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Ensayo elaborado por: CORONEL PILOTO FRANCISCO M. MARTÍNEZ ENCARNACIÓN, FARD. (DEM). M.A. LICDA. LUZ MILAGROS MATA ROSARIO M.A. LICDA. INGRID PATRICIA SUERO M.A. LICDA. RAYSA ARGENTINA VASQUEZ Y VASQUEZ M.A. LIC. MIGUEL TAPIA MORA M.A. referente a El estudio de las relaciones civiles y militares, en una democracia, supone, entre otras cosas, el análisis de la subordinación, las influencias, las tensiones, contradicciones, consensos etc., de la fuerza militar para con el sector civil de la sociedad y particularmente con la gerencia política de ésta. El control civil de los militares, en una democracia, la definimos como la subordinación de éstos ante las electas, legítimas y legitimadas autoridades públicas civiles. Es decir, la sociedad democrática establece mecanismos constitucionales, institucionales y legales que aseguran la obediencia y supervisión de la realidad militar ante los gerentes políticos civiles de la sociedad. Para Samuel Huntington en su clásica obra El Soldado y el Estado... (1957, Harvard University Press) el auténtico profesionalismo militar constituye la mejor garantía de un control civil en una realidad democrática. En el presente trabajo de investigación analizaremos la historia reciente de las relaciones civiles-militares en la Republica Dominicana, la cual la dividiremos en periodos para su estudio y para poder observar cómo han venido evolucionando estas relaciones desde sus inicios. Además identificaremos en cada una de las etapas los obstáculos estructurales con que se enfrentaron y se enfrentan. En una segunda fase analizaremos el rol de los civiles en la formulación de las políticas de seguridad y defensa nacional, donde veremos la política de seguridad como una política nacional y particularmente exclusiva de cada nación, la cual la formularan en base al formato de su estructura política, su economía y su visión e intereses para con la geopolítica.
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FUNDACIÓN DE DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS
ESTRATEGICOS
(FUNDEIMES)
ENSAYO TITULADO:
EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES CIVILES-MILITARES EN
REPUBLICA DOMINICANA
ELABORADO POR:
CORONEL PILOTO FRANCISCO M. MARTÍNEZ ENCARNACIÓN,
FARD. (DEM). M.A.
LICDA. LUZ MILAGROS MATA ROSARIO M.A.
LICDA. INGRID PATRICIA SUERO M.A.
LICDA. RAYSA ARGENTINA VASQUEZ Y VASQUEZ M.A.
LIC. MIGUEL TAPIA MORA M.A.
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DN.
REPÚBLICA DOMINICANA
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NOTA ACLARATORIA:
“LAS OPINIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INFORME
DE INVESTIGACIÓN, SON
DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y
LA INSTITUCIÓN NO SE
SOLIDARIZA NECESARIAMENTE CON LOS CONCEPTOS
EMITIDOS”.
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INTRODUCCION
El estudio de las relaciones civiles y militares, en una democracia, supone,
entre otras cosas, el análisis de la subordinación, las influencias, las tensiones,
contradicciones, consensos etc., de la fuerza militar para con el sector civil de la
sociedad y particularmente con la gerencia política de ésta.
El control civil de los militares, en una democracia, la definimos como la
subordinación de éstos ante las electas, legítimas y legitimadas autoridades públicas
civiles. Es decir, la sociedad democrática establece mecanismos constitucionales,
institucionales y legales que aseguran la obediencia y supervisión de la realidad militar
ante los gerentes políticos civiles de la sociedad.
Para Samuel Huntington en su clásica obra El Soldado y el Estado... (1957,
Harvard University Press) el auténtico profesionalismo militar constituye la mejor
garantía de un control civil en una realidad democrática.
En el presente trabajo de investigación analizaremos la historia reciente de las
relaciones civiles-militares en la Republica Dominicana, la cual la dividiremos en
periodos para su estudio y para poder observar cómo han venido evolucionando estas
relaciones desde sus inicios. Además identificaremos en cada una de las etapas los
obstáculos estructurales con que se enfrentaron y se enfrentan.
En una segunda fase analizaremos el rol de los civiles en la formulación de las
políticas de seguridad y defensa nacional, donde veremos la política de seguridad
como una política nacional y particularmente exclusiva de cada nación, la cual la
formularan en base al formato de su estructura política, su economía y su visión e
intereses para con la geopolítica.
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Relaciones Civiles-Militares
A inicios del siglo XXI América Latina, en alguna de sus regiones, está inmersa
en una profunda crisis política, económica, social e incluso militar. En su conjunto,
América Latina evidencia serios problemas de gobernabilidad democrática. La
inestabilidad se expresa con fuerza. La incertidumbre es la mayor certeza. Frente a
este cuadro, hace dos décadas, o incluso menos, hubiese sido esperable que las
fuerzas armadas tomaran el control del Estado. El desarrollo posterior de los
acontecimientos hubiese dependido de diversos factores, entre los cuales uno
aparecía como muy significativo: el “vender” una posición o un cierto valor estratégico
a la potencia hegemónica en el contexto de la guerra fría. Este cuadro cambió
completamente.
La paradoja de la situación política en América Latina está dada por el hecho
que las fuerzas armadas no quieren y no perciben que puedan asumir el control del
Estado. No por una voluntad necesariamente más democrática como patrón general,
aunque ello pueda estar presente, sino porque el contexto cambió de manera
sustantiva. Asumir por medios extra constitucionales el poder significa, en la
actualidad, que no se logrará el reconocimiento ni la legitimidad desde el sistema
internacional regional y global. Más aún, se aislaría dicho Estado del sistema político-
regional y hemisférico. También desde el conjunto de occidente sería marginado, en
consideración de las cláusulas democráticas suscritas por la Unión Europea y América
Latina. Con esta situación política, la posibilidad de alcanzar estabilidad y
gobernabilidad, por parte del “nuevo poder”, está sellada de antemano: el fracaso
sería un resultado anunciado.1
La idea de relaciones civiles-militares se define usualmente en términos del
denominado ‘control civil’ y es empleada como concepto-clave para discutir el rol
1 Rojas Aravena, Francisco. ¿Hacia un nuevo modelo occidental de relación civil-militar? En publicación:
Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, año 17, no. 4. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Santiago, Chile: Chile. Octubre-Diciembre. 2002
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político de las instituciones militares, en abordajes que centran la cuestión en la
subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades políticas.
El enfoque ‘clásico’ al respecto fue propuesto hace ya casi cinco décadas por S.
P. Huntington.2
Huntington discute, en la obra citada, la cuestión del poder relativo de los
grupos políticos civiles y militares y postula el logro del control civil a través de la
minimización del poder de los grupos militares. Identifica en tal sentido dos categorías:
el control civil subjetivo, que consiste en la maximización del poder civil -o de un grupo
civil-, y el control civil objetivo, que se alcanza por medio de la maximización del
profesionalismo militar.3
Según Huntington, el control civil subjetivo opera en realidad como un slogan
instrumental, utilizado por grupos que se disputan entre sí el poder sobre los militares,
de manera de aumentar su propio poder. Implica en consecuencia la presencia militar
en la arena política partidista. En cuanto al control civil objetivo, Huntington lo
asocia esencialmente al profesionalismo -la ‘militarización de los militares’ y su
neutralización y esterilización política- de manera de reducir así al mínimo su poder
político.
Huntington identifica dos niveles en las relaciones civiles-militares: el nivel del
poder (del poder relativo), y el nivel ideológico. En este último reconoce como
aspecto clave la compatibilidad entre la ética militar y las ideologías políticas
prevalecientes en el resto de la sociedad. Afirma que la distribución de poder entre los
grupos civiles y militares que maximiza el profesionalismo militar y por ello el control
civil objetivo, varía con el grado de compatibilidad entre la ideología de la sociedad y la
2 Huntington, Samuel P., The Soldier and the State, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1957. Las
referencias del presente trabajo corresponden a la edición castellana: El Soldado y el Estado, Biblioteca del Oficial,
Círculo Militar, Buenos Aires, 1964. 3 Huntington, Samuel P., El soldado y el Estado, op. cit. pp. 118-123.
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ética militar profesional. Concluye que el logro del control civil objetivo supone
alcanzar un adecuado equilibrio entre el poder de los militares y la ideología de la
sociedad.
La importancia de las relaciones cívicos militares está basada en dos razones.
Una tiene que ver con la política interna y otra con la externa. La primera razón es que
la fuerza armada no sólo en América Latina, sino en cualquier país del mundo tiene un
poder que ninguna otra institución de la sociedad tiene. Ese poder le viene del
monopolio del uso de armas de guerra. Ninguna otra institución tiene tal prerrogativa.
