Introducción a la edición española” de: VVAA “Rendre le Partenariat euroméditerranéen plus proche des citoyens. 35 propositions pour engager la societé civile dans le Processsus

Una Asociación Euromediterránea

más próxima a los ciudadanos

35 propuestas para involucrar a la

sociedad civil en el Proceso de Barcelona

Iván Martín

Isaías Barreñada • Driss El Yazami

Marc Schade-Poulsen • Giovanna Tanzarella

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Traducción de la presente edición: Iván Martín

© CERIDC 2006

© Primera edición: Fundación Friedrich Ebert Stiftung FES Marruecos, 2005/2354

Edita: Centro de Estudios e Investigaciones sobre Inversiones y Desarrollo de Cataluña CERIDC y el Master Europeo de Mediación Intermediterránea M.I.M, Universidad Autónoma de Barcelona UAB

Con el apoyo de la Fundación Altedia Creade y el Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña COPCA, Generalitat de Cataluña.

Barcelona, octubre 2006

D.L.B 0000000000

Con el apoyo de

Una Asociación Euromediterránea

más próxima a los ciudadanos

35 propuestas para involucrar a la

sociedad civil en el Proceso de Barcelona

Iván Martín

Isaías Barreñada • Driss El Yazami Marc Schade-Poulsen • Giovanna Tanzarella

Prólogo a la edición española

Simón Rosado Sánchez

Presidente del CERIDC

Es un honor tener la oportunidad de escribir unas notas a modo de pró-logo de este importante trabajo de investigación, relexión y concreción de treinta y cinco propuestas, que tiene la pretensión de involucrar a las sociedades civiles de los países participantes en la Asociación Euromedi-terránea.

La cumbre realizada en noviembre de 2005, convocada para la conmemo-ración del décimo aniversario de la Declaración de Barcelona, pretendía dar un nuevo impulso a la Asociación Euromediterránea. Los resultados inales de la cumbre tampoco han signiicado un impulso suiciente que permita recuperar el tiempo perdido, a pesar de reconocer en el balance los pobres logros obtenidos después de 10 años. Por otra parte, la nueva política de Vecindad de la Unión Europea sigue careciendo de una dei-nición clara, y unos fondos y programas destinados para los países de la ribera sur que se orientan hacia relaciones bilaterales, en lugar de promo-ver proyectos multilaterales entre ellos. Es decir, la UE sigue mirando más hacia el este que hacia sus vecinos del sur.

El llamado proceso de Barcelona corre el riesgo de quedarse en un pro-ceso meramente institucional, con los defectos y déicits que caracteri-zan a menudo a las instituciones gubernamentales: de participación, de concreción y evaluación de las medidas, de priorización en función de las coyunturas políticas o la urgencia en las respuestas (casi siempre superi-ciales o erróneas), a los problemas de las migraciones y la seguridad.

Las 35 propuestas son, sin lugar a dudas, un valioso instrumento para la acción de la sociedad civil en cada uno de los países, también tienen la virtud de señalar las pistas suicientes para la necesaria articulación y cooperación de las diversas organizaciones no gubernamentales de la ribera norte con la ribera sur y de unas y otras entre si; de tal forma

que las plataformas de investigación y elaboración de propuestas para la acción tengan una cierta especialización por materias, asegurando al mismo tiempo una visión integral tanto de los ámbitos a tratar como de los espacios territoriales, procurando que éstos sean lo más amplios posibles (especialmente en la ribera sur) y evitando la tentación de caer en los mismos defectos de los Gobiernos que, apelando a los intereses de Estado y dependiendo de la coyuntura política o económica, priorizan la unilateralidad con un país concreto.

La selección de los cinco grandes temas de los que se derivan las 35 pro-puesta son una buena base para el objetivo que se persigue: una Asocia-ción Euromediterránea más próxima a los ciudadanos. Sin las premisas contempladas en las propuestas de este trabajo no habrá Asociación Euromediterránea, será lamentablemente otra cosa que nada tendrá que ver con los objetivos declarados de la Asociación; sería un grave error si sólo se conigurara como un espacio de libre comercio con consecuen-cias nefastas que ahondarían aún más en la brecha cultural, social, econó-mica y política entre el norte y el sur del Mediterráneo.

Finalmente, desde nuestra modesta experiencia y en plena coincidencia con los objetivos y propuestas de este trabajo, el Centre d’Estudis i Recer-ques en Inversions i Desenvolupament de Catalunya (CERIDC), que es una asociación no gubernamental compuesta por las organizaciones empre-sariales Foment del Treball y Pimec, así como por el Sindicato CCOO de Cataluña, y cuyo ámbito de actuación es la promoción de las inversiones de las empresas catalanas y españolas en el Magreb, el desarrollo local y la promoción de la concertación y el diálogo social. De esta manera y con el fortalecimiento de las organizaciones empresariales y sindicales, queremos ofrecer nuestra colaboración a cuantas iniciativas y proyec-tos vayan encaminados a que la Asociación Euromediterránea sea en un futuro, no muy lejano, un intercambio de culturas, de desarrollo social y económico, de derechos laborales, políticos, sociales y de ciudadanía.

6 Una Asociación Euromediterránea más próxima a los ciudadanos

Introducción a la edición española

Olga del Río y Teresa Velázquez 1

Esta obra, para la que presentamos una introducción a la edición espa-ñola, posee una enorme importancia para la implicación de la sociedad civil en el desarrollo de la Asociación Euromediterránea, propuesta en la Declaración de Barcelona en noviembre de 1995, y en la que se concluía con las siguientes palabras:

“La Declaración tiene por objeto crear una asociación global euromedite-rránea con el in de convertir el Mediterráneo en un espacio común de paz, estabilidad y prosperidad intensiicando el diálogo político y sobre seguridad e instaurando una asociación económica y inanciera, así como una asociación social, cultural y humana.”

Han pasado más de diez años desde que se realizara esta proposición y, si bien, las instituciones europeas han desarrollado programas para alcanzar los objetivos marcados en la Declaración de Barcelona, el grado de implicación de la sociedad civil en el Proceso ha sido muy desigual y la participación de los medios de comunicación en particular, como parte de esta, muy escasa.

Desde estas páginas, queremos manifestar el enorme acierto de la Fun-dación Friedrich Ebert para impulsar este trabajo basado en informes y estudios realizados por Iván Martín, Isaías Barreñada, Driss El Yazami, Marc Schade-Poulsen y Giovanna Tanzarella en los que se plantean objetivos, se ofrecen propuestas y recomendaciones para la participación de parte

1 Olga del Río y Teresa Velázquez son profesoras de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tutora académica y coordinadora en la UAB, respectivamente, del Master Europeo de Especialización Pro-fesional “Mediación intermediterránea: inversión económica e integración intercultural (M.I.M.) impartido por las universidades Autónoma de Barcelona. Ca’Foscari de Venecia y Paul Valéry de Montpellier III. Asimismo, vicepresidenta y presidenta, respectivamente del Observatorio Medite-rráneo de la Comunicación de Barcelona.

de la sociedad civil en este proceso. Desde aquí nuestro reconocmiento y agradecimiento por invitarnos a realizar esta introducción.

Consideramos esta obra de referencia para el desarrollo concreto y el establecimiento de diversas rutas que permitan profundizar en la par-ticipación de la sociedad civil de las dos orillas en la construcción de un espacio de acción común. Desde nuestro punto de vista, si bien la Decla-ración de Barcelona, y la creación de la Asociación Euromediterránea, tenía como objetivos poner en marcha acciones encaminadas a velar por los derechos humanos y la democratización de la zona, por condiciones de trabajo y empleo dignos, por los derechos de las mujeres, y un largo etcétera que se vinculaban al ejercicio de la ciudadanía, la realidad ha sido que muchos de estos objetivos no han logrado llegar a buen puerto. Creemos que este trabajo ofrece alternativas para alcanzar y comprome-ter tanto a los gobiernos implicados, como a las sociedades, ciudadanos y ciudadanas por ellos representados.

La estructura del libro, construido en base a diagnósticos de la situación diez años después de la Declaración de Barcelona y de la creación de la AEM, y seguido de propuestas para subsanar las carencias aún presentes, nos parece un revulsivo y una oportunidad. Cada uno de sus capítulos, a través de un riguroso análisis, aborda aspectos clave de la situación en la que se encuentran hoy los Países Asociados del Mediterráneo, las necesidades inminentes a subsanar y, para no quedarse sólo en aquello que se quiere alcanzar, se realizan propuestas concretas que permiten elaborar estrategias y pautas de intervención para alcanzar los objetivos. Propuestas, a nuestro modo de ver, muy concretas, tácticas y estratégicas, basadas en recomendaciones que, aunque con diicultades para conse-guirlas, nos parecen mucho más directas y con posibilidad de asumir por aquella gran olvidada en la Declaración de Barcelona de 1995, a saber, la sociedad civil.

Una asociación deinida como“social, cultural y humana”, se concretaría, en lo social, en aquellos aspectos vinculados a los derechos humanos, tanto a los civiles y políticos como a los económicos sociales y culturales, a los derechos de las mujeres y a la dignidad humana. En este sentido, los capítulos de Iván Martín, Marc Shade-Poulsen o Isaías Barreñada son un ejemplo de diagnóstico y propuestas.

� Una Asociación Euromediterránea más próxima a los ciudadanos

Por su parte, el capítulo de Giovanna Tanzarella constituye un diagnós-tico irrefutable para la concreción del diálogo intercultural. Además de realizar una revisión y evaluación de los programas regionales Eurome-diterráneos en las que se presenta cuáles han sido los logros y las diicul-tades, se nos plantea de qué manera estos programas pueden ser más efectivos.

Por último, el capítulo de Driss El Yazami es un aporte necesario para la comprensión desde Europa de la sociedad civil de inspiración religiosa, una realidad en los países del Mediterráneo Sur y, también, para la propia sociedad civil de inspiración religiosa de aquellos países. Este capítulo igualmente responde a las recomendaciones y propuestas concretas que han marcado a todo el libro.

Por nuestra parte, y desde el lugar en el que tomamos la palabra en estas páginas, creemos que la comunicación, la mediación y la formación en estos aspectos son fundamentales para que la sociedad civil se implique en este reto.

Los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, cine, internet), la digitalización en los procesos de producción de los mismos, la industria de la comunicación y de la información en sus diversas manifestacio-nes de formatos, géneros, formas de expresión constituyen un enorme potencial para el diálogo entre los pueblos del Mediterráneo.

La comunicación, como eje transversal, está presente en una propuesta como la que encontramos contenida en este libro. No sólo es necesaria la formación continuada de los profesionales y creadores de comunica-ción y cultura (Programa Mentor), sino que consideramos fundamental la formación, intercambio y movilidad entre jóvenes que se forman en este campo. Si la Unión Europea cuenta con el Programa Sócrates/Erasmus para la movilidad de alumnos y profesores entre las universidades euro-peas debería de existir programas similares o potenciar los ya existentes en la zona Euromediterránea, sin tantas trabas para acceder a los mismo. Faltan programas de becas de movilidad no sólo para los terceros ciclos, escasos, por cierto y muy restrictivos, sino para los primeros y segun-dos ciclos de formación universitaria. En los Foros Civiles Euromed que han acompañado a los foros políticos, la relexión sobre los medios de comunicación siempre ha estado presente. En ellos se han dado cita tanto profesionales como estudiosos e investigadores de los mismos. Ello

935 propuestas para involucrar a la sociedad civil en el Proceso de Barcelona

indica su importancia. Los medios de comunicación y la formación no constituyen un tema tangencial sino que, a nuestro modo de ver, son elementos esenciales para potenciar un cambio de mentalidades y de estereotipos sobre el otro/a, si se quiere intervenir en una política de buena vecindad (PBV), en un diálogo entre los pueblos del Mediterráneo, en una Asociación Euromediterránea efectiva y lograr el compromiso de la sociedad civil en ella.

Para contribuir a la creación de imaginarios simbólicos no estereotipa-dos, se hace necesario fomentar tanto, la formación y aprendizaje de la cultura del “Otro/a”, como la transferencia de datos para la investigación, por medio de la creación de redes temáticas, de investigaciones, de pro-ducciones informativas y culturales comunes que impliquen a todos los actores posible: universidades, industria, profesionales del sector, orga-nizaciones profesionales, agentes sociales o centros de estudios y de investigación para las inversiones y desarrollo en la región, por ejemplo el CERID2, como experiencia pionera y tejedora de redes entre actores socioeconómicos de las dos orillas del Mediterráneo. Consideramos muy importantes también, las redes de organizaciones profesionales de la comunicación y de la información, tanto las ya existentes como FIP3, Reporteros sin Fronteras, COPEAM4, Sindicatos de profesionales, Obser-vatorio Mediterráneo de la Comunicación, como aquellas otras que se puedan crear y que podría ser una red informativa (Agencia de infor-mación Mediterránea) en varias lenguas mediterráneas que potencie la cooperación entre profesionales y la cooperación entre las empresas del sector.

Todo ello, a nuestro modo de ver, daría lugar a la implicación de la socie-dad civil en la demanda natural de la democratización y los derechos humanos y de la equidad entre mujeres y hombres, a eliminar la “mala conciencia” de occidente y contribuiría a la creación de espacios en el ejercicio de la profesión para incidir en los climas de opinión (diálogo de culturas) y, sobre todo, a cambiar los estereotipos sobre la cultura del otro/a a ambos lados del Mediterráneo.

2 Centre d’Estudis i Recerca sobre Inversions i Desenvolupament, con sede en Barcelona (España) y Casablanca (Marruecos)3 Federación Internacional de Periodistas, con sede en Bruselas4 Conferencia de Operadores Audiovisuales del Mediterráneo (COPEAM), con sede en Roma


Respecto a la mediación sociocultural creemos que las universidades pueden contribuir de manera determinante a la formación de un nuevo peril profesional como es el de mediador/a sociocultural. Este tipo de formación se encuadraría dentro de los terceros ciclos de las titulaciones universitarias. Con ello se logra la formación de ciudadanos y ciudadanas conocedores de la diversidad cultural de los países mediterráneos y de sus sistemas políticos, económicos y sociales de manera que puedan interve-nir como profesionales en aquellos aspectos vinculados a la mediación sociocultural. Es decir, proporcionar a los alumnos y alumnas una amplia formación para poder llegar a comprender el complejo entramado de relaciones en diferentes ámbitos adaptándose así, al nuevo contexto internacional entre el norte y el sur del Mediterráneo.

Algunas concreciones existen en este campo, es el caso del Master Euro-peo de Formación Profesional “Mediación intermediterránea: inversión económica e integración intercultural (M.I.M.)” impartido por las uni-versidades Autónoma de Barcelona, Ca’Foscari de Venecia y Paul Valéry de Montpellier III en el que se capacita a los alumnos y alumnas desde la teoría y la práctica partiendo de los conocimientos previos (titulados en Ciencias de la Comunicación, Económicas, Política, Sociología, Filo-logías, Derecho, etc.) que estos han adquirido en sus universidades de origen y que se concretan en amplios conocimientos sobre el entorno socioeconómico y cultural de los países del sur del Mediterráneo; del entorno socioeconómico y laboral de diferentes países mediterráneos; colaboraciones con organizaciones no gubernamentales de diferentes países europeos; conocimiento de la legislación de los países europeos mediterráneos (España, Francia, Italia) en materia de inmigración; conoci-miento de las directivas europeas sobre la cooperación al desarrollo en el Mediterráneo; conocimiento sobre la gestión de proyectos de desarrollo y de cooperación cultural ; capacidad de gestionar proyectos internacio-nales; experiencia en la gestión de recursos interpersonales, pudiendo así crear un puente entre mentalidades: facilidad para alcanzar el diálogo y la resolución de conlictos; dominio de cuatro lenguas europeas: caste-llano, francés, italiano e inglés, así como conocimientos básicos de árabe estándar y de árabe dialectal marroquí y tunecino.

Estos dos ámbitos a los que nos hemos referido en estos últimos aparta-dos de la introducción, a nuestro modo de ver, se encuentran perfecta-mente vinculados a los temas, propuesta e indicaciones para la actuación desarrollados en este libro.


Queremos concluir con un doble agradecimiento. Uno, por tener la opor-tunidad de contar con un trabajo como el que se presenta en esta obra y, por ello, nuestro reconocimiento a la Fundación Friedrich Ebert y a los autores del libro y, dos, por habernos dado la oportunidad de realizar esta introducción a la edición española.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), julio de 2006


Prólogo

Hans Blumenthal

Representante Residente

Friedrich Ebert Stiftung Marruecos

La participación de la sociedad civil en todas sus formas concita una una-nimidad casi absoluta como un factor clave para relanzar la Asociación Euromediterránea creada en 1995 entre la Unión Europea y los 10 Países Asociados Mediterráneos y para avanzar hacia la consecución de su ambi-cioso objetivo: construir un área de seguridad, democracia y prosperidad compartidas en el Mediterráneo. A su vez, para involucrar a la sociedad civil y fomentar una verdadera apropiación de la Asociación por parte de los pueblos de la región, es imprescindible abordar el reto de acercarla a las necesidades, los intereses y las preocupaciones cotidianas concretas de los ciudadanos.

En este contexto, la oicina de la Friedrich Ebert Stiftung en Marruecos decidió contribuir al 10º aniversario de la creación de la Asociación Euro-mediterránea apelando a un grupo de destacados actores y expertos de la sociedad civil para que relexionaran sobre las grandes cuestiones que esta participación plantea y formularan una serie de propuestas concre-tas de política en ese sentido.

La idea subyacente en todo el proyecto es que el principal reto que debe afrontar el denominado Proceso de Barcelona en los próximos años será la cuestión de la inclusión social. Y ello en un doble sentido: tanto en el sentido de la inclusión de la dimensión social como un componente fundamental de la Asociación Euromediterránea como en el sentido de llegar e integrar en este proceso a todos los grupos sociales de los Países Asociados Mediterráneos sin excepción.

Esta idea determinó en buena parte la selección de los temas que articu-lan el presente documento: 1) los derechos económicos y sociales y los procesos de consulta social, 2) la promoción de los derechos humanos

y de la participación de las mujeres en la vida económica, social y polí-tica, 3) la comprensión mutua y los intercambios culturales a través del Mediterráneo, 4) la participación de la sociedad civil a través de las ONG, y 5) cómo promover la participación de la sociedad civil de inspiración religiosa en la Asociación Euromediterránea. En todos los casos, pedimos a los autores que realizaran una breve evaluación de los logros y las nece-sidades detectadas en sus respectivos ámbitos en el marco de la Asocia-ción Euromediterránea, seguida de una serie de propuestas concretas y una primera discusión no técnica de cada una de ellas. Todo este proceso, que se ha prolongado durante más de un año, culmina con la publica-ción que tienen en sus manos: «Una Asociación Euromediterránea más próxima a los ciudadanos. 35 propuestas para involucrar a la sociedad civil en el Proceso de Barcelona».

Esperamos que esta publicación y las 35 propuestas que contiene (cuyo número se corresponde simbólicamente con los 35 Estados miembros de la Asociación Euromediterránea) propicien un debate en profundi-dad entre todos los actores implicados –las instituciones comunitarias, los gobiernos europeos y de los Países Asociados Mediterráneos y las propias sociedades civiles– y que, en última instancia, se traduzcan en acciones que contribuyan a implicar plenamente a los ciudadanos euro-peos y mediterráneos en el ambicioso proyecto colectivo emprendido en Barcelona hace diez años.


Índice

Prólogo a la edición española Simón Rosado Sánchez ......................................................................................... 5

Introducción a la edición españolaOlga del Río y Teresa Velázquez ....................................................................... 7

PrólogoHans Blumenthal .................................................................................................... 13

Índice ............................................................................................................................. 15

INTRODUCCIÓN: Involucrar a la sociedad civil en la Asociación Euromediterránea: de la retórica a la prácticaIván Martín ................................................................................................................ 17

Sumario ejecutivo......................................................................................................29

Por qué (y cómo) proteger los derechos económicos y sociales y establecer un sistema de consulta social en el marco de la Asociación EuromediterráneaIván Martín ................................................................................................................77

Propuestas para promover los derechos humanos y la participación de la mujer en la vida económica, social y política mediante la Asociación Euromediterránea0Marc Schade-Poulsen .........................................................................................103

Comprensión mutua e intercambios culturales en el Mediterráneo Balance de la política euromediterránea y propuestas para relanzarlaGiovanna Tanzarella............................................................................................125

Medidas para reforzar la participación de la sociedad civil en la Asociación Euromediterránea a través de las ONGIsaías Barreñada ....................................................................................................157

Vías y condiciones para la participación de la sociedad civil de inspiración religiosa en la Asociación EuromediterráneaDriss El Yazami ....................................................................................................... 191


INTRODUCCIÓN: Involucrar a la sociedad civil

en la Asociación Euromediterránea: de la retórica a la práctica

Iván Martín

Universidad Carlos III de Madrid

Los análisis sobre la Asociación Euromediterránea han alcanzado un alto grado de soisticación por lo que respecta a las motivaciones de los acto-res y los países implicados, el funcionamiento de los mecanismos institu-cionales euromediterráneos y sus principales deiciencias. Los seminarios de evaluación de la Asociación Euromediterránea han proliferado durante 2005, existe una creciente comunidad de “investigadores euromediterrá-neos” y las publicaciones son cada vez más especíicas sobre cuestiones como las reformas políticas y económicas, la gestión de conlictos, la evolución de la situación económica, la interacción con otras iniciativas regionales... y, efectivamente, también la involucración de la sociedad civil. Sin embargo, hasta ahora esta riqueza de análisis no ha ido acompañada de una plétora equivalente de propuestas de acción concretas en cada uno de estos ámbitos.

En la práctica, en los diez años transcurridos desde su concepción en 1995 la Asociación Euromediterránea ha sido un proyecto fundamental-mente intergubernamental, y sus principales logros hay que buscarlos en el ámbito de la institucionalización (aunque hasta ahora apenas se han creado instituciones verdaderamente euromediterráneas, salvo la Funda-ción Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas y la Asamblea Parlamenta-ria Euromediterránea, las dos creadas en el último año).

Pero la Asociación ha carecido de visibilidad tanto en el norte como en el sur del Mediterráneo, y la inmensa mayoría de la ciudadanía la desconoce por completo. Sin embargo, esta falta de apropiación por parte de los ciu-dadanos de los Estados asociados no puede abordarse únicamente con

instrumentos de marketing político o campañas mediáticas como las lan-zadas por la Comisión Europea en varios Países Asociados Mediterráneos (PAM) con ocasión del 10º aniversario de la Asociación Euromediterránea. La realidad es que sus resultados han sido escasos o inexistentes por lo que respecta a la consecución de sus objetivos declarados de promoción de la democracia y los derechos humanos, seguridad regional y resolu-ción de conlictos, desarrollo sostenible, mejora de las condiciones de vida, reducción del diferencial económico norte-sur en el Mediterráneo y com-prensión mutua e intensiicación de los intercambios. En este sentido, la Asociación Euromediterránea debe pasar aún el examen de su relevancia para las vidas cotidianas de la gente común, y no es de extrañar que hasta ahora haya sido mayoritariamente ignorada. La mejor estrategia para mejorar la visibilidad de todo el proceso sería incrementar la credibilidad de la Asociación Euromediterránea asegurando una mayor coherencia entre las declaraciones oiciales y las acciones y propiciando un debate público sobre las grandes cuestiones que se plantean. Y, a este respecto, la sociedad civil tiene un papel fundamental que desempeñar.

Por lo que respecta a la propia sociedad civil, debe afrontar el desafío de elaborar una agenda de acción viable y coherente para los próximos años. Existe un creciente consenso en los medios políticos y oiciales –y un creciente número de referencias en el discurso político euromediterrá-neo– sobre lo esencial que es involucrar a la sociedad civil en la Asociación Euromediterránea1, pero hasta ahora los pasos reales que se han dado en esa dirección han sido muy modestos (y bastante recientes, como el reconocimiento formal de la Plataforma No Gubernamental Euromedi-terránea por parte de la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Luxemburgo el 31 de mayo de 2005). A

1 Véase, a título meramente ilustrativo, el discurso pronunciado por la Comisaria Europea Ferrero-Waldner ante la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea el 15 de enero de 2005: “La Conferencia Euromediterránea de noviembre próximo debería ser una con-ferencia que mire al futuro; debemos acordar una agenda realista pero ambiciosa para el futuro de la Asociación Euromediterránea. En mi opinión, el eje de dicha agenda debería ser doble: en primer lugar, un compromiso inequívoco con la estabilidad regional y la democracia mediante la integración regional y la cooperación. [...] En segundo lugar, deberíamos acercar la Asociación a las preocupaciones de nuestros ciudadanos. En gran medida, el Proceso de Barcelona ha sido un proceso intergubernamental. Es hora de que nos preguntemos qué puede hacer la Asociación Euromediterránea para responder a las preocupaciones de la gente, y cómo podemos abordar con mayor éxito cuestiones como la educación, el empleo, la igualdad de género, la democracia, la libre circulación de personas y los derechos de los inmigrantes. Se trata de cuestiones que afectan a la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, y nuestra Asociación debería abordarlas” (http://europa.eu.int/comm/external_relations/news/ferrero/2005/ip05_42.htm).

1� Una Asociación Euromediterránea más próxima a los ciudadanos

este respecto, el modo en que la nueva Política de Vecindad Europea ha sido diseñada y aprobada precisamente mientras se hacían esas declara-ciones, sin ningún tipo de consulta o participación de las sociedades civiles, constituye un indicio sumamente preocupante acerca de la voluntad real de dar contenido a los discursos.

Enfoque, temática y proceso

Sobre esta base, la principal idea subyacente en todo el proyecto que ha culminado con esta publicación no ha sido ni mucho menos llevar a cabo un ejercicio académico, sino centrar la atención en propuestas de acción concretas y relejar las opiniones y la visión de los propios acto-res sociales, y no sólo las de los analistas, investigadores o académicos. Queríamos ir más allá del análisis y formular una serie de propuestas de política concretas y una justiicación y análisis muy preliminares de cada una de ellas con el in de articular una agenda de acción coherente en este ámbito: así se explica la opción por el formato de un policy brief. Por lo demás, éste es, si acaso, el valor añadido de la presente publicación.

Teniendo presente este objetivo, seleccionamos una serie de grandes temas para vertebrar nuestro trabajo:

— la promoción de los derechos humanos y de la participación de las mujeres en la vida social, económica y política,

— la promoción de los derechos económicos y sociales como estrate-gia para aumentar las oportunidades de los ciudadanos y de la consulta social en el marco de la Asociación Euromediterránea como indicio del compromiso con la sociedad civil,

— los intercambios culturales y la forma de promover la comprensión mutua para superar la fractura cultural que existe entre ambas orillas del Mediterráneo,

— los mecanismos para incrementar la participación directa de la socie-dad civil organizada en ONG en los procesos de toma de decisiones y de aplicación de las mismas en el seno de la Asociación, y

— las modalidades y las condiciones para abrir la Asociación Euromedite-rránea a una parte crecientemente importante de la sociedad civil, tanto


en Europa como en los Países Asociados Mediterráneos: la sociedad civil de inspiración religiosa.

Por supuesto, podríamos haber ampliado nuestro análisis a otras cues-tiones igualmente importantes, como el medio ambiente y el desarrollo sostenible o las migraciones (pero consideramos que las ONG ecologis-tas y las instituciones de investigación y think tanks han hecho un buen trabajo y formulado ya un número suiciente de propuestas concretas), o la juventud u otros grupos sociales (pero consideramos que, teniendo en cuenta que aproximadamente el 70% de la población de los Países Aso-ciados Mediterráneos tiene menos de 30 años, no tenía mucho sentido diferenciar este grupo en particular de la sociedad en su conjunto). Asi-mismo, sin ignorar su importancia decidimos no centrar nuestra atención en algunas cuestiones de contexto que indiscutiblemente determinan el desarrollo y el contenido de la Asociación Euromediterránea, como los obsesivos intereses de seguridad vinculados con la lucha contra el terro-rismo internacional o la inmigración ilegal, la política norteamericana en la región o la participación de Israel como uno de los Estados miembros de la Asociación Euromediterránea.

Una cuestión particularmente controvertida a la hora de diseñar el pro-yecto fue la de la implicación de los movimientos sociales de inspiración religiosa, y especialmente de los movimientos islamistas, hasta ahora en buena parte (auto)excluidos de las actividades de la Asociación Eurome-diterránea. Por más que esta última haya sido proclamada como alter-nativa al nocivo concepto de choque de civilizaciones, es preciso reco-nocer que hasta ahora se ha mostrado incapaz de implicar a esa parte de la sociedad civil que, sin tener una naturaleza propiamente religiosa, tiene como principal referencia programática e ideológica determinados principios religiosos, al menos en el caso de los movimientos sociales islámicos (pues los movimientos cristianos europeos sí han participado regularmente, por ejemplo, en los Foros Civiles Euromediterráneos). Ahora bien, desde un primer momento convinimos en la importancia de avanzar hacia el objetivo, declarado en las Conclusiones de la Presidencia de la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Nápoles los días 2 y 3 de diciembre de 2003, de promover

“un enfoque inclusivo que intente asegurar la representación de todos los componentes de la sociedad civil de todos los Estados asociados”. Los movimientos islamistas son un componente importante de las socieda-des civiles realmente existentes en la región (no sólo en los países del


Sur y del Este del Mediterráneo, sino también entre las comunidades de inmigrantes en Europa), y sería una falta de integridad intelectual excluir-les por completo de nuestro análisis, de modo que decidimos empren-der una primera exploración de las posibilidades que se ofrecen en este terreno.

Por lo que respecta a nuestro enfoque metodológico, el propio concepto de sociedad civil no dejó, por supuesto, de plantear algunos problemas. A este respecto, optamos, sin embargo, por un enfoque pragmático, incluyendo en dicho término a todo tipo de asociaciones y agrupaciones no estatales y sin ines de lucro cuyo in consiste en inluir en las políticas públicas y en la organización de la vida comunitaria mediante la acción social y no la actividad política. Con todo, es importante señalar que no compartimos la visión estrictamente funcional de la sociedad civil implí-cita en el concepto de gobernanza tan de moda en estos últimos años. El desarrollo de la sociedad civil es un in en sí mismo, y no un medio, y la participación de la sociedad civil en los procesos políticos constituye una dimensión esencial de la democracia, y no una simple necesidad operativa.

Una vez deinido el enfoque temático, seleccionamos a un grupo de autores que, en todos los casos menos en uno –el del propio director del policy brief– comparten la doble característica de ser expertos en sus respectivas áreas y estar activamente implicados en diferentes organi-zaciones de la sociedad civil. En esa medida, han tenido una experiencia directa (en la práctica, de liderazgo) en la evolución de la sociedad civil en el marco de la Asociación Euromediterránea, y más concretamente en los Foros Civiles Euromediterráneos y en la reciente constitución de la Plataforma No Gubernamental. Ni que decir tiene que todos ellos han participado en este proyecto a título personal, y que las ideas expresadas en sus contribuciones no comprometen a las organizaciones para las que trabajan ni a la Friedrich Ebert Stiftung de ningún modo.

A cada uno de los autores se le pidió que escribiera un texto que incluyera un breve balance de los logros y deiciencias en su respectivo ámbitos durante los diez años de existencia de la Asociación Euromediterránea y que, con base en ese análisis, formulara una serie de propuestas con-cretas (lo que implicaba establecer prioridades entre ellas, ya que desde un primer momento no queríamos que el número total de propuestas superara las 35) e hiciera un breve análisis preliminar de cada una de ellas.


Las propuestas están dirigidas principalmente a los Estados asociados y a las instituciones euromediterráneas (que, en razón de la peculiar estruc-tura institucional de esta Asociación, en muchos casos se reducen a las instituciones de la Unión Europea), y el nivel al que están formuladas varía entre unos temas y otros y unos capítulos y otros: en ocasiones son muy especíicas, casi propuestas de proyecto, en ocasiones se reieren a procedimientos o instituciones, y en ocasiones adoptan la forma de principios o recomendaciones más generales, pero en todos los casos hemos hecho el esfuerzo de presentarlas con una orientación hacia la acción, y pedimos a los autores que centraran el análisis de cada una de ellas sobre su aplicación: sus costes y beneicios, su contribución a la consecución de los objetivos de la Asociación Euromediterránea, su via-bilidad política... Por supuesto, el alcance de una publicación como ésta no permite acometer ni un análisis técnico en profundidad de cada una de las propuestas formuladas ni entrar en detalles sobre su aplicación

–algo que, lógicamente, deberían hacer las instituciones competentes–, ni tan siquiera establecer un horizonte temporal para su implantación. De hecho, el modo en que hemos formulado la mayor parte de nuestras propuestas se traduce en necesidades y orientaciones para la acción, más que en propuestas detalladas.

Tras recibir una primera versión de los textos de cada uno de los autores, la Fundación Friedrich Ebert de Marruecos acogió un seminario en Rabat (los días 1� y 19 de marzo de 2005) para discutirlos con la participación de un cierto número de expertos con el in de recabar una visión más general. Poco después, distribuimos una versión revisada de todos los capítulos en el Foro Civil Euromediterráneo de Luxemburgo para su dis-cusión entre los participantes, y la Fundación Friedrich Ebert organizó en Bruselas una presentación pública del presente policy brief a la que asistieron una cincuentena de representantes tanto de instituciones europeas como de ONG. El resultado de todo este proceso es la presente publicación.

Presentación lógica de las propuestas

A lo largo de todo el proyecto, los dos grandes principios que han orien-tado nuestro trabajo han sido superar la división artiicial entre las tres dimensiones de la Asociación Euromediterránea, estructuralmente rela-cionadas entre sí, y hacer todo lo posible para acercar la Asociación a las vidas diarias, los intereses y las preocupaciones de la gente corriente


(algo que, por cierto, ya fue airmado como objetivo, “producir resulta-dos que sean relevantes para los hombres y mujeres de la calle” en las Conclusiones de la Presidencia de la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Nápoles los días 2 y 3 de diciembre de 2003).

Evidentemente, no resulta fácil dar un sentido coherente a la gran varie-dad de las 35 propuestas formuladas (un número un tanto arbitrario pero con cierto valor simbólico). Aún así, de los cinco capítulos que componen este libro es posible deducir una lógica común, que he intentado resumir en la tabla que se ofrece a continuación.

Las propuestas que hemos desarrollado se sitúan a dos niveles diferentes pero complementarios:

• Aquellas propuestas relativas al contexto socioeconómico y político en el que opera la Asociación Euromediterránea y, más concretamente, a las condiciones materiales y jurídicas (en términos de derechos) necesarias para hacer posible el Partenariado.

• Aquellas propuestas relativas a la Asociación Euromediterránea como tal. A su vez, con ines analíticos he dividido estas últimas propuestas en dos áreas de acción: aquéllas destinadas a dar contenido al principio de responsabilidad compartida entre los Estados asociados y aquéllas otras destinadas a promover los intercambios y la comprensión mutua entre las sociedades de los países del norte y del sur del Mediterráneo.

El principio de la responsabilidad compartida es un elemento esencial de la lógica de la Asociación y merece detenerse en él un momento. Tal como ha sido sustanciado en el marco del proceso de integración euro-pea, entra en acción siempre que haya una cuestión de interés común, y tiene algunas implicaciones de gran alcance. En relación con dichas cues-tiones de interés común, los Estados asociados tienen el derecho a recibir y la obligación de proporcionar información periódica sobre la evolución de la situación y las políticas aplicadas, deben consultar entre sí sobre dichas cuestiones (mediante un sistema de supervisión multilateral) y buscar estrategias o soluciones comunes para abordar los problemas que se planteen en dichos ámbitos, compartiendo la responsabilidad sobre las consecuencias de la aplicación de las mismas (lo que implica también el empleo de recursos comunes). Todo esto puede sonar un


tanto abstracto, pero permite llevar a cabo una evaluación del avance de la Asociación en diferentes campos. Y existen evidencias inequívocas de que en muchos ámbitos de la Asociación Euromediterránea, como el de la aplicación de las zonas de libre comercio o las medidas aplicadas para hacer frente al principal desafío al que se enfrentan los Países Asociados Mediterráneos en las próximas décadas, a saber, el empleo, este principio no ha orientado ni la acción ni la cooperación.

Para cada uno de estos niveles, he clasiicado las propuestas en tres ejes (las columnas de la Tabla 1) en función de los tres objetivos últimos de nuestro enfoque: acercar la Asociación a los ciudadanos, cumplir con los objetivos declarados de la Asociación e implicar a la sociedad civil en la misma.

En el proceso de elaboración del policy brief, el equipo de autores iden-tiicó tres cuestiones transversales fundamentales que se encuentran en el centro de cualquier estrategia para hacer realidad dichos objetivos: la simpliicación de los procedimientos inancieros, facilitar la movilidad, física y no sólo virtual, de los actores y ciudadanos, y promover la diversi-dad lingüística en el Mediterráneo (lo que, ante todo, signiica promover el aprendizaje del árabe y del turco por parte de los ciudadanos europeos, pero también las traducciones a dichas lenguas).


Tabla 1. PRESENTACIÓN LÓGICA

35 PROPUESTAS PARA IMPLICAR A LA SOCIEDAD CIVIL

EN EL PROCESO DE BARCELONA

Acercar la Asociación a los ciudadanos

Alcanzar los objetivos de la Asociación

Implicar a la sociedad civil

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Condiciones materiales

4. Erradicar el analfabetismo

5. Estrategia Euromediterránea

10. Inventario cultural EuroMed

20. Instrumento inanciero para microproyectos

Condiciones jurídicas/derechos

6. Estrategia de participación paritaria de las mujeres

7. Integrar los derechos humanos en los instrumentos de la Asociación

11. Aplicar la Comunicación de la Comisión sobre DH (incluido un Programa MEDA de DH)

12. Grupo de Trabajo sobre DH (seguimiento, vinculación con los instrumentos internacionales, acciones, diálogo)

21. Fortalecer la sociedad civil en los PAM (marco jurídico)

22. Procesos de diálogo nacional con la SC

23. Fortalecimiento de los sindicatos de los PSEM

24. Reconocimiento político de los movimientos sociales de inspiración religiosa

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Responsabilidad compartida

�. Cláusula de salvaguardia social

13. Sistema euromediterráneo de supervisión económica y social multilateral

25. Deinición del papel de la sociedad civil

26. Mecanismos de corresponsabilidad inanciera

27. Fortalecimiento de las redes temáticas no gubernamentales

2�. Fortalecimiento de la Plataforma NG Euromed

29. Comité Económico y Social Euromed

30. Mecanismos de consulta y observación

31. Participación en los ejercicios de evaluación

Comprensión mutual e intercambios

Espacios de libertad

9. Lugares independientes de encuentro y de cultura

Difusión de cultura

14. Puntos de contacto EuroMed cultura

15. Apoyo a la información cultural por Internet

16. Fondo de apoyo a la movilidad Imagen mutua

17. Formación intercultural de docentes e intercambios escolares

1�. Módulos de formación de periodistas

19. Encuentro/diálogo entre intelectuales

32. Foro Civil Euromediterráneo (en PAM)

33. Adhesión estricta al principio de universalismo

34. Implicación de los actores de la sociedad civil de inspiración religiosa (adaptación organizativa)

35. Articulación entre inmigración y espacios de diálogo sobre diversidad cultural y religiosa

1. Simpliicación de los procedimientos inancieros

2) Movilidad de los actores y de los ciudadanos (visados)

3. Programa EuroMed Lingua


En conjunto, esta publicación ofrece una evaluación bastante exhaustiva de lo conseguido por la Asociación Euromediterránea en el ámbito de la sociedad civil en sus primeros diez años. Las 35 propuestas que contiene forman una agenda ambiciosa para convertir la “visión común” que pre-tendidamente presidió los trabajos de la Conferencia Euromediterránea de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Barcelona los días 2� y 29 de noviembre de 2005 en un proyecto común para promover los objetivos establecidos en la Declaración de Barcelona aprobada en 1995 y hacer efectiva la Asociación Euromediterránea. Por supuesto, todavía será preciso¡ relexionar en profundidad sobre el seguimiento de cada una de estas propuestas y sobre sus modalidades de aplicación, pero al menos ahora contamos con un conjunto de medidas que pueden servir de referencia para evaluar los avances que se produzcan en este ámbito (o no) en un futuro inmediato. Ahora corresponde a la propia sociedad civil promover estas propuestas y realizar el seguimiento de su aplicación por parte de las instituciones y los Estados asociados euromediterráneos.

Agradecimientos

Desde diciembre de 2004, cuando se planteó por vez primera la posi-bilidad de elaborar un policy brief, como director de este proyecto he recibido el apoyo y los consejos de muchas personas, cuya aportación merece todo mi reconocimiento. En primer lugar, debo agradecer a los cinco autores, que han hecho todo lo posible para participar en este esfuerzo colectivo en un año muy ocupado para todos aquellos que estamos involucrados de un modo u otro en el Proceso euromediterrá-neo. Este proyecto ha contribuido a establecer vínculos de cooperación y amistad entre nosotros, de complicidad, que estoy seguro que van a durar muchos años. En segundo lugar, debo expresar mi agradecimiento al personal de la Fundación Friedrich Ebert en Marruecos, y de manera muy especial al anterior Representante Residente Hans Blumenthal, que fue el primero en instarme a que formulara propuestas concretas y pre-sentara un proyecto orientado a la acción sobre la sociedad civil en el marco de la Asociación Euromediterránea, y que posteriormente nos apoyó de forma entusiasta y facilitó nuestro trabajo hasta su conclusión. El actual Representante Residente, Hajo Lanz, ha mantenido ese apoyo en la fase de publicación y edición del policy brief, asegurando su traduc-ción al árabe. El equipo de la Fundación Ebert en Marruecos, en particular Mourad Ehrabib como Director de Programas y Pascale Haboub, hicieron


que todos los aspectos logísticos y prácticos se resolvieran con gran faci-lidad.

Pero muchas otras personas han contribuido en un momento u otro a este proyecto y al contenido de este policy brief. Entre ellos, debo men-cionar a Michelle Pace, de la Universidad de Birmingham, y a Tobias Schu-macher, del Programa Mediterráneo del Instituto Universitario Europeo de Florencia, que idearon y dirigieron el seminario internacional sobre

“El impacto de la involucración de la Unión Europea en las estructuras de la sociedad civil en el sur del Mediterráneo” organizado por la Fun-dación Ebert de Marruecos en Rabat los días 4 y 5 de diciembre de 2004, durante el cual surgió por vez primera la idea del policy brief. Asimismo, a Marc Schade-Poulsen, a Larabi Jaidi de la Universidad de Mohammed V de Rabat, y a Gemma Aubarell del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMEd) de Barcelona, a Isaías Barreñada, del sindicato español Comisio-nes Obreras, a Tobias Schumacher y a Laura Feliú, de la Universidad Autó-noma de Barcelona, que en las primeras fases del proyecto me sugirieron posibles autores para las contribuciones temáticas, a Kemal Lahbib del Espace Associatif de Marruecos, a Rabea Naciri de la Universidad Moha-mmed V de Rabat, a Michelle Pace y a Michaela Raab, de Oxfam Alemania, que participaron en el seminario organizado en Rabat para discutir las versiones preliminares de sus contribuciones con los autores, a Beatriz Martín, del Comité Económico y Social español, que discutió conmigo las cuestiones relativas a los mecanismos euromediterráneos de consulta social y al Comité Económico y Social, y especialmente a Nelly Bandarra entre quienes hicieron comentarios sobre diferentes aspectos del policy brief tras la primera presentación pública de los resultados preliminares, en el Foro Civil Euromediterráneo celebrado en Luxemburgo los días 1 y 3 de abril de 2005, así como en el seminario internacional organizado en Rabat por Groupement d’Études et de Recherches Méditerranée (GERM) sobre “La Asociación Euromediterránea: ¿qué actualidad?” (“Le Parténa-riat euro-méditerranéen: Quelle actualité?”). Finalmente, Jürgen Ditthard y todo el equipo de la oicina de la Fundación Friedrich Ebert en Bruselas nos ayudaron con gran eicacia en la organización de la presentación pública del policy brief ante las instituciones europeas. Una vez más, muchas gracias a todos ellos.

La versión íntegra de este policy brief ha sido publicada en inglés, fran-

cés y español. También se ha publicado una traducción al árabe de la

Introducción, el Resumen Ejecutivo y el artículo de Driss El Yazami.


Sumario ejecutivo

1. La Asociación Euromediterránea y la sociedad civil

La Declaración de Barcelona reconoce:

“(…) el papel fundamental que puede desempeñar la sociedad civil en le proceso de desarrollo de la colaboración euromediterránea y también como factor esencial para una mayor comprensión y acercamiento entre los pueblos (...)”.

En los diez años desde la Conferencia de Barcelona de noviembre de 1995, ha habido un gran número de iniciativas en este ámbito, tanto a iniciativa de las instituciones euromediterráneas como emprendidas por la propia sociedad civil en el marco de la Asociación euromediterránea (AEM). Pero es innegable que hay una disonancia entre el discurso de la Asociación Euromediterránea respecto a la sociedad civil y el papel que se le ha asignado a lo largo de estos diez años. Por un lado, el encasillamiento de la sociedad civil en el tercer pilar es insuiciente y reduccionista; el papel de la sociedad civil, en su doble calidad de actor complementario y controlador, tiene sentido en todos los componentes de la Asociación: en la creación de un espacio de paz y estabilidad, en la construcción de una zona de prosperidad compartida y en el desarrollo de los recursos humanos, la comprensión entre las culturas y los intercambios entre las sociedades civiles. Por otro lado se ha tendido a considerar como socie-dad civil a todo un abanico de actores, y de manera particular a los de la cooperación descentralizada (municipios, universidades, institutos), pero que siendo no gubernamentales no son exactamente actores sociales autónomos que estén cerca de las poblaciones y que representen genui-namente sus intereses.

Sin embargo, la práctica ha sido muy diferente: se ha permitido muy poca implicación real de la sociedad civil autónoma y ha habido poca coheren-cia entre las acciones. En la AEM ha primado lo intergubernamental y no han sido integradas las sociedades civiles, considerando de manera

insuiciente sus necesidades e intereses. Así lo ha reconocido la Comisión Europea en varias declaraciones aplicadas a los derechos humanos y a la promoción de la democracia:

(…) El espíritu de cooperación no ha producido un diálogo suiciente-mente franco y serio sobre problemas tales como los derechos humanos, prevención del terrorismo o emigración. (....). El enfoque tradicional de la UE de asesoramiento constructivo y de apoyo a los elementos activos de la sociedad civil no siempre ha recibido el apoyo de los gobiernos locales. (…)

(…) Una sociedad civil libre y próspera es una condición previa básica para el éxito de la Asociación en todos sus aspectos. Las organizaciones no gubernamentales que actúan en un marco jurídico pueden aportar una valiosa contribución en numerosos ámbitos de la Asociación. Uno de los principales objetivos de la cooperación en los sectores de los derechos humanos, de la buena gestión de los asuntos públicos y del Estado de Derecho deberá ser la instauración de un clima favorable para un trabajo eicaz de las ONG. A largo plazo, constituye el medio más útil con que cuenta la UE de ayudarlas. (…)

[Un nuevo impulso para el proceso de Barcelona, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para preparar la Cuarta reunión de Ministros de Asuntos Exteriores euromedite-rráneos, Bruselas, 6.9.2000, COM(2000) 497 inal]

A pesar de ello, algo se ha hecho. EuroMeSCo, en su informe de balance de diez años de Proceso de Barcelona, señala que se han incrementado las iniciativas y las interacciones entre sociedades civiles del Norte y del Sur del Mediterráneo. Pero en los Países Asociados Mediterráneos los esfuerzos no se han visto acompañados de reformas políticas y legales, y el impacto de las sociedades civiles entre la población y en las medidas de conianza se ha visto limitado. Además, las asociaciones de inspira-ción religiosa, que constituyen una de las modalidades más singulares de vertebración social, se han visto totalmente excluidas de la iniciativas apoyadas por la Asociación Euromediterránea.

Las razones de ese desajuste son varias:


1. Hay una falta de una deinición clara del papel y de las posibilidades de intervención de las sociedades civiles.

2. La ambigüedad del concepto mismo de sociedad civil.

3. La negación implícita de las sociedades civiles autónomas realmente existentes ha sido el resultado combinado de al menos tres factores:

a) las reservas de la UE a tratar con un interlocutor difuso, extremada-mente plural y crítico con los gobiernos de los PAM. Sin embargo el potencial con el que pueden contribuir las sociedades civiles es precisamente su naturaleza, su independencia, su pluralidad y su cercanía a la población,

b) los imperativos burocráticos de la Comisión Europea que chocan con la reducida capacidad de gestión de las asociaciones,

c) y las resistencias de los gobiernos y de los grupos de poder en los PAM, que se resisten a dar carta de naturaleza a iniciativas reformis-tas y críticas con los regímenes.

4. La inadecuación de los medios. La participación de la sociedad civil ha sido enclaustrada en el tercer pilar de AEM: en programas regionales (cooperación descentralizada), los Foros Civiles Euromed y en algunas acciones de fortalecimiento de asociaciones en los PAM. Su acceso a los instrumentos de la AEM ha sido limitado esencialmente por dos razones: los procedimientos de inanciación y las resistencias de algunos países.

2. Superar la división artiicial en tres capítulos, cestas o pilares de la Asociación Euromediterránea

Paradójicamente, lo que en su momento fue una de las principales inno-vaciones de la Asociación Euromediterránea –el hecho de integrar las cuestiones económicas, políticas y sociales y culturales en una única estrategia de cooperación– se ha convertido en una camisa de fuerza que ha acabado resultando sumamente disfuncional para la promoción de los objetivos de la propia Asociación. Ello se debe principalmente a que la dinámica política (y la estructura de prioridades de los Estados miembros de la Unión Europea) ha tendido a ignorar la interconexión inherente entre esas tres dimensiones. No tiene ningún sentido en abso-


luto coninar los asuntos humanos, incluidas cuestiones como las migra-ciones e incluso los derechos de los trabajadores, a una sola de las tres

“cestas” de la Asociación, y además la menos relevante en términos de recursos (tantos inancieros como institucionales) y prioridades.

