Civiles, Militares y Política En

115Alfredo Angulo Rivas. Civiles, Militares y Poltica en Venezuela.FERMENTUM Mrida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AO 11 - N 30 - ENERO - ABRIL - 2001 - 115-142

Civiles, Militares y Poltica enVenezuela

Alfredo Angulo Rivas*

ResumenEl presente artculo informa el estado del arte en el estudio de la accin

poltica de las fuerzas armadas en Amrica Latina durante los ltimos 40 aos.Las ms recientes perspectivas de anlisis sobre la cuestin militar en la regin,al margen del substrato ideolgico que las orienta, hacen dura crtica delaccionar del establecimiento armado, al atribuirle ser causa esencial en lainestabilidad poltica y en el atraso de los pases del continente, al tiempo quedesvirta la naturaleza democrtica de nuestros regmenes polticos.

Debido a que los estudios sobre el tema militar han provocado escasaselaboraciones tericas de alcance general para Latinoamrica, salvo el comndenominador segn el cual todos los gobiernos militares incrementan los gastosen equipamiento blico, el artculo est enfocado al estudio de un caso,especficamente a dar cuenta de la nueva realidad militar de la democracia enVenezuela. Con base en variadas fuentes informativas nacionales y extranjeras,el autor postala en calidad de hiptesis de trabajo que la actual circunstanciase caracteriza por una recomposicin de la clase gobernante, al tiempo quese verifica un cambio en la clase de relacin entre civiles y militares.Trminos claves: Relaciones cvicos militares; control civil objetivo; clase poltica

* Profesor Asociado de la Facultad de Humanidades y Educacin. Universidad de Los Andes. Mrida. Maestra en CienciasPolticas. Doctorando en Historia de la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Pertenece al Grupo de InvestigacinAnlisis Sociopoltico de Venezuela.

Civiles, Militares y Poltica en Venezuela. Alfredo Angulo Rivas.FERMENTUM Mrida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AO 11 - N 30 - ENERO - ABRIL - 2001 - 115-142116

Abstract

CIVIL AND MILITARY AND POLITICAL OF VENEZUELAN

This article reports on military political action in Latin America for thelast 40 years. The most recent analysis of military issues in this region censurethe armed establishment, since the same affect the political stability, keep LatinAmerican countries underdeveloped, and detracts the dernocratic nature ofour political regime.

Because studies on the military studies topic have resulted in few theoriesthat embrace the whole of Latin America, this article focuses on the new militaryreality of Venezuelan democracy. Based on national and international newssources, the author establishes, as his work hypothesis, that the presentcircumstance is characterized by the reconstitution of the governing class,whereas the relationship between civil and military citizens has changedsignificantly.Keywords: Military-civic relationships; objective civic control, political class.

IntroduccinAunque no han sido escasos los estudios consagrados a la accin

poltica de las Fuerzas Armadas en Amrica Latina, el foco de atencinde los investigadores sobre la cuestin militar ha variadoconsiderablemente durante los ltimos 40 aos. A comienzos de 1960,las teoras de la modernizacin analizaron la relacin del tempranoprofesionalismo de los militares en contraste con la tardainstitucionalizacin del Estado. Entre las razones dadas para explicarel predominio militar, necesario es admitir que la modernizacin delEstado en Latinoamrica comenz por el lado de sus Fuerzas Armadas.La suma del entrenamiento de los oficiales en escuelas especializadasy el establecimiento del servicio militar obligatorio para jvenes anadolescentes, irnicamente trajo el resultado conocido: el ciudadanoen Amrica Latina fue primero militar y luego elector. El corolario delproceso no fue, ni poda serlo, un producto equilibrado, ordenado porla simetra de sus proporciones. El saldo fue esencialmente desigual:un cuerpo de funcionarios estables, provistos de una conciencia clarade su propia competencia, en contraste al resto de los desarrollosverificados en el conjunto del aparato del Estado.

Luce comprensible por razones asociadas al mapa polticoprevaleciente en la poca, que en la dcada posterior a 1975 los


estudiosos del tema enfocaron su inters en el anlisis de las capturasmilitares del poder. El repertorio de argumentos que intent dar cuentadel protagonismo poltico de los hombres de la guerra, conect el papelde las Fuerzas Armadas a la historia y a la cultura de Amrica Latina,a la tradicin militar de Espaa, a los conquistadores, al fenmeno delcaudillismo, a los fueros corporativos de los militares y a una visinorgnica y jerarquizada de la sociedad. Asimismo, los anlisisinfluenciados por el pensamiento marxista subrayaron lasdeterminantes internacionales y la economa domstica, al buscar darexplicacin de la activa participacin de los hombres de armas en lavida poltica de sus pases. De amplia recepcin en los crculosintelectuales del continente, la denominada teora del autoritarismoburocrtico constituy una propuesta que vincul la ocurrencia de losgolpes militares a los pases con estadios ms avanzados deindustrializacin. Aos ms tarde, algunas elaboraciones tericas definales de los 80 subrayaron que el predominio del estamento militarestaba asociado a la dbil organizacin institucional de las sociedadeslatinoamericanas. No haba sido infrecuente, se aduca, la frgil realidadde sistemas de partidos carentes de grandes organizaciones polticas,formaciones sin la autoridad suficiente para constituir por s solas ungobiemo estable. Tampoco falt en el inventario de argumentos aquellosque aludan a rasgos caractersticos y definitorios de las FuerzasArmadas, elementos que en suma haca del factor militar la institucinmonopolio de la fuerza. La unidad de accin garantizada por reglas deobediencia, el espritu de cuerpo de la oficialidad, el manejo de unconjunto de smbolos emocionalmente inspiradores y una capacidadde juego comparativamente mayor, articulaban un tipo de organizacinsocial especfica (1). La dcada de los 90 fueron aos de estudiosconsagrados a las transiciones democrticas y al retorno de los militaresa los cuarteles (2).

En la presente etapa, los desafos al ejercicio de la democraciaen el continente quizs no provengan ya de las clsicas intentonasmilitares. Frente al actual contexto internacional, pocos analistas creenen el posible desarrollo de otra poca de golpes de Estado. Sin embargo,

(1) Vase a COMPLAK, Christian (1989): Los Gobiernos de Facto en Amrica Latina 1930-1980. Caracas, Biblioteca de laAcademia Nacional de la Historia. Asimismo a ROUQUIE, Alain (1989): Amrica Latina. Introduccin al extremo occidente.Mxico, Siglo XXI.

(2) Para un balance ms reciente sobre la cuestin militar en Amrica Latina, vase a SIGMUN, Paul E (1993): Approaches tothe Study of the Military in Latin America En Comparative Politics, paginas 111 a 122. Mullen Library Stacks. AssociatedLibrary Holdings, Washington D.C.


la novedad no radica en que la ampliacin del papel poltico de los milita-res amenace los frgiles procesos de democratizacin. El punto de relie-ve est en que la accin de los militares pareciera llenar los vacos deliderazgo de la vida civil, en un desempeo que saca provecho de lasposibilidades de oposicin ofrecidas por el mismo juego democrtico.Las democracias militarizadas en Latinoamrica

Ante el conjunto de tendencias y condiciones presentes en lavida poltica de Amrica Latina, algunos centros de estudios con unaorientacin ideolgica de izquierda analizan la extensin de la presen-cia militar en las instituciones civiles de la regin (3). Desde esta pers-pectiva, los militares pueden reclamar que estn actuando dentro dela ley, en un marco institucional que delimita el funcionamiento demo-crtico, pero que fue diseado para hacer innecesaria la intervencindirecta. Son notables los casos de Colombia, Mxico y Per, dondelas prerrogativas militares se han expandido durante la actuacin degobiernos civiles.

As mismo, la transicin democrtica en Chile fue distorsionadapor la Constitucin de 1980 del rgimen de Augusto Pinochet. La cartaconstitucional estableci la norma de nueve senadores designados(cuatro de ellos eran antiguos comandantes militares), disposicin quepermiti a la extrema derecha bloquear en el Senado las iniciativas delos gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei en materia de dere-chos humanos, reforma de leyes represivas de seguridad y la remo-cin de casos civiles de la jurisdiccin militar. As tambin, los nuevemiembros de la Corte Suprema de Chile fueron nombrados por el ge-neral Pinochet antes de la transicin democrtica. El Consejo Nacio-nal de Seguridad, otro legado institucional de la dictadura, ejerce fun-ciones de supervisin sobre las polticas del gobierno. Las disposicio-nes legales impiden el control civil al eliminar el derecho del Presiden-te a nombrar y remover a los comandantes de las fuerzas armadas,leyes que proveen a los militares un presupuesto garantizado basadoen las ventas de cobre. En el caso chileno, los militares nunca termi-naron de retirarse de escena.

En el Brasil, el sistema poltico todava muestra caractersticasmilitares. Durante la primera administracin de Fernando Herique

(3) Vase por ejemplo a McSHERRY, Patrice (1998): The Emergence of Guardian Democracy en NACLA. Report on theAmericas, volume XXXII, # 3. November/December.


