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6 II. EL CONTEXTO EXTRUCTURAL DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ, REPÚBLICA DOMINICANA Y MÉXICO A. La heterogeneidad estructural de América Central De acuerdo con la tipología de América Latina elaborada por la CEPAL, Costa Rica y Panamá están incluidos dentro del tipo I, grupo B, como países de modernización avanzada reciente, por debajo de Argentina, Chile y Uruguay, que corresponden a la categoría A. Por su parte, República Dominicana y México corresponden al tipo II, correspondiente a países de modernización parcial acelerada y desequilibrada. En la más baja categoría están los países del tipo III, considerados de modernización incipiente e incluye a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. La mayoría de los autores suscribe la agrupación utilizada por la Comisión Económica para América Latina –CEPAL- para situar a los países en las siguientes categorías (Ducci, 1990: 1.3) (cuadro no. 1). Esta heterogeneidad tiene una base económica, política, demográfica, social, étnica y cultural. En el aspecto político es necesario destacar la diversidad de regímenes políticos y el desigual avance de la democracia, aspecto crucial que tiene que ver con el acceso a la educación, al empleo y en general a una mejor calidad de vida. La longevidad de la democracia es determinante en la definición de políticas públicas que minimicen o atenúen los efectos adversos de la mundialización. Cuadro No. 1 Tipología de los países centroamericanos, República Dominicana y México, según su grado de modernización. Comparación con América Latina TIPÓ DE PAISES RESTO DE AMERICA LATINA América Central, República Dominicana y México I. PAISES DE MODERNIZACION AVANZADA A) Modernización TEMPRANA Argentina, Chile y Uruguay Ninguno B) Modernización RECIENTE Venezuela Costa Rica y Panamá II. PAISES DE MODERNIZACION PARCIAL ACELERADA, DESEQUILIBRADA Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú México, República Dominicana III. PAISES DE MODERNIZACION INCIPIENTE (MUY RECIENTE) Bolivia, Haití El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua Fuente: CEPAL: Transformación Productiva con Equidad. Con base en la tipología anterior, también pueden apreciarse las grandes diferencias demográficas existentes entre países. Así por ejemplo, en lo que respecta a América Central, de los 42 millones de habitantes (incluida República Dominicana) solamente 6 millones (14%) residen en países de modernización reciente, mientras que unos 27 millones residen en países de modernización incipiente o precaria. Esto muestra una muy alta heterogeneidad en la distribución de la población por contextos de modernización y democratización. Todo lo cual tiene serias repercusiones en cuanto a la exclusión que afecta hoy día a importantes sectores de la población (cuadro no. 2). Las diferencias en el IDH entre los países centroamericanas son mucho más marcadas que entre países vecinos o parejas de países similares en éste y otros continentes. Hay en la región extremos muy marcados, por lo cual las

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II. EL CONTEXTO EXTRUCTURAL DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ, REPÚBLICA DOMINICANA Y MÉXICO A. La heterogeneidad estructural de América Central De acuerdo con la tipología de América Latina elaborada por la CEPAL, Costa Rica y Panamá están incluidos dentro del tipo I, grupo B, como países de modernización avanzada reciente, por debajo de Argentina, Chile y Uruguay, que corresponden a la categoría A. Por su parte, República Dominicana y México corresponden al tipo II, correspondiente a países de modernización parcial acelerada y desequilibrada. En la más baja categoría están los países del tipo III, considerados de modernización incipiente e

incluye a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. La mayoría de los autores suscribe la agrupación utilizada por la Comisión Económica para América Latina –CEPAL- para situar a los países en las siguientes categorías (Ducci, 1990: 1.3) (cuadro no. 1). Esta heterogeneidad tiene una base económica, política, demográfica, social, étnica y cultural. En el aspecto político es necesario destacar la diversidad de regímenes políticos y el desigual avance de la democracia, aspecto crucial que tiene que ver con el acceso a la educación, al empleo y en general a una mejor calidad de vida. La longevidad de la democracia es determinante en la definición de políticas públicas que minimicen o atenúen los efectos adversos de la mundialización.

Cuadro No. 1

Tipología de los países centroamericanos, República Dominicana y México, según su grado de modernización. Comparación con América Latina

TIPÓ DE PAISES RESTO DE AMERICA LATINA

América Central, República Dominicana y México

I. PAISES DE MODERNIZACION AVANZADA

A) Modernización TEMPRANA Argentina, Chile y Uruguay Ninguno B) Modernización RECIENTE Venezuela Costa Rica y Panamá II. PAISES DE MODERNIZACION PARCIAL ACELERADA, DESEQUILIBRADA

Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú

México, República Dominicana

III. PAISES DE MODERNIZACION INCIPIENTE (MUY RECIENTE)

Bolivia, Haití El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

Fuente: CEPAL: Transformación Productiva con Equidad. Con base en la tipología anterior, también pueden apreciarse las grandes diferencias demográficas existentes entre países. Así por ejemplo, en lo que respecta a América Central, de los 42 millones de habitantes (incluida República Dominicana) solamente 6 millones (14%) residen en países de modernización reciente, mientras que unos 27 millones residen en países de modernización incipiente o precaria. Esto muestra una muy alta heterogeneidad en la distribución de la

población por contextos de modernización y democratización. Todo lo cual tiene serias repercusiones en cuanto a la exclusión que afecta hoy día a importantes sectores de la población (cuadro no. 2). Las diferencias en el IDH entre los países centroamericanas son mucho más marcadas que entre países vecinos o parejas de países similares en éste y otros continentes. Hay en la región extremos muy marcados, por lo cual las

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comparaciones adquieren un nivel muy relativo. Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen un diferencial del IDH de dos y más veces (más del 200%) con respecto a Costa Rica; siendo en dichos países en

donde se concentra el 80% de la población de Centroamérica. Como se verá más adelante, estas diferencias son más marcadas en las poblaciones indígenas y rurales.