Dichas cuestiones están estructuralmente vinculadas a procesos como la creación de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio (segunda cesta) o los conlictos regionales y el respeto de los derechos humanos y la democracia (primera cesta). Lo que es aún peor, existe una evidencia cada vez más clara de que hay algunas contradicciones al menos poten-ciales entre las dinámicas de los tres ámbitos de cooperación.

Si bien la Asociación Euromediterránea parece estar sobredeterminada en términos institucionales, existe un déicit notorio en materia de proce-dimientos y en la implicación de los actores sociales. Resulta paradójico que la Unión Europea haya irmado Acuerdos de Asociación que preten-didamente deben contribuir a desarrollar y consolidar la democracia en los PAM y que implican un impacto económico y social tan profundo y una agenda de transformación y reforma para las próximas décadas tras un proceso que, en la mayoría de los casos, no ha contemplado ninguna consulta social interna con los grupos de intereses, los interlocutores sociales y las sociedades civiles de los respectivos países.

Los objetivos establecidos en la Declaración de Barcelona para la Asocia-ción Euromediterránea siguen siendo plenamente relevantes, así como su enfoque general. Pero los Estados asociados euromediterráneos deben estar dispuestos a reorientar la asociación y redeinir sus prioridades en torno a 1) garantizar los derechos económicos y sociales (educación, tra-bajo, salud, acceso al agua) que afectan a las vidas de la gente de la calle (las demás iniciativas son muy elogiables, pero sólo un pequeño número de personas tienen el privilegio de acudir a los festivales de cine, partici-par en un programa Tempus o beneiciarse de un intercambio juvenil) y 2) establecer mecanismos democráticos dentro del propio Partenariado, extendiendo la consulta a los interlocutores sociales y los ciudadanos involucrados a todos los niveles, tanto a nivel político (el verdadero diá-logo político es el diálogo con las sociedades, y no sólo el diálogo entre gobiernos) como a nivel de proyectos en el marco de la planiicación y ejecución de cada proyecto MEDA durante todo su ciclo de vida.


3. Hacer posible la Asociación: recursos, movilidad y lenguas

Las propuestas formuladas en este policy brief se han estructurado en torno a tres ejes principales: 1) Acercar la Asociación a los ciudadanos; 2) Cumplir con los objetivos declarados de la Asociación Euromediterránea, y 3) Implicar a la sociedad civil en la Asociación Euromediterránea. Sin embargo, hay tres cuestiones transversales que aparecieron una y otra vez en todas las contribuciones y discusiones, y que constituyen el meollo de cualquier verdadera Asociación entre los ciudadanos del Norte y del Sur del Mediterráneo: la cuestión de los recursos, es decir, de simpliicar los procedimientos de inanciación para los actores de la sociedad civil; la cuestión de la movilidad de los actores y ciudadanos (y muy especial-mente la cuestión de los visados de entrada en Europa) y la cuestión de las lenguas, es decir, la necesidad de promover un mayor conocimiento de las lenguas árabe y turca entre los europeos para facilitar los intercam-bios y una verdadera comprensión mutua.

1. La simpliicación del acceso a la inanciación para las pequeñas asociaciones

Se necesita acometer reforma en profundidad de los procedimientos de acceso a la inanciación europea. Lo que está en juego es el funciona-miento democrático de las instituciones europeas. La extremada rigidez de los mecanismos técnicos y inancieros por los que se rigen hace inac-cesibles las convocatorias europeas. Baste un ejemplo: el estatuto legal de las asociaciones exigido por los procedimientos es inaplicable en un gran número de países de la ribera sur, que hace mucho tiempo que han dejado de otorgar autorizaciones administrativas para la creación de asociaciones sin ánimo de lucro, cuando no les prohíben directamente recibir inanciación extranjera.

Debe facilitarse el acceso a la inanciación tanto a las organizaciones desarrolladas como a los pequeños grupos, locales o poco estructurados. Algunas ONG de los PAM tienen la capacidad de gestionar un volumen de recursos inancieros importante, algo que debe tenerse en cuenta evitándose su exclusión sistemática. Por la misma razón, en el caso de las organizaciones menos estructuradas es necesario que los mecanismos de inanciación dirigidos a las asociaciones que se puedan poner en mar-cha en un futuro: tengan tamaños adecuados (microproyectos), dejen de


ser puntuales y por proyectos (estableciéndose fórmulas plurianuales), sean accesibles y tengan una gestión ligera (procesos simpliicados, con carga administrativa reducida, apoyo de Delegaciones de la Comisión).

La legitimidad de las organizaciones sociales no se basa únicamente en su representatividad, sino también en la eicacia de sus actividades. Su implicación en la Asociación Euromediterránea afecta a las cuestiones de la participación de la población y de la democracia. La naturaleza y el nivel de competencia técnica de ciertas asociaciones diiculta enormemente su acceso a los fondos inancieros de la Asociación. Es necesario simpliicar los procedimientos y poner en marcha mecanismos apropiados.

2. Creación de un visado “cooperación Euromed”

La política de visados aplicada en el espacio Schengen y entre los países mediterráneos es uno de los principales obstáculos a los intercambios euromediterráneos. El lanzamiento de la Asociación Euromediterránea no ha tenido ninguna consecuencia en el régimen de visados, que se exigen, en particular, a todos los nacionales de los países de la ribera sur para poder entrar en Europa, lo que supone una contradicción lagrante con el espíritu de la Declaración de Barcelona. La traducción tangible y simbólica de la voluntad de “hacer de la cuenca mediterránea un ámbito de diálogo, intercambio y cooperación” hubiera debido ser una abolición pura y simple de los visados entre los países signatarios.

Cabría proponer la creación de un visado dotado de una especie de eti-queta “Euromed” que se concedería a todos aquellos que se desplazan en el marco de la cooperación euromediterránea en el sentido norte-sur, sur-norte o sur-sur. Junto a los visados “turísticos”, “profesionales” o “fami-liares”, este visado “cooperación Euromed” se concedería de acuerdo con un procedimiento simpliicado (sin necesidad de acreditar medios inan-cieros, ni alojamiento, etc.) y acelerado, dando derecho a entradas múlti-ples y por un período prolongado. La adopción de este sistema debería ser obligatoria para los países signatarios de Acuerdos de Asociación con la Unión Europea, y con carácter recíproco. Más en general, todos los países signatarios de la Declaración de Barcelona deberían adherirse a este sistema.


3. Euromed Lingua: un programa a favor de la diversidad lingüística y cultural

En el espacio euromediterráneo, la promoción y la defensa de la diver-sidad cultural pasan por una política coherente en materia de lenguas. En efecto, el acceso a la cultura del Otro, en el que se basa todo diálogo intercultural, implica la consideración de la diversidad lingüística, y, en el Mediterráneo, ante todo la consideración de las lenguas árabe y turca como componentes esenciales del espacio cultural de las riberas sur y este del Mediterráneo.

Actualmente, no existe ninguna iniciativa en este ámbito en el seno de la AEM. Euromed Lingua, sin aspirar a cubrir todos los aspectos de una política lingüística en el espacio euromediterráneo, podría abordar de manera pragmática las necesidades más urgentes. Euromed Lingua ten-dría dos componentes: el apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas mediterráneas en Europa y el apoyo a la traducción al árabe y al turco de las obras literarias europeas.

a. Difusión de las lenguas árabe y turca en Europa

Euromed Lingua estaría integrado por diversas acciones en el marco de este componente:

• Estimular la enseñanza del árabe y del turco mediante el apoyo a la crea-ción de nuevos métodos y herramientas para los docentes y mediante la cooperación entre instituciones de formación de profesores de lengua.

• Incentivos a la generalización del aprendizaje temprano del árabe y del turco en la escuela y en los estudios superiores en los países europeos.

• Incitación al aprendizaje del árabe y del turco en el marco de la forma-ción profesional en Europa en los sectores del periodismo, el turismo, la gestión cultural y la universidad. En este contexto, debería diseñarse una acción especíica de ayuda a la movilidad de los jóvenes en proceso de formación.


b. Traducción al árabe y al turco.

Se inanciarían dos tipos de acciones:

• Ayudas a la traducción de los autores contemporáneos europeos, espe-cialmente en los ámbitos de la novela, la poesía y el teatro.

• Ayudas a la cooperación entre profesionales, entre escuelas de traduc-ción y talleres de formación para la traducción literaria con el in de con-tribuir a mejorar la calidad de la traducción literaria y la movilidad de los traductores.

A. ACERCAR LA ASOCIACIÓN A LOS CIUDADANOS

Diez años después de su concepción, y sea cual sea la evaluación que se haga de su trayectoria, apenas hay dudas de que la Asociación Eurome-diterránea adolece de falta de legitimación democrática y sigue estando alejada de las preocupaciones, las necesidades y los intereses concretos de los ciudadanos de la región. Carece de visibilidad y de apropiación por parte de los ciudadanos, pero por buenas razones, ya que hasta ahora ha sido más bien irrelevante para la vida diaria de la gente común.

Un verdadero partenariado debería promover la concreción gradual de todos los derechos económicos, sociales y culturales de la población (incluidos la seguridad social, un nivel de vida adecuado, vivienda y asis-tencia sanitaria). Los derechos económicos, sociales y culturales son “el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”, tal como se airma en el Pacto Internacional adoptado por Naciones Unidas en este ámbito, pero cabe sostener que los dos derechos verdaderamente fundamentales, que pueden dar lugar a la materialización de todos los demás, son el derecho a la educación, que permite a las personas realizar todo su potencial, y el derecho al trabajo, que les permite integrarse en la sociedad y materializar su emancipación personal.


4. Lanzar una Campaña Euromediterránea de Alfabetización paraconseguir una reducción del analfabetismo del �0% en cinco años (para el 2010) en la región

En los Países Asociados Mediterráneos, hay actualmente casi 50 millones de adultos analfabetos, una media cercana al 25% de la población adulta (y de casi la mitad de las mujeres adultas). Esta cifra, por sí sola, vacía de todo contenido los conceptos mismos de participación de la sociedad civil y de Asociación. En términos pragmáticos, la alfabetización consti-tuye un paso fundamental, por ejemplo, para promover una verdadera democracia y un auténtico debate público, para reforzar a las comunida-des locales, para optimizar los programas de microcrédito y para movilizar las remesas de los emigrantes en favor del desarrollo en sus sociedades de origen, por no mencionar el acceso a las nuevas tecnologías de la información. Es posible sostener que una reducción del analfabetismo en la región podría contribuir incluso a reducir la incidencia de conlictos en la misma. En otros términos, cabe airmar que la erradicación del anal-fabetismo en la región es una condición material para la consecución de los objetivos de la Asociación Euromediterránea.

Ahora bien, la alfabetización es, sobre todo y ante todo, un derecho humano fundamental. La educación básica, para la que la alfabetización constituye una herramienta de aprendizaje fundamental, fue reconocida como un derecho humano hace ya más de 50 años, en la Declaración Uni-versal de Derechos Humanos. Es escandaloso que este derecho continúe siendo violado en el caso de una proporción tan grande de la población de los PAM.

Así pues, la erradicación del analfabetismo en los Países Asociados Medi-terráneos es, por un lado, una base moral mínima para la Asociación Euromediterránea, y sería una medida altamente simbólica sobre la ver-dadera jerarquía de prioridades de la misma. Por una vez, podría consti-tuir una excelente aportación europea al Decenio de la Alfabetización de Naciones Unidas 2003-2012.

La propia campaña de alfabetización crearía miles de puestos de trabajo en toda la región durante un cierto período de tiempo, contribuyendo de este modo a mitigar otra de las lacras sociales de la región, por no men-cionar el hecho de que la alfabetización literaria y numérica, junto con la educación escolar, son las mejores bases para la empleabilidad de los


jóvenes. Simultáneamente, las campañas de alfabetización constituyen un poderoso mecanismo de movilización y estructuración de la sociedad civil mediante la participación comunitaria. También son la mejor manera de promover la igualdad de género y la emancipación de las mujeres.

5. Deinir una Estrategia Euromediterránea de Empleo con el objetivo de asegurar que el número de desempleados en la región no aumenta en los próximos diez años

Si los PAM y la Unión Europea se plantean seriamente su objetivo decla-rado de alcanzar un desarrollo económico y social sostenible y equili-brado, tal como se airma en la Declaración de Barcelona, tiene todo el sentido integrar objetivos cuantiicados de empleo y una evaluación del impacto sobre el empleo en todos los niveles de la Asociación Euromedi-terránea, incluidos los Programas MEDA y las ZEMLC, ya que difícilmente puede encontrarse otro reto económico y social más importante en el futuro inmediato que el reto de ofrecer oportunidades de empleo a su la mayor generación de toda su historia.

Además, debería adoptarse una Estrategia Euromediterránea de Empleo que combinara un sistema regional de supervisión de los indicadores de empleo y políticas de empleo (véase la siguiente propuesta) y la for-mulación de orientaciones comunes revisadas de manera periódica con objetivos cuantiicados por países, la especiicación de instrumentos y compromisos para conseguirlos, y la asignación de los recursos necesa-rios en el marco de los Programas MEDA. El modelo a seguir podría ser el del proceso de la Estrategia Europea de Empleo en funcionamiento desde 1999.

El primer paso para lanzar una iniciativa tan ambiciosa como ésta sería convocar una Conferencia Euromediterránea de Ministros de Empleo en la que participaran los Ministros de Empleo de todos los Países Asociados Mediterráneos y la Comisión Europea.

4. Los derechos humanos y Barcelona Plus

Por lo que respecta a la situación de los derechos humanos y la Asocia-ción Euromediterránea, en conclusión cabe airmar que:


• En general, la situación de los derechos humanos en la región no ha mejorado desde 1995.

• El lenguaje de los derechos humanos ha ido incorporándose lentamente a los documentos regionales de carácter declaratorio (pero no vinculante) de la AEM y de la UE, pero esto no se ha plasmado todavía en un diálogo político a escala regional ni en actividades o programas concretos en materia de derechos humanos.

• La AEM ha abordado de manera casi exclusiva las cuestiones relativas a los derechos civiles y políticos, ignorando las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores migrantes y los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, la promoción de los derechos humanos ha ido en detrimento de una visión coherente y holística de los derechos basada en el desarrollo y la cooperación.

• La promoción de los derechos humanos a escala regional ha sido mar-ginalizada en favor de un enfoque bilateral con un fuerte énfasis en los derechos civiles y políticos. Las iniciativas más sistemáticas y prometedo-ras parecen encontrarse en este último nivel. Es demasiado pronto para anticipar cómo van a funcionar los Planes de Acción de la PEV. Teniendo en cuenta la falta de indicadores de referencia y de calendarios, casi todo dependerá de la voluntad político-diplomática y de la prioridad que se otorgue a la agenda de derechos humanos.

• El análisis de los Planes de Acción de Vecindad, la Comunicación de la Comisión Un nuevo impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito de los

derechos humanos y la democratización, en colaboración con los socios

mediterráneos y otros documentos, se llega asimismo a la conclusión de que en el marco de la AEM se ha creado un amplio espectro de instru-mentos de promoción de los derechos humanos que pueden utilizarse de forma constructiva en el futuro. Sin embargo, sigue sin haber:

– Mecanismos para establecer indicadores de referencia

– Mecanismos para la integración de la perspectiva de género a todos los niveles de cooperación

– Un diálogo sistemático y coherente y apoyo a la sociedad civil


– La promoción de un enfoque regional global de la promoción de los derechos humanos que tenga en cuenta la indivisibilidad de los dere-chos

Colmar estas lagunas y aportar la dosis necesaria de voluntad política para poner en práctica dichos instrumentos deberían ser las prioridades para el futuro.

6. La AEM debería elaborar una estrategia coherente para la igualdad de las mujeres en el Proceso de Barcelona

La única referencia más o menos explícita a los derechos humanos que se hace en el segundo capítulo es el reconocimiento del papel clave de la mujer en el desarrollo y el compromiso de fomentar su participación activa en la vida económica y social y en la creación de empleo.

No obstante, la Declaración de Barcelona no reconoce de manera explícita la relación existente entre derechos humanos, democracia, desarrollo y derechos de las mujeres, y en la región euromediterránea se aprecia una tendencia generalizada, por parte de los gobiernos y de las instituciones de la UE, a considerar los derechos de las mujeres como una cuestión de normas religiosas y tradiciones culturales que, por consiguiente, debe tratarse como una cuestión interna.

Hubo que esperar hasta noviembre de 2001 para que en las conclusiones inales de una conferencia ministerial euromediterránea se mencionaran las cuestiones de género, y aún hoy en día los derechos de las mujeres siguen abordándose de forma incoherente en las Estrategias Nacionales, los Programas Indicativos Nacionales y los Planes de Acción de Vecindad elaborados en el marco de la Asociación Euromediterránea.

Por esta razón, una de las principales preocupaciones de la Asociación debería ser promover la igualdad de género en la región. Esto implicaría replicar las mejores prácticas que existen en diversas partes de la región euromediterránea.

Para ello, sería necesario:


• La deinición de un programa general para estimular y apoyar la revisión del marco jurídico y político vigente con el in de incorporar las cuestiones de género, incluida la eliminación de las reservas formuladas al Convenio para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como la ratiicación del protocolo opcional del CEDAW.

• La integración a todos los niveles de la perspectiva de género en los tres capítulos de la AEM con el in de incluir los derechos de las mujeres y las cuestiones de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de actividad, y no sólo en aquellos que tradicionalmente se consideran que afectan sobre todo a las mujeres.

• La integración a todos los niveles de los derechos de las mujeres en los procesos de diálogo sobre derechos humanos desarrollados en el marco de los Acuerdos de Asociación bilaterales, y su inclusión como parte inte-grante de los Informes País.

• El diseño de programas de discriminación positiva dentro de la AEM destinados a incrementar la participación de las mujeres en todas las áreas de actividad, apoyándolos con medios inancieros y técnicos apro-piados.

• El uso de la reducción de las disparidades de género como un indicador del éxito de las reformas y las prácticas jurídicas en el marco de las polí-ticas y estrategias de desarrollo de los países; la inclusión de un capítulo especíico sobre género en el Informe Anual sobre el Programa MEDA elaborado por la Comisión, y reservar una línea presupuestaria para la prevención de la discriminación y la violencia contra las mujeres en la región mediterránea tanto en los Programas MEDA como en la IEDDH.

• Garantizar que existen expertos en cuestiones de género entre el per-sonal operativo a todos los niveles de la Asociación Euromediterránea, tanto a nivel central como en sus representaciones y delegaciones en los países asociados.

• Incluir la representación de las organizaciones feministas independien-tes más representativas en los procesos de diálogo con la sociedad civil, estableciendo cuotas para la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en dichos procesos de consulta.


7. Los Países Asociados Mediterráneos deberían adoptar medidascoherentes, consistentes y eicientes para la integración a todos losniveles de la perspectiva de derechos humanos en el marco de la cooperación bilateral

A nivel bilateral, deberían concentrarse los esfuerzos en la introducción de indicadores de referencia y plazos para la acción bien deinidos que ayudaran a evaluar los avances y retrocesos con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, y no sólo en función de criterios puramente políticos. Al igual que a escala regional, un aspecto impor-tante sería la promoción de un enfoque de derechos humanos basado en la indivisibilidad de los derechos que incluya procesos estructurados y sistemáticos de consulta con la sociedad civil. La integración a todos los niveles de las perspectivas de derechos humanos y de género en todos los procesos de diálogo político y programas es también aquí la clave. Por ello, se recomienda que:

• Cada uno de los Planes de Acción de Vecindad identiique los derechos correspondientes afectados por cada uno de los ámbitos de acción, tanto en términos de derechos civiles y políticos como en términos de dere-chos económicos, sociales y culturales. En particular, deberían hacerse ímprobos esfuerzos con el in de introducir este último conjunto de dere-chos en el análisis de la evolución económica y social general. En este contexto, la Unión Europea debería desarrollar con carácter prioritario metodologías sólidas y eicientes para la realización de evaluaciones de derechos humanos a nivel de proyecto, y la

Agencia EuropAid debería encargar urgentemente una serie de proyec-tos piloto en este ámbito.

• Todas las actividades que se emprendan deberían tener objetivos, resul-tados y plazos concretos e identiicar ejemplos de indicadores de refe-rencia basados en los compromisos internacionales del respectivo país asociado (por ejemplo, el artículo 10 del CEDAW garantiza el derecho de las mujeres a un acceso igual a la educación; el Plan de Acción nacional se propondrá garantizar para 2007 que el número de mujeres que entren en las instituciones de educación superior aumente del 5 al 15%; el cum-plimiento de este objetivo se medirá mediante el análisis de las estadís-ticas educativas públicas oiciales, así como las cifras de matriculación universitaria y los informes de la UNESCO).


• Los Planes de Acción deberían reconocer la obligación de la UE de proporcionar asistencia inanciera, a través del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, para respetar los derechos de todas las partes implicadas, tanto por lo que respecta al modo en que se ejecutan los proyectos como por lo que respecta a sus resultados inales. Por consi-guiente, los planes nacionales deberían establecer la obligación de reali-zar un análisis en profundidad de los grupos sociales afectados, identii-car los derechos afectados y quiénes son sus titulares, así como las líneas de responsabilidad, y ofrecer posibilidades de compensación cuando se produzcan violaciones de derechos como consecuencia de una mala planiicación o ejecución de los proyectos.

• La participación de los beneiciarios debería reconocerse como una cuestión transversal que debe garantizarse en todas las fases de diseño y ejecución de los proyectos. En línea con los principios de transparencia y de responsabilidad, dicha participación debería incorporar asimismo mecanismos para la compensación a los afectados cuando un proyecto tenga un impacto negativo o no consiga cumplir con sus objetivos.

• Debería reconocerse el papel de la sociedad civil en la promoción y pro-tección de todos los derechos y como instancia de representación de los sectores frecuentemente más marginados a nivel político y económico, integrándola en la mayor medida de lo posible en todos los Planes de Acción de Vecindad, en lugar de reducir su papel a mero sujeto de pro-yectos aislados.

�. Adopción de un Protocolo que establezca un mecanismo de salvaguardia de la situación económica y social en todos los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos

Al menos a corto plazo, y especialmente durante los últimos cuatro años del período transitorio de 12 años previsto para el establecimiento de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio durante los cuales se con-centra la parte más dura el desmantelamiento arancelario, la Asociación Euromediterránea corre el riesgo de superar el “umbral de sostenibilidad social”, es decir, el límite absoluto de efectos negativos que pueden tener las políticas de reforma económica antes de que, a falta de medidas com-pensatorias suicientes, un grupo social o toda una población se revelen de un modo u otro. Si se supera dicho umbral, un país entra en una zona


de agitación social, colapso económico e inestabilidad general en la que las leyes económicas dejan de ser aplicables (impidiendo la realización de los eventuales efectos positivos futuros de las reformas) y los dispositivos institucionales de navegación necesarios para garantizar los derechos civiles y políticos dejan de funcionar, dando lugar, en casos extremos, al fenómeno de los “estados fallidos”.

Para asegurar que la aplicación de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio no afecte negativamente a la situación económica y social de la población afectada, sería posible establecer, como parte del sistema regional de supervisión al que se ha hecho referencia en la propuesta anterior, un mecanismo de salvaguardia que garantizara las condiciones mínimas de partida de los PAM en relación con determinados indica-dores sobre derechos económicos y sociales como “umbrales mínimos” para la Asociación Euromediterránea. Por un lado, esto permitiría que la Asociación promoviera avances concretos en materia económica y social, y en el caso de que se detectara un retroceso en relación con un indicador concreto, se permitiría o bien la suspensión temporal de las causas identiicadas de dicho deterioro (cuando se encuentran en una medida de política concreta, como la liberalización comercial en un sec-tor u otro), o bien la aplicación de medidas compensatorias automáticas como un incremento y/o reorientación de los fondos MEDA con el in de concentrar los esfuerzos en la mejora de dicho indicador concreto. La aplicación de las medidas de salvaguardia debería ir precedida de una decisión del Consejo de Asociación bilateral –es decir, se aplicaría sobre una base consensuada- a petición de una de las partes (a saber, la UE o bien el Gobierno del país de que se trate).

5. Comprensión mutua e intercambios culturales

La Asociación Euromediterránea vio la luz en unos momentos en que el viejo mundo bipolar acababa de morir, y con él la estabilidad de las rela-ciones internacionales basadas en el equilibrio de fuerzas entre las dos superpotencias que le había caracterizado. La caída del sistema bipolar, con el consiguiente deshielo de las relaciones internacionales, parece haber dado a Europa, que se encontraba en pleno proceso de integra-ción política, una nueva dinámica que le llevó inicialmente a emprender la ruta hacia su Este y posteriormente a lanzar su iniciativa estratégica y política hacia el Sur. En aquellos momentos, la AEM podía interpretarse como el mejor indicio de una nueva era de relaciones de asociación


entre los antiguos colonizadores y los antiguos colonizados, y por tanto como la inauguración de un nuevo mundo multipolar. En este contexto, aunque al mismo tiempo anterior a él, se delinea la posibilidad de unas relaciones culturales más abiertas y más coniadas entre las dos riberas del Mediterráneo. Europa (re)descubría que el Mediterráneo no se redu-cía al turismo en el mejor de los casos y a las pateras en el peor, sino que también era un lugar de cultura en la diversidad. ¿Y 10 años después? Las amenazas que se ciernen sobre la diversidad cultural nunca han sido tan inquietantes, no sólo para el Mediterráneo sino incluso para la propia Europa.

No cabe duda de que en los próximos quince años las relaciones eurome-diterráneas ocuparán un lugar importante en el debate político europeo, para empezar debido al proceso de adhesión de Turquía (debate que por lo demás ya ha comenzado). Pero el Mediterráneo será actualidad también como consecuencia de las perspectivas de un alujo importante de varios millones de trabajadores inmigrantes a Europa, llamados a con-trarrestar el déicit demográico europeo y a asegurar el funcionamiento de los sistemas europeos de protección social (en el momento en el que se jubilará la generación del baby boom), llamados, en una palabra, a garantizar el crecimiento europeo. Estas dos cuestiones devolverán a la primera página de la actualidad las relaciones con el Mediterráneo, cuya dimensión cultural (y no interreligiosa) no ha sido jamás tan crucial y sin embargo tan ignorada como ahora.

En la Declaración de Barcelona, el objetivo general de la Asociación Euro-mediterránea se deine de manera muy clara: “hacer de la cuenca medi-terránea un ámbito de diálogo, intercambio y cooperación”. Pero lo que constituye una innovación de gran trascendencia es la asociación entre

“sociedad civil” y “cultura” que se hace en el tercer capítulo, como si se reconociera de manera expresa que el diálogo de culturas es ante todo y sobre todo un diálogo entre sociedades, y que no corresponde única y exclusivamente a los Estados ni a las élites de un lado y otro del mar.

Más allá de las restricciones internacionales, de las ambiciones proclama-das y de las realizaciones, ¿cuál es el balance crítico que puede hacerse de estos últimos diez años? El diálogo entre culturas ha sido objeto de un número tan grande de encuentros y de declaraciones, especialmente tras el 11 de septiembre, que el concepto ha acabado por perder su verda-dero sentido para convertirse en una cantinela de consenso o, peor aún,


en una coartada. Imagen especular del choque de civilizaciones, esta idea, generosa en apariencia, transmite la idea una confrontación entre culturas consideradas como bloques monolíticos, en una visión reduc-cionista de su unicidad, de un pretendido núcleo duro que no puede ser sino religioso. Ahora bien, cada cultura está hecha de diferencias, de distinciones, de oposiciones: es en el seno mismo de cada tradición en el que se realizan negociaciones incesantes gracias a las cuales las cultu-ras encuentran sus respuestas provisionales a los interrogantes de cada momento. Muy particularmente en el espacio euromediterráneo, las cul-turas son múltiples, complejas y entrelazadas. Por consiguiente, no cabe plantearse una confrontación cara a cara, sino el reconocimiento de esta complejidad y de los préstamos recíprocos entre nuestras culturas.

Pero hay otra dimensión que plantea problemas: todas aquellas iniciati-vas que se ponen en marcha actualmente bajo la etiqueta del “diálogo de culturas” ponen en juego a “dialogantes” que se parecen entre sí como dos gotas de agua. Las élites intelectuales y políglotas de las dos riberas del Mediterráneo trabajan conjuntamente, conciben conjunta-mente, imaginan conjuntamente, y lo que las distingue (un poco) basta para darles el sentimiento embriagador del diálogo entre civilizaciones. Miles y miles de proyectos, programas y seminarios se desarrollan de este modo. Europa se siente satisfecha y los gobiernos del sur no piden más. De este modo se pasa por alto la verdadera realidad de las socieda-des mediterráneas, de sus preocupaciones reales y, sobre todo, se pasan por alto, sin verlos, a los hombres y mujeres que, tanto en el sur como en el norte del Mediterráneo, no hablan ninguna otra lengua más que su lengua materna, no tienen los medios para viajar, no tienen ninguna posibilidad de obtener un visado a tiempo, no son profesionales de la

“escena euromediterránea”, sino que representan realmente a los actores de la vida cultural, artística y asociativa de sus países respectivos. El diá-logo no pasará de ser una ilusión mientras aquellos que participan en el mismo sean en todos los casos francófonos o anglófonos, perfectamente laicos, “modernos” y profesionales. Ahora bien, es precisamente entre aquellos que portan en su interior referencias surgidas de diferentes tra-diciones de pensamiento y diferentes maneras de sentir entre los cuales el diálogo puede volver a encontrar todo su sentido.


Espacios de libertad

9. Lugares independientes de cultura, encuentro y creaciónen el Mediterráneo: promover la interacción entre estos espacios de libertad

Desde hace algunos años, asistimos al nacimiento en algunos países de la ribera sur del Mediterráneo de estructuras y lugares de cultura indepen-dientes. Este fenómeno ha permitido la emergencia de nuevas aventuras culturales y artísticas articuladas con las realidades locales y la población. Otro aspecto importantísimo es el hecho de que los animadores de estos espacios muestran a menudo una gran preocupación por conectar con las dinámicas de desarrollo local, y establecen una relación más abierta con el público y con su entorno social. Algo que no sucede con los luga-res institucionalizados de la cultura. Estos espacios intermedios (antiguas fábricas, casas o naves) son reutilizados para actividades con una fuerte dimensión humana, lo que permite sustraerlos a la lógica especulativa y mercantilista.

A este respecto, es necesario establecer mecanismos de apoyo (sitio web, plataforma de cooperación, fondo de ayuda) que permita la interacción entre estos espacios, una especie de bolsa de intercambios para com-partir información e iniciativas de formación sobre la gestión de estos lugares, particularmente frágiles, que sufren limitaciones de todo tipo y que, pese a ello, son indispensables.

B. CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DECLARADOS DE LA ASOCIACIÓN

10. Un inventario del Mediterráneo cultural: prácticas, intercambios, lugares

Está por hacer un “inventario de la cultura”, de su realidad concreta y, por consiguiente, de sus necesidades. Este inventario podría constituir la base de un enfoque más sólido y riguroso de la cooperación cultural en el Mediterráneo y de la acción pública y privada en favor del diálogo euromediterráneo.

Se trataría de realizar en los países mediterráneos una serie de encuestas con el in de poder elaborar un “estado de situación” cualitativo sobre:


– la producción cultural (libros, traducciones, discos, obras de teatro...;– la circulación de estos bienes culturales;– la movilidad de las personas (viajes de estudio, circulación de los estu-

diantes e investigadores, turismo cultural, hermanamientos...);– los equipamientos existentes (bibliotecas, ordenadores y cibercafés, luga-

res de creatividad y lugares de acceso a la cultura, cines...);– los programas de formación (primaria y profesional) para las profesiones

culturales;– la inanciación (pública y privada, los criterios habituales...).

A partir de estos elementos, se trataría de identiicar a continuación las necesidades más urgentes y elaborar planes de acción realistas.

6. Condiciones jurídicas y derechos humanos

El cumplimiento de los objetivos del Proceso de Barcelona en materia de derechos humanos implica ante todo la aplicación y/o la consolidación de los instrumentos existentes, y en primer lugar

11. La aplicación y el reforzamiento de la Comunicación de la Comisión Un nuevo impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democratización, en colaboración con los socios mediterráneos

Dicha Comunicación realiza 10 recomendaciones concretas para mejo-rar el diálogo entre la UE y sus socios regionales y garantizar la comple-mentariedad entre el diálogo político y la asistencia inanciera, entre la asistencia prestada en el marco del Programa MEDA y en el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) y entre la dimensión nacional y la dimensión regional.

En su conjunto, las diez recomendaciones marcan un hito importante en la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos en la región, a la vez que deinen líneas concretas de acción para la AEM.

Sin embargo, deberían reforzarse asegurando desde un primer momento que:

• Los Informes País propuestos se basan en las normas más elevadas en materia de derechos humanos, y son públicos y por tanto pueden ser


objeto de debate público. De lo contrario, las políticas de la AEM en mate-ria de derechos humanos seguirán adoleciendo de falta de transparencia y los avances o retrocesos en las relaciones bilaterales entre la UE y los PAM no podrán ser evaluados de forma sistemática.

• La integración de los derechos humanos en todos los ámbitos del Pro-ceso de Barcelona se asegura de un modo sistemático, efectivo, consis-tente y coherente. Esto implica, entre otras cosas, la creación de obliga-ciones tanto de resultado como de comportamiento en el marco de los proyectos MEDA, que ofrezcan la posibilidad de evaluar la ejecución de los proyectos en términos de derecho a la información, participación y compensación por los resultados inales. Para ello, la Agencia EuropAid debería acometer con carácter prioritario estudios piloto sobre las impli-caciones para los derechos humanos de las acciones MEDA en diversos sectores.

Por último, una condición previa para la puesta en práctica de los prin-cipios formulados en la citada Comunicación sería garantizar un apoyo inanciero eiciente, sostenido y a largo plazo a las estructuras locales y regionales de derechos humanos, a la vez que se promueve la eliminación de las restricciones jurídicas que lastran el trabajo de la sociedad civil. En la región A este respecto, debería considerarse la conveniencia de:

• Crear en 2005-2006 un Programa MEDA regional de derechos humanos complementario a la IEDDH;

• Establecer un programa regional para la democracia y los derechos humanos en el marco del futuro Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación previsto para 2007-2013.

12. La AEM debería establecer un Grupo de Trabajo a nivelmultilateral con el in de asesorar a los países asociados sobre cuestiones de derechos humanos de alcance regional

Tal como se ha indicado antes, hasta ahora la dimensión regional del Proceso de Barcelona en materia de derechos humanos ha sido bastante débil. La creación de un Grupo de Trabajo sobre esta materia en el marco de la AEM podría reforzar de forma signiicativa el multilateralismo.


Las prioridades de este Grupo de Trabajo serían:

• Dar un nuevo impulso a la aplicación de los instrumentos existentes a nivel regional.

• Crear vínculos directos entre las conclusiones y recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos (relatores especiales, grupos de trabajo, comisiones de segui-miento de los pactos y tratados...) y los debates sobre derechos humanos en el marco de la AEM a nivel tanto multilateral como bilateral.

• Analizar de qué modo interactúan los diversos elementos del Proceso de Barcelona y afectan a los derechos humanos. Esto incluiría, por ejem-plo, el análisis de la compleja e intrincada relación entre la creación de la zona de libre comercio y la protección y aplicación de los derechos económicos y sociales, entre ellos el derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. También supondría la identii-cación de mecanismos regionales para intentar compensar a los titulares de derechos lesionados.

• Proponer acciones regionales en ámbitos de interés general como el cumplimiento de las normas y convenios internacionales, la cooperación en materia de justicia, incluida la lucha contra el terrorismo, y la pro-moción y protección de los derechos de los trabajadores migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo. Esto último debería incluir medidas para la ratiicación del Convenio internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares por parte de todos los países asociados.

• El Grupo de Trabajo debería proponer también mecanismos adecua-dos para establecer un diálogo temático estructurado y sistemático con las estructuras regionales de la sociedad civil más representativas en el ámbito de los derechos humanos.

13. Establecimiento de un sistema regional euromediterráneo de supervisión multilateral de la evolución económica y social

Debería establecerse, en el marco de la cooperación con los PAM, un núcleo mínimo de derechos económicos y sociales –en la línea de la


Carta Social Europea– que dieran sentido a la caliicación de los dere-chos humanos como un elemento esencial de la Asociación, tal como se airma en todos los Acuerdos de Asociación. No debe olvidarse que los derechos económicos y sociales son una parte integrante e indivisible de los derechos humanos. En segundo lugar, debería adoptarse un Plan de Acción Social conjunto diseñado para asegurar, lo más rápidamente posible, ese conjunto de derechos básicos sobre la base del principio de responsabilidad compartida. Deberían incorporarse como elementos permanentes del Proceso de Barcelona, tal como se ha hecho ya dentro de la UE en el marco del proceso de supervisión de las políticas social y de empleo, objetivos explícitos de política social en términos de tasa de actividad, incidencia de la pobreza, indicadores de educación y cobertura de seguridad social, junto con un sistema de evaluación y seguimiento periódicos de la evolución en este ámbito (de acuerdo con el principio de corresponsabilidad).

Es importante subrayar la idea de que el sistema de supervisión multi-lateral que se propone no es un mecanismo de seguimiento y análisis independiente del tipo de los observatorios que tanto proliferan últi-mamente, sino un proceso de diálogo político intensivo en información, de intercambio y de cooperación entre Gobiernos asociados orientado a la deinición de las respectivas políticas (es decir, un proceso político) que tiene por objeto encontrar un ámbito de actuación común en aque-llas cuestiones en relación con las cuales existen intereses compartidos. En esa medida, la participación de la sociedad civil como tal en todo el proceso sería limitada, si bien la propia existencia del sistema de supervi-sión multilateral y la información generada en ese marco (que sí debería ser pública) podría convertirse en un instrumento clave que facilitaría la implicación de la sociedad civil y la presión política.

Por supuesto, puesto que todo el proceso de supervisión es una acti-vidad intensiva en conocimiento y en información compartida en cuyo marco resulta fundamental disponer de datos de buena calidad, además de un ejercicio políticamente delicado, el papel que desempeña en este proceso un organismo “técnico” relativamente independiente como la Comisión Europea resulta crítico para su éxito. Aunque hasta ahora no se ha creado una institución similar en el marco de la Asociación Euromedi-terránea, ni parece que vaya a crearse, las redes de institutos de investi-gación FEMISE y EuroMeSCo podrían desempeñar un papel importante en las primeras etapas del proceso.


Difusión de cultura

14. Creación de Puntos de Contacto Euromed Cultura en todos los países mediterráneos

Se propone es crear “Puntos de Contacto Euromed Cultura” en los Países Asociados Mediterráneos. Su objetivo sería aproximar la Asociación en el ámbito cultural a los actores culturales de la sociedad civil de cada país o, dicho de otro modo, aproximar la oferta europea a sus beneiciarios potenciales.

Auténticas “ventanillas” al servicio de los ciudadanos mediterráneos, estos Puntos de Contracto favorecerían un mejor conocimiento de los programas euromediterráneos, una mayor accesibilidad de los procedi-mientos de inanciación, así como una ayuda a los posibles gestores de proyectos para la elaboración de los expedientes.

Es importante que estas estructuras sean ligeras, que estén bien equipa-das en términos de medios de difusión de la información y, sobre todo, que gocen de un estatuto independiente de las instituciones nacionales.

15. Apoyar la información cultural independiente en el Mediterráneo a través de Internet

Proporcionar una información independiente basada en el diálogo y las miradas cruzadas entre las dos riberas del Mediterráneo reviste una importancia primordial. Internet es un instrumento eicaz para desen-clavar la información y sustraerse a las restricciones que se han descrito. Esta herramienta alivia también las grandes diicultades de movilidad de las personas que viven en la ribera sur del Mediterráneo, diicultades que hoy en día siguen siendo uno de los principales obstáculos a la compren-sión, a la confrontación de ideas y a la circulación de la información en el Mediterráneo.

Junto a los sitios Internet de los grandes medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión), en estos últimos años han aparecido nuevos lugares de expresión en un marco asociativo, que han creado canales alternativos y libres para una información totalmente independiente. Un


ejemplo único en su género por tener realmente una dimensión eurome-diterránea es Babelmed.

16. Apoyar la circulación de los actores culturales independientes y los jóvenes mediante la creación de fondos de ayuda a la movilidad

Los encuentros personales son una dimensión indispensable del trabajo asociativo en el Mediterráneo, tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Los contactos múltiples, la circulación de la información y los desplazamientos son la principal fuente de iniciativas y de ideas.

En unos momentos en que el Programa Euromed Juventud acaba de ser suspendido, no existe ningún instrumento, en el marco de los programas MEDA, destinado a ayudar con becas de movilidad de pequeña cuantía a los actores asociativos y culturales del espacio euromediterráneo.

Debería estimularse la creación de fondos de ayuda a la movilidad, gestionados de manera lexible y con procedimientos administrativos simples. Estos fondos podrían inspirarse en la experiencia del Fondo Roberto Cimetta, que ofrece bolsas de viaje a los artistas y profesionales (técnicos y creadores) del mundo del teatro, la danza y las artes visuales, entre otros.

Comprensión e imagen mutuas

17. Formación intercultural para los docentes de enseñanza secundaria: apoyar los intercambios escolares

Intervenir sobre la formación de los jóvenes docentes de enseñanza pri-maria y secundaria permitiría proporcionarles las herramientas de una mirada crítica sobre el contenido de su enseñanza futura, y probable-mente responder a una necesidad percibida por los propios docentes, confrontados a un público escolar que ha evolucionado y a unas nece-sidades de instrumentos pedagógicos que no están suicientemente satisfechas por los manuales actuales.

La idea propuesta consiste en organizar una serie de actividades de for-mación intercultural dirigidas a los docentes en el marco de su aprendi-


zaje profesional en al menos seis países de la ribera norte y de la ribera sur. Estas actividades de formación se integrarían en el programa de estudios de forma experimental y voluntaria.

Posteriormente, la evaluación de estas actividades de formación permi-tiría la elaboración de herramientas pedagógicas (guías pedagógicas y otros), así como la creación de un sistema de ayudas concretas para insertar la formación intercultural en la práctica docente y constituir un estímulo a los intercambios escolares euromediterráneos (instrucciones y experiencias, contactos, etc.). Paralelamente, la creación de un obser-vatorio de los intercambios escolares permitiría difundir la información entre los centros escolares y realizar un seguimiento de estos intercam-bios.

1�. Crear y multiplicar módulos de formación “mediterránea” para jóvenes periodistas europeos

Las imágenes estereotipadas, inexactas e incluso negativas del mundo árabe transmitidas en Europa crean un sentimiento de rechazo y generan actitudes de repliegue no sólo entre la población de la ribera sur, sino muy especialmente también entre los ciudadanos europeos de origen árabe. Lo que proponemos aquí es actuar en el origen, en la etapa de formación de los jóvenes periodistas.

La propuesta tiene dos componentes.

Por un lado, se trata de diseñar y proponer módulos de formación que puedan incluirse en los programas de estudios de los periodistas en for-mación en varias escuelas europeas. Un módulo básico se consagraría al conocimiento del mundo árabe mediterráneo en todos sus aspectos. Ello permitiría una primera aproximación de cultura general destinada a los jóvenes de primer curso. Un módulo especializado permitiría una profundización de esos conocimientos, y estaría destinado a un grupo más restringido de estudiantes de segundo curso. El módulo culminaría con una estancia de prácticas profesionales en un país árabe.

El segundo componente del proyecto es el establecimiento de redes entre las escuelas participantes (con el in de compartir enfoques peda-gógicos, sitios web, o la participación conjunta en viajes de trabajo).


19. Un programa de encuentros periódicos entre investigadores, intelectuales y responsables asociativos europeos y mediterráneos: la perspectiva islámica y la perspectiva europea en diálogo

Ocasión rara, sino única en su género, el encuentro que tuvo lugar en Bei-rut en febrero de 2004 fue un ejemplo de diálogo abierto y valiente entre el punto de vista islámico y el punto de vista europeo sobre los desafíos actuales. Dicho encuentro proporcionó la oportunidad de una verda-dera confrontación de ideas entre personas procedentes de horizontes intelectuales muy diferentes: un diálogo auténtico, en ocasiones áspero, sobre los conceptos y los valores en que se basan las percepciones recí-procas, los prejuicios y las incomprensiones entre el mundo musulmán y el mundo europeo.

Parece urgente y necesario garantizar una continuidad a este tipo de encuentros, tomado como ejemplo de buenas prácticas, y mantener en el tiempo este verdadero diálogo mediante la organización de encuen-tros periódicos, seguidos, y cuyos contenidos deben ser difundidos para alimentar el debate público en las sociedades y las opiniones públicas de Europa y del Mediterráneo.

C. IMPLICAR A LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ASOCIACIÓN

7. Evaluación DE la participación de la sociedad civil en la Asociación Euromediterránea

El papel de la sociedad civil en la Asociación Euromediterránea ha sido muy modesto. Incluso su presencia en el vocabulario y en los discursos es mínima.

La UE ha sido muy tímida al defender el papel de las sociedades civiles autónomas en la AEM. Si bien hay que señalar la resistencia de algunos poderes públicos, que ha provocado una falta de consenso sobre el papel de las sociedades civiles, hay que añadir el papel desempeñado por la UE. Ésta, en su empeño por favorecer los cambios y la democratización sin poner en riesgo la seguridad y la estabilidad de los PAM, ha apostado por procesos bajo el control de las elites dirigentes actuales. Además, la sociedad civil autónoma ha sido percibida como un sector antiguberna-mental y no como un agente de cambio efectivo.


Es necesaria y urgente una deinición clara del papel y del lugar de la sociedad civil en la AEM, que sea asumida por todos los Estados y todas las instituciones, que obligue a los gobiernos a facilitar la actividad de las ONG en sus países y la colaboración transfronteriza.

El primer requisito para hacer participar las sociedades civiles en la AEM es fortalecer las expresiones sociales locales y protegerlas; posibilitando que actúen por las vías que les son propias (incidencia política, interven-ción) y que presionen desde dentro (contribuyendo a la democratización, dinamización de la vida política y social).

En segundo lugar debe llegarse a una articulación efectiva entre socieda-des del norte y del sur. Esta debe ir más allá del diálogo inter asociativo, y traducirse en trabajo conjunto a través de redes estables de cooperación. En la UE hay que promover un mayor interés por lo euromed en el norte y centro de Europa.

Hay que fortalecer las plataformas nacionales y las redes. Esto resulta especialmente complejo en el ámbito euromed cuando la movilidad de los actores es limitada. Para ello además son necesarios recursos. Deben ponerse a disposición de las asociaciones programas regionales accesi-bles y vías de inanciación de micro-proyectos, facilitándose su gestión administrativa.

Finalmente hay que articular mecanismos de interacción con los poderes públicos, sean instituciones euromed o gobiernos.

Al cumplirse 10 años de la primera Cumbre Euromediterránea de Barcelona, en un momento en el que se pretende hacer un balance de la Asociación, debe señalarse el papel marginal que ha tenido la sociedad civil. Hasta ahora ha habido una llamativa falta de coherencia entre las declaraciones oiciales y la participación efectiva de la sociedad civil, lo que induce a dudar de la verdadera voluntad política de incorporar a las poblaciones a la AEM. Esto coincide sin embargo con avances signiicativos en la articulación de la sociedad civil autónoma (la consolidación de las redes, la reforma de los foros civiles y la creación de una Plataforma No Gubernamental Euromed),


que expresan una irme voluntad de las asociaciones, ONG y sindicatos por contribuir al relanzamiento de la Asociación.

Si se considera como necesaria una mejor articulación de la sociedad civil en la AEM, se impone por lo tanto, por parte de las instituciones, una urgente clariicación del papel que ha de desempeñar y un acuerdo político entre sus miembros. Esta posición debe vincular a todas las ins-tituciones y a los gobiernos, y debe traducirse en el establecimiento de mecanismos de diálogo y en la adaptación de los instrumentos inancie-ros de la AEM. Podrían contribuir a ello dos medidas.

8. Los medios materiales y el acceso de la sociedad civil a los recur-sos públicos

Por lo general las asociaciones actúan con recursos propios o con fondos públicos provenientes de sus gobiernos o de instancias supranacionales. La actividad transnacional de la sociedad civil tiene costes muy altos, difí-cilmente asumibles por pequeñas asociaciones, lo que inhibe su partici-pación. Sin embargo los mecanismos inancieros accesibles a la sociedad civil han excluido a los pequeños grupos, locales o poco estructurados, que son los que más necesidad tienen de acceder a inanciación. Si la contribución es beneiciosa, las instituciones (a cargo del presupuesto de la AEM) y los gobiernos deben asegurar la inanciación de las actividades de las sociedades civiles.

Por su naturaleza (pequeño tamaño, intervención en el nivel micro), las ONG requieren de un apoyo inanciero a largo plazo, eicaz y sostenido; y especialmente las que actúan en una dimensión euromediterránea. A los fondos propios deben sumarse recursos públicos, locales y de la AEM, que son claves en los tres niveles: a) para el fortalecimiento de la sociedad civil local, en sus actuaciones

particulares;b) para las plataformas nacionales, las redes subregionales y las redes

regionales temáticas; c) para la articulación general de ámbito euromed, la Plataforma.

Hay que encontrar fórmulas que impidan el veto o contorneen la condi-cionalidad de algunos gobiernos (por ejemplo Meda-Democracia some-tió su gestión a un programa ajeno a la AEM).


La inanciación de las estructuras de la sociedad civil y de sus actividades no tiene porque suponer un capítulo presupuestario voluminoso, pero los micro proyectos tienen una carga administrativa muy pesada y las instituciones son reticentes a inanciaciones prolongadas.

20. El establecimiento de un instrumento de inanciación destinado a fortalecer a la sociedad civil en los PAM

El establecimiento de un programa regional o de una línea de micro-proyectos (MEDA-ONG o MEDA-SOCIEDAD CIVIL) destinado a fortale-cer las asociaciones locales de la sociedad civil en los PAM; este podría integrarse en el futuro instrumento inanciero de la Política de Vecindad (2007-2013).