Cardoso hubo cinco militares en el gabinete de ministros. Las fuerzasarmadas tomaron acciones directas en situaciones de seguridad p-blica en un estimado de 48 veces entre 1985 y 1997, incluyendo larepresin de huelgas y manifestaciones. Asimismo, el estamento mili-tar ha retenido su hegemona en la industria de armamentos, en pol-tica nuclear y en el desarrollo del Amazonas, regin donde est cons-truyendo bases militares y carreteras. El poder poltico de los militaresse encuentra establecido en la Constitucin, y las evidencias recogi-das indican que los conceptos ideolgicos centrales de la doctrina deseguridad nacional, especialmente en lo concerniente a la llamadaamenaza externa, contina orientando a los militares brasileos.

Unida a la notable presencia militar con respaldo constitucionalen la regin, en la presente circunstancia no es inusual encontrar laaplicacin de medidas autoritarias a cargo de gobernantes civiles. Noresulta extrao en Amrica Latina encontrar poderes ejecutivos fuertes,respaldados por fuerzas militares y de seguridad, dominando la tomade decisiones polticas y econmicas. En Argentina, Brasil, Per y Pa-nam, los presidentes han maniobrado para revisar las cartas constitu-cionales con miras a permitir nuevos plazos de gobierno, tendencia queha erosionado las instituciones de control, al tiempo de convertir a lasPresidencias en una suerte de monarquas constitucionales.

En este sentido el caso del Per es notable. Es de recordar queAlberto Fujimori dirige un autogolpe en abril de 1992 con el respaldode las fuerzas armadas. Luego, el presidente cierra el Congreso y lostribunales, suspende la Constitucin y cede el control de la guerra decontrainsurgencia a los militares. Fujimori reabre el Parlamento des-pus que nuevas elecciones le dan control a la mayora de su partido.En trminos generales, su gestin ha dado amplios poderes a los mi-litares y a los aparatos de inteligencia, hecho que ha derivado en lavigilancia estrecha de variados sectores sociales de ese pas y encasos de torturas a los opositores polticos. Cuando una estacin detelevisin inform sobre casos de violacin a los derechos humanos,las fuerzas armadas cerraron la estacin y despojaron de la ciudada-na peruana al propietario del medio, quien era de origen extranjero.En mayo de 1997, su mayora parlamentaria en el Congreso dirigi laremocin del Tribunal Constitucional de los jueces que se oponan a latentativa presidencial de un tercer mandato.

En la Argentina, el presidente Carlos Menen ha debilitado las ins-tituciones constitucionales, evitando a la Corte Suprema y al Congre-so con el uso frecuente de decretos presidenciales. El gobernanteargentino ha mostrado escasa simpata por la oposicin poltica y por


la libertad de prensa, atacando de ordinario a ambos en un lenguajesevero que para algunos evoca la retrica militar de la dictadura. Menenha perdonado a los rebeldes militares y a la junta de comandantes dela guerra sucia, al tiempo de actuar para asegurar la impunidad militar.Menen ha reasignado a oficiales de la era de la guerra sucia en elSecretariado de Inteligencia de Estado (SIDE), un aparato ampliamentesospechoso de portar mafias antidemocrticas y antisemitas. Las dosmayores explosiones de bombas en blancos judos no han sido re-sueltas, y muchos creen que el SIDE y figuras del gobiemo han blo-queado la investigacin. Cerca de mil periodistas han sido amenaza-dos o atacados durante las dos administraciones de Menen y dos re-porteros han sido asesinados. Una asociacin que promueve el libreejercicio del periodismo ha concluido en que 1997 es el ao de la peorregresin de la libertad de prensa en Argentina, desde la restauracinde la democracia en 1983.

El general Hugo Bnzer, quien derroc al gobierno bolivianoen el golpe de Estado de 1971, para luego gobernar durante sieteaos, fue electo a la Presidencia en junio de 1997. Su gestin degobierno puso en ejecucin medidas impopulares de austeridad,ampli el papel militar en la lucha contra las drogas e intentreelaborar las leyes de seguridad nacional. En marzo de 1998,Bnzer dio a conocer el proyecto que criminalizaba la protesta so-cial y restringa la libertad de expresin. Esta iniciativa dio al presi-dente el poder de declarar una emergencia nacional en condicio-nes de guerra, desastre natural, subversin o inquietud interna, dis-posicin esta que cambi el papel del Congreso. Aquellas reas deinquietud social seran declaradas zonas militares con la presenciade comandantes de las fuerzas armadas, quienes suplantaran alas autoridades civiles.

Para esta perspectiva crtica los gobernantes de Amrica Latina,en alianza con las fuerzas militares, han truncado y militarizado lasformas de la democracia al tiempo que echan adelante medidas dereestructuracin econmica, a menudo por decreto. De all coligeque la tensin planteada no es entre el Estado y el mercado talcomo se ha venido afirmando, sino la oposicin tiene lugar entredemocracia y la economa de mercado. Las fuerzas armadas en fincumplen as el papel de guardianes vigilantes de estos procesosde ajuste.

Desde otro ngulo de anlisis, punto de vista al que por razonesde comodidad expositiva vamos a llamar liberal, se haya una orienta-cin no menos crtica del papel desempeado por el estamento militar


en la regin. Desde este punto de vista pocos factores han sido tanperturbadores de la vida poltica de Amrica Latina, tan determinantesen la incapacidad para darnos instituciones estables que regulen lavida de las gentes de una manera decente, como los militares. En lasraces del subdesarrollo hallamos a las fuerzas armadas, las que enlugar de funcionar como institucin han aspirado a hacerlo como go-bierno, y algunas veces como Estado (4). En otras palabras, los milita-res de Amrica Latina han sido el factor principal en la crueldad, elcosto y las perniciosas consecuencias polticas derivadas de dos si-glos con demasiadas guerras.

La crtica liberal observa que el crecimiento institucional de lasfuerzas armadas ha venido acompaada de una creciente participa-cin en la economa. Dicho en dos platos, los militares han devenidohombres de negocios. Y los ejemplos de la regin no son escasos nide pequea monta. All estn los militares de Guatemala de la dcadade los setenta, que echaron mano de la llamada Franja TransversalNorte para convertirla en su propiedad; la accin confiscatoria de loscomandantes del Frente Sandinista en Nicaragua, propiedades aje-nas que conservaron luego que abandonaron el poder; el desempeode los militares en el Per, comprometidos a fondo en el narcotrfico atravs de una vasta red de empresas; as tambin los militares deHonduras que van a las subastas de empresas pblicas con la finali-dad de adquirirlas para su institucin, un propsito que les ha permiti-do acumular bancos, cementeras, compaas de seguros y variadostipos de negocios, lnea de accin que a principios de los noventa, trasdiez aos de recuperacin democrtica, les ha llevado a controlar lacompaa de telfonos, los puertos de aduana y la mayor parte de losaeropuertos; o el caso de los militares en Chile que se reservan el25% de la renta del cobre exportado (5)

En fin, puede aseverarse que en Amrica Latina al hombre dearmas le ha gustado el oro y la plata. Quizs lo supo reflejar el generalAlvaro Obregn cuando expres con sorna que el militar no resiste uncaonazo de 50 pesos. Sin embargo, la experiencia histrica mues-tra que los militares han recibido considerables beneficios materialesy lejos han estado de permanecer calmados en sus cuarteles. El casoes que de intentar establecer formulaciones tericas de largo alcancesobre el tema, quizs slo podamos decir que los gobiernos militares

(4) MENDOZA, Plinio Apuleyo, entre otros (1998): Fabricantes de Miseria. Barcelona (Espaa), Plaza y Jans Editores.

(5) Ibdem; pgina 55.


no muestran uniformidades distintivas susceptibles de aprehenderlosen una categora general explicativa, salvo su marcada tendencia aincrementar los gastos en equipamiento blico.

Las insuficiencias saltan a la vista. De postular una conexin cau-sal entre la tradicin militar heredada de Espaa y las reiteradas inter-venciones polticas de las fuerzas armadas en la regin, quedara a unlado los sucesivos gobiernos autoritarios de la dinasta de la familiaDuvalier en Hait o la no menos prolongada dictadura de AlfredoStroesnner en Paraguay, apellidos que estn bien lejos de poseer al-guna resonancia hispana. Tampoco los militares en Latinoamricamecnicamente han favorecido las solicitudes hechas desde Washing-ton, ni sus intervenciones en poltica han respondido a las necesida-des del capitalismo mundial de reprimir los movimientos de protestasocial y de promocin de la inversin de capitales. El nacionalismomilitar de Juan Velasco Alvarado en el Per (1968-1975), as como elgobierno de los militares brasileos de los aos setenta, cuyas prcti-cas originadas en la teora de la dependencia buscaron profundizarlas polticas del desarrollismo, fueron experiencias a contrapelo delargumento instrumental. Es que ni el distintivo monopolio de la fuerzaha estado garantizado en el continente: la Revolucin de Bolivia en1954, ms tarde la Revolucin Cubana en 1959 y posteriormente laRevolucin Sandinista en Nicaragua, sealan que la unidad institucionalde las fuerzas armadas no ha sido inquebrantable.