Tal capacidad impone que la sociedad desarrolle mecanismos de control que impidan
que el poder bélico absoluto que la institución militar detenta en la sociedad se
convierta en poder político absoluto y sea utilizado para dominar la sociedad en vez de
defenderla.
La segunda razón es porque la fuerza armada es un instrumento que la
sociedad tiene para defender sus intereses en el frente externo cuando todos los otros
medios han fallado. Esto implica la guerra, que es una situación en la cual la propia
existencia del Estado podría estar en riesgo. Pero la guerra no es un asunto
puramente militar, ya que existen otros campos de acción de la guerra que no
dependen de los militares, sino de los civiles. Hay una guerra económica, una política
tanto en el frente externo como interno y una psico-social.
Según el Mayor General Silverio Rodriguez en la presentación de su exposición
en el Instituto de Altos estudios para la Defensa y Seguridad Nacional titulado
“Relaciones Civiles-Militares” 2008. Los militares necesitan tener la certidumbre de
que los civiles que toman decisiones, comprenden sus necesidades, sin lo cual se
pone en riesgo la confianza, que es el pilar de las relaciones civiles-militares.
También nos dice que a través de los tiempos se han Podido distinguir tres
niveles diferentes de relaciones entre la sociedad y las fuerzas armadas:
En el primer nivel
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Las fuerzas armadas se constituyeron en parte integral de la sociedad e
incorporaron sus valores dominantes.
Además Asumieron funciones no puramente militares, o desempeñaron
funciones únicamente militares y subordinadas al poder político, aceptando los
valores dominantes de la sociedad.
En el Segundo Nivel
Existieron las relaciones entre el liderazgo de las fuerzas armadas, o sea el
cuerpo de oficiales y las élites sociales, económicas y políticas.
Entre estos grupos existió una compenetración tal, que la élite militar formó
parte de la élite económica y/o tuvieron los mismos orígenes sociales.
Las tareas de mando político y militar llegaron a confundirse entre uno y otro
sector.
En el Tercer Nivel
Se establecieron relaciones entre los jefes militares y los líderes políticos más
importantes.
En este nivel de relaciones, los jefes militares tenían una participación partidaria
parecida a la de los líderes políticos civiles.
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Periodización de la Evolución de las Relaciones Civiles Militares en
República Dominicana
Haciendo un poco de historia, vemos que para el caso de los países
americanos, con el nacimiento de los ejércitos encargados de las gestas
emancipadoras prácticamente se iniciaron las relaciones civiles militares en América,
porque las Instituciones Armadas que comandaron los libertadores como Washington,
Simón Bolívar, San Martín, etc., fueron organizadas con algunas personas que tenían
instrucción y entrenamiento militar, sin embargo la mayoría fue improvisada como
militar, ya que muchos de ellos tenían profesiones liberales, otros periodistas, artistas,
artesanos, comerciantes y además por obreros y campesinos, quienes componían
agrupaciones de soldados.
Durante el proceso emancipador que vivió cada nación se observó que las
relaciones entre civiles y militares se desarrollaron de manera excelente, porque
tuvieron varios factores contribuyentes como fueron: un ideal común, la
independencia, aspiraciones y objetivos militares, la formación de un Estado libre
Democrático, integración y cooperación, por la conformación de ejércitos civiles
militares, seguridad y bienestar, ofrecido por los nuevos gobernantes.
Terminadas las batallas de la independencia los nuevos gobiernos
revolucionarios, dirigidos por sus ideales liberales, también tuvieron que ejecutar
grandes cambios en las estructuras social existente, como la abolición de la esclavitud
y la supresión de los títulos nobiliarios que permitieron la libertad de indios y africanos
y dieron los primeros pasos hacia la construcción de las bases para una sociedad
igualitaria, conforme a los principios de igualdad entre las personas y el respeto a los
derechos del hombre.
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Periodo de Rafael Leónidas Trujillo
Abarcaremos el periodo de evolución de las relaciones civiles militares en
nuestro país a partir de la época de la Dictadura del General Rafael Leónidas Trujillo,
quien marcó una época histórica importante en la República Dominicana.
Podemos señalar que desde 1930 hasta 1961 el país estuvo bajo el dominio
dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Esta dictadura es considerada como una
de las más sangrientas, genocidas, represivas y férreas de América Latina. Este
periodo fue y es conocido como la "Era de Trujillo". Las clases medias del país vivieron
una bonanza económica gracias a la venta y producción industrial del azúcar y otros
productos agrícolas para la exportación, que eran enviados sobre todo a los Estados
Unidos y Europa.
Trujillo elimino mediante el uso de la fuerza a toda la oposición y se hizo con el
control absoluto del poder. Durante 31 años, Trujillo presidió una de las dictaduras
más severas del mundo. Basándose en el apoyo de los Militares él y su familia
dirigieron todos los aspectos de la vida nacional, la economía funcionaba como una
empresa personal del dictador y el proceso político estaba controlado por su Partido
Dominicano. Respaldado por Estados Unidos, Trujillo utilizó este apoyo para fortalecer
aún más su poder. La inconformidad y la crítica de la población, que aumentó de
manera especial, después de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron al terror y a
la propaganda controlada por el régimen dictatorial de Trujillo.
El dictador creo un escenario para barreras inquebrantables entre civiles y
militares, creando un abismo favorable a su particular sentido de gobernabilidad. La
politización de las Fuerzas Armadas, convirtió a los militares en actores políticos,
procurando el papel y control de la población y sus recursos.
Se saturó la doctrina de Seguridad nacional y el ámbito misional de las Fuerzas
Armadas, las cuales fueron formadas dentro de esa óptica y tuvieron dificultades para
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comprender o aceptar las nuevas concepciones doctrinarias de las realidades sociales
y políticas.
Las expediciones de Luperón del 1949 y las de Maimón, Constanza y Estero
Hondo del 1959 sacudieron la conciencia nacional en el contexto de la férrea dictadura
que gobernaba el país desde el año 1930. Con la derrota de la expedición del 1959
desde el punto de vista militar, el exilio dominicano aceleró su labor de denuncia
internacional en tomo a la represión que de manera implacable desató la tiranía. El
asesinato de las hermanas Mirabal y del chofer Rufino de la Cruz en noviembre de
1960 se convirtió en un catalizador para que nuevos e importantes núcleos de la
población se integraran de alguna manera a la resistencia contra el régimen, lo que ya
venía expresándose desde enero de ese mismo año, destacándose el denominado
"complot develado" que abarcó a intelectuales, pequeños comerciantes, estudiantes,
pequeños productores y personas del pueblo que reaccionaron en contra de un
régimen que mantuvo a la República Dominicana en un estado de miseria y represión
negador de los más elementales derechos ciudadanos.
El ajusticiamiento del tirano desencadenó un proceso de democratización de la
vida política del país y de cambios económicos y sociales caracterizados por el
reordenamiento de las fuerzas que pugnaban, unos por apoderarse del patrimonio
público y el control del aparato del Estado; mientras otros luchaban por encauzar al
país por un nuevo rumbo que restableciera los derechos políticos y los libertades
públicas a la vez que garantizara tierra para los campesinos, trabajo para los obreros,
pan y libertad para todos como rezaba el eslogan del Movimiento Revolucionario 14 de
Junio encabezado por Manolo Tavárez Justo.
Periodo de Juan Bosch
El 16 de mayo de 1962 se celebraron las elecciones en las que participaron la
Unión Cívica Nacional y el Partido Revolucionario Dominicano, cuyo candidato el Prof.
Juan Bosch, resulto electo por una abrumadora mayoría de votos.
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El Prof. Bosch, en sus discursos de campaña usó como estrategia la no
persecución a los trujillistas, lo que le valió el voto de estos, en las elecciones. En sus
alocuciones raciales utilizaba un lenguaje sencillo y didáctico, siendo entendido por la
mayoría de las personas. El 27 de febrero de 1963 tomó posesión Juan Bosch, dando
inicio a un gobierno ampliamente democrático, respetando las libertades públicas y los
derechos humanos.
Bosch sorprendió con su triunfo a los cívicos y a la poderosa Iglesia Católica
quienes no pensaron que este hombre que pasó 25 años en el exilio y que retorno en
octubre de 1962, ósea, a pocos días de la celebración de las elecciones, podría ganar.
En el mes de marzo, proclama una nueva modificación a la constitución
dominicana. Esa constitución establecía principios avanzados en lo económico,
político y social. Fue vista como negadora del sistema democrático. Se consagro el
derecho de los obreros a los beneficios de la empresa, así como garantías de trabajo.
Asimismo, prohibió el monopolio en manos de particulares, así como otras
reivindicaciones de corte popular, que encontraron la oposición de los sectores
dominantes de la época, que no comprendieron el carácter reformista de la
Constitución.