21. El reforzamiento de la sociedad civil en los Países Asociados Mediterráneos

El reforzamiento de la sociedad civil en los PAM pasa por disponer de un marco legal apropiado y por la apertura de espacios de libertad y de derecho a la asociación autónoma. A menudo, los gobiernos presentan instituciones paragubernamentales como parte de la sociedad civil, a la vez que persiguen a las asociaciones independientes. La posibilidad de existir y de actuar de esta sociedad civil, así como su reconocimiento, son las bases fundamentales.

En segundo lugar, la sociedad civil necesitará recursos para el desarrollo de sus actividades. Esos recursos deben ser ante todo locales, y deben complementarse con medios públicos y recursos exteriores.

En el ámbito euromed, reforzar la sociedad civil de un país es también posibilitar su acción transfronteriza, es decir, desarrollar su interacción interna y externa con otros actores.


22. El establecimiento de procedimientos para extender el diálogo con la sociedad civil al nivel nacional

Es necesario establecer procedimientos capaces de extender progresiva-mente las prácticas de diálogo y de concertación desde el nivel regional hacia el nivel nacional, lo que contribuiría a reforzar paralelamente las prácticas de diálogo social con las sociedades civiles locales, en suma a la democratización.

Establecimiento de una consulta anual para discutir los acuerdos de aso-ciación, reuniones de seguimiento y de evaluación de los acuerdos y de los planes de acción, establecimiento de comités temáticos. Reuniones de la sociedad civil con los Parlamentos nacionales.

Algunos PAM pueden presentar resistencias y la UE será reticente a hacer del tema un motivo de fricción importante. Sin embargo el diálogo político debería introducir soft instruments que facilitasen una progre-siva implicación no gubernamental: la presencia de asociaciones como observadores en las reuniones oiciales y en los órganos consultivos de instituciones y programas, la promoción de reformas legales que faciliten el trabajo de las asociaciones, la ejecución conjunta de programas, etc.

23. Fortalecimiento de los sindicatos y del papel de los sindicatos en los Países Asociados Mediterráneos

La existencia de sindicatos independientes y democráticos fuertes es un elemento esencial de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, aunque la situación diiere bastante de un país a otro, se pueden reco-nocer algunos elementos comunes en la situación de los movimientos sindicales de los PAM (dejando a parte los casos singulares de Turquía e Israel), que también inciden en su participación activa en la AEM: a) falta de autonomía; b) funcionamiento democrático deiciente; c) pérdida de base social; d) actividad sindical limitada.

En el marco de la Asociación Euromediterránea, a pesar de que en algu-nos países hay organismos consultivos, los sindicatos han sido manteni-dos totalmente al margen de las negociaciones (ausencia de consulta).


En este contexto, algunas medidas que podrían contribuir a fortalecer y modernizar a las organizaciones sindicales en los PAM como interlocuto-res sociales iables son las siguientes:

1. Propiciación, de manera negociada y consensuada, y en el marco de las actuales reformas del marco legal laboral nacional en los PAM (reformas de los códigos de trabajo, etc), de medidas que potencien y refuercen la independencia de los sindicatos, respeten el pluralismo y clariiquen la representatividad sindical, potencien su funcionamiento democrático y protejan los derechos sindicales.

2. Medidas de apoyo al desarrollo de prácticas de negociación en los centros de trabajo y por sectores y de una cultura de diálogo social tri-partito.

3. Acciones que refuercen las capacidades técnicas de los sindicatos (gabinetes económicos y jurídicos) para incrementar su capacidad de análisis independiente y capacidad propositiva.

4. Apoyo a actividades de cooperación sindical transfronteriza (acción sindical internacional), de carácter regional árabe (sur-sur) o euromed, sobre temas sectoriales, transversales o en torno a empresas transnacio-nales concretas.

Respecto a la AEM, las siguientes medidas podrían promover la participa-ción de los sindicatos en la Asociación Euromediterránea:

1. Apoyo estable al Foro Sindical Euromed por parte de la Comisión Euro-pea.

2. Establecimiento de mecanismos de consulta a nivel nacional con los agentes económicos y sociales sobre los acuerdos y planes nacionales.

3. Acciones especíicas para propiciar la relexión sindical sobre los efec-tos de la AEM.

4. Actividades de debate y de análisis que impliquen simultáneamente a gobiernos, empleadores y sindicatos de la región.


5. Celebración de una primera Conferencia Euromediterránea de Minis-tros de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que se asocien los agentes econó-micos y sociales.

6. Promoción de un diálogo social regional entre el Foro Sindical Euro-med y la Unión Mediterránea de Confederaciones Empresariales (UMCE).

7. Establecimiento de mecanismos de información y consulta con las organizaciones sindicales (de la UE y PAM) en todos los procesos de deslocalización empresarial, a modo de antesala a futuros Comités de Empresa Euromed.

24. La integración a escala nacional de los movimientos político-religiosos en una vida política pluralista, paciicada y regulada

La escasa implicación de la social civil de inspiración religiosa en la Aso-ciación Euromediterránea se debe en primer lugar a la confusión creada entre la dinámica social de secularización y la dinámica político-institu-cional, ya que cualquier remisión a un marco de referencia religioso se percibe como contradictorio con los valores universales que se encuen-tran en la base de la Asociación y se caliica de manera casi automática como de inspiración “integrista”, “fundamentalista”..., sin prestar ninguna atención a las dinámicas políticas y sociales en las que se inscribe, las más de las veces ignorando a los propios actores y a pesar de su discurso. La integración de dicha sociedad civil exige, por tanto, un cambio de las per-cepciones que sólo es posible a partir de la comprensión de las dinámicas en curso a largo plazo, más allá de los sobresaltos, en algunas ocasiones trágicos, que se derivan de la actualidad.

Estos sobresaltos impiden ver lo que a nuestro juicio nos parece la principal evolución de los movimientos político-religiosos: la renuncia progresiva a la lucha armada como principal vía de acción política en beneicio de una estrategia pacíica de inserción en la vida política. La integración a escala nacional de los movimientos político-religiosos en una vida política pluralista, paciicada y regulada se nos antoja, de este modo, una condición necesaria para reforzar su implicación en el marco regional que ofrece la AEM, que no puede desarrollarse conforme a sus fundamentos y a sus objetivos en tanto perdure en un gran número de países la exclusión de la vida política de la parte signiicativa de la pobla-


ción y de las fuerzas que hablan en su nombre, por más que expresen su disponibilidad para representarla pacíicamente.

Esta negativa a tener en cuenta el pluralismo de las sociedades no es privativa de los Estados que rechazan, con el pretexto de combatir el extremismo, cualquier alternancia política, sino que se ve reforzada por una actitud similar en las sociedades civiles tanto del norte como del sur y entre los Estados europeos asociados.

Frente a la emergencia, en estas dos últimas décadas, de movimientos político-religiosos, tanto en el mundo de los partidos políticos como en el espacio asociativo, numerosos segmentos de la sociedad civil secu-larizada se han opuesto violentamente a cualquier diálogo con dichos movimientos, o con las asociaciones o personalidades próximas a ellos. En nombre de la defensa unas veces de la “laicidad”, otras de los “prin-cipios republicanos”, o aun en otras de los “principios universales de los derechos humanos”, y en ocasiones de los tres argumentos a la vez, algunos no han dudado en apoyar las drásticas políticas adoptadas por los Estados de la región para eliminar de la vida política a cualquier actor que se identiique con un movimiento político-religioso. En algunas situaciones extremas (Argelia viene a la memoria) se ha llegado a solicitar de manera expresa una reacción de tipo securitario por parte del Estado. Apoyándose en otros momentos en los legítimos sentimientos de horror suscitados por los actos terroristas, algunos actores se han apropiado para sí del concepto mismo de “sociedad civil”, reduciéndola a ellos solos, es decir, únicamente a los actores que se oponen de manera frontal a lo que se ha convenido en denominar “el oscurantismo”, “las fuerzas retró-gradas”, etc.

Por consiguiente, no podrá haber una apertura hacia los sectores de la sociedad civil de inspiración religiosa y menos aún su eventual implica-ción en los ámbitos e iniciativas regionales sin un esfuerzo constante de diálogo y de explicitación de lo que está en juego con los elementos de la sociedad civil secularizada refractarios hasta ahora a las nuevas diná-micas deseadas.


25. La deinición, por parte de las máximas instancias de laAsociación, del papel que tiene que tener la sociedad civil en la AEM, y su expresión a través de un acto fuerte

Es necesario, de manera consensuada, las más altas instancias de la Aso-ciación deinan el papel que debe tener la sociedad civil en la AEM. Esta posición debería ser elaborada por un grupo de trabajo de alto nivel (aso-ciando a las ONG más representativas o a sus estructuras de coordinación, a los Consejos Económicos y Sociales y a la Asamblea Parlamentaria Euro-med), sus resultados se concretarían en un informe, cuyas conclusiones se ratiicarían en una cumbre y se plasmarían en su declaración inal. En esa posición se deiniría:

Qué se entiende por sociedad civil (teniendo especialmente en cuenta a las iniciativas autónomas de la población organizada: asociaciones, redes, sindicatos, movimientos sociales).

El campo de actuación de la sociedad civil en la AEM (teniendo en cuenta la aspiración de la sociedad civil euromed de poder intervenir en los tres pilares de la AEM y no sólo en el tercero).

Los mecanismos e instrumentos para llevar a cabo esa participación social (tanto en la deinición de políticas como en la participación en los programas).

26. El establecimiento de mecanismos de corresponsabilidad inanciera a nivel nacional

El establecimiento de mecanismos de corresponsabilidad inanciera a nivel nacional que favorezcan la combinación de recursos locales y de la AEM. Por ejemplo, los gobiernos que reciban inanciación de la UE deberían contribuir con un contravalor en moneda nacional que sirva para coinanciar las actividades de la sociedad civil del país y en el país o en el área.

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9. Reconocimiento de las estructuras de coordinación de la sociedad civil

Por deinición la sociedad civil es plural, adopta formas particulares de acuerdo a las condiciones de cada país y actúa en los más diversos campos. Esta fragmentación y variedad diicultan la interlocución con los poderes públicos. Generalmente las instituciones reconocen cierta capacidad de interlocución a algunas organizaciones sociales, sea por que son represen-tativas del sector o porque se han ganado legitimidad en su actuación eicaz. En ocasiones les asignan un estatuto consultivo o las asocian de una manera u otra en los programas.

En el marco de la AEM, la intervención de la sociedad civil se ve diicultada por una enorme diversidad, grandes diferencias entre las dos orillas y una muy reciente articulación entre ellas, y por la voluntad de intervenir en el ámbito local nacional, regional y euromediterráneo. Además su estruc-turación vertical (en redes temáticas) y horizontal (en coordinaciones territoriales) todavía es limitada. Gestionar esta pluralidad sólo se puede realizar a través de instancias intermedias, como las que se han creado en los últimos años a partir de posiciones e intereses comunes y en torno a temas especíicos, estas redes son espacios de intercambio, con vocación de trabajo conjunto (cooperación) y complementariedad.

Hay que hacer de las estructuras de coordinación (redes y Plataforma No Gubernamental Euromed que las agrupa), junto a los Comités Económicos y sociales (CES), los interlocutores sociales en cada espacio y campo. Las Plataformas nacionales respecto a los gobiernos, asociándolas a todas las iniciativas que impliquen al país en el marco de la AEM. Las redes subregio-nales y regionales respecto a los programas regionales y de las instituciones euromed, implicándolas en todas las actividades de carácter regional. En segundo lugar hay que hacer de la Plataforma No Gubernamental Euro-med un interlocutor privilegiado con las instituciones euromed, dado que representa una parte sustancial y muy signiicativa de las sociedades civiles euromediterráneas.

Para ello se contemplan las siguientes medidas:


27. El fortalecimiento de las redes de coordinación de la sociedad civil

Es necesario fortalecer las redes de coordinación de la sociedad civil (nacionales, subregionales y temáticas) y ampliar su base asegurando sus actividades de manera estable y reforzando su impacto político. Asimismo han de asociarse las organizaciones de inspiración religiosa, al igual que los agentes económicos y sociales en tanto que actores de articulación social y, por último, implicar más a las organizaciones del Norte y Centro de Europa.

Estas redes deben convertirse en referentes de la sociedad civil en cada ámbito, y en elementos integrantes de la propia Asociación.

El fortalecimiento de las redes requiere apoyo inanciero. También es el caso de la Plataforma, que se ha ido estructurando gracias al apoyo de algunas fundaciones europeas y aprovechando el proceso de prepara-ción de los foros civiles. Esta dinámica no se puede mantener. El mante-nimiento de una estructura regional (que implica un alto componente de gastos en comunicaciones y desplazamientos) y un plan de trabajo acorde a su mandato requieren de un apoyo inanciero externo y estable a medio y largo plazo. Este debería ser provisto por los instrumentos de la AEM.

Las redes temáticas regionales tienen más experiencia y mayor capacidad para elaborar posiciones, y el impacto de su trabajo es mayor. Las redes temáticas deben disponer de recursos y de apoyo por parte de la AEM para llevar adelante programas estables. Son las que pueden estructurar mejor la Plataforma.

2�. El fortalecimiento de la Plataforma No Gubernamental Euromed

La tendencia a enclaustrar la participación de la SC en el tercer pilar de la AEM hace que se genere una disputa por la marca “sociedad civil”. Una serie de criterios pueden justiicar la elección de la Plataforma como interlocutor y como socio: su representatividad (el hecho de agrupar un número importante de entidades y de expresar la diversidad de intere-


ses), su legitimidad (funcionamiento transparente y democrático) y su eicacia (capacidad de análisis y propuesta).

La Plataforma es una realidad en construcción y con deiciencias. Pero agrupa ya a las redes asociativas y sindicales más signiicativas y dinámi-cas del ámbito euromed. En ella reside un gran potencial de cooperación entre las dos orillas, y de interlocución con los poderes públicos.

Al ser multisectorial y de carácter euromediterráneo constituye una apuesta estratégica que redundaría en un mayor reforzamiento de la sociedad civil a nivel local y regional. Para ello en primer lugar debe lograrse una mayor implicación de las redes y plataformas. Para su man-tenimiento se requiere de un sustancial apoyo material, que desligue su funcionamiento básico de la realización de los Foros o de los recursos puestos a disposición por un gobierno.

La Plataforma ha establecido unas prácticas internas que permiten un funcionamiento teniendo en cuenta el pluralismo y la diversidad de sus componentes. El reconocimiento por los poderes públicos de la Plata-forma como un interlocutor privilegiado de la sociedad civil en la AEM, porque está estructurada, por su deinición inclusiva, su representatividad (al reunir a las redes regionales, plataformas nacionales y organizaciones signiicativas) y su legitimidad (su capacidad de hacer propuestas).

El reconocimiento de la Plataforma por parte de los poderes públicos no está exento de problemas. Si las instituciones europeas no están familiarizadas con prácticas de concertación con la sociedad civil, las diicultades pueden ser mayores en algunos PAM donde se añade que las asociaciones autónomas son percibidas como antigubernamentales. El papel de arrastre que pueden ejercer las instituciones euromed puede contribuir a cambiar esta situación.


29. Establecimiento, en el marco de la Asociación Euromediterránea,de un Comité Económico y Social Euromediterráneo (EUROMEDCES) paritario siguiendo el modelo del CES de la UE basado en lasestructuras administrativas del CES de la UE y los CES u organismos similares nacionales de los Países Asociados Mediterráneos

La institución que se propone encarnaría la voluntad de extender el modelo de consulta social europeo a la Asociación Euromediterránea, y debería ser obligatoriamente consultada en relación con todas las inicia-tivas económicas y sociales euromediterráneas (es decir, en relación con los tres capítulos de la Asociación Euromediterránea). Sus dictámenes no serían vinculantes, pero sus representantes serían invitados a asistir a las reuniones del Comité EUROMED y a las Conferencias Ministeriales como observadores.

Con el in de evitar la burocratización, al menos en una primera etapa el EUROMEDCES no tendría una existencia física-burocrática propia, es decir, no dispondría de su propia sede ni de su propio personal. Funcio-naría más bien como una red de representantes comisionados por los organismos miembros, tal vez con una pequeña secretaría (¿rotatoria?) compartida por dos CES nacionales (un CES europeo nacional o el CES de la UE y uno del sur). Esto, a su vez, supondría que los recursos inan-cieros necesarios para ponerlo en funcionamiento serían muy limitados, reducidos prácticamente a la inanciación de varias reuniones al año, los informes de expertos necesarios para servir de base a los dictámenes del EUROMEDCES y una cantidad reducida (sobre la base de la coinan-ciación) para los representantes de los organismos miembros. Así pues, se adoptaría un enfoque intensivo en procedimientos y no intensivo en recursos.

La composición del EUROMEDCES sería paritaria, es decir, con un número igual de miembros de los Países Asociados Mediterráneos y de la UE, pero también en el sentido de una representación paritaria de los tres sectores (empresarios, trabajadores y economía social –agricultores– universidad y otros).


10. Participación de la sociedad civil en los mecanismos de informa-ción y consulta.

La interacción de la sociedad civil con las instituciones euromed y los poderes públicos ha sido muy limitada; se han dado procedimientos informales y comunicaciones puntuales. Por ejemplo, en alguna cumbre ministerial (Creta, mayo 2003) los actores de la sociedad civil presentaron sus posiciones y la declaración del FCE; representantes de la REMDH han sido invitados a realizar presentaciones ante reuniones de altos funcio-narios de la AEM. Pero, generalmente, no hay diálogo, ni consultas ni concertación estructurada. Ni siquiera los órganos consultivos locales han sido consultados ante la irma de Acuerdos o de Planes nacionales.

La Plataforma y sus miembros, tienen vocación de interlocutores necesa-rios, pero no exclusivos, con las instituciones a nivel bilateral y multilateral, y de establecer un policy dialogue. Uno de los objetivos de la Plataforma es “promover el reconocimiento y la participación activa de la sociedad civil como interlocutor en los diferentes países miembros de la AEM y de la nueva Política de Vecindad”. La concertación entre instituciones y sociedad civil (a través de sus estructuras más representativas) tiene por inalidad contribuir a los objetivos de la AEM, a nivel local, subregional y euromediterráneo. De paso también tiene por objeto fortalecer a las sociedades civiles en sus respectivos países.

Finalmente esta concertación no debe sustituir sino complementar otras iniciativas, como por ejemplo la que corresponde a los Comités Económi-cos y Sociales euromediterráneos.

La participación civil en la AEM necesita del reconocimiento previo de los actores, y de la estructuración de diálogo, consultas y concertación.

a) Reconocimiento. El primer requisito es el reconocimiento político e institucional efectivo de la sociedad civil como interlocutor y como socio pleno, en su diversidad, y tanto a nivel bilateral (nacional) como regional (instituciones euromed)

b) Diálogo. La sociedad civil y las instituciones deben establecer meca-nismos de diálogo temático, permanente y estructurado, en el que se compartan puntos de vista e información, base necesaria para la consulta y la concertación.


c) Consultas. La sociedad civil debe poder expresar su parecer sobre políticas concretas (por ejemplo bajo la forma de dictámenes) y poder hacer propuestas en todos los niveles (programación, ejecución y evaluación). Estas consultas deben articularse de tal forma que se inserten de manera efectiva en el proceso de deinición de políticas (policy level) y de toma de decisiones, y no sean un mero ejercicio sin efectos prácticos.

d) Concertación. Debe deinirse un marco en el que se pueda llevar a cabo una concertación efectiva: aprovechamiento del saber hacer de las asociaciones, implicación en la formulación, el diseño y la imple-mentación de programas.

Las instituciones euromed deben garantizar que la implicación de los actores de la sociedad civil en los mecanismos de diálogo, consulta y concertación no les acarreará una merma en el ejercicio de sus derechos políticos y sociales.

En este contexto, cabe considerar varias medidas:

30. Creación de mecanismos de consulta permanente y participación de la sociedad civil

Es necesario establecer mecanismos de consulta en todos los programas e instituciones de la AEM. En estas estructuras consultivas, encargadas del seguimiento de las políticas, participarían las organizaciones de la sociedad civil y otras estructuras de representación de los agentes eco-nómicos y sociales. Estas consultas deberían ser imperativas en la nego-ciación de acuerdos y de planes de acción.

Participación de las estructuras representativas de la sociedad civil como observadores en las cumbres ministeriales, en las reuniones del Comité Euromed y en las conferencias ministeriales sectoriales. Encuentros periódicos con los embajadores en Bruselas encargados de la AEM o con altos funcionarios de la Comisión Europea.

Participación en calidad de observadores en otras iniciativas regionales: reuniones de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y en las cum-bres de Comités Económicos y sociales.


31. Concertación progresiva de las estructuras de la sociedad civil en algunas actividades de la AEM

Es posible y deseable, a corto y medio plazo, conseguir una cierta implicación de las organizaciones de la sociedad civil en algunas de las actividades de la AEM; por ejemplo, en el proceso de evaluación de los programas euromediterráneos, en la Fundación Euromediterránea para el Diálogo entre las Culturas o en las iniciativas que tienen por objeto dar mayor visibilidad a la AEM.

32. El mantenimiento de los Foros Civiles Euromediterráneos en su modalidad renovada y participativa y su celebración en los PAM

Los foros son espacios de encuentro de una utilidad incuestionable pero no deben mantener el carácter central que han tenido hasta ahora; el eje articulador de la sociedad civil en la AEM deben ser las redes y la Pla-taforma a través de sus actividades. La organización de los foros y otros eventos debe correr a cargo de la Plataforma que tiene la capacidad de asegurar continuidad, representatividad y participación. Los foros deben realizarse esencialmente con recursos de la AEM, evitando que dependan de la voluntad de la presidencia de turno de la UE. Los foros deben ganar en independencia y responder a prioridades civiles, tanto en materia de agenda (pueden desligarse de las cumbres oiciales) o de contenido (pueden imaginarse foros civiles temáticos); debe considerarse la realiza-ción alterna de los foros civiles en las dos orillas del Mediterráneo. Debe incrementarse el impacto político de los foros y asegurar el seguimiento de resultados y declaraciones.

11. Participación de la sociedad civil de inspiración religiosa en la Asociación Euromediterránea

Planteado en el marco euromediterráneo, un título como éste remite inevitablemente a la cuestión capital y compleja del islam, de sus mani-festaciones sociopolíticas en las sociedades de la región y de sus efec-tos –directos o indirectos– sobre el propio Partenariado, con todas las variantes que el término “islam” abarca en estas últimas décadas, y de manera aún más evidente desde el 11 de septiembre de 2001 y la serie de atentados terroristas que desde entonces han ensangrentado a varios países de la región.


Sea cual sea la apreciación que se haga de la Asociación Euromedite-rránea y el balance sobre la participación de la sociedad civil desde la Conferencia de Barcelona, es obligado señalar que desde noviembre de 1995 han surgido múltiples dinámicas, entre las que destacan la creación de varias redes (derechos humanos, medio ambiente, sindicatos, cultura, jóvenes, etc.), la celebración de ocho Foros Civiles, la creación de una plataforma de la sociedad civil, la organización de un gran número de conferencias regionales, la puesta en marcha de programas de coopera-ción de todo tipo...

Resulta igualmente indiscutible que estas diversas dinámicas han igno-rado o marginado, ya sea voluntaria o involuntariamente, a los actores sociales que aquí nos interesan, del mismo modo que estos últimos pare-cen hasta ahora pocos interesados, con algunas excepciones, por este ámbito emergente de cooperación y de interacción regional. Así pues, cabe plantear la hipótesis de la coexistencia en la región euromedite-rránea de dos dinámicas que se ignoran y en ocasiones se oponen entre sí; una sociedad civil de carácter laico y secularizada, que se apropia de manera expresa de los valores universales de los derechos humanos, e integrada en mayor o menor grado, sean cual sean las críticas que haga a su respecto, en la Asociación Euromediterránea, y una sociedad civil de inspiración religiosa que en la mayoría de las ocasiones rechaza el marco de referencia universalista y que se encuentra en vía de secularización, pero que se mantiene al margen de dicha Asociación.

Podemos resumir del siguiente modo:

1. Es indiscutible que, en la región euromediterránea, existe efectiva-mente una sociedad civil de inspiración religiosa que no puede reducirse única y exclusivamente a la reivindicación religiosa, ni ser comprendida únicamente a partir de una lectura literal (de primer grado) de los discur-sos desarrollados por este tipo de actores.

2. Se trata efectivamente de actores sociales situados en el devenir his-tórico y las realidades socioeconómicas y políticas de sus respectivas sociedades y de la región, y que por lo tanto no escapan a las tenden-cias de fondo de su entorno, entre las que cabe mencionar un proceso inequívoco de secularización, por poco visible que parezca.


3. Pese a que dichos actores reivindican su derecho a participar pacíi-camente en la vida social y política de sus países, y por tanto potencial-mente en el nuevo espacio euromediterráneo en proceso de constitu-ción, siguen estando poco presentes y a menudo se ven ignorados o marginados.

4. La postura autoritaria de numerosos Estados y la resistencia de las sociedades civiles a tenerlos en cuenta constituyen un doble freno a su integración en las dinámicas regionales en curso. Es en esas dos direccio-nes en las que se debería actuar.

5. No es posible contemplar ninguna forma de integración en el plano regional sin dinámicas previas de inserción de dichos actores en el plano interno de cada país. Desde este punto de vista, las políticas de los Esta-dos son muy variadas, yendo desde la integración controlada en determi-nados países al rechazo autoritario y costoso en términos de libertades.

En conclusión, sean cuales sean las especiicidades nacionales, el islam político constituye hoy en día una realidad perenne y duradera del pai-saje sociopolítico de la región euromediterránea; este nuevo actor debe ser entendido en su diversidad y no puede quedar reducido al mero movimiento “jihadista” que no constituye, pese a su carácter criminal y a su impacto sobre las opiniones públicas, más que un aspecto extremada-mente marginal del mismo.

Este epifenómeno no debe servir en ningún caso de pretexto para negarse a tener en cuenta el pluralismo de las sociedades del sur y del norte. En su inmensa mayoría, y frecuentemente al margen de ellos, los nuevos actores de inspiración religiosa se encuentran inmersos, por un lado, en un proceso de secularización y, por otro, cada vez que es posible, en una dinámica de integración en la vida política legal que releja, en particular, su rechazo explícito de la violencia.

Los Estados de la región, las instituciones de la Asociación Euromedite-rránea y los actores de la sociedad civil, que proclaman su adhesión a los valores democráticos y a los principios universales de los derechos humanos, deben afrontar ahora la siguiente elección: facilitar y acompa-ñar las dinámicas de integración de estos nuevos actores y mantenerse de este modo ieles a los ideales que proclaman o, con el pretexto de un universalismo abstracto, ignorarlos y relegarlos a la marginalidad. La


experiencia histórica de diversos países de la región muestra que el coste de esta última opción es extremadamente elevado, tanto en términos de libertades como en términos de desarrollo socioeconómico.

Este desafío tiene implicaciones al menos a tres niveles y a escalas dife-rentes.

En efecto, en el sur no es posible afrontar los inmensos retos que plantea el desarrollo sin una paciicación de las confrontaciones políticas frati-cidas, sin políticas de integración del mayor número posible de actores y sin la elaboración de compromisos históricos basados en una gestión pacíica del pluralismo.

Por su parte, las sociedades del norte, transformadas por la sedentariza-ción de poblaciones inmigrantes, no pueden respetar el contrato social democrático que las caracteriza sin una política dinámica de lucha activa contra las discriminaciones y de consideración del pluralismo religioso y cultural.

Por último, la Asociación Euromediterránea no puede desarrollarse, o experimentar un nuevo impulso si se sigue tolerando la persistencia de prácticas autoritarias de los Estados asociados, y participando, aunque sea de manera involuntaria, en sus políticas de exclusión y de marginali-zación.

En estos tres niveles, dos son los principios que deberían presidir la relexión y la realización de eventuales acciones. Por un lado, una adhe-sión estricta y rigurosa al universalismo, que fundamentalmente signiica evitar la doble trampa del relativismo cultural y de la selección entre los derechos universales y los grupos que deben beneiciarse de ellos. Y, por otra parte, una justa apreciación del factor religioso. La consideración de esta dimensión por parte de los actores tiene como principal objetivo, a nuestro juicio, acompañar los procesos de secularización en curso. A diferencia de las iniciativas ecuménicas de diálogo interreligioso, por lo demás muy legítimas y respetables, se trata de desarrollar con estos acto-res iniciativas ciudadanas a partir de preocupaciones comunes.

Nos hemos atrevido a esbozar algunas pistas de trabajo dirigidas, en pri-mer lugar, a los actores de la sociedad civil de inspiración laica con el in de dar lugar al intercambio y al debate, y quién sabe si también a empren-


der algunas acciones; las dos pistas que se esbozan a continuación son en realidad fáciles de operativizar y, digámoslo claramente, “realistas”. En efecto, no exigen ni una reforma signiicativa de la AEM ni ningún cambio importante en la situación política en el sur del mediterráneo.

33. Una adhesión estricta y rigurosa al universalismo

Esto signiica evitar la doble trampa del relativismo cultural y de la selec-ción entre los derechos universales y los grupos que deben beneiciarse de ellos. ¿Qué posicionamiento para los actores de la social civil secula-rizada? La loable intención que se encuentra en el origen del encargo de este documento de relexión debe tener cuidado de no caer en el relativismo cultural. Una estrategia de implicación de la sociedad civil de inspiración religiosa no puede basarse en una yuxtaposición de valores, puestos en el mismo plano, con el pretexto de favorecer el diálogo y la acción común. Sólo a partir de una matriz inderogable de derechos (en el sentido de un conjunto no negociable) deben elaborarse y aplicarse tales estrategias. Una vez más, precisemos que entendemos por dicha matriz no un modelo de civilización o un modelo político que hay que

“exportar”, sino lisa y llanamente, y ya es mucho, el conjunto de los tra-tados e instrumentos de protección de los derechos humanos tal como han sido elaborados desde la II Guerra Mundial, que son indivisibles y que se imponen a todos, y en primer lugar a los gobiernos del norte. Por consiguiente, estos derechos no pueden someterse a jerarquía alguna (considerando una u otra categoría de derechos como prioritaria con res-pecto a las demás) ni a dobles estándares (de modo que una categoría de obligaciones se aplica a los demás pero no a uno mismo, o se aplica a determinados Estados “enemigos” y no a otros). Este patrimonio común de la humanidad, por retomar la expresión utilizada por la jurista fran-cesa Mireille Demas-Marty, trasciende los modelos políticos nacionales, que no son más que construcciones históricas concretas, y no puede reducirse a discursos retóricos sobre “la libertad” o “la democracia”. No es propiedad de ninguna región concreta, y únicamente se opone a que pueda violarse, en un ámbito cultural o una confesión concretas, la dig-nidad humana.

Sin caer en la proclamación ante los eventuales interlocutores de un uni-versalismo imperioso, “a tomar o dejar” aquí y ahora, como una especie de condición previa antes de emprender cualquier camino en común,


no hay que dudar tampoco, frente a determinados retos, en dejar clara la diferencia de puntos de vista ni las divergencias de fondo. Evidente-mente, esto exige al mismo tiempo una vigilancia y un rigor extremos: en ningún caso la postura universalista debe ser pillada en falta, en particu-lar practicando “la política de dos pesos, dos medidas”.

34. Alentar progresivamente la integración de los actores de lasociedad civil de inspiración religiosa en las citas importantes y las principales iniciativas de la Asociación

Partiendo de la convicción de que el reconocimiento del pluralismo, también político-religioso, de las sociedades que forman parte de la AEM es una condición sine qua non para el desarrollo democrático de dicha Asociación, instamos al conjunto de los actores a alentar la integración progresiva de los actores de la sociedad civil de inspiración religiosa en las grandes citas que marcan la vida de la Asociación Euromediterránea (encuentros intergubernamentales, seminarios, coloquios académicos, cursos de formación, intercambios de visitas de periodistas...). Anticipando la hostilidad de algunos de los gobiernos de la región, son los actores de la sociedad civil de inspiración laica los que deben iniciar y promover tales dinámicas, concretamente invitando a dichos actores a las actividades de las que son los principales promotores. Tales iniciativas podrían afectar en un primer momento a los Foros Civiles Euromedite-rráneos y a determinadas iniciativas de la Plataforma No Gubernamental recientemente constituida o de algunos de sus integrantes.

En términos de metodología, estas nuevas estrategias suponen, en nuestra opinión, una cierta capacidad de adaptación organizativa. En el plano de las estructuras que deben eventualmente crearse, puede ser oportuno, o tal vez inevitable, imaginar herramientas nuevas (y ello no signiica necesariamente estructuras permanentes) que faciliten alianzas inéditas entre actores y/o formas renovadas de acción (sucesión de accio-nes públicas y de iniciativas más discretas), procedimientos lexibles que combinen una dimensión formal y un carácter más informal.

35. Articular la acción contra las discriminaciones que afectan a la población inmigrante en Europa con la apertura de espacios de diálogo sobre la diversidad religiosa y cultural de las sociedades europeas

La sedentarización de las poblaciones inmigrantes de ascendencia musulmana plantea un doble desafío. Víctimas de desigualdades sociales equivalentes a las que sufren otras clases populares y de discriminacio-nes especíicas (en razón de su origen real o supuesto), estas poblaciones aspiran al mismo tiempo a gozar de mayores posibilidades de promoción social y de garantías que les permitan vivir plenamente su fe y transmi-tírsela a sus descendientes. A su vez, las generaciones de la inmigración nacidas en Europa experimentan diicultades similares pese a su sociali-zación en Europa, su acceso a la nacionalidad de los países de residencia y su dinamismo asociativo y cultural.

La necesidad de políticas activas a favor de la igualdad ya no es, en teoría, objeto de debate, ni entre las autoridades públicas de los países europeos ni entre las opiniones públicas. Pero estas políticas no pueden seguir ciegas a la alteridad, y deben evitar al mismo tiempo el diferencialismo y el “destierro comunitario”.

Se trata, por tanto, de estimular el nacimiento de espacios de diálogo sobre el pluralismo, velando porque éstos sean permanentemente sen-sibles a las realidades sociales, económicas y políticas de los países de residencia. También aquí, la acción de la sociedad civil de inspiración laica puede resultar determinante. El precedente de la Comisión Islam/Laicidad en Francia podría ser, desde este punto de vista, no un modelo, sino una fuente de inspiración a adaptar, lógicamente, en función de las tradiciones ilosóicas y jurídicas de cada país, los interlocutores disponi-bles y las cuestiones objeto de debate en la respectiva sociedad.


Por qué (y cómo) proteger los derechos económicos y sociales

y establecer un sistema de consulta social en el marco de la Asociación Euromediterránea

Iván Martín

Universidad Carlos III de Madrid

Diez años después de su concepción, y sea cual sea la evaluación que se haga de su trayectoria, apenas hay dudas de que la Asociación Eurome-diterránea adolece de falta de legitimación democrática y sigue estando alejada de las preocupaciones, las necesidades y los intereses concretos de los ciudadanos de la región. Carece de visibilidad y de apropiación por parte de los ciudadanos, pero por buenas razones, ya que hasta ahora ha sido más bien irrelevante para la vida diaria de la gente común. Se la per-cibe, con razón, como una construcción de carácter más bien burocrático cuyo único impacto real consiste en imponer a los países de la región otra ronda de ajuste estructural bajo la forma de las Zonas Euromedite-rráneas de Libre Comercio que deberán completarse en algún momento entre 200� (en el caso de Túnez) y 201� o más tarde (en el de Siria). Esta percepción es en parte injusta, pero está muy justiicada.

1. Acercar la Asociación Euromediterránea a los ciudadanos. Dere-chos económicos, sociales y culturales

Evidentemente, un verdadero partenariado debería promover la con-creción gradual de todos los derechos económicos, sociales y culturales de la población (incluidos la seguridad social, un nivel de vida adecuado, vivienda y asistencia sanitaria). Los derechos económicos, sociales y cul-turales son “el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”, tal como se airma en el Pacto Internacional adoptado por Naciones Unidas en este ámbito, pero cabe sostener que los dos derechos verda-deramente fundamentales, que pueden dar lugar a la materialización de todos los demás, son el derecho a la educación, que permite a las per-

sonas realizar todo su potencial, y el derecho al trabajo, que les permite integrarse en la sociedad y materializar su emancipación personal.

1.A. La educación debe considerarse, al menos por lo que respecta a la educación básica, como lo que es, ante todo y sobre todo un derecho humano fundamental, y no, como suele hacerse, en términos puramente funcionales. Pero es también un motor fundamental y un factor de pro-moción del desarrollo, el software del desarrollo si lo deinimos como el proceso de “ampliar las posibilidades de elección de las personas”, espe-cialmente en sociedades, como las del Norte de África y Oriente Medio, en las que cerca del 30% de la población tiene menos de 15 años y casi el 70% menos de 25 años.

Así pues, el desarrollo es, sin lugar a dudas, un reto educativo, y lo mismo podría decirse de la propia Asociación Euromediterránea; hasta el pro-pio fenómeno de la vecindad puede verse como un reto (intercultural) principalmente educativo. Ahora bien, contamos con un diagnóstico bastante bueno –y deprimente– sobre la situación del conocimiento y la educación en los países árabes1 y los retos que plantea. Pero hasta ahora la Asociación Euromediterránea ha hecho muy poco para afrontar este reto, ya sea por considerarlo una responsabilidad exclusiva de las autoridades nacionales o por otras razones. Y la mayoría de las iniciativas que se han emprendido se han centrado en la educación universitaria, principalmente la investigación y los intercambios. Se trata de iniciati-vas sumamente válidas, pero que no abordan el verdadero problema de fondo. La mejora de la calidad de la educación primaria y secundaria tiene una mayor importancia para el futuro de estos países; si hubiera que elegir una única prioridad en el ámbito educativo, probablemente no haya ninguna otra medida más importante que dar acceso a la alfa-betización a esa cuarta parte de la población adulta de los países del sur y del este del Mediterráneo que hasta ahora se ve privada de esta capacidad humana absolutamente básica.

1 Véase el Informe sobre el Desarrollo Humano Árabe 2002 del PNUD, disponible en: http://www.undp.org/rbas/ahrd/CompleteEnglish.pdf, así como el Informe sobre el Desarrollo Humano Árabe 2003 sobre “Construir una sociedad en conocimiento”.


1.B. Empleo

Con unas tasas de desempleo superiores al 15% de la población activa, los países de Oriente Medio y el Norte de África padecen ya las tasas medias de desempleo más altas de cualquier región del mundo, con la posible excepción de África Subsahariana. Este problema se ve agravado por la dinámica demográica en que se hallan inmersos. Aunque la mayor parte de los países de Oriente Medio y el Norte de África han completado ya su transición demográica (se han reducido las tasas de natalidad a niveles compatibles con tasas moderadas de crecimiento de la pobla-ción), la extremada juventud de la estructura de edades de su población (una tercera parte de los 240 millones de habitantes de estos países tiene menos de 15 años) dará lugar a un importante crecimiento de la pobla-ción en edad de trabajar durante las dos próximas décadas. En una de las estimaciones más conservadoras sobre las necesidades de creación de puestos de trabajo en los Países Asociados Mediterráneos publicadas hasta ahora, FEMISE ha calculado que, simplemente para mantener las tasas de desempleo en sus niveles actuales, los PAM deberían crear en torno a 20 millones de puestos de trabajo antes de 2010, y 34 millones antes de 20202. Esta estimación presupone el mantenimiento de las tasas de actividad actuales (actualmente sólo el 4�% de la población en edad de trabajar forma parte de la población activa, porcentaje que no llega al 25% en el caso de las mujeres), lo que en la práctica signiicaría seguir excluyendo del mercado de trabajo a tres cuartas partes de las mujeres. Es más, estos cálculos tampoco tienen en cuenta la previsible reducción del empleo rural (que supone el 30% de la población activa total de la región, y el 45%, por ejemplo, en el caso de Marruecos) durante este período. Pero aún en el caso de que se consiguiera alcanzar una tasa tan increíble de creación de empleo, se registraría un aumento del número absoluto de personas desempleadas desde los � millones actuales a 12 millones en 2010 y 16 millones en 20203. La satisfacción de estas necesidades de creación de empleo supondría incrementar la población ocupada de la región –es decir, el número total de empleos– en más de un 50% durante los próximos diez años, lo que exigiría duplicar cuando menos los niveles

2 Handoussa, Heba y Reifers, Jean-Louis (coords.) (2003): Rapport Femise 2003 sur le Parténariat

Euroméditerranéen, Institut de la Méditerranée, Marsella, disponible en: http://www.femise.net/PDF/Femise_A2003fr.pdf. 3 Cálculos del autor basados en las proyecciones de la población activa contenidas en el informe de FEMISE, suponiendo el mantenimiento de las tasas de desempleo.


actuales de crecimiento económico (entre 19�0 y 2001, los PAM crecie-ron a una tasa anual media del 2,4%), “un logro [...] que no consiguieron ni siquiera las economías de alto rendimiento del Este de Asia durante los momentos de máximo crecimiento del empleo”4. Habida cuenta del creciente consenso acerca del hecho de que la principal cuestión que deben afrontar las economías de Oriente Medio y del Norte de África es el reto de emplear a sus ciudadanos en trabajos decentes, la ausencia de cualquier estrategia proactiva para hacer frente a este enorme desafío en el marco de la Asociación Euromediterránea es una de sus características más sorprendentes. En cualquier caso, el hecho es que, hasta ahora, la Asociación Euromediterránea, y la Unión Europea como su promotora, parece haber decidido mantenerse básicamente ausente de los que seguramente sean los dos principales desafíos socioeconómicos en los PAM, así como los más importantes para la vida cotidiana de sus ciudada-nos: la educación y el empleo.

2. Superar la división artiicial en tres capítulos, cestas o pilares de la Asociación Euromediterránea

Paradójicamente, lo que en su momento fue una de las principales inno-vaciones de la Asociación Euromediterránea –el hecho de integrar las cuestiones económicas, políticas y sociales y culturales en una única estrategia de cooperación– se ha convertido en una camisa de fuerza que ha acabado resultando sumamente disfuncional para la promoción de los objetivos de la propia Asociación. Ello se debe principalmente a que la dinámica política (y la estructura de prioridades de los Estados miembros de la Unión Europea) ha tendido a ignorar la interconexión inherente entre esas tres dimensiones5. No tiene ningún sentido en absoluto coninar los asuntos humanos, incluidas cuestiones como las migraciones e incluso los derechos de los trabajadores, a una sola de las tres “cestas” de la Asociación, y además la menos relevante en térmi-nos de recursos (tantos inancieros como institucionales) y prioridades. Dichas cuestiones están estructuralmente vinculadas a procesos como

4 Keller, Jennifer y Nabli, Mustapha (2002): The Macroeconomics of Labour Market Outputs in MENA

over the 1990s, Banco Mundial, Washington, disponible en: http://www.worldbank.org/mdf/mdf4/papers/keller-nabli.pdf. 5 Sobre dichas interrelaciones, véase Zaafrane, Hafed y Mahjoub, Azzam (2000): “The Euro-Medi-terranean Free-Trade Zone: Economic Challenges and Social Impacts on the Countries of the South and East Mediterranean”, en Mediterranean Politics Vol. 5, Número 1, Primavera de 2000, Frank Cass, Londres.

�0 Una Asociación Euromediterránea más próxima a los ciudadanos

la creación de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio (segunda cesta) o los conlictos regionales y el respeto de los derechos humanos y la democracia (primera cesta). Lo que es aún peor, existe una evidencia cada vez más clara de que hay algunas contradicciones al menos poten-ciales entre las dinámicas de los tres ámbitos de cooperación.

El impacto de la creación de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comer-cio entre la Unión Europea y los PAM sobre los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, sobre el empleo y las condiciones de vida, ha sido completamente ignorado hasta ahora, a pesar de tratarse de la piedra angular del capítulo económico y del resultado más concreto de la Asociación Euromediterránea (el único en el que se establecieron com-promisos vinculantes y un calendario concreto). Diez años después del lanzamiento del Proceso de Barcelona y nueve años tras la entrada en vigor del primer Acuerdo de Asociación (el Acuerdo con Túnez), los efec-tos económicos y sociales de las zonas de libre comercio siguen siendo una preocupante terra incógnita, y estamos aún esperando los resultados del estudio de Evaluación de Impacto sobre la Sostenibilidad aprobado en 1999 por la Conferencia Euromediterránea de Stuttgart6. No está claro de qué modo la Unión Europea y los PAM se proponen tener en cuenta sus resultados, a pesar de encontrarse ya muy avanzado el período tran-sitorio de 12 años para la creación de las zonas de libre comercio (Túnez en su noveno año, Marruecos en el quinto, etc.). Pero existen cada vez más evidencias y un creciente consenso de que dichos efectos van a ser globalmente negativos, al menos durante una larga primera fase, y de que los fondos canalizados a través de los Programas MEDA son total-mente insuicientes para contrarrestar dichos efectos negativos sobre el empleo, la renta, la pobreza y el gasto social. Así pues, las Zonas Eurome-diterráneas de Libre Comercio creadas en el marco de la segunda cesta pueden convertirse en una fuente de inestabilidad social y, por ende, de inseguridad para la región (primer capítulo), y existe el riesgo de que contribuyan a profundizar el abismo cultural (lo que va en contra de los objetivos del tercer capítulo) y el resentimiento de la población de los

6 Sobre esta cuestión, véase Iván Martín e Iain Byrne, “Economic and Social Rights in the Euro-Mediterranean Partnership”, edición especial de Mediterranean Politics, Vol. 9.3 (Otoño de 2004), y especialmente la Introducción: “Economic and Social Rights in the Euro-Mediterranean Partnership: The Missing Link?” (http://wdb.sicomnet.edu.mx/alca/intranet/galeria/17/�.pdf), así como el artículo de Iván Martín “The Social Impact of Euro-Mediterranean Free Trade Areas: A First Approach with Special Reference to the Case of Morocco” (http://www.eco.uc3m.es/immartin/SocialimpactMediterraneanpolitics.pdf).

�135 propuestas para involucrar a la sociedad civil en el Proceso de Barcelona

países del sur del Mediterráneo contra el capitalismo y las democracias occidentales en general.

Además, cabe sostener que el deterioro de los derechos económicos y sociales actúa en detrimento del ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, de los que constituyen la base material. Así pues, la estructuración de la Asociación Euromediterránea en tres ámbitos bien delimitados entre sí está diicultando cada vez más la integración en una lógica común y, por ende, la inteligibilidad de toda la Asociación Eurome-diterránea. De hecho, puede decirse que nos encontramos cada vez en mayor medida ante tres procesos diferentes y paralelos, y no sólo uno.

En este contexto, la implicación activa de la sociedad civil proporciona la mejor manera de favorecer iniciativas transversales que afecten a los tres capítulos de la Asociación Euromediterránea, pero lo cierto es que hasta ahora las consultas con la sociedad civil, en la medida en que se han llevado a cabo, se han restringido a la tercera cesta, como si los ciu-dadanos y la sociedad civil organizada no tuvieran nada que decir sobre cuestiones de “alta política” como la reforma económica y política, que, sin embargo, determinará en buena medida el contexto en el que vivirán y las oportunidades de que disfrutarán en sus respectivas sociedades.

3. Implicación de la sociedad civil en la Asociación Euromediterránea

Si bien la Asociación Euromediterránea parece estar sobredeterminada en términos institucionales, existe un déicit notorio en materia de pro-cedimientos y en la implicación de los actores sociales. Estamos tan fasci-nados con la complejidad del marco institucional de la Asociación Euro-mediterránea7, que tendemos a pasar por alto su propia naturaleza como un proceso básicamente intergubernamental, es decir, un proceso en el que únicamente participan las instituciones europeas y los gobiernos de los Países Asociados Mediterráneos. Sin embargo, cuando se analiza el conjunto de objetivos establecidos en la Declaración de Barcelona y el contenido que se dio a los tres “capítulos” en los que se dividió –el

7 Sobre esta cuestión del tejido institucional de la Asociación Euromediterránea, véase el artículo de Dorothée Schmid, “Les institutions européennes dans le funcionnement du PEM: de la reparti-tion des competences à la gestion dynamique du quotidian”, EuroMesco Paper nº 36, Octubre de 2004, disponible en: http://www.euromesco.org/euromesco/publi_artigo.asp?cod_artigo=1090�1.


diálogo político, la cooperación económica y inanciera y “una mayor consideración de la dimensión social, cultural y humana”– cabe hacer las siguientes consideraciones:

a. Por lo que respecta al diálogo político, los PAM se comprometen a “desarrollar el Estado de derecho y la democracia en sus sistemas polí-ticos”, “respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales”,

“resolver sus diferencias por vía pacíica” y “promover la seguridad regio-nal”, entre otros objetivos.

b. En el ámbito de la cooperación económica y inanciera, los objetivos a largo plazo que se establecen son el “aumento del ritmo de desarrollo socioeconómico sostenible”, la “mejora de las condiciones de vida de sus poblaciones, aumento del nivel de empleo y reducción de las disparida-des de desarrollo en la región euromediterránea”.

c. En el marco de la colaboración en los ámbitos social, cultural y humano, se comprometen al “desarrollo de los recursos humanos”, promover la comprensión y el reconocimiento entre culturas y los intercambios entre las sociedades civiles, reconociendo la importancia del desarrollo social que, a su juicio, debe ir unido a cualquier desarrollo económico. Atribu-yen especial importancia al respeto de los derechos sociales fundamen-tales, incluido el derecho al desarrollo, y reconocen el papel fundamental que puede desempeñar la sociedad civil en el proceso de desarrollo de la colaboración euromediterránea y también como factor esencial para una mayor comprensión y acercamiento entre los pueblos.

Todos estos aspectos, la democracia, el desarrollo y la comprensión mutua y los intercambios, son aspiraciones profundas de los ciudadanos y de las sociedades, y no pueden ser de la exclusiva responsabilidad de los Estados. Simultáneamente, todos ellos están interrelacionados. En cualquier caso, resulta paradójico que la Unión Europea, que proclama su orgullo por su modelo social y sus mecanismos de consulta con los inter-locutores sociales, promueva una Asociación con sus vecinos del sur que excluye cualquier participación efectiva en sus respectivas sociedades en el proceso de toma de decisiones.