En lugar de ser instrumentos al servicio de otros actores socia-les, los militares latinoamericanos han sabido actuar como factoresconstitutivos del poder. Esta hiptesis de trabajo enfoca la manera derelacionarse los civiles y los militares: las prdicas y reclamos de aque-llos; los conflictos, negociaciones y compromisos entre ambas partes;las acciones militares y el llamado control civil objetivo. De maneraque ac nos proponemos el estudio individualizado de un caso, estoes, la realidad militar de la democracia en Venezuela.

Una democracia tuteladaEl 4 de febrero de 1992 los venezolanos nos levantamos de la

cama con una noticia sorprendente luego de 34 aos de democracia.Paracaidistas del ejrcito encabezan un intento de golpe de Estadocontra el presidente Carlos Andrs Prez. Los rumores de golpe ha-ban sido el pan diario en Venezuela desde 1991, ao en que huboms de 800 manifestaciones de calle y alertas permanentes sobre eldescontento militar en las filas de las fuerzas armadas, inquietud que


subi a la superficie el ao siguiente con la captura de tres ciudadesdel interior del pas y una sangrienta incursin en Caracas de batallo-nes rebeldes. Conjurada la rebelin, apenas nueve meses ms tarde(el 27 de noviembre de 1992 exactamente), tambin de manera falli-da varios jefes de la marina y unidades de la aviacin se alzan enarmas. Con respecto a las rebeliones militares los analistas dividieronsus opiniones entre lo que pudiera llamarse una leyenda dorada, se-gn la cual tales hechos representaron una clara seal de alerta a laclase poltica cuyas ejecutorias la haban divorciado de la poblacin, yuna leyenda negra de que las intentonas retrasaron las reformas yajustes econmicos, una postergacin que nos hizo ver slo lo malode las necesarias medidas de cambio estructural de la economa.

Venezuela, considerada una isla democrtica en la dcada delos 70 y con el rgimen poltico ms longevo desde el gobierno delgeneral Jos Antonio Pez, entr as en un acelerado proceso de cam-bio. El estallido de violencia social del 27 de febrero de 1989, los dosintentos de golpe de Estado del 4 de febrero y 27 de noviembre de1992, la destitucin del presidente Prez en mayo de 1993, la resu-rreccin poltica de Rafael Caldera y la significativa cuenta de cuatropresidentes en el lapso de apenas diez aos, hablaron a favor de esediagnstico. La estrella ascendente del teniente coronel Hugo Chvez,convertido en hroe popular cuando al medioda del 4 de febrero im-provis ante la televisin un mensaje de rendicin en el que asumi laresponsabilidad de la rebelin militar (actitud que contrast con una cla-se poltica que no responda por sus actos), pareci ser evidencia de lanueva circunstancia poltica que viva el pas. El triunfo electoral delcomandante Chvez en las elecciones presidenciales del 6 de diciem-bre de 1998, fue sin duda el acto confirmatorio del cambio ocurrido.

La verdad es que a mediados de los aos ochenta entre algunoscrculos polticos y analistas profesionales comienza a hablarse delagotamiento del rgimen democrtico, aunque no es dable decir quehaba entre ellos un nico criterio explicativo:

1. Para algunos investigadores la crisis era bsicamente la crisisde la democracia, en el sentido de que el Estado no lograba someterel poder de los grandes grupos de inters en competencia entre s,como tampoco poda justificar sus actos de cara a las expectativasciudadanas. En este enfoque haba matices divergentes respecto alos orgenes y alcances de la crisis. Algunos caracterizaban la crisisdel sistema poltico como la del populismo venezolano, es decir, en lafalta de visin del liderazgo poltico y en el desvo del comportamientotico. El ciudadano senta que haba sido abandonado, no crea en las


instituciones y en las lites gobernantes, falta de credibilidad que erade s mismo, del pas, de sus hombres y de sus posibilidades, con locual se creaba un ambiente para el abandono de las normas cvicas ylas reglas democrticas y su remplazo por la violencia de cualquierndole (Anbal Romero: La Miseria del Populismo. Mitos y Realidadesde la Democracia Venezolana. Caracas, Centauro, 1987 y A dndeva la Democracia Venezolana?. Caracas, Panapo, 1994). Inscrito enel mismo enfoque otros autores consideraban que la democracia ve-nezolana estaba en crisis no tanto porque la lite dirigente haba sidodesatenta e incapaz, sino porque la democracia no era ms que unamentira, una mascarada del ejercicio del poder del Estado. Siendouna mera coartada ideolgica para medrar de los beneficios derivadosdel ejercicio del poder, la democracia haba sido un gran negocio me-diante el cual la renta petrolera, en lugar de haber estado al serviciodel desarrollo nacional y de la calidad de vida de la poblacin, habaservido para consolidar viejas fortunas y crear otras nuevas al amparodel poder del Estado (Moiss Moleiro: Las Mscaras de la Democra-cia. Caracas, Centauro,1988; J.R. Nuez Tenorio: La Democracia Ve-nezolana. The Big Business. Caracas, UCV Tropykos, 1993. Luis BritoGarca: La Mscara del Poder : del Demcrata Necesario al Gendar-me Necesario. Caracas, Alfadil, 1988 y El Poder sin la Mscara : de laConcertacin Populista a la Explosin Social. Caracas, Alfadil, 1989).En esta perspectiva otros anlisis ponan en acento en la crisis de unademocracia confiscada por los partidos polticos. La insurgencia mili-tar indic as el ocaso del leninismo partidista, de la sociedaddespolitizada y de los polticos tradicionales, agentes de esa espesamadeja de elecciones internas, triquiuelas, maniobras, pactos visi-bles y pactos vergonzantes, de concilibulos donde se tomaban lasdecisiones fundamentales (Alberto Arvelo Ramos: En Defensa de losInsurrectos. Un Ensayo de Teora Poltica. Mrida (Venezuela), Prime-ra edicin, Coleccin Poltica, 1992).

2. Un segundo enfoque observaba que la crisis no era de la de-mocracia como tal sino del modelo econmico, consecuencia de laquiebra de la renta petrolera y sus efectos en la constitucin de unEstado populista y en la instauracin del sistema de conciliacin deintereses. Siendo esta la interpretacin mayoritaria en cuanto a la lec-tura de la crisis de la sociedad venezolana y en su sistema de gobier-no, este punto de vista asuma que la Venezuela contempornea erael resultado de un proceso de modernizacin afincado en la inversiny en la privatizacin de la renta petrolera. La modernizacin haba sidoimpulsada por los partidos polticos opuestos a los gobiernos militares


y oligrquicos, proceso histrico donde el Estado se convierte en elrbitro de la vida nacional y en el que los actores pasan a respetar lasreglas del juego democrtico no por razones coactivas sino por cau-sas utilitarias de mera conveniencia, en razn de que todos se sintie-ron ganadores. El modelo comienza a mostrar sus debilidades en 1983,cuando la cada de los precios petroleros en el mercado mundial y elpeso de la deuda pblica externa hizo inviable la satisfaccin de lasdemandas de todos los sectores sociales del pas (Ramn Espinoza yMoiss Naim: El caso Venezuela. Una ilusin de armona. Caracas,IESA, 1986; Roraima: Ms y mejor democracia. Caracas, Arte, 1987;Bernard Mommer: La Cuestin Petrolera. Caracas, Tropykos, 1988;Luis Pedro Espaa: Democracia y Renta Petrolera. Caracas, UCAB,1989). En esta perspectiva es de anotar la propuesta de anlisiscombinado de tres variables bsicas del modelo sociopolticovenezolano. Al ocurrir una modificacin adversa en uno de esos factores(renta petrolera, expectativas sociales y representatividad de lasorganizaciones), se produca una amenaza a la estabilidad del sistemaque poda en trminos racionales ser compensada. Luego, al concitarsemodificaciones simultneas en las tres variables, el sistema entrabaen una situacin lmite, de crisis profunda (Miriam Komblith: Crisis ytransformacin del sistema poltico venezolano: Nuevas y viejas reglasde juego. En Angel E. Alvarez: El Sistema Poltico Venezolano: Crisisy Transformaciones. Caracas, Instituto de Estudios Polticos, UCV,1996).

De cara a las evidencias inocultables de la crisis, en trminosgenerales el discurso oficial hizo hincapi en que la falta de estabili-dad obedeca al doble proceso de reformas econmicas y polticasiniciadas por el presidente Carlos Andrs Prez a partir de 1989. Des-de este ngulo se enfatizaron los factores de orden histricos y estruc-turales, de suerte que la naturaleza de la crisis no tena carcter mili-tar, siendo en realidad el producto de la modernizacin de la sociedad.A contracorriente de este planteamiento, una perspectiva crtica soli-daria con la rebelin armada puso el acento en la relacin de ladirigencia poltica con el estamento militar, a la existencia de oscurosnegociados en el proceso de equipamiento blico, al habersedistorsionado el sistema de mritos del cuerpo profesional, vicios uni-dos a las restricciones impuestas al desarrollo de la carrera a travs

(6) MULLER ROJAS, Alberto (1992:24): El golpe frustrado del 4 de febrero de 1992, En Relaciones Peligrosas. Militares,Poltica y Estado. Caracas, Fondo Editorial Tropykos, Fondo Editorial APUCV, Fundacin Gual y Espaa.


de la limitacin del tiempo de servicio. En palabras solidarias con losrebeldes, el golpe del 4 de febrero no era sino una protesta ms deun sector profesional al gobierno (6). Ms a largo plazo, este enfoquede la cuestin militar vincul el pronunciamiento armado a la explosinsocial del 27 y 28 de febrero de 1989, al aducir que la poltica asumidapor el gobiemo nacional para la superacin de la crisis, apoyada en eluso intensivo de la coercin material, revirti contra el inters de au-mentar su legitimidad y la garanta de su propia persistencia.