Al Presidente Bosch le fue dado un golpe de estado el 25 de septiembre de
1963, utilizando a los militares como instrumento. Este fue un duro golpe dado a la
libertad y a la democracia.
El golpe de estado militar contra Bosch del 25 de septiembre de 1963,
promovido por sectores de la derecha más recalcitrante, con el apoyo de la cúpula de
la iglesia católica y la embajada norteamericana en el país, fueron acciones dirigidas a
obstaculizar el proceso democratizador y las conquistas económicas y sociales del
pueblo.
El gobierno democrático fue sustituido por un régimen de facto, integrado por
los altos jefes militares y por un conjunto de pequeños partidos oportunistas
disfrazados de demócratas. El alegato que utilizó fue el mismo usado por los
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protagonistas de Estado en América Latina: el peligro comunista. Los primeros
integrantes del Triunvirato fueron los doctores Emilio de los Santos, Ramón Tapia
Espinal y el ingeniero Manuel Tavares Espaillat, quienes sirvieron de instrumento a los
sectores golpistas y anti-democráticos.
El movimiento 14 de junio, fue un movimiento que se levantó contra los
golpistas exigiendo el retorno a la presidencia del Prof. Juan Bosch. El 14 de junio era
dirigido por el patriota Manolo Tavares Justo.
Cuando solo habían pasado dos meses del Golpe de Estado, el 14 de junio
puso en actividad seis focos guerrilleros, con un total de unos 140 hombres, ubicados
en las regiones del Sur, Este y en la Cordillera Central. En el transcurso de un mes los
guerrilleros del 14 de junio fueron aplastados por las fuerzas golpistas, donde fueron
asesinados sus mejores dirigentes, incluyendo el líder del movimiento el doctor
Manuel Aurelio Tavares Justo, otra parte fue hecha presa y deportada.
Después de la caída el movimiento 14 de junio se organizaron huelgas,
dirigidas por varios sectores y se realizaron numerosas movilizaciones.
Revolución de abril de 1965
Se produjo un descontento general con el Triunvirato. Había descontento de los
empresarios, clase media, estudiantes, pequeña burguesía y obreros, pero donde esa
rebeldía era más notoria en los militares.
En el exterior el Teniente Coronel Rafael T. Fernández Domínguez,
encabezaba un movimiento conspirativo, que buscaba el retorno del Prof. Juan Bosch
al poder y el establecimiento de Constitución del 1963. Dentro del país también se
creaban movimientos subversivos, así también el Teniente Coronel Miguel Ángel
Ramírez dirigió el grupo conspirativo llamado “Enriquillo” esa rebeldía de algunos
militares provocó que el presidente Donald Reíd Cabral asumiera la Secretaría de
Estado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
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El 24 de abril se sublevaron las guarniciones que contaban con el apoyo de las
tres ramas castrenses y de la Policía Nacional.
Al día siguiente, el 25 de abril, el triunvirato nombra al general Elías Wessin y
Wessin Jefe de Estado Mayor General, y establece el toque de queda en todo el
territorio nacional.
El 26 de abril, el doctor José Rafael Molina Ureña asume la presidencia
provisional de la República Dominicana y proclama vigente la constitución del 1963.
Los campamentos que se enfrentaron fueron el 16 de agosto y las instalaciones
de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército, en el kilómetro 7 de la autopista duarte.
El 28 de abril, fue la primera intervención americana, con la llegada de los
marines. Formaron un cordón de seguridad, que comprendía parte del área residencial
de Santo Domingo, las principales embajadas y la Nunciatura Apostólica. Este cordón
de seguridad, dividía geográficamente a los constitucionalistas y debilitó, pues no
podían abastecerse de alimentos. Esto facilitó que los americanos y los golpistas de
San Isidro dirigidos por Elías Wessin y Wessin hicieran la llamada “Operación
Limpieza” mediante la cual lograron el control de la parte Norte.
Es entonces que Francisco Alberto Caamaño Deño es elegido presidente de la
República por el Congreso Constitucionalista. El enviado civil norteamericano, John
Bartlow, crea el llamado gobierno de “Reconstrucción Nacional”, presidido por una
junta que encabezaba el General de Brigada Antonio Imbert Barrera, como gobierno
provisional, para tratar de enfrentar las negociaciones, con el Coronel Francisco
Alberto Caamaño Deño, que rechazó desde el primer momento que le hicieron la
propuesta de negociación dijo que no, argumentando que no estaba en disposición de
conversar con ellos, sino con los progenitores de la criatura llamada Gobierno de
Restauración Nacional.
El 14 de mayo caen abatidos por la ametralladora invasora por lo menos 3,000
personas, al intentar asaltar el Palacio Nacional, ocupado por militares del Centro de
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Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA) el Coronel Rafael Tomás Fernández
Domínguez, secretario de estado de Interior Y Policía de gobierno de Caamaño.
El ministro de la presidencia Constitucionalista, Héctor Ortiz, denuncia la
existencia de paredones de fusilamiento en la Zona Norte de la capital donde Fuerzas
Reconstructoras habían fusilado militares, y civiles indefensos (no combatientes).
La intervención militar norteamericana, iniciada el 28 de abril de 1965, convirtió
la lucha en guerra patria. La acción intervencionista condujo a la imposición del
gobierno de fuerza de 12 años encabezado por Joaquín Balaguer a partir del 1966. La
postguerra trajo consigo un proceso de reorganización política en el escenario
nacional, caracterizado por reflexiones y debates que confrontaron las distintas
opciones que tenían las fuerzas democráticas y revolucionarias para encauzar el
accionar político.
Periodo del Dr. Joaquín Balaguer
El posterior asesinato de Trujillo en 1961 dejó a Balaguer como único poder en
el país, y enfrentado al difícil intento de desmantelar y de justificar la dictadura. Esto
supuso un cambio en las formas políticas de dirección en el país, que Balaguer
cambió en forma sagaz para justificarse y quedarse en el poder. A la muerte de Trujillo
su posición no era envidiable, era presionado por la derecha, por los militares, por la
izquierda, por la oposición, era abucheado en las calles por la ciudadanía y llamado
entre otras cosas muñequito de papel.
Luego de la salida de la familia Trujillo y debido a la presión que ejercía la
Unión Cívica nacional, creó el Consejo de Estado. Gobernó hasta el 16 de enero de
1962, cuando un golpe de Estado militar le obligó a abandonar la República
Dominicana.
El 1 de junio de 1966, jura como presidente constitucional de la República
Dominicana, en acto que contó con la presencia de numerosos invitados nacionales e
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internacionales, entre ellos el Vicepresidente de los E.E.U.U "Hubert Humphrey".
Durante su campaña electoral solía dirigir sus mensajes propagandísticos a la mujer
dominicana y al campesinado, tratando de atar a su proyecto político personal las
fracciones más conservadoras de estos sectores sociales.
Con la abstención electoral del Partido Revolucionario Dominicano (PRD),
debido a la represión política y a la participación de las Fuerzas Armadas en las
actividades proselitistas, el doctor Balaguer fue reelegido en 1970 y 1974.
El 1 de enero de 1971 designó al general Enrique Pérez y Pérez en la jefatura
de la Policía nacional. Varias semanas después hizo su aparición en las calles de
Santo Domingo un grupo autodenominado Frente Democrático Anticomunista y
Antiterrorista, mejor conocido como La Banda que se encargó de implantar el terror en
las calles para servir sus propios intereses. Durante esa época fueron asesinados
numerosos dirigentes de la izquierda dominicana.
Balaguer se consolidaba según algunos como representante de la derecha
dominicana, iniciando un gobierno caracterizado por la influencia de Estados Unidos;
un gobierno que contribuyó inestimablemente al estado de subdesarrollo y atraso de la
República Dominicana. Sin embargo, a través de la visión que lideraba, incentivó la
producción industrial y priorizó la construcción de infraestructura vial, presas,
carreteras, entre otros.
Para las elecciones de 1970 y de 1974, con su Partido Reformista volvió al
poder hasta el 1978 cuando las circunstancias políticas mundiales habían cambiado.
Para ese entonces, los EEUU tenían la llamada doctrina de los Derechos Humanos
como herramienta política para el mundo y el hemisferio americano.
Una de las características de los doce años de Balaguer es que en 1961 tuvo la
tarea de iniciar en territorio dominicano el restablecimiento de la libertad. Libertad que
no representó a favor de las masas, sino bajo las condiciones dictadas por los
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intereses norteamericanos, a los cuales se subordinó incondicionalmente. Las
represiones de su gobierno dejaron más de 3000 muertos, entre ellos estudiantes y
parte de la intelectualidad Dominicana por mera oposición.