Además, es igualmente paradójico que la Unión Europea haya irmado Acuerdos de Asociación que pretendidamente deben contribuir a desa-rrollar y consolidar la democracia en los PAM y que implican un impacto


económico y social tan profundo y una agenda de transformación y reforma para las próximas décadas tras un proceso que, en la mayoría de los casos, no ha contemplado ninguna consulta social interna con los grupos de intereses, los interlocutores sociales y las sociedades civiles de los respectivos países. Esto es algo que desacredita la autenticidad de los objetivos declarados de la Asociación Euromediterránea, y tal vez incluso la deslegitima, vaciando en buena parte de contenido toda la retórica sobre la “apropiación” de la Asociación por parte de sus ciudadanos. Por supuesto, todos los PAM sometieron los Acuerdos de Asociación a su rati-icación formal por parte de sus respectivos parlamentos, pero al margen de ello dichos Acuerdos han sido negociados con frecuencia de manera totalmente secreta, siendo presentados para su aprobación o rechazo globales (al igual que en los Estados miembros de la Unión Europea), y sin ningún tipo de asociación de la sociedad civil o de los interlocuto-res sociales al proceso de negociaciones que culminó en los Acuerdos de Asociación. Sólo en algunos casos excepcionales8, el texto inal fue discutido con los representantes de la sociedad civil, en lo que más pare-cía una operación de marketing político que un verdadero proceso de consultas. No es de extrañar, por tanto, que apenas exista un consenso social en torno a dichos acuerdos, ni siquiera que apenas sean conocidos para la gran mayoría de la población, que no percibe ninguna relación entre los mismos y sus necesidades e intereses cotidianos9. Incluso a nivel local, descentralizado, los proyectos MEDA están siendo en la mayoría de los casos decididos y ejecutados sin un enfoque participativo que tenga en cuenta los intereses y opiniones de la población local directamente afectada por los mismos.

Pese a ello, los interlocutores sociales euromediterráneos están tomán-dose la Asociación Euromediterránea en serio. Organizan actividades en el marco de la Asociación Euromediterránea, crean redes (como el Foro Sindical Euromediterráneo, la Unión de Confederaciones Empresariales Mediterráneas, la Red Euromediterránea de Economía Social, Medisamak

� Marruecos es uno de ellos: durante el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea se llevó a cabo un amplio –aunque informal– proceso de consultas con intereses y representantes de la sociedad civil.9 Véase el artículo de Hanaa Ebeid “The Partnership in Southern Eyes: Relections on the Dis-course in the Egyptian Press”, EuroMesco Paper nº 37, Octubre de 2004, disponible en http://www.euromesco.org/euromesco/publi_artigo.asp?cod_artigo=10912. Aunque su alcance es muy limi-tado, este artículo releja la irrelevancia de la AEM para la opinión pública egipcia. La situación es diferente, por supuesto, en los países del Magreb, especialmente en Marruecos y en Túnez.


de sindicatos de pescadores, así como las propias conferencias de Comi-tés Económicos y Sociales y organismos similares y su proyecto TRESMED), realizan estudios, lanzan publicaciones... Pero no se sienten escuchados y no tienen medios efectivos para inluir en la agenda, y menos aún en el proceso de toma de decisiones en la Asociación Euromediterránea. En este sentido, es posible airmar que los interlocutores sociales han ido muy por delante de las instituciones euromediterráneas a la hora de crear un verdadero “espacio social euromediterráneo” (ESEM) que complemente la Zona Euromediterránea de Libre Comercio (ZEMLC). También es cierto que esta falta de inluencia política ha hecho posible una lexibilidad en los mecanismos de cooperación, por ejemplo entre comités económicos y sociales euromediterráneos, que probablemente no hubiera sido posi-ble en el marco de una estructura más formalizada, teniendo en cuenta las restricciones políticas a las que están expuestos muchos de estos organismos, particularmente en el sur: no hay grandes declaraciones de principios consensuadas sobre dónde y cómo actuar, sobre los criterios de elegibilidad para convertirse en miembro, ni una deinición estricta de las funciones y procedimientos, pero en este ámbito, como en otros de la Asociación Euromediterránea, un cierto voluntarismo y una adhesión inquebrantable a los principios básicos puede producir enormes bene-icios a medio plazo. En este contexto, el fortalecimiento de los sindica-tos en tanto interlocutores sociales más débiles en los Países Asociados Mediterráneos debería convertirse en una prioridad, tanto como medio para promover la democracia y el diálogo social como en cuanto medida para facilitar su participación en la Asociación Euromediterránea.

En síntesis, los objetivos establecidos en la Declaración de Barcelona para la Asociación Euromediterránea siguen siendo plenamente relevantes, así como su enfoque general. Pero los Estados asociados euromedite-rráneos deben estar dispuestos a reorientar la asociación y redeinir sus prioridades en torno a 1) garantizar los derechos económicos y sociales (educación, trabajo, salud, acceso al agua) que afectan a las vidas de la gente de la calle (las demás iniciativas son muy elogiables, pero sólo un pequeño número de personas tienen el privilegio de acudir a los festi-vales de cine, participar en un programa Tempus o beneiciarse de un intercambio juvenil) y 2) establecer mecanismos democráticos dentro del propio Partenariado, extendiendo la consulta a los interlocutores socia-les y los ciudadanos involucrados a todos los niveles, tanto a nivel político (el verdadero diálogo político es el diálogo con las sociedades, y no sólo el diálogo entre gobiernos) como a nivel de proyectos en el marco de la


planiicación y ejecución de cada proyecto MEDA durante todo su ciclo de vida. Los Programas Indicativos Nacionales, al igual que los nuevos Planes de Acción de Vecindad –que se mantuvieron en secreto durante todo el proceso de negociación hasta el mismo momento en que fueron publicados oicialmente– deberían ser el resultado de un proceso tanto de negociación política como de consulta social que suponga la organi-zación de debates públicos en los respectivos países. Reforzar la autono-mía de los interlocutores sociales –un ámbito en que las instituciones, los Estados miembros y las sociedades civiles europeas pueden desempe-ñar un papel determinante– ya sería en sí mismo una contribución muy importante al avance de la democracia en los PAM.

Éste es el único modo de otorgar credibilidad y legitimidad a la Asocia-ción Euromediterránea y descartar las críticas legítimas que la reducen, en el peor de los casos, a un proyecto neocolonial o, desde una pers-pectiva más moderada, a un proceso que se agota, por usar las palabras utilizadas hace cuatro años por el actual Ministro Español de Asuntos Exteriores, en un mero “economicismo burocrático”.

Lanzar una Campaña Euromediterránea de Alfabetización para conseguir una reducción del analfabetismo del �0% en cinco años (para el 2010) en la región

En los Países Asociados Mediterráneos, hay actualmente casi 50 millones de adultos analfabetos, una media cercana al 25% de la población adulta (y de casi la mitad de las mujeres adultas). Esta cifra, por sí sola, vacía de todo contenido los conceptos mismos de participación de la sociedad civil y de Asociación. En términos pragmáticos, la alfabetización consti-tuye un paso fundamental, por ejemplo, para promover una verdadera democracia y un auténtico debate público, para reforzar a las comunida-des locales, para optimizar los programas de microcrédito y para movilizar las remesas de los emigrantes en favor del desarrollo en sus sociedades de origen, por no mencionar el acceso a las nuevas tecnologías de la información. Es posible sostener que una reducción del analfabetismo en la región podría contribuir incluso a reducir la incidencia de conlictos en la misma. En otros términos, cabe airmar que la erradicación del anal-fabetismo en la región es una condición material para la consecución de los objetivos de la Asociación Euromediterránea.


Ahora bien, la alfabetización es, sobre todo y ante todo, un derecho humano fundamental. La educación básica, para la que la alfabetización constituye una herramienta de aprendizaje fundamental, fue reconocida como un derecho humano hace ya más de 50 años, en la Declaración Uni-versal de Derechos Humanos. Es escandaloso que este derecho continúe siendo violado en el caso de una proporción tan grande de la población de los PAM.

Haciendo abstracción de ello, la inversión en alfabetización tiene también sentido económico. El nivel de alfabetización está fuertemente correla-cionado con las rentas (con un coeiciente de 0,1�4 con el PNB per capita). También existe una fuerte correlación directa entre el aumento de la alfa-betización y una mayor productividad en los trabajadores, así como con algunos indicadores de bienestar y por ende con el índice de Desarrollo Humano (alfabetización con mortalidad infantil: –0,�15; alfabetización con esperanza de vida: 0,�22)10. Y con una estructura de población tan extremadamente joven como la de los PAM (el 70% de la población tiene menos de 30 años), la mayor parte de los analfabetos “adultos”, es decir, mayores de 15 años, tienen una larga vida activa por delante. Se trata de una fuente de capital humano que no puede despilfarrarse a causa del analfabetismo.

Así pues, la erradicación del analfabetismo en los Países Asociados Mediterráneos es, por un lado, una base moral mínima para la Asocia-ción Euromediterránea, y sería una medida altamente simbólica sobre la verdadera jerarquía de prioridades de la misma. Por una vez, podría cons-tituir una excelente aportación europea al Decenio de la Alfabetización de Naciones Unidas 2003-2012. No hay ninguna excusa para no abordar esta cuestión: ni falta de recursos (como sucede en el caso de la falta de acceso a agua potable) ni falta de infraestructuras (como sucede en el caso de la asistencia sanitaria y la educación).

Por otro lado, las campañas de alfabetización son probablemente la estra-tegia de desarrollo más directa y más eiciente en costes. Según datos

10 Estas correlaciones fueron calculadas en el marco de un estudio efectuado para la UNESCO con el programa informático Global Data Manager. Las tasas de alfabetización proceden del World

Factbook 1989 de la Central Intelligence Agency (Washington, D.C.: CIA, 19�9). El PNB per capita procede de la base de datos del Banco Mundial; la mortalidad infantil y la esperanza de vida proce-den del World Population Data Sheet 1990. Véase http://www.unesco.org/education/tlsf/theme_a/mod02/www.worldgame.org/wwwproject/what05.shtml.


correspondientes a la Campaña Nacional de Alfabetización de India, el coste por participante en la Campaña de Alfabetización Total se sitúa entre 1 y 3 euros, y el coste de una Campaña de Posalfabetización entre 1,5 y 2,3 euros adicionales por personal (las campañas de seguimientos son un elemento clave para el éxito de las campañas de alfabetización para evitar los retrocesos, como ha sucedido en algunos países como Nicaragua). Asumiendo que los costes medios serán algo más elevados de los países mediterráneos debido a su menor densidad de población, ello se traduciría, aun así, en un volumen de recursos inancieros relativa-mente modesto (incluso para los escasos niveles euromediterráneos) si se compara con el tremendo impacto que tendría sobre las perspectivas económicas y sociales de la población afectada y sobre su vida diaria.

La razón para no aspirar a la erradicación completa del analfabetismo es el hecho de que el coste marginal de las campañas de alfabetización aumenta a medida que se intenta extenderlas a un porcentaje cada vez mayor de la población, ya que resulta más caro alfabetizar a personas de más edad, a personas menos motivadas o a personas que viven en áreas rurales remotas.

La propia campaña de alfabetización crearía miles de puestos de trabajo en toda la región durante un cierto período de tiempo, contribuyendo de este modo a mitigar otra de las lacras sociales de la región, por no mencionar el hecho de que la alfabetización literaria y numérica, junto con la educación escolar, son las mejores bases para la empleabilidad de los jóvenes. Simultáneamente, las campañas de alfabetización cons-tituyen un poderoso mecanismo de movilización y estructuración de la sociedad civil mediante la participación comunitaria. También son la mejor manera de promover la igualdad de género y la emancipación de las mujeres, tal como se muestra en la Figura 1, que pone de maniiesto que es precisamente en los Estados árabes y del Norte de África (junto con Asia Occidental y del Sur) donde la diferencia de género en materia de tasas de alfabetización es más pronunciada (aproximadamente el 23% en cada una de estas regiones).

�� Una Asociación Euromediterránea más próxima a los ciudadanos

Mundo

Asia Occidental y del Sur

Estados Árabes y Norte de África

África Subsahariana

Asia Oriental y Pacíico

América Latina y Caribe

Figura 1

8180 2 4 6 10 12 14 16 20 22 24

2000 2015

Fuente: Naciones Unidas.

Habida cuenta de todos esos beneicios potenciales, las consideracio-nes políticas no pueden servir de coartada para no afrontar de manera directa esta lacra social. Si toda la retórica sobre la responsabilidad compartida tiene algún signiicado, no existe ningún otro ámbito donde pueda demostrarse de manera más efectiva, sobre todo, sin lugar a duda, porque los Estados miembros de la Unión Europea y los PAM van a sufrir en el futuro de manera conjunta las consecuencias de sus acciones u omisiones actuales.

Deinir una Estrategia Euromediterránea de Empleo con el objetivo de asegurar que el número de desempleados en la región noaumenta en los próximos diez años

Si los PAM y la Unión Europea se plantean seriamente su objetivo decla-rado de alcanzar un desarrollo económico y social sostenible y equilibrado, tal como se airma en la Declaración de Barcelona, tiene todo el sentido integrar objetivos cuantiicados de empleo y una evaluación del impacto sobre el empleo en todos los niveles de la Asociación Euromediterránea, incluidos los Programas MEDA y las ZEMLC, ya que difícilmente puede


encontrarse otro reto económico y social más importante en el futuro inmediato que el reto de ofrecer oportunidades de empleo a la mayor generación de toda su historia. Es sumamente revelador el hecho de que, hasta ahora, ni uno solo de los proyectos MEDA se haya centrado en el empleo como tal ni en las políticas de empleo (aunque, por supuesto, muchos proyectos MEDA tengan un pequeño impacto sobre el empleo).

Además, debería adoptarse una Estrategia Euromediterránea de Empleo que combinara un sistema regional de supervisión de los indicadores de empleo y políticas de empleo (véase la siguiente propuesta) y la for-mulación de orientaciones comunes revisadas de manera periódica con objetivos cuantiicados por países, la especiicación de instrumentos y compromisos para conseguirlos, y la asignación de los recursos necesa-rios en el marco de los Programas MEDA. El modelo a seguir podría ser el del proceso de la Estrategia Europea de Empleo en funcionamiento desde 1999.

El primer paso para lanzar una iniciativa tan ambiciosa como ésta sería convocar una Conferencia Euromediterránea de Ministros de Empleo en la que participaran los Ministros de Empleo de todos los Países Asocia-dos Mediterráneos y la Comisión Europea. Resulta difícil de entender los motivos por los cuales se han convocado conferencias ministeriales euro-mediterráneas sectoriales sobre comercio (6 veces), industria (5 veces), medio ambiente (2 veces), agua (2 veces), sociedad de la información, energía (3 veces), agricultura, cultura (2 veces) y salud, pero ni una sola sobre empleo, o ni siquiera educación.

Es importante señalar que la formulación y el seguimiento de esta Estra-tegia Euromediterránea de Empleo como tal no tendrían ningún coste directo ni para la Unión Europea ni para los PAM, más allá de los peque-ños costes derivados de la preparación de los documentos y la infor-mación necesarios y de la celebración de las reuniones a nivel técnico y político. Esta estrategia común de empleo se articularía posteriormente en estrategias nacionales de empleo acordes con las directrices gene-rales (y tal vez el enfoque metodológico) deinidas por la conferencia ministerial que serían evaluadas y discutidas periódicamente en el marco de los Consejos de Asociación, en los que podría crearse un subcomité de empleo, como los que existen para otras cuestiones, y, en los casos pertinentes, como parte de los Planes de Acción de Vecindad. En una fase ulterior, estas estrategias nacionales podrían integrarse con la Estrategia


Europea de Empleo en una única Estrategia Euromediterránea de Empleo. La formulación de esta Estrategia Euromediterránea de Empleo debería implicar a los interlocutores sociales (especialmente los sindicatos y los empresarios). Asimismo, debería tener en cuenta el potencial de creación de empleo del denominado tercer sector o economía social, incluidos los microcréditos, las cooperativas, etc.

Paralelamente, la nueva Estrategia Euromediterránea de Empleo debe-ría coordinarse con esfuerzos directos de promoción de las inversiones, así como con los proyectos de formación profesional y modernización industrial (mise-à-niveau) emprendidos con los fondos MEDA. Hasta ahora, la promoción de inversiones y el apoyo y la mejora de la capaci-dad competitiva de las empresas locales de los PAM se han abordado en buena medida como actividades separadas sin ninguna relación con las estrategias de empleo, y vinculadas más bien al entorno jurídico, al clima económico, las asociaciones empresariales y los mercados.

Establecimiento de un sistema regional euromediterráneo de supervisión multilateral de la evolución económica y social

Es toda una paradoja moral el hecho de que, mientras que la Unión Euro-pea adopta medidas para salvaguardar y consolidar su propio modelo social, ignore por completo este aspecto en sus relaciones con sus

“socios”, y especialmente con los Países Asociados Mediterráneos. Desde esta perspectiva, para empezar debería establecerse, en el marco de la cooperación con los PAM, un núcleo mínimo de derechos económicos y sociales –en la línea de la Carta Social Europea– que dieran sentido a la caliicación de los derechos humanos como un elemento esencial de la Asociación, tal como se airma en todos los Acuerdos de Asociación. No debe olvidarse que los derechos económicos y sociales son una parte inte-grante e indivisible de los derechos humanos. En segundo lugar, debería adoptarse un Plan de Acción Social conjunto diseñado para asegurar, lo más rápidamente posible, ese conjunto de derechos básicos sobre la base del principio de responsabilidad compartida. Deberían incorpo-rarse como elementos permanentes del Proceso de Barcelona, tal como se ha hecho ya dentro de la UE en el marco del proceso de supervisión de las políticas social y de empleo, objetivos explícitos de política social en términos de tasa de actividad, incidencia de la pobreza, indicadores de educación y cobertura de seguridad social, junto con un sistema de


evaluación y seguimiento periódicos de la evolución en este ámbito (de acuerdo con el principio de corresponsabilidad).

La Unión Europea tiene una amplia experiencia en materia de supervi-sión multilateral de las políticas social y de empleo, concretamente en el marco de la “Agenda de Política Social” y la “Estrategia Europea de Empleo”. Pero sólo la ha puesto en práctica entre sus Estados miembros, y no en sus relaciones con “países terceros”, por estrecha que sea su aso-ciación con ellos. El interés que revisten los métodos de supervisión de la UE –que se han desarrollado a lo largo del tiempo a base de prueba y error– radica precisamente en el hecho de que, en estas materias, las instituciones de la UE no tienen ninguna competencia propia, de modo que deben funcionar sobre la base de los compromisos voluntarios, la revisión y la presión entre pares y los incentivos políticos, y no mediante la coerción legal ni la renuncia a la soberanía por parte de las autoridades nacionales. En esa medida, la situación jurídica es comparable a la que prevalece entre la Unión Europea y los PAM con arreglo a los Acuerdos de Asociación.

Es importante subrayar la idea de que el sistema de supervisión multi-lateral que se propone no es un mecanismo de seguimiento y análisis independiente del tipo de los observatorios que tanto proliferan últi-mamente, sino un proceso de diálogo político intensivo en información, de intercambio y de cooperación entre Gobiernos asociados orientado a la deinición de las respectivas políticas (es decir, un proceso político) que tiene por objeto encontrar un ámbito de actuación común en aque-llas cuestiones en relación con las cuales existen intereses compartidos. En esa medida, la participación de la sociedad civil como tal en todo el proceso sería limitada, si bien la propia existencia del sistema de supervi-sión multilateral y la información generada en ese marco (que sí debería ser pública) podría convertirse en un instrumento clave que facilitaría la implicación de la sociedad civil y la presión política.

Dentro de la Unión Europea, la supervisión de la política social funciona como un proceso de seguimiento de una serie de indicadores seleccio-nados en relación con la doble referencia de la media regional y de una serie de objetivos cuantitativos explícitos (tanto para el conjunto de los Estados miembros como para Estados individuales) acordados entre los miembros/socios, objetivos que deben alcanzarse con arreglo a calenda-rios predeterminados. Esto permite la elaboración de un “marcador” que


releja los avances conseguidos por cada país que participa en el ejercicio en relación con cada uno de esos indicadores, así como la publicación periódica de informes de avance y de recomendaciones/orientaciones (ya sea para cada país individual o para todos los países en su conjunto) sin ningún efecto jurídico vinculante, pero con un fuerte impacto polí-tico y mediático. De adoptarse a nivel regional, este “marcador” podría proporcionar un buen marco de referencia y un fuerte incentivo para avanzar en dichos ámbitos mediante análisis comparativos, sometiendo a presión política a los países más retrasados y ofreciendo incentivos inancieros a los más adelantados (algo que ya se ha previsto en el marco de la nueva Política Europea de Vecindad como parte de la denominada

“condicionalidad positiva”). Este proceso de revisión de políticas centrado en los resultados permite también adoptar un enfoque diferenciado para cada país, teniendo en cuenta los diferentes niveles iniciales o grados de compromisos de cada país. Los objetivos pueden deinirse, por ejemplo, no en términos absolutos (es decir, “alcanzar una tasa de desempleo del 10% con una tasa de actividad del 60%”), sino en términos relativos (por ejemplo, “reducir la tasa de desempleo en un 10% e incrementar la tasa de actividad en 5 puntos porcentuales”) con el in de tener en cuenta dichas diferencias. También podría servir como base para la identiica-ción y transferencia de las mejores prácticas en ámbitos concretos.

Por supuesto, puesto que todo el proceso de supervisión es una actividad intensiva en conocimiento y en información compartida en cuyo marco resulta fundamental disponer de datos de buena calidad, además de un ejercicio políticamente delicado, el papel que desempeña en este proceso un organismo “técnico” relativamente independiente como la Comisión Europea resulta crítico para su éxito. Aunque hasta ahora no se ha creado una institución similar en el marco de la Asociación Euromediterránea, ni parece que vaya a crearse, las redes de institutos de investigación FEMISE y EuroMeSCo podrían desempeñar un papel importante en las primeras etapas del proceso. Puesto que las políticas sociales y de empleo como tales seguirían siendo de la competencia exclusiva de los Países Asocia-dos, el coste directo de establecer este tipo de sistema de supervisión sería muy limitado (y recaería en su mayor parte en las instituciones oiciales y las administraciones estatales ya existentes), especialmente si se compara con el fuerte impacto que podría tener sobre la deinición de políticas a nivel regional.


Por último, la supervisión de los resultados de la política social y de empleo podría integrarse en un proceso de supervisión más general que realizara un seguimiento de la política económica y social en general (como ha sucedido en el seno de la UE, donde, desde 2003, las Orien-taciones y Recomendaciones sobre Políticas de Empleo de los Estados miembros que se aprobaban cada año se han integrado en el ejercicio más general de las Orientaciones Generales de Política Económica).

Adopción de un Protocolo que establezca un mecanismo de salvaguardia de la situación económica y social en todos los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos

Al menos a corto plazo, y especialmente durante los últimos cuatro años del período transitorio de 12 años previsto para el establecimiento de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio durante los cuales se con-centra la parte más dura el desmantelamiento arancelario, la Asociación Euromediterránea corre el riesgo de superar el “umbral de sostenibilidad social”, es decir, el límite absoluto de efectos negativos que pueden tener las políticas de reforma económica antes de que, a falta de medidas com-pensatorias suicientes, un grupo social o toda una población se revelen de un modo u otro11. Si se supera dicho umbral, un país entra en una zona de agitación social, colapso económico e inestabilidad general en la que las leyes económicas dejan de ser aplicables (impidiendo la realización de los eventuales efectos positivos futuros de las reformas) y los dispositivos institucionales de navegación necesarios para garantizar los derechos civiles y políticos dejan de funcionar, dando lugar, en casos extremos, al fenómeno de los “estados fallidos”. Es perfectamente posible sostener que, en el actual contexto demográico, social y económico existente en muchos PAM, la implantación de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio sin las necesarias medidas compensatorias y de acompaña-miento para mitigar su impacto social negativo podría dar lugar a que se traspasara esa línea de sostenibilidad social y acabara resultando des-estabilizadora y negativa para las perspectivas de desarrollo de dichos países.

Para asegurar que la aplicación de las Zonas Euromediterráneas de Libre

11 Véase el artículo citado la nota 6


Comercio no afecte negativamente a la situación económica y social de la población afectada, sería posible establecer, como parte del sistema regional de supervisión al que se ha hecho referencia en la propuesta anterior, un mecanismo de salvaguardia que garantizara las condiciones mínimas de partida de los PAM en relación con determinados indica-dores sobre derechos económicos y sociales como “umbrales mínimos” para la Asociación Euromediterránea. Por un lado, esto permitiría que la Asociación promoviera avances concretos en materia económica y social, y en el caso de que se detectara un retroceso en relación con un indicador concreto, se permitiría o bien la suspensión temporal de las causas identiicadas de dicho deterioro (cuando se encuentran en una medida de política concreta, como la liberalización comercial en un sector u otro12), o bien la aplicación de medidas compensatorias automá-ticas como un incremento y/o reorientación de los fondos MEDA con el in de concentrar los esfuerzos en la mejora de dicho indicador concreto. La aplicación de las medidas de salvaguardia debería ir precedida de una decisión del Consejo de Asociación bilateral –es decir, se aplicaría sobre una base consensuada- a petición de una de las partes (a saber, la UE o bien el Gobierno del país de que se trate).

A nivel micro, este mecanismo de salvaguardia debería traducirse en el establecimiento de un sistema de compensación para la población local cuyos derechos económicos y sociales se hayan visto lesionados de algún modo como consecuencia de la aplicación de algún proyecto MEDA, sistema que debería aplicarse durante todo el ciclo de vida de los proyectos13.

Las nuevas cláusulas de salvaguardia transmitirían a las sociedades impli-cadas la idea de que la Asociación Euromediterránea es un ejercicio sin perdedores, algo que hasta ahora dista mucho de haberse conseguido, y encarnaría el principio de responsabilidad compartida de todos los socios en relación con los resultados individuales para cada uno de ellos de la aplicación de los instrumentos de la Asociación.

12 Esta suspensión temporal está prevista ya en circunstancias extraordinarias con arreglo a las cláusulas de salvaguardia contenidas en los Acuerdos de Asociación en relación con la aplicación de las medidas comerciales o con los intereses de la defensa nacional, pero sin ninguna referencia en absoluto a la necesidad de salvaguardar los derechos económicos y sociales de la población.13 Véase el artículo de Iain Byrne “Mainstreaming Human Rights: A Tentative Operational Approach to Monitoring and Enforcing Human Rights in MEDA Development Projects”, en Mediter-

ranean Politics, Vol. 9.3 (Otoño de 2004), pp. 542-555.


Obviamente, la adopción de nuevos protocolos anexos a los Acuerdos de Asociación es un proceso político-jurídico prolongado que requiere la modiicación de estos últimos como instrumentos internacionales (y el consiguiente proceso de ratiicación por parte de las instituciones euro-peas y de los parlamentos nacionales de todos los Países Asociados), pero ya se ha hecho en otros casos –por ejemplo, para incluir el Protocolo Paneuromediterráneo sobre Reglas de Origen en los Acuerdos de Aso-ciación y para adaptarlos a la adhesión de 10 nuevos Estados miembros a la UE que tuvo lugar en 2004– y no debería ser un obstáculo en el marco de una asociación evolutiva, el “Proceso de Barcelona”, como es por voca-ción la Asociación Euromediterránea.

Fortalecimiento de los sindicatos y del papel de los sindicatos en los Países Asociados Mediterráneos

La existencia de sindicatos independientes y democráticos fuertes es un elemento esencial de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, aunque la situación diiere bastante de un país a otro, se pueden reco-nocer algunos elementos comunes en la situación de los movimientos sindicales de los PAM (dejando a parte los casos singulares de Turquía e Israel), que también inciden en su participación activa en la AEM:

a) Falta de autonomía. Los sindicatos tienen todavía un fuerte lastre de sus orígenes y de su vinculación a los movimientos nacionales que pro-tagonizaron la independencia (Magreb), las luchas de liberación nacional (Palestina) o las revoluciones nacionalistas (Egipto, Siria, Iraq antes de la ocupación). La mayor parte de las grandes centrales sindicales siguen en cierta forma en la órbita del poder político, no tienen autonomía plena respecto del gobierno o de los partidos. Para la opinión pública, el sindicato es un apéndice del partido o una institución del Estado. Por poner un ejemplo concreto, el sindicato egipcio asume la postura del gobierno según la cual la condicionalidad social (normas OIT, etc.) es un mecanismo proteccionista del Norte; el Secretario General del sindicato egipcio es nombrado Ministro de Trabajo cuando cesa en su cargo.

b) Funcionamiento democrático deiciente. El autoritarismo y centra-lismo de los partidos hegemónicos y de los regímenes ha permeado en las organizaciones sindicales. Hay un déicit democrático tanto interno (transparencia y limpieza de procesos electorales, procedimientos de


toma de decisiones, etc.) como externo (no reconocimiento de un plu-ralismo sindical real en varios países: Argelia, Marruecos, Palestina). Esto ha dado pie al desarrollo, en la década de los noventa, de ONG especiali-zadas en temas laborales, promovidas por sindicalistas disidentes (Túnez, Egipto, Palestina), con veleidades de crear sindicatos concurrentes.

c) Pérdida de base social. Debido a las reformas económicas (contrac-ción del sector público, privatizaciones, desempleo e informalidad) y políticas (creciente asunción de un pluralismo político que inluye en el campo sindical).

d) Actividad sindical limitada y no ajustada a los desafíos que viven los PAM. No hay apenas actividad sindical a nivel de empresa, ni nego-ciación colectiva, ni diálogo social tripartito. Los sindicatos tienen muy poca capacidad propositiva. Apenas se ha desarrollado la acción sindical internacional o transnacional en torno a las multinacionales.

A pesar de ello, hay una creciente conciencia entre los propios sindicatos árabes de sus limitaciones y debilidades, así como de la necesidad de reformas profundas y de una democratización, modernización y resindi-calización de su trabajo.

En el marco de la Asociación Euromediterránea, a pesar de que en algu-nos países hay organismos consultivos, los sindicatos han sido manteni-dos totalmente al margen de las negociaciones (ausencia de consulta). Aun así, los sindicatos de los PAM (no todos, sino los más importantes y “oiciales”) han formado con sus homólogos europeos el Foro Sindical Euromed (creado en abril 1999). El FSE ha recibido un apoyo puntual de la Comisión Europea (a través de la Confederación Europea de Sindicatos y de la CIOSL). Además, los sindicatos árabes han participado en las ini-ciativas euromediterráneas de los Comités Económicos y Sociales y, de manera desigual, en otras iniciativas de la sociedad civil euromediterrá-nea (como los Foros Civiles, por ejemplo).

En el seno del FSE se ha avanzado bastante en la creación de una posi-ción sindical común ante la AEM, pero esto no ha permeado en las bases sindicales ni ha sido plenamente asumido en su agenda de trabajo.


En este contexto, algunas medidas que podrían contribuir a fortalecer y modernizar a las organizaciones sindicales en los PAM como interlocuto-res sociales iables son las siguientes:

- Propiciación, de manera negociada y consensuada, y en el marco de las actuales reformas del marco legal laboral nacional en los PAM (reformas de los códigos de trabajo, etc), de medidas que potencien y refuercen la independencia de los sindicatos, respeten el pluralismo y clariiquen la representatividad sindical, potencien su funcionamiento democrático y protejan los derechos sindicales.

- Medidas de apoyo al desarrollo de prácticas de negociación en los cen-tros de trabajo y por sectores y de una cultura de diálogo social tripar-tito.

- Acciones que refuercen las capacidades técnicas de los sindicatos (gabi-netes económicos y jurídicos) para incrementar su capacidad de análisis independiente y capacidad propositiva.

- Apoyo a actividades de cooperación sindical transfronteriza (acción sin-dical internacional), de carácter regional árabe (sur-sur) o euromed, sobre temas sectoriales, transversales o en torno a empresas transnacionales concretas.

Respecto a la AEM, las siguientes medidas podrían promover la participa-ción de los sindicatos en la Asociación Euromediterránea:

- Apoyo estable al Foro Sindical Euromed por parte de la Comisión Euro-pea.

- Establecimiento de mecanismos de consulta a nivel nacional con los agentes económicos y sociales sobre los acuerdos y planes nacionales.

- Acciones especíicas para propiciar la relexión sindical sobre los efectos de la AEM.

- Actividades de debate y de análisis que impliquen simultáneamente a gobiernos, empleadores y sindicatos de la región.


- Celebración de una primera Conferencia Euromediterránea de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que se asocien los agentes económi-cos y sociales.

- Promoción de un diálogo social regional entre el Foro Sindical Euromed y la Unión Mediterránea de Confederaciones Empresariales (UMCE).

- Establecimiento de mecanismos de información y consulta con las orga-nizaciones sindicales (de la UE y PAM) en todos los procesos de desloca-lización empresarial, a modo de antesala a futuros Comités de Empresa Euromed.

Establecimiento, en el marco de la Asociación Euromediterránea, de un Comité Económico y Social Euromediterráneo (EUROMEDCES)paritario siguiendo el modelo del CES de la UE basado en lasestructuras administrativas del CES de la UE y los CES u organismos similares nacionales de los Países Asociados Mediterráneos

Hasta ahora, los Comités Económicos y Sociales u organismos similares de la región euromediterránea han celebrado diez encuentros anuales y publicados numerosos informes y resoluciones. Reaccionaron rápida-mente al lanzamiento del Proceso de Barcelona, celebrando su primera reunión en Madrid los días 12 y 13 de diciembre de 1995. En aquella reunión, ya subrayaron que “junto con los avances hacia la prosperidad económica, debe hacerse un esfuerzo para establecer un Área Social Euromediterránea, consolidando de este modo un modelo de creci-miento equilibrado en toda la región”. Desde entonces, han mantenido nueve reuniones más centradas en la función consultiva en la región euromediterránea y la elaboración de informes temáticos sobre cues-tiones relevantes: dichos informes tienen, de hecho, el valor político y social de contar con el apoyo de los interlocutores sociales, pero han sido prácticamente ignorados por las instituciones euromediterráneas. Así pues, diez años después, existe una clamorosa falta de institucionaliza-ción tanto en materia de procedimientos de consulta –en la práctica, la inexistencia de prácticas de consulta supone que dichas reuniones se limiten las más de las veces a adoptar posiciones sobre medidas y deci-siones que ya han sido adoptada y que ya están siendo aplicadas– como en materia de formalización.


La institución que se propone encarnaría la voluntad de extender el modelo de consulta social europeo a la Asociación Euromediterránea, y debería ser obligatoriamente consultada en relación con todas las inicia-tivas económicas y sociales euromediterráneas (es decir, en relación con los tres capítulos de la Asociación Euromediterránea). Sus dictámenes no serían vinculantes, pero sus representantes serían invitados a asistir a las reuniones del Comité EUROMED y a las Conferencias Ministeriales como observadores. Es cierto que ésta es una práctica que no está muy extendida ni siquiera a nivel nacional o europeo, pero no lo es menos que las reuniones euromediterráneas a este nivel tienen una función y unos contenidos políticos meramente declarativos-orientativos, y esto sería una forma de compensar el enorme déicit democrático de que adolecen las instituciones euromediterráneas.

Para resolver el problema de la inexistencia de CES como tales en algu-nos países (como Siria, Jordania, Egipto y Marruecos), cada país podría designar un organismo similar (es decir, un organismo en el que estén representados los principales interlocutores sociales) para que actuara como parte del EUROMEDCES o, alternativamente, dividir la representa-ción entre organismos representativos de los tres “sectores” de los inter-locutores sociales, siempre y cuando respeten el formato institucionali-zado y se comprometan a avanzar hacia el establecimiento de un sistema homogéneo de CES (esto no debería plantear mayores problemas en un contexto en el que cada vez son más numerosas las referencias a los valo-res comunes y la convergencia legislativa, por ejemplo en el marco de la Política Europea de Vecindad, teniendo en cuenta que la armonización normativa e institucional es un elemento común a muchos otros ámbitos de la cooperación euromediterránea).

Para evaluar los avances, se elaboraría un breve informe anual sobre el estado de la consulta social en cada país euromediterráneo, informe que sería discutido y publicado en el marco de las instituciones euromedite-rráneas, incluyéndose en los Planes de Acción de Vecindad nacionales la creación de un CES en aquellos países en los que no exista ya. Alternati-vamente, los países que no contaran con CES formalmente establecidos sólo tendrían derecho a designar observadores, y no miembros de pleno derecho, ante el EUROMEDCES. De este modo, el propio funcionamiento de dicha institución fomentaría el establecimiento y la consolidación de CES nacionales en los PAM, y reforzaría el diálogo social institucionali-


zado tanto a nivel nacional en los propios PAM como a nivel euromedi-terráneo.

Con el in de evitar la burocratización, al menos en una primera etapa el EUROMEDCES no tendría una existencia física-burocrática propia, es decir, no dispondría de su propia sede ni de su propio personal. Funcio-naría más bien como una red de representantes comisionados por los organismos miembros, tal vez con una pequeña secretaría (¿rotatoria?) compartida por dos CES nacionales (un CES europeo nacional o el CES de la UE y uno del sur). Esto, a su vez, supondría que los recursos inan-cieros necesarios para ponerlo en funcionamiento serían muy limitados, reducidos prácticamente a la inanciación de varias reuniones al año, los informes de expertos necesarios para servir de base a los dictámenes del EUROMEDCES y una cantidad reducida (sobre la base de la coinan-ciación) para los representantes de los organismos miembros. Así pues, se adoptaría un enfoque intensivo en procedimientos y no intensivo en recursos.

La composición del EUROMEDCES sería paritaria, es decir, con un número igual de miembros de los Países Asociados Mediterráneos y de la UE (parece razonable un número de 30-30 que permitiera un represen-tante de cada sector de cada PAM, al mismo tiempo que se mantiene un número total funcional), pero también en el sentido de una representa-ción paritaria de los tres sectores (empresarios, trabajadores y economía social –agricultores– universidad y otros).

Por supuesto, la puesta en práctica de estas propuestas requeriría un período de preparación y transición previo para realizar todas las tran-sacciones políticas necesarias (entre diferentes modelos de CES en el norte-sur del Mediterráneo, entre el CES de la UE y los CES nacionales europeos), y para deinir claramente las funciones, medios y reglas de funcionamiento del EUROMEDCES. La experiencia del Comité Consultivo Conjunto UE-Turquía podría ser muy útil a este respecto. Pero el mero inicio de este proceso enviaría una señal muy clara sobre la voluntad polí-tica para implicar a la sociedad civil en la Asociación Euromediterránea. También daría un signiicado inmediato a las reuniones y actividades de la red de CES euromediterráneos y probablemente impulsaría un círculo virtuoso de consulta social en la región.


Propuestas para promover los derechos humanos y la participación de la mujer en la vida económica, social y política mediante

la Asociación Euromediterránea

Marc Schade-Poulsen

Director Ejecutivo

Red Euromediterránea de Derechos Humanos

Cuando se creó la Asociación Euromediterránea (AEM), en noviembre de 1995, uno de sus principales logros fueron los considerables compro-misos en materia de derechos humanos contraídos por los (entonces) 27 países asociados.

El objetivo general de la AEM consiste en crear un área de paz, estabilidad y desarrollo en la región euromediterránea. Su principal componente es la creación de una zona de libre comercio a nivel regional, un diálogo político más luido y una intensiicación de los intercambios sociales y culturales mediante la cooperación regional y los acuerdos de asociación bilaterales entre la UE y los Países Asociados Mediterráneos (PAM).

Sin embargo, al adoptar la Declaración de Barcelona los países asocia-dos se comprometieron a respetar y promover los derechos humanos y reconocieron el importante papel que desempeña la sociedad civil, comprometiéndose a actuar de acuerdo con la Carta de Naciones Uni-das y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a desarrollar el Estado de derecho y la democracia en sus sistemas políticos, a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, a luchar contra las manifestaciones de intolerancia, racismo y xenofobia, etc.

Los países asociados también convinieron en reconocer el papel esencial que puede desempeñar la sociedad civil en el proceso de desarrollo de la cooperación euromediterránea y en fomentar acciones de apoyo a las

instituciones democráticas y a la consolidación del Estado de derecho y de la sociedad civil.

Además, todos los Acuerdos de Asociación bilaterales –instrumentos cla-ves en la nueva coniguración geopolítica euromediterránea– incluyen una cláusula de derechos humanos jurídicamente vinculante (el artículo 2) en la que se establece que el respeto por los derechos humanos y los principios democráticos es un elemento esencial de la Asociación.

El presente artículo pretende proporcionar una evaluación general de hasta qué punto se han cumplido las promesas realizadas en Barcelona en 1995 y valorar la atención que se ha prestado a los derechos humanos en el marco de la Asociación Euromediterránea tanto a nivel regional multilateral como a nivel bilateral durante este período. También se rea-lizan una serie de propuestas sobre cómo fortalecer los derechos huma-nos y la democratización en el marco de la AEM.

Haremos hincapié en la relación entre los derechos humanos y los aspec-tos institucionales del Proceso de Barcelona, más que en la realidad empírica de los derechos humanos sobre el terreno. Esto último reque-riría una amplia descripción de la situación de los derechos humanos en cada uno de los países de la Asociación, algo que no sólo está fuera del alcance de un artículo como éste, sino que ya se hace adecuadamente en los informes anuales de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos1.

Este capítulo está estructurado de acuerdo con la propia coniguración de la AEM, abordando en un primer momento el nivel regional y poste-riormente el nivel bilateral, para referirse inalmente a otros aspectos de interés de la AEM.

1 Para una evaluación previa, véase Barcelona + 5: What Results for Human Rights? White Book pre-

sented to the Euro-Mediterranean Ministerial Meeting in Marseille (Amnistía Internacional, Artículo 19, REMDH; FIDH, Human Rights Watch, OMCT, Penal Reform International Reporteros sin Fronteras), noviembre 2000.


Evaluación de la AEM

a. El nivel regional

Si consideramos retrospectivamente la experiencia de estos diez últimos años, será muy difícil poder airmar que la AEM haya contribuido a mejo-rar la situación de los derechos humanos en la región ni que los principios en que se basan los derechos humanos hayan sido aplicados de manera coherente y consistente en el marco de la cooperación regional.

Salvo en el caso de Turquía, las pocas mejoras signiicativas que se han producido en esta última década –como la Instancia Equidad y Reconci-liación y la reforma de la Mudawana2 en Marruecos– han respondido fun-damentalmente a dinámicas de cambio internas en los respectivos países, y no a una reacción proactiva entre los países asociados a la Declaración de Barcelona. Los cambios positivos registrados en Turquía se deben a una estrategia bilateral de preadhesión y no a la dinámica creada por el Proceso de Barcelona. Los tímidos indicios de cambio que se aprecian recientemente en algunos PAM –como los movimientos populares en Líbano que han conducido a la salida de las tropas sirias y ciertos indicios de reforma en Egipto– son el resultado mucho más de la compleja situa-ción creada por la creciente presencia de Estados Unidos en la región que de la AEM como tal, pues esta última ha actuado más bien de forma reactiva y no proactiva en relación con las reformas.

En este contexto, debe señalarse con preocupación que, tras los atenta-dos del 11 de septiembre de 2001, la región ha experimentado, tanto en el norte como en el sur, un aumento de las restricciones y violaciones de las libertades civiles, por más que, en los documentos de la AEM, se haga una referencia sistemática a los derechos humanos cada vez que se habla de la lucha contra el terrorismo. También los derechos de los inmigrantes y de los solicitantes de asilo se han visto sometidos a constantes ataques, tal como ha puesto en evidencia recientemente la interceptación expedi-tiva por parte de las autoridades españolas e italianas de los inmigrantes africanos que intentaban entrar en patera en Italia o España o bien a pie en Ceuta y Melilla y su devolución a Libia, Marruecos o Mauritania.

2 El Código del Estatuto Personal, actualmente Código de la Familia.


También resulta descorazonador comprobar la creciente marginalización que se ha producido en los últimos diez años de los derechos humanos como base para la paz en el enfoque adoptado en el marco de la AEM en relación con el abortado Proceso de Oslo, la Hoja de Ruta y los actuales planes unilaterales israelíes para la retirada de Gaza3.

Existen varios problemas estructurales graves en materia de derechos humanos relacionados con el poder judicial, como la existencia en varios países de tribunales de excepción (tribunales de seguridad del estado, tribunales militares, etc.), que constituye la expresión más evidente de la subordinación de la justicia y del poder judicial al poder político4.

La cuestión de las personas desaparecidas en países como Argelia, Líbano y Siria sigue siendo una cuestión sumamente importante que hasta ahora prácticamente no se ha abordado, así como, evidentemente, las limitaciones de las libertades fundamentales y el uso sistemático de la tortura en muchos PAM, además de las discriminaciones jurídicas que contienen la mayoría de los Códigos de Familia de la región.

Un repaso de las conclusiones de la presidencia de las conferencias minis-teriales celebradas durante los años transcurridos desde Barcelona 1995 conirma la idea de la marginalización de los derechos humanos a escala regional. Sólo a partir del 11 de septiembre de 2001, las referencias a los derechos humanos adquirieron cierto relieve, como por ejemplo en las Conclusiones y el Plan de Acción de Valencia.

En términos generales, los derechos humanos han quedado relegados a un nivel declaratorio, evitándose cuidadosamente cualquier referen-cia a las obligaciones vinculantes de los países asociados de respetar las normas internacionales de derechos humanos. Hubo que esperar a la Comunicación de la Comisión sobre el reforzamiento de los derechos humanos y la democratización en la región mediterránea (mayo de 2003) y la Comunicación de la Comisión de la UE relativa a un programa de trabajo para afrontar los desafíos durante los próximos cinco años (abril

3 Véanse, por ejemplo, dos informes de la REMDH: Tightened Spaces for Human Rights - Palesti-

nian NGO Work, documento de discusión, marzo de 2004 y A Human Rights Review on EU and Israel

– Relating Commitments to Actions, diciembre de 2004.4 Véase Justice in the South and East Mediterranean Region, (Sian Lewis-Anthony y Mohammed Mouaqit), REMDH, Copenhague, 2005.


de 2005) para encontrar propuestas que pueden traducirse en compro-misos de carácter más vinculante.

El análisis detallado de las actividades llevadas a cabo en el marco de los diferentes capítulos del Proceso de Barcelona ilustra perfectamente las anteriores airmaciones.

Primer Capítulo

En el primer capítulo del Proceso de Barcelona, resulta difícil identiicar alguna iniciativa que no sea de carácter declaratorio.

En algún momento, los altos funcionarios intercambiaron información sobre los convenios internacionales de derechos humanos irmados o ratiicados por sus respectivos países e iniciaron una (breve) serie de presentaciones sobre los motivos por los cuales algunos países habían formulado reservas a algunos de dichos convenios.

En una ocasión, los altos funcionarios también invitaron a representantes de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH) a intervenir en una de sus reuniones, y en los cursos de formación de jóvenes diplo-máticos de Malta y las reuniones anuales de EuroMeSCo se han incluido sesiones especíicamente referidas a los derechos humanos.

Dos documentos relativos a la dimensión regional del Proceso de Bar-celona pusieron de relieve la tendencia posterior al 11 de septiembre a hacer referencias declaratorias más explícitas a los derechos humanos, la democracia, la gobernanza y la independencia del poder judicial, sin dejar por ello de ser documentos de carácter no vinculante, a saber, el Programa de 2002 para la cooperación en el ámbito de la justicia, la lucha contra el narcotráico, la delincuencia organizada y el terrorismo, así como de cooperación en el tratamiento de cuestiones relativas a la integración social de los inmigrantes, la migración y los movimientos de personas y el Programa Indicativo Regional 2004-2006. Sin embargo, dichos documentos no fueron seguidos de ninguna acción operativa en materia de derechos humanos, puesto que no proponían ninguna actividad, programa o línea presupuestaria especíicos para apoyar las actividades directamente referidas a estas cuestiones.


Otro documento, la Comunicación de la Comisión sobre el reforzamiento de las acciones de la UE en materia de derechos humanos y democratiza-ción con los socios mediterráneos, propone 10 recomendaciones suma-mente operativas para promover los derechos humanos y el diálogo en materia de derechos humanos en la región. Dicha Comunicación fue aprobada por el Consejo de la UE mediante las Conclusiones de la Presi-dencia de las conferencias ministeriales, y ha sido muy bien acogida por las ONG de derechos humanos. Sin embargo, su estatus actual resulta un tanto ambiguo, pese a que en la Comunicación de la Comisión relativa a un programa de trabajo para afrontar los desafíos durante los próximos cinco años se hace referencia expresa a dicho documento, y todavía no está claro si se verá relegada por la Política Europea de Vecindad (PEV) y los Planes de Acción de Vecindad.

Segundo Capítulo

Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes e interrelacionados, tal como se señala en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 194� y se reairma en la Decla-ración y el Programa de Acción de Viena de 1993. Sin embargo, un repaso de las actividades y programas acometidos en el marco del Segundo Capítulo de la Declaración de Barcelona relativo a la cooperación econó-mica y inanciera pone de maniiesto que, aunque los artículos 3 y 11 del Reglamento MEDA reiteran que el respeto de los derechos humanos y la democracia son elementos esenciales de la cooperación, no existe, en el marco de este capítulo, ningún procedimiento ni intento sistemático de incorporar las preocupaciones relativas a los derechos humanos (ni en la fase de programación ni en las de ejecución o evaluación).

Esto signiica, por ejemplo, que no se ha establecido ningún mecanismo de veto como garantía contra los daños directos o colaterales derivados del diseño y la ejecución de los proyectos MEDA, incluidos los programas de apoyo presupuestario al ajuste estructural (ver la Propuesta nº � del Resumen Ejecutivo). Ninguna de las evaluaciones de los programas y pro-yectos comunitarios ejecutados en el marco del segundo capítulo han incluido hasta ahora una perspectiva especíica de derechos humanos. Los beneiciarios de la ayuda en la región no están siendo considera-dos como titulares de derechos que tanto los países asociados como la Unión Europea tienen la obligación de garantizar, con lo que se excluye cualquier posibilidad de proporcionar alguna forma de compensación


cuando se producen efectos negativos5.