A primera vista pudiera creerse que la accin de los insurrectosfue movida por el deterioro de las condiciones de vida de la oficialidadde las fuerzas armadas. En efecto, al mirar las cuentas oficiales delMinisterio de la Defensa, este capt en trminos de gasto militar unpromedio del 5,4% del gasto total desde 1977 hasta 1991, una porcinbastante inferior al de otros ministerios del sector pblico (7). En estesentido se adujo que las fuerzas armadas se encontraban en una si-tuacin de minusvala corporativa respecto a otras instancias de laadministracin pblica. As lo puso de manifiesto el trabajo de investi-gacin realizado en mayo de 1991 en el XX Curso del Instituto deAltos Estudios de la Defensa Nacional, titulado SituacinSocioeconmica del Personal de Oficiales y Sub-Oficiales de las Fuer-zas Armadas Nacionales y su Incidencia en la Defensa Nacional. Lapropuesta de la tesis busc determinar el dao producido por la crisiseconmica en el estamento militar (8). Las conclusiones indicaron quelas fuerzas armadas haban descuidado la motivacin de los miem-bros, al no poder cubrir eficientemente sus necesidades materialesbsicas y de recreacin.

Sin embargo, al mirar detenidamente la distribucin de los recur-sos destinados al estamento militar, se logra percibir un cambio deprioridades. La composicin interna del presupuesto del Ministerio dela Defensa (instrumento que se distribuye entre el ejrcito, la armada,la aviacin, la guardia nacional y el Ministerio como instancia adminis-trativa), comienza a experimentar un descenso a partir de 1990 enbeneficio del incremento de la partida denominada asignaciones a or-

(7) KOMBLITH, Miriam entre otros (1996:232): Gasto Militar y Democracia en Venezuela En Politeia # 19. Caracas, Institutode Estudios Polticos, UCV.

(8) Vase Crisis econmica afecta la seguridad nacional El Nacional. Caracas, 26/06/92.

(9) KOMBLITH, entre otros; ob. cit, pgina 236.

(10) En El poder de las armas, Conversaciones con Alfredo Pea, El Nacional. Caracas, 21/03/97, el comunicador subrayabala inequidad en el trato dado a los militares respecto a los docentes universitarios del pas.


ganismos, correspondiente a organismos descentralizados adscritosal Ministerio de la Defensa relacionados con la previsin social de lasfuerzas armadas (9). La reorientacin del gasto militar puso el acentoen las necesidades socioeconmicas de los oficiales, a objeto de en-frentar la crisis econmica y el costo social de las medidas de ajusteestructural de la economa (10). En consecuencia, luca improbable quela rebelin militar hubiera sido una reaccin corporativa de naturalezapuramente socioeconmica.

Los mandos medios y subalternos militares emergen violenta-mente el 4 de febrero de 1992 cuando el deterioro de las institucionespolticas y de gobierno no garantizaba la gobernabilidad del Estado.La intervencin mostr que los militares no eran un grupo coherente nimucho menos monoltico, y en el interior de su estructura existan ten-dencias contradictorias e inclusive hasta de naturaleza antagnica. Larebelin haba sido conducida por un grupo de oficiales organizadosdesde haca aproximadamente 12 aos, quienes aprovecharon susposiciones de mando en las fuerzas armadas. Se trataba de una logiaporque el nmero de oficiales detenidos fue cercano a los 70 militares,mientras que la cantidad total de oficiales y suboficiales del ejercitoera para ese momento de aproximadamente 12 mil efectivos (11). Estegrupo de oficiales en el que predomin en nmero los tenientes coro-neles, comienza a hacer un trabajo de proselitismo en la AcademiaMilitar cuando eran oficiales de planta con el grado de tenientes.Emergen debido a un conjunto complejo de factores que envolva eldescrdito de las lites polticas y los altos niveles del mando militar.La reaccin estuvo asociada a la distorsin en las relaciones entre laslites civiles y la cspide del liderazgo militar, a la percepcin de undao especfico a los intereses corporativos de los militares. Sin em-bargo, no es cierto que el fracaso de las intentonas militares obedeci ala existencia de una lite consensualmente unificada, hecho que impi-di la existencia de oposiciones desleales al rgimen democrtico (12).Las seales recogidas permiten sostener un planteamiento contrario.

(11) Es de anotar que sobre el oficial Hugo Chvez haba sospechas, siendo detenido en octubre de 1989 a raz de los sucesosde la llamada noche de los tanques, ocasin en que una unidad de tanques del Batalln Ayala sali de Fuerte Tiuna y tom lasede del Ministerio de Relaciones Interiores donde se encontraba Simn Alberto Consalvi, titular de ese despacho y presidenteencargado en ausencia de Jaime Lusinchi. En ZAGO, Angela (1998): La rebelin de los ngeles, Caracas, Fuentes Editores,relata el comandante Chvez que a fines de 1983, en las inmediaciones del Saman de Guere, fundan una sociedad secreta.Vase tambin Desarmando a Hugo Chvez En Exceso, # 11. Caracas, agosto de 1998.

(12) Discrepamos del planteamiento contenido en AGERO, Felipe (1995): Debilitating Democracy: Political Elites and MilitaryRebels En Louis W. Goodman: Lessons o the Venezuelan Experience. Washington DC, W. Wilson Center Press.


Pero hagamos un parntesis para abundar.El golpe de Estado del 4 de febrero puso al descubierto graves

deficiencias de diseo y de incoherencia en su ejecucin tcnica. Pesea ser una operacin largamente planificada, los militares conspirado-res no definieron como objetivo esencial la captura de las estacionesprincipales de televisin y de radio. En las acciones verificadas enCaracas, el comandante Hugo Chvez hizo dejacin del mando y sealej de la batalla por apoderarse del Palacio de Miraflores, al tiempoque debilitaba el asedio a la sede del gobierno al desplazar a varioscentenares de soldados hacia el Museo Militar, un lugar carente deimportancia para la lucha que se libraba. Finalmente, no obstante lagrave impopularidad del gobiemo del presidente Prez, no hubo apo-yo de la poblacin civil a la insurgencia de los militares. En descargose ha dicho que la gente no manifest su respaldo a la rebelin militarpor la relativa rapidez con que fue derrotada, una manera de admitir lacomisin de gruesos errores en la conduccin de la insurgencia.

Tampoco el golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992 fue, talcomo se crey, una ramificacin del pronunciamiento militar del 4 defebrero. Se trat de movimientos distintos, unidos por las circunstan-cias excepcionales de un gobierno ampliamente repudiado. En el pri-mer caso, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200)surgi de la oficialidad media del ejrcito, especialmente de tenientescoroneles, mayores, capitanes y tenientes, siendo escasos sus vncu-los con sectores de las otras fuerzas del estamento militar. El Movi-miento 5 de Julio (Mj5) tuvo arraigo principalmente en la infantera dela marina y en unidades de la aviacin. Cabe recordar que el principiode mando establece que en situacin de actividad los oficiales conmenor rango se subordinen al grado superior. De suerte que resultabapoco creble que siendo dos contralmirantes y un general de brigadalos lderes del Mj5, estos se habran subordinados a los tenientes co-roneles de la rebelin militar del 4 de febrero (13). El principal argumen-to esgrimido para esta segunda rebelin militar insisti en que la situa-cin del pas, lejos de mejorar, haba empeorado; el discurso polticose haba quedado en promesas; la lucha contra la corrupcin no arran-caba y las rectificaciones econmicas apenas haban sido menciona-

(13) Vase a RODRIGUEZ, Francisco (1996:185): Poltica, militares y democracia en Venezuela El autor plantea que elMBR-200 defini un programa de corte nacionalista identificado como bolivarianismo, mientras que el Mj5 present una ideologamenos elaborada y sistemtica. Este ltimo movimiento mostr un sesgo de derecha al rechazar la supuesta vinculacin congrupos y movimientos identificados con el socialismo. En ALVAREZ, Angel E (1996): El Sistema Poltico Venezolano: Crisis yTransformaciones. Caracas, Instituto de Estudios Polticos.


das. Los comandantes del 27 de noviembre trataron de enmendar loserrores de sus predecesores. Tomaron las repetidoras de las televisorassituadas en Los Mecedores. Sin embargo, olvidaron controlar la sealdel canal 10, lo que permiti al presidente Carlos Andrs Prez dirigir-se al pas desde el Palacio de Miraflores. La transmisin del vdeo delcomandante Hugo Chvez, seguido por la aparicin de un grupo deciviles armados que en actitud siniestra llamaba a la rebelin, concitel sentimiento de rechazo a los golpistas, tanto del 4 de febrero comode los oficiales del 27 de noviembre. Para algunos analistas polticos,el fracaso de la segunda intentona militar le permiti al presidente Prezganar tiempo al recuperar algo de su desprestigiada figura de lderpoltico(14). Sea como fuera, era clara la expansin del golpismo a otrasfuerzas y niveles jerrquicos.