El Dr. Joaquín Balaguer regresó al poder en las elecciones de 1986, donde
derrotó por escaso margen al candidato por el PRD, Jacobo Majluta. Gobernaría de
nuevo por tres períodos consecutivos, los cuales se caracterizaron por su apego al
desarrollo de infraestructura del país pero los que a la misma vez estuvieron plagados
por sospechas de fraudes electorales.
Se inició un largo período de gobierno de 10 años, matizados por un cambio en
la forma de manejar la Administración pública y de lo que algunos promulgan como
reducción en la pobreza, aunque muchos otros los consideran como la reducción de la
clase media. En este período, Joaquín Balaguer mantuvo una cierta política de
populismo, en lo que se refiere a la entrega de canastas, dinero y otras "dádivas" al
pueblo Dominicano con el propósito de gobernar a base de demagogia.
En 1990, con una abstención del 40%, Balaguer logra reelegirse con el 35.1%
de los votos, contra el 33.9% del Partido de la Liberación Dominicana, y un PRD que
mantenía una crisis interna. Este proceso se caracterizó por la expresión de amplios
sectores de la vida política y social, que criticaban la legitimidad de dichas elecciones,
a lo que Balaguer respondió lanzando los militares a la calle y decretando un toque de
queda. Es bueno señalar que en ese momento existía una situación económica
precaria caracterizada entre otras cosas por un proceso inflacionario del orden del 100
por ciento y escasez de bienes tan importantes como la gasolina.
Con igual capacidad de maniobra de elecciones, se impuso al PRD en las
elecciones de 1994, esta vez al propio líder de la socialdemocracia latinoamericana y
mundial, José Francisco Peña Gómez. Balaguer obtuvo un 42.3%, contra un PRD que
obtuvo el 41.6% de los votos, donde se asegura que ocurrieron alteraciones de actas y
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del padrón electoral en la misma Junta Central Electoral. Como recogen algunos libros
de historia dominicana, el fraude fue posible de identificar dado que los partidos
políticos tenían previamente el padrón original, así como la exclusión de miles de
personas de dichas elecciones, y la duplicación de votantes inscritos.
Con la participación abierta del gobierno de EEUU, a través de un
Subsecretario para Asuntos Hemisféricos, su período fue recortado a dos años en
lugar de cuatro como dice la Constitución. En este sentido, cumplió su palabra de
poner su cargo a disposición de la administración americana. El acuerdo político de los
gobernantes, de sectores del poder fáctico que incluye a la Iglesia Católica, y de los
dirigentes de los partidos políticos, dejaron establecida una reforma constitucional que
se hizo el 14 de agosto 1994, es decir, dos días antes de la entrega del mando para el
reinicio del nuevo período constitucional. Este acto de consenso jurídico fue preferido
a la anulación total de las elecciones y fue conocido como "Pacto por la Democracia".
En 1996, en unas elecciones en doble vuelta, (una de las modificaciones
constitucionales introducidas) Balaguer terminó el período de dos años acordados en
el referido pacto, sustituyéndole en la Presidencia Leonel Fernández, discípulo de
Juan Bosch y miembro del Partido de la Liberación Dominicana, quien logró hacerlo
por la alianza entre Balaguer y el PLD.
En las elecciones presidenciales de 2000, Balaguer, a la edad de 94 años,
postuló por novena y última vez a la Presidencia de la República Dominicana; pese a
las enormes limitaciones físicas debidas a su avanzada edad (se encontraba
prácticamente ciego) y al cúmulo de críticas s sus anteriores gobiernos, logró más del
20% de los votos, ubicándose en el tercer lugar.
Una de las características de los gobiernos de Balaguer es que su esquema es
simple relativamente: Consistió en reducir todos los gastos corrientes, a través de una
estricta política de austeridad, a fin de incrementar el ahorro centralizado del Estado
para acumular fondos convertibles en capital fresco para la inversión pública.
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Obviamente, esta inversión pública estaba fuertemente centralizada en su persona,
que lo convertía en una figura necesaria por las obras de infraestructura que creaba.
Además, con ello creaba una casta de contratistas que eran capaces de dar la vida
por él, aunque llegó a decir que "la corrupción era tan grande que sólo se detenía en la
puerta de su despacho".
Periodo del Dr. Salvador Jorge Blanco
No obstante haber enarbolado durante la campaña la bandera de la
socialdemocracia, en el mismo discurso de la toma de posesión de su cargo el 16 de
agosto, Jorge Blanco anunció un período de austeridad para hacer frente a la grave
crisis económica y financiera que se abatía sobre el país. El diagnóstico del presidente
no podía ser más crudo: la República Dominicana estaba en virtual “bancarrota”.
Las debilidades estructurales de la nación caribeña, que arrastraba serios
déficits en todas las franjas del desarrollo, quedaron en evidencia por la convergencia
de una serie de factores externos más o menos coyunturales, fundamentalmente tres:
el incremento del precio del petróleo, las dificultades para mantener los niveles de
venta en los mercados mineros de bauxita, ferro-níquel, oro y plata, y, sobre todo, la
crisis del sector del azúcar de caña y sus derivados, producción que todavía aportaba
la mitad de los ingresos del comercio exterior de bienes, debido a la caída de los
precios internacionales.
Comenzado mayo, el presidente endureció su discurso y valoró la convocatoria
de huelga general lanzada por cinco centrales obreras como un movimiento
encaminado a atentar contra el régimen constitucional; en consecuencia, como
medidas “preventivas”, ordenó la militarización de la capital y el arresto de cabecillas
en los medios izquierdistas y sindicales. Los dramáticos sucesos de abril de 1984
aceleraron la tendencia zigzagueante del presidente, decepcionando a los sectores
progresistas que habían creído que su victoria electoral de dos años atrás había de
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suponer un vigoroso impulso a la llamada “segunda transición”, la etapa de
fortalecimiento del pluralismo, respeto de los derechos y libertades fundamentales, y
desmilitarización del Estado comenzada durante la presidencia de Guzmán,
considerado el enterrador del postrujillismo. Lo cierto era que el margen de maniobra e
iniciativa con que contaba el actual titular del poder ejecutivo, agobiado por los
problemas económicos, presionados por el FMI y arrinconados por sus detractores
domésticos, era bastante limitado.
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OBSTACULOS ESTRUCTURALES CON QUE SE ENFRENTARON Y SE ENFRENTAN LOS CIVILES Y MILITARES.
Después de haber analizado el contexto histórico en que se han desarrollado
las relaciones Civiles -Militares, es preciso establecer ciertos juicios de valores, a fin
de establecer sobre las barreras existente a la luz de los diferentes periodos
constitucionales.
Periodo Presidencialista del Gral. Rafael Leónidas Trujillo Molina (1931-1961).
Luego de la muerte de este caudillo político Rafael Leónidas Trujillo, el país
pasó por varias direcciones políticas entre las que se encuentran la del profesor Juan
Bosch, que fue derrocado a los 7 meses debido a sus intenciones de reformas
sociales y a su supuesta inclinación marxista. Un Triunvirato representante de la
oligarquía neo trujillista sustituiría a la primera experiencia democrática dominicana
después de 30 años de dictadura.
En el contexto de estos ideales Trujillista durante el 1961-1963 se originó un
proceso en deterioro de las misma, surgiendo efectos en el aparato militar el cual
comienza a reducirse, pero girando alrededor de los sectores de la burguesía de los
funcionarios Trujillistas (balaguerismo) la burguesía tradicional, el bochismo y sectores
de moviendo popular como el catolicismo.
Después de analizar este periodo, si tenemos una visión clara para establecer
las relaciones entre civiles y militares, se ejercía una hegemonía absoluta sobre los
grados militares superiores dominicanos, sin que existiera una relación absoluta
exterior a los recursos propios de la nación, se crea un muro entre las ideologías del
civil, el militar es considerado un ente que no forma parte del escalafón civil de la
sociedad sus principios y normas dependen de un líder militar, la comunicación era
imposible., recordando la famosa frase el “Jefe soy Yo”.
Juan Bosch Abarco el periodo Presidencialista comprendido en el periodo
(1962-1963)
Regresó a su país tras el asesinato del dictador y triunfó en las elecciones
presidenciales de 1962. Su mandato, iniciado en febrero de 1963, se caracterizó
desde su comienzo por las eficaces medidas de erradicación del trujillismo y por
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moderadas reformas sociales que, aun así, provocaron el descontento de los grandes
propietarios; en septiembre de 1963 fue derrocado por un golpe militar derechista
apoyado por EE UU.