Esto implica asimismo que las cuestiones regionales relativas al libre comercio y su impacto sobre los derechos humanos (como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho al desarrollo y los derechos de los traba-jadores migrantes) no han sido abordadas en el marco de la AEM.

Derechos de las mujeres

La única referencia más o menos explícita a los derechos humanos que se hace en el segundo capítulo es el reconocimiento del papel clave de la mujer en el desarrollo y el compromiso de fomentar su participación activa en la vida económica y social y en la creación de empleo.

Durante las presidencias portuguesa y belga de la AEM se celebraron dos conferencias sobre esta cuestión. Un primer paso positivo es el lanza-miento de un pequeño programa regional de la UE que, para llegar a ser signiicativo, debería tener continuidad y ampliarse para cubrir un rango más amplio de derechos de las mujeres, incluida la cuestión de la integra-ción de la perspectiva de género a todos los niveles de la cooperación.

No obstante, la Declaración de Barcelona no reconoce de manera explícita la relación existente entre derechos humanos, democracia, desarrollo y derechos de las mujeres, y en la región euromediterránea se aprecia una tendencia generalizada, por parte de los gobiernos y de las instituciones de la UE, a considerar los derechos de las mujeres como una cuestión de normas religiosas y tradiciones culturales que, por consiguiente, debe tratarse como una cuestión interna.

Son varios los países asociados de la AEM que discriminan contra las mujeres en sus Códigos sobre el Estatuto Personal o su legislación penal, en materia de nacionalidad o en relación con otros aspectos. Además, las mujeres se ven discriminadas en materia de educación y empleo y de representación política. La violencia contra las mujeres, tanto física como psicológica, está muy extendida en toda la región euromediterrá-nea, tanto por parte del Estado como de actores no estatales y dentro del ámbito familiar.

5 Véase Human Rights Implications of the Meda Programmes (Iain Byrne y Charles Shamas), REMDH, Copenague 2002.


Pese a que recientemente se ha puesto de relieve la importancia de la igualdad de género para la promoción de la democracia (véanse los Informes sobre el Desarrollo Humano Árabe del PNUD), sigue habiendo una serie de barreras que impiden la involucración internacional activa en la promoción de los derechos de las mujeres, concretamente las reser-vas formuladas por los países del Norte de África y de Oriente Medio al Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)6.

Hubo que esperar hasta noviembre de 2001 para que en las conclusiones inales de una conferencia ministerial euromediterránea se mencionaran las cuestiones de género, y aún hoy en día los derechos de las mujeres siguen abordándose de forma incoherente en las Estrategias Nacionales, los Programas Indicativos Nacionales y los Planes de Acción de Vecindad elaborados en el marco de la Asociación Euromediterránea.

Tercer Capítulo

Es posible encontrar, en el Tercer Capítulo de la Declaración de Barce-lona, más ejemplos concretos de iniciativas destinadas a la promoción de los derechos humanos7: en primer lugar, los Foros Civiles, que, desde el Foro Civil de Stuttgart de 1999, han situado los derechos humanos en un lugar preponderante de su agenda, lo que recientemente (en Chipre en junio de 2004) se tradujo en la adopción de una Carta de la Sociedad Civil basada en los valores de los derechos humanos.

Asimismo, deben mencionarse varias conferencias de Wilton Park (coi-nanciadas por fondos MEDA) que reunieron a activistas de derechos humanos, funcionarios gubernamentales y expertos para dialogar sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Un semina-rio inanciado por fondos MEDA sobre acceso a la justicia en la región euromediterránea celebrado en mayo de 2001 hizo lo propio, así como una reunión de la sociedad civil sobre los derechos de los emigrantes y los refugiados celebrada bajo presidencia alemana en febrero de 1999,

6 Véase el informe The Integration of Women’s Rights into the Euro-Mediterranean Partnership,

(Rabea Naciri e Isis Nusayir), REMDH, Copenague 2003.7 Está fuera del alcance de este capítulo examinar hasta qué punto los derechos culturales han sido promovidos y protegidos en el marco de la AEM.


cuyas conclusiones fueron presentadas posteriormente en una reunión de altos funcionarios euromediterráneos.

Estas reuniones han tenido un papel muy importante para romper el hielo entre personas que de otro modo raramente se encuentran.

Por último, hay que mencionar el hecho de que los derechos humanos han sido incluidos como uno de los temas preferentes de la Plataforma EuroMed Juventud, así como de la recién creada Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre las Culturas. Además, los derechos humanos cons-tituyen una de las preocupaciones centrales de la recientemente creada Plataforma No Gubernamental EuroMed, reconocida como co-organiza-dora de los Foros Civiles tras la Conferencia Euromediterránea de Dublín (en mayo de 2004).

Aún así, es importante añadir que, hasta el día de hoy, ni una sola de las conclusiones en materia de derechos humanos de las reuniones celebra-das en el marco del tercer capítulo parece haberse traducido en acciones operativas concretas por parte de las instancias oiciales, y no es posible identiicar ni un solo programa en el marco del tercer capítulo en el que los derechos humanos iguren como la cuestión principal. Hay que dirigir la atención hacia programas y actividades pertenecientes al ámbito bila-teral o que se sitúan fuera del ámbito estricto de la AEM (véase más abajo) para encontrar iniciativas especíicas en materia de derechos humanos.

b. El nivel bilateral

La dimensión bilateral del Proceso de Barcelona puede haber tenido un impacto algo mayor sobre la situación de los derechos humanos en deter-minados países8, y la promoción y protección de los derechos humanos parece ocupar un lugar cada vez más prominente en las relaciones bila-terales entre la UE y los Países Asociados Mediterráneos.

� Sin embargo, las políticas de la UE a este respecto siguen siendo muy limitadas, y se aplican de forma incoherente. Un ejemplo de esta incoherencia es la reforma del Código de la Familia en Marruecos (la Mudawana) que, entre otros factores, fue el resultado de una cooperación exitosa entre los grupos feministas, algunos de los cuales llegaron a recibir en algún momento fondos de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). Sin embargo, el hecho de que la UE interrumpiera la inanciación de las ONG de derechos humanos precisamente en el momento álgido de dicha campaña es un buen ejemplo de la falta de una estrategia de la UE en Marruecos (Marruecos no fue seleccionado como país prioritario en el marco de la IEDDH, por lo que no se asignó ningún fondo a las cuestiones de derechos humanos en el PIN 2002-2004).


Las cláusulas de derechos humanos incluidas en los Acuerdos de Asocia-ción bilaterales son compromisos jurídicamente vinculantes de respeto de los derechos humanos. Ahora que todos los Acuerdos de Asociación (salvo el de Siria) han entrado en vigor, parece que las preocupaciones en materia de derechos humanos empiezan a plantearse de una manera más sistemática en las reuniones de los Consejos y Comités de Asociación, aunque sigue habiendo una falta de consistencia y de verdadero diálogo sobre esta cuestión. Además, los países de la UE tienden a converger en torno al mínimo común denominador a la hora de llegar a un acuerdo sobre la forma en que pueden plantearse críticas decididas sobre deter-minadas cuestiones.

Hay que congratularse de que varias de las Estrategias País de la UE para 2002-06 y actualmente la mayoría de los Planes Indicativos Nacionales 2005-06 para los países mediterráneos aborden la cuestión de los dere-chos humanos e incluyan programas de derechos humanos inanciados con cargo a los fondos MEDA. Sería muy importante que la UE evaluara estos programas y su impacto sobre la situación sobre el terreno.

c. La Política Europea de Vecindad

La evolución más importante que se está produciendo actualmente radica en los Informes País y los Planes de Acción elaborados en el marco de la nueva Política Europea de Vecindad.

La Política Europea de Vecindad fue esbozada por vez primera por la Comisión Europea en marzo de 2003 en su Comunicación “Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa”9.

Esta Comunicación contiene una sección sobre la promoción de los dere-chos humanos como base para “esforzarse más por crear una imagen positiva en los países vecinos y luchar contra los estereotipos, que inlu-yen en las percepciones de los países vecinos en la UE [...]” y “contribuir al desarrollo de una sociedad civil sólida a in de fomentar libertades fundamentales tales como la libertad de expresión y de asociación”.

9 COM(2003)104 inal, de 11 de marzo de 2003 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0104es01.pdf).


Pese a algunos defectos10, la Comunicación abre nuevas posibilidades para abordar de una manera proactiva las cuestiones referidas a los dere-chos humanos en la región euromediterránea, especialmente a nivel bilateral.

Un análisis de los siete Informes País elaborados por la Comisión Euro-pea11 pone de maniiesto que todos se hacen eco de muchas de las prin-cipales preocupaciones en materia de derechos humanos que existen en cada uno de dichos Estados. El hecho de que los informes de la Comisión Europea sean en ocasiones bastante críticos sobre la situación de los derechos humanos en dichos países atestigua cuánto ha avanzado la UE por lo menos a la hora de realizar una evaluación más objetiva. Cada uno de los informes incluye una lista de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por cada uno de los Estados.

En términos generales, el contenido de la PEV incorpora muchas de las cuestiones prioritarias identiicadas en los Informes País. Al mismo tiempo, pese a tratarse de un proceso paralelo a los Programas Indi-cativos Nacionales MEDA, ponen un mayor énfasis sobre los derechos humanos que aquellos, gracias a la referencia que hacen (aunque no en todos los casos) a la necesidad de cumplir las obligaciones derivadas de los tratados internacionales y al uso de mecanismos de seguimiento para medir los avances realizados.

También debe acogerse favorablemente la propuesta de crear subcomi-tés sobre derechos humanos en varios países12.

Con todo y con eso, sigue prevaleciendo una concepción un tanto reduc-cionista de los derechos humanos, ya que los Informes País y los Planes

10 Entre otros, el que la Comunicación no contenga ninguna referencia a los principales conve-nios de Naciones Unidas en materia de derechos humanos ratiicados por los países asociados, de modo que dichos instrumentos san utilizados como base para la deinición de referencias para medir los avances en la aplicación de los Planes de Acción nacionales.11 Egipto, Israel, Líbano, Marruecos, Autoridad Nacional Palestina y Túnez.12 Estos subcomités reunirán a funcionarios de la Comisión Europea, la presidencia de la Unión Europea y los Estados miembros y de cada uno de los Países Asociados Mediterráneos de que se trata con el in de trabajar de manera especíica sobre la cuestión de los derechos humanos. Una primera reunión de este tipo puede celebrarse dentro de poco con Jordania y dentro de unos meses con Marruecos. El borrador del Plan de Acción con Túnez incluía la creación de un subco-mité de este tipo, pero el Gobierno tunecino parece haberse echado atrás sobre esta cuestión. El Plan de Acción con Israel preveía la creación de un subcomité sobre derechos humanos, pero lamentablemente este elemento fue retirado de la versión inal del Plan.


de Acción adoptados en el marco de la PEV se centran predominante-mente sobre los derechos civiles y políticos.

Los derechos económicos, sociales y culturales sufren de una total falta de atención, tal como lo evidencia el hecho de que en la sección correspondiente a las cuestiones económicas y sociales no se haga nin-guna referencia en absoluto a los derechos humanos, pese al potencial impacto negativo sobre éstos que pueden tener políticas como los pla-nes de ajuste estructural y las reformas de mercado. Cuestiones como el desarrollo, la educación y la pobreza tampoco se presentan en términos de los derechos correspondientes con arreglo al Pacto Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros convenios internacionales relevantes que tienen carácter vincu-lante para los países asociados. Tampoco en el capítulo correspondiente a justicia y asuntos de interior iguran de manera signiicativa los derechos humanos, pese a su indudable impacto sobre diversas libertades civiles.

Además, no se hace ninguna mención acerca de qué referencias e indi-cadores especíicos serán utilizados, cómo se evaluarán los avances ni cuáles serán los calendarios de aplicación. Una buena parte de las activi-dades parecen limitarse a “abrir el diálogo” o “explorar las posibilidades”, sin calendarios ni resultados concretos como los especiicados en Comu-nicaciones anteriores.

Por último, hasta ahora no se ha otorgado prácticamente ningún papel al diálogo y la consulta con la sociedad civil en el proceso de elaboración, aplicación y evaluación de los Planes de Acción. Esto entra en contradic-ción con el texto de la Comunicación de la Comisión Un nuevo impulso a

las iniciativas de la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democra-

tización, en colaboración con los socios mediterráneos y con la Asociación Estratégica de la UE con el Mediterráneo y Oriente Medio adoptada en junio de 2004.

d. Otras acciones relacionadas con la AEM y los derechos humanos en la región

La iniciativa más visible y exitosa en materia de promoción de los dere-chos humanos es la promovida por la Iniciativa Europea para la Democra-cia y los Derechos Humanos (IEDDH, originalmente el Programa MEDA-Democracia, creado a petición del Parlamento Europeo para promover la


sociedad civil independiente y el trabajo en materia de derechos huma-nos en la región).

En el marco de este programa se ha inanciado a numerosas ONG locales de derechos humanos, habiendo surgido importantes iniciativas regio-nales de base, como la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, el Programa Regional de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), el Instituto de Estudios de los Derechos Humanos del Cairo, el Instituto Árabe de Derechos Humanos, Penal Reform Internatio-nal, etc. Dichas iniciativas han proporcionado oportunidades reales –a menudo con el apoyo del Parlamento Europeo- de intercambio intercul-tural, desarrollo de capacidades y deinición de políticas hasta el punto de que las ONG de derechos humanos de la región se encuentran entre los defensores más acérrimos de la cooperación regional.

Sin embargo, este éxito relativo se ha visto obstaculizado en gran medida por las restricciones jurídicas y prácticas impuestas al trabajo de defensa de los derechos humanos en la mayoría de los países del sur del Mediterráneo, siendo los casos más conocidos la detención de Saad El-Din Ibrahim, Director del Centro Ibn Khaldun de Estudios del Desarro-llo, bayo la acusación de haber recibido fondos extranjeros sin la debida autorización gubernamental previa, así como la congelación por parte del Gobierno tunecino de los fondos de la IEDDH concedidos a la Liga Tunecina de Derechos Humanos.

También el mal funcionamiento y las incesantes reestructuraciones de la IEDDH, incluida la interrupción de la inanciación a algunas de las iniciati-vas más exitosas, han obstaculizado el trabajo de la sociedad civil.

En términos generales, la AEM se ha beneiciado en un grado innecesaria-mente escaso de estas iniciativas, y no ha habido un diálogo permanente entre los grupos de defensa de los derechos humanos y los funcionarios de la Asociación, salvo en el marco de reuniones y conferencias de carác-ter más informal13.

13 Se acogieron favorablemente dos conferencias subregionales convocadas por la Comisión Europea en Amman y en Casablanca en el año 2002 para consultar con las ONG sobre la IEDDH, pero lamentablemente los informes correspondientes a dichas reuniones, que incluían importan-tes recomendaciones, nunca llegaron a ser publicados.


En conclusión, cabe airmar que:

• En general, la situación de los derechos humanos en la región no ha mejorado desde 1995.

• El lenguaje de los derechos humanos ha ido incorporándose lentamente a los documentos regionales de carácter declaratorio (pero no vinculante) de la AEM y de la UE, pero esto no se ha plasmado todavía en un diálogo político a escala regional ni en actividades o programas concretos en materia de derechos humanos.

• La AEM ha abordado de manera casi exclusiva las cuestiones relativas a los derechos civiles y políticos, ignorando las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores migrantes y los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, la promoción de los derechos humanos ha ido en detrimento de una visión coherente y holística de los derechos basada en el desarrollo y la cooperación.

• La promoción de los derechos humanos a escala regional ha sido mar-ginalizada en favor de un enfoque bilateral con un fuerte énfasis en los derechos civiles y políticos. Las iniciativas más sistemáticas y prometedo-ras parecen encontrarse en este último nivel. Es demasiado pronto para anticipar cómo van a funcionar los Planes de Acción de la PEV. Teniendo en cuenta la falta de indicadores de referencia y de calendarios, casi todo dependerá de la voluntad político-diplomática y de la prioridad que se otorgue a la agenda de derechos humanos.

• El análisis de los Planes de Acción de Vecindad, la Comunicación de la Comisión Un nuevo impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito de los

derechos humanos y la democratización, en colaboración con los socios

mediterráneos y otros documentos, se llega asimismo a la conclusión de que en el marco de la AEM se ha creado un amplio espectro de instru-mentos de promoción de los derechos humanos que pueden utilizarse de forma constructiva en el futuro. Sin embargo, sigue sin haber:

Mecanismos para establecer indicadores de referencia Mecanismos para la integración de la perspectiva de género a todos los niveles de cooperación Un diálogo sistemático y coherente y apoyo a la sociedad civil La promoción de un enfoque regional global de la promoción de los derechos humanos que tenga en cuenta la indivisibilidad de los derechos

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Colmar estas lagunas y aportar la dosis necesaria de voluntad política para poner en práctica dichos instrumentos deberían ser las priorida-des para el futuro.

Propuestas

a. Propuestas generales

El cumplimiento de los objetivos del Proceso de Barcelona en materia de derechos humanos implica ante todo la aplicación y/o la consolidación de los instrumentos existentes, y en primer lugar

La aplicación y el reforzamiento de la Comunicación de la Comisión Un nuevo impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito de los

derechos humanos y la democratización, en colaboración

con los socios mediterráneos

Dicha Comunicación realiza 10 recomendaciones concretas para mejo-rar el diálogo entre la UE y sus socios regionales y garantizar la comple-mentariedad entre el diálogo político y la asistencia inanciera, entre la asistencia prestada en el marco del Programa MEDA y en el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) y entre la dimensión nacional y la dimensión regional.

Las 10 recomendaciones se distribuyen entre diversos ámbitos de la asociación de la UE con sus socios, y establecen una especie de marco normativo que puede servir de referencia para evaluar los avances tanto en términos de proceso como en términos de fuentes de información.

Dentro del capítulo relativo al Diálogo entre la UE y sus socios mediterrá-neos, se formulan cuatro recomendaciones:

La Recomendación nº 1 exige la inclusión sistemática de las cuestiones relativas a los derechos humanos y la democracia en todos los diálogos que se mantengan sobre una base institucional y el estudio de la posibi-lidad de crear subgrupos técnicos que aborden tales cuestiones. Con ello se pretende hacer mayor hincapié en los aspectos operativos, incluida la cooperación en cuestiones como las reformas jurídicas y los marcos jurídicos que regulan el funcionamiento de las ONG y otros actores no estatales.


La Recomendación nº 2 instruye a las Delegaciones de la Comisión en cada país para que elaboren Informes País detallados sobre la situación de los derechos humanos y que los actualicen periódicamente para que sean objeto de debates sistemáticos entre los jefes de misión.

La Recomendación nº 3 prevé una mayor coordinación entre las Dele-gaciones de la Comisión y las embajadas de los Estados miembros, en concreto celebrando reuniones de expertos a escala nacional relativas a los aspectos del Programa MEDA que afectan a los derechos humanos, incrementando la contribución a las reuniones de los jefes de misión relativas a los derechos humanos y la democracia y esforzándose para desempeñar un papel más activo en la aplicación de las Resoluciones y Recomendaciones de Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular mediante el seguimiento de las recomendaciones formuladas por los órganos instituidos por los tratados de las Naciones Unidas y en relación con las visitas de los relatores especiales.

La Recomendación nº 4 pretende facilitar el diálogo entre los gobiernos de los estados socios y la sociedad civil mediante reuniones periódicas.

Las Recomendaciones nº 5 y nº 6 relativas a los objetivos y el contenido de los planes nacionales y regionales de acción siguen en la misma línea de intentar deinir un enfoque más sistemático de evaluación de los avan-ces en materia de derechos humanos. En el caso de la primera de ellas, se prevé que los planes nacionales de acción analicen el contexto y la situa-ción de cada país, en particular por lo que se reiere a la legislación sobre derechos humanos, elaborar una lista de puntos concretos de acción con plazos claros, acompañada de criterios de resultado mensurables, deinir al mismo tiempo la asistencia técnica y inanciera necesaria para lograr los objetivos y las metas concretas. Entre los objetivos especíicos se mencio-nan el análisis de los derechos constitucionales y otros derechos legales y la propuesta de las reformas apropiadas, el apoyo a la aplicación de los tratados sobre derechos humanos de los que sea parte cada Estado y el fomento de la adhesión de los Estados a los instrumentos internacionales que todavía no haya ratiicado, el análisis de la posición y los derechos de la mujer en sus respectivas sociedades y la presentación de propuestas sobre la mejor manera de asociarlas al desarrollo de su país, el apoyo a la instauración de estructuras legislativas y administrativas adecuadas, el apoyo a la integración de un diálogo nacional con la sociedad civil, el fomento del intercambio de información sobre las mejores prácticas y el


fortalecimiento de la capacidad de las ONG locales mediante la forma-ción y el desarrollo de competencias. Los planes regionales de acción se centrarán en las cuestiones de cooperación regional, tales como los derechos de las mujeres y la cooperación en el ámbito de la justicia.

El resto de las recomendaciones se centran en la integración de los derechos humanos a todos los niveles mediante el proceso de programa-ción de los Programas MEDA, reiriéndose la Recomendación nº 7 a los Programas Indicativos Nacionales, la Recomendación nº � al Programa Indicativo Regional y las Recomendaciones nº 9 y nº 10 a la IEDDH.

En su conjunto, las diez recomendaciones marcan un hito importante en la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos en la región, a la vez que deinen líneas concretas de acción para la AEM.

Sin embargo, deberían reforzarse asegurando desde un primer momento que:

• Los Informes País propuestos se basan en las normas más elevadas en materia de derechos humanos, y son públicos y por tanto pueden ser objeto de debate público. De lo contrario, las políticas de la AEM en mate-ria de derechos humanos seguirán adoleciendo de falta de transparencia y los avances o retrocesos en las relaciones bilaterales entre la UE y los PAM no podrán ser evaluados de forma sistemática.

• La integración de los derechos humanos en todos los ámbitos del Pro-ceso de Barcelona se asegura de un modo sistemático, efectivo, consis-tente y coherente. Esto implica, entre otras cosas, la creación de obliga-ciones tanto de resultado como de comportamiento en el marco de los proyectos MEDA, que ofrezcan la posibilidad de evaluar la ejecución de los proyectos en términos de derecho a la información, participación y compensación por los resultados inales. Para ello, la Agencia EuropAid debería acometer con carácter prioritario estudios piloto sobre las impli-caciones para los derechos humanos de las acciones MEDA en diversos sectores.

Por último, una condición previa para la puesta en práctica de los prin-cipios formulados en la citada Comunicación sería garantizar un apoyo inanciero eiciente, sostenido y a largo plazo a las estructuras locales y regionales de derechos humanos, a la vez que se promueve la eliminación


de las restricciones jurídicas que lastran el trabajo de la sociedad civil. En la región A este respecto, debería considerarse la conveniencia de:

• Crear en 2005-2006 un Programa MEDA regional de derechos humanos complementario a la IEDDH;

• Establecer un programa regional para la democracia y los derechos humanos en el marco del futuro Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación previsto para 2007-2013.

b. Propuestas a escala regional

La AEM debería establecer un Grupo de Trabajo a nivel multilateralcon el in de asesorar a los países asociados sobre cuestiones de derechos humanos de alcance regional

Tal como se ha indicado antes, hasta ahora la dimensión regional del Proceso de Barcelona en materia de derechos humanos ha sido bastante débil. La creación de un Grupo de Trabajo sobre esta materia en el marco de la AEM podría reforzar de forma signiicativa el multilateralismo.

Las prioridades de este Grupo de Trabajo serían:

• Dar un nuevo impulso a la aplicación de los instrumentos existentes a nivel regional.

• Crear vínculos directos entre las conclusiones y recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos (relatores especiales, grupos de trabajo, comisiones de segui-miento de los pactos y tratados...) y los debates sobre derechos humanos en el marco de la AEM a nivel tanto multilateral como bilateral.

• Analizar de qué modo interactúan los diversos elementos del Proceso de Barcelona y afectan a los derechos humanos. Esto incluiría, por ejem-plo, el análisis de la compleja e intrincada relación entre la creación de la zona de libre comercio y la protección y aplicación de los derechos económicos y sociales, entre ellos el derecho al trabajo y los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. También supondría la identii-cación de mecanismos regionales para intentar compensar a los titulares de derechos lesionados.


• Proponer acciones regionales en ámbitos de interés general como el cumplimiento de las normas y convenios internacionales, la cooperación en materia de justicia, incluida la lucha contra el terrorismo, y la pro-moción y protección de los derechos de los trabajadores migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo. Esto último debería incluir medidas para la ratiicación del Convenio internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares por parte de todos los países asociados.

• El Grupo de Trabajo debería proponer también mecanismos adecua-dos para establecer un diálogo temático estructurado y sistemático con las estructuras regionales de la sociedad civil más representativas en el ámbito de los derechos humanos.

La AEM debería elaborar una estrategia coherente para la igualdad de las mujeres en el Proceso de Barcelona

Hasta ahora, la cuestión de los derechos de las mujeres ha sido marginalizada en el Proceso de Barcelona por parte de los países asociados, a pesar del hecho de que el papel y la situación de las mujeres en la sociedad están directamente vinculados con el desarrollo sostenible y la democracia. Por esta razón, una de las principales preocupaciones de la Asociación debería ser promover la igualdad de género en la región. Esto implicaría replicar las mejores prácticas que existen en diversas partes de la región euromediterránea y dejar de considerar los derechos de las mujeres como una cuestión relacionada principalmente con las “normas religiosas y las tradiciones culturales”.

Para ello, sería necesario:

• La deinición de un programa general para estimular y apoyar la revisión del marco jurídico y político vigente con el in de incorporar las cuestiones de género, incluida la eliminación de las reservas formuladas al Convenio para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como la ratiicación del protocolo opcional del CEDAW.

• La integración a todos los niveles de la perspectiva de género en los tres capítulos de la AEM con el in de incluir los derechos de las mujeres y las cuestiones de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de


actividad, y no sólo en aquellos que tradicionalmente se consideran que afectan sobre todo a las mujeres.

• La integración a todos los niveles de los derechos de las mujeres en los procesos de diálogo sobre derechos humanos desarrollados en el marco de los Acuerdos de Asociación bilaterales, y su inclusión como parte inte-grante de los Informes País.

• El diseño de programas de discriminación positiva dentro de la AEM destinados a incrementar la participación de las mujeres en todas las áreas de actividad, apoyándolos con medios inancieros y técnicos apro-piados.

• El uso de la reducción de las disparidades de género como un indicador del éxito de las reformas y las prácticas jurídicas en el marco de las polí-ticas y estrategias de desarrollo de los países; la inclusión de un capítulo especíico sobre género en el Informe Anual sobre el Programa MEDA elaborado por la Comisión, y reservar una línea presupuestaria para la prevención de la discriminación y la violencia contra las mujeres en la región mediterránea tanto en los Programas MEDA como en la IEDDH.

• Garantizar que existen expertos en cuestiones de género entre el per-sonal operativo a todos los niveles de la Asociación Euromediterránea, tanto a nivel central como en sus representaciones y delegaciones en los países asociados.

• Incluir la representación de las organizaciones feministas independien-tes más representativas en los procesos de diálogo con la sociedad civil, estableciendo cuotas para la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en dichos procesos de consulta.


C. Propuestas a escala bilateral

Los Países Asociados Mediterráneos deberían adoptar medidas coherentes, consistentes y eicientes para la integración a todos los niveles de la perspectiva de derechos humanos en el marco de la cooperación bilateral

A nivel bilateral, deberían concentrarse los esfuerzos en la introducción de indicadores de referencia y plazos para la acción bien deinidos que ayudaran a evaluar los avances y retrocesos con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, y no sólo en función de criterios puramente políticos. Al igual que a escala regional, un aspecto impor-tante sería la promoción de un enfoque de derechos humanos basado en la indivisibilidad de los derechos que incluya procesos estructurados y sistemáticos de consulta con la sociedad civil. La integración a todos los niveles de las perspectivas de derechos humanos y de género en todos los procesos de diálogo político y programas es también aquí la clave. Por ello, se recomienda que:

• Cada uno de los Planes de Acción de Vecindad identiique los derechos correspondientes afectados por cada uno de los ámbitos de acción, tanto en términos de derechos civiles y políticos como en términos de dere-chos económicos, sociales y culturales. En particular, deberían hacerse ímprobos esfuerzos con el in de introducir este último conjunto de dere-chos en el análisis de la evolución económica y social general. En este contexto, la Unión Europea debería desarrollar con carácter prioritario metodologías sólidas y eicientes para la realización de evaluaciones de derechos humanos a nivel de proyecto, y la

Agencia EuropAid debería encargar urgentemente una serie de proyec-tos piloto en este ámbito.

• Todas las actividades que se emprendan deberían tener objetivos, resul-tados y plazos concretos e identiicar ejemplos de indicadores de refe-rencia basados en los compromisos internacionales del respectivo país asociado (por ejemplo, el artículo 10 del CEDAW garantiza el derecho de las mujeres a un acceso igual a la educación; el Plan de Acción nacional se propondrá garantizar para 2007 que el número de mujeres que entren en las instituciones de educación superior aumente del 5 al 15%; el cum-plimiento de este objetivo se medirá mediante el análisis de las estadís-


ticas educativas públicas oiciales, así como las cifras de matriculación universitaria y los informes de la UNESCO).

• Los Planes de Acción deberían reconocer la obligación de la UE de proporcionar asistencia inanciera, a través del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, para respetar los derechos de todas las partes implicadas, tanto por lo que respecta al modo en que se ejecutan los proyectos como por lo que respecta a sus resultados inales. Por consi-guiente, los planes nacionales deberían establecer la obligación de reali-zar un análisis en profundidad de los grupos sociales afectados, identii-car los derechos afectados y quiénes son sus titulares, así como las líneas de responsabilidad, y ofrecer posibilidades de compensación cuando se produzcan violaciones de derechos como consecuencia de una mala planiicación o ejecución de los proyectos.

• La participación de los beneiciarios debería reconocerse como una cuestión transversal que debe garantizarse en todas las fases de diseño y ejecución de los proyectos. En línea con los principios de transparencia y de responsabilidad, dicha participación debería incorporar asimismo mecanismos para la compensación a los afectados cuando un proyecto tenga un impacto negativo o no consiga cumplir con sus objetivos.

• Debería reconocerse el papel de la sociedad civil en la promoción y pro-tección de todos los derechos y como instancia de representación de los sectores frecuentemente más marginados a nivel político y económico, integrándola en la mayor medida de lo posible en todos los Planes de Acción de Vecindad, en lugar de reducir su papel a mero sujeto de pro-yectos aislados.

Por último, lo más importante es que los Países Asociados del Proceso de Barcelona acuerden aplicar los niveles más elevados de protección de los derechos humanos, con las dosis necesarias de voluntad política.


Comprensión mutua e intercambios culturales en el Mediterráneo

Balance de la política euromediterránea y propuestas para relanzarla

Giovanna Tanzarella

Fundación René Seydoux

A.

El Mediterráneo es un lugar privilegiado de observación y puede con-vertirse en un espacio único de experimentación de nuevas relaciones internacionales.

Para intentar hacer un balance de los diez últimos años, vamos a inte-rrogarnos en primer lugar sobre los cambios que ha experimentado la región. Y, para ello, vamos a situarnos de forma deliberada en el pro-pio seno del espacio mediterráneo, en lugar de dirigir nuestra mirada desde el exterior (desde Europa o menos aún desde Occidente), ya que pretendemos evitar a toda costa considerar el Mediterráneo como una enfermedad del mundo actual, sino más bien como el lugar donde sin lugar a dudas puede encontrarse el remedio.

La primera cuestión a la que intentaremos responder es la siguiente: en la región euromediterránea, ¿cuáles son los cambios más importantes que se han producido desde el lanzamiento del Proceso de Barcelona en 1995 y cuáles han sido sus repercusiones desde el punto de vista cultural?

1.

La Asociación Euromediterránea vio la luz en unos momentos en que el viejo mundo bipolar acababa de morir, y con él la estabilidad de las rela-ciones internacionales basadas en el equilibrio de fuerzas entre las dos superpotencias que le había caracterizado. La caída del sistema bipolar, con el consiguiente deshielo de las relaciones internacionales, parece haber dado a Europa, que se encontraba en pleno proceso de integra-ción política, una nueva dinámica que le llevó inicialmente a emprender la ruta hacia su Este y posteriormente a lanzar su iniciativa estratégica y política hacia el Sur. En aquellos momentos, la AEM podía interpretarse como el mejor indicio de una nueva era de relaciones de asociación entre los antiguos colonizadores y los antiguos colonizados, y por tanto como la inauguración de un nuevo mundo multipolar. En este contexto, aunque al mismo tiempo anterior a él, se delinea la posibilidad de unas relaciones culturales más abiertas y más coniadas entre las dos riberas del Mediterráneo. Europa (re)descubría que el Mediterráneo no se redu-cía al turismo en el mejor de los casos y a las pateras en el peor, sino que también era un lugar de cultura en la diversidad.

¿Y 10 años después? Las amenazas que se ciernen sobre la diversidad cultural nunca han sido tan inquietantes, no sólo para el Mediterráneo sino incluso para la propia Europa. El inal de la Guerra Fría ha alumbrado un orden mundial basado en el unilateralismo norteamericano, en el que Europa habla con una voz tan débil que parece casi inaudible. Especial-mente tras el 11 de septiembre de 2001, hemos asistido a una especie de contracción, de reducción del propio concepto de Occidente en torno a Estados Unidos y a su iniciativa. En este nuevo panorama, las desigualda-des entre países, al igual que la diversidad entre culturas, se consideran como la prueba de la existencia de una jerarquía de valores entre tradi-ciones, pueblos y civilizaciones1.

Estados Unidos parece dispuesto a recobrar su protagonismo en el Medi-terráneo: para empezar en el plano político, mediante la estrategia de

“reforma” del mundo árabe (véanse los Foros del Futuro organizados en Marruecos en diciembre de 2004 y en Bahrein en noviembre de 2005); asimismo, mediante una iniciativa activa en el ámbito económico, tal

1 Véase Franco Cassano, Homo civicus. La regionevole follia beni comuni, Dédalo, 2004, p. �5 (Un

altro Occidente). Rilessioni sull’Europa).


como lo atestiguan los acuerdos de libre comercio celebrados o en vías de negociación con algunos de los países del sur del Mediterráneo. El ejemplo del acuerdo de libre comercio con Marruecos resulta especial-mente signiicativo: sus disposiciones sobre cuestiones culturales supo-nen una amenaza para todas las industrias culturales marroquíes. Todavía débil, a pesar de la protección de que ha gozado y de las cuotas, el sector cultural corre el riesgo de verse barrido por la “libre competencia” de los pesos pesados de la industria cultural norteamericana justamente en el momento en que empiezan a reconocerse oicialmente los múltiples componentes de la cultura marroquí (y entre ellos el amazigh). ¿Estamos ante el in de la diversidad cultural? ¿Está la cultura a punto de conver-tirse en una simple mercancía? Abriéndose progresivamente al resto del mundo y en primer lugar a Europa, ¿están los países mediterráneos en condiciones de defender su excepción cultural?

2.

Pero hay una cuestión central que permite medir la degradación de la situación en el Mediterráneo que se ha producido desde 1995 y que deja sentir de forma dramática sus repercusiones sobre la denominada esfera

“cultural”. Volvamos la vista atrás. Noviembre de 1995, fecha de celebra-ción de la Conferencia de Barcelona, representa el momento cumbre del Proceso de Oslo. En efecto, esa fecha es también la del asesinato de Isaac Rabin, acontecimiento que marca el inicio del in progresivo y dramático de cualquier acuerdo y de cualquier proceso político. Ahora bien, la Aso-ciación lanzada en Barcelona se basaba fundamentalmente en la idea de que podía ediicarse un espacio “de paz y de prosperidad compartidas” a partir de una solución justa del conlicto israelo-palestino, solución que entonces parecía al alcance de la mano y a la que la Asociación debía contribuir insertando de forma duradera a Israel y a Palestina en el con-cierto euromediterráneo. El inal de los Acuerdos de Oslo, el inal de la primacía de la política, ha contribuido a fragilizar, con el paso de los años, el Proceso Euromediterráneo, cuya debilidad política ha impedido que ejerciera cualquier inluencia sobre el curso de los acontecimientos. La airmación del uso de la fuerza para la resolución de los problemas, de la que la guerra angloamericana en Irak es la expresión más reciente, haciendo callar la voz y la vía de la política, ha sido un golpe muy duro para las relaciones de conianza que comenzaban a tejerse de un lado y otro del Mediterráneo. La supuesta línea de fractura entre el bien y el mal, entre el Occidente cristiano y el islam, ha dividido al Mediterráneo en dos,


con unos efectos cuyo precio están pagando hoy en día las sociedades de las dos riberas del Mediterráneo.

3.

Último elemento de este tapiz, Europa y sus fronteras. A lo largo de los años noventa, Europa emprende las negociaciones de adhesión con los países del Este. Entra en una fase de ampliación, de movimiento dinámico. Por aquel entonces, el establecimiento de la AEM se vio acompañado de debates sobre las perspectivas políticas que Europa podía proponer a los países mediterráneos más allá de la creación de una zona de libre comercio en 2010. Algunas voces audaces defendían una perspectiva de integración política cuyas modalidades deberían deinirse. Es preci-samente esta perspectiva política la que hubiera hecho de la Asociación Euromediterránea no un in en sí mismo, sino un verdadero proyecto político movilizador. El mero hecho de evocar tales debates nos permite medir el cambio radical que se ha producido en el contexto actual. Hoy en día, Europa parece abordar con reticencias el inicio de las negociacio-nes de adhesión con Turquía. Lanza la Política Europea de Vecindad para ijar sus fronteras y se sume en un debate ideológico sobre la identidad europea (cristiana o no) que pasa por alto la contribución de la población musulmana, que se ha convertido ya en un elemento integrante de su identidad, pero olvidando también la dimensión cultural que la vincula profundamente al conjunto de la cuenca mediterránea.

El Mediterráneo, que parecía resucitar como espacio de experimentación de nuevas relaciones entre Europa y el mundo árabe, vuelve a encon-trarse fragmentado. El concepto dominante hoy en día ya no es el del espacio euromediterráneo, si no el del “Middle East and North Africa

– MENA region”, concepto anglosajón que tiene todas las papeletas para ser adoptado incluso por los europeos, que se sitúan de ese modo fuera del Mediterráneo y lo contemplan desde un punto de vista estrictamente ansiolítico. Frente a la debilidad del espacio euromediterráneo como visión política, se perila el “Broader Middle East”, que profundiza la sepa-ración entre Europa y el Mediterráneo.

Ahora bien, no cabe duda de que en los próximos quince años las relacio-nes euromediterráneas ocuparán un lugar importante en el debate polí-tico europeo, para empezar debido al proceso de adhesión de Turquía (debate que por lo demás ya ha comenzado). Pero el Mediterráneo será


actualidad también como consecuencia de las perspectivas de un alujo importante de varios millones de trabajadores inmigrantes a Europa, llamados a contrarrestar el déicit demográico europeo y a asegurar el funcionamiento de los sistemas europeos de protección social (en el momento en el que se jubilará la generación del baby boom), llamados, en una palabra, a garantizar el crecimiento europeo2. Estas dos cuestio-nes devolverán a la primera página de la actualidad las relaciones con el Mediterráneo, cuya dimensión cultural (y no interreligiosa) no ha sido jamás tan crucial y sin embargo tan ignorada como ahora.

Lo que es todavía más importante, el Mediterráneo es necesario para Europa (y no sólo a la inversa) por razones de orden histórico, cultural y en virtud de nuestra comunidad de destino.

B.

Antes de interrogarnos sobre las prioridades actuales, dirijamos nuestra mirada por un momento a lo que se ha realizado en el marco de la Aso-ciación Euromediterránea.

En la Declaración de Barcelona, el objetivo general de la Asociación Euro-mediterránea se deine de manera muy clara: “hacer de la cuenca medi-terránea un ámbito de diálogo, intercambio y cooperación”. Esto exige, entre otras cosas, “fomentar una mayor comprensión entre las diferentes culturas”. En efecto, Europa mantiene con el Mediterráneo unos lazos pri-vilegiados “creados por la cercanía y la historia”. Este reconocimiento de la geografía y de la historia se encuentra en la base del programa común que acuerdan los 27 Estados signatarios. Un programa rico en promesas, en la medida en que el tercer capítulo de la Declaración cita de manera expresa, junto con una política duradera de programas educativos, un programa de intercambios culturales, un proceso de diálogo, la espinosa cuestión de la movilidad, problema llamado a agudizarse cada vez en mayor medida que las partes se comprometen a resolver “en particular mediante la mejora de los procedimientos administrativos”. Además, por vez primera se airma el “papel fundamental” de la sociedad civil como un factor esencial para el acercamiento entre los mediterráneos.

2 Libro Verde “El planteamiento de la UE sobre la gestión de la inmigración económica”, COM(2004)�11 inal, Comisión Europea, 11 de enero de 2005.


Algunos observadores atentos3 llamaron la atención sobre el hecho de que el lugar atribuido a la cultura en el dispositivo concebido en Bar-celona no era tan importante en las primeras versiones del texto de la Declaración (que se remontan a la primavera de 1995), y que fue nece-saria la obstinación de un pequeño número de “meditarreneístas” para conseguir que la redacción evolucionara hasta su versión inal.

Pero lo que constituye una innovación de gran trascendencia es la aso-ciación entre “sociedad civil” y “cultura” que se hace en el tercer capítulo, como si se reconociera de manera expresa que el diálogo de culturas es ante todo y sobre todo un diálogo entre sociedades, y que no corres-ponde única y exclusivamente a los Estados ni a las élites de un lado y otro del mar.

Evidentemente, las sociedades civiles euromediterráneas no habían esperado a la Conferencia de Barcelona para entrar en el campo de la cooperación cultural mediante una multitud de iniciativas que han conformado el tejido de los intercambios en el Mediterráneo. Una parte signiicativa de dichas iniciativas se habían beneiciado incluso del apoyo inanciero de la Comisión Europea en el marco de la Política Mediterrá-nea Renovada (1990-1995), que establecía una serie de programas de ayuda a la cooperación descentralizada (entre medios de comunicación, entes públicos territoriales y universidades): los “Programas MED”. Otros proyectos, algunos de una magnitud muy modesta, recibían inanciación directamente de los servicios de Bruselas; se trata de lo que ha dado en denominarse las microacciones: ahora bien, esa modalidad lexible de inanciación ha sido progresivamente eliminada en favor de mecanismos mucho más restrictivos como son los “programas regionales”.

C.

En el ámbito cultural y de los intercambios humanos, es posible distinguir tres momentos en la concepción y la realización de la política euromedi-terránea en materia cultural: el lanzamiento de los “programas regiona-les” (1996-1999), la apertura a los países mediterráneos de los programas culturales y educativos europeos (a partir de 2002) y la creación de la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre las Culturas (decidida en 2002 e inaugurada en la primavera de 2005).

3 Véase Paul Balta, “La culture: le parent pauvre”, Conluences Méditerranée, nº 35, otoño de 2000.


1. Los programas regionales Euromed

En la primavera de 1996, los Ministros de Cultura de la AEM se reunieron por vez primera para tratar del tema del patrimonio mediterráneo en Bolonia (Italia). De aquella reunión surgió el primer programa regional, Euromed Heritage. El pasado, como se ha visto, era considerado como la matriz del proyecto cultural euromediterráneo, así que no era de extra-ñar que los ministros de la Asociación inauguraran su actividad con este tema de consenso. El menú de este programa contiene programas de intercambio de conocimientos técnicos, formación, inventarios, valori-zación y turismo. Dotado de un presupuesto relativamente consecuente (17,2 millones de euros para la primera fase 1997-2003, 30 millones para la segunda, 2001-200�, y 10 millones para la tercera, 2003-200�), inanció 36 proyectos regionales, la mayoría de los cuales recibieron una subvención de aproximadamente 3 millones de euros cada uno. La presencia de la sociedad civil en el programa Euromed Heritage es escasa, ya que los proyectos son gestionados en su mayor parte por universidades o por los Ministerios de Cultura o sus emanaciones institucionales. Lo que es más grave aún, todos los directores de los proyectos beneiciarios son europeos.

Concebido en 1997 y lanzado en el año 2000, Euromed Audiovisual (20 millones de euros) ha inanciado seis proyectos centrados en la pro-ducción, circulación, conservación y distribución de películas europeas y mediterráneas. Se ha anunciado un nuevo programa para el período 2005-2007 dotado de 15 millones de euros, que se ocupará en mayor medida de las cuestiones de equipamiento (creación y modernización de salas de proyección), de distribución, de reglamentación y de legislación.

Es indiscutible que Euromed Heritage y Euromed Audiovisual han per-mitido la realización de proyectos en algunos casos excelentes, pero las restricciones técnicas y inancieras a que están sujetos y la magnitud de los presupuestos de que disponen les han coninado a los medios de especialistas hiperprofesionalizados, sin ningún impacto tangible ni visi-ble sobre las sociedades euromediterráneas.

El programa Euromed Juventud I, aprobado en 199�, se dotó con 9,7 millones de euros (de ellos 6 millones de fondos MEDA) para el período 1999-2001, y ha inanciado proyectos de intercambios y de formación entre organizaciones juveniles del espacio euromediterráneo, haciendo


posible el establecimiento de una red de coordinadores nacionales integrada por representantes institucionales de cada país implicado. El período 2002-2004 del programa, para el que los fondos se aumentaron hasta los 14 millones de euros, dio la prioridad a las acciones de forma-ción y permitió la creación, en septiembre de 2003, de la Plataforma Euro-med Juventud, una red de asociaciones y de ONG juveniles. En total, el programa ha inanciado más de 500 proyectos (2003)4.

Por último, a partir de 199� se consagró un presupuesto global de 65 millones de euros al desarrollo de la interconexión informática entre los países euromediterráneos en el marco del programa Eumedis para la sociedad de la información euromediterránea. Algunos de los proyectos seleccionados, relativos al turismo y al patrimonio a través de Internet, son considerados por la Comisión Europea como una contribución a la comprensión entre culturas.

2. Los programas europeos

A partir del año 2002 y de la Conferencia Ministerial de Valencia (Bar-celona V), la Comisión adoptó una nueva orientación que venía siendo reclamada por la sociedad civil desde hacía tiempo: la apertura de algu-nos programas europeos a los países mediterráneos.

El primer ejemplo es el programa Tempus. Concebido en 1990 para faci-litar la reforma de la enseñanza superior en los países de Europa Central y Oriental, a partir del año 2002 este programa se extendió a los Países Asociados Mediterráneos. El programa tiene por objeto promover la cooperación multilateral entre universidades, fundamentalmente en materia de programas de estudio y de modernización de la gestión de las universidades, mediante proyectos euromediterráneos comunes y becas de movilidad destinadas al personal universitario. Tempus MEDA disponía de un presupuesto de 43 millones de euros para el período 2002-2004.

En 2004, el Programa Erasmus, que promueve la movilidad de los estudiantes dentro de Europa, se transformó en Erasmus Mundus (230

4 Este programa regional se encuentra suspendido desde enero de 2005. Véase la evaluación efectuada en diciembre de 2004 para el período 2001-2003: http://europa.eu.int/comm/youth/program/eval/euromed2004_en.pdf.


millones de euros para 2004-200�), pasando de este modo a ser accesible a las universidades y los estudiantes mediterráneos, que podrán cursar programas de master en Europa. Se otorgarán más de 9.000 becas de movilidad para favorecer este flujo de estudiantes y 1.000 becas de enseñanza-investigación irán destinadas a universitarios de países terceros.

A partir de 2005-2006, el programa MEDIA (de la DG Cultura de la Comi-sión Europea) estará abierto, por lo que respecta a su dimensión de for-mación, a los profesionales mediterráneos del sector audiovisual, ya que los Países Asociados Mediterráneos han sido incluidos entre los países elegibles.

Otro ejemplo importante: Cultura 2000. Este programa marco de la cooperación cultural europea inancia proyectos anuales y plurianua-les que cada año se reieren a una “prioridad sectorial” diferente. La de 2004 era el patrimonio cultural antiguo. Hay que señalar que, si bien este programa faro de la Comisión Europea se abrió a partir de 2003 a los países mediterráneos, los operadores culturales de estos países no tie-nen derecho a actuar como coorganizadores de los proyectos, sino que deben contentarse con el papel de “asociados”. Por consiguiente, están excluidos de la corresponsabilidad en la concepción y la realización de los proyectos.

Para concluir este rápido panorama general, debe citarse una última novedad que afecta al sector de la investigación básica, pero también a las ciencias sociales y humanas. El V Programa Marco para la Investiga-ción y el Desarrollo Tecnológico (PMIDT), instrumento privilegiado del Espacio Europeo de la Investigación, se abre por primera vez a los paí-ses mediterráneos. Concebido esencialmente como un instrumento de cooperación cientíica, ofrece asimismo oportunidades de intercambio y de colaboración entre las dos riberas del Mediterráneo. En este marco, ha nacido una red euromediterránea de excelencia entre institutos de investigación en ciencias humanas sobre el área mediterránea5.

Resulta difícil sustraerse a la tentación de subrayar una paradoja euro-pea: los fondos europeos más importantes para la inanciación de los

5 Red Euromediterránea de Centros de Investigación en Ciencias Humanas sobre el Área Medite-rránea, REMSH, dirigido por la MMSH de Aix-en-Provence.


intercambios culturales con el Mediterráneo se sitúan ahora al margen del Programa MEDA. Esto es lo que sucede, singularmente, con el último ejemplo citado: en efecto, el programa Euromed Ciencias Humanas, una de las acciones más legítimas y más anunciadas, no ha conseguido con-cretarse en el marco euromediterráneo, debido a la incapacidad de los responsables del Proceso de Barcelona para encontrar las modalidades para su aplicación.

Otra observación importante: la inexistencia de programas para las relaciones euromediterráneas en los ámbitos de la educación primaria y secundaria (incluido el aprendizaje de las lenguas) y de los medios de comunicación. Ahora bien, en el Informe del Grupo de Sabios se insistía muy especialmente en estos dos aspectos fundamentales para la cons-trucción de las representaciones recíprocas y la persistencia de estereo-tipos6.