La crisis no qued zanjada una vez fracasada la intentona militar.Desde afuera la inquietud militar fue estimulada por destacados repre-sentantes de un sector poltico, al tiempo que se reactivaban viejoscuadros de la izquierda marxista derrotada en la dcada de la luchaarmada de los sesenta. En esa especie de alianza ciega, la prdica delos notables de Caracas, cuyo adalid fue el prestigioso escritor ArturoUslar Pietri, aliment el ambiente para la intervencin del regulo mili-tar. No deja de ser curiosa esta pervivencia nacional cuando en elmundo actual el escepticismo pblico hacia acadmicos, escritores yfilsofos pone en duda sus prdicas, amplindose la creencia de quelos intelectuales no deben ser colocados en un plano superior de loque estuvieron los brujos y sacerdotes de la antigedad.

Luego del 4 de febrero de 1992, las entrevistas televisadas aconnotados personeros de la capital del pas muestra el papel jugadopor Arturo Uslar Pietri, un intelectual cuya meritoria obra escrita no leha impedido proponer e impugnar, sin dejar de ser beneficiario privile-giado del sistema poltico acordado en 1958. Pero vayamos de cuen-to: el 5 de abril de 1992 Uslar Pietri da a conocer sus impresiones delas circunstancias del momento

15). La situacin era a su juicio una

(14) Las diferencias entre ambas rebeliones resultaron considerables. Mientras que el MBR-200 fue derrotado militarmenteel 4 de febrero, obtuvo sin embargo una victoria poltica expresada en la popularidad ganada por sus lderes. En contraste, elgrupo del 27 de noviembre sufri una doble derrota, tanto militar como poltica. As mismo, en tanto que el 4 de febrero produjouna considerable expectativa por los eventuales cambios polticos que se podan presentar, el 27 de noviembre suscit unrechazo inmediato al intento de golpe, un sentimiento que estuvo acompaado por el temor a causa de los bombardeos a laciudad capital. Vase Diagnstico. Coyuntura sociopoltica de Venezuela, Caracas, nmero 15, junio de 1993.

(15) Las entrevistas impresas fueron gentilmente cedidas por el Dr. Marcel Granier, conductor del programa PrimerPlano del canal Radio Caracas Televisin.


suma de crisis que se haban venido acumulando por falta de voluntadpara enfrentarlas. El 4 de febrero, aduce el escritor, haba ocurrido enmedio de un caldo de inconformidad y de rechazo del sistema poltico.El gobiemo estaba profundamente objetado, haba perdido credibili-dad. De suerte que haba surgido la idea de que una de las vas desolucin poda ser la renuncia del Presidente. No era una va inconsti-tucional, argumenta, porque toda persona poda renunciar a cualquiercargo. En fin, no haba un artculo en la Constitucin nacional queprohibiera renunciar.

El 24 de mayo de 1992 Uslar Pietri agrega nuevos elementos dejuicio en el examen de la crisis que viva el pas. Significativamenteaduce que el problema no poda reducirse a la accin de un grupo deoficiales ambiciosos, que haba visto la oportunidad de ponerle la manoal coroto. El escritor juzga que el pacto de gobierno con AD y COPEIy algunos sectores econmicos importantes eran maniobras para quetodo siguiera igual. En Venezuela, diagnostica Uslar Pietri, habanhabido repartos de ministerios, coaliciones de gobierno, no coalicio-nes para gobernar un pas. El Presidente, en consecuencia, habaperdido autoridad y su deber era facilitar el cambio. La ms rpidaAsamblea Constituyente representaba un presupuesto de ao y me-dio y la respuesta que el pas exiga era asunto de horas. En los lti-mos 40 aos, conclua, la poltica nacional se asemejaba a la Cubadel Partido de los Autnticos, en que todos los funcionarios se enri-quecan escandalosamente.

La peticin a favor del cambio poltico reiterada por Uslar Pietrino dej de encerrar una irona. Su oposicin durante los aos cuaren-ta a la modernizacin del sistema poltico de Venezuela fue pblica einequvoca. Habiendo sido figura estelar del gobierno de Isaas MedinaAngarita, har critica rigurosa de la reforma constitucional que amplia-ba la participacin electoral de la poblacin. Desde el exilio se refiereal asunto en declaraciones al diario El Nacional del 6 de septiembrede 1947: Yo no soy de los que creen que el nmero por s solo cons-tituya un acierto en la direccin poltica, y nadie me har entender quepuedan comprender mejor los supremos intereses de Venezuela losochocientos mil analfabetos que los cuatrocientos mil que saben leer yescribir (16). Mas all de poner en discusin las virtudes y defectos deun sistema electoral, Uslar Pietri defenda la idea de los ms aptos

(16) Declaracin citada por PINO ITURRIETA, Elas en Movimiento de Rotacin En La Revolucin de Octubre (1998:130)Caracas, Fundacin Centro de Estudios Latinoamericanos Rmulo Gallegos, Coleccin Alborada.


sobre los ms numerosos, con lo cual trasuntaba un juicio respecto ala aptitud del venezolano. Quizs porque la estructura mental de UslarPietri sea la de un hombre sin convicciones democrticas, tal vez ensu memoria los recuerdos del 18 de octubre de 1945 an no habanpasado al perdn ni al olvido. Sea como fuere, muy firme result laposicin crtica del intelectual al punto de hacer publicar en medio dela turbulencia poltica del ao 1992, un libro con el sugestivo ttulo deEstado y Golpe en Venezuela.

En la solicitud pblica de renuncia del presidente, Uslar Pietri fueacompaado por reconocidos personeros de la vida pblica como M.A. Burelli Rivas, Ramn Escobar Salm y Jos Vicente Rangel. Qui-zs en sus respectivas motivaciones haba un ego hambriento de re-conocimiento, una deficiencia interior tal como lo han sugerido en susreflexiones de prensa analistas de nuestra vida poltica(17). Sin embar-go, sea por la ausencia de sensatez del sector poltico o fuera porcausas asociadas a un proceso de desquiciamiento de las lites, elcaso puso de manifiesto la fragilidad de un rgimen poltico donde nohaba consenso entre sus prohombres mas destacados. No era eseel llamado ms claro para la intervencin militar?

En su obra Reflexiones sobre la Historia Universal, JacobBurckhardt (1818-1897) consegua que todas las crisis histricas co-menzaban por una cosa, para luego verse impulsada por el vientopoderoso de muchas otras. Los seres humanos adems, eran proclivesa ver lo ms inmediato: Se hace responsable en absoluto del estadode cosas imperante hasta entonces a los titulares de l, entre otrasrazones porque no se buscaba solamente el cambio, sino tambin lavenganza y porque los muertos estn ya fuera del alcance de la manodel hombre (18). El caso es que el protagonismo de los hombres dearmas no ces con la derrota de las dos rebeliones militares.

Las consultas electorales del 8 de noviembre y 6 de diciem-bre de 1998 han sido los eventos con mayor presencia militar en losltimos 40 aos. Ni las circunstancias que rodearon la candidaturapresidencial del vicealmirante Wolfgang Larrazabal, ni durante el re-surgimiento electoral del general Marcos Prez Jimnez en 1968, elpas estuvo ante la presencia tan acusada del estamento militar en el

(17) En El poder y la locura El Nacional. Caracas, 17/04/98, Rafael Arraiz Lucca plantea la idea del enloquecimiento de laselites, afincado en una perspectiva de anlisis mas bien de orientacin psicolgica.

(18) BURCKHARDT, Jacob (1980:224): Reflexiones sobre la Historia Universal. Mxico, Fondo de Cultura Econmica, ColeccinPopular, segunda reimpresin.


desarrollo de los comicios. Un general, un vicealmirante y un coman-dante se postularon a la Presidencia; otros militares aspiraron con re-lativo xito a ocupar gobernaciones y curules en el Congreso. El masi-vo respaldo popular al presidente Hugo Chvez bien podra describir-se como la parbola del temor a la seduccin. Es de acotar que en lasfiestas de carnaval en febrero de 1959, los jvenes cadetes de la Aca-demia Militar salieron de permiso vestidos de civil. El ambiente preva-leciente en la calle era completamente desfavorable a las fuerzas ar-madas, y el hombre de a pie no senta respeto por el hombre de unifor-me. Eran esas las graves consecuencias derivadas de la participacinmilitar en la dictadura.