La restitución del gobierno democráticamente elegido de Bosch fue reclamada
por segmentos de las fuerzas armadas leales al gobierno constitucional. Estas
facciones dieron participación al pueblo proveyendo armas y equipamiento militar para
destituir al triunvirato que había sido instalado en el gobierno. Esto dio inicio a una
guerra civil debido a la división de las fuerzas armadas. Dicho enfrentamiento trajo
finalmente una intervención militar estadounidense amparada en la defensa de los
"intereses" estadounidenses.
Durante el gobierno del profesor Bosch se redactó la constitución del 1963
donde se establecía libertad de expresión, libertad política, el beneficio de los
trabajadores por parte de las empresas donde trabajaban, derecho a una vivienda
propia, se estableció igualdad para los hijos naturales y los legítimos, retorno de los
disidentes políticos y exiliados.
En cierto grado las Fuerzas Armadas se han alejado de la población civil,
porque heredan una conducta dictatorial dentro de un régimen democrático y eso les
hace ver al civil como a un enemigo. Entonces, no existe relación cívico-militar, y los
dos no trabajan juntos para lograr un desarrollo armónico del país.
La Guerra Civil Dominicana de 1965 constituye uno de los hechos más
relevantes en la historia reciente de la República Dominicana., conflicto se inicia
cuando un grupo de oficiales jóvenes se propone restaurar el gobierno constitucional
del destituido presidente Juan Bosch, primer gobierno elegido democráticamente en
las urnas tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
La Guerra de Abril no termino por la acción militar, sino gracias a la diplomacia
internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) jugó un papel estelar.
En agosto de 1965 se iniciaron formalmente las negociaciones. El 3 de septiembre de
ese año se firmó el Acta de Reconciliación Nacional. Ambos Gobiernos acordaron
renunciar y elegir un Gobierno Civil provisional que estaba presidido por Héctor García
Godoy. Otros acuerdos fueron: la celebración de las elecciones en 1966, la
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declaración de una amnistía general, el desarme de los civiles y el retiro de los
militares norteamericanos.
Además del Acta de Reconciliación, se firmó el Acto Institucional, especie de
constitución para elegir el lapso entre el cese de las hostilidades y la toma de posesión
del nuevo Gobierno Constitucional.
Periodo Presidencialista correspondiente Dr. Joaquín Antonio Balaguer
Ricardo (1966-1978).
Marcando un gran reto en la historia Dominicana gran tendencia en de las
relaciones civiles-militares, lo constituyo este gobierno ascendió manteniéndose en el
durante una trayectoria de doce (12) años sin ser interrumpido, trayectoria que marco
un periodo extremadamente temerario, el cual dicen que se valió de fraudes
electorales, al mismo tiempo que utilizaba la represión sobre sus opositores políticos
con el objetivo de que la competencia fuera prácticamente nula y legitimar su
reelección "democráticamente". Representa el padre de nuestra democracia.
No menos cierto el Dr. Balaguer gobernaría por tres periodos consecutivos, los
primeros cuatro años se caracterizaron por la debilidad del régimen, a tal punto que
los militares que fueron considerados producto de la dictadura, anhelaban a su
Generalísimo.
En el segundo periodo del Dr. Balaguer, los militares habían tomado
conciencia de que no era posible reeditar la dictadura y comenzaron a apoyar sin
restricción al nuevo caudillo, que había dado muestras de ser un inteligente y recio
gobernante.
Este periodo se caracterizó por la corrupción y la represión, cuyo objetivo
era mantener las fuerzas armadas bajo su control dividió a los militares en diferentes
grupos, los cuales gozaban de poderes y privilegios que jamás habían tenido, se
corrompieron a tal punto, que hablar de un General era hablar de un millonario todo
poderoso, para el cual no existía la ley, se visualizaban como magos de las
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finanzas, “con un magro salario” poseían, lujosas casas, queridas y múltiples
vehículos. La única carrera rentable de la época, era la de las armas.
En 1961 tuvo la tarea de iniciar en territorio dominicano el restablecimiento de la
libertad. Libertad que no representó a favor de las masas, sino bajo las condiciones
dictadas por los intereses norteamericanos, a los cuales se subordinó
incondicionalmente. Las represiones de su gobierno dejaron más de 3000 muertos,
entre ellos estudiantes y parte de la intelectualidad Dominicana por mera oposición.
Señalamos que en este largo periodo ininterrumpido, aún se reflejaban algunas
ideas de lo que represento el gobierno del General Rafael Leónidas Trujillo, aún era
un régimen militarista dotado de grandes poderes que se ejercían en los civiles, el
militar se consideraba como un ser sagrado ante la sociedad, exilia la represión, fue
un periodo donde se registraron grandes enfrentamientos entre los civiles y
ciudadanos, hay quienes consideran que fue un momento de grandes guerras, era
imposible la relación directa entre el estamento militar con el ciudadano.
Antonio Silvestre Guzmán periodo Presidencialista 1982
Periodo que culminó con la muerte de este Presidente, aún no se esclarecen
los motivos, es posible que el sistema de gobierno que se venía arrastrando
desaparezca a corto plazo, es notorio los cambios que fueron originándose en la
estructura militar, para entonces la mentalidad del militar no era la misma, las
relaciones comenzarían a dar otro giro, es decir se puede hablar de la capacidad entre
militar y el ciudadano para comunicarse.
Dr. Salvador Jorge Blanco
Las relaciones con el mando militar se hacen más efectiva, introduciendo
grandes cambios en la estructura militar, crecen más las relaciones e incluso en el
ambiente laboral, es decir que pueden convivir en un mismo ambiente, se puede decir
que el cambio es notorio, el militar no causa miedo sino más bien impregna una
seguridad en el ciudadano.
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Sr. Rafael Hipólito Mejía Domínguez correspondiente al periodo
Presidencialista (2000-2004).
En esta etapa se puede decir que grandes obstáculos han ido desapareciendo,
ya los militares ostentan ciertas posiciones conjuntamente con el civil, hay una
participación activa en el ámbito de la sociedad.
Dr. Leonel Fernández Reyna periodo Presidencialista (1996-2000) (2004-
2008).
Aún sigue el triunfo Presidencialista con este líder político, nueva mente es
juramentado para el periodo 2004-2008, al iniciar su segundo mandato presidencial,
se esforzó en combatir la crisis económica siendo el principal logro de su gobierno el
mantenimiento de una estabilidad macroeconómica manifestándose entre otras cosas
a través de la reducción de la tasa de cambio del dólar y la posterior estabilidad del
mercado de divisas.
Ha sido muy notorio las transformaciones que existen entre la persona que
componen la sociedad y los militares, en gran medida si hay etapas que se han
recuperado, lo que ha dado un giro en el estado dominicano.
Hoy en día las Fuerzas Armadas han dado un paso de avance, mediante las
aperturas de aulas a expositores de las universidades, así como a los partidos
políticos sin importar el color de la bandera o corrientes ideológicas, algo que estaba
velado a la interacción militar.
Es importante señalar que esos paradigmas sobre el aislamiento militar han
desaparecido, uno de los principales aportes es el ámbito de la educación, a través de
esta se ha generado un esquema de conciencia acorde con los intereses nacionales,
la cual ha servido para romper con viejos modelos y divisiones suscitado entre
militares y civiles, no es menos cierto que el militar tiene una conciencia más clara de
su rol en la sociedad y en un mundo de transformaciones.
Aunque se pretenda crear una conciencia, es eminente que se suscitan algunas
dificultades sobre la reforma militar; el perjuicio existente, que conduce a que se
acepten los problemas internos de la fuerzas militares, sin importar que sean de
carácter técnico y en el ámbito interno, bajo la creencia equivocada de que plantearlo
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lesionaría la seguridad nacional; en caso de discutir los problemas o conocerlos para
solucionarlos, fuera peor que ignorarlos u ocultarlos; el carácter presidencialista de los
estados han incidido en los procesos de reforma militar.
La formación de los diversos modelos de las relaciones entre gobiernos civiles y
fuerzas armadas depende, en parte, de la manera de la transición del poder militar al
poder constitucional, en parte, de la naturaleza del sistema político de gobiernos
militares.
Los modelos del sistema surgidos después de la transición no son poderes con
apariencia civil y control real militar, no se ha materializado la democratización de las
relaciones entre gobiernos civiles y fuerzas armadas, actualmente es notoria la gran
diferencia en estas relaciones, con el tiempo, ha tenido lugar grandes cambios.
Se evidencia la relación entre civiles y militares a través de la creación de
centros; Instituciones Militares Para el Desarrollo, El Instituto Especializados de
Estudios Superiores de las FF.AA (IEESFA), El instituto de Estudios Geopolíticos de
las Fuerzas Armadas (INEGEOFA), El Instituto de Altos Estudios para la Defensa y la
Seguridad Nacional (IADESEN), El Instituto Militar de los Derechos Humanos y
Derechos Humanos (IMDHIH), El Instituto Militar de Educación Superiores (IMES), El
Instituto Militar de Estudios Aeronáuticos (IMESA), El Instituto Cartográfico Militar
(ICM), e incluso la creación de una Universidad con estamento puramente militar
donde se relacionan con civiles.