La apertura al Mediterráneo de los instrumentos y programas europeos, realizada al margen del Programa MEDA, parece por tanto consolidarse, y no cabe sino congratularse por ello. No obstante, no puede ignorarse el hecho de que tales programas se han concebido en el marco de una lógica europea, y no desde la óptica de una lógica de asociación. Muy a menudo, relegan a los países del sur del Mediterráneo a una posición subalterna y no de igualdad.

Por último, el acceso a estos programas sigue siendo un auténtico labe-rinto. Los procedimientos administrativos (formularios, plazos, estatuto jurídico de los solicitantes...) resultan excesivamente complejos y res-trictivos; requieren competencias técnicas, administrativas y inancieras totalmente fuera del alcance de los operadores culturales tanto del sur como del norte del Mediterráneo. Además, la barrera lingüística (en la medida en que el árabe no es una lengua aceptada) y las legislaciones de los países del sur del Mediterráneo constituyen muy a menudo obstácu-los insuperables para los gestores de proyectos culturales.

3. La Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre las Culturas

6 El diálogo entre los pueblos y las culturas en el espacio euromediterráne, Informe del Grupo de Sabios creado a iniciativa del Presidente de la Comisión Europea, otoño de 2003, publicación de las Comunidades Europeas, 2004, pp. 3� y 45.


El año 2002 marca el lanzamiento de una iniciativa que se pretende ambiciosa, destinada a relanzar la dimensión cultural de la Asociación Euromediterránea, pero que sufrió las consecuencias que siguieron al 11 de septiembre. Primera institución creada en el marco del Proceso de Barcelona, la Fundación tiene como vocación “promover la comprensión entre culturas y los intercambios entre sociedades civiles”, basando su acción futura en una red de 35 instituciones designadas por cada uno los 35 países de la AEM. Son varios los interrogantes que ha suscitado la creación de esta nueva institución, que inició sus actividades durante el año 2005.

La primera inquietud tiene que ver con la escasez de los fondos de que dispone (11,� millones de euros para tres años, de ellos cinco millones procedentes de los Programas MEDA) en relación con las ambiciones señaladas y con el carácter estratégico que tiene el diálogo entre culturas para el espacio mediterráneo. El segundo interrogante afecta a su carác-ter intergubernamental: en efecto, la Fundación se ha colocado bajo la autoridad del Comité EUROMED, integrado por representantes de los Estados miembros de la Asociación Euromediterránea, cuando su legiti-midad y su credibilidad, sobre todo en la ribera sur, se funda obviamente

“en un funcionamiento abierto, transparente e independiente de toda tutela estatal.7”

El proyecto de programa trienal de la Fundación apunta pistas interesan-tes8, dejando un lugar muy importante a la sinergias y asociaciones que pretende establecer con las grandes instituciones intergubernamentales internacionales (UNESCO, la Organización Árabe para la Educación, la Cul-tura y las Ciencias, el Consejo de Europa...). Además, su Comité Consultivo, concebido como instancia en la que se hace un lugar a la sociedad civil cultural, está integrado por miembros designados también en su caso por los gobiernos. Así pues, cabe preguntarse por el lugar que los actores independientes de cada país euromediterráneo ocuparán en la estruc-tura de la Fundación y en sus acciones. El diálogo entre culturas no puede estar coninado a la esfera de los especialistas o de los Estados, sino que debe ser un asunto de las sociedades en su conjunto. La Fundación Anna Lindh será juzgada, desde luego, por su capacidad para aproximarse lo

7 Declaración de la Plataforma No Gubernamental EUROMED y del Foro Civil Euromediterráneo de Nápoles (diciembre de 2003).� Véase www.euromedalex.org.


más posible a los ciudadanos de las dos riberas del Mediterráneo y res-ponder a dicho desafío. Hoy por hoy, nada ni en su concepción ni en su estructuración incita al optimismo9.

4. Los Foros Civiles Euromediterráneos (FCE) y las redes temáticas

El cuadro de las realizaciones de la Asociación Euromediterránea en materia de intercambios humanos y culturales no estaría completo sin mencionar el papel desempeñado por los Foros Civiles Euromediterrá-neos durante estos últimos diez años.

Desde 1995, casi todos los Foros que han acompañado las reuniones de Ministros de Asuntos Exteriores han abordado estos temas en el seno de grupos de trabajo que han producido un número considerable de relexiones y de recomendaciones, tal como atestiguan las actas de estas reuniones internacionales. Sumados, estos documentos constituyen un volumen impresionante de intercambios y de proyectos, cuyo impacto sobre la realidad de las relaciones euromediterráneas, probablemente débil, debería medirse algún día10.

De forma paralela a los Foros Civiles, y en ocasiones gracias al impulso de éstos, hemos asistido en estos últimos diez años al nacimiento de redes de actores culturales activos en el espacio mediterráneo. Se trata, con frecuencia, de redes informales, no institucionalizadas, basadas en relaciones de conianza y vinculadas a un proyecto o a un encuentro concretos. En ocasiones poco visibles, estas experiencias informales irri-gan, sin embargo, el Mediterráneo de intercambios intelectuales y de solidaridad.

Como fenómeno reciente, el nacimiento de redes culturales árabes marca una etapa importante en la estructuración del espacio civil de las

9 Tiene interés citar aquí este pasaje del Informe del Grupo de Sabios que advertía sobre los ries-gos del proyecto: “Si, a falta de esta voluntad política y de los medios necesarios, la Fundación no estuviera en condiciones de desempeñar el papel determinante que le corresponde, más valdría renunciar a un proyecto que no estaría a la altura de las ambiciones proclamadas y cuya falta de contenido tendría un efecto devastador sobre las opiniones públicas y desmovilizador para las sociedades civiles”, op. cit. p. 49.10 La Fundación René Seydoux (París) realizó ya en el año 2000 un primer inventario de las recomendaciones de estas reuniones con ocasión del 5º aniversario del Proceso de Barcelona. La segunda edición de este inventario está en curso.


sociedades del sur del Mediterráneo. Valga un ejemplo entre otros: la Palestinian Network of Art Centres, con sede en Ramala, que tiene por objeto no sólo reforzar las capacidades de las organizaciones culturales y artísticas en Cisjordania y Gaza, sino que al mismo tiempo constituye una plataforma de cooperación con los medios artísticos europeos. En el plano regional, habría que citar la red DBM (Danse Bassin Méditerranée) de los profesionales de la danza y el FEMEC (Forum Euromediterráneo de las Culturas) surgido del Foro Civil Euromediterráneo de Marsella en el año 2000, que reúne a artistas, traductores, universitarios, operado-res culturales, animadores de asociaciones o de revistas de Europa y del Mediterráneo, expresiones signiicativas de la escena cultural indepen-diente euromediterránea. Otro ejemplo innovador lo constituye el sitio de información cultural babelmed.net, único en su género, que despliega su actividad gracias a una red de periodistas independientes de doce países mediterráneos.

Estas nuevas redes de la sociedad civil, ¿son una consecuencia de la Asociación Euromediterránea, pese a que esta última no les ha prestado ni apoyo político ni apoyo inanciero? Aún así, es posible subrayar que la mayor parte de estos actores independientes de la escena cultural euromediterránea inscriben sus prácticas en el diálogo que la Asociación Euromediterránea pretende promover.

D.

1. Más allá de las restricciones internacionales, de las ambiciones proclamadas y de las realizaciones, ¿cuál es el balance crítico que puede hacerse de estos últimos diez años?

Pariente pobre de la Asociación, la dimensión cultural de las relaciones euromediterráneas ha adquirido desde hace algunos años una creciente importancia en el discurso y en la imagen proyectada.

Ahora bien, ¿qué se incluye hoy en día en el diálogo entre culturas en el espacio euromediterráneo?

El diálogo entre culturas ha sido objeto de un número tan grande de encuentros y de declaraciones, especialmente tras el 11 de septiem-bre, que el concepto ha acabado por perder su verdadero sentido para convertirse en una cantinela de consenso o, peor aún, en una coartada.


Imagen especular del choque de civilizaciones, esta idea, generosa en apariencia, transmite la idea una confrontación entre culturas consi-deradas como bloques monolíticos, en una visión reduccionista de su unicidad, de un pretendido núcleo duro que no puede ser sino religioso. Ahora bien, cada cultura está hecha de diferencias, de distinciones, de oposiciones: es en el seno mismo de cada tradición en el que se realizan negociaciones incesantes gracias a las cuales las culturas encuentran sus respuestas provisionales a los interrogantes de cada momento. Muy par-ticularmente en el espacio euromediterráneo, las culturas son múltiples, complejas y entrelazadas. Por consiguiente, no cabe plantearse una con-frontación cara a cara, sino el reconocimiento de esta complejidad y de los préstamos recíprocos entre nuestras culturas.

Este reconocimiento de la pluralidad de las culturas debe evitar, sin embargo, el riesgo de caer en una especie de relativismo cultural que, a través del supuesto “respeto de las especiicidades”, abra la puerta a un discurso sobre la imposibilidad de trasponer determinados valores o de aplicar ciertos principios. El diálogo y la negociación entre las diferencias pueden y deben hacerse a partir de una matriz no negociable de valores basados en el respeto de las libertades y de los derechos en cualquier lugar y momento.

Pero hay otra dimensión que plantea problemas: todas aquellas iniciati-vas que se ponen en marcha actualmente bajo la etiqueta del “diálogo de culturas” ponen en juego a “dialogantes” que se parecen entre sí como dos gotas de agua. Las élites intelectuales y políglotas de las dos riberas del Mediterráneo trabajan conjuntamente, conciben conjunta-mente, imaginan conjuntamente, y lo que las distingue (un poco) basta para darles el sentimiento embriagador del diálogo entre civilizaciones. Miles y miles de proyectos, programas y seminarios se desarrollan de este modo. Europa se siente satisfecha y los gobiernos del sur no piden más. De este modo se pasa por alto la verdadera realidad de las socieda-des mediterráneas, de sus preocupaciones reales y, sobre todo, se pasan por alto, sin verlos, a los hombres y mujeres que, tanto en el sur como en el norte del Mediterráneo, no hablan ninguna otra lengua más que su lengua materna, no tienen los medios para viajar, no tienen ninguna posibilidad de obtener un visado a tiempo, no son profesionales de la

“escena euromediterránea”, sino que representan realmente a los actores de la vida cultural, artística y asociativa de sus países respectivos. El diá-logo no pasará de ser una ilusión mientras aquellos que participan en el


mismo sean en todos los casos francófonos o anglófonos, perfectamente laicos, “modernos” y profesionales. Ahora bien, es precisamente entre aquellos que portan en su interior referencias surgidas de diferentes tra-diciones de pensamiento y diferentes maneras de sentir entre los cuales el diálogo puede volver a encontrar todo su sentido.

2. ¿Cuáles son las condiciones de un verdadero diálogo?

Resituar la dimensión humana en el centro del encuentro entre las dos riberas del Mediterráneo implica hacer de éste un verdadero lugar de cir-culación de los hombres y mujeres. Reabrir el espacio compartimentado por las fronteras implica modiicar radicalmente la política de visados que con demasiada frecuencia impide a las personas desplazarse, participar en los proyectos de aquí y de allá o siquiera concebirlos conjuntamente. Prohibir las prácticas con tanta frecuencia humillantes impuestas por las autoridades consulares que tantos hombres y mujeres mediterráneos sufren constantemente se ha convertido en algo urgente si realmente deseamos volver a dar credibilidad a la Declaración de Barcelona. Facilitar la movilidad y no obstaculizarla, y de este modo hacer posibles, luidos y fáciles los desplazamientos llenaría de contenido sustancial el diálogo entre culturas. Ese diálogo tan sólo tiene sentido si está basado en la conianza que sólo el encuentro directo y regular puede crear. Concre-tamente, esto supone la eliminación de los visados de corta duración o la concesión de visados para entradas múltiples para todos los naciona-les de los países que hayan ratiicado los Acuerdos de Asociación con la Unión Europea.

El verdadero objetivo del diálogo cultural no consiste única y exclusi-vamente en la comprensión recíproca, sino, más importante aun, en la capacidad de concebir un futuro compartido entre sociedades que bordean el mismo mar. Ahora bien, entre la ribera norte y la ribera sur, los países del Mediterráneo experimentan desigualdades lagrantes, no sólo en el plano económico, sino también en el plano de las libertades. Pensamos aquí en las desigualdades en el acceso a los conocimientos y a la educación, en el acceso a las fuentes de información, pero también en las desigualdades de producción de las industrias culturales y en las desigualdades de la formación para las profesiones artísticas, sin olvi-dar las desigualdades por lo que respecta a la libertad de creación y de expresión. ¿Cómo es posible dialogar cuando se viven unas situaciones tan profundamente desiguales?


Escamotear la cuestión de la desigualdad del intercambio equivale a vaciar de sentido el diálogo y a transformarlo en un juego en el que uno de los participantes sabe de antemano que será el perdedor.

Otro elemento central, ignorado con demasiada frecuencia, es el de los obstáculos a la circulación de las obras del imaginario. En efecto, el lujo de intercambios entre las dos riberas está casi absolutamente dominado por las producciones del norte. El acceso a las creaciones contemporá-neas de los países árabes es indispensable para hacer desaparecer los prejuicios que afectan a estos países, cuya riqueza en términos de litera-tura, de danza, de música y de teatro se ignora por completo en Europa. Un apoyo sustancial a la circulación de las obras artísticas sería la traduc-ción tangible del discurso europeo sobre el diálogo con el mundo árabe.

Es a partir de estos elementos que será posible imaginar una política voluntarista de largo aliento en materia de educación intercultural. El desafío es trascendental, ya que no se trata sólo de defender la diversi-dad cultural dentro mismo de Europa, sino también de protegerla como un bien común y de luchar contra la privatización de la cultura, cuyos ejemplos se multiplican.

Por último, no puede haber diálogo entre culturas sin un acceso igual a los recursos consagrados a la cultura, sin el establecimiento de mecanis-mos lexibles de apoyo a los intercambios (creación juvenil, formación...). Esto es algo que, evidentemente, corresponde fundamentalmente a los Estados. No obstante, la Asociación Euromediterránea tiene un papel fundamental que desempañar a este respecto.

El primer aspecto es el de la reforma en profundidad de los procedimien-tos de acceso a la inanciación europea: lo que está en juego es el funcio-namiento democrático de las instituciones europeas (véase la Propuesta nº 1 en el Resumen Ejecutivo).

La cuestión de la lengua árabe como lengua de comunicación entre Europa y el Mediterráneo también debe considerarse un elemento esen-cial del diálogo.

Hemos pasado rápidamente revista a los mecanismos existentes, y son muy numerosos. No obstante, la extremada rigidez de los mecanismos técnicos y inancieros por los que se rigen hace inaccesibles las convo-


catorias europeas. Baste un ejemplo: el estatuto legal de las asociacio-nes exigido por los procedimientos es inaplicable en un gran número de países de la ribera sur, que hace mucho tiempo que han dejado de otorgar autorizaciones administrativas para la creación de asociaciones sin ánimo de lucro, cuando no les prohíben directamente recibir inan-ciación extranjera.

El desarrollo en los países de la ribera sur de la capacidad de inanciación de la cultura y de los intercambios culturales y educativos también es otro aspecto decisivo. La Asociación Euromediterránea debería favore-cer la creación de fondos de inanciación totalmente independientes de cualquier tutela estatal, capaces de funcionar dentro de los propios países y gestionados teniendo en cuenta ante todo las necesidades de los propios actores locales. Los Acuerdos de Asociación podrían ser un instrumento útil a este respecto mediante la inclusión de una cláusula obligatoria relativa a la inanciación de las actividades culturales.

Ahora bien, actualmente la Fundación Euromediterránea parece concen-trar todas las iniciativas de la AEM en este ámbito: ¿está destinada a con-vertirse a medio plazo en el único instrumento de la política cultural de la Asociación? Es algo de temer, ya que resulta difícil imaginar cómo podrá, con un presupuesto muy limitado y una estructura básicamente adosada a los gobiernos, responder a las inmensas necesidades existentes.

Por último, puede airmarse de forma general que todo sucede como si la Comisión Europea hubiera renunciado al liderazgo político de la acción cultural euromediterránea, lo que ha dejado libre el terreno para las lógicas “de gestión” y burocráticas de los responsables del Programa MEDA. Hoy en día, la política parece haber dejado de prevalecer sobre la tecnoestructura.

3. El último aspecto del balance se reiere a la sociedad civil

En efecto, los actores sociales y culturales, por activos e inventivos que hayan sido en el espacio euromediterráneo desde 1995, tienen su parte de responsabilidad, ya que no siempre han sabido estar a la altura del papel que se les invita a desempeñar (es cierto que sólo sobre el papel) en el seno de la política euromediterránea de la UE.


En el ámbito cultural, en particular, esto se ha traducido en su incapaci-dad para inluir en las políticas públicas (nacionales y comunitarias) y en la imposibilidad de hacerse escuchar con una voz fuerte y unida.

Caracterizados por un fraccionamiento y una compartimentación excesi-vas (los artistas y los universitarios no se conocen entre sí, por ejemplo), animados en ocasiones por lógicas competitivas, los medios culturales han producido en estos últimos años un discurso sobre la Asociación Euromediterránea escéptico y teñido de impotencia.

Paralelamente, con el curso de los años asistimos a la aparición de autén-ticas oicinas especializadas y profesionales que se han apropiado del dis-curso sobre el Mediterráneo, vaciándolo de su contenido de resistencia, para hacer de él un “capital social” acorde con el espíritu de los tiempos, lo que les permite captar el grueso de la inanciación disponible, con el concurso activo, muchas veces, de los gobiernos. La consecuencia grave que tiene este fenómeno ha sido la depreciación y desvalorización de cualquier referencia al Mediterráneo, que ha perdido de este modo su credibilidad.

Por último, no hace mucho que se ha constituido un nuevo marco de concertación entre los actores de la sociedad civil de todos los ámbitos en torno a la Plataforma No Gubernamental Euromed (www.eurome-dforum.org), lo que constituye una importante novedad en el paisaje regional. Las palabras claves de esta nueva instancia independiente cuyo objetivo consiste en reforzar la capacidad de inluencia del trabajo aso-ciativo en la esfera euromediterránea son la transversalidad, la interdisci-plinariedad y la solidaridad. Los actores culturales (redes y asociaciones) se van adhiriendo progresivamente a ella con la voluntad de defender la centralidad de los desafíos culturales, también en el seno de las propias redes civiles. Tampoco aquí su batalla está ganada de antemano.

Propuestas concretas

Proponemos a continuación algunas pistas de acción. Los proyectos pro-puestos pretenden responder a algunas de las necesidades identiicadas en el balance precedente. Evidentemente, cabría formular muchas otras


propuestas en un ámbito tan amplio con unas necesidades tan enor-mes.

En la medida de lo posible, hemos tenido en cuenta lo que ya existe y su potencial, así como las realizaciones, proyectos y equipos que más han aportado a la riqueza de los intercambios euromediterráneos en estos diez años. Valorizar el patrimonio de prácticas e intercambios que se ha ido constituyendo en estos últimos años ha sido, por tanto, la preocu-pación constante en la formulación de estas propuestas, ya que una de las tentaciones más generalizadas en cada una de las etapas del Proceso de Barcelona ha sido precisamente querer reinventarlo todo, con una especie de amnesia hacia todo aquello que ya existe y que puede y debe ser capitalizado.

1. Un inventario del Mediterráneo cultural: prácticas, intercambios, lugares

El diálogo entre culturas pasa frecuentemente por alto las desigualdades de orden cultural (capacidad de producción, lugares independientes, movilidad, libertad de creación...) entre los mediterráneos que supuesta-mente deben ser los actores y los beneiciarios de dicho diálogo.

Está por hacer un “inventario de la cultura”11, de su realidad concreta y, por consiguiente, de sus necesidades. Este inventario podría constituir la base de un enfoque más sólido y riguroso de la cooperación cultural en el Mediterráneo y de la acción pública y privada en favor del diálogo euromediterráneo.

Se trataría de realizar en los países mediterráneos una serie de encuestas con el in de poder elaborar un “estado de situación” cualitativo sobre:

– la producción cultural (libros, traducciones, discos, obras de teatro...;– la circulación de estos bienes culturales;– la movilidad de las personas (viajes de estudio, circulación de los estu-

diantes e investigadores, turismo cultural, hermanamientos...);– los equipamientos existentes (bibliotecas, ordenadores y cibercafés, luga-

res de creatividad y lugares de acceso a la cultura, cines...);

11 La Fundación René Seydoux (París) estudia en estos momentos la viabilidad de este proyecto y los posibles socios que deberían reunirse para su realización.


– los programas de formación (primaria y profesional) para las profesiones culturales;

– la inanciación (pública y privada, los criterios habituales...).

A partir de estos elementos, se trataría de identiicar a continuación las necesidades más urgentes y elaborar planes de acción realistas.

Los destinatarios de este “inventario” serán ante todo los propios actores de los intercambios, el mundo asociativo, los entes públicos territoriales y los organismos de inanciación, a quienes se les proporcionaría un cono-cimiento útil para la acción.

Podrían abordarse los principales sectores de la cultura: el libro, la red Internet cultural, los medios de comunicación, los espectáculos en vivo, el cine, las lenguas, el patrimonio, las iestas y festivales (musicales, de cine, religiosos, locales...).

La Fundación Euromediterránea Anna Lindh podría desempeñar un papel vertebrador en el marco de este proyecto.

2. Creación de Puntos de Contacto Euromed Cultura en todos los países mediterráneos

A inales de los años noventa, la Comisión Europea estableció en los países miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo una red de estructuras de apoyo destinadas a los profesionales del sector cultural para ayudarles a orientarse en el dédalo de los programas comunitarios susceptibles de inanciar sus proyectos, y muy especialmente a apropiarse de los mecanismos del Programa Cultura 2000. Esas estructuras de apoyo son los Puntos de Contacto Cultura: inanciados con cargo al presupuesto comunitario y a una contribución de los Estados miembros, tienen un estatuto jurídico asociativo. Siguiendo este ejemplo, lo que se propone es crear “Puntos de Contacto Euromed Cultura” en los países de la ribera sur, cuyo objetivo sería aproxi-mar la Asociación en el ámbito cultural a los actores culturales de la socie-dad civil de cada país o, dicho de otro modo, aproximar la oferta europea a sus beneiciarios potenciales. Auténticas “ventanillas” al servicio de los ciudadanos mediterráneos, estos Puntos de Contracto favorecerían un mejor conocimiento de los programas euromediterráneos, una mayor


accesibilidad de los procedimientos de inanciación, así como una ayuda a los posibles gestores de proyectos para la elaboración de los expedien-tes.

Es importante que estas estructuras sean ligeras, que estén bien equipa-das en términos de medios de difusión de la información y, sobre todo, que gocen de un estatuto independiente de las instituciones nacionales. Las Delegaciones de la Comisión Europea en los países de la ribera sur podrían garantizar su autonomía y su neutralidad. La inanciación de su funcionamiento podría asegurarse o bien con cargo al presupuesto de las actividades culturales (locales y regionales) de las Delegaciones, o bien con fondos MEDA, incluyéndose en los Programas Indicativos Nacionales de cada país asociado.

3. Crear y multiplicar módulos de formación “mediterránea” para jóvenes periodistas europeos

En el Informe del Grupo de Sabios designado por Romano Prodi, enton-ces Presidente de la Comisión Europea (otoño de 2003), se recordaba el carácter fundamental que tienen los medios de comunicación en el diálogo intercultural. Ante todo, porque los medios de comunicación (y singularmente las televisiones) contribuyen a forjar imágenes y represen-taciones de los países mediterráneos que chocan profundamente a las opiniones públicas por el desconocimiento de las realidades de las que hablan.

Si bien esto es cierto a ambos lados del Mediterráneo, es necesario llevar a cabo un trabajo especíico entre los medios de comunicación europeos, que gozan de una amplia difusión en el sur (mucho mayor que la de los medios del sur en el norte).

Las imágenes estereotipadas, inexactas e incluso negativas del mundo árabe transmitidas en Europa crean un sentimiento de rechazo y generan actitudes de repliegue no sólo entre la población de la ribera sur, sino muy especialmente también entre los ciudadanos europeos de origen árabe.

Lo que proponemos aquí es actuar en el origen, en la etapa de forma-ción de los jóvenes periodistas. En efecto, la mayor parte de las escuelas


europeas de periodismo no contemplan en sus programas de estudios ninguna aproximación especíica al mundo mediterráneo y árabe.

La propuesta tiene dos componentes. Por un lado, se trata de diseñar y proponer módulos de formación que puedan incluirse en los programas de estudios de los periodistas en formación en varias escuelas europeas. Un módulo básico se consagraría al conocimiento del mundo árabe medi-terráneo en todos sus aspectos. Ello permitiría una primera aproximación de cultura general destinada a los jóvenes de primer curso. Un módulo especializado permitiría una profundización de esos conocimientos, y estaría destinado a un grupo más restringido de estudiantes de segundo curso. El módulo culminaría con una estancia de prácticas profesionales en un país árabe. El segundo componente del proyecto es el estableci-miento de redes entre las escuelas participantes (con el in de compartir enfoques pedagógicos, sitios web, o la participación conjunta en viajes de trabajo).

Financiados por organismos públicos y privados de los países europeos implicados, el proyecto podría disfrutar del apoyo de la Fundación Anna Lindh y desarrollar sinergias útiles con su acción “Periodismo educativo y cultural”.

4. Apoyar la información cultural independiente en el Mediterráneo a través de Internet

La necesidad de una información independiente y de diálogo es hoy en día una necesidad vital para ambas riberas del Mediterráneo. En un contexto internacional caracterizado por las tensiones, la ribera norte comparte un escaso conocimiento de las realidades del sur, y la ribera sur atraviesa por un período extremadamente crítico. Por lo que respecta a los medios de comunicación, un reciente informe de Reporteros Sin Fronteras ha demostrado que Oriente Medio era el “farolillo rojo de la libertad de prensa”, con una notable ausencia de medios independientes y un alto grado de autocensura entre los profesionales de la información. En Europa, asistimos a un inquietante fenómeno de empobrecimiento de la información relativa a las sociedades civiles en aras de una infor-mación-espectáculo que no está exenta de manipulaciones ideológicas, siendo la deriva italiana un excelente ejemplo de ello.


En este contexto, proporcionar una información independiente basada en el diálogo y las miradas cruzadas entre las dos riberas del Mediterrá-neo reviste una importancia primordial. Internet es un instrumento eicaz para desenclavar la información y sustraerse a las restricciones que se han descrito. Esta herramienta alivia también las grandes diicultades de movilidad de las personas que viven en la ribera sur del Mediterráneo, diicultades que hoy en día siguen siendo uno de los principales obstá-culos a la comprensión, a la confrontación de ideas y a la circulación de la información en el Mediterráneo.

Junto a los sitios Internet de los grandes medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión), en estos últimos años han aparecido nuevos lugares de expresión en un marco asociativo (véanse, por ejemplo, www.naros.info/ y, en un plano más cultural, www.planet-dz.com), que han creado canales alternativos y libres para una información totalmente independiente.

Otro ejemplo único en su género por tener realmente una dimensión euromediterránea es Babelmed12, que se ha convertido en el sitio web de información cultural de referencia en este ámbito. Su objetivo es promo-ver los intercambios culturales en Europa y el Mediterráneo y hacer cir-cular la información y las ideas que gravitan en torno a este mar común. Se trata del primer sitio, por número de visitantes, relativo a las culturas mediterráneas13. Animado por una redacción internacional con sede en Roma, este sitio produce y publica, gracias a su red de periodistas independientes diseminados por doce países mediterráneos, contenidos originales en tres lenguas (inglés, francés y parcialmente árabe), lo que le permite llegar a un público muy amplio.

Como sucede con todas las iniciativas asociativas, su existencia sigue siendo muy frágil. Por consiguiente, es urgente asegurar la perennidad de esta herramienta indispensable y única mediante un apoyo a largo plazo por parte de inanciadores independientes.

12 www.babelmed.net. 13 Los instrumentos de medición del número de visitas de los sitios Internet le sitúan en el puesto 94.6�0 del mundo por número de usuarios sobre un total de 45 millones de sitios activos, habiendo alcanzado el puesto 30.000 en el ranking mundial en varias ocasiones en 2004.


5. Apoyar la circulación de los actores culturales independientes y los jóvenes mediante la creación de fondos de ayuda a la movilidad

Una de las principales restricciones a la movilidad en el Mediterráneo es de orden económico. Junto con la cuestión de los visados, a menudo impide la participación en el proceso de elaboración de proyectos comunes entre las dos riberas. Esto es algo que afecta muy especialmente a las asociaciones juveniles. Cualquiera sabe que, en el presupuesto de los proyectos de intercambio, la parte correspondiente a viajes es la más importante. Ahora bien, el encuentro es una dimensión indispensable del trabajo aso-ciativo en el Mediterráneo, tanto en el plano individual como en el plano colectivo. Los contactos múltiples, la circulación de la información y los desplazamientos son la principal fuente de iniciativas y de ideas.

En unos momentos en que el Programa Euromed Juventud acaba de ser suspendido, no existe ningún instrumento, en el marco de los programas MEDA, destinado a ayudar con becas de movilidad de pequeña cuantía a los actores asociativos y culturales del espacio euromediterráneo.

Debería estimularse la creación de fondos de ayuda a la movilidad, gestionados de manera lexible y con procedimientos administrativos simples. Estos fondos podrían inspirarse en la experiencia del Fondo Roberto Cimetta14, que ofrece bolsas de viaje a los artistas y profesionales (técnicos y creadores) del mundo del teatro, la danza y las artes visuales, entre otros. Creado en el año 2000, este fondo se limita a apoyar los viajes individuales mediante microayudas, y desde su creación ha inanciado más de 250 becas de viaje, cuyos beneiciarios son a menudo jóvenes mediterráneos que no encuentran en ninguna otra parte los medios para participar en cursos de formación o en proyectos en fase de diseño, o bien en encuentros profesionales.

14 www.cimettafund.org.


6. Lugares independientes de cultura, encuentro y creación en elMediterráneo: promover la interacción entre estos espacios de libertad

Desde hace algunos años, asistimos al nacimiento en algunos países de la ribera sur del Mediterráneo de estructuras y lugares de cultura indepen-dientes. Esta novedad recuerda lo que pasó en Europa a partir de los años setenta. Algunos espacios periurbanos (en ocasiones incluso en zonas rurales) son ocupados por equipos, en su mayoría muy jóvenes, con el in de acoger prácticas artísticas, experimentales y creativas. Lugares de libertad, instalados a menudo en espacios abandonados y reocupados para acoger proyectos culturales y artísticos, funcionan al margen de los canales oiciales. Este fenómeno ha permitido la emergencia de nuevas aventuras culturales y artísticas articuladas con las realidades locales y la población.

Estos lugares pluridisciplinares (música, teatro, artes visuales, danza, etc.), lexibles y abiertos, desempeñan un lugar muy importante en la produc-ción y la difusión de la creación cultural juvenil, y facilitan el acceso a for-mas culturales que no encuentran su lugar en los espacios tradicionales.

Otro aspecto importantísimo es el hecho de que los animadores de estos espacios muestran a menudo una gran preocupación por conectar con las dinámicas de desarrollo local, y establecen una relación más abierta con el público y con su entorno social. Algo que no sucede con los luga-res institucionalizados de la cultura.

Estos espacios intermedios (antiguas fábricas, casas o naves) son reutiliza-dos para actividades con una fuerte dimensión humana, lo que permite sustraerlos a la lógica especulativa y mercantilista.

Lo que preconizamos aquí es el establecimiento de un mecanismo de apoyo (sitio web, plataforma de cooperación, fondo de ayuda) que per-mita la interacción entre estos espacios, una especie de bolsa de inter-cambios para compartir información e iniciativas de formación sobre la gestión de estos lugares, particularmente frágiles, que sufren limitacio-nes de todo tipo y que, pese a ello, son indispensables.


7. Formación intercultural para los docentes de enseñanza secundaria: apoyar los intercambios escolares

Los manuales escolares transmiten representaciones de la historia nacio-nal de cada país e imágenes de los otros que muchas veces son inexactas o incompletas, cuando no falseadas. No obstante, estas representacio-nes evolucionan con el tiempo. El caso de las relaciones franco-alemanas pone de maniiesto la resistencia y la persistencia de los estereotipos transmitidos en la escuela, pese al cambio de las percepciones sociales, sobre todo entre las jóvenes generaciones.

Por lo que respecta al Mediterráneo, hace varios años que la UNESCO lanzó la idea de un trabajo sobre los manuales escolares de las dos ribe-ras y su revisión. Sin embargo, este proyecto se enfrenta a grandes dii-cultades debido a la resistencia que oponen las autoridades nacionales a la hora de someter a discusión las bases de la transmisión de lo que se considera como el núcleo de la identidad nacional de cada país. Además, la complejidad del sistema de aprobación de los manuales escolares (inluencia de los editores, libertad de elección por parte de los docentes, etc.) obstaculiza asimismo el cuestionamiento de los contenidos transmi-tidos mediante el sistema escolar.

Lo que proponemos aquí es abordar esta cuestión, de una forma más modesta, desde la perspectiva de la formación de los docentes. En efecto, intervenir sobre la formación de los jóvenes docentes de enseñanza pri-maria y secundaria permitiría proporcionarles las herramientas de una mirada crítica sobre el contenido de su enseñanza futura, y probable-mente responder a una necesidad percibida por los propios docentes, confrontados a un público escolar que ha evolucionado y a unas nece-sidades de instrumentos pedagógicos que no están suicientemente satisfechas por los manuales actuales.

La idea propuesta consiste en organizar una serie de actividades de for-mación intercultural dirigidas a los docentes en el marco de su aprendi-zaje profesional en al menos seis países de la ribera norte y de la ribera sur. Estas actividades de formación se integrarían en el programa de estudios de forma experimental y voluntaria.

Posteriormente, la evaluación de estas actividades de formación permi-tiría la elaboración de herramientas pedagógicas (guías pedagógicas


y otros), así como la creación de un sistema de ayudas concretas para insertar la formación intercultural en la práctica docente y constituir un estímulo a los intercambios escolares euromediterráneos (instrucciones y experiencias, contactos, etc.). Paralelamente, la creación de un obser-vatorio de los intercambios escolares permitiría difundir la información entre los centros escolares y realizar un seguimiento de estos intercam-bios.

Este proyecto podría obtener el apoyo de la Fundación Anna Lindh en el marco de su programa “Nuestro futuro común”, que contiene un apar-tado especíico para la formación de los docentes, en contacto con el Consejo de Europa y la Organización Árabe para la Educación, la Cultura y las Ciencias.

�. Euromed Lingua: un programa a favor de la diversidad lingüística y cultural

En el espacio euromediterráneo, la promoción y la defensa de la diver-sidad cultural pasan por una política coherente en materia de lenguas. En efecto, el acceso a la cultura del Otro, en el que se basa todo diálogo intercultural, implica la consideración de la diversidad lingüística, y, en el Mediterráneo, ante todo la consideración de las lenguas árabe y turca como componentes esenciales del espacio cultural de las riberas sur y este del Mediterráneo. Combatir los estereotipos signiica también faci-litar el conocimiento del imaginario producido por una cultura. Esto es igualmente cierto en el sentido norte-sur, es decir, en el sentido de hacer accesible la creación literaria europea al público de la sociedades medi-terráneas del sur.

Un programa del tipo Euromed Lingua podría beneficiarse proba-blemente de la experiencia adquirida por los programas europeos de apoyo a la diversidad lingüística en Europa, como Ariane (1997-1999) y las acciones Lingua (integradas desde mediados de los años noventa con los programas marco Sócrates y Leonardo). Actualmente, no existe ninguna iniciativa en este ámbito en el seno de la AEM. Euromed Lingua, sin aspirar a cubrir todos los aspectos de una política lingüística en el espacio euromediterráneo, podría abordar de manera pragmática las necesidades más urgentes.


Euromed Lingua tendría dos componentes: el apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas mediterráneas en Europa y el apoyo a la traducción al árabe y al turco de las obras literarias europeas.

Primer componente: difusión de las lenguas árabe y turca en Europa

Euromed Lingua estaría integrado por diversas acciones en el marco de este componente:

• Estimular la enseñanza del árabe y del turco mediante el apoyo a la crea-ción de nuevos métodos y herramientas para los docentes y mediante la cooperación entre instituciones de formación de profesores de lengua.

• Incentivos a la generalización del aprendizaje temprano del árabe y del turco en la escuela y en los estudios superiores en los países europeos.

• Incitación al aprendizaje del árabe y del turco en el marco de la forma-ción profesional en Europa en los sectores del periodismo, el turismo, la gestión cultural y la universidad. En este contexto, debería diseñarse una acción especíica de ayuda a la movilidad de los jóvenes en proceso de formación.

Segundo componente: la traducción al árabe y al turco.

Se inanciarían dos tipos de acciones:

• Ayudas a la traducción de los autores contemporáneos europeos, espe-cialmente en los ámbitos de la novela, la poesía y el teatro.

• Ayudas a la cooperación entre profesionales, entre escuelas de traduc-ción y talleres de formación para la traducción literaria con el in de con-tribuir a mejorar la calidad de la traducción literaria y la movilidad de los traductores.

Euromed Lingua sería un nuevo programa regional MEDA, pero podría beneiciarse de inanciación complementaria procedente de otras líneas presupuestarias europeas, como las de la DG Educación y Cultura y el nuevo Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA).


9. Un programa de encuentros periódicos entre investigadores,intelectuales y responsables asociativos europeos y mediterráneos:la perspectiva islámica y la perspectiva europea en diálogo

Ocasión rara, sino única en su género, el encuentro que tuvo lugar en Beirut en febrero de 200415 fue un ejemplo de diálogo abierto y valiente entre el punto de vista islámico y el punto de vista europeo sobre los desafíos actuales.

Dicho encuentro fue organizado por el Consultative Center for Studies and Documentation, el Institut d’Orient, la Fundación Friedrich Ebert (Oicina de Beirut) y el Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations (de Birmingham). Proporcionó la oportunidad de una verda-dera confrontación de ideas entre personas procedentes de horizontes intelectuales muy diferentes: un diálogo auténtico, en ocasiones áspero, sobre los conceptos y los valores en que se basan las percepciones recí-procas, los prejuicios y las incomprensiones entre el mundo musulmán y el mundo europeo.

Esto permitió a universitarios e intelectuales europeos y universitarios e intelectuales próximos a Hezbollah y a otros movimientos islámicos radicales abordar un amplio espectro de cuestiones: el debate sobre la

“democratización”, la diferente percepción sobre el concepto de violen-cia y de resistencia, la “invasión cultural” de las sociedades árabes por parte de Occidente, la identiicación del islam con el fundamentalismo y el terrorismo o la imagen de Occidente como una realidad agresiva y neocolonizadora, entre otras cuestiones.

Los temores recíprocos alimentados por la incomprensión estuvieron en el centro de esta interesante confrontación.

Dicho encuentro rompe con la tradición de reuniones euromediterráneas en las que los participantes se encuentran frente a su imagen especular y se contentan con una apariencia de diálogo en el que no se abordan más que los temas de consenso, sin atreverse a ir al fondo de las diferencias, por fecundas que sean, entre las distintas tradiciones de pensamiento.

15 The Islamic World & Europe: From Dialogue Towards Understanding, Conferencia Internacional celebrada en Beirut los días 17 a 19 de febrero de 2004.


Parece urgente y necesario garantizar una continuidad a este tipo de encuentros, tomado como ejemplo de buenas prácticas, y mantener en el tiempo este verdadero diálogo mediante la organización de encuen-tros periódicos, seguidos, y cuyos contenidos deben ser difundidos para alimentar el debate público en las sociedades y las opiniones públicas de Europa y del Mediterráneo.

10. Creación de un visado “cooperación Euromed”

La política de visados aplicada en el espacio Schengen y entre los países mediterráneos es uno de los principales obstáculos a los intercambios euromediterráneos.

La obtención de un visado de entrada en un país es una decisión sobe-rana de cada Estado. Esta decisión, sujeta en la mayoría de los casos al principio de reciprocidad, viene dictada por las relaciones diplomáticas entre los Estados, y por consiguiente evoluciona con ellas. Dicho de otro modo, el hecho de exigir la posesión de un visado para la entrada de los nacionales de determinados países no es inmutable.

El lanzamiento de la Asociación Euromediterránea no ha tenido ninguna consecuencia en el régimen de visados, que se exigen, en particular, a todos los nacionales de los países de la ribera sur para poder entrar en Europa, lo que supone una contradicción lagrante con el espíritu de la Declaración de Barcelona. La traducción tangible y simbólica de la volun-tad de “hacer de la cuenca mediterránea un ámbito de diálogo, intercam-bio y cooperación” hubiera debido ser una abolición pura y simple de los visados entre los países signatarios.

Por el contrario, a medida que pasan los años algunos países, como Italia, han endurecido sus prácticas, pese a que hoy en día está demostrado que la imposición de visados o la negativa a concederlos no tiene nin-guna incidencia sobre el lujo de emigrantes clandestinos.

Aquellos y aquellas que pagan la factura de esta situación son los propios ciudadanos mediterráneos, a los que a menudo se les impide atravesar las fronteras en el marco de proyectos de cooperación de toda índole, y particularmente de los proyectos de intercambios culturales. Las jóvenes generaciones, conviene recordarlo, se ven especialmente afectadas por


estas restricciones a la libre circulación, tal y como lo pone de maniiesto el documento de evaluación del programa regional Euromed Juventud (diciembre de 2004).

Los Foros Civiles Euromediterráneos han denunciado una y otra vez esta situación, formulando proposiciones que van desde la abolición de los visados de corta duración (Marsella 2000) a la concesión de visados de entradas múltiples para los participantes en proyectos euromediterrá-neos. Estas medidas facilitarían la luidez de los proyectos de coopera-ción cultural.

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en estos últimos diez años, sería posible proponer la creación de un visado dotado de una especie de etiqueta “Euromed” que se concedería a todos aquellos que se des-plazan en el marco de la cooperación euromediterránea en el sentido norte-sur, sur-norte o sur-sur.

Junto a los visados “turísticos”, “profesionales” o “familiares”, este visado “cooperación Euromed” se concedería de acuerdo con un procedimiento simplificado (sin necesidad de acreditar medios financieros, ni aloja-miento, etc.) y acelerado, dando derecho a entradas múltiples y por un período prolongado.

La adopción de este sistema debería ser obligatoria para los países sig-natarios de Acuerdos de Asociación con la Unión Europea, y con carácter recíproco. Más en general, todos los países signatarios de la Declaración de Barcelona deberían adherirse a este sistema.

En tanto se crea un “visado Euromed” de este tipo, una medida transi-toria podría ser la ampliación del ámbito de aplicación de la Resolución del Consejo Europeo (nº 13649/00) de 14 de diciembre de 2000 a todos los países del Proceso de Barcelona. Esta Resolución se reiere al plan de acción para favorecer la movilidad en Europa y eliminar los obstáculos que se oponen a ella, en particular para los jóvenes, los estudiantes, los formadores y los investigadores.


Medidas para reforzar la participación de la socie-dad civil en la Asociación Euromediterránea a

través de las ONG

Isaías Barreñada

Politólogo

Es innegable que hay una disonancia entre el discurso de la Asociación Euromediterránea (AEM) respecto a la sociedad civil y el papel que se le ha asignado a lo largo de estos diez años. Por un lado, el encasillamiento de la sociedad civil en el tercer pilar es insuiciente y reduccionista; el papel de la sociedad civil, en su doble calidad de actor complementario y controlador, tiene sentido en todos los componentes de la Asociación: en la creación de un espacio de paz y estabilidad, en la construcción de una zona de prosperidad compartida y en el desarrollo de los recursos humanos, la comprensión entre las culturas y los intercambios entre las sociedades civiles1. Por otro lado se ha tendido a considerar como socie-dad civil a todo un abanico de actores, y de manera particular a los de la cooperación descentralizada (municipios, universidades, institutos), pero que siendo no gubernamentales no son exactamente actores sociales autónomos que estén cerca de las poblaciones y que representen genui-namente sus intereses. Pocas han sido las vías concretas que las entida-des sociales han tenido para acceder a participar de manera concreta en la AEM. Y inalmente se ha tendido a acantonar la participación de las asociaciones a los Foros Civiles Euromed, eventos interesantes que han posibilitado encuentros y debates, pero que durante mucho tiempo han sido iniciativas oiciales y que han respondido a los intereses de la Comisión Europea y de los gobiernos.

1 Sobre la doble función de la sociedad civil, ver Annette Jünemann, “From the Bottom to the Top: Civil Society and Transnational Non-Governmental Organisations in the Euro-Mediterranean Partnership”, Democratization, 9:1, 2002, pp. �7-105.

Sin embargo, a lo largo de estos diez años, se han producido tres fenó-menos interrelacionados, sobre los que hay que basar cualquier tipo de estrategia para fortalecer a las sociedades civiles:

1. Se han creado varias redes temáticas de carácter regional euro-mediterráneo.

2. Se han reformado los Foros Civiles, apropiándose de los encuen-tros las organizaciones de la sociedad civil.

3. Y a partir de lo anterior, se ha ido articulando una Plataforma No Gubernamental Euromed que tiene vocación de articular las sociedades civiles del espacio euromed y de ser interlocutor de las instituciones en el marco de la AEM.

Objetivos de la AEM y progresos realizados

Es un hecho irrefutable y una realidad cada vez más consolidada la insta-lación en la vida internacional de fuerzas no estatales con capacidad de intervención en múltiples planos, desde el normativo (véase la capaci-dad propositiva de algunas ONG), la gestión de los asuntos más diversos (derechos humanos, medio ambiente, cooperación al desarrollo), hasta la vigilancia del cumplimiento de las normas internacionales por los actores tradicionales.

La participación de la sociedad civil es un tema de creciente actualidad en las relaciones internacionales; se habla ya de una sociedad civil global. Un ilustrativo indicador de esta atención es el llamado Informe Cardoso que entre otras recomendaciones, sugiere que se impliquen a las ONG en los organismos intergubernamentales y se articulen mejores relacio-nes entre las instancias de Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil2. Asimismo en el informe del “Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio” también se reconoce el papel de la sociedad civil en la seguridad colectiva, la mediación y las estrategias de reducción de la pobreza. Se airma que es imprescindible un mayor

2 Informe Cardoso, Nous, les peuples: la société civile, l’Organisation des Nations Unies et la gou-

vernance mondiale (doc. A/59/354), elaborado por el Grupo de Personas Eminentes encargado de examinar las relaciones entre Naciones Unidas y la Sociedad Civil, recibido por Koi Annan el 11 de junio 2004. http://www.un.org/reform/panel.htm.


protagonismo de la sociedad civil para la consolidación de la paz3. Sin embargo, aunque la sociedad civil puede aportar dosis de legitimidad, no alternativa sino concurrente, no se le reconoce una plena carta de naturaleza ni se la integrar plenamente como observador en los órganos de las instituciones. El papel de estos actores rompe el tradicional mono-polio gubernamental de la acción exterior.

La Unión Europea se ha anticipado en alguna medida a esta dinámica, reconociendo el papel de los actores no estatales (los agentes económi-cos y sociales y las ONG) y asociándolos en primer lugar a sus políticas internas. Esto se ha extendido luego en su acción exterior4. Es el caso de los Acuerdos de Cotonou o de la política mediterránea. Así igura explíci-tamente en la Declaración de Barcelona:

“(…) [los participantes] reconocen el papel fundamental que puede desempeñar la sociedad civil en le proceso de desarro-llo de la colaboración euromediterránea y también como factor esencial para una mayor comprensión y acercamiento entre los pueblos; consiguientemente, acuerdan fortalecer o crear los ins-trumentos necesarios para una cooperación descentralizada que favorezca los intercambios entre los agentes del desarrollo en el marco de las legislaciones nacionales: los responsables de la sociedad civil y política, del mundo cultural y religioso, de las uni-versidades, de la investigación, de los medios de comunicación, de las asociaciones, los sindicatos y la empresa pública y privada (…)

[Declaración de Barcelona, 27-2� de noviembre de 1995]

El papel que la AEM atribuye a la sociedad civil tiene que ver con la idea misma de “asociación” (partenariat, partnership) y con su triple objetivo de crear un área común de paz y de estabilidad, de prosperidad compar-tida y de comprensión mutua, que no se puede alcanzar solamente por

3 Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos (doc A/59/565) http://www.un.org/french/secureworld/. 4 “El papel y la contribución de la sociedad civil organizada en la construcción europea”, dicta-men del Comité Económico y Social europeo (CESE nº �51/1999) de 22 de septiembre de 1999.


la acción de los gobiernos, sino también implicando a los pueblos y a la población organizada, la sociedad civil.

Sin embargo, la práctica ha sido muy diferente: se ha permitido muy poca implicación real de la sociedad civil autónoma y ha habido poca coheren-cia entre las acciones5. En la AEM ha primado lo intergubernamental y no han sido integradas las sociedades civiles, considerando de manera insuiciente sus necesidades e intereses. Así lo ha reconocido la Comisión Europea en varias declaraciones aplicadas a los derechos humanos y a la promoción de la democracia:

(…) El espíritu de cooperación no ha producido un diálogo sui-cientemente franco y serio sobre problemas tales como los dere-chos humanos, prevención del terrorismo o emigración. La política de derechos humanos en la región ha carecido de la coherencia necesaria. El enfoque tradicional de la UE de asesoramiento cons-tructivo y de apoyo a los elementos activos de la sociedad civil no siempre ha recibido el apoyo de los gobiernos locales. Deben reali-zarse mayores esfuerzos para promover la defensa de los derechos humanos universales. (…)

(…) Una sociedad civil libre y próspera es una condición previa básica para el éxito de la Asociación en todos sus aspectos. Las organizaciones no gubernamentales que actúan en un marco jurídico pueden aportar una valiosa contribución en numerosos ámbitos de la Asociación. Uno de los principales objetivos de la cooperación en los sectores de los derechos humanos, de la buena gestión de los asuntos públicos y del Estado de Derecho deberá ser la instauración de un clima favorable para un trabajo eicaz de las ONG. A largo plazo, constituye el medio más útil con que cuenta la UE de ayudarlas. (…)

[Un nuevo impulso para el proceso de Barcelona, Comu-nicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para preparar la Cuarta reunión de Ministros de Asuntos Exteriores euromediterráneos, Bruselas, 6.9.2000, COM(2000) 497 inal]

5 Ulrike Julia Reinhardt, Civil Society Co-operation in the EMP: From Declarations to Practice, EuroMeSCo Papers, 15, mayo de 2002.