La clase poltica se recomponePero valga echar mano al recurso de la historia. El 12 de agosto

de 1957, a escasos meses de producirse la debacle del gobiemo delgeneral Marcos Prez Jimnez, la embajada de los Estados Unidosen Caracas enviaba un amplio informe al Departamento de Estadorespecto al papel de los militares en los asuntos polticos de Venezue-la. El secretario de la representacin diplomtica Glen H. Fisher, apo-yado en las informaciones suministradas por el Agregado Militar, indi-caba que el gobierno era esencialmente una dictadura apoyada en elestablecimiento militar. Prueba de tal respaldo era el nmero de oficia-les activos en diversos puestos oficiales, comenzando por el Presi-dente mismo e incluyendo a los ministros de la Defensa y Comunica-ciones, las gobernaciones de cinco estados, con oficiales retiradosgobernando un estado mas as como el Distrito Federal, el directoriode Inmigracin, el jefe de la polica del Distrito Federal, los presidentesde la Compaa Venezolana de Navegacin, del Instituto Nacional deAguas, del Instituto de Puertos y Muelles, de Aerolneas Nacionales,del Instituto Nacional de Deportes, de la Oficina de Estudios Especia-les, cantidad a la que haba que aadir otros cargos en los EstadosUnidos y en Europa Occidental. Ms importante an era el carcternico del grupo militar que para la poca controlaba el aparato admi-nistrativo del Estado. As deca el funcionario diplomtico: En unalista de veinticinco de los ms importantes puestos polticos militaresen el pas, es de anotar que veinte de los titulares son miembros delgrupo original de treintiocho coroneles que respaldaron a Prez Jimnez

(19) National Archives and Records Administration, 731.00. 008/1257. Washington D.C.


en 1948, cuando Accin Democrtica fue derrocada del poder (19). Sinembargo, el problema no slo radicaba en la tendencia irreversible alcopamiento militar del Estado.

Las caractersticas del grupo de oficiales que conduca la gestindel gobierno, haban concitado la emergencia de un nuevo sector so-cial en Venezuela. Se trataba, en primer lugar, de oficiales que proce-dan de pueblos pequeos, formados en el seno de familias de modes-tas condiciones econmicas, hijos segundos o terceros que los coloca-ban en desventaja respecto a la herencia familiar. En segundo trmino,el grupo de oficiales no provena de las ms distinguidas familias vene-zolanas, ni de los centros metropolitanos del pas, de suerte que la aca-demia militar les haba ofrecido la oportunidad de una mejor educacin,la ocasin de romper con los estrechos linderos de la provincia, ascomo la posibilidad de mejorar su posicin social y econmica. En ter-cer lugar, el grupo de oficiales de altos rangos y niveles intermedioshaba alcanzado variados grados de enriquecimiento, en los que no sedescartaba las fuentes de la corrupcin. La riqueza, no siempre obteni-da por medios ilegales, derivaba de la inversin hecha bajo condicionesfavorables tales como la posicin oficial en el gobierno o el acceso afuentes privilegiadas de informacin, situacin que les colocaba en unaposicin de ventaja evidente. Finalmente, la concurrencia de estos ele-mentos haba provocado la definicin de una nueva clase media. Unnuevo prestigio social se estaba creando en aquella poca, tendenciaque se perciba en el impulso a hacer ostentacin de la riqueza lograda.

Convencido en que la clase como tal es eterna, Burckhardt ob-servaba que todas las crisis lanzaban a la marejada a una determina-da cantidad de hombres resueltos y fros, que slo ven en la crisis unacoyuntura para hacer negocios y salir adelante. La nueva riquezasiempre tenda a considerarse a s misma como lo esencial, ante locual pasaba a segundo plano la crisis de la que surgi (20). Ms all decualquier equivalencia histrica forzada, el caso es que las fuerzasarmadas de Venezuela han adquirido un papel protagnico en el nue-vo orden. Frente a una clase poltica venida a menos, el presidenteHugo Chvez no ha escondido su disposicin de otorgarle al estable-cimiento militar una importancia estelar. Y no poda ser de otra mane-

(20) BURCKHARDT; Jacob: ob. cit, p 237.

(21) Relata Douglas Bravo que reunido un grupo de 25 guerrilleros, cuando ya se produca la movilizacin de unidades militares,alguien pregunt: ... Pero nosotros los civiles, dnde estamos en ese plan? Y le dijo Chvez, categricamente: Los civilesestorban. Despus que lleguemos al poder, los vamos a llamar Para mayores detalles vase A. Garrido: El Chvez conspiradorse llamaba Jos Mara Siete Das, El Nacional, Caracas, 7 de noviembre de 1999.


ra: su formacin es la de un hombre de armas y es en la esfera militardonde se encuentran los hombres que conoce y en los que ms con-fianza deposita. Testimonios algo patticos de civiles de la izquierdaponen en evidencia cinco aos ms tarde cmo Hugo Chvez, antesde verificarse el pronunciamiento del 4 de febrero de 1992, se desen-tiende de todo elemento que no sea estrictamente militar (21)

Es de aclarar que desde el primer gobierno de Carlos AndrsPrez, cuadros militares han venido laborando en la administracinpblica del Estado. Sin embargo, el hecho distintivo de la actual cir-cunstancia es la evidencia creciente de que el Presidente Chvez estseguro de la conveniencia de responsabilizar a toda la institucin mili-tar, y no especialmente a individualidades salidas del establecimientoarmado, en la llamada refundacin de la repblica. El Plan Bolvar2000, el nico plan orgnico que ha venido desarrollando el nuevogobierno, es el producto de una determinacin militar que por razonespropias a la naturaleza de las fuerzas armadas no es dable considerarcomo la manifestacin de un nuevo tipo de democracia.

Con todo, voceros oficiales han expresado que la iniciativa buscagenerar nuevas formas de cogestin entre el gobierno y las comunida-des, una intervencin social duradera cuyos recursos son directamen-te asignados por la Presidencia de la Repblica (22). Sin embargo, elPlan Bolvar 2000 ha sido objeto de varios sealamientos crticos. Enprimer trmino, por carecer de lmite de tiempo. Se aduce ademsque los militares, una vez encargados de manejar distintos aspectosde la vida del pas, no resultar sencillo que vuelvan a sus guarni-ciones. Otros indican el sobredimensionamiento de la institucincastrense, la que adems de cumplir con sus propias funciones,abarca otras que no son inherentes a su naturaleza. En la prctica,al drsele al estamento militar independencia de accin, seleccinde proyectos a ejecutar y control financiero propio, el Plan Bolvar2000 ha terminado por crear un poder regional paralelo en manosde la alta jerarqua castrense, no sujeto a la Gobernacin del estadoni a la auditora de la Contralora General. Una vez otorgado adiscrecin recursos financieros no incluidos en el proceso ordinariode aprobacin y ejecucin presupuestaria, la falta de control externomal pueden desanimar las prcticas de la corrupcin, indicios de

(22) Son recursos que provienen de rectificaciones de partidas a distintos entes gubernamentales, de suerte que no sonafectadas las asignaciones que por va del Situado Constitucional van a las gobernaciones regionales. Los resultados alcanzadosa partir de la movilizacin de personal y equipos, son dados a conocer por el coordinador interministerial del programa WilliamFarias en Los soldados no tocan el situado El Mundo. Caracas, 19/08/99.


los que comienza a dar cuenta los medios de masas.El cambio de relacin entre la clase poltica y las fuerzas arma-

das, as como la propensin creciente de la poblacin a percibir losmilitares como garantes de la buena actuacin del Estado, son ele-mentos que reflejan la nueva circunstancia. La clase poltica, siendo elnico sector social que haba podido durante dcadas mantenersecomo grupo cohesionado, provisto de intereses y propsitos defini-dos, con una produccin simblica especfica y capacidad de organi-zacin eficiente, vive un proceso de recomposicin. A ella ingresannuevos cuadros provenientes de las fuerzas armadas, en una lnea dedesarrollo que luce imparable a corto plazo.

La participacin de los militares en la administracin pblica laencabeza el propio Presidente de la Repblica. En cargos pblicos deniveles altos y medios se hallan varios centenas de oficiales activos yretirados, en reas donde no era comn el nombramiento de hombresde armas, ocurrencia que hoy les permite el control de sectores neu-rlgicos de la administracin pblica. En el Palacio de Miraflores, elsecretario privado del Presidente, el director de relaciones presiden-ciales, y el ministro de la Secretara de la Presidencia son cargos queestn en manos de oficiales activos. En la empresa estatal Petrleosde Venezuela (PDVSA), la vicepresidencia de servicios y logstica, lavicepresidencia de finanzas y recursos humanos, as como la geren-cia de la unidad de control de prdidas, han pasado a control militar.Las gobernaciones del Distrito Federal y del estado Zulia se encuen-tran bajo la direccin de oficiales retirados. Cuadros provenientes delas fuerzas armadas ocupan tres direcciones generales y seis adua-nas del Ministerio de Hacienda. Es de anotar que el Ministerio de Re-laciones Interiores y el Ministerio del Ambiente muestran respectiva-mente cuatro directores venidos del estamento militar, ocho en el Mi-nisterio de Agricultura y Cra, dos en la Cancillera, sin descontar nue-vos embajadores, cnsules y asesores. En el rea de seguridad poli-cial, la PTJ y la DISIP son dirigidas por oficiales de las fuerzas arma-das. Tampoco los institutos autnomos nacionales han quedado almargen, al punto que el Instituto Nacional de Geriatra presenta el

(23) Para conocer detalladamente el considerable nmero de militares incorporados a funciones de gobierno, ver el reportajede Ricardo Escalante: En manos de militares la conduccin del pas Siete Das, El Nacional, Caracas, 27/06/99. La evolucinde la presencia militar en la administracin pblica puede ser estudiada a partir de la indagacin periodstica de Mara YolandaGarca: Los militares que son y dnde estn E1 Universal. Caracas, 28/02/99.