Hoy en día en algunos círculos políticos se comenta de la consignación legal
del derecho al voto policial y militar y la sujeción de estos a una cartera ministerial civil.
Otro acontecimiento que cambio el futuro de nuestra nación lo constituye el
periodo comprendido en La Guerra Fría entre los años 1945, 1989 considerado como
un trauma para la República Dominicana, los planteamientos estructurales fueron en
grandes dimensiones con el ribeterismo militar como una forma de persuasión.
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Devastadores recuerdos aún se reflejan en la sociedad, creando heridas
permanentes, esta guerra también se convirtió en lo que muchos la llamaron “guerra
sucia”, todavía se mantiene presente como sombra, provocando distanciamiento en
las relaciones Cívico-Militar, trauma que aún no ha sido superado en todas sus facetas
y vertientes.
Es evidente que en Latinoamérica se suscitaron desmovilizaciones en algunos
de sus países, mientras que en otros los militares permanecían integrados a las
labores de índole civil, en las que fueron incorporados como medida de seguridad
durante el periodo de la Guerra Fría
No menos cierto es que hay una razón lógica, que va más allá de la fuerza en la
actitud de la clase política, lo constituye el hecho de que le perfil militar de la Guerra
Fría, no es el mismo que conocemos en el día de hoy, destacándose en la
administración pública en las funciones de ciertos grados gerenciales de ciertos
grados.
Hay una conciencia sobre el militar de hoy, no es solo un profesional de las
armas a través de las aulas militares, se considera como un profesional de las aulas
civiles, en su ardua labor de ser catedrático, profesor y sobre todo un mediador de los
conflictos sociales de las comunidades y pueblos donde se ejerce el mando, dando
por terminado tal acontecimiento de la Guerra, no se puede marcar a un miembro de
la sociedad que por sus ocupaciones laborales tenga que ser denominado “militar” ni
tampoco degradarlo por su condición, o por el simple hecho de haber jugado un rol
para el que fue llamado.
Antes de finalizar debemos de hacer mención a lo que establece la Constitución
de la República- Dominicana la misma está supeditada a las disposiciones del
Presidente de la República y limitada a la participación de las Fuerzas Armadas en
“programas de acción cívica” y en planes destinado a promover el desarrollo social y
económico del país.
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Rol de los Civiles en la Formulación de Políticas de Seguridad
La seguridad es la garantía dada la individuo de que su persona, sus bienes y
su derechos no serán objetos de ataques violentos o que, si estos ocurriesen, estos
valores les serán asegurados por la sociedad con protección o reparación.
La tipología más elemental aplicada a la seguridad es la que se refiere a la
llamada seguridad individual o personal y a la seguridad colectiva.
La política de seguridad es una política nacional y particularmente exclusiva de
cada nación y esta la formularan en base al formato de su estructura política, su
economía y su visión e intereses para con la geopolítica.
Es interés del Presidente de la República establecer una política que garantice
adecuadamente la seguridad ciudadana sobre la base del respeto a los principios
democráticos.
En la página oficial de internet del Dr. Ramón B. Martínez Portorreal4, escribe el
tema: La Seguridad Nacional y la Defensa en la República Dominicana, en el cual
especifica como objetivos en materia de defensa y seguridad nacional, los siguientes:
Objetivos:
- Definir una Política de Defensa y Seguridad Nacional como política de Estado,
acorde a los nuevos escenarios de seguridad regional y hemisférica, consensuada con
los sectores más representativos de la nación.
- Propiciar un marco jurídico a las actividades de Seguridad y Defensa a través
de una Ley General de Seguridad y Defensa Nacional.
4 http://www.conlaplumacomoespada.com/2007/03/01/la-seguridad-nacional-y-la-defensa-en-la-republica-dominicana/, 20 de junio de 2009, 13:30 hrs.
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- Fomentar la creación de una Comunidad Nacional de Defensa en la que
participen todos los sectores nacionales.
- Establecer una mayor coordinación entre la Política de Defensa y la Política
Exterior, que asegure una participación coordinada en las organizaciones
internacionales regionales y universales.
- Procurar la adecuación institucional de las Fuerzas Armadas al nuevo
escenario, lograr una mayor estabilidad en los procedimientos normativos de la
institución mediante la creación de una regulación adecuada a los nuevos tiempos.
- Mejorar la calidad del entrenamiento adecuándolo a la realidad.
- Establecer una educación militar orientada al sistema democrático, mejorando
la calidad del entrenamiento de manera que este adecuado a la realidad, estrechando
la brecha que existe entre lo que se hace y lo que se estudia.
- Mejorar el desempeño y la eficiencia tanto en las operaciones militares como
en la movilidad de las unidades, al efecto se deberá procurar una reducción
considerable del componente militar.
- Obtener una economía sustancial del presupuesto de defensa, ajustando los
gastos presupuestarios a los intereses institucionales. Lo anterior demandara una
coordinación y comunicación activa entre las Fuerzas Armadas y el Congreso de la
Republica a través de mecanismos institucionales preestablecidos.
- Obtener un mejoramiento en las condiciones de vida de los militares y sus
familiares. Para ello es fundamental, entre otros, alcanzar un nivel de atención medica
en forma óptima, descentralizar las atenciones para buscar mayor accesibilidad de los
miembros y ampliar las atenciones médicas a los retirados,
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- Procurar elevar el interés del personal por el buen comportamiento moral y
social. Lo anterior demanda la puesta en marcha de un Código de Ética Militar, así
como procurar tener entre las filas de la institución un alto número del personal con
una alta conducta moral.
- Proporcionar una reactivación de las actividades de mantenimiento y
abastecimiento.
- Conseguir la consecución de una planificación pormenorizadas de todas las
actividades a realizar.
- Procurar la destreza de las unidades de combate,
- Lograr un ciclo de inteligencia orientado a las operaciones militares.
- Obtener resultados satisfactorios en el cumplimiento de las misiones militares
contra los delitos fronterizos.
Los principios que deben regir las políticas de seguridad pública deben
considerar al menos5:
Integrales: Que abarque todas las dimensiones de la Seguridad, incluyendo al
sistema de justicia criminal (policía, justicia y cárceles) y otras instancias de gobierno
vinculadas con la temática desde el mundo social, enfatizando la necesidad de
equilibrar la prevención el control y la rehabilitación.
Legítimas: La política pública de seguridad no puede poner en riesgo los
derechos fundamentales de las personas.
Efectivas y eficientes: Efectivas en tanto cumplimiento cabal de los objetivos
propuestos y eficientes en lo relativo a la relación costo beneficio.
5Primera reunión de Ministros en materia de Sseguridad Pública de las Américas, México D.F., México,7 y 8 de
octubre de 2008.
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Transparencia y rendición de cuentas: Garantizar los más altos estándares
posibles de escrutinio y control interno y externo sobre la gestión institucional.
Reconociendo las responsabilidades políticas que involucran estas acciones.
Participación ciudadana: en el diseño e implementación de iniciativas de
política de seguridad, especialmente en el nivel local.
Información regular confiable y comparable: Desarrollo de sistemas
interinstitucionales (policía, ministerio público, servicio de medicina legal, salud y otros)
de recopilación y análisis respecto a violencia y delincuencia.
Construcción de capacidad civil: Formación de capacidades de gestión civil
de la seguridad para la dirección superior de las instituciones y políticas.
Profesionalización de la institución policial: adaptándola a las exigencias del
Estado de Derecho y a los desafíos contemporáneos de seguridad, pero incluyendo
también mejoras importantes en las condiciones de trabajo y seguridad social.
Corrupción: Desarrollo de sistemas modernos e integrales de combate a las
culturas y prácticas institucionales corruptas.
La Procuraduría General de la República Dominicana, en su documento Bases
para un Plan Nacional de Política Criminal del Estado Dominicano, contempla lo
siguiente:
En cumplimiento de la atribución específica que le es conferida a la
Procuraduría General de la República por el Estatuto del Ministerio Público, en su
Artículo 47, numeral 5, conforme al cual le corresponde “Dirigir la política del Estado
contra la criminalidad, en coordinación con los lineamientos trazados a tales fines por
el Poder Ejecutivo”, el Procurador General de la República ha dado inicio al proceso
de preparación de un Plan Estratégico de Política Criminal para la República
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Dominicana, para definir las líneas centrales de la política del Estado frente a los
conflictos penalmente relevantes que suceden en nuestro país, conjuntamente con las
instituciones que inciden en el fenómeno, tanto en el ámbito de la prevención como en
el de la persecución.