(…) (Diálogo con la sociedad civil) La sociedad civil desempeña un papel esencial en la aplicación y el seguimiento de toda política relativa a los derechos humanos y la democratización. En el marco del proceso de Barcelona y la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos, la Comisión respaldó ONG y otros actores no estatales - los de la región y aquellos que actúan desde Europa

- para que resultaran más eicaces en la detección de los problemas y en la realización de presión para lograr mejoras. Las acciones llevadas a cabo se centraron en la formación y el intercambio de las mejores prácticas en este ámbito. Los problemas se abordaron en todas las reuniones del Foro de la sociedad civil (ONG y otros representantes de la sociedad civil de la UE y de los socios medite-rráneos) previas a las reuniones de los Ministros euromediterráneos de Asuntos Exteriores.

(Recomendación n°4) A nivel nacional, las Delegaciones de la Comisión deberían organizar con los Estados miembros talleres periódicos con la sociedad civil y perseguir, si la situación lo per-mite, una participación constructiva de las autoridades nacionales. En la medida de lo posible, habría que esforzarse por no limitar este diálogo a la sociedad civil nacional y abrirlo a las organizacio-nes de la sociedad civil activas a nivel regional. Las Delegaciones de la Comisión y los Estados miembros estudiarían el programa.

Estos talleres tendrían por objeto:

* contribuir al conocimiento general de la UE sobre las condi-ciones locales, aportando así una valiosa contribución a la formulación de políticas de la UE, incluida la elaboración de los Programas Indicativos Nacionales y Regionales;

* formular recomendaciones en apoyo de la programación de la IEDDH y la deinición de los proyectos;

* contribuir a estructurar el debate a nivel regional a través de los foros de la sociedad civil organizados en el marco del proceso de Barcelona;


* fomentar las políticas de la UE en los ámbitos de los dere-chos humanos, la democratización y el Estado de Derecho, incluidas las diferencias de trato por razón de sexo, como cuestiones transversales;

* además de ello, estas reuniones ayudarán a las asociacio-nes, las fundaciones y las ONG que trabajan en la región a estructurar mejor y coordinar su trabajo.

[Un nuevo impulso a las iniciativas de la UE en el ámbito

de los derechos humanos y la democratización, en cola-

boración con los socios mediterráneos. Orientación estra-

tégicas. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, Bruselas, 21.05.2003, COM(2003) 294 inal]

A pesar de ello, algo se ha hecho. EuroMeSCo, en su informe de balance de diez años de Proceso de Barcelona6, señala que se han incrementado las iniciativas y las interacciones entre sociedades civiles del Norte y del Sur del Mediterráneo. Pero en los Países Asociados Mediterráneos (PAM) los esfuerzos no se han visto acompañados de reformas políticas y legales, y el impacto de las sociedades civiles entre la población y en las medidas de conianza se ha visto limitado. Además, las asociaciones de inspiración religiosa, que constituyen una de las modalidades más singu-lares de vertebración social, se han visto totalmente excluidas de la inicia-tivas apoyadas por la AEM. No obstante, algunas ONG, esencialmente del campo de los derechos humanos, han tenido algún papel destacado en programas de Justicia e Interior (Justice and Home Afairs) al involucrarse en acciones dirigidas a la Administración de justicia, la formación de la policía o de funcionarios, con fondos de Meda-Democracia y de la Inicia-tiva Europea por la Democracia y los Derechos Humanos.

Las razones de ese desajuste son varias:

1. Hay una falta de una deinición clara del papel y de las posibilidades de intervención de las sociedades civiles. La Declaración de Barcelona u otros documentos oiciales no precisan de manera explícita cuando, dónde,

6 Barcelona Plus: Towards a Euro-Mediterranean Community of Democratic States. EuroMeSCo, febrero de 2005.


cómo y con qué recursos las sociedades civiles pueden actuar sobre la AEM. En consecuencia todo ha quedado en manos de las instituciones euromed: desde la deinición de qué es sociedad civil (privilegiándose la menos con-lictiva), los programas accesibles o los eventos representativos de su pre-sencia en la AEM. Fruto de todo ello es que la capacidad de la sociedad civil para intervenir e inluir ha sido muy limitada.

2. El concepto mismo de sociedad civil. Sin entrar en el debate acadé-mico sobre el signiicado de la sociedad civil, esta claro que aplicado al caso euromed hay una disonancia entre las instituciones y los movimien-tos sociales. Para la AEM la Comisión Europea ha recurrido a una deini-ción muy laxa y que daba poco pie a polémicas en los PAM: es sociedad civil todo lo que no es gobierno, desde agentes económicos hasta enti-dades para-gubernamentales o públicas, desde los ayuntamientos, las universidades, las empresas, los medios de comunicación, los parlamen-tos, hasta las instituciones consultivas (como los consejos económicos y sociales, e instituciones homólogas). Todas ellas son entidades formales y con capacidad de gestión. Esta opción por los actores de la cooperación descentralizada, ha contribuido a su reclusión en los temas relativos al tercer pilar de la AEM.

En cambio las instituciones euromed han sido muy tímidas para involucrar a iniciativas sociales, menos articuladas (asociaciones comunitarias, ONG), con un mayor componente de riesgo político (asociaciones pro derechos humanos, grupos por la resolución de conlictos) o con una natural incli-nación por abordar temas del pilar económico de la asociación (sindicatos, ambientalistas, productores o consumidores). Esto ha supuesto una margi-nación de facto de los movimientos asociativos, y ha ido en detrimento de un verdadero apoyo al fortalecimiento de la sociedad civil en los PAM y de su articulación con las sociedades civiles de Europa. El único tratamiento especíico ha consistido en su acantonamiento en los Foros Civiles Eurome-diterráneos.

3. La negación implícita de las sociedades civiles autónomas real-mente existentes ha sido el resultado combinado de al menos tres fac-tores:

a) las reservas de la UE a tratar con un interlocutor difuso, extremada-mente plural y crítico con los gobiernos de los PAM. Sin embargo


el potencial con el que pueden contribuir las sociedades civiles es precisamente su naturaleza, su independencia, su pluralidad y su cercanía a la población,

b) los imperativos burocráticos de la Comisión Europea que chocan con la reducida capacidad de gestión de las asociaciones,

c) y las resistencias de los gobiernos y de los grupos de poder en los PAM, que se resisten a dar carta de naturaleza a iniciativas reformis-tas y críticas con los regímenes.

4. La inadecuación de los medios. La participación de la sociedad civil ha sido enclaustrada en el tercer pilar de AEM: en programas regionales (cooperación descentralizada), los Foros Civiles Euromed y en algunas acciones de fortalecimiento de asociaciones en los PAM. Su acceso a los instrumentos de la AEM ha sido limitado esencialmente por dos razones: los procedimientos de inanciación y las resistencias de algunos países.

a) Por exigencias burocráticas se ha privilegiado la inanciación de acciones de cierto tamaño y con carga de gestión administrativa (en detrimento de los micro-proyectos de fácil gestión), de esta forma se ha excluido a una gran parte de la sociedad civil.

b) Por su naturaleza las expresiones de las sociedades civiles no siempre pueden articular sus actividades como apoyo (refuerzo, complemento) a las políticas gubernamentales. En muchos casos a través de sus actividades actúan como contrapeso o vigilante (watchdog) de las políticas gubernamentales. Su implicación en la AEM requiere por lo tanto de mecanismos para salvar el veto de los gobiernos y de medios de protección.

Evaluación crítica desde el punto de vista de los actores sociales y de las poblaciones concernidas

En el marco de la AEM varios programas e iniciativas han sido presenta-dos como las vías para implicar a las sociedades civiles: los encuentros de parlamentarios, de comités consultivos económicos y sociales, de uni-versidades y centros de investigaciones, de sindicatos, de responsables y técnicos municipales, los Foros Civiles Mediterráneos.


Los programas regionales euromed se pusieron en marcha a partir de 1992, en el marco de la Política Mediterránea Renovada. Con ellos se pretendía implicar de manera más decidida a los actores no gubernamentales, pri-vados o públicos, en la cooperación. Esta “cooperación descentralizada” se articuló en una serie de programas (Med-Urbs, Med-Invest, Med-Cam-pus, Med-Media), que entre 1992 y 1995 facilitaron el establecimiento de unas 470 redes implicando a más de 2000 entidades (67 millones de ECU). Aunque la experiencia se paró en 1996 por problemas administrativos, a partir de 199� se pusieron en marcha nuevos programas regionales (EUMEDIS-Desarrollo de la sociedad de la Información, Euromed-Heritage, Euromed-Audiovisual, Euromed-Youth Action, Euromed Dialogues, y el más reciente programa regional universitario, TEMPUS). En su cometido igura que están especialmente dirigidos a reforzar la AEM en lo cultural, social y humano, y a acercarla a la población.

Estos programas han permitido crear pequeñas redes y fortalecer expe-riencias de colaboración transmediterránea a diferentes niveles y entre ciertos actores sociales. Pero implican esencialmente a empresarios, técnicos, expertos, profesionales o artistas; no se dirigen realmente a la sociedad civil autónoma7. No se puede por lo tanto airmar que hayan supuesto un fortalecimiento de las sociedades civiles de los PAM ni una acercamiento entre las sociedades de la UE y de los PAM.

Además, la decisión, tomada en 2000 por consideraciones burocrático-administrativas de la Comisión, de reducir el número de proyectos y ele-var el presupuesto de cada uno de ellos, limita la diversiicación de las acciones y acentúa la exclusión de facto de los grupos de la sociedad civil y las asociaciones de base (supone el in de los micro-proyectos).

Los instrumentos para apoyar iniciativas de la sociedad civil han sido limitados. Uno ha sido el programa Meda-Democracia, puesto en mar-cha en 1996 y que constituye un caso especial, al estar dirigido a ONG que trabajan en el campo de los derechos humanos y de la democracia. Por los contenidos que aborda, las propuestas son seleccionadas por la Comisión y no por el Comité Euromed, y las acciones que inancia no se hacen a cargo del presupuesto MEDA sino de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) y son gestionadas

7 U.J. Reinhardt, op. cit.


por EuropAid (línea presupuestaria B7-7050). El IEDDH ha inanciado las actividades de numerosas ONG de los PAM en este campo. Asimismo también algunos Planes Indicativos Nacionales han incluido partidas inancieras para la sociedad civil.

Sin embargo donde la sociedad civil autónoma ha tenido una partici-pación relevante en el marco de la AEM, es en torno a tres dinámicas: los foros civiles euromediterráneos, las redes temáticas regionales y la Plataforma No Gubernamental Euromed

1. Los Foros Civiles Euromediterráneos. Desde la puesta en marcha de la AEM en noviembre de 1995 en Barcelona, varias cumbres y reuniones de Ministros de Asuntos Exteriores se han visto precedidas o acompañadas de Foros Civi-les Euromediterráneos (FCE)�. En estos foros se han reunido representantes de las sociedades civiles de las dos orillas y se ha abordado un enorme aba-nico de temas, desde la ciudadanía, la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, la seguridad y la paz, los derechos económicos y sociales, hasta la igualdad la cultura y la juventud. Todos los foros concluyen con una declaración que se hace llegar a la cumbre oicial.

Al haber sido iniciativas oiciales (la presidencia de turno decide su rea-lización, ija la fecha y decide la entidad encargada de organizarlos), los foros han variado mucho los unos de otros, en cuanto a formato, a temas abordados e incluso en cuanto a participantes. En ciertos casos, su fuerte impronta institucional ha provocado la realización de eventos alternativos paralelos9. En otros, dadas las condiciones políticas del país, se promovió que su organización implicara a los propios actores (caso de Stuttgart en 1999 y Marsella en 2000). Sin embargo su estructura ha evolucionado y se han ido convirtiendo en espacios donde la propia sociedad civil ha des-empeñado un papel más activo en su preparación y realización. Desde

� Foros realizados: Barcelona 1995, Malta y Nápoles en 1997, Stuttgart en 1999, Marsella en 2000, Bruselas en 2001, Valencia en 2002, Chania-Creta en 2003, Nápoles en 2003 y Luxemburgo 2005.9 En dos ocasiones se realizaron eventos paralelos y alternativos al FCE; en Barcelona (1995) tuvo lugar la Conferencia Mediterránea Alternativa y en Marsella (2000) la Rencontre méditerranéenne contre la globalisation néolibérale. En esos casos el FCE apareció como la iniciativa mediadora entre las iniciativas sociales y las instituciones, mientras que las conferencias alternativas aparecían como fuerzas de vigilancia. Con el tiempo estas iniciativas o bien se han integrado en la dinámica en torno a los FCE o se han implicado en los Foros Sociales nacionales, árabe o del Mediterráneo. Annette Jünemann, “The Forum Civil Euromed: Critical Watchdog and Intercultural Mediator”, in Panebianco, Stefania (ed.): A New Euro-Mediterranean Partnership Cultural Identity. Frank Cass, London 2003, pp. �4-107.


2003 la Plataforma No Gubernamental Euromed desempeña un papel central en la organización de los FCE10.

Fortalezas

1. Los FCE han sido ocasiones de encuentro de la sociedad civil. Han ayudado a los intercambios, al conocimiento mutuo, a coordinar acciones y a establecer redes; han permitido debates de temas transversales y coyunturales de actualidad.

2. Los foros han posibilitado deinir posiciones comunes, relejadas en las conclusiones de los grupos de trabajo y en las declaracio-nes inales. Estas declaraciones han subrayado la necesidad de reforzar lo social en la AEM y de fortalecer la sociedad civil.

3. La dinámica de los foros ha terminado dando un claro protago-nismo a las redes temáticas.

Debilidades

1. El principal problema ha derivado de la total falta de autonomía de los foros. La Comisión Europea y los gobiernos que presidían la UE han decidido la realización de foros y designado operado-res locales, no siempre conocedores del tema y generalmente sin conexión con los organizadores anteriores. En el mejor de los casos el operador ha tenido en cuenta a algunas estructuras de la sociedad civil.

2. Esta rotación de los organizadores ha incidido (hasta 2003) en el carácter puntual y évenementiel de los foros y ha provocado cambios de formato, falta de continuidad en sus contenidos y escaso seguimiento de las conclusiones.

10 Sobre la evolución de los Foros Civiles, véanse : El proceso del Foro Civil Euromediterráneo. Revi-

sión crítica, 1995-2000. ACSUR, Madrid, 2002 (mimeo.); Eduard Soler i Lecha, «The External Dimen-sion of Sub-national Governments: Dealing with Human Rights at the Barcelona and Valencia Euromed Civil Fora», Mediterranean Politics, Vol. �.2-3, 2003, and Helena Oliván: «El Fórum Civil Euromed : balance, continuidades y cambios », Quaderns de la Mediterránea, 2-3, 2001.


3. Este modelo ha acarreado una escasa participación previa (por ejemplo en la elaboración de las agendas y objetivos), una baja representatividad de los participantes (al proceder de ciertos círculos, cierto elitismo), y el no abordaje de temas que más pre-ocupan a las sociedades civiles.

4. Además al considerarse una iniciativa de la presidencia de turno de la UE, con cierta carga mediática, solo se han realizado en el Norte.

5. Los FCE son acontecimientos puntuales, no son ines en sí mismo y a los que no se puede reducir la participación de la sociedad civil en el AEM. No han sido especialmente útiles para incidir en las agendas de las cumbres ni en la toma de decisiones; en el mejor de los casos las declaraciones oiciales han hecho mención de la realización del FCE y en algunos casos de temas de interés identiicados por el foro.

6. Los FCE han contribuido poco a que las opiniones públicas, a través de las asociaciones y de los medios de comunicación, se interesen por la AEM.

7. Finalmente los foros han tenido una función de alibi para la Comisión; han costado poco y se han presentado como la forma en que se apoya la estructuración de la sociedad civil.

Estas debilidades generaron insatisfacción y frustración, especialmente tras los foros de Bruselas (2001) y de Valencia (2002), y sin cuestionar el FCE en sí, algunos actores (redes y antiguos organizadores) decidieron intervenir. Su objetivo era reforzar las fortalezas de los foros y evitar la pérdida de un instrumento con alto potencial. Para ello se ideó una progresiva reforma de los FCE y al mismo tiempo la creación de una estructura permanente que represente a la sociedad civil en la AEM, que organice eventos y articule iniciativas comunes, y que sea el principal interlocutor con las instituciones.

A inales de 2002 y principios de 2003 se estableció una “Plataforma No gubernamental para el relanzamiento del Foro Civil Euromed”, cuya secretaría provisional fue asumida por la red más articulada, la REMDH. Se identiicaron medidas para reformar los FCE y reforzar el papel de la


sociedad civil 11. En Chania (mayo 2003) se profundizó el debate y se ijó con la Comisión Europea y con el operador del siguiente foro un meca-nismo que implicaba a la Plataforma: el establecimiento de un Comité de Pilotaje conjunto. En los meses posteriores se ijó la visión de un FCE reformado12.

Por lo tanto, a partir de 2003 los foros empiezan a ser signiicativamente diferentes. Su organización corre a cargo de una estructura en la que interviene un operador local y una estructura representativa. Además se introduce un componente participativo, al llevar a cabo un proceso previo de consultas nacionales en la mayor parte de los PAM y algunos de la UE; en el proceso de preparación del FCE de Nápoles (2�-30 de noviem-bre 2003) se implicaron más de 500 organizaciones que participaron en � consultas en los PAM y en 3 países de la UE. Así tanto el programa como los objetivos son debatidos y consensuados entre redes temáticas y plataformas nacionales. La buena coordinación entre operador local y Plataforma permite a los participantes recuperar su interés en los FCE y los debates mejoran sustancialmente. Esta misma dinámica se aplicará en la preparación del siguiente foro a celebrarse en Luxemburgo (1-3 de abril 2005). La Plataforma ha trabajado estrechamente con el operador designado; se han realizado consultas nacionales (� en PAM y 7 en el Norte) y se han seleccionado los participantes a través de esas reuniones nacionales y a través de las redes temáticas13. Esto permitió que el FCE de Luxemburgo fuera sin lugar a dudas más participativo y representativo que todos aquellos que le habían precedido.

2. Las redes temáticas regionales euromed. El Proceso de Barcelona y los foros han contribuido a la conformación de redes temáticas de ámbito euromedi-terráneo. Algunas son anteriores 1995, es el caso del Foro de los Ciudadanos del Mediterráneo. En otros casos se acelera una coordinación que preexistía. Es el caso de la Red Euromediterránea por los Derechos Humanos (REMDH

– EMHRN) que se crea en 1997, agrupa a más de ochenta asociaciones de 20 países y que ha desarrollado una intensa labor de seguimiento de la situa-

11 Document stratégique de la Plateforme: réorganiser le Forum Civil Euromed. Renforcer la coopé-

ration de la société civile euro-méditerranéenne dans le Processus de Barcelone. Febrero 2003, www.euromedrights.net. 12 Communiqué du Groupe de Suivi “Plateforme pour le Forum Civil Euromed” (6.6.2003).13 Hay que señalar que, en un primer momento, con la plena disposición de la presidencia de la UE, se baraja realizar el primer foro en un país del Sur. Finalmente se desiste por indicación de las propias organizaciones árabes, dada la situación en Oriente Medio.


ción de los derechos humanos y de incidencia política14. Otro caso es el del Foro Sindical Euromediterráneo que se crea en abril de 1999, con motivo del FCE de Stuttgart. Agrupa a los sindicatos de la Confederación Europea de Sindicatos y los principales sindicatos de los PAM, miembros de la Con-federación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL-ICFTU) o de la Confederación Internacional de Sindicatos Árabes (CISA-ICATU). El Forum Euromediterráneo de las Culturas (FEMEC15) se crea en el año 2000 con motivo del FCE de Marsella en 2000, reuniendo a personalidades acti-vas en el mundo de la investigación y de la cultura mediterránea. Algunas de estas redes han obtenido inanciación de la Comisión Europea para sus actividades.

Se trata de una dinámica desigual. En algunos casos, aunque se hayan creado nuevas redes euromed en un sector coexisten otras preexisten-tes; es el caso de las redes de mujeres y de medio ambiente16. Las redes regionales no siempre agrupan a todas las asociaciones del sector, pero articulan a una parte muy importante de las más signiicativas (el Foro Sindical por ejemplo afronta el handicap de tener sólo una organización miembro por cada PAM, aunque haya pluralismo sindical). Las redes per-miten deinir posiciones comunes (es el caso de REMDH y Foro Sindical). Además se crean redes muy especíicas (la red Dance Bassin Méditerra-néen, DBM, creada en 199�; la red RECEPTIS sobre relaciones laborales e industriales). La creación de redes temáticas regionales ha propiciado que redes de ámbito subregional y plataformas asociativas de ámbito nacional se insertan también en la dinámica euromed (la plataforma de ONG árabes de desarrollo ANND, las redes árabes de derechos humanos, las redes de mujeres árabes y magrebíes, la Plataforma de ONG de desa-rrollo palestinas PNGO, la plataforma de asociaciones palestinas en Israel Ittijah o marroquíes Espace Associatif).

14 www.euromedrights.net. 15 www.femec.org. 16 En 1995 se creó Med Forum (Mediterranean NGO Network for Ecology and Sustainable Development), que agrupa a más de �0 asociaciones en 17 países. Sin embargo esta es una red medioambiental más entre las más signiicativas: la Arab Network for Environment and Devel-opment (RAED), Environment Action in the Third World (ENDA), European Environment Bureau (EEB), Friends of the Earth Med Net Programme(FEO), World Wild Fund Mediterranean Programme (WWF/MedPo), Mediterranean Information Oice for Environment, Culture and Sustainable Devel-opment (MIO-ESCE).


3. La Plataforma No Gubernamental Euromed. La creación de una estruc-tura permanente que articula la sociedad civil euromed autónoma y pueda representarla es el resultado de un proceso que arranca con motivo del FCE de Valencia (2002) y prosigue en el FCE de Chania (Creta, mayo 2003), consolidándose en la preparación del FCE de Nápoles (noviembre 2004). En Chania se crea una primera “Plataforma No Gubernamental para los Foros Civiles Euromed”, que será, con los operadores locales designados al efecto, coorganizadora de los siguientes FCE. La estructuración de la Plataforma se realiza en el mismo proceso de preparación de los FCE (consultas nacionales) y con el apoyo de algunas fundaciones europeas. Las consultas permiten un proceso participativo en la deinición de la Plataforma, que se plasma en un primer documento17.

La Plataforma agrupa a redes temáticas regionales, redes subregionales, plataformas nacionales preexistentes o creadas ex professo (y que agrupan a las asociaciones interesadas en AEM), fundaciones y organizaciones a título individual, pero también a instituciones que han organizados anteriores FCE, algunos centros de investigación y personalidades.

Un momento decisivo es el encuentro ampliado de lo que ya se empieza a denominar Plataforma No Gubernamental Euromed en Limassol (Chipre, 25-26 de junio 2004). Participan unas �0 organizaciones, ONG, sindicatos, redes, institutos y antiguos organizadores y se acuerda:

- una Carta de principios (cuya adhesión es requisito para formar parte de la Plataforma) que recoge los valores compartidos, los objetivos y los principios de funcionamiento

- una estructura organizativa provisional, basada en las redes temáti-cas y las plataformas nacionales, con un grupo de seguimiento provi-sional de 16 miembros

- un Plan de acción (2004-2005), en el que se prevé la realización de un FCE durante la presidencia luxemburguesa de la UE, la extensión de la Plataforma (mecanismo de información interna, website), y la reali-zación de una Asamblea General Constitutiva en la que se aprueben estatutos y se elija a una junta directiva.

17 Plate-forme Non Gouvernementale Euromed. Rapport d’évaluation, 2004.


El 1 de abril de 2005, la víspera de la celebración del Foro Civil, se celebró la Asamblea constitutiva de la Plataforma. Sus estatutos fueron aproba-dos y se eligió un Consejo de Administración. La Plataforma tiene su sede en París18.

Los objetivos generales de la Plataforma se deinen como:

1. Reforzar la sociedad civil, en su pluralidad y su diversidad, y con-cretar su implicación activa en el Proceso de Barcelona, así como en todas las políticas que tengan por objeto desarrollar las rela-ciones entre la Unión Europea y los países del Mediterráneo, y en concreto a través de la AEM.

2. Promover el reconocimiento y la participación activa de la socie-dad civil como interlocutor en los diferentes países miembros de la AEM y en el marco de la AEM y de la nueva Política de Vecin-dad.

La Plataforma asume una definición más limitada de sociedad civil: aquellas organizaciones sin ines de lucro, que trabajan con base en los valores universales de los derechos humanos, la democracia y el derecho internacional, por medios pacíicos y de manera independiente de las autoridades, y que movilizan a la opinión pública o que intervienen en el campo social.

Para hacer oír la voz de la sociedad civil ante la AEM requiere ampliar su base (reforzando las dinámicas locales, contribuyendo a constituir y estabilizar la plataformas nacionales, asociando de manera efectiva las redes temáticas existentes), asegurar un funcionamiento democrático y transparente, obtener un reconocimiento como interlocutor y establecer un diálogo con instituciones, a través del cual dar seguimiento a las posi-ciones de la sociedad civil (resoluciones del FCE y otras). En cierta forma la Plataforma pretende dar una respuesta a la contradicción inherente a la sociedad civil, es decir la existente entre su ambición política de mos-trarse como una fuerza sólida en la AEM, y su carácter heterogéneo.

18 Comunicado de prensa, “Constitución de la Plataforma No Gubernamental Euromed en Luxem-burgo”, 4 de abril de 2005 ( http://www.euromedforum.org/article.php3?id_article=291&lang=fr).


La Plataforma ha sido reconocida por los poderes públicos en su papel de organizador de los foros19. El Parlamento Europeo ha subrayado la importancia de desarrollar una cooperación estrecha con la Plataforma, invitando regularmente a sus miembros a que presenten sus puntos de vista en el marco de la AEM20. La Asamblea Parlamentaria Euromediterrá-nea expresó, en su primera sesión plenaria (El Cairo, 12-15 de marzo de 2005), su disposición a cooperar estrechamente con la Plataforma21.

Balance

- El papel de la sociedad civil en la Asociación Euromediterránea ha sido muy modesto. Incluso su presencia en el vocabulario y en los discursos es mínima.

- La UE ha sido muy tímida al defender el papel de las sociedades civiles autónomas en la AEM. Si bien hay que señalar la resistencia de algunos poderes públicos, que ha provocado una falta de consenso sobre el papel de las sociedades civiles, hay que añadir el papel desempeñado por la UE. Ésta, en su empeño por favorecer los cambios y la democratización sin poner en riesgo la seguridad y la estabilidad de los PAM, ha apostado por procesos bajo el control de las elites dirigentes actuales. Además, la sociedad civil autónoma ha sido percibida como un sector antiguberna-mental y no como un agente de cambio efectivo.

- Es necesaria y urgente una deinición clara del papel y del lugar de la sociedad civil en la AEM, que sea asumida por todos los Estados y todas las instituciones, que obligue a los gobiernos a facilitar la actividad de las ONG en sus países y la colaboración transfronteriza.

- El primer requisito para hacer participar las sociedades civiles en la AEM es fortalecer las expresiones sociales locales y protegerlas; posibilitando que actúen por las vías que les son propias (incidencia política, interven-

19 Conclusiones de la presidencia de la Cumbre euromed intermedias de Ministros de Asuntos Exteriores, tanto de Dublín (5 y 6 de mayo 2004) como de La Haya (29 y 30 de noviembre 2004).20 Resolución del 23 de febrero 2005 (PE 354.21�).21 Punto 4� de la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea sobre la evalua-ción del Proceso de Barcelona en vísperas de su 10º aniversario, adoptada el 15 de marzo de 2005 en El Cairo.


ción) y que presionen desde dentro (contribuyendo a la democratización, dinamización de la vida política y social).

- En segundo lugar debe llegarse a una articulación efectiva entre socie-dades del norte y del sur. Esta debe ir más allá del diálogo inter asociativo, y traducirse en trabajo conjunto a través de redes estables de coopera-ción. En la UE hay que promover un mayor interés por lo euromed en el norte y centro de Europa.

- Hay que fortalecer las plataformas nacionales y las redes. Esto resulta especialmente complejo en el ámbito euromed cuando la movilidad de los actores es limitada. Para ello además son necesarios recursos. Deben ponerse a disposición de las asociaciones programas regionales accesi-bles y vías de inanciación de micro-proyectos, facilitándose su gestión administrativa.

- Finalmente hay que articular mecanismos de interacción con los pode-res públicos, sean instituciones euromed o gobiernos22.

PROPUESTAS

I.1 La deinición, por parte de las máximas instancias de la Asociación y de manera consensuada, del papel que tiene que tener la sociedad civil en la AEM, y su expresión a través de un acto fuerte.

I.2 El establecimiento de procedimientos para extender el diálogo con la sociedad civil al nivel nacional.

II.1 El reforzamiento de la sociedad civil en los PAM.

II.2 El fortalecimiento de las redes de coordinación de la sociedad civil.

22 La necesidad de un diálogo entre sociedades civiles y gobiernos de los PAM se señala en el punto 47 del dictamen del Comité Económico y Social Europeo “Por una mayor participación nacional y regional de la sociedad civil organizada en la Asociación Euromediterránea” (CESE 217/2003) de 25 de septiembre de 2003. Véase también Bettina Huber, Civil society dialogue and

cooperation, human rights, good governance and political participation - good practices, future chal-

lenges. EUROMESCO, enero de 2005.


II.3 El fortalecimiento de la Plataforma No Gubernamental Euromed y su reconocimiento como uno de los interlocutores privilegiados de la sociedad civil en el marco de la AEM.

II.4 La garantía de la movilidad de los actores civiles en el espacio euro-med.

II.5 El mantenimiento de los Foros Civiles Euromediterráneos en su moda-lidad renovada y participativa y su celebración en los PAM.

III.1 El establecimiento de un instrumento de inanciación destinado a fortalecer a la sociedad civil en los PAM.

III.2 La simpliicación del acceso a la inanciación para las pequeñas aso-ciaciones.

III.3 El establecimiento de mecanismos de corresponsabilidad inanciera a nivel nacional.

IV.1 Diálogo, a nivel nacional, entre las estructuras de la sociedad civil y los gobiernos.

IV.2 Diálogo en el nivel multilateral entre las estructuras regionales de la sociedad civil y las instituciones euromediterráneas y otras iniciativas.

IV.3 Creación de mecanismos de consulta permanente y participación de la sociedad civil.

IV.4 Concertación progresiva de las estructuras de la sociedad civil en las actividades de la AEM.

I. Necesidad de clariicar el papel de la sociedad civil autónoma en la AEM

Al cumplirse 10 años de la primera Cumbre Euromediterránea de Barcelona, en un momento en el que se pretende hacer un balance de la Asociación, debe señalarse el papel marginal que ha tenido la sociedad civil. Hasta ahora ha habido una llamativa falta de coherencia entre las declaraciones oiciales y la participación efectiva de la sociedad civil, lo que induce a dudar de la verdadera voluntad política de incorporar a las poblaciones a la AEM.


Esto coincide sin embargo con avances signiicativos en la articulación de la sociedad civil autónoma (la consolidación de las redes, la reforma de los foros civiles y la creación de una Plataforma No Gubernamental Euromed), que expresan una irme voluntad de las asociaciones, ONG y sindicatos por contribuir al relanzamiento de la Asociación.

Si se considera como necesaria una mejor articulación de la sociedad civil en la AEM, se impone por lo tanto, por parte de las instituciones, una urgente clariicación del papel que ha de desempeñar y un acuerdo político entre sus miembros. Esta posición debe vincular a todas las instituciones y a los gobiernos, y debe traducirse en el establecimiento de mecanismos de diá-logo y en la adaptación de los instrumentos inancieros de la AEM. Podrían contribuir a ello dos medidas.

I.1. La deinición, por parte de las máximas instancias de la Asociación, del papel que tiene que tener la sociedad civil en la AEM, y su expresión a través de un acto fuerte

Es necesario, de manera consensuada, las más altas instancias de la Aso-ciación deinan el papel que debe tener la sociedad civil en la AEM. Esta posición debería ser elaborada por un grupo de trabajo de alto nivel (aso-ciando a las ONG más representativas o a sus estructuras de coordinación, a los Consejos Económicos y Sociales y a la Asamblea Parlamentaria Euro-med), sus resultados se concretarían en un informe, cuyas conclusiones se ratiicarían en una cumbre y se plasmarían en su declaración inal.

En esa posición se deiniría

Qué se entiende por sociedad civil (teniendo especialmente en cuenta a las iniciativas autónomas de la población organizada: asociaciones, redes, sindicatos, movimientos sociales).

El campo de actuación de la sociedad civil en la AEM (teniendo en cuenta la aspiración de la sociedad civil euromed de poder intervenir en los tres pilares de la AEM y no sólo en el tercero).

Los mecanismos e instrumentos para llevar a cabo esa participación social (tanto en la deinición de políticas como en la participación en los programas).

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I.2. El establecimiento de procedimientos para extender el diálogo con la sociedad civil al nivel nacional

Es necesario establecer procedimientos capaces de extender progresiva-mente las prácticas de diálogo y de concertación desde el nivel regional hacia el nivel nacional, lo que contribuiría a reforzar paralelamente las prácticas de diálogo social con las sociedades civiles locales, en suma a la democratización.

Un esfuerzo de deinición de este tipo no es un hecho aislado, se inserta plenamente en un debate más amplio, en la Unión Europea y en Naciones Unidas, que tiene por objeto favorecer el papel de la sociedad civil y de los agentes no gubernamentales en la acción internacional, el desarrollo o la gestión de conlictos.

Existe, por una parte signiicativa de las sociedades civiles autónomas euromed, una disposición a concertarse con las instituciones y contribuir a los objetivos del Proceso de Barcelona, aunque falte práctica en materia de concertación en ambas partes.

Algunos PAM pueden presentar resistencias y la UE será reticente a hacer del tema un motivo de fricción importante. Sin embargo el diálogo político debería introducir soft instruments que facilitasen una progre-siva implicación no gubernamental: la presencia de asociaciones como observadores en las reuniones oiciales y en los órganos consultivos de instituciones y programas, la promoción de reformas legales que faciliten el trabajo de las asociaciones, la ejecución conjunta de programas, etc.

El Parlamento Europeo, y quizás más tarde la Asamblea Parlamentaria Euromed, pueden apoyar esta dinámica. Recordemos que el PE ha expre-sado claramente su apoyo a una participación activa de la sociedad civil en la AEM y fue iniciativa suya el establecimiento de la principal línea de apoyo inanciero efectivo a las ONG (Meda Democracia en 1996, y luego IEDDH).

II. El reconocimiento de las estructuras de coordinación de la sociedad civil

Por deinición la sociedad civil es plural, adopta formas particulares de acuerdo a las condiciones de cada país y actúa en los más diversos campos.


Esta fragmentación y variedad diicultan la interlocución con los poderes públicos. Generalmente las instituciones reconocen cierta capacidad de interlocución a algunas organizaciones sociales, sea por que son represen-tativas del sector o porque se han ganado legitimidad en su actuación eicaz. En ocasiones les asignan un estatuto consultivo o las asocian de una manera u otra en los programas.

En el marco de la AEM, la intervención de la sociedad civil se ve diicultada por una enorme diversidad, grandes diferencias entre las dos orillas y una muy reciente articulación entre ellas, y por la voluntad de intervenir en el ámbito local nacional, regional y euromediterráneo. Además su estruc-turación vertical (en redes temáticas) y horizontal (en coordinaciones territoriales) todavía es limitada. Gestionar esta pluralidad sólo se puede realizar a través de instancias intermedias, como las que se han creado en los últimos años a partir de posiciones e intereses comunes y en torno a temas especíicos, estas redes son espacios de intercambio, con vocación de trabajo conjunto (cooperación) y complementariedad. Estas son:

a) Las plataformas nacionales. Agrupan organizaciones intere-sadas en la participación en la AEM, en el ámbito de un país. En los PAM son el espacio idóneo para consolidar el tejido asociativo local o para llevar a cabo un trabajo específico respecto al gobierno y a la opinión pública. Además desde la realidad nacional pueden hacerse contribuciones singulares a las demás redes. En Europa su función se dirige esencialmente a las opiniones públicas y a la UE a través de sus gobiernos. Las plataformas nacionales son más bien espacios de encuentro, coordinación y trabajo de ámbito nacional, pero que estimulan la participación en las demás redes; además pueden articular y servir de enlace con los grupos pequeños e informales.

b) Las redes subregionales. Son redes temáticas (de derechos de la mujer, de desarrollo, medio ambiente, sindicales), pero de ámbito regional (europeo, magrebí, árabe). La mayor parte de estas redes ya existían antes de 1995 o se crearon como producto de otras dinámicas, pero con la puesta en marcha del Proceso de Barcelona se han insertado en las dinámicas civiles euromed. Permiten las concertaciones y coordinaciones transnacionales más inmediatas, y pueden aportar relexiones propias de una región.


c) Las redes temáticas regionales euromed. Son redes internacio-nales temáticas, creadas en su mayor parte después de 1995, y que suelen integrar organizaciones maduras y con recursos. Tienen una elevada capacidad para hacer contribuciones espe-cíicas (la REMDH en materia de derechos humanos, el Foro Sin-dical Euromed en materia de derechos económicos y sociales, etc.).

d) La Plataforma No Gubernamental Euromed. Está integrada por redes (nacionales, subregionales y regionales) y también por institutos, fundaciones y otras organizaciones que ayudan a la articulación de la sociedad civil de la región. Su objetivo es reforzar la participación efectiva de la sociedad civil en la AEM y de superar el carácter puntual y las insuiciencias de los foros. Tiene carencias; por ejemplo es excesivamente asociativo y no tiene suicientemente en cuenta a los agentes económicos y sociales, y tiene una insuiciente participación de europeos del norte. La Plataforma, aunque no tenga pretensiones de exclu-sividad, se deine como uno de los componentes genuinos de la sociedad civil euromediterránea, y al ser esencialmente una estructura de coordinación, aparece como un interlocutor idó-neo para las instituciones euromediterráneas.

Hay que hacer de las estructuras de coordinación (redes y Plataforma No Gubernamental Euromed que las agrupa), junto a los Comités Económicos y sociales (CES), los interlocutores sociales en cada espacio y campo. Las Plataformas nacionales respecto a los gobiernos, asociándolas a todas las iniciativas que impliquen al país en el marco de la AEM. Las redes subregio-nales y regionales respecto a los programas regionales y de las instituciones euromed, implicándolas en todas las actividades de carácter regional. En segundo lugar hay que hacer de la Plataforma No Gubernamental Euro-med un interlocutor privilegiado con las instituciones euromed, dado que representa una parte sustancial y muy signiicativa de las sociedades civiles euromediterráneas.

Para ello se contemplan las siguientes medidas:

II.1. El reforzamiento de la sociedad civil en los PAM


El reforzamiento de la sociedad civil en los PAM pasa por disponer de un marco legal apropiado y por la apertura de espacios de libertad y de derecho a la asociación autónoma. A menudo, los gobiernos presentan instituciones paragubernamentales como parte de la sociedad civil, a la vez que persiguen a las asociaciones independientes. La posibilidad de existir y de actuar de esta sociedad civil, así como su reconocimiento, son las bases fundamentales.

En segundo lugar, la sociedad civil necesitará recursos para el desarrollo de sus actividades. Esos recursos deben ser ante todo locales, y deben complementarse con medios públicos y recursos exteriores.

En el ámbito euromed, reforzar la sociedad civil de un país es también posibilitar su acción transfronteriza, es decir, desarrollar su interacción interna y externa con otros actores.

II.2. El fortalecimiento de las redes de coordinación de la sociedad civil

Es necesario fortalecer las redes de coordinación de la sociedad civil (nacionales, subregionales y temáticas) y ampliar su base asegurando sus actividades de manera estable y reforzando su impacto político. Asimismo han de asociarse las organizaciones de inspiración religiosa, al igual que los agentes económicos y sociales en tanto que actores de articulación social y, por último, implicar más a las organizaciones del Norte y Centro de Europa.

Estas redes deben convertirse en referentes de la sociedad civil en cada ámbito, y en elementos integrantes de la propia Asociación.

Las redes temáticas y algunas plataformas nacionales pueden contar con algunos recursos propios, pero estos son limitados e insuicientes. El for-talecimiento de las redes requiere apoyo inanciero. También es el caso de la Plataforma, que se ha ido estructurando gracias al apoyo de algunas fundaciones europeas y aprovechando el proceso de preparación de los foros civiles. Esta dinámica no se puede mantener. El mantenimiento de una estructura regional (que implica un alto componente de gastos en comunicaciones y desplazamientos) y un plan de trabajo acorde a su mandato requieren de un apoyo inanciero externo y estable a medio y largo plazo. Este debería ser provisto por los instrumentos de la AEM.

1�0 Una Asociación Euromediterránea más próxima a los ciudadanos

Las redes temáticas regionales tienen más experiencia y mayor capacidad para elaborar posiciones, y el impacto de su trabajo es mayor. Las redes temáticas deben disponer de recursos y de apoyo por parte de la AEM para llevar adelante programas estables. Son las que pueden estructurar mejor la Plataforma.

II.3 El fortalecimiento de la Plataforma No Gubernamental Euromed y su reconocimiento como uno de los interlocutores privilegiados de la sociedad civil en el marco de la AEM

La tendencia a enclaustrar la participación de la sociedad civil en el tercer pilar de la AEM hace que se genere una disputa por la marca “sociedad civil”. Una serie de criterios pueden justiicar la elección de la Plataforma como interlocutor y como socio: su representatividad (el hecho de agru-par un número importante de entidades y de expresar la diversidad de intereses), su legitimidad (funcionamiento transparente y democrático) y su eicacia (capacidad de análisis y propuesta).

La Plataforma es una realidad en construcción y con deiciencias. Pero agrupa ya a las redes asociativas y sindicales más signiicativas y dinámi-cas del ámbito euromed. En ella reside un gran potencial de cooperación entre las dos orillas, y de interlocución con los poderes públicos.

Al ser multisectorial y de carácter euromediterráneo constituye una apuesta estratégica que redundaría en un mayor reforzamiento de la sociedad civil a nivel local y regional. Para ello en primer lugar debe lograrse una mayor implicación de las redes y plataformas. Para su man-tenimiento se requiere de un sustancial apoyo material, que desligue su funcionamiento básico de la realización de los Foros o de los recursos puestos a disposición por un gobierno.

La Plataforma ha establecido unas prácticas internas que permiten un funcionamiento teniendo en cuenta el pluralismo y la diversidad de sus componentes. El reconocimiento por los poderes públicos de la Plata-forma como un interlocutor privilegiado de la sociedad civil en la AEM, porque está estructurada, por su deinición inclusiva, su representatividad (al reunir a las redes regionales, plataformas nacionales y organizaciones signiicativas) y su legitimidad (su capacidad de hacer propuestas).

1�135 propuestas para involucrar a la sociedad civil en el Proceso de Barcelona

El reconocimiento de la Plataforma por parte de los poderes públicos no está exento de problemas. Si las instituciones europeas no están familiarizadas con prácticas de concertación con la sociedad civil, las diicultades pueden ser mayores en algunos PAM donde se añade que las asociaciones autónomas son percibidas como antigubernamentales. El papel de arrastre que pueden ejercer las instituciones euromed puede contribuir a cambiar esta situación.

II.4 La garantía de la movilidad de los actores civiles en el espacio euro-med

Por ejemplo retomando la propuesta (de EuroMeSCo y del Parlamento Europeo) de un “visado Barcelona”.

II.5 El mantenimiento de los Foros Civiles Euromediterráneos en su moda-lidad renovada y participativa y su celebración en los PAM

Los foros son espacios de encuentro de una utilidad incuestionable pero no deben mantener el carácter central que han tenido hasta ahora; el eje articulador de la sociedad civil en la AEM deben ser las redes y la Pla-taforma a través de sus actividades. La organización de los foros y otros eventos debe correr a cargo de la Plataforma que tiene la capacidad de asegurar continuidad, representatividad y participación. Los foros deben realizarse esencialmente con recursos de la AEM, evitando que dependan de la voluntad de la presidencia de turno de la UE. Los foros deben ganar en independencia y responder a prioridades civiles, tanto en materia de agenda (pueden desligarse de las cumbres oiciales) o de contenido (pueden imaginarse foros civiles temáticos); debe considerarse la realiza-ción alterna de los foros civiles en las dos orillas del Mediterráneo. Debe incrementarse el impacto político de los foros y asegurar el seguimiento de resultados y declaraciones.

No obstante hay que prever el reforzamiento de la visibilidad de las acti-vidades y de las posiciones las redes y de la Plataforma en el ámbito insti-tucional (euromed, nacional, europeo) y ante la opinión pública (vías sus miembros, medios de comunicación). La Plataforma debe llevar a cabo un acercamiento a las instituciones: presentando análisis y propuestas, y requiriendo la presencia de la Plataforma en ciertos eventos.


III. Los medios materiales y el acceso de la sociedad civil a los recursos públicos.

Por lo general las asociaciones actúan con recursos propios o con fondos públicos provenientes de sus gobiernos o de instancias supranacionales. La actividad transnacional de la sociedad civil tiene costes muy altos, difí-cilmente asumibles por pequeñas asociaciones, lo que inhibe su partici-pación. Sin embargo los mecanismos inancieros accesibles a la sociedad civil han excluido a los pequeños grupos, locales o poco estructurados, que son los que más necesidad tienen de acceder a inanciación.

Si la contribución es beneiciosa, las instituciones (a cargo del presu-puesto de la AEM) y los gobiernos deben asegurar la inanciación de las actividades de las sociedades civiles.

- Por su naturaleza (pequeño tamaño, intervención en el nivel micro), las ONG requieren de un apoyo inanciero a largo plazo, eicaz y sostenido; y especialmente las que actúan en una dimensión euromediterránea. A los fondos propios deben sumarse recursos públicos, locales y de la AEM, que son claves en los tres niveles:

a) para el fortalecimiento de la sociedad civil local, en sus actuaciones particulares;b) para las plataformas nacionales, las redes subregionales y las redes regionales temáticas; c) para la articulación general de ámbito euromed, la Plataforma.

- Por su carácter, la Plataforma requiere de una estructura operativa (sede, equipo, gastos corrientes) y medios para llevar a cabo su plan de tra-bajo. Las instituciones euromed deberían garantizar preferentemente los recursos necesarios; los aportes de gobiernos nacionales o poderes públicos locales sólo deberían ser complementarios (actualmente el gobierno francés a mostrado su disponibilidad a acoger y ayudar a la Plataforma).

- El capítulo de apoyo a las redes y a los mecanismos de concertación entre sociedades civiles de las dos orillas y con las instituciones, debe tener un capítulo inanciero propio, a cargo de la AEM. Al igual que la IEDDH ha inanciado las actividades de numerosas actividades de ONG de los PAM en el campo de los derechos humanos y la democracia, debe-rían ponerse recursos a disposición del resto de las asociaciones en sus


respectivos campos: apoyo a las asociaciones de mujeres para la defensa de la mejora de su estatuto, apoyo a las organizaciones sindicales para la defensa del empleo y de los derechos sociales, etc. Estos recursos debe-rían formar parte sustantiva de los recursos inancieros de la AEM.

- Hay que encontrar fórmulas que impidan el veto o contorneen la condi-cionalidad de algunos gobiernos (por ejemplo Meda-Democracia some-tió su gestión a un programa ajeno a la AEM)23.

- Debe facilitarse el acceso a la inanciación tanto a las organizaciones desarrolladas como a los pequeños grupos, locales o poco estructurados. Algunas ONG de los PAM tienen la capacidad de gestionar un volumen de recursos inancieros importante, algo que debe tenerse en cuenta evitándose su exclusión sistemática. Por la misma razón, en el caso de las organizaciones menos estructuradas es necesario que los mecanismos de inanciación dirigidos a las asociaciones que se puedan poner en mar-cha en un futuro: tengan tamaños adecuados (microproyectos), dejen de ser puntuales y por proyectos (estableciéndose fórmulas plurianuales), sean accesibles y tengan una gestión ligera (procesos simpliicados, con carga administrativa reducida, apoyo de Delegaciones de la Comisión).

- La inanciación de las estructuras de la sociedad civil y de sus actividades no tiene porque suponer un capítulo presupuestario voluminoso, pero los micro proyectos tienen una carga administrativa muy pesada y las instituciones son reticentes a inanciaciones prolongadas.

Para ello se pueden contemplar al menos tres medidas:

III.1 El establecimiento de un instrumento de inanciación destinado a fortalecer a la sociedad civil en los PAM

23 La Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) fue adoptada a iniciativa del Parlamento Europeo en 1994. Tiene como principal objetivo promover los derechos humanos y la democratización en los países terceros, concretamente mediante la inanciación de actividades de las ONG locales e internacionales. Pretende complementar los programas de ayuda bilateral de la Comisión. Mientras que las actividades que se enmarcan en el Programa MEDA son negociadas con el gobierno asociado, y los aspectos institucionales de dicha cooperación se cana-lizan en gran parte a través de las instituciones gubernamentales y públicas, la IEDDH, por su parte, permite la adjudicación directa de subvenciones a los actores de la sociedad civil. Las acciones inanciadas en el marco de la IEDDH no son objeto de negociación previa con los gobiernos de los PAM. Así, por ejemplo, la IEDDH puede reforzar la capacidad de la sociedad civil para llevar a cabo acciones de lobby y para involucrarse en este proceso.


El establecimiento de un programa regional o de una línea de micro-proyectos (MEDA-ONG o MEDA-SOCIEDAD CIVIL) destinado a fortale-cer las asociaciones locales de la sociedad civil en los PAM; éste podría integrarse en el futuro instrumento inanciero de la Política de Vecindad (2007-2013).

III.2 La simpliicación del acceso a la inanciación para las pequeñas aso-ciaciones

La legitimidad de las organizaciones sociales no se basa únicamente en su representatividad, sino también en la eicacia de sus actividades. Su implicación en la Asociación Euromediterránea afecta a las cuestiones de la participación de la población y de la democracia. La naturaleza y el nivel de competencia técnica de ciertas asociaciones diiculta enorme-mente su acceso a los fondos inancieros de la Asociación. Es necesario simpliicar los procedimientos y poner en marcha mecanismos apropia-dos.

III.3 El establecimiento de mecanismos de corresponsabilidad inanciera a nivel nacional

El establecimiento de mecanismos de corresponsabilidad inanciera a nivel nacional que favorezcan la combinación de recursos locales y de la AEM. Por ejemplo, los gobiernos que reciban inanciación de la UE debe-rían contribuir con un contravalor en moneda nacional que sirva para coinanciar las actividades de la sociedad civil del país y en el país o en el área.

IV. Participación de la sociedad civil en los mecanismos de información y consulta.

La interacción de la sociedad civil con las instituciones euromed y los pode-res públicos ha sido muy limitada; se han dado procedimientos informales y comunicaciones puntuales. Por ejemplo, en alguna cumbre ministerial (Creta, mayo 2003) los actores de la sociedad civil presentaron sus posicio-nes y la declaración del FCE; representantes de la REMDH han sido invitados a realizar presentaciones ante reuniones de altos funcionarios de la AEM. Pero, generalmente, no hay diálogo, ni consultas ni concertación estructu-rada. Ni siquiera los órganos consultivos locales han sido consultados ante la irma de Acuerdos o de Planes nacionales. Esta carencia ha sido señalada. El


Parlamento Europeo ha sugerido que se invite regularmente a los miembros de la Plataforma No Gubernamental Euromed a que presenten sus puntos de vista en el marco de la AEM.

La Plataforma y sus miembros, tienen vocación de interlocutores necesa-rios, pero no exclusivos, con las instituciones a nivel bilateral y multilateral, y de establecer un policy dialogue. Uno de los objetivos de la Plataforma es “promover el reconocimiento y la participación activa de la sociedad civil como interlocutor en los diferentes países miembros de la AEM y de la nueva Política de Vecindad”. La concertación entre instituciones y sociedad civil (a través de sus estructuras más representativas) tiene por inalidad contribuir a los objetivos de la AEM, a nivel local, subregional y euromediterráneo. De paso también tiene por objeto fortalecer a las sociedades civiles en sus respectivos países.

Una experiencia a tener en cuenta en materia de concertación es la que han desarrollado las ONG de defensa del medio ambiente. Esta se basa en la experiencia previa en el marco del Plan de Acción para el Medi-terráneo, MAP (establecido en 1975 por las Comisiones Europeas y los países mediterráneos bajo los auspicios del PNUMA). El MAP dispone de un órgano consultivo, la Comisión Mediterránea para el Desarrollo Sostenible (MCSD), que se reúne periódicamente y que está compuesto por los Estados signatarios (21) y por 15 representantes de la sociedad civil (5 ONG, 5 representantes de los sectores económicos y sociales y 5 autoridades locales). El capítulo especíico de la AEM en materia de medio ambiente es el SMAP (Short and Medium-term priority Environment

Action Programme) creado en 1997. Este también ha establecido prácticas consultivas con la sociedad civil (Mediterranean Environmental NGOs Stee-

ring Committeee) que asegura el seguimiento (monitoring) del programa y estudia eventuales reformas.

Finalmente esta concertación no debe sustituir sino complementar otras iniciativas, como por ejemplo la que corresponde a los Comités Económi-cos y Sociales euromediterráneos.

La participación civil en la AEM necesita del reconocimiento previo de los actores, y de la estructuración de diálogo, consultas y concertación.


e) Reconocimiento. El primer requisito es el reconocimiento político e institucional efectivo de la sociedad civil como interlocutor y como socio pleno, en su diversidad, y tanto a nivel bilateral (nacional) como regional (instituciones euromed)

f) Diálogo. La sociedad civil y las instituciones deben establecer meca-nismos de diálogo temático, permanente y estructurado, en el que se compartan puntos de vista e información, base necesaria para la consulta y la concertación.

g) Consultas. La sociedad civil debe poder expresar su parecer sobre políticas concretas (por ejemplo bajo la forma de dictámenes) y poder hacer propuestas en todos los niveles (programación, ejecución y evaluación). Estas consultas deben articularse de tal forma que se inserten de manera efectiva en el proceso de deinición de políticas (policy level) y de toma de decisiones, y no sean un mero ejercicio sin efectos prácticos.

h) Concertación. Debe deinirse un marco en el que se pueda llevar a cabo una concertación efectiva: aprovechamiento del saber hacer de las asociaciones, implicación en la formulación, el diseño y la imple-mentación de programas.

Las instituciones euromed deben garantizar que la implicación de los actores de la sociedad civil en los mecanismos de diálogo, consulta y concertación no les acarreará una merma en el ejercicio de sus derechos políticos y sociales.

Las acciones en este ámbito se perciben cada vez más como una nece-sidad. La Asamblea Parlamentaria Euromediterránea ha insistido recien-temente en la implicación de la sociedad civil en la Asociación, declarán-dose partidaria de invitar a la sociedad civil a participar en sus trabajos y comisiones, y otorgando un estatuto especial a sus representantes24. El Foro Civil Euromediterráneo de Luxemburgo reairmó la voluntad de la sociedad civil de contribuir y participar en el proceso, hasta el punto de articular su propuesta central sobre los mecanismos de consulta y concertación en el marco de la Asociación y de la nueva Política Europea

24 Puntos 16 y 43 de la Resolución de la APEM de marzo de 2005, op. cit.


de Vecindad25. La Comisión Europea también considera la posibilidad de establecer mecanismos de consulta con la sociedad civil, así como la celebración de conferencias temáticas en las que participen gobiernos y sociedad civil26.

En este contexto, cabe considerar varias medidas:

IV.1 Diálogo, a nivel nacional, entre las estructuras de la sociedad civil y los gobiernos

Establecimiento de una consulta anual para discutir los acuerdos de aso-ciación, reuniones de seguimiento y de evaluación de los acuerdos y de los planes de acción, establecimiento de comités temáticos. Reuniones de la sociedad civil con los Parlamentos nacionales.

IV.2 Diálogo en el nivel multilateral entre las estructuras regionales de la sociedad civil y las instituciones euromediterráneas y otras iniciativas

Participación de las estructuras representativas de la sociedad civil como observadores en las cumbres ministeriales, en las reuniones del Comité Euromed y en las conferencias ministeriales sectoriales. Encuentros periódicos con los embajadores en Bruselas encargados de la AEM o con altos funcionarios de la Comisión Europea.

Participación en calidad de observadores en otras iniciativas regionales: reuniones de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y en las cum-bres de Comités Económicos y sociales.

IV.3 Creación de mecanismos de consulta permanente y participación de la sociedad civil

Es necesario establecer mecanismos de consulta en todos los programas e instituciones de la AEM. En estas estructuras consultivas, encargadas del seguimiento de las políticas, participarían las organizaciones de la

25 Declaración inal del Foro Civil Euromediterráneo de Luxemburgo. Por una verdadera impli-

cación de la sociedad civil. Mecanismos de concertación (http://www.euromedforum.org/rubrique.php3?id_rubrique=76&lang=fr). 26 Punto 2.9 de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo Décimo

aniversario de la Asociación Euromediterránea. Un programa de trabajo para afrontar los retos de los

cinco próximos años, Bruselas, 12 de abril de 2005, COM(2005)139 inal.

1�� Una Asociación Euromediterránea más próxima a los ciudadanos

sociedad civil y otras estructuras de representación de los agentes eco-nómicos y sociales. Estas consultas deberían ser imperativas en la nego-ciación de acuerdos y de planes de acción.

IV.4 Concertación progresiva de las estructuras de la sociedad civil en algunas actividades de la AEM

Es posible y deseable, a corto y medio plazo, conseguir una cierta implicación de las organizaciones de la sociedad civil en algunas de las actividades de la AEM; por ejemplo, en el proceso de evaluación de los programas euromediterráneos, en la Fundación Euromediterránea para el Diálogo entre las Culturas o en las iniciativas que tienen por objeto dar mayor visibilidad a la AEM.


Vías y condiciones para la participación de la sociedad civil de inspiración religiosa

en la Asociación Euromediterránea

Driss El Yazami

Secretario General

Federación Internacional de los Derechos Humanos

Introducción: ¿qué es la sociedad civil de inspiración religiosa

La propia formulación del título de esta contribución requiere una aclaración preliminar: ¿qué se entiende por “sociedad civil de inspiración religiosa”?

Planteado en el marco euromediterráneo1, un título como éste remite inevitablemente a la cuestión capital y compleja del islam, de sus mani-festaciones sociopolíticas en las sociedades de la región y de sus efectos

–directos o indirectos– sobre el propio Partenariado, con todas las varian-tes que el término “islam” abarca en estas últimas décadas, y de manera aún más evidente desde el 11 de septiembre de 2001 y la serie de atenta-dos terroristas que desde entonces han ensangrentado a varios países de la región. Sin ninguna pretensión de exhaustividad, recordemos que la dimensión religiosa musulmana se releja, se maniiesta o ha sido instru-mentalizada en diversos conlictos regionales (y, en particular, en Oriente Medio y los Balcanes), se plantea de forma aguda en diferentes países (Argelia desde 19�� o Egipto desde mucho antes, por ejemplo) y suscita debates apasionados en la opinión pública europea en torno a la aper-tura de las negociaciones de adhesión con Turquía. Finalmente, de ser una cuestión puramente internacional, ha pasado a ser percibida cada vez en mayor medida como una problemática política endógena y cen-tral en prácticamente todas las sociedades europeas, que están tomando

1 Utilizaremos de manera indistinta las expresiones Asociación Euromediterránea, Asociación, Partenariado o AEM.

conciencia clara de la sedentarización ineluctable de las poblaciones de emigrantes de cultura o de ascendencia musulmanas2.

Es en este contexto –de carácter más bien polémico– en el que enten-demos por sociedad civil de inspiración religiosa el conjunto de actores sociales (asociaciones, medios de comunicación, organizaciones sindi-cales, sociedades profesionales o en ocasiones incluso individuos) pre-sentes tanto en el norte como en el sur del Mediterráneo que utilizan de manera explícita o implícita la referencia a una fe religiosa para actuar de manera pacíica, a nivel nacional o en el plano trasnacional, con el in de defender y promover uno o varios de los valores universales de los derechos humanos3. Este esbozo de deinición práctica, formulado tanto para comprender como para actuar, está fuertemente inspirado por la deinición aportada por los participantes en el seminario sobre “Los derechos humanos y la sociedad civil en el Mediterráneo” organizado con ocasión del Foro Civil Euromediterráneo de Stuttgart4, pero en el contexto de la presente contribución plantea al menos dos diicultades, si bien no del mismo orden. Conviene precisarlas en este momento, sin que ello nos impida volver sobre ellas más tarde. La primera de ellas se reiere al hecho de que algunos de los actores de la sociedad civil de ins-piración religiosa pueden ignorar por completo, tanto en su acción como en su discurso, el patrimonio universalista al que nos referimos, e incluso llegar a declarar su oposición a algunas de sus disposiciones en favor de un referencial religioso presentado como base exclusiva para la acción.

2 A raíz de los efectos del 11 de septiembre, las instituciones europeas no se han quedado inac-tivas ante esta acumulación de problemas, como lo atestigua la creación por parte de Romano Prodi, el 23 de enero de 2003, del Grupo de Sabios sobre el diálogo entre los pueblos y las culturas (véase el informe inal en www.europa.eu.int/archives/commission_1999_2004) o la organización de numerosas conferencias sobre la islamofobia (6 de febrero de 2003) o el islam y Europa (9-10 de enero de 2004), por ejemplo, en todos los casos con una implicación activa de la Comisión Europea.3 No está de más recordar aquí que este referencial universalista viene fundamentalmente dei-nido, en nuestra opinión, por el conjunto de los instrumentos, pactos y convenios internacionales que constituyen el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de los derechos humanos, tal como han sido elaborados y adoptados tras el in de la II Guerra Mundial.4 “[...] Los participantes insisten en recordar que entienden por sociedad civil el conjunto de las instancias, asociaciones, personalidades y medios de comunicación que tienen como voca-ción garantizar o proteger, al margen de cualquier institución estatal, el ejercicio efectivo, por medios pacíicos, de las libertades públicas y favorecer la aparición y la airmación autónoma de una identidad colectiva pluralista basada en los valores universales de los derechos humanos y la promoción de una cultura ciudadana”; extractos de las recomendaciones formuladas por la Red Euromediterránea de Derechos Humanos y el Forum des citoyens de la Méditerranée en la confe-rencia organizada por la Fundación Friedrich Ebert en Stuttgart los días 15 y 16 de abril de 1999.


La segunda se reiere a la situación política que impera en varios de los países de la región, que siguen negando cualquier posibilidad legal de existencia a este tipo de actores, por más que muchos de ellos hayan expresado públicamente y de manera reiterada su rechazo deinitivo a la violencia política y su predisposición a integrarse en la vida política legal.

Por último, precisemos que, si bien es cierto que esta contribución se reiere esencialmente a la sociedad civil de inspiración religiosa musul-mana, consideramos necesario integrar en nuestra relexión a los actores sociales que se remiten a otras confesiones, y en particular a las orga-nizaciones no gubernamentales de inspiración cristiana del norte, muy activas con las dos riberas, así como a la galaxia de asociaciones y agru-paciones informales del sur pertenecientes a esa misma confesión y que viven una situación más o menos difícil como minorías en países como Egipto, Siria o Líbano (coptos, maronitas, asirio-caldeos, etc.).

1. DINÁMICAS SOCIOPOLÍTICAS Y NUEVOS ACTORES

1.1. La sociedad civil en la Asociación Euromediterránea: una doble dinámica

Sea cual sea la apreciación que se haga de la Asociación Euromedite-rránea y el balance sobre la participación de la sociedad civil desde la Conferencia de Barcelona, es obligado señalar que desde noviembre de 1995 han surgido múltiples dinámicas, entre las que destacan la creación de varias redes (derechos humanos, medio ambiente, sindicatos, cultura, jóvenes, etc.), la celebración de ocho Foros Civiles, la creación de una plataforma de la sociedad civil, la organización de un gran número de conferencias regionales, la puesta en marcha de programas de coopera-ción de todo tipo...

Resulta igualmente indiscutible que estas diversas dinámicas han igno-rado o marginado, ya sea voluntaria o involuntariamente, a los actores sociales que aquí nos interesan, del mismo modo que estos últimos pare-cen hasta ahora pocos interesados, con algunas excepciones, por este ámbito emergente de cooperación y de interacción regional5.

5 Evidentemente, pensamos aquí en algunas grandes ONG de desarrollo y/o caritativas del norte, como el CCFD (Francia), OXFAM (Reino Unido)...


Si se acepta el esbozo de definición que hemos hecho antes, cabe plantear la hipótesis de la coexistencia en la región euromediterránea de dos dinámicas que se ignoran y en ocasiones se oponen entre sí; una sociedad civil de carácter laico y secularizada, que se apropia de manera expresa de los valores universales de los derechos humanos, e integrada en mayor o menor grado, sean cual sean las críticas que haga a su respecto, en la Asociación Euromediterránea, y una sociedad civil de inspiración religiosa que en la mayoría de las ocasiones rechaza el marco de referencia universalista y que se encuentra en vía de seculari-zación6, pero que se mantiene al margen de dicha Asociación. Hay que precisar aquí que entendemos por secularización el proceso histórico de retroceso progresivo de la inluencia social de la religión, mientras que la laicización se reiere a las medidas y disposiciones adoptadas en el orden institucional que relejan la airmación de una separación entre una esfera pública desconfesionalizada y un espacio privado (que no se limita únicamente al ámbito doméstico) en el que se expresa de forma legítima la fe. Desde este punto de vista, la contradicción entre la emergencia y el reforzamiento de los movimientos político-religiosos en la región (y todos los actores sociales vinculados o asociados a los mismos), por un lado, y las poderosas dinámicas de secularización que afectan a todas las sociedades, incluidas las del sur, por otro, no es más que aparente. Estas dinámicas sociales no signiican, sin embargo, que la laicización institu-cional avance en todos los países al mismo ritmo. Por el contrario.

La escasa implicación de la social civil de inspiración religiosa en la Asociación Euromediterránea se debe en primer lugar a la confusión creada entre estos dos niveles, ya que cualquier remisión a un marco de referencia religioso se percibe como contradictorio con los valores universales que se encuentran en la base de la Asociación y se caliica de manera casi automática como de inspiración “integrista”, “funda-mentalista”..., sin prestar ninguna atención a las dinámicas políticas y sociales en las que se inscribe, las más de las veces ignorando a los propios actores y a pesar de su discurso. La integración de dicha sociedad civil exige, por tanto, un cambio de las percepciones que sólo es posible a partir de la comprensión de las dinámicas en curso a largo plazo, más allá de los sobresaltos, en algunas ocasiones trági-cos, que se derivan de la actualidad.

6 A condición, como se verá más adelante, de que se cumplan unas condiciones nacionales e internacionales mínimas.


1.2. Los movimientos político-religiosos: ¿qué evolución?

Estos sobresaltos impiden ver lo que a nuestro juicio nos parece la princi-pal evolución de los movimientos político-religiosos: la renuncia progre-siva a la lucha armada como principal vía de acción política en beneicio de una estrategia pacíica de inserción en la vida política. Paradójica-mente, el retroceso de “la estrategia jihadista” es, así, la principal evo-lución de esta última década, como puede constatarse tanto en Egipto como en Argelia, en Siria como en los países del Golfo, en Jordania como en Marruecos, por más que sea probable que uno u otro de estos países puedan experimentar, de manera periódica, erupciones de violencia a iniciativa de redes islamistas armadas, pero que carecen –y a nuestro juicio seguirán careciendo– de cualquier eco o base social signiicativa. Esta renuncia a la acción violenta caracteriza a algunos de estos movi-mientos desde su propio nacimiento (como en Túnez, en Jordania o en Marruecos, por ejemplo) o bien se ha producido tras un período relativa-mente prolongado de confrontación con el Estado (como en Egipto o en Argelia). Con la excepción de Sudán, donde la conquista del poder sólo ha sido posible gracias a la alianza en la cumbre entre el movimiento de los Hermanos Musulmanes y la alta jerarquía militar, la acción armada de los demás grupos islamistas ha quedado, en deinitiva, vencida en todos los países. Incapaz de conseguir la adhesión de la población civil, que en ocasiones ha sufrido directa o indirectamente sus efectos7, ha debido afrontar además la brutal reacción militar y policial de los poderes cons-tituidos, con un coste humano, social y económico, así como en términos de libertades, que sigue siendo a estas alturas difícil de evaluar, pero que no por ello es menos real.

Es así, por tanto, y pese a la persistencia de la opción militar en Palestina, que requeriría de un análisis especíico, y a la emergencia, en la estela de la nebulosa de Al Qaeda, de una nueva generación islamista que preco-niza la acción armada, como la práctica totalidad de los movimientos polí-ticos parece haber optado más bien por una estrategia pública, pacíica y gradual de conquista del poder, que pasa por el reconocimiento implícito o explícito del pluralismo social y político y del sufragio universal como principal instrumento de medida del estado de las fuerzas en liza.

7 Algunas masacres de población civil en Argelia o las consecuencias de las acciones armadas sobre el turismo en Egipto ilustran este tipo de efectos.


De manera esquemática, esta tendencia inequívoca está siendo acogida por los Estados de la región de dos maneras diferentes. En algunos de ellos (Jordania, Kuwait o Marruecos, por ejemplo), los poderes públicos han optado por la vía de una integración gradual y controlada de las fuerzas políticas de inspiración religiosa, permitiéndoles participar en el juego de partidos y acceder a una representación parlamentaria. En otros casos (Túnez o Libia ilustran perfectamente esta situación), los Estados continúan enrocados en una postura erradicadora, rechazando cualquier presencia legal de dichos movimientos, o tolerando, como en Egipto, su existencia, sin perjuicio de someterlos a campañas periódicas de deten-ciones y procesos judiciales.

La integración a escala nacional de los movimientos político-religiosos en una vida política pluralista, paciicada y regulada se nos antoja, de este modo, una condición necesaria para reforzar su implicación en el marco regional que ofrece la AEM, que no puede desarrollarse con-forme a sus fundamentos y a sus objetivos en tanto perdure en un gran número de países la exclusión de la vida política de la parte signiicativa de la población y de las fuerzas que hablan en su nombre, por más que expresen su disponibilidad para representarla pacíicamente.

1.3. El radicalismo “laico” Esta negativa a tener en cuenta el pluralismo de las sociedades no es privativa de los Estados que rechazan, con el pretexto de combatir el extremismo, cualquier alternancia política, sino que se ve reforzada por una actitud similar en las sociedades civiles tanto del norte como del sur y entre los Estados europeos asociados.

Frente a la emergencia, en estas dos últimas décadas, de movimientos político-religiosos, tanto en el mundo de los partidos políticos como en el espacio asociativo, numerosos segmentos de la sociedad civil secu-larizada se han opuesto violentamente a cualquier diálogo con dichos movimientos, o con las asociaciones o personalidades próximas a ellos. En nombre de la defensa unas veces de la “laicidad”, otras de los “prin-cipios republicanos”, o aun en otras de los “principios universales de los derechos humanos”, y en ocasiones de los tres argumentos a la vez, algunos no han dudado en apoyar las drásticas políticas adoptadas por los Estados de la región para eliminar de la vida política a cualquier actor que se identiique con un movimiento político-religioso. En algunas


situaciones extremas (Argelia viene a la memoria) se ha llegado a solicitar de manera expresa una reacción de tipo securitario por parte del Estado. Apoyándose en otros momentos en los legítimos sentimientos de horror suscitados por los actos terroristas, algunos actores se han apropiado para sí del concepto mismo de “sociedad civil”, reduciéndola a ellos solos, es decir, únicamente a los actores que se oponen de manera frontal a lo que se ha convenido en denominar “el oscurantismo”, “las fuerzas retró-gradas”, etc.

A este respecto, la defensa de los “derechos de las mujeres” de la ribera sur del Mediterráneo se ha convertido en un elemento central del argu-mentario que ha ido desarrollándose, y que ha encontrado un eco signi-icativo entre las opiniones públicas occidentales, justamente sensibles a las múltiples discriminaciones que sufren aquéllas.

Por consiguiente, no podrá haber una apertura hacia los sectores de la sociedad civil de inspiración religiosa y menos aún su eventual implicación en los ámbitos e iniciativas regionales sin un esfuerzo constante de diálogo y de explicitación de lo que está en juego con los elementos de la sociedad civil secularizada refractarios hasta ahora a las nuevas dinámicas deseadas. La cuestión de las mujeres y la intervención de las asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres pueden constituir un factor facilitador o un elemento de bloqueo de dichas dinámicas.

Conclusión de la primera parte Llegados a este punto de nuestra relexión, podemos resumir las pistas apuntadas del siguiente modo.

1. Es indiscutible que, en la región euromediterránea, existe efectiva-mente una sociedad civil de inspiración religiosa que no puede reducirse única y exclusivamente a la reivindicación religiosa, ni ser comprendida únicamente a partir de una lectura literal (de primer grado) de los discur-sos desarrollados por este tipo de actores.

2. Se trata efectivamente de actores sociales situados en el devenir his-tórico y las realidades socioeconómicas y políticas de sus respectivas sociedades y de la región, y que por lo tanto no escapan a las tenden-


cias de fondo de su entorno, entre las que cabe mencionar un proceso inequívoco de secularización, por poco visible que parezca.

3. Pese a que dichos actores reivindican su derecho a participar pacíi-camente en la vida social y política de sus países, y por tanto potencial-mente en el nuevo espacio euromediterráneo en proceso de constitu-ción, siguen estando poco presentes y a menudo se ven ignorados o marginados.

4. La postura autoritaria de numerosos Estados y la resistencia de las sociedades civiles a tenerlos en cuenta constituyen un doble freno a su integración en las dinámicas regionales en curso. Es en esas dos direccio-nes en las que se debería actuar.

5. No es posible contemplar ninguna forma de integración en el plano regional sin dinámicas previas de inserción de dichos actores en el plano interno de cada país. Desde este punto de vista, las políticas de los Esta-dos son muy variadas, yendo desde la integración controlada en determi-nados países al rechazo autoritario y costoso en términos de libertades.

Al término de esta primera etapa de nuestra relexión, sugerimos centrar la atención en dos ejemplos. Tanto en uno como en otro se trataba de intentar implicar a actores inspirados por referentes religiosos y que se proclamaban de manera expresa como tales. Hemos seleccionado de manera deliberada un ejemplo del sur (por más que se desarrollara en Europa, el objetivo era claramente inluir en un país de la ribera sur, en aquel caso Argelia) y un ejemplo situado en Europa, más concretamente en Francia.

2. BUENAS PRÁCTICAS Y PISTAS DE ACCIÓN

2.1. Actuar en favor de la paz: el ejemplo del “Contrato de Roma”

En enero de 1995, en unos momentos en que el conlicto entre los servi-cios de seguridad argelinos y los distintos grupos islamistas armados se encontraba en pleno apogeo, una conferencia reunía en Roma, Italia, a los dirigentes de varios partidos políticos argelinos: Hocine Aït Ahmed en representación del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), Abdelhamid Mehri en representación del Frente de Liberación Nacional (FLN), Rabah Kébir en representación del Frente Islámico de Salvación-Delegación Exterior


(FIS) y Louisa Hannoune en representación del Partido de los Trabajado-res (PT). Esta conferencia había sido preparada desde hacía tiempo por la comunidad de San Egidio, comunidad católica dedicada, en particular, a la resolución pacíica de los conlictos y que ya había intervenido con éxito en Angola y desarrollaba una acción similar en los Balcanes. Pero se celebraba también en presencia, y en cierto modo bajo la autoridad moral, de Ali-Yahia Abdenour, Presidente de la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), que desde el primer momento se había posicionado claramente contra las violaciones graves de los derechos humanos cometidas tras la interrupción del proceso electoral en 1992, con la disolución autoritaria del FIS y la detención de sus dirigentes y mili-tantes. La declaración adoptada al término de dicho encuentro, conocida habitualmente como Contrato de Roma, proponía a los poderes públicos argelinos una salida pacíica de la guerra que asolaba por aquel entonces al país y detallaba las modalidades que los signatarios proponían para avanzar en esa dirección. Esta oferta de negociaciones fue inmediata y categóricamente rechazada por el gobierno y por numerosos represen-tantes de la “sociedad civil” en Argelia8, a la vez que fue objeto de los ataques de una auténtica campaña mediática desarrollada, en particular, en Francia. En los meses y los años que siguieron, el conlicto armado en Argelia evolucionó en una dirección aún más trágica, cuyo balance sólo ahora empezamos a evaluar debidamente.

Puede considerarse razonablemente que el rechazo del Contrato de Roma prolongó inútilmente esta guerra, multiplicando asimismo los sufrimientos de la población civil y agravando las secuelas del conlicto para la sociedad y el Estado. Pero también es posible pensar razonable-mente que dicho encuentro fue un fracaso, una iniciativa sin efectos polí-ticos reales. Sea como fuere, hemos seleccionado este ejemplo porque pone en evidencia, en nuestra opinión, algunos interrogantes de fondo y algunas lecciones de método.

� Señalemos, de paso, que, en Argelia, el término “sociedad civil” sólo incluía por aquel entonces a los actores (periodistas, asociaciones feministas, intelectuales...) que habían apelado en 1992 a la interrupción del proceso electoral y sostenían la solución de la crisis por la fuerza de las armas.


La intervención para la prevención de conlictos con carácter previo a su desencadenamiento, al igual que la acción para su resolución pací-ica (en particular en el caso de las guerras civiles) es una necesidad imperiosa para la región. El apaciguamiento (¿relativo y provisional?)1 del conlicto de los Balcanes, la reducción de los focos armados en Argelia (que sin embargo no ha concluido por completo), la situación relativamente paciicada que vive Líbano2, la apertura de negocia-ciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea y, por último, la perspectiva de una solución en Chipre pueden llevar a pensar que hemos dejado atrás los principales focos de tensión y de violencia política en la región. Es de esperar que así sea, pero nada permite air-mar que dicho apaciguamiento sea deinitivo: algunas crisis internas pueden estallar de nuevo (como en Líbano o en el Kurdistán turco), igual que pueden surgir nuevos espacios de tensión (por ejemplo, el Kurdistán sirio). La región euromediterránea seguirá teniendo todavía durante mucho tiempo necesidad de estrategias de prevención y/o de resolución pacíica de crisis internas, caracterizadas por una con-fusión/articulación de dinámicas etno-culturales con una dimensión religiosa. Estas estrategias no requieren necesariamente la creación de nuevas estructuras, sino i) una cierta capacidad de anticipación; ii) la constitución de alianzas inéditas entre actores diversiicados y iii) en la medida en que sea necesario, modalidades de intervención discretas y no públicas, al menos en un primer momento.

1 Los sucesos de Kabilia, todavía no plenamente asumidos, son otra ilustración de un con-licto interno que hubiera podido degenerar en una crisis política más grave.2 Las movilizaciones populares que siguieron al asesinato del antiguo primer ministro Raik Hariri muestran, a su vez, que la sociedad libanesa sigue estando fuertemente dividida entre grupos etno-religiosos muy estructurados y con visiones contrapuestas.

Fue gracias a la intervención de una estructura confesional (la comunidad de San Egidio) y de una ONG de derechos humanos (la LADDH) por lo que fue posible el Encuentro de Roma. Asimismo, dicho encuentro fue pre-cedido de un trabajo exploratorio discreto de largo aliento, con el in de aproximar a los protagonistas para posteriormente aproximar sus puntos de vista y llegar a la cristalización de una visión común. Y, a pesar de su

“fracaso” relativo, la iniciativa constituye un precedente emblemático, una tentativa seria de salida pacíica de una grave crisis de violencia política.


Las razones de este “fracaso” son, evidentemente, múltiples. La alta jerarquía militar rechazó de inmediato la iniciativa, y lanzó una verdadera campaña de comunicación en su contra, tanto dentro como en el exterior del país, particularmente en Francia, movilizando a algunos portavoces de “la sociedad civil”, especialmente algunas feministas muy conocidas o supuestas víctimas de grupos armados para las que se organizaron auténticas giras de conferencias. Hubo unos momentos en que los visa-dos a los periodistas extranjeros y a las organizaciones no gubernamen-tales de derechos humanos se concedían a cuentagotas o directamente se denegaban, mientras algunas personalidades europeas eran invitadas a visitar Argelia y se apresuraron, una vez de regreso a sus países, a reite-rar el mismo mensaje. Por su parte, los grupos armados, probablemente en algunos casos manipulados, multiplicaron sus exacciones, dirigidas a menudo contra la población civil, privando de toda credibilidad a una perspectiva de solución pacíica.

Pero la falta de reacción internacional, y en primer lugar europea, tam-bién desempeñó un papel nada desdeñable en ese fracaso. Aunque la oferta de una salida política a la tragedia en virtud de un diálogo nacio-nal, pacíico y pluralista se adecua perfectamente a la esencia de los idea-les teóricamente defendidos por las democracias europeas, que serían reairmados algunos meses más tarde, en noviembre de 1995, en la Con-ferencia de Barcelona, las diplomacias de estos países se refugiaron en un espeso silencio, privando deinitivamente de cualquier oportunidad de éxito a la iniciativa.

2.2. Diversidad cultural y religiosa: el ejemplo de la Comisión Islam/Laicidad en Francia

Consecuencia natural del desarrollo de las migraciones hacia los países de Europa occidental y de la sedentarización de las poblaciones inmigrantes, hoy en día es evidente que el paisaje cultural y religioso europeo está experimentando una diversiicación cada vez más visible y a un ritmo cada vez más acelerado. Sea cual sea su tradición política nacional, todas las sociedades europeas se ven confrontadas a la cuestión de la gestión pacíica de ese pluralismo, que se maniiesta particularmente mediante la creciente visibilidad del islam. No obstante, hay que evitar la idea de que el islam es el único elemento novedoso de este paisaje. El retroceso de la inluencia social de las confesiones históricas, la individualización de los sentimientos religiosos, la airmación de las religiones orientales y


el desarrollo de las sectas... constituyen otros tantos elementos de este nuevo paisaje, por más que el islam de la diáspora sea el factor más “per-turbador” y, en todo caso, el más visible y el más polémico.

Éste es el contexto en el que una comisión denominada Islam-Laicidad funciona desde hace ya varios años en París, reuniendo a un grupo de líderes de comunidades de creyentes musulmanes, de investigadores, de religiosos y de responsables de diversas organizaciones y escuelas de pensamiento laicas. A un ritmo de una reunión por mes, la Comisión es fundamentalmente un espacio de conocimiento mutuo y de debate sobre los problemas que plantea el islam en Francia y en Europa, y de las tradiciones laicas tanto en estos países como en los países vecinos. Si bien interviene en el espacio público mediante publicaciones y la organi-zación de seminarios o de reuniones fuera de la capital, la Comisión no es una instancia de adopción de posiciones comunes sobre las cuestiones de actualidad, aunque no está excluido que algunos de sus miembros, a título individual, tomen iniciativas conjuntas, sin por ello comprometer al conjunto de la Comisión. Si en un primer momento echó a andar bajo los auspicios de la Ligue française de l’enseignement et de l’education popu-

laire (Liga Francesa de la Enseñanza y de la Educación Popular), una gran federación laica creada en el siglo XIX, hoy en día la Comisión funciona bajo la égida conjunta de la Liga Francesa de Derechos Humanos y Le

Monde Diplomatique, debiéndose precisar que los miembros de la Comi-sión forman parte de la misma a título individual.

Al cabo de estos años de funcionamiento, la Comisión ha permitido avan-zar en varias direcciones.

Así, los no musulmanes, sea cual sea su obediencia, han podido enri-quecer progresivamente su conocimiento de los medios musulmanes de la inmigración, mientras que estos últimos han descubierto cuál es el contenido sustancial del concepto francés de laicidad; las partes han aprendido también, sobre todo, que los dos conjuntos (“los musulmanes” y “los laicos”) no constituyen bloques homogéneos y monolíticos, sino que uno y otro acogen en su seno debates y corrientes, en ocasiones muy confrontados sobre una u otra cuestión. Por último, han comen-zado a emerger acciones y relexiones comunes entre algunos miembros de uno u otro de los dos “grupos” interesados, sin que sea necesario tampoco en este caso reunir a todos los miembros de la Comisión. Estas nuevas iniciativas han desbordado el marco estricto y el tema principal


de la Comisión (el islam frente a laicidad en Francia) para abordar proble-máticas sociales y/o políticas en el sentido más amplio del término. Así, algunos animadores de asociaciones musulmanas miembros de la Comi-sión han participado en los órganos de preparación de los Foros Sociales Europeos (descubriendo nuevos interlocutores y realidades sindicales, políticas y asociativas que hasta entonces desconocían) o han asumido responsabilidades en asociaciones como las federaciones de padres de alumnos.

Tampoco en este caso se trata, en nuestra opinión, de proponer ningún modelo, sino más bien de meditar, a partir de esta expe-riencia concreta, acerca de algunas lecciones metodológicas. Sobre el fondo, es necesario estimular la consideración, en ambas riberas del Mediterráneo, del pluralismo religioso. Este reto se plantea en realidad tanto en el norte como en el sur del Mediterráneo, si bien es cierto que se maniiesta con más agudeza en los países desarro-llados. Pero a diferencia de las instancias que promueven programas de diálogo interconfesional, no se trata únicamente de confrontar dogmas religiosos con el in de llegar al mínimo común denominador entre los diversos monoteísmos, sino más bien de tener en cuenta simultáneamente, por un lado, la dimensión religiosa y, por otro, las dimensiones socioeconómicas y políticas. En el fondo, no se trata ni de ignorar la dimensión religiosa ni de sobrevalorarla. Se trata, al in y al cabo, y volveremos sobre ello, de no ocultar las diferencias y los posicionamientos a veces muy alejados de unos y otros. Observemos, por último, que la duración de la iniciativa (varios años en este caso), así como la diversidad de los actores implicados, son elementos esen-ciales para el éxito del proceso. En último extremo, puede airmarse incluso que la “ambigüedad” del estatuto de los miembros ha jugado un papel importante. En efecto, si bien pertenecen a la Comisión a título exclusivamente individual, es evidente que su posición en sus respectivas estructuras otorga un peso signiicativo a sus deliberacio-nes, y acaba sirviendo de prolongación a sus relexiones. Este aspecto informal no debe, en nuestra opinión, desdeñarse.

Así pues, la cuestión musulmana ya no es única y exclusivamente un problema perteneciente al ámbito de las relaciones internacionales (en este caso de la AEM), sino que constituye cada vez en mayor medida un


reto europeo endógeno que debe ser considerado como tal por todos los actores del norte: Estados, instituciones europeas y sociedad civil. La consideración a todos los niveles de estos nuevos actores que son los inmigrantes musulmanes es una exigencia de cualquier política demo-crática en la sociedades europeas, sin la cual cualquier ambición eurome-diterránea carecería de coherencia y estaría vacía de sentido. En efecto, no puede decirse que se desea tener en cuenta el pluralismo en las socie-dades autoritarias y pobres de la ribera sur a la vez que se pasa por alto la creciente diversiicación de las sociedades democráticas del norte y se permanece sordo a las reivindicaciones especíicas de las diásporas musulmanas instaladas de forma ya deinitiva en Europa. Efectivamente, estas comunidades se enfrentan a numerosos obstáculos: un estatuto socioeconómico desfavorable que comparten con las demás comunida-des de inmigrantes y con todas las clases populares, una marginalidad política –que cristaliza su condición de extranjero privado de derechos civiles– y una desigualdad de hecho, si no de derecho, en términos de libertad religiosa y de libre ejercicio de los cultos. En efecto, sea cual sea el dispositivo institucional concreto que rige las relaciones entre el Estado y la diferentes confesiones en cada uno de los países europeos, todos los ciudadanos europeos se beneician de lo que ha dado en llamarse una

“laicidad cultural” que garantiza, en particular, la libertad de conciencia y la libertad de culto, y nada prohíbe en teoría a los residentes extranjeros, entre ellos los musulmanes, beneiciarse de estos mismos derechos. Pero no por ello es menos cierto que los creyentes musulmanes no gozan siempre de estas libertades, y que a menudo no consiguen ejercer efecti-vamente sus derechos en este terreno. Más que de una islamofobia cada vez más visible y ofensiva, estas comunidades sufren en realidad de una desigualdad de hecho, consecuencia de compromisos históricos nego-ciados entre los Estados y las confesiones históricas mayoritarias, que se beneician “naturalmente” de ventajas acumuladas a lo largo de los siglos (inanciación directa o indirecta por parte del Estado de los edii-cios de culto, protección social o incluso salarios de los religiosos, redes de enseñanza privada confesional, organización de catequesis en todos los niveles de enseñanza, sacriicios rituales de animales, organización de limosnas en los hospitales, las prisiones, etc.). En consecuencia, parecen necesarias políticas públicas y acciones de la sociedad civil que aborden a la vez las discriminaciones sociopolíticas y las desigualdades en materia religiosa a las que se ha hecho referencia. Esas políticas y acciones res-ponderían a la exigencia de igualdad y transmitirían asimismo un men-saje inequívoco a las sociedades del sur.


2.3 ¿Qué posicionamiento para los actores de la social civil secularizada?

Sin embargo, en nuestra opinión la loable intención que se encuentra en el origen del encargo de este documento de relexión debe tener cuidado de no caer en el relativismo cultural. Una estrategia de implicación de la sociedad civil de inspiración religiosa no puede basarse en una yuxtapo-sición de valores, puestos en el mismo plano, con el pretexto de favorecer el diálogo y la acción común. Sólo a partir de una matriz inderogable de derechos (en el sentido de un conjunto no negociable) deben elaborarse y aplicarse tales estrategias. Una vez más, precisemos que entendemos por dicha matriz no un modelo de civilización o un modelo político que hay que “exportar”, sino lisa y llanamente, y ya es mucho, el conjunto de los tratados e instrumentos de protección de los derechos humanos tal como han sido elaborados desde la II Guerra Mundial, que son indivi-sibles y que se imponen a todos, y en primer lugar a los gobiernos del norte. Por consiguiente, estos derechos no pueden someterse a jerarquía alguna (considerando una u otra categoría de derechos como prioritaria con respecto a las demás) ni a dobles estándares (de modo que una cate-goría de obligaciones se aplica a los demás pero no a uno mismo, o se aplica a determinados Estados “enemigos” y no a otros). Este patrimonio común de la humanidad, por retomar la expresión utilizada por la jurista francesa Mireille Demas-Marty, trasciende los modelos políticos naciona-les, que no son más que construcciones históricas concretas, y no puede reducirse a discursos retóricos sobre “la libertad” o “la democracia”. No es propiedad de ninguna región concreta, y únicamente se opone a que pueda violarse, en un ámbito cultural o una confesión concretas, la dig-nidad humana.

Sin caer en la proclamación ante los eventuales interlocutores de un uni-versalismo imperioso, “a tomar o dejar” aquí y ahora, como una especie de condición previa antes de emprender cualquier camino en común, no hay que dudar tampoco, frente a determinados retos, en dejar clara la diferencia de puntos de vista ni las divergencias de fondo. Evidente-mente, esto exige al mismo tiempo una vigilancia y un rigor extremos: en ningún caso la postura universalista debe ser pillada en falta, en particu-lar practicando “la política de dos pesos, dos medidas”.


Conclusión general

Sean cuales sean las especiicidades nacionales, el islam político consti-tuye hoy en día una realidad perenne y duradera del paisaje sociopolítico de la región euromediterránea; este nuevo actor debe ser entendido en su diversidad y no puede quedar reducido al mero movimiento “jihadista” que no constituye, pese a su carácter criminal y a su impacto sobre las opiniones públicas, más que un aspecto extremadamente marginal del mismo.

Este epifenómeno no debe servir en ningún caso de pretexto para negarse a tener en cuenta el pluralismo de las sociedades del sur y del norte. En su inmensa mayoría, y frecuentemente al margen de ellos, los nuevos actores de inspiración religiosa se encuentran inmersos, por un lado, en un proceso de secularización y, por otro, cada vez que es posible, en una dinámica de integración en la vida política legal que releja, en particular, su rechazo explícito de la violencia.

Los Estados de la región, las instituciones de la Asociación Euromedite-rránea y los actores de la sociedad civil, que proclaman su adhesión a los valores democráticos y a los principios universales de los derechos humanos, deben afrontar ahora la siguiente elección: facilitar y acompa-ñar las dinámicas de integración de estos nuevos actores y mantenerse de este modo ieles a los ideales que proclaman o, con el pretexto de un universalismo abstracto, ignorarlos y relegarlos a la marginalidad. La experiencia histórica de diversos países de la región muestra que el coste de esta última opción es extremadamente elevado, tanto en términos de libertades como en términos de desarrollo socioeconómico.

Este desafío tiene implicaciones al menos a tres niveles y a escalas dife-rentes.

En efecto, en el sur no es posible afrontar los inmensos retos que plantea el desarrollo sin una paciicación de las confrontaciones políticas frati-cidas, sin políticas de integración del mayor número posible de actores y sin la elaboración de compromisos históricos basados en una gestión pacíica del pluralismo.

Por su parte, las sociedades del norte, transformadas por la sedentariza-ción de poblaciones inmigrantes, no pueden respetar el contrato social


democrático que las caracteriza sin una política dinámica de lucha activa contra las discriminaciones y de consideración del pluralismo religioso y cultural.

Por último, la Asociación Euromediterránea no puede desarrollarse, o experimentar un nuevo impulso si se sigue tolerando la persistencia de prácticas autoritarias de los Estados asociados, y participando, aunque sea de manera involuntaria, en sus políticas de exclusión y de marginali-zación.

En estos tres niveles, dos son los principios que deberían presidir la relexión y la realización de eventuales acciones. Por un lado, una adhe-sión estricta y rigurosa al universalismo, que fundamentalmente signiica evitar la doble trampa del relativismo cultural y de la selección entre los derechos universales y los grupos que deben beneiciarse de ellos. Y, por otra parte, una justa apreciación del factor religioso. La consideración de esta dimensión por parte de los actores tiene como principal objetivo, a nuestro juicio, acompañar los procesos de secularización en curso. A diferencia de las iniciativas ecuménicas de diálogo interreligioso, por lo demás muy legítimas y respetables, se trata de desarrollar con estos acto-res iniciativas ciudadanas a partir de preocupaciones comunes.

En términos de metodología, estas nuevas estrategias suponen, en nuestra opinión, una cierta capacidad de adaptación organizativa. En el plano de las estructuras que deben eventualmente crearse, puede ser oportuno, o tal vez inevitable, imaginar herramientas nuevas (y ello no signiica necesariamente estructuras permanentes) que faciliten alianzas inéditas entre actores y/o formas renovadas de acción (sucesión de accio-nes públicas y de iniciativas más discretas), procedimientos lexibles que combinen una dimensión formal y un carácter más informal.

Primeras pistas de trabajo

Teniendo en cuenta el carácter particular de la problemática que se ha planteado en esta contribución, y anticipando las resistencias, por no decir la hostilidad, con que reaccionarán probablemente los Estados, las instituciones de la AEM y también algunos de los actores de la socie-dad civil laica a las tesis que aquí se han desarrollado, nos resulta difícil formular una serie de recomendaciones precisas en términos de conte-


nido y de metodologías a poner en práctica. Una última diicultad, y no menor, es la disposición de los actores de la sociedad civil de inspiración religiosa para integrarse de manera inmediata en las dinámicas que la presente contribución preconiza. Para muchos de ellos, la relación con Europa sigue percibiéndose desde la perspectiva de la confrontación y la oposición, pese a las lógicas de secularización que a nuestro juicio están en marcha.

Con todo, nos hemos atrevido a esbozar algunas pistas de trabajo diri-gidas, en primer lugar, a los actores de la sociedad civil de inspiración laica con el in de dar lugar al intercambio y al debate, y quién sabe si también a emprender algunas acciones; las dos pistas que se esbozan a continuación son en realidad fáciles de operativizar y, digámoslo cla-ramente, “realistas”. En efecto, no exigen ni una reforma signiicativa de la AEM ni ningún cambio importante en la situación política en el sur del mediterráneo.

Alentar progresivamente la integración de los actores de la socie-dad civil de inspiración religiosa en las citas importantes y las prin-cipales iniciativas de la Asociación.

Partiendo de la convicción de que el reconocimiento del pluralismo, tam-bién político-religioso, de las sociedades que forman parte de la AEM es una condición sine qua non para el desarrollo democrático de dicha Asociación, instamos al conjunto de los actores a alentar la integración progresiva de los actores de la sociedad civil de inspiración religiosa en las grandes citas que marcan la vida de la Asociación Euromediterránea (encuentros intergubernamentales, seminarios, coloquios académicos, cursos de formación, intercambios de visitas de periodistas...).

Anticipando la hostilidad de algunos de los gobiernos de la región, son los actores de la sociedad civil de inspiración laica los que deben iniciar y promover tales dinámicas, concretamente invitando a dichos actores a las actividades de las que son los principales promotores. Tales iniciativas podrían afectar en un primer momento a los Foros Civiles Euromedite-rráneos y a determinadas iniciativas de la Plataforma No Gubernamental recientemente constituida o de algunos de sus integrantes.

A título de ejemplo, recordemos que varias redes de asociaciones de jóvenes franceses de cultura musulmana han comenzado a participar


activamente en los Foros Sociales Europeos, emprendiendo así el proceso de descubrimiento de nuevos interlocutores, de problemáticas sociales e internacionales a menudo inéditas para ellos. A su vez, su participación ha permitido a los actores clásicos de estos foros (sindicatos, movimien-tos feministas, movimientos antiglobalización, etc.) ampliar el abanico de sus interlocutores y comenzar a debatir públicamente con estos nuevos aliados.

Articular la acción contra las discriminaciones que afectan a la pobla-ción inmigrante en Europa con la apertura de espacios de diálogo sobre la diversidad religiosa y cultural de las sociedades europeas

La sedentarización de las poblaciones inmigrantes de ascendencia musulmana plantea un doble desafío. Víctimas de desigualdades sociales equivalentes a las que sufren otras clases populares y de discriminacio-nes especíicas (en razón de su origen real o supuesto), estas poblaciones aspiran al mismo tiempo a gozar de mayores posibilidades de promoción social y de garantías que les permitan vivir plenamente su fe y transmi-tírsela a sus descendientes. A su vez, las generaciones de la inmigración nacidas en Europa experimentan diicultades similares pese a su sociali-zación en Europa, su acceso a la nacionalidad de los países de residencia y su dinamismo asociativo y cultural.

La necesidad de políticas activas a favor de la igualdad ya no es, en teoría, objeto de debate, ni entre las autoridades públicas de los países europeos ni entre las opiniones públicas. Pero estas políticas no pueden seguir ciegas a la alteridad, y deben evitar al mismo tiempo el diferencialismo y el “destierro comunitario”.

Se trata, por tanto, de estimular el nacimiento de espacios de diálogo sobre el pluralismo, velando porque éstos sean permanentemente sen-sibles a las realidades sociales, económicas y políticas de los países de residencia. También aquí, la acción de la sociedad civil de inspiración laica puede resultar determinante. El precedente de la Comisión Islam/Laicidad en Francia podría ser, desde este punto de vista, no un modelo, sino una fuente de inspiración a adaptar, lógicamente, en función de las tradiciones ilosóicas y jurídicas de cada país, los interlocutores disponi-bles y las cuestiones objeto de debate en la respectiva sociedad.


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Introducción a la edición española” de: VVAA “Rendre le Partenariat euroméditerranéen plus proche des citoyens. 35 propositions pour engager la societé civile dans le Processsus