(24) Nota de prensa titulada: Nombran cnsules militares en Colombia El Universal, Caracas, 29/06/99.


curioso registro de 19 militares ocupando cargos de direccin (23). Paraabundar, ha llamado la atencin que los 9 cnsules civiles de Vene-zuela en Colombia, al invocarse problemas de inseguridad por las con-diciones de violencia general en el vecino pas, han pasado a controlde oficiales de las fuerzas armadas (24).

Y hay ms todava: junto al cuantioso nmero de militares incor-porados a la administracin del Estado, tambin se hallan oficialesque prestan apoyo al gobierno desde la Asamblea Constituyente oaccionando polticamente desde el Movimiento Quinta Repblica(MVR). La saturacin de oficiales en el interior de las fuerzas armadasimpone la necesidad de encontrar salida, flujo que explica en formaparcial la tendencia al copamiento militar de sectores tradicionalmen-te ocupados por cuadros civiles. Es de anotar que los cargos militaresen el servicio exterior de Venezuela, que en no pocas ocasiones ve-nan siendo utilizados para recompensar ascensos y mritos poster-gados, estn prcticamente colmados por oficiales activos (25). Contodo, la causa ms importante del protagonismo militar en Venezuelaencuentra explicacin en un giro de naturaleza poltica, hecho asocia-do al cambio de relaciones entre civiles y militares.

El caso es que pareciera haberse modificado en Venezuela esoque llaman el control civil objetivo, la clase de relacin cvico militardistintivo de las democracias industriales. El trmino, acuado porSamuel P. Huntington en su obra El Soldado y el Estado: Teora ypolticas de las relaciones civiles-militares aluden a unascondicionalidades que implican: 1) un alto nivel de profesionalismomilitar y el reconocimiento por parte de los militares de los lmites desu competencia profesional; 2) la efectiva subordinacin de los milita-res a los lderes polticos civiles, encargados de implementar las deci-siones bsicas en poltica exterior y militar; 3) el reconocimiento y laaceptacin de esos lderes de una rea de competencia profesional yde autonoma para los militares; y 4) en consecuencia, la reduccin almnimo de la intervencin militar en poltica y de la intervencin polti-ca en los asuntos militares (26). Si en la manera como se relacionanciviles y militares est la clave que distingue a un rgimen poltico

(25) Para mediados de 1999 haba 80 militares venezolanos, predominantemente generales de Brigada, coroneles y capitanesde Navo, en agregaduras, delegaciones y asesoras en embajadas y organismos internacionales. El punto es que 37 de esosoficiales deban regresar al pas entre junio y diciembre al vencrseles la misin. Vase el informe de Olgalinda Pimentel: Generales en su laberinto Primicia, Caracas, 22 de junio de 1999.

(26) HUNTINGTON, Samuel: Fuerzas armadas y sociedad: reformando las relaciones cvico-militares. Vase La Poltica, # 2.La democratizacin y sus lmites. Despus de la Tercera Ola. Barcelona, Paids, segundo semestre de1996.


democrtico de uno autoritario, Huntington no se llama a engaos cuan-do admite que el control civil de las fuerzas armadas constituye unanotable excepcin al deslucido desarrollo general de las democraciasen el planeta.

La sujecin militar a la esfera civil est lejos de ser un asuntotrivial. La diferencia entre ambos no radica tanto en la posesin de ununiforme, ni en la capacidad de ajuste al rigor de la disciplina. El militarposee una identidad claramente definida: se trata de un burcrata ar-mado cuya funcin central es hacer la guerra. La posesin de las ar-mas proporciona al militar una ventaja especial que explica porque lassociedades modernas ordenan, por va constitucional o legal, el so-metimiento del factor militar al orden civil. Tal sujecin es admitida sincomplejos por el general Wesley Clarck, quien tiene la ms alta res-ponsabilidad militar del planeta. Actualmente dirige las fuerzas aliadasde la Organizacin del Atlntico Norte (OTAN), luego de haber dirigidocon xito la campaa de Kosovo. Al tratar el tema de las relacionesentre ambos sectores en el marco de una guerra, declara: Pero lospolticos tienen siempre derecho a redefinir las condiciones y a cam-biar de opinin y los militares deben permanecer bajo el control de lospolticos (27).

En consecuencia, la activa presencia de los militares venezola-nos en la administracin pblica y en la vida poltica en general, pare-ciera indicar que marchamos a contrapelo de aquello que es propio dela modernidad. Pero la reflexin no es meramente acadmica. Losmilitares de las ms variadas latitudes han entendido que la sujecinal gobierno civil tambin forma parte de sus intereses. La experienciales ha enseado a las fuerzas armadas que no existen salidas fcilesa los complejos problemas econmicos, sociales y polticos de suspases, y que comprometerse a largo plazo en poltica tiene efectosperversos en la unidad y eficiencia de la institucin armada. No esten discusin que en el estamento militar venezolano se hallan gentesaltamente calificada. El punto de relieve estriba en que no siempre se

(27) Vase la entrevista de Xavier Vidal-Folch: Clark, el general que sucumbi a su victoria En El Pas Semanal, Madrid,nmero 1.204, 24 de octubre de 1999. Los militares (dice Clark), deben entender que la idea de Von Clausewitz sobre la guerraglobal, segn la cual toda guerra tiende a expandirse hasta su forma ms absoluta, es en rigor una reflexin obsoleta, encorrespondencia con el siglo XIX: La leccin que nos ofrece esta ltima fase del siglo XX estriba en que no slo no siempre secumplir ese axioma de la guerra totalizante, sino que muchas veces los mandos militares debern ser capaces de aplicarinstrumentos militares en un entorno poltico condicionado

(28) Vase el reportaje de Hugo Prieto: La tentacin poltica invade a las Fuerzas Armadas Siete Das. El Nacional, Caracas,28/02/99.


les est empleando por su excelente acreditacin, sino ante todo porel hecho de ser militares. Conviene el general de divisin (r) y ex minis-tro de la Defensa Fernando Ochoa Antich, en la necesidad de emplearrecursos militares para construir obras de infraestructura, all donde laempresa privada no puede llegar. Pero advierte: La tentacin en unaaduana no es la misma que en un cuartel (28). La confusin del sentidocomn parece estar en que la presencia militar en la administracinpblica asegura disciplina, aunque obvia que no est garantizada laeficiencia de la gestin. La experiencia indica que las virtudes militaresno bastan por s solas. Cierto que para enfrentar las prcticas de lacorrupcin administrativa hace falta voluntad profesional, rigor tico ygrandeza de espritu, pero estos son atributos que bien pueden encon-trarse tanto en la esfera militar como en el mbito civil.

La nueva misin social del estamento militar venezolano ha sidoobjeto de controversias. Para quienes defienden su pertinencia, setrata de reconstruir un pas en situacin de ruina, empresa que de-manda organizacin sistema y mtodos. En un contexto de deteriorogeneral de la sociedad, las nicas instituciones con aquellas caracte-rsticas son PDVSA y las fuerzas armadas. Adicionalmente, los cua-dros civiles acreditados estn en la empresa privada, y no van al go-bierno dadas condiciones desventajosas tales como falta de estabili-dad, clientelismo y bajos ingresos. Finalmente, en consonancia con elms puro pensamiento estratgico, escasamente puede defenderse auna sociedad con una poblacin hambrienta, enferma y sin educa-cin. De all que fortalecer la capacidad defensiva del Estado pasa pormejorar las condiciones de vida de la poblacin. De otra parte, lossealamientos crticos sostienen que las fuerzas armadas no son unrecurso poltico sino militar del Estado, y su misin profesional slopuede cumplirse debidamente a condicin de ser focalizada en el cam-po estratgico, bajo la conduccin superior de un mando poltico. Laatribucin de nuevas misiones al estamento militar exige el cambio deposicin no deliberante, y su eventual transformacin en un partidocastrense. Mal puede argumentarse que las fuerzas armadas estnsiendo subutilizadas en un pas con graves debilidades geopolticas,cuya vulnerabilidad externa explica por qu somos agredidos (en mediode una guerra no declarada) por el narcotrfico, la guerrilla, los se-cuestros, la minera ilegal, el contrabando de gasolina y de ganado, ellavado de dlares y la inmigracin ilegal. Cabra preguntar ademspor qu militarizar programas sociales que podran estar en manosciviles, mientras que la enorme tarea de hacer defender nuestra fron-tera no se puede transferir a civiles, que no tienen el entrenamiento


adecuado? Y pare de contar...Planteadas as las cosas, el debate slo parece recordar el lci-

do acierto de Gorgias, el pensador sofista de la antigedad griega,quien expresaba que frente a cada argumento se pueden desarrollardos discursos en perfecta anttesis entre s. Pero quizs las nuevasdisposiciones respecto a la fuerza armada nacional, contenidas en lacarta constitucional de 1999, permita despejar dudas sobre la inter-vencin militar en poltica, los privilegios militares y la definicin depapeles y funciones. A diferencia de la Constitucin de 1961, cuyoartculo 131 prohiba que la autoridad militar y civil se ejercieran simul-tneamente, la nueva Constitucin no contempla esa norma, omisinque permite militarizar el ejercicio del poder civil con oficiales en servi-cio activo. Significativamente, el artculo 152 de la carta constitucionalde 1961 obligaba a las fuerzas armadas a asegurar la defensa nacio-nal, la estabilidad de las instituciones democrticas y el respeto a laConstitucin y a las leyes. En la nueva ley fundamental de 1999 semantiene la obligacin de garantizar la independencia y soberana dela nacin, aunque no hay disposicin que obligue al establecimientomilitar a guardar respecto por la Constitucin y las leyes. Pero haga-mos un aparte con el propsito de registrar otras novedades.