Cuadro No. 2

Centroamérica: Distribución de la población y lugar en desarrollo humano según el IDH

Países

Población regional

(%)

Posición IDH en el mundo b/

Diferencial IDH, con respecto a

Costa Rica4

Países vecinos c/ Diferencial IDH entre países

seleccionados d/ Costa Rica 11.1 34 (88.9) No aplica Portugal, Brunei 1.63 Panamá 8 45 (86.8) 0.32 Fiji, Venezuela 1.59 Belice 0.7 63 (80.7) 0.85 Brasil, Libia 1.48 Guatemala 31.2 111 (61.5) 2.26 Azerbaiyán,

Egipto 1.12

El Salvador 17.8 114 (60.4) 2.35 Moldova, Swazilandia

1.1

Honduras 17.4 119 (57.3) 2.5 Tayikistán, Gabón³

1.05

Nicaragua 13.9 126 (54.7) 2.7 Marruecos, Iraq 1 Región 100 107 (64.8) No aplica China, Georgia No disponible

Fuente: Estado de la Región (1999).

4 Es el diferencial del IDH de cada país con respecto a Costa Rica.

1. Heterogeneidad e incertidumbre frente a la globalización

Al finalizar el siglo XX, hay en términos generales ausencia de un proyecto definido de la región ante la globalización. Todavía no hay perspectivas definidas de la transición entre el anterior modelo de sustitución de importaciones (MSI) y el modelo de exportaciones en todos los casos. Tampoco una estrategia para mantener los equilibrios necesarios entre uno y otro modelo, en el supuesto de que rasgos de las políticas del MSI todavía son necesarias para los países, sobre todo para aquellos que postergaron el desarrollo de su mercado interno, y que actualmente presentan grandes indicadores de

pobreza, como son los casos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, los más extremos. Las perspectivas y las posibilidades de inserción en la globalización están determinadas en gran medida por los niveles de competitividad de los países, aspecto reflejado en todas las variables consideradas por el modelo definido para su medición, al cual se hará referencia específicamente en el transcurso de este informe.

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2. Los años noventa: una década de recuperación muy lenta

Los años noventa no se pueden ver como un verdadero repunte en las políticas de desarrollo de los países centroamericanos. El desempeño económico de estos años ha sido muy modesto, lo cual se puede constatar en las altas y bajas de las tasas de crecimiento de la economía y en general, por el bajo crecimiento económico, el cual estuvo por debajo de la tasa media de crecimiento de la población en todos los casos. Para poder compensar la fuerte caída sufrida por la economía en los años ochenta, se necesitaba un crecimiento económico muy alto en los años noventa. Una buena meta era recuperar los niveles de crecimiento previos a la crisis. Pero ni lo uno ni lo otro ocurrió en la mayoría de los países. Incluso, después de la crisis asiática de 1998, las previsiones son de una caída de las tasas de crecimiento alcanzadas entre 1996/1998. Los Datos disponibles presentan una situación menos que regular sobre el crecimiento económico en la última década (1989-1998). En general, el crecimiento fue insatisfactorio, por los resultados específicos obtenidos si se comparan con los parámetros establecidos para el efecto. Estos parámetros se encuentran definidos en el anexo metodológico del libro "El Estado de la Región en Desarrollo Sostenible, 1999". Excepto El Salvador y República Dominicana con calificación satisfactoria, Panamá, con calificación medianamente satisfactoria, los demás países tuvieron una calificación insatisfactoria o muy insatisfactoria. Honduras y Nicaragua son los más afectados con este comportamiento. La globalización, el rezago y los conflictos internos, han mantenido y hasta agudizado la heterogeneidad existente entre los países centroamericanos, en cuando a sus índices de desarrollo humano y en cuanto a sus capacidades para hacer frente a los nuevos desafíos de la liberalización comercial. En medio de todo ello la integración económica

ha perdido el rumbo y los países luchan por sobrevivir con perspectivas muy individuales y subregionales. 3. Urbanización con informalización y

ruralidad con precarización La urbanización de las décadas de 1960 y 1970, se apoyó en un fuerte incremento del empleo formal, tanto en el sector privado como en el sector público. Por el contrario, durante las décadas del ochenta y noventa, la urbanización ha sido rápida, pero con tendencia a una mayor informalización del empleo y asociada con un crecimiento absoluto de la pobreza urbana. Mientras tanto, en el ámbito rural la capacidad de absorción de fuerza de trabajo de la agricultura ha bajado considerablemente, aumentando la precariedad del empleo. Con excepción de Guatemala, en todos los países la población en edad activa se desplazó desde la agricultura en más del 25% entre 1960 y 1990. Más del 50% de esa población se trasladó desde el sector agrícola hacia otros sectores de la economía como el comercio y los servicios; y menos de un 40% a la industria. Ello estuvo acompañado de un cambio fundamental en la población urbana, que creció en más del 24% en 4 de los ocho países: República Dominicana, México, Honduras y Nicaragua y entre el 9% y el 10% en el resto de los países. Los dos países de más reciente modernización: El Salvador y Guatemala, son los que presentan los más bajos indicadores en los aspectos analizados. Lo que se quiere destacar es que a lo largo de los últimos 40 años la economía de la región pasó de ser fundamentalmente agrícola, a una economía principalmente de servicios y, en menor grado industrial. Todo lo anterior, ha creado un contexto totalmente nuevo para la educación técnica y la formación profesional, pero sin que haya sido tomada en cuenta para el cambio sustantivo en las políticas y los programas en esta y otras materias. Los países con mayor grado de modernización son los que presentan un cambio fundamental en el peso de la población no agrícola.

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A parte de ser relativamente muy pequeñas, las economías centroamericanas se caracterizan por tener una estructura productiva basada en unos pocos productos agropecuarios de explotación tradicional, a los que se suman manufacturas muy livianas y muy dependientes de insumos importados, con escaso valor agregado nacional y escaso grado de articulación productiva. En tal situación, a principios de la década de los años 90, los países centroamericanos optaron por una política de apertura de la economía al comercio y la inversión internacional, junto con el inicio de un proceso de integración en el marco de un regionalismo abierto. No obstante, debido a las debilidades estructurales persistentes y las regulaciones económicas, los países centroamericanos sólo han aprovechado parcialmente las posibilidades de inserción en el contexto internacional y se encuentran claramente en desventaja con respecto a otras regiones para la atracción de capital extranjero. Las importaciones y exportaciones de los países centroamericanos han pasado a tener un peso más alto dentro del producto nacional, como consecuencia de las políticas de apertura y la eliminación de las barreras arancelarias al comercio. Sin embargo, persiste el elevado saldo negativo en la balanza comercial. La CEPAL ha estimado que en 1995 los países de la región, incluyendo Panamá, acumularon un déficit comercial de alrededor de $6.300 millones, equivalentes al 75% de las exportaciones, el cual se ha cubierto parcialmente con préstamos otorgados en concesión, a los que se suman las remesas de los residentes en el exterior, principalmente en el caso de El Salvador. Hay una creciente importancia de las inversiones intraregionales, especialmente mexicanas en Centroamérica. En el caso de las inversiones chilenas, tanto América Central como el Caribe han captado 25% del total durante los últimos años. Panamá figura entre los países considerados como "paraísos fiscales", por lo que es un destino atractivo para el capital financiero.

En el tema de los mercados de trabajo, existen importantes asimetrías a nivel subregional en cuanto al estado de avance en la aplicación de las cláusulas sociales previstas en los acuerdos de integración. En la actual coyuntura económica, los mercados de trabajo están siendo transformados por dos tendencias que inciden en los niveles de ocupación y la estructura del empleo. Por una parte, la incorporación de nuevas tecnologías provoca una disminución de la demanda de mano de obra no calificada e incrementa, aunque en menor medida, la de los trabajadores calificados. Por la otra, los procesos de apertura comercial, la estabilización macroeconómica, la privatización y la desregulación promovidos a nivel internacional, suponen la puesta en práctica de medidas de reducción del Gasto Público. A nivel internacional, los procesos de desplazamiento de la tecnología y de las empresas transnacionales está facilitando la localización de la producción en aquellos lugares donde los costos de producción (salarios, ambiente, infraestructura) son relativamente más bajos. Tales inversiones promueven el actual dinamismo del comercio internacional, como las transacciones intrafirma e intraindustrial. En materia macroeconómica existe una estrecha relación, más no determinante, entre el grado de preparación para la integración a la región y el nivel de desarrollo relativo. A nivel general, Panamá y República Dominicana aparecen con un mayor grado de preparación para integrarse al ALCA en comparación con los miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA).

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B. Competitividad, empleo y exclusión social en Centroamérica, República Dominicana y México5 En el actual contexto de la mundialización, en el que se requiere aumentar la competitividad, el crecimiento económico y el empleo, se destaca la imperiosa necesidad de disponer de una fuerza de trabajo de calidad, con un buen nivel de educación y formación. Una fuerza de trabajo mejor formada puede aumentar la competitividad nacional, garantizar una mayor complementariedad entre el capital humano y el físico, intensificar el crecimiento de la economía, mejorar las perspectivas de empleo y facilitar el ajuste. Por el contrario, una fuerza de trabajo de poca calidad, con bajo nivel de formación incide negativamente en la competitividad, el crecimiento económico, el empleo y la pobreza. En este informe se analizan las situaciones comunes y las diferencias en la calidad de la fuerza de trabajo de los países citados, su relación con la competitividad y el crecimiento económico, y de qué manera los sistemas de formación y educación técnica están incidiendo en el mejoramiento de la calidad de la fuerza de trabajo y cuáles son los obstáculos estructurales que se presentan. En tal contexto se analizarán también las modalidades institucionales, las políticas y las perspectivas. La hipótesis de la que se parte es de que la mayoría de países de esta región –definida como de modernización incipiente, según la tipología de la CEPAL, han tardado y tardarán en adaptarse a la nueva competitividad mundial y a los progresos técnicos, debido a una serie compleja de causas acumuladas. El modo en que ha evolucionado la enseñanza y la formación profesional muestran esta lentitud y esas dificultades, acentuando las características de un modelo económico que presiona hacia la coexistencia de bajas

5 En lo sucesivo se referirá a este conjunto de países como la región. Cuando se trate específicamente de Centroamérica, se anotará.

calificaciones y bajos salarios, por un lado, con la ampliación del sector no estructurado por el otro. Desde la perspectiva de la educación y la formación estos países corren el peligro de retrasarse y desaprovechar la posibilidad de mejorar el nivel y la calidad de vida de la población. Debido a la magnitud que ha alcanzado el sector no estructurado de la economía en estos países, la eficacia de la formación de la fuerza de trabajo aquí está ligada en primer lugar a la capacidad del sistema educativo para aumentar la cobertura escolar de los niños y los jóvenes, es decir, la inclusión de los respectivos segmentos de población en la enseñanza primaria y secundaria. En segundo lugar, está la capacidad del sistema educativo para aumentar la calidad y la competitividad de los individuos. Y en tercer lugar, la capacidad de las instituciones de formación profesional para atender a la nueva y diversa población del sector no estructurado y a la demanda de las empresas. Todo ello constituye un conjunto de retos complejos para el conjunto de la sociedad y los respectivos regímenes políticos. Los sistemas de formación de la fuerza de trabajo tienen que ser conceptualizados dentro de una perspectiva más amplia e integral, bajo modalidades institucionales mucho más permeables, cosa que, como lo señala el último estudio de la OIT (1998a) no es nada fácil. Sobre todo en una región con grandes rezagos y una fuerte heterogeneidad económica, social y étnica. 1. La teoría de los factores estructurales

sobre la formación de la Fuerza de Trabajo

Partiendo del modelo analítico propuesto por el estudio de la OIT (1998a: 4) son seis los factores que pesan sobre los sistemas de formación: a) los cambios en la gestión y el régimen económico; esto se refiere en el caso de los países incluidos en este estudio, a la transición en marcha, del modelo sustitutivo de importaciones al modelo de economía abierta; b) un desempleo importante y una

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exclusión social creciente, acompañados de una rígida situación fiscal; en la subregión existe además, exclusión por razones étnicas, acentuada en lo que respecta a la educación y la formación profesional; c) la tecnología y la mundialización; d) el auge de formas de empleo anómalas y atípicas; e) mayor importancia del sector servicios, de las empresas pequeñas y las microempresas en el empleo; y, f) la formación instituida de por vida. a) Los cambios en la gestión y el régimen

económico Todos los sistemas económicos están sufriendo presiones y deben responder más eficazmente a las exigencias del mercado. En el caso de América Central, República Dominicana y México, las economías están pasando drásticamente de un régimen proteccionista sustitutivo de importaciones, necesario en su momento, a un esquema de economías abiertas. Pero acá el problema no es sólo la exigencia de mayor productividad, sino el problema de baja competitividad y el aumento del sector no estructurado. Todo lo cual presenta un escenario complejo en cuanto a la definición e implementación de políticas y programas para la formación de la fuerza de trabajo. Las tendencias encontradas al respecto son las siguientes: − Hay mayor capacidad de transición a una

economía abierta en las sociedades de modernización temprana reciente de la región (Costa Rica y Panamá) y de modernización rápida y turbulenta (República Dominicana y México). También mayor capacidad de adaptación del sistema educativo y de formación profesional a estas nuevas circunstancias. En los datos puede verse claramente que en el transcurso de una década (1989-1998) el valor de las exportaciones de Panamá han llegado a superar el valor de las exportaciones de

los cuatro países de modernización incipiente de la región (Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras); igual ocurre con el valor de las importaciones de ese país. En efecto, Panamá exportó productos por un valor total de $51.7 mil millones e importó mercancías por un valor de $55.3 mil millones; mientras aquellos países exportaron en conjunto por un valor de $46 mil millones. A Panamá le siguió Costa Rica, con exportaciones totales por un valor de $29.2 mil millones e importaciones por un valor total de $32.8 mil millones. Estos datos nos dan un promedio de $2,001 de exportación por habitante en Panamá y $756 dólares percápita para Costa Rica.

− Es evidente que hay menor capacidad de transición a una economía abierta en los países de modernización incipiente. Estos países son mucho más lentos en su capacidad para estructurar un nuevo sector exportador (incidirá la falta de fuerza de trabajo calificada para este objetivo?) y son mucho más vulnerables frente a las importaciones. Es decir, que su apertura ha estado más en función de lograr un mayor volumen y mayor crecimiento de las importaciones que las exportaciones, lo cual implica una balanza comercial negativa más alta. En estos países el índice percápita de las exportaciones es diez veces menor que el de Panamá y más de 3 veces menor que el de Costa Rica y México (cuadro no. 3).

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Cuadro No. 3 Valor total de las exportaciones a lo largo de una década e indicadores de la capacidad

exportadora e importadora

TIPÓ DE PAISES

SUMA DEL

VALOR DE LAS

EXPORTACION

ES 1989-1998

(US$ millones)6

SUMA VALOR

DE LAS

IMPORTACIO

NES

Valor de las

exportaciones

por habitante,

1989-1998

Promedio anual

INDICE

EXPORTADO

R PERCAPITA

(Panamá

=100)

IMPORTACIO

NES/

EXPORTACIO

NES

I. MODERNIZACION AVANZADA RECIENTE

COSTA RICA 29,278 32, 774 756 37.8 111.9 PANAMA 51,776 55, 359 2001 100.0 106.9 II. MODERNIZACION PARCIAL ACELERADA, DESEQUILIBRADA

REPUBLICA DOMINICANA 26,976 42,321 328 16.4 156.9 MEXICO 681,005 730,139 711 35.5 107.2 III.MODERNIZACION INCIPIENTE (MUY RECIENTE)

HONDURAS 12,558 14,104 204 10.2 112.3 NICARAGUA 4,263 8,721 89 4.4 204.5 EL SALVADOR 12,680 23,005 210 10.5 182.5 GUATEMALA 17,111 25,579 158 7.9 149.5

Fuente: Elaboración propia con base en BID (1999): Datos Básicos Socioeconómicos en el 15 de noviembre de 1999.Unidad de Estadística y análisis cuantitativo.

6 / Valor FOB.

Los países de modernización reciente tienen el mayor índice exportador percápita de la región y una menor dependencia de las importaciones. Es decir, si bien el valor de las importaciones ha sido alto, se ha compensado en gran medida con el valor de las exportaciones y del sector servicios. En cambio en los países de modernización incipiente, el índice exportador percápita es en promedio diez veces menor que el máximo de la región, y su dependencia de las importaciones en mayor. Su apertura económica descansa significativamente en las importaciones. Lo cual implica que tienen

poco dinamismo en cuanto a promover las exportaciones.

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Lo anterior, tiene que ver con los desiguales grados de competitividad de los países de la región. En este sentido es de gran utilidad el enfoque y la metodología del estudio realizado por el INCAE (Dorian, etc. al., 1998)7. Según dicho estudio, de un total de 59 países analizados, los países de la región se encuentran en los lugares siguientes: Costa Rica, 29; México, 33; Guatemala, 43; El Salvador, 48; Nicaragua, 49; Honduras, 52, por detrás de países como Chile y Corea del Sur. El informe no incluye los casos de Panamá ni República Dominicana. Bajo esta perspectiva, la región centroamericana evidencia una importante brecha de ingreso que dificulta la atención de áreas fundamentales, tanto desde el punto de vista del crecimiento económico, en el caso de la infraestructura, como desde la dimensión social, en donde destacan la salud y la educación. La introducción de variables de naturaleza social obedece a una preocupación por reflejar en las agendas centroamericanas aspectos mucho más complejos que la simple dimensión económica y dejar manifiestos los importantes retos a que se enfrentan los países centroamericanos y la necesidad de orientar adecuadamente el producto de su crecimiento material. Desde esta perspectiva, las tareas económicas y sociales son dos caras de una misma moneda para la competitividad sostenida de un país y ello debe ser una preocupación más amplia a la hora de establecer agendas nacionales o subregionales de competitividad.

7 El Indice de Competitividad Global destaca a Singapur como la economía más competitiva del mundo, seguida de Hong Kong y Estados Unidos. Sus altas tasas de competitividad obedecen a la gran apertura de estos países al comercio internacional, el importante desarrollo de sus mercados financieros, el tamaño relativo y la efectividad de su gobierno, la calidad de su infraestructura, el estado de su tecnología, la naturaleza de sus instituciones, la gestión gerencial y el desarrollo de su mercado laboral.

2. Tendencias del empleo y la exclusión social

El hecho de que la población sea muy joven en términos relativos y haya pocas posibilidades de acceso a la educación, sobre todo para los jóvenes rurales, influye en que el crecimiento de la PEA sea bastante alto en la región (cuadro no. 4). Este crecimiento es muy superior a la tasa de crecimiento de la población en general y a la tasa de creación de empleos, por lo que se crean condiciones estructurales que presionan hacia el subempleo, la informalidad y el poco interés público por una amplia y acelerada educación y capacitación de la fuerza de trabajo. La lógica presente en la mayoría de los países es la de competitividad con base en el uso extensivo de fuerza de trabajo no calificada y barata. En cuanto a los sectores sociales excluidos hay dos grupos claramente diferenciados: − Los grupos mayormente excluidos en la

etapa actual por la que atraviesa la región son los niños y las niñas en situación legal para trabajar (12 a 18 ó 15 a 18, según los casos); y los jóvenes de ambos sexos principalmente. Dentro de estos dos grupos, son más vulnerables los jóvenes de las áreas rurales; los jóvenes indígenas (principalmente Guatemala y en México); los jóvenes de los sectores populares urbanos.

− También viven una exclusión severa los discapacitados, los trabajadores adultos y los adultos mayores (personas de la tercera edad).

− El tema de género cruza a todos los grupos. Por lo que estas categorías no son mutuamente excluyentes. Se desconoce con qué exactitud la situación de género afecta a cada grupo.

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Cuadro No. 4 América Central y el Caribe: Población Económicamente Activa,

Urbana y Rural, 1990-2000a/ (Tasas medias anuales de crecimiento en porcentajes)

1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 Costa Rica 3.6 3.6 3.3 3.0 Urbana 4.0 4.7 4.2 3.9 Rural 2.1 2.6 2.4 2.2 El Salvador 0.6 2.1 3.0 3.5 Urbana 2.1 3.3 4.6 4.5 Rural -0.5 0.7 2.2 2.0 Guatemala 3.4 3.7 3.8 3.9 Urbana 3.7 3.9 4.2 4.3 Rural 3.2 3.4 3.6 3.6 Honduras 4.3 4.2 3.8 3.8 Urbana 6.3 6.1 5.4 5.3 Rural 3.0 2.9 2.5 2.3 Nicaragua 3.9 2.7 4.0 3.7 Urbana 5.0 3.6 4.8 4.5 Rural 2.7 1.6 2.9 2.4 Panamá 4.0 3.1 3.1 2.7 Urbana 4.8 3.8 3.9 3.4 Rural 3.0 2.4 2.0 1.7 Fuente: CELADE, Boletín Demográfico No.49,1992 y No.57,1996. Citado por: CEPAL, Indicadores Sociales Básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe. Edición del bienio 1996-1997, p. 42. a/ Proyecciones de la PEA de 10 años y más de edad. a) Los pueblos indígenas experimentan las

mayores exclusiones En Centroamérica se encuentran gran diversidad de pequeños y grandes pueblos indígenas, en situaciones aislamiento geográfico y en condiciones socioeconómicas de pobreza moderada y sobre todo de extrema pobreza. Es la población más pobre entre los pobres en la región, sin que hayan existido ni existan programas de desarrollo integral que atiendan a sus particulares condiciones. Su exclusión no es solamente social (educación, salud y seguridad social), es sobre todo una exclusión económica, que se refleja en la marginalidad con respecto al mercado de trabajo. En Guatemala, el país con mayor población indígena de la región, cuya población representa más de la mitad de los habitantes

del país, el porcentaje de la población bajo la línea de pobreza hacia 1989 fue del 86.6% para los indígenas y 53.9% para los no indígenas. Las tasas de analfabetismo en adultos indígenas, hombres y mujeres constituyen los indicadores que evidencian la combinación de la exclusión, la pobreza y la discriminación, constituyéndose en un gran desafío para la educación y la formación profesional en un país que necesita caminar hacia una paz duradera y sostenible, no viable sin la democratización de la economía, la cultura y la sociedad. La tasa de alfabetización de adultos de la población indígena es inferior en 28 puntos al promedio nacional, situación que es dramática. En los hombres indígenas es inferior en alrededor de 17 puntos, pero en las mujeres

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indígenas el déficit es supera los 30 puntos. En todos los casos el porcentaje de analfabetismo en las mujeres indígenas es muy alto, con un promedio del 70%. Los niveles de exclusión no se deben solamente a causas económicas. Hay en la región un importante peso de la exclusión por factores socioculturales, especialmente de carácter étnico. En Guatemala mayormente, pero las poblaciones indígenas son las más excluidas en todos los casos, si se compara con la no indígena. La exclusión por razones étnicas es clara al menos en tres casos: Honduras, Costa Rica y Guatemala.

b) Exclusión de los niños y los adolescentes Del total de niños de 13 a 14 años que trabajan más del 10%, en Honduras, casi una cuarta parte. De los adolescentes entre 15 a 17 años trabaja más del 25% en tres países (cuadro no. 5) En ambas situaciones se observa que el mayor porcentaje de los niños y adolescentes que trabajan se ubica en las áreas rurales. En el caso de Honduras más de la mitad de los jóvenes entre 15 a 17 años trabajan. En Guatemala cualquiera de estos indicadores es más alto debido a la mayor magnitud de la pobreza urbana y al mayor peso absoluto de la población rural e indígena, mayormente excluida de las políticas de desarrollo.

Cuadro No. 5

Panorama del trabajo infantil y adolescente Categoría Niños

de 13 a 14 años Adolescentes

de 15 a 17 años País Año Total Urbano Rural Total Urbano Rural Costa Rica 1997 12 4 18 28 17 36 Honduras 1997 23 14 30 44 34 51 Panamá 1997 6 2 9 15 22 26 México 1994 14 7 22 30 7 41 Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina, 1998, pp. 197-199. Encuestas de hogares de cada uno de los países.

C. La población, la pobreza, la PEA, el empleo formal y el empleo informal De acuerdo con datos de la CEPAL, la población de América Central pasó de 24,9 millones en 1985 a 32,9 millones en 1996, con tasas de crecimiento anual que fluctuaban entre el 1,8 y el 3,1% para el quinquenio de 1985 a 1990 y entre un 1,9 y un 2,9% para el quinquenio de 1990 a 1995, para situarse en un margen proyectado de entre un 1,6 y un 2,7% para el quinquenio de 1995 al 2000. Aparte de la gran heterogeneidad estructural de los mercados laborales en el istmo centroamericano, en cuanto a la calificación y los ingresos de la población ocupada, otra característica manifiesta es la abundante oferta de mano de obra barata, resultado de la

dinámica demográfica de la mayoría de los países, de la incorporación cada vez más creciente de las mujeres y los niños en la actividad económica, así como de situaciones especiales como la incorporación de contingentes de excombatientes en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. A pesar de las mayores tasas de fecundidad de quinquenios pasados y de la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, el incremento de la PEA resulta importante, principalmente en las ciudades, reforzado por el éxodo del campo. Esto ha generado una intensa presión sobre los mercados laborales urbanos, con tasas de crecimiento que sobrepasan el 3% anual y llegan hasta el 5% en el caso de Honduras. En cambio, el crecimiento de la PEA rural es mucho más

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bajo, alrededor del 2%, excepto en Guatemala donde incluso se ha incrementado. A lo largo de la década de los años 90, alrededor del 60% de los centroamericanos viven en condiciones de pobreza, de los cuales un 40% viven en estado de indigencia o pobreza extrema. A pesar del mayor crecimiento de la marginalidad urbana, la pobreza en las zonas rurales sigue siendo preponderante, tanto en incidencia como en magnitud. Se calcula que 71% de los hogares son pobres, mientras las zonas urbanas presentan un 56% de hogares en estado de pobreza. En Costa Rica la pobreza, que venía experimentando una leve reducción en años anteriores, revertió esa tendencia y comenzó a aumentar: por el segundo año consecutivo se dio un crecimiento en el porcentaje de hogares pobres (los que no satisfacieron sus necesidades básicas no alimentarias), que pasó de 20% en 1994 a 21,6% en 1996, y de hogares en situación de pobreza extrema (los cuales no lograron satisfacer sus necesidades básicas alimentarias), del 5,8% en 1994 al 6,9% en 1996. La pobreza constituye asimismo una característica de la comunidad nicaragüense ubicada en el país, calculada en 500 mil personas. Los sectores productivos donde se ubican son los que han dejado de ser atractivos para el trabajador costarricense. Perciben un salario menor de un 60%, lo cual se agrava con la falta de acceso al sistema de seguridad social. En El Salvador, el 50% de la población vive en condiciones de pobreza y el 10% en pobreza extrema. En Guatemala, el 75% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 58% en pobreza extrema. En Honduras, el 71% viven en la pobreza y el 55% en pobreza extrema. En Nicaragua se estima que para 1995 la pobreza afecta al 40% de los hogares y el 18% en pobreza en extrema. En Panamá alcanzó el 23%. República Dominicana presentaba para 1997,

un 56% de hogares pobres y un 19% en situación de pobreza extrema. Tomando en cuenta la información de las encuestas de hogares de los países con información disponible, en el caso de Costa Rica, para 1994 en las zonas urbanas habitaba un 18% de los hogares estaba bajo la línea de pobreza, mientras en las zonas rurales dicho proporción alcanzaba el 23%. En el Salvador, en la zonas rurales, las tasas llegan hasta el 56%. En Guatemala, en el área urbana existen porcentajes elevados – 57% son pobres y 34% viven en pobreza extrema – la situación alcanza niveles alarmantes en el área rural: alrededor de 86% son pobres y 72% pobres extremos. La pobreza afecta más fuertemente a la población indígena: el 93% vive en condiciones de pobreza y el 81% en condiciones de pobreza extrema. En el caso de Honduras, el 70% de los hogares en situación de pobreza habitaba en zonas urbanas, mientras el 76% habitaba en las zonas rurales. En Nicaragua la pobreza afecta al 29% de los hogares en las zonas urbanas y al 64% en la zona rural. En el caso de Panamá, un 25% de los hogares se distribuía en las zonas urbanas, mientras el 41% se ubicaba en zonas rurales. En República Dominicana el 40% de los hogares de zonas urbanas son pobres y en las zonas rurales la pobreza afecta a más del 80%. De acuerdo con lo anterior, Costa Rica presenta un bajo nivel de pobreza urbana, Panamá se ubica en un nivel medio, junto con El Salvador y República Dominicana. Tanto Guatemala, Nicaragua y Honduras presentan altos niveles de pobreza en las zonas urbanas. A esta situación debe agregarse, el hecho de que el desastre natural causado por el Huracán Mitch a fines de 1998, tuvo severas repercusiones que contribuyeron a agravar aún más, la ya de por sí extremadamente difícil situación de estos dos últimos países. A pesar de esta situación, puede afirmarse que para mediados de la década, hubo una significativa disminución en el porcentaje de hogares en estado de pobreza, aunque en

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términos generales no hubo una mejora en la distribución de los ingresos, por lo que se mantiene la brecha entre los grupos más ricos y los más pobres. En Costa Rica descendió pero de manera menos acentuada que el resto de los países (del 24% en 1990 al 20% en 1997), más pronunciada en el área urbana (del 22% al 17%), más significativa en Panamá (del 36% en 1991 al 27% en 1997), en Honduras descendió levemente, se ha mantenido en Guatemala (75%), El Salvador (48%) y en República Dominicana (32%), mientras empeoró en México (del 36% en 1994 al 43% en 1996). Por otra parte, si se compara a Centroamérica con el resto de la región, se tiene que Costa Rica se encuentra entre los países menos afectados, comparado a la situación de Uruguay y Argentina, mientras que Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador se encuentran entre los de mayor pobreza con niveles cercanos al 75% de los hogares, rebasados solamente por Haití. Panamá ocupa una posición intermedia, lo cual resulta inferior al promedio latinoamericano (39%). En términos generales, la incidencia de la pobreza entre los ocupados es sensiblemente menor - una tercera parte en promedio- que entre el resto de la población, por ser los desempleados y subempleados las víctimas inmediatas. Esta pobreza se presenta no sólo en las categorías ocupacionales caracterizadas por su menor retribución, agravada por la pérdida de poder adquisitivo durante los años 80, debido a sus bajos niveles de calificación y productividad, particularmente la de los trabajadores por cuenta propia, como en el caso del sector de construcción y actividades agropecuarias, sino también en numerosos grupos de asalariados del sector moderno, especialmente en el comercio y en las maquiladoras. La incidencia de tal fenómeno resulta relativamente elevada sobre todo en los establecimientos de menor escala, 80% en el caso de Honduras. En todo caso, los trabajadores de las microempresas -de hasta cinco ocupados-, los independientes no

calificados y el empleo doméstico constituyen las categorías de más baja productividad e ingreso y concentran el mayor número de familias pobres entre la población ocupada urbana: más de un tercio del total en Costa Rica y Panamá y la mitad o más en Honduras y Guatemala. En las zonas rurales, mientras tanto, la pobreza incide principalmente entre los trabajadores por cuenta propia, los campesinos desposeídos y los familiares no remunerados en actividades agrícolas. De acuerdo con las conclusiones dictadas por la CEPAL (Tecnología y pobreza en el Istmo Centroamericano, 1999), la mayor creación de empleos de baja calidad, junto con una creciente brecha salarial, subyace como factor de peso en la incidencia de la pobreza en las distintas sociedades, además de otros factores estructurales como la desigualdad entre el campo y la ciudad. En este sentido, los países centroamericanos presentan indicadores de pobreza comparativamente muy inferiores a los del resto de la región. Este panorama de grandes heterogeneidades y rezagos relativos en cuanto al desarrollo del capital humano y especialmente del capital intelectual, compromete el factor tecnológico. En un extremo, algunos sectores asalariados en los sectores de punta -en particular profesionales y técnicos- y empleadores con elevados ingresos, junto con cuadros directivos y gerenciales. En el otro, los vastos sectores con ingresos de subsistencia, operando con tecnologías rudimentarias y con escasas posibilidades de acceder a tecnologías más avanzadas por sus bajísimos niveles de instrucción y calificación. La participación de la PEA en el sector primario (agrícola) ha venido reduciéndose lentamente con respecto a los otros sectores, pasando del 55% en 1980 al 51% en 1990, para llegar al 49% en 1995. En el caso del sector secundario, éste ha venido experimentado un lento crecimiento, pasando del 14% en 1980 al 17% en 1990. Por su parte, el sector servicios ha venido aumentado con respecto a la PEA total, pasando del 21% en 1980, al 28% en 1990.

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En lo referente a la distribución de la PEA ocupada, según su inserción laboral, en las zonas urbanas para el período de 1990 a 1997, en general ha venido aumentando el porcentaje de patronos, con la excepción de Guatemala y Panamá. En promedio, más de las dos terceras partes de los ocupados centroamericanos son asalariados, en tanto que Costa Rica y Panamá superan el promedio. Otro aspecto que debe destacarse es la baja inserción en la categoría de patrono o empleador (4,0% en promedio), la cual ha venido decayendo en importancia relativa en toda la región, lo que es indicio de un proceso de mayor proletarización de la PEA. Por otra parte, un porcentaje significativo (30% en promedio para 1997) trabaja por cuenta propia o como trabajador familiar no remunerado. Del total de ocupados, el 7,2% corresponde a profesionales y técnicos asalariados. Dicha categoría además ha tendido a incrementarse en los últimos años, principalmente en el caso de Panamá (pasó del 4,1% en 1991 al 8,3% en 1995). En el caso del sector público (15,7% en promedio para 1997), ha tendido a descender, principalmente en los casos de Honduras, donde pasó del 14,4% en 1990 al 11,3% en 1994, para llegar al 10,1% en 1997, el de República Dominicana, donde pasó del 14,3% en 1992 al 13,1% en 1995, hasta llegar al 11,9% en 1997, debido principalmente a los procesos de privatización y movilidad laboral ligados con la reducción del aparato institucional del Estado y la contracción del gasto público. Por países, Costa Rica y Panamá muestran sector público con un peso relativo en la PAE bastante más alto que el resto de los países. Los cambios en la estructura de los mercados laborales durante la década de los años noventa han sido el resultado en buena medida de programas de ajuste estructural de los años 80 y de los primeros años de la década de los 90, los cuales tuvieron como objetivo la orientación de la estructura productiva hacia el mercado exterior, por medio de planes de reconversión productiva, en busca de exportar

productos no tradicionales y disminuir el peso de los tradicionales. Esto supuso una mayor exigencia en cuanto a la preparación del personal técnico y profesional del sector privado, al introducirse mejoras tecnológicas. Otra tendencia más o menos extendida entre los distintos países es la de emprender negocios familiares o microempresas, hecho que se refleja en la creciente participación de los empleadores dentro del total. En el caso de las zonas rurales, se observa un declive considerable de trabajadores por cuenta propia y de los familiares no remunerados, quienes en mayor o menor medida, según el país, tienden a reinsertarse como asalariados o como empleadores, los cuales han venido aumentando considerablemente. A pesar de que en la mayoría de los países la economía tiene vocación agrícola, buena parte de la población ocupada se inserta, por el contrario, en el sector servicios. Esta situación es más evidente en el caso de las zonas urbanas, donde la proporción alcanza a más de dos tercios del total. En estrecho ligamen con la estructura de inserción en el mercado laboral, está la situación del subempleo, el cual se ha tornado en un problema mayor que el desempleo abierto. En este sentido, Costa Rica presenta una tasa de subempleo equivalente a la del desempleo abierto, en Guatemala alcanza una proporción seis veces mayor, mientras que en Nicaragua es ligeramente inferior. Esto provoca que al estimarse el problema del desempleo de manera global, las tasas de desempleo total sean muy superiores a las del desempleo abierto. Con respecto al área, la PEA urbana ha experimentado un fuerte crecimiento, en la mayoría de los casos excediendo el incremento del empleo urbano total. Así en el período de 1985 a 1990 la PEA urbana experimentó una tasa media de crecimiento del 4,6%, para el período de 1990 a 1995 ascendió al 5,1%, mientras que para el período 1995 al 2000 se ha estimado un crecimiento

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del 4,8%. Tal es el caso de Costa Rica, Honduras y Panamá, en donde el número de nuevos empleados supera la generación de nuevos empleos para el período de 1990 a 1996. Lo anterior ha provocado el descenso en la tasa de participación urbana, excepto para los casos de Honduras y Panamá, en donde tuvo un incremento superior al 4%. Además, la casi equivalencia entre el crecimiento de la PEA y la generación de nuevos empleos ha provocado que se mantenga la tasa media de desempleo en todos los países, aunque tiende a aumentar en Costa Rica y Panamá, mientras disminuye en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. El caso de Guatemala merece una consideración especial, ya que entre 1990 y 1996 la PEA aumentó en 620.000 personas, con lo cual alcanzó la cifra de 3,1 millones, lo cual corresponde a un 30%. Durante este período, la proporción urbana de la PEA aumentó gradualmente (de un 36% en 1981 a un 39% en 1994), de lo que se concluye un predominio de la PEA rural (60% de la PEA total en 1994), a diferencia de la mayor parte de América Latina, caracterizada por una fuerza de trabajo mayoritariamente urbana (Guatemala: los contrastes del desarrollo humano, 1998). Debe destacarse el hecho de que a inicios de los años 90, la proporción de la PEA ocupada en el sector agrícola (52% en 1994) era la más alta de América Latina con excepción de Haití, seguido por el sector servicios (15%), industria (13%) y comercio (10%). Tomando en cuenta la variable sexo, debe indicarse que para el caso de los países donde existen datos comparables (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana), la tasa de participación de la mujer es apenas la mitad de la tasa de participación masculina. En el caso de Costa Rica, en 1995 la participación de la mujer alcanzó apenas el 41% contra el 78% de participación masculina, en Guatemala, alcanzó en 1989 el 43% contra el 84%, en

Honduras para 1994 el 43% contra un 80%, mientras Panamá para 1995 alcanzó el 47% contra un 80%. En República Dominicana se estima que para 1998 los hombres tuvieron una tasa de participación del 73%, en tanto que para las mujeres fue del 43%. Ha habido un aumento significativo de la participación de la mujer en los últimos 20 años, así en Costa Rica, pasó de un 34% en 1981 a un 41%, en Guatemala, de un 41% en 1986 a un 43%, en Honduras descendió de un 46% a un 43% y, por último, en Panamá de un 45% a un 47%. Esta situación es más evidente en las zonas urbanas, donde la participación laboral es más marcada entre las mujeres con mayor grado de instrucción. No obstante, en Costa Rica, Panamá y en Honduras hay una importante presencia femenina en la industria, la cual especialmente en el caso hondureño, obedece en gran medida al desarrollo excepcional de las maquiladoras. A pesar de que a nivel subregional, las mujeres muestran en muchos casos mejores niveles de educación que los hombres, no sólo en lo que respecta a la alfabetización y la matriculación, sino incluso en los estudios superiores, excepto en sociedades multiétnicas como el caso de Guatemala, su empleabilidad en los mercados laborales más calificados, si bien no es menos adversa, no alcanza los mismos niveles de ingreso. Por otra parte, las mayores tasas de desempleo femenino, se deben tanto a incrementos acