una sentencia a pena de muerte.

Sin duda alguna, el gobierno ecuatoriano debe otorgar el pedido de Assange.

Desde que éste solicitó asilo, la utilización político-mediática del gobierno es evidente, y procura vender -dentro y fuera del país- la imagen de un régimen que respeta los derechos huma-nos, políticamente progresis-ta y hasta de izquierda. Hábil como es para la manipula-ción y la maniobra, utiliza el caso para ocultar temas me-dulares que han provocado rechazo popular, como el de la narcovalija diplomática, su incapacidad para contro-

lar al acción de los carteles de la droga o los múltiples hechos de corrupción que carcomen al gobierno de arri-ba hacia abajo. Hacia afuera, particularmente, se trabaja la idea de que en Ecuador hay un gobierno que respeta las libertades democráticas, cuando justamente este es uno de los derechos más vul-nerados.

Hay que recordar que cuando el mundo conoció los correos de WikiLeaks, y se supuso ya el riesgo que ello significaba para la se-guridad de Julian Assange, el ex vicecanciller Kintto

Lucas le ofreció permiso de residencia en nuestro país, siendo inmediatamente des-autorizado por Correa en los siguientes términos: “Al di-rector de WikiLeaks no se le ha hecho ninguna propuesta formal, eso fue una declara-ción personal del vicecanci-ller, no ha tenido mi autori-zación”.

Demorar la aceptación del pedido de asilo poco impor-ta al gobierno, las consultas que al respecto dice que está desarrollando seguramente tendrán que ver con cómo sacar el máximo de provecho político con este asunto.

Las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana con-

tinúan con su lucha para lograr que se haga efectiva la sanción que en el 2012 la justicia ecuatoriana impuso a la poderosa Chevron _Texaco, tras un juicio en el que se comprobó su responsabilidad en la contaminación ambiental y en daños en la salud de los pobladores. La mencionada transnacional petrolera está obligada a pagar una indemnización de $8 646 millones por los daños ambientales, más un 10% por concepto de gestión ambiental que eleva la suma a $9 510 millones, más el ofrecimiento de una disculpa pública. De no hacerlo el monto se duplicaría. Hoy la cuantía asciende a más de 18 mil millones de dólares, pues, la empresa no solo que no se ha disculpado sino que busca por todos los medios incumplir con su condena, para ello ha intentado va-rias maniobras legales.

Frente a esta actitud, las comu-nidades amazónicas han recurrido a varias acciones legales en el ámbito internacional. Así para que Chevron cumpla con la condena interpusieron demandas en otros países, la primera la hicieron ante las cortes de Canadá, en Ontario, con el objetivo de inmo-vilizar los bienes de la petrolera que tiene inversiones en una gran zona de extracción de la provincia de Alberta, y gasolineras en todo el territorio de Canadá; en los últimos días la parte acusadora interpuso una demanda en las cortes de Brasil, para que la jus-ticia de este país reconozca el fallo ecuatoriano y se pueda proceder al embargo de los activos de Chevron en esa nación .

Estas demandas internacionales son parte de una estrategia para lograr el cobro de la indemnización. Los de-mandantes han señalado que se ven obligados a tomar estas medidas ya que la petrolera pretende burlarse del fallo de la justicia ecuatoriana; pero aseguran que será muy difícil que se burle de fallos como los de la justi-cia de Brasil y Canadá, países en los que las autoridades pueden ordenar el embargo de sus bienes. Lamentable-mente en el Ecuador la compañía no cuenta con activos.

Perjudicados por Chevron no bajan la

guardia

Hábil como es para la manipulación y la maniobra, utiliza el caso para ocultar temas medulares que han provocado rechazo popular, como el de la narcovalija diplomática

Nuevo capítulo de la demagogia gubernamental

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En el 2010 Ecuador tuvo proble-mas con el GAFI (Grupo de

Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero) porque fue incluido en la «blacklist» de esa organización y así definido como un país que brinda fa-cilidades para operaciones económicas relacionadas con el delito. Una manio-bra política lo sacó de la lista.

En el 2012 el país vuelve a entrar a la «blacklist» y Correa vuelve a reac-cionar con igual desproporción. Es cierto que el GAFI tiene fuertes víncu-los con los imperialismos, de hecho es una organización creada por ellos y en el fondo cuida de sus intereses. Tam-bién es cierto que en el Ecuador los di-neros de negocios oscuros circulan con relativa libertad. Eso aunque el Presi-dente lo niegue con sus bravatas saba-tinas y pretenda crear un GAFI para el ALBA a su gusto y medida. Mientras por el lado del Procurador se preten-de incluir cierto articulado referente al narcotràfico y terrorismo en el nuevo Código Penal que se trata en la Asam-blea Legislativa. Sin embargo para el GAFI fueron insuficientes las medidas adoptadas por el país para acoger las 40 sugerencias que emite a todos los Estados por ello su decisión.

El narcolavado le trae problemas al gobierno que retiró de la dirección de la Unidad de Análisis Financiero a Gustavo Iturralde, que en declaracio-nes públicas ya advirtió de esta san-ción al país. Correa, en vez de corregir el problema, eliminó a quien advirtió del inconveniente.

Para el 2010 se dijo que alrededor de dos mil millones de dólares estaban en la economía ecuatoriana en “opera-ciones inusuales e injustificadas” para el 2011 habrían sido mil 600 millones.

La Asociación de Bancos se une a la crítica al gobierno y sostiene que las operaciones de crédito internacio-nal se verán relentizadas porque a los bancos ecuatorianos se les pedirá más documentación. Evidente “cara dura” de los banqueros pues está claro que por sus bolsillos pasaron esos dineros de dudoso origen y no se ocuparon de impedirlo, pero sí de gozarlo. Está también claro que parte de las enormes ganancias que han obtenido provienen del manejo de esos recursos y que este gobierno les brindó esa oportunidad.

Correa les contestó. Desempolvó su frase de hace cinco años que de-magógicamente y para regocijo de las masas expresó: “me van a tener que traer esos miles de millones de dóla-res que tienen en el exterior”, eso no se concretó antes y seguramente ahora tampoco. En esta pelea interbuguesa ambos contendientes se sacan parte de sus trapos sucios al sol, solamente para alardear que cada uno sabe los rabos de paja que tiene el otro para finalmen-te llegar a algún acuerdo que dejará el problema intocado pero a Correa y banqueros conformes.

Todo esto ante una situación de violencia criminal que es tan eviden-te y peligrosa que las propias Fuerzas Armadas ecuatorianas ya lo alertaron hace algunos meses: la actividad de-lictiva organizada se ha incrementado tanto que corroe a toda la sociedad y hace falta enfrentarla.

Siguen problemas con el narcolavado

El Código de Conducta de los Abogados en Li-bre Ejercicio Profesional,

elaborado por el Consejo de la Ju-dicatura Transitorio (CJT) y pro-puesto por Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado, prohibe a los profesionales del derecho dar a conocer, a través de los medios de comunicación, asuntos relativos a las causas que patrocinan y que no se encuentren resueltas por los tribunales y juzgados, caso con-trario, serán sometidos al respec-tivo juzgamiento por parte del CJT y sancionados con la suspen-sión de uno a seis meses, según la gravedad de la falta. Esta preten-sión de silenciar a los abogados está enmarcada en la política de restricción de la libertad de ex-presión y la violación del derecho a la libre información que ha insti-tuido Correa como garantía para acallar las voces de quienes pien-san diferente y denuncian la galo-pante corrupción de su gobierno.

En efecto, desde finales del año pasado, en acción conjunta, el

Fiscal y los miembros del CJT afi-nan el Código de Conducta de los Abogados el mismo que, a más de imponer la norma del silencio y establecer sanciones para quien la ignore, en su artículo 14 argumen-ta: “falta a la ética profesional el abogado que hábilmente absuel-ve consultas por radio, televisión y otros medios de comunicación emitiendo opiniones sobre casos jurídicos que le fueren planteados sean o no gratuitos sus servicios”, con lo cual, la común y legítima opinión recabada a juristas reco-nocidos por su experticia en de-terminados ámbitos legales, tam-bién está prohibida y sancionada.

Otro elemento que lesiona el libre ejercicio profesional es la pretensión de convertir al CJT y sus direcciones regionales en tri-bunales de excepción encargados de sustanciar, juzgar y sancionar a los profesionales del derecho según sean sus acciones civiles o penales. Para la aplicación del Código se dispone que todos los abogados se inscribirán en la Di-

rección Regional del CJ que co-rresponda y prometer el cumpli-miento fiel de lo estipulado en él.

El Fiscal Chiriboga al defen-der la facultad que, ilegalmente, se arrogael CJT para aprobar el Código en los términos señala-dos y convertirse en instancia de sustanciación y juzgamiento, sin inmutarse, dijo que mediante la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011, los ecuatorianos apro-bamos la “reestructuración del Sistema Judicial”. Al respecto, conviene tener presente el pro-ceso fraudulento con el cual el gobierno se atribuyó un triunfo en la consulta y, por otro lado, el declarado objetivo de meter las manos en la justicia, situación que se comprueba, todos los días, a través de forjados juzgamientos y sentencias a la carta, en corres-pondencia con el apetito e intere-ses de Correa y su círculo.

La intención implícita en este “famoso” Código, no deja duda de que los pormenores que tras-cendieron en torno a casos como

el de El Universo, con una jugosa indemnización de 40 millones; el del Gran Hermano; el de chuc-ky seven; de la jueza Encalada; del coronel Carrión, entre tantos otros, han desgastado la imagen del gobierno por la burda y gro-tesca manipulación de la justicia. Por ello es que las audiencias y di-ligencias en los juicios penales en contra de luchadores populares, como el de los Jóvenes de Lulun-coto, por ejemplo, se las realiza en forma reservada para que sus arbitrariedades y atropellos solo tengan como testigo a las cuatro paredes de los juzgados, sin em-bargo de que la ley señala que to-dos los juicios son públicos.

La respuesta de indignación por parte de los Colegios de Abo-gados, tanto nacional como pro-vinciales, es unánime; se expresa, incluso, en la intención de decla-rarse en rebeldía. El Presidente del Colegio del Guayas expresó: “Aquí se evidencia que se trata de sembrar miedo para cosechar silencio”.

“Sembrar miedo para cosechar silencio”

La intención de aprobar un Código de Conducta

que obligue a los abogados a guardar

silencio sobre las causas que patrocinan es

un ejemplo más del patológico intento de

Correa de tapar la boca a quien pueda desnudar

sus arbitrariedades

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Con la entusiasta asistencia de delegados de las 24 pro-vincias del país se reunió el

Consejo Nacional del MPD en la ciudad de Guayaquil y proclamó sus precandidatos a la Presidencia de la República, responsabilidad que recayó en los compañeros Luis Villacís y Lenin Hurtado. Esta de-cisión fue el resultado de una con-sulta democrática desarrollada en el seno de las organizaciones de base, militantes y simpatizantes del MPD y responde a la orientación trazada por la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, según la cual, has-ta los primeros días del mes de julio todas las fuerzas que la integran de-ben concretar sus precandidaturas, de las cuales, finalmente, luego de un debate democrático a lo largo y ancho del país, surgirá el candidato único que enfrente y derrote a Co-rrea en las elecciones de febrero próximo.

En el marco del análisis de la situación política y económica ac-tual, de la correlación de fuerzas en el escenario electoral, del fraccio-namiento de la derecha tradicional, de la constatación del progresivo

desgaste de la imagen del gobierno y, sobre todo, de las fortalezas de la unidad de las izquierdas, los compa-ñeros Villacís y Hurtado ratificaron su convicción de una real perspecti-va de victoria.

Luis Villacís Maldonado, pre-candidato a la Presidencia manifes-tó: “estamos frente a un gobierno procapitalista, entregado a las em-presas transnacionales, un régimen que ha incrementado la deuda exter-na y que pasa a la historia como un gobierno traidor a la patria al haber permitido el ingreso del Ecuador a la Convemar, perdiendo 188 millas de mar territorial; los casos de co-rrupción son diarios, el régimen será recordado como el gobierno de la narcovalija, de la narcoavioneta, de los comecheques, de los contratos del Gran Hermano y muchos otros casos que salpican al gobierno” . Hizo hincapié en que la unidad de las izquierdas es la verdadera alter-nativa, es un proyecto de largo al-cance, presenta al pueblo ecuatoria-no un programa de gobierno acorde con los anhelos de cambio de la po-blación, que busca instaurar un Es-tado Plurinacional, una Patria Nue-

va con soberanía, que haga cumplir los derechos de la naturaleza, que impulse la producción y el empleo, que garantice la salud y educación, que construya el Sumak Kawsay, es decir, un programa que cumpla con el pueblo ecuatoriano.

Lenin Hurtado, por su parte, constató que hoy el gobierno ya no tiene el apoyo de los maestros, in-dígenas, trabajadores, estudiantes está huérfano de respaldo social, a la par, el descontento es paulatino y sostenido. Agregó que se avecina el proceso electoral y Correa sabe que el principal enemigo es la izquierda revolucionaria, es la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, y

hoy busca limpiar el terreno persi-guiendo a los prefectos y alcaldes de la Coordinadora o enjuiciando a dirigentes sociales y políticas como Mery Zamora.

El Consejo Nacional también proclamó las candidaturas de Jorge Escala como pre candidato a Asam-bleísta Nacional y pre candidatos a asambleístas provinciales en las personas de Mery Zamora, Natas-ha Rojas, Pedro Almeida y Linder Altafuya. Concluyó con el compro-miso de trabajar para fortalecer el MPD, la unidad de la tendencia de-mocrática y de izquierda y estar a la cabeza de la defensa de los intereses populares.

En las últimas semanas del mes de junio la provincia de Car-

chi -y principalmente Tulcán- fue escenario de una importante lucha social. Las protestas surgieron como respuesta al plan del gobierno para la distribución del cilindro de Gas Li-cuado de Petróleo (GLP) y tuvieron como respuesta del régimen la repre-sión y la prepotencia.

En su típico estilo brabucón y amenazador, el primer mandatario señaló en la sabatina del 21 de junio que no dará marcha atrás a las me-didas impulsadas, pero la moviliza-ción y la lucha del pueblo obligó al gobierno a revisar su plan y a otorgar una ampliación en la venta del gas.

Según el gobierno, para enfrentar el contrabando del gas a Colombia era necesario entregar una tarjeta in-teligente a las familias, sin modificar la cantidad y los días de distribución de cilindros que antes se habían esta-blecido; pero a la par que se cambió tickets por la tarjetas inteligentes, la gobernación modificó tablas de dis-tribución, reduciendo cantidad de ci-lindros y días de entrega, provocando que el descontento y el deseo de lu-cha crezcan.

El desplante de la gobernadora, María Helena Villareal, a la solicitud de diálogo y la represión a la movili-zación social incrementó la indigna-ción. A su pedido inicial de solucio-nar el problema del gas se sumó el de la destitución de esa funcionaria, cosa que se hubiera alcanzado de no haber insidido la actitud timorata y conciliadora del prefeto y el alcalde de Tulcán que pusieron límite a la lucha.

No obstante esto último, la lucha del pueblo carchense ha sido victo-riosa; el gobierno debió reconocer una serie de errores cometidos en este proceso y aceptar la ampliación de los cupos. En este proceso fue-ron destituidos el Jefe Político de Tulcán, Julio Torres, y el Director de Hidrocarburos, José Franco. La gobernadora continúa en su puesto pero está debilitada políticamente, la población desconfía de ella, pues, ha puesto ha flote su prepotencia.

La prepotencia y autoritarismo evidenciados en estos días por fun-cionarios gubernamentales han sido resumidos con ingenio por los car-chenses: “Nosotros pedimos gas y el gobierno nos da gas lacrimógeno”.

“El pueblo pide gas y el gobierno da

lacrimógeno”

Luis Villacís y Lenin Hurtado, precandidatos presidenciales por el MPD

La persecución política continúa en la U. Central

La persecución política al inte-rior de la Universidad Central

continua, el abuso de poder y el contubernio que los dirigentes de Nueva Universidad, hoy dirigen-tes de la Federación de Estu-diantes de Quito, mantienen con el rector Edgar Samaniego, ha dado como resultado la imple-mentación de nuevas medidas represivas contra militantes del Frente Izquierda Universitario FRIU y otros estudiantes que no comparten la posición sumisa y entreguista ante el gobierno que autoridades y algunos dirigentes de esta casona universitaria man-tienen.

los afectados en esta ocasión son Darío Campos, Gabriela Or-tega, Nora Carrera y Sandra Lom-beida ,dirigentes estudiantiles de varias facultades y carreras que enfrentan sumarios administrati-vos por supuestamente atentar contra la honra del secretario de la FEUE de Quito, Carlos Mu-ñoz, quien en el pasado proce-so electoral, en un acto cobarde agredió verbal y físicamente a su compañera sentimental, frente a lo que varios jóvenes tanto de FRIU como de otros frentes uni-versitarios y estudiantes en gene-ral levantaron su voz en rechazo a estos hechos y en solidaridad

con una joven estudiante que fue atacada por un “dirigente”.

La reacción no se hizo espe-rar y varios jóvenes publicaron fotos y mensajes condenando es-tos hechos a través de las redes sociales, pero en lugar de encon-trar una respuesta coherente de parte de los dirigentes de la FEUE de Quito, se instauraron sumarios administrativos para intentar ex-pulsar o sancionar a algunos de los jóvenes dirigentes que conde-naron este hecho y contra aque-llos que han iniciado procesos de impugnación de las elecciones por las evidentes inconsistencias en los resultados.

Frente a ello los dirigentes de FRIU emprenderán acciones tan-to al interior como fuera de la ca-sona universitaria, hoy se encuen-tran recogiendo firmas para, por un lado, levantar la solidaridad con la estudiante agredida y con los dirigentes perseguidos; por otro, iniciarán acciones legales ante la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciuda-dana, así como ante la Comisión Legislativa de Derechos Colecti-vos para hacer respetar los dere-chos de la mujer, pero también exigir respeto a los derechos de estudiantiles que por pensar dife-rente son perseguidos.

“La unidad de las izquierdas es la verdadera alternativa, es un proyecto

de largo alcance que busca instaurar un Estado Plurinacional, una Patria Nueva con soberanía…”

(Luis Villacís)

Gustavo Larrea fue proclamado como precandidato a la Presidencia de la República por el Movimiento Participación, integrante de la Coor-dinadora Plurinacional de las Izquierdas. En el marco de una emotiva asamblea realizada en la Casa de la Cultura, en Quito, resaltó: “que-remos una revolución en serio, que multiplique derechos, libertades e inclusiones y no una caricatura de revolución que conculca libertades, que persigue a quien discrepa, que criminaliza la protesta social, que es incapaz de abrirse al diálogo, confundiendo revolución con imposición y prepotencia”

Precandidato de Participación

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En la ciudad de Cuenca, en el Salón de la Democracia

del Consejo Nacional Electoral, se reunieron las organizaciones que conforman la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas para conformar el Frente Provin-cial del Azuay.

Masivamente concurrieron los militantes de las diversas or-ganizaciones de izquierda en la provincia, ahora para concretar su organización fruto de recien-tes acuerdos, pero sobretodo con-secuencia de encontrarse en la lucha por el cambio desde hace décadas, entre las que destaca la más reciente que unió varias pro-vincias, entre ellas Azuay, desde el extremo sur hasta Quito en el mes de marzo en la Marcha por la vida, la dignidad y la soberanía.

Fernando Vega, del Movi-miento Montecristi Vive; Mar-tha Arévalo, Pachakutik; Sergio Méndez, Participación; Carlos Álvarez, RED; Sebastián Ceva-llos, Movimiento Popular Demo-crático; Giovanni Palacios, Poder Popular; y, Narcisa Gordillo, por corriente Socialista, serán los en-cargados de realizar los aportes para el programa de gobierno que está en construcción, basado en la realidad azuaya, que, de paso, ha sido uno de los hitos en la lucha en defensa de la naturaleza en los últimos años.

En esta ocasión, de conformi-dad con los acuerdos nacionales, se procedió a reproducir a nivel provincial la estructura que fun-ciona nivel nacional y a discutir la problemática de la provincia para aportar con soluciones y propues-tas al plan de gobierno que las iz-quierdas propondrán al país en las próximas elecciones.

Se conforma la

Coordinadora Plurinacional

en Azuay

Miles de adolescentes no ejercerán su derecho a la educación

Las instituciones de “educación popular”, según disposición

del Ministerio de Educación, en adelante solo podrán recibir es-tudiantes mayores de 18 años o deberán convertirse en centros de educación regular. Esto conlleva a que miles de adolescentes que actualmente reciben capacitación en esta modalidad educativa que-den fuera de este beneficio.

Los centros de educación po-pular surgieron frente a la nece-sidad de miles y miles de jóvenes que debido a su condición econó-mica deben trabajar para obtener ingresos que les posibiliten sobre-

vivir y que, al no disponer de tiem-po en las horas que generalmente se dictan clases en las institucio-nes educativas regulares, debían quedarse sin estudiar. Los centros educativos de educación popular, hasta antes de esta medida, capa-citaban a sus estudiantes en diver-sas ramas técnicas o artesanales, les permiten obtener conocimien-tos que podían aprovechar para mejorar sus ingresos económicos. De esta manera se los mantenía en contacto con la educación y per-mitía su vinculación laboral.

Si bien es cierto que esa situa-ción no es la deseable, no es me-

nos cierto que enfrentaba una rea-lidad: la pobreza de adolescentes que idealmente debían estar en las aulas de colegios, pero que su si-tuación socio-económica les obli-gaba a trabajar para sostener a su familia y a si mismos.

Esta situación no ha variado mayormente en época de la “re-volución ciudadana”. La pobreza obliga a jóvenes, e incluso niños, a tomar la decisión de dejar de estu-diar para trabajar. Es una realidad que sigue golpeando a las familias pobres del Ecuador.

La decisión del correìsmo, de limitar el acceso a este tipo de

educación no formal a quienes no hayan cumplido la mayoría de edad, en la práctica es discrimina-toria pues deja a miles por fuera de su derecho a educarse, a la vez que coadyuva a mantener su condición de mano de obra no calificada y, por tanto, sujeta a mayor explota-ción.

Otra medida tomada desde el escritorio, dirigida más a satisfa-cer las presiones del jefe, antes que a resolver una problemática social que persiste pese a que el propio gobierno reconoce la in-versión de miles de millones de dólares.

“Convenios soberanos” aúpan la corrupción

El slogan del gobierno “el petróleo ya es de todos” poco a poco se cae y se

evidencia cómo, los supuestos convenios o alianzas estratégicas entre países como Venezuela y China, han beneficiado a las em-presas trasnacionales de comer-cialización que han usufructuado de nuestros recursos petroleros por décadas.

Tras los convenios supuesta-mente soberanos que se suscri-bieron entre el gobierno de Vene-zuela con su empresa PDVSA y Ecuador a través de Petroecuador, queda claro únicamente que las grandes beneficiarias son las em-presas privadas como Glencore y Trafigura, las que pese a estar im-pedidas de contratar con el Esta-do ecuatoriano ha intervenido en estas negociaciones violentando todas las normas legales del país. Es importante recordar que estas fueron declaradas como empre-sas contratistas incumplidas, la primera entre el 2007 y fines del 2011 y en el caso de Trafigura ade-

más fue demandada por la estatal Flopec, dedicada al transporte de petróleo, en junio del año 2011. Lejos quedaron los discursos y los calificativos de “corruptas y corruptoras” que Rafael Correa profirió contra de estas empresas, ahora ya no es importante poner al frente la soberanía ni buscar los mejores beneficios para el Es-tado.

Los convenios entre aliados estratégicos solo han sido un pa-raguas para que las trasnacionales comercializadoras de petróleo puedan mantener su negocio, los datos así lo demuestran : el con-venio de intercambio de crudo por derivados, entre enero del 2009 y noviembre del 2011, se-ñala que el 39% de los productos que Venezuela entregó a Ecua-dor, de un total de 27,5 millones de barriles valorados en $ 2.682 millones, vino de intermediarios u otros operadores privados con los que Venezuela contrata. Es decir aquellos a quienes Correa supuestamente intentaba alejar

del negocio hoy están más invo-lucrados que nunca aunque perju-diquen al Estado

Además de actuar ilegalmen-te, varias son las observaciones que Petroecuador ha señalado sobre la calidad de los productos provistos por Venezuela, pero lo más grave es que el país ha tenido que hacer varios egre-sos por usuales demoras en las ventanas de carga y descarga. Las ventanas son periodos de dos o tres días que se fijan para que el tanquero llegue a puerto y cargue el petróleo; si el buque se atrasa se comienza a calcular el tiempo extra y se tiene que pagar lo que se denomina “demoraje”. Según datos de prensa, en una reunión realizada a fines del 2010 en Quito, se indicó que Pe-troecuador emitió 36 facturas por demoraje, las cuales no habían sido canceladas. Presentó tam-bién 35 reclamos por desviacio-nes de calidad hasta julio de ese mismo año y PDVSA reconoció 25 de esos reclamos.

Estas negociaciones a cuenta de ser entre Estados han care-cido de transparencia, pues, a la fecha de la reunión antes citada no había reportes originales de las operaciones desarrolladas entre 2007, 2008, 2009 y 2010. El análisis de documentos re-veló también que la facturación de los embarques por parte de PDVSA a Petroecuador se ha realizado hasta con 15 meses de atraso; en tanto que Petroecua-dor ha hecho pagos a la vis-ta, antes de tener ese soporte. La falta de claridad en el tema no ha permitido conocer el nivel de ganancia que Venezuela ha tenido con este convenio, pues no se sabe en qué valor negoció el barril de petróleo ecuatoriano; frente al re-querimiento de esta información por parte de Petroecuador, PDV-SA manifestó que no se puede dar a conocer las licitaciones internas de la empresa. Otro elemento que deja en tela de duda el beneficio de estos convenios de intercam-bio de crudo por derivados.

Los convenios entre Estados son un paraguas para

que empresas privadas continúen

usufrutuando de nuestros recursos

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Luego del asesinato de los Alfaro, muchas de las conquistas políticas y

económicas del período revolu-cionario inicial se quedaron en el papel. “La burguesía comercial y bancaria, aliada a los terrate-nientes implantó su dominación plutocrática. El banco Comer-cial y Agrícola de Guayaquil se convirtió en el dueño y hacedor de las cosas en el Ecuador. En la Sierra se destruyeron importan-tes manufacturas textiles debido a la competencia de la industria de las potencias imperialistas, mientras en la Costa se desarro-llaba la recolección de madera y otros productos agrícolas y se implantaba la agricultura de ex-portación. Se afirmó así, el ca-rácter agroexportador del país. Contra la dominación bancaria y la dura situación provocada por la crisis y la devastación de las plantaciones cacahueras, irrum-pieron la oficialidad joven del ejército y las capas medias de la ciudad que habían crecido, luego de la revolución liberal, provo-cando la denominada Revolu-ción Juliana”. (Línea Política del PCMLE)

El movimiento militar esta-lla en Guayaquil el 9 de julio de 1925, que luego de derrocar al presidente Gonzalo Córdova, or-ganiza dos Juntas Militares, una en esa ciudad y otra en Quito, para controlar la conducción de la política nacional. La Junta de Guayaquil estaba dirigida por el Mayor Idelfonso Mendoza y en Quito por el Mayor Juan Ignacio Pareja. Las dos Juntas nombran una Civil con siete miembros,

tres por Guayaquil y cuatro por la de Quito, dirigidas semanal-mente por cada uno de los com-ponentes. Entre los integrantes se hallaba Luis Napoleón Dillon, burgués progresista, fundador de la fábrica textil “La Internacio-nal”, que hasta llegó a enviar su adhesión al Partido Socialista en 1926.

Sectores organizados inme-diatamente hicieron demostra-ciones a favor de la transforma-ción. Los estudiantes del Co-legio “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil se adhirieron en las calles. La Asamblea Liberal Ra-dical Unitaria de Quito lanzó un manifiesto saludando la actitud de los oficiales revolucionarios y pidiendo que se tenga en cuenta “el fervor radical socialista del momento” y que no se olviden de la “redención para las clases desheredadas de la fortuna”. La Facultad de Medicina de la Uni-versidad Central presentó sus congratulaciones a la Junta de

Gobierno. El magisterio dijo es-tar al lado del movimiento.

Por supuesto la organización obrera, campesina o artesanal planteó sus problemas más in-mediatos, así por ejemplo, la Sociedad de Obreros “Unión y Progreso” de Tungurahua felici-tó a la Junta por la creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo; la Sociedad de Arte-sanos de León pide el “abarata-miento de los víveres y de todos los artículos de primera nece-sidad, hoy en día comprados a precios fabulosos que no están en relación con los pequeños ingresos con que cuenta la cla-se proletaria”; los campesinos de Urcuquí calificaron la revo-lución como trascendental para los ecuatorianos, y más aún para esa población, “pueblo condena-do a morir de sed, en beneficio particular de uno de los más alle-gados miembros del Presiden-te cesante”; los indígenas de la parroquia Olmedo, de Cayambe,

manifestaron: “Los que vivimos entre riscos y piedras; sin techo ni abrigo propios; los que aún no saboreamos el dulce néctar de libertad; los que vivimos presio-nados en esta hacienda “Pesillo”; aquellos que por autoridad local conservamos humildes un tira-no, y por justicia la usurpación de nuestros propios derechos, cómo podremos considerar la supradicha transformación, sino como cosa sobrenatural y a cuyo amparo iremos en pos de nuestra salvación?

Entre las medidas adoptadas fue apresado en Guayaquil Urbi-na Jado, señalado como árbitro de las finanzas del país, así mis-mo fue detenido Leonidas Plaza Gutiérrez representante de la oli-garquía. Se aprueba una nueva Ley de Impuestos; se suprimen los estancos particulares; se dic-ta una ley más progresista sobre herencias, legados y donaciones; se promulga la Ley Protectora de Industrias Nacionales; se centra-liza la recaudación e inversión de las rentas públicas, etc.

“En realidad, se produce un reajuste de cuentas entre el naciente sector industrial de la burguesía y el sector comercial y bancario de ella. Se trató de un impulso modernizador del Estado y de la economía, moni-toreado por el imperialismo. Se sentaron las bases económicas y administrativas del Ecuador de hoy. Se creó el Banco Central, el sistema de seguridad, etc.”

La denominada revolución julianaSectores organizados inmediatamente hicieron demostraciones a favor de la transformación. Los estudiantes del Colegio “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil se adhirieron en las calles.

Cristina Campaña, de 23 años de edad, auditora; Fadua Tapia, estudian-

te de la Universidad Central del Ecuador (con medidas cautelares por estar embarazada); Yescenia Heras, abogada, de 28 años de edad; Cristhiam Gomez, de 25 años de edad, odontólogo; Pablo Castro, 24 años y estudiante de derecho en la UCE; Santiago Ga-llegos, ingeniero agroindustrial de 30 años de edad; Victor Vinueza, licenciado en sociología, 48 años; Marcelo Merchán, estudiante de derecho en la Universidad Estatal de Guayaquil; Héctor Estupiñán, ingeniero en sistemas de 27 años de edad; Enrique Zambrano, estu-diante universitario en Esmeral-

das; son los hombres y mujeres, padres y madres de familia a los que el gobierno mantiene reteni-dos por el simple hecho de pensar diferente.

Las presiones gubernamentales sobre los jueces y la propaganda para convencer a la ciudadanía sobre la cul-pabilidad de los jóvenes profesionales comprometidos con las causas socia-les del pueblo, raya en la exageración. Ya son más de tres meses y la acción de los fiscales y jueces se ha limitado, no a que brille la justicia, sino a que se impida cualquier acción que permita la libertad de los jóvenes detenidos.

Los pedidos de medidas sustituti-vas, de amparo de libertad y Habeas Corpus, son sistemticamente negados. Quienes ostentan hoy el poder sobre

la justicia no consideran ninguna ar-gumentación o prueba que demuestre la inocencia de los detenidos; todo el proceso se maneja conforme los tiem-pos y ordenes de un mandatario que los encontró culpables desde el mo-mento mismo de su detención.

Pruebas de este viciado manejo se encuentra en denuncias que de-muestran la parcialización de la Fiscal Diana Fernández León, quien partici-pa para un puesto de jueza, quien no cerró la instrucción fiscal que terminó legalmente el 1 de junio como le co-rrespondía, dando largas al proceso, y de paso presionando para asegurarse su puesto; la violación del debido pro-ceso, al no cumplir con su obligación de tramitar los pedidos de pericias in-formáticas a las computadoras de la

ULCO, de la fiscal y del Juez XXII de Garantías Penales de Pichincha, pericias que fácilmente demostrarían como las órdenes de allanamiento y apresamiento fueron forjadas y elabo-radas ilegalmente; tampoco ha remiti-do la lista del personal que participó en ese operativo que mantuvo plagia-dos y retenidos ilegalmente por 7 ho-ras a los líderes sociales, hoy presos.

Todas estas descaradas acciones se dan con el único afán de satisfacer la prepotencia de un gobernante que ha ordenado, sin que medie ninguna razón, la culpabilidad de estos jóve-nes, condenándolos a la tortura que significa permanecer recluidos, sopor-tando privaciones y sin poder ver a sus familias y tiernos hijos.

Maniobras y abusos solo para satisfacer al jefe

El deseo de siempre “tener la ra-zón”, aunque la realidad, prue-

bas y testimonios digan lo contrario, se ha tornado en una costumbre (ob-sesión, es la palabra correcta) para el gobierno. Una muestra de ello es la insistencia por “condenar” la protes-ta social y sancionar a los dirigentes populares que la dirigen.

Continuando con la persecución contra los dirigentes que encabeza-ron la lucha en defensa del Agua y la vida en Azuay en mayo de 2010, y a pedido de los funcionarios del gobierno, esta vez como fiscales, el sábado 30 de junio, en la Corte de Justicia Nacional, en Quito, se debía llevar a cabo la audiencia de casación (que fue suspendida), en el proceso seguido en contra de los dirigentes Carlos Pérez G., Federico Guzmán y Efraín Arpi, sobre quienes recae la acusación de “terrorismo” por su participación en la defensa del agua, la vida y la naturaleza; y, en contra de la explotación minera a gran es-cala en el Azuay.

En esta audiencia, que es la úl-tima etapa de este tortuoso proceso contra los dirigentes y luchadores por la vida, no estaba en juego sola-mente la ratificación de la inocencia de los dirigentes, sino que marca un nuevo espacio para ratificar el dere-cho de los ecuatorianos a expresar su desacuerdo en la entrega y remate de los recursos naturales del país.

Carlos Pérez Guartambel, Fede-rico Guzmán, y Angel Arpi fueron detenidos en mayo de 2010 y acu-sados de “sedición, alteración del orden público, agresión a miembros policiales y destrucción de bienes públicos, paralización y obstaculiza-ción de servicios públicos”, durante las protestas contra la Ley de mine-ría y de aguas que se discutía en ese tiempo. La Fiscalía logró que la Pri-mera Sala de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca los sancione por “obstaculización de las vías públi-cas”; condenándolos a un año de pri-sión para posteriormente, reconside-rando las circunstancias, imponerles una sanción de ocho días de prisión.

Rechazada la condena, como de-bía ser, por parte de los dirigentes populares ya que nunca cometieron delito alguno, además de que el go-bierno “no pudo probar los hechos” y ante una resolución del Juzgado Segundo de Garantías Penales, con la que emitió sentencia absolutoria a favor de los acusados, la Fiscalía, en un claro intento de impedir que el gobierno sea contradicho, y “pase la vergüenza” de tener que recono-cer que las acusaciones son producto de su intolerancia y prepotencia, in-terpuso recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, acción que fue suspendida para una próxi-ma fecha, dando largas al tema y permitiendo al gobierno ejerza pre-sión sobre su bufette de abogados que despachan desde las cortes del país.

Otro proceso que se dilata

Desde la historia

En Azuay

(Línea Política del PCMLE)(Del Crimen del Ejido a la Revo-lución del 9 de julio de 1925 de Oswaldo Albornoz)

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L a reunión de Río+20 –con-siderada por sus organiza-dores la mayor en la histo-

ria de la ONU- tuvo el propósito central de proponer la consolida-ción del neoliberalismo a nivel mundial, lo que se refleja tanto en la preparación y contenido de sus documentos, como en sus reso-luciones y en la propia estrategia que persigue. Promesas como ir a la “economía verde”, definida por sus autores como una economía de crecimiento con equidad so-cial, bajas emisiones de carbono y mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales, fue criticada por los países dependientes por-que promueve la mercantilización de la naturaleza y los perjudica. La falta de definición sobre un enfrentamiento a la degradación del medio ambiente y la pobreza evidencia el fracaso del evento dominado por las corporaciones contaminadoras y aquellos que destruyen el medio ambiente y su resolución final criticada du-ramente por ser “abstracta y no corresponder a la realidad.”

Los documentos del evento

no se refieren a la crisis econó-mica mundial, sus orígenes, los efectos y cómo combatirla. Se esquivan las contradicciones pro-pias del sistema capitalista y las implicaciones sociales que tiene el modelo neoliberal. Se pasa por alto problemas candentes como el restrictivo poder adquisitivo de los salarios, el creciente endeu-damiento de los hogares y la ex-pansión concentradora del sector financiero. Premisas que dan paso a la denominada “economía am-biental” con su cínico mensaje: colocar un precio al medio am-biente y crear nuevos mercados, como el de los bonos de carbo-no y considerar a los banqueros como inversores del capital natu-ral, quienes tomarán a la agricul-tura, la pesca y los bosques como puntales generadores de ganan-cias en “beneficio de los pobres”.

La Reunion Río+20 no eva-a Reunion Río+20 no eva-luó las decisiones adoptadas en 1992, que aprobó la Convención Marco sobre el Cambio Climáti-co (CMNUCC), de la cual salió a duras penas el Protocolo de Ki-oto con la idea de solucionar los

problemas por el mal uso de los gases de efecto invernadero; lo que no se respetó por la creciente competencia intercapitalista (des-de la crisis de 2008). No hubo re-ferencia a las fracasadas cumbres de Copenhague (2009); Cancún y Durban (2010 y 2011), cuyas apa-rentes buenas intenciones ador-mecieron las protestas y dieron paso a la creación del mercado de carbono.

Bajo las orientaciones del Banco Mundial y la Agencia In-ternacional de la Energía, el docu-mento “El futuro que queremos” – denominación de la reunión- es neoliberal de comienzo a fin con planteamientos para mayor auste-ridad, miseria y desigualdad soci-al de la población y una peligrosa perspectiva para la degradación ambiental y el saqueo de recursos.

En el párrafo 10 se señala, por ejemplo, que “en los veinte años transcurridos desde la Cumbre de la Tierra en el año 1992, se registraron avances y cambios” y que “el desarrollo insostenible ha aumentado la presión sobre los li-mitados recursos naturales de la

Tierra”. Con lo que justifican su claro interés de seguirlos explo-tando y aprovechándose de ellos de manera desenfrenada.

En el proyecto de resolución, el fracaso del evento se encubre con las machaconas frases: “el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiem-po” y expresa su “profunda pre-ocupación por los países en de-sarrollo, que son particularmente vulnerables. “

Preocupación que lleva implí-cita una gran dosis de hipocresía porque todos los males sociales que aquejan a la humanidad: de-sempleo, explotación, miseria, empobrecimiento masivo de mi-les y millones de seres humanos en el planeta, así como el insis-tente proceso de quebranto del ambiente con masiva extinción de especies, degradación de suelos, contaminación de ríos, lagos, la-gunas y mares y cambio climáti-co, son consecuencia de las accio-nes depredadoras del capitalismo y el modelo neoliberal al que dedica sus principales esfuerzas Río+20.

Reunión de Río +20 para consolidar neoliberalismo en el mundo

Dos decisiones, de coyun-tura la una y de carácter

estratégico la otra, acaba de to-mar la 43ª Cumbre del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), realizada en la ciudad argentina de Mendoza. La primera es la suspensión de Paraguay hasta que se realicen elecciones de-mocráticas en el 2013 y la de in-cluir a Venezuela como miem-bro con plenos derechos; y, la segunda decisión se inscribe en el contexto de la geopolítica China-Mercosur, mediante la suscripción de una declaración conjunta entre China y los paí-ses del Mercosur para la crea-

ción de un área de libre comer-cio. El compromiso es fortalecer la cooperación económica y co-mercial para llegar a la meta de 200 mil millones de dólares en el 2016, con la adopción de me-didas conjuntass que viabilicen el intercambio comercial entre China y cada uno de los Estados miembros del MERCOSUR.

La apertura de una zona de libre comercio con China ten-dría efectos contraproducentes para los paísesRde este grupo por las grandes desigualdades que se presentan. El libre ingre-so de bienes industriales no sólo que arrasaría con la industria de

Brasil y Argentina, que son los más desarrollados, sino con las del resto de países, dados los costos y volúmenes escandalo-sos de producción chinos. Basta tomar en cuenta los cientos de productos que ellos fabrican y los precios bajos a los que los venden y el interés que tienen de obtener recursos naturales en beneficio de su propio cre-cimiento, además de su interés por adquirir alimentos, energía y minerales fuera de su territo-rio.

Por lo mismo esta nueva etapa se inscribe en la estrategia que China se plantea con res-

pecto a América Latina: intro-ducir su producción industrial a precios bajos y llevarse de territorios americanos materias primas, minerales y energía. a ello abonaría la presencia de Venezuela en el Mercosur y la ausencia de Paraguay, que no ha tenido anteriormente relaciones comerciales con China porque las mantenía con Taiwán. Los beneficios vendrían dados por el espaldarazo Chino que los ayu-daría a construir su propia estra-tegia común de desarrollo y el enfrentamiento con los centros de poder económicos y políticos de EE.UU y la UE.

El vicepresidente boliviano calificó de “conflicto de alta peligrosidad”

a la recientemente terminada huelga de los policías. Apenas si recibirán un in-cremento de quince dólares mensuales, la solución de problemas administrativos y el gobierno se hizo de la “vista gorda” ante la acción policial de quemar miles de documentos en los que se detallaban irregularidades de este aparato de repre-sión. Queda la impresión de un conflicto mal saldado, que profundiza la división ejército-policía y ubica a los policías más cercanos a las penurias populares.

El otro conflicto de alta peligrosidad es la marcha indígena que esperó pa-cientemente a que el gobierno resuelva el problema con los policías para luego ingresar a La Paz, sede del gobierno bo-liviano. Esta marcha exige que no se construya una carretera por medio de una reserva natural llamada Tipnis y por ello han protagonizado una marcha de casi dos meses recogiendo el apoyo de la gente.

Pero el gobierno los recibió y firmó un documento que no tiene en cuenta esta aspiración y prioriza otras. De esta manera pretende desarticular la marcha a la vez que sostiene que los marchantes están manipulados por organizaciones de derecha como el Movimiento Sin Miedo MSM e incluye en ese concepto a reconocidas organizaciones de izquier-da. Lo cual deja el sabor a otro conflicto pospuesto, no resuelto.

Por otro lado, ya se expresan voces que alertan sobre la situación económica boliviana que deberá enfrentar la reduc-ción de sus exportaciones de gas y mine-rales con las consecuentes derivaciones sociales.

Así las cosas, el gobierno de Boli-via, en el mejor de los casos, ha logrado posponer la resolución de varios de sus profundos conflictos internos que se le presentan principalmente por la adop-ción de medidas políticas y económicas de corte reformista que se distiguen por ser parches tibios que jamás eliminarán la fiebre creada por cientos de años de injusticia.

Avanza proyecto chino de zona de libre comercio

Se resuelve la huelga, pero la crisis continúa

Bajo las orientaciones del Banco Mundial y la

Agencia Internacional de la Energía, el documento

“El futuro que quere-mos” – denominación

de la reunión- es neo-liberal de comienzo a

fin, con planteamientos para mayor austeridad,

miseria y desigualdad social de la población y una peligrosa perspec-

tiva para la degradación ambiental y el saqueo

de recursos.

Bolivia:

Mercosur:

Entre Rafael Correa y Alexandr Lukashenko hay más cosas en común que el solo deseo de mantener re-laciones diplomáticas más estrechas entre Ecuador

y Bielorrusia. El presidente de ese país, al igual que Correa, maneja

con habilidad la demagogia, controla las distintas funcio-nes del Estado, reprime con fuerza a la oposición, habla de un supuesto socialismo, de la existencia de fuerzas in-ternas y externas que lo quieren derrocar y se considera predestinado a permanecer en el gobierno hasta que sus fuerzas lo permitan.

De servir a las tropas de la ex Unión Soviética (entre 1975-1977 y 1980-1982), pasó a ser vicepresidente del Soviet Supremo de la entonces República Socialista So-viética de Bielorrusia y luego presidente de Bielorrusia, función que la mantiene desde julio de 1994.

En su carrera política ha utilizado mucho el supuesto combate a la corrupción de funcionarios gubernamenta-les, congresistas y oficiales del gobierno. En su primera campaña presidencial se presentó como “independiente” e integrante de una plataforma popular que se proponía “derrotar a la mafia”. En ese entonces llamó la atención del electorado su juventud, tenía 40 años.

Adoptó medidas que se mostraban populares como la duplicación del salario mínimo, el control estatal sobre los precios, manifestó resistencias a los programas económi-cos “sugeridos” por el Banco Mundial y el Fondo Mo-netario Internacional, en 1998 expulsó a los embajadores

de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Grecia, Italia y Japón de su complejo residencial cerca de Minsk y en su segundo período presidencial expresó su oposición a la existencia de la OTAN. Pero así mismo, en noviembre de 1995, en una entrevista dijo que las políticas internas de Hitler no fueron del todo malas para Alemania, seguramente abogando por el ejercicio de un mando auto-ritario como el que actualmente ejecuta.

Hábil en las lides electorales y en la elaboración de leyes a su medida, en 1996 convocó a referéndum para extender su mandato de cuatro a siete años. Lukashenko dijo haber ganado con el 70.5% de votos, mientras la opo-sición denunció la existencia de un fraude escandaloso. Con ese aval cerró el parlamento (centro de la oposición) y constituyó uno nuevo con 110 personas cercanas a él; el Primer Ministro y dos ministros más renunciaron a sus cargos como protesta y lo mismo hicieron siete de los once miembros de la Corte Constitucional que fueron reempla-zados por elementos cercanos al jefe de Estado.

Las elecciones celebradas en septiembre 2001, que le llevaron a su segundo mandato, también fueron cuestio-nadas en su legalidad y pureza. En la campaña electoral, Lukashenko volvió a hablar de establecer una economía socialista, pero introdujo la necesidad de un régimen pre-sidencial fuerte “para mantener el orden social”.

Una vez más acude a las urnas para alargar su presencia en el poder. En octubre de 2004, al tiempo que se realiza-ban elecciones parlamentarias, se efectúa un referéndum

para eliminar los límites del mandato presidencial, hasta ese momento solo era posible el ejercicio de dos períodos presidenciales.

Ahora Lukashenko ejerce su cuarto mandato desde enero de 2011. En el contexto internacional Bielorrusia es conocida como un país en el que sus gobernantes aplican una sistemática violación a los derechos humanos, fenó-meno que ha tomado más fuerza desde las elecciones pre-sidenciales de 2010. Derechos de asociación, reunión, li-bre expresión y a tener un juicio imparcial son impedidos; son persistentes las denuncias de malos tratos, tortura y de violación de las garantías procesales. Hay decenas de jui-cios y condenas en contra de activistas sociales y políticos y de periodistas.

Si en una época Bielorrusia destacó entre las repúbli-cas de la ex URSS, por sus niveles de desarrollo, ahora ocupa lugares contrarios: el 25% de su población vive la extrema pobreza, el país enfrenta una grave crisis energé-tica y la corrupción campea en todos los niveles.

En su reciente visita a nuestro país, Lukashenko firmó con el gobierno ecuatoriano convenios en materia de de-fensa, educación y vivienda, que deben ser conocidos sus contenidos. Sobre todo en temas como defensa, pues, hay que estar alerta qué puede ocurrir en este campo. Basta saber que Bielorrusia estaría por nombrar a un ex direc-tor de la KGB como su embajador en Venezuela. Eso dice mucho del tipo de gente que puede venir a nombre de la cooperación.

El espejo de Rafael Correa

 En su carrera política, Lukashenko ha utilizado mucho el supuesto

combate a la corrupción, es hábil en las lides electorales y en la ela-

boración de leyes a su medida.

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