El artculo 328 de la nueva Constitucin establece como pilaresde la fuerza armada nacional, la disciplina, la obediencia y la subordi-nacin. El caso es que la subordinacin se refiere a su jerarqua inter-na, al orden militar de mandos y comandos, y en modo alguno a lasujecin al Estado y a la sociedad. Adicionalmente, la fuerza armadanacional tendr un rgimen de seguridad social propio, de suerte quela no-viabilidad financiera del Estado en la materia ser puesta sobrelos hombros del sector civil. De all que se hable de venezolanos deprimera y venezolanos de segunda. Si bien la nueva Constitucin es-tablece que la contralora general de la fuerza armada es parte inte-grante del sistema nacional de control, nada dice de su carcter su-bordinado o autnomo, ni quin nombrar a los funcionarios contraloresdel estamento militar. De suerte que la reglamentacin, control y fisca-lizacin de los ingresos, gastos y bienes pblicos afectos a la fuerzaarmada quedan al margen de la injerencia civil. Para completar el fue-ro especial, la Constitucin del 99 consagra en calidad de competen-cia exclusiva de la fuerza armada los ascensos militares, de modo quelos grados de coronel y general ya no sern aprobados por el poderlegislativo, otra manifestacin ms de prdida de control del podercivil. En esta ausencia de pesos y contrapesos, el derecho al sufragiopara los integrantes del establecimiento militar en situacin de activi-


dad (una disposicin legal en distintos pases considerados democr-ticos), no hace ms que reforzar a la esfera militar su autonoma y suconversin en un sector independiente del mbito civil. Si el propsitobuscado era modernizarnos electoralmente, tambin era de esperarun efecto similar con la eventual designacin de un civil al frente delministerio de la Defensa.

En suma, puede aseverarse que el contenido general de la cartaconstitucional de 1999 posee una orientacin presidencialista, centra-lizadora y militarista. Su lectura deja pocas dudas respecto a la natu-raleza del rgimen poltico que disea, esto es, la de ser una demo-cracia autoritaria sin equilibrio de poderes, pero que tiene el respaldomanifiesto de las mayoras populares del pas. Nada le dice al hombrey a la mujer de a pie las muchas advertencias sobre la democraciaamenazada y el intervencionismo del Estado en la economa. Esosseres humanos sin nombre vuelven a creer y participan en la vidapoltica como lo haba venido haciendo en la vida religiosa, desde lafe. Que los venezolanos se han politizado no parece haber mayoresdudas; que a consecuencia de ello, es de pensar que esta es la horade la poltica plebeya, en el entusiasmo de la gran pobrera y en elestilo de comunicacin del Presidente. Pero es tambin el momentode las diferencias sociales en la actitud poltica, en la desconfianza delos sectores medios hacia los de abajo y en la conciencia de laenorme divisin social que nos separa. No todos somos pueblo, talpudiera ser una primera conclusin de la presente circunstancia.

Y algo ms: es la realineacin de las fuerzas polticas y el nuevopersonal al frente de eso que una vez llamaron la cosa pblica . Laclase poltica se recompone por efecto de la agona del viejo partidis-mo, cuya incapacidad para entender el cambio ocurrido mueve a sen-timientos de lstima. El desplazamiento del parlamento por la asam-blea constituyente, las decisiones de la comisin de emergencia delpoder judicial, el cambio de magistrados en los altos niveles de justi-cia, fiscala y poder electoral, as como las medidas tomadas contralas llamadas mafias sindicales, constituyen evidencias de la nuevarealidad poltica. No huelga decir que en todos y cada uno de los esta-dos del pas, cuadros provenientes del establecimiento militar aspiranconducir desde las gobernaciones los destinos de las distintas entida-des regionales. Es de convenir en que un nuevo bloque de poder co-mienza a mostrar sus contornos ms claramente. En l podemos iden-tificar la presencia del estamento militar, el poder econmico de laprincipal corporacin del pas (PDVSA), y el apoyo popular de los sec-tores ms empobrecidos del pas.


ColofnEl desempeo de las fuerzas armadas en Amrica Latina no ha

sido unvoco, razn que explica porqu observadores y analistas pol-ticos han ido cambiando sus enfoques y aproximaciones al tema enlos ltimos 40 aos. En la fecha presente parece haber coincidenciaen que el ciclo democrtico latinoamericano est consolidado, aunqueeste podra resultar desvirtuado no tanto por una involucin hacia elpasado golpista (algo que no es absolutamente descartable), sino an-tes bien por el resurgimiento de tendencias autoritarias unidas a na-cionalismos excluyentes.

Salvo la conocida excepcin, todos los pases deLatinoamrica disponen de procesos electorales plurales, aunque lamayora no cuenta con sistemas de pesos y contrapesos que hagaefectiva eso que Gian Franco Pasquino llama la democracia exigente.La tendencia dominante en la regin es la del gobierno basado msen el poder que en la ley; de un Estado cuyos rasgos caractersticosson la falta de responsabilidad y la incapacidad para acometer sustareas; de una cultura poltica que valora la jerarqua, la arbitrariedad yla discrecionalidad en la toma de decisiones. El punto de relieve esten que los procesos electorales pueden resultar fraudulentos, que laoposicin poltica sufra hostigamiento y cooptacin, que el espaciopara la accin parlamentaria sea invadido por decretos presidencia-les, que las fuerzas armadas participen activamente en la toma dedecisiones polticas y que de ordinario se constituyan en la plataformapara llegar o mantenerse en el gobierno.

El estudio del caso venezolano mal podra obviar la nueva reali-dad militar de su vida poltica. Las intentonas militares del 4 de febreroy 27 de noviembre de 1992 pusieron en tela de juicio la retrica de quelas fuerzas armadas son obedientes y no deliberantes. Las rebelionesmostraron que no es el tipo de organizacin militar la causa que pro-voca la intervencin de las fuerzas armadas en la poltica, sino que esla debilidad del sistema poltico la causa principal de la activacin mi-litar. Venezuela ha tenido que enfrentar desafos que no son los pro-pios de la transicin democrtica, sino que ellos ms bien correspon-den a la descomposicin de un rgimen democrtico. La prdida delegitimidad sufrida por los viejos partidos polticos AD y COPEI, es lacausa que con mayor fuerza explicativa da cuenta de la emergenciade un nuevo liderazgo en Venezuela. Dicho en trminos figurados,son polvos de aquellos lodos. Pero la especificidad del proceso polti-co venezolano estriba en que el desplazamiento pacfico de la vieja


clase gobernante, ha venido aparejada con un nuevo tipo de relacinentre civiles y militares. La prdida de control objetivo de aquellos so-bre estos y el evidente sesgo militar del nuevo rgimen, escasamenteparece importarle a los sectores populares de la poblacin, giro quedescribe un proceso al que pudiera llamar la parbola del temor a laseduccin. La antipoltica de ruptura y renovacin encarnada por eldesempeo impugnador de Hugo Chvez, termin por reivindicar lapoltica ante los ojos del hombre comn. Culmina el largo dominio po-ltico iniciado el 18 de octubre de 1945, para dar lugar a la constitucinde un nueva direccin poltica en la que el establecimiento militar jue-ga un papel de primera importancia. Luce claro el ingreso de cuadrosmilitares a las filas de la clase poltica, una tendencia cuya dinmicaser difcil de revertir a corto plazo. El caso es que los militares van aasistir al reparto del presupuesto del Estado no en calidad de invitadosespeciales, sino ms bien en la posicin de ser dueos de la fiesta.

FERMENTUN, Nmero 27.

Tema central.La Violencia Urbana. Roberto Briceo-Len

1.- Experiencias y Actitudes de Jvenes TransgresoresVenezolanos Frente a las Armas de FuegoLuis Gerardo Gabaldn.

2.- Violencia y Actitudes de Apoyo a la Violencia en Caracas.Roberto Briceo-Len, Alberto Camardiel y Olga Avila.

3.- Nuevas Soluciones a Viejos Problemas?:Las PolicasMunicipales del rea Metropolitana de Caracas.

Patricia Mrquez y Anabel Castillo.4.- El Costo del DelitoViolento en Venezuela.

Juan Carlos Navarro.6.- Ciudad, Violencia y Libertad.

Roberto Briceo-Len.II.- Explorando la Ciudad.

Aproximacin al Estudio de las Representaciones sobre laIdentidad de Gnero. Una Exploracin en EstudiantesUniversitarios, Mrida - VenezuelaJhorima Vielma Rangel.

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