La Política Criminal es aquel aspecto de la política del Estado, debidamente
articulada con la sociedad, dirigida a prevenir, controlar y gestionar los conflictos que
tienen relevancia penal. En esa medida, comprende el conjunto de decisiones que
regulan la coerción penal, esto es la reacción estatal frente a los hechos punibles, pero
también otras acciones que se relaciona con el campo previo al delito.
En la República Dominicana, como en muchos otros países de nuestra región,
la política criminal no ha estado recogida en un documento contentivo de sus líneas
generales, que permita conocer sus premisas, sus objetivos y las acciones principales;
pero ha existido en la realidad, en acciones concretas, y se ha caracterizado por el
autoritarismo, la arbitrariedad y un ejercicio desproporcionado de la violencia.
Además la Política Criminal tradicionalmente se ha concentrado
fundamentalmente en la represión y es muy poca la atención que se le ha brindado a
la cuestión de la prevención, con lo cual no se han encarado adecuadamente los
factores desencadenantes de muchas actividades delictivas que con efectivas políticas
de prevención bien pudieran desactivarse.
Por último, la Política Criminal ha sido vista entre nosotros como una cuestión
privativa del Ministerio Público, la policía y demás agencias ejecutivas que cumplen
funciones policiales y aun las que cumplen funciones de la denominada “seguridad del
Estado”. En consecuencia, es muy limitada la participación que han tenido las demás
agencias gubernamentales en lo concerniente a la Política Criminal, con lo cual se ha
desaprovechado la oportunidad de contar con una política articulada del Estado a los
fines de gestionar adecuadamente la conflictividad penalmente relevante.
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Por último, la Política Criminal debe ser estudiada dentro del contexto del Plan
de Seguridad Democrática para la República Dominicana (PSDRD), anunciado en
febrero de 2005 por el Presidente Fernández. Este Plan propone el fortalecimiento
institucional de la Policía, la creación de la policía comunitaria, el adiestramiento de la
Policía y Fuerzas Armadas en situaciones especiales, así como una estrategia de
comunicación que contribuirá, entre otras cosas, a cambiar la percepción negativa de
la ciudadanía respecto a la gestión policía6.
Con lo anterior el Estado Dominicano dirige su política criminal a prevenir,
controlar y gestionar los conflictos que tienen relevancia penal, haciendo énfasis en
que comprende decisiones que regulan la gestión penal. No existen documentos, que
puedan recoger sus objetivos y sus acciones principales. Su atención está dirigida a la
prevención y generalizada entre la población como un asunto del Ministerio Publico, la
policía y demás agencias policiales, por lo que es muy limitada para las otras
entidades gubernamentales y no comprendiéndose como una política articulada del
Estado.
6 http://www12.georgetown.edu/sfs/clas/pdba/Security/citizensecurity/domrep/domrep_4.html
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Rol de los Civiles en la Formulación de Políticas de
Defensa Nacional
Defensa Nacional: Políticas debidamente formuladas o simples tomas de
decisiones?
La relación que existe entre el binomio mando-obediencia, obliga a redefinir el
ejercicio estatal en la savia tarea de toma de decisiones, como conjunto binario
obligados a interactuar de manera tal que ambos se auxilien y no establezcan normas
contrarias que redunden en perjuicio de la regulación objetiva de la Defensa Nacional,
actividad que debe aspirar a obtener provecho y beneficio en base a las aspiraciones
nacionales de ese Estado.
La Historia y la Práctica.
La historia republicana, y como lo recoge el General José Miguel Soto Jiménez
en su libro Las Fuerzas Militares en la República Dominicana, nos da una panorámica
elocuente desde que esferas se tomaban las decisiones de defensa del territorio
conquistado, y dice: “Del rápido recuento de esta situación se puede colegir que la
función militar fue quizás la actividad social más importante de nuestros dos primeros
siglos de existencia y un elemento primordial en las relaciones sociales de poder y
subsistencia.
Otra característica que a la postre trajo esta organización, fue el cambio del
centro de gravedad de los propósitos y las lealtades. Bien entrado el siglo XVIII el
aparato político español y su pequeño establecimiento militar había perdido realmente
el control efectivo de las milicias criollas, las cuales rendían una fidelidad natural a sus
patrones y a sus propósitos, casi siempre divorciados de las posiciones de las
autoridades.
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Cuando las autoridades coloniales en 1720 prohibieron el comercio de ganados
con Haití, cuando la guerra entre colonias, los hateros se abrieron pasó con las armas
y sus milicias para violar la restricción.
En otras palabras, podemos asegurar que las milicias bajo el control de la clase
hatera comenzaron siendo un instrumento de la movilidad estratégica de las
autoridades coloniales mediante un acuerdo informal donde se conjugaban cierta
identificación de propósitos e intereses y terminaron siendo un instrumento de poder
exclusivo de los hateros, a despecho de las mismas autoridades españolas” (Soto
Jiménez, José Miguel, Las Fuerzas Armadas en la República Dominicana, 1996,
Santo Domingo, Editora Corripio. Pág. 21.)
Entonces, podríamos asegurar que desde esta época el rol de los civiles en la
formulación de políticas en el ámbito militar ha estado presente?
Podríamos afirmar, que a lo largo de la historia, los gobiernos civiles que
tuvimos antes de la dictadura de Trujillo, dejaron en manos de los “activistas” militares
de esas épocas la toma de las decisiones en el ámbito de la defensa, como fruto
quizás del temor al culto del quita y pone de manera antojadiza y premeditada que
ocurría para entonces.
Después de la dictadura de Trujillo, se vivieron acontecimientos políticos
matizados por la injerencia extranjera, en la búsqueda de bloquear el supuesto
ascenso del comunismo en nuestro país, cosa que debió de alentar la presencia
incólume del militarismo en la región, a lo que no escapaba la nación dominicana, y
así tales acciones prohijaron el culto a que los mandos militares de los distintos
cuerpos castrenses fueran vistos como los ejecutores de las tomas de decisiones en lo
referente a la Seguridad y Defensa Nacional.
“Por otra parte, la defensa, en cuanto a la organización, no existe solo para
neutralizar un conflicto, sino también para contribuir a crear los escenarios más
favorables al interés del estado-nación. Más aun, la neutralización de un conflicto no
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necesariamente tiene que ser la guerra, puesto que la defensa dispone de un amplio
abanico de alternativas que van desde la disuasión al manejo de crisis; pasando por la
persuasión y la coacción indirecta. Por eso postulamos que el órgano militar de la
defensa, las FF.AA., constituyen un instrumento al servicio de la política exterior de los
estados…..” (Cordero Mejía, Miguel A., Las Fuerzas Armadas, Historia y Perspectivas,
Pág. 119. Santo Domingo, 2004.)
La defensa en los países latinoamericanos. Necesidad de un debate
nacional.
¿Cuál es la capacidad adecuada que un Estado democrático y pacífico necesita
para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y su soberanía nacional sin tornarse
una amenaza para sus vecinos?
Lo que es susceptible de discusión y merece ser debatido entre las sociedades
organizadas, los partidos políticos, los académicos y las Fuerzas Armadas, es cuál es
la capacidad defensiva adecuada que un Estado, comprometido con la democracia y
la paz, necesita como garantía para la seguridad de sus ciudadanos, sus soberanía e
independencia nacional y su integridad territorial, sin llegar a tornarse por ello una
amenaza para sus vecinos.
En función de la respuesta a esta pregunta, se puede discutir qué tipo de
Fuerzas Armadas, con qué disposición, dotadas de qué medios y con qué
preparación, se ajustarían más eficazmente a esa necesidad. Otros temas que
merecen reflexión en estos diálogos nacionales y en sus deseables extensiones
subregionales, son las nuevas amenazas y las nociones y conceptos de defensa y
seguridad, tanto para cada uno de los países como para los espacios subregionales.
La seguridad hemisférica queda excluida de estas consideraciones porque para estas
el concepto “hemisferio” es geométrica, geográfica, estratégica, política y
culturalmente ambiguo, sino erróneo. No obstante, se puede pensar y formular nuevos
diseños subregionales para la seguridad cooperativa, nuevos modelos que permitan
reestructurar la defensa de los países, basados en objetivos de paz y seguridad en
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democracia, por medio de arquitecturas flexibles.” (Cajina, Roberto J., Gustavo
Fabián Castro/ Luis Tibiletti. Control civil de las Fuerzas Armadas, fortaleciendo el
papel de la asesoría parlamentaria. RESDAL. Argentina. 2000. Pág. 45.)
Quienes o cuáles son los responsables en la formulación de las políticas de
Defensa en la República Dominicana?
“Aspiraciones, intereses, objetivos nacionales, objetivos nacionales
permanentes y coyunturales, amenazas, antagonismos, factores adversos, presión
dominante. Para fundamentar estos conceptos podemos indicar que todos forman
parte de la terminología propia de la Seguridad Nacional, es decir, son un eslabón de
la doctrina y quizás uno de los más importantes, porque la Seguridad Nacional de todo
Estado define una serie de valores y propósitos fundamentales que pretende alcanzar
y mantener, que se consideran esenciales para su desarrollo y hacia donde se
orientan los esfuerzos, energías y recursos disponibles.
Cuando estos propósitos, pretensiones o proyectos tienen su origen en el
pueblo, en su conjunto, en la nación como unidad de acción, se les denominan
aspiraciones nacionales. En tanto que, cuando provienen del gobierno o de un sector
específico de la sociedad, como empresarios, clero, clase política, etc., se denominan
intereses nacionales.
Finalmente, los objetivos nacionales son la conjunción y asimilación de los
intereses y aspiraciones nacionales, tarea que corresponde a la política nacional, en
ese punto adquieren el carácter de permanentes y se plasman como principios
fundamentales o en su caso tratan de solventar situaciones pasajeras y de actualidad
por lo que son llamados coyunturales. En el caso de los primeros los encontramos en
la constitución política de los Estados y los segundos en el plan nacional de desarrollo.
En este sentido, los objetivos nacionales coyunturales o actuales son objetivos
nacionales que, en determinado momento y tomando en cuenta la capacidad del
potencial nacional, expresan etapas intermedias con miras a conquistar y mantener los
objetivos nacionales permanentes.
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Es necesario señalar que el establecimiento de los objetivos nacionales resulta
de un proceso de interacción entre el pueblo y el gobierno, donde este último en
calidad de legítimo representante de la mayoría, interpreta y analiza los intereses y
aspiraciones nacionales, generados a través de su comportamiento histórico, con la
finalidad de traducirlos en actividades nacionales. Esto consiste en determinar la
orientación del proyecto nacional, que se funda en dos grandes tareas: la conquista de
nuevos objetivos y la conservación de los ya alcanzados. Esta situación se sintetiza en
el binomio formado por dos fuerzas centrifugas: evolución frente a la supervivencia.
(Sang Ben, Miguel. Alejandra Liriano. El Poder Nacional, Editorial Argumentos, Santo
Domingo, Rep. Dom. 2003. Págs. 16-17.)
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CONCLUSION
La paradoja de la situación política en América Latina está dada por el hecho
que las fuerzas armadas no quieren y no perciben que puedan asumir el control del
Estado. No por una voluntad necesariamente más democrática como patrón general,
aunque ello pueda estar presente, sino porque el contexto cambió de manera
sustantiva. Asumir por medios extra constitucionales el poder significa, en la
actualidad, que no se logrará el reconocimiento ni la legitimidad desde el sistema
internacional regional y global. Más aún, se aislaría dicho Estado del sistema político-
regional y hemisférico. También desde el conjunto de occidente sería marginado, en
consideración de las cláusulas democráticas suscritas por la Unión Europea y América
Latina. Con esta situación política, la posibilidad de alcanzar estabilidad y
gobernabilidad, por parte del “nuevo poder”, está sellada de antemano: el fracaso
sería un resultado anunciado.
Las circunstancias históricas y políticas que hacen posible el profesionalismo
militar, son básicamente: la especialización técnica y la complejidad de la gerencia de
la violencia organizada; los nacionalismos, que hacen de la defensa nacional y la
organización militar una necesidad. También, la constitución de un cuerpo de oficiales
que respondan a los principios generales del Estado y la Sociedad con lealtad hacia el
sistema político y las autoridades políticas legítimas. En otras palabras, sin la
aplicación responsable del profesionalismo militar no es posible la existencia de la
sociedad civil. En cambio, cuando los militares anteponen lo político a lo militar
sacrifican su profesionalismo y se comienzan a acercar a los parámetros pretorianos.
Resulta clave precisar la idea de participación política de los militares. En
términos de John H.Garrison,7 debiera establecerse qué se entiende por el término
7 Puede verse al respecto su artículo “The political dimension of military professionalism”, en Endicott, John y
Stafford, Roy, (eds.), American Defense Policy, fouth edition, The John Hopkins University Press, Baltimore,
1977, pp. 578/585.
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‘política’ cuando se discute el profesionalismo militar. Porque si bien es nociva la
intervención política de tipo partidista, también lo es marginar las fuerzas armadas del
cuerpo institucional del estado, del cual constituyen parte esencial dada su naturaleza
y función.
Las relaciones civiles- militares quedan definidas en un marco democrático
que es el que establece el supuesto esencial. La definición de una política pública de
defensa corresponde, por lo tanto, a una definición y articulación diseñada, establecida
y ejecutada en el contexto democrático. Esta política estatal deberá ser fiscalizada de
manera adecuada y en forma permanente por la sociedad. El prerrequisito esencial es
la existencia de un liderazgo civil constitucional efectivo en el ámbito de la defensa.
Este liderazgo se debe expresar en las autoridades gubernamentales,
parlamentarias, organizaciones de la sociedad civil (los partidos políticos, las ONGs) y
en el mundo académico e intelectual.
Los mecanismos de fiscalización sobre la implementación de la política de defensa, y
sobre las instituciones encargadas de aplicarla, constituye un aspecto medular en el
éxito del desarrollo democrático. Las falencias en este campo incidirán no sólo en las
relaciones civiles- militares, sino fundamentalmente en un debilitamiento del marco
democrático.
La profesionalización de las fuerzas armadas incrementa el monopolio de la
fuerza por parte del Estado y, a la vez, hace más efectiva la no politización de las
fuerzas armadas. De igual forma, el monopolio en el uso de la fuerza asegura de
mejor manera el ejercicio nacional de la soberanía en el conjunto del ámbito territorial
del Estado.
Desde el punto de vista de las misiones de las fuerzas armadas, la tarea
esencial y primera es asegurar la paz y la estabilidad. Ello se ejecuta sobre la base de
los pactos internacionales firmados por el Estado y de la voluntad política para superar
las eventuales diferencias. Acuerdos vinculantes como el establecimiento de zonas de
paz contribuyen de manera fehaciente a esta tarea.20 Prevenir y generar
medidas de estabilización frente a crisis políticas o crisis humanitarias en el ámbito
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internacional es, por lo tanto, una tarea fundamental de las democracias. Ello implica
una redefinición de visión de las fuerzas armadas con un creciente componente
internacional.
El rol de los civiles en la formulación de las políticas de Defensa Nacional, no
ha estado recogido de manera puntual en ningún documento oficial o legal
debidamente votado o promulgado por los poderes del Estado que tienen que ver con
la organización normativa-jurídica de la nación Dominicana. Es por esto que la toma
de decisiones en este sentido han estado subordinadas al ejecutivo quien delega de
manera especial estas tareas en las funciones de los cuerpos castrenses e
investigativos, o de inteligencia y de los aparatos represivos que están subordinados a
este.
No ha sido vieja la práctica del manejo del tema de manera didáctica en manos
de los civiles, lo cual marca un precedente de suma importancia el cual está provisto
de un valor inconmensurable lo cual germinara en provecho de las mismas Fuerzas
Armadas.
Dentro de las disposiciones fundamentales del anteproyecto de Ley de
Seguridad y Defensa de la República Dominicana, nos dice que: “La seguridad y
defensa nacionales son de la competencia y responsabilidad del Estado dominicano.
Todas las personas de nacionalidad dominicana, naturales o jurídicas, cualquiera que
sea el lugar donde se encuentren, son igualmente responsables por la seguridad y
defensa de la República en los términos de la presente Ley e igual responsabilidad
incumbe a las personas jurídicas extranjeras y a las naturales del mismo origen,
domiciliados, residentes o transeúntes en el territorio nacional con las excepciones
que establezcan las leyes.” (Pared Pérez, Sigfrido. Seguridad, Defensa e Identidad
Nacional. Santo Domingo, Editora Corripio. 2006. Pág. 423.)
En síntesis, el rol de las fuerzas armadas variará en cada sociedad en función
del peso e institucionalización del Estado, de la cultura, las tradiciones, los procesos
burocráticos, áreas de autonomía funcional, y las capacidades de los civiles para
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diseñar y organizar las políticas de seguridad y defensa. A ello se une la particular
gravitación del contexto internacional y cómo se perciben desde él las amenazas.
En definitiva, parece ser una imperiosa necesidad enfatizar, como la historia ha
demostrado hasta la saciedad que las más eficientes políticas de seguridad y defensa
se dan dentro del marco de unas relaciones civiles y militares en democracia, donde
exista un efectivo control civil y un auténtico profesionalismo militar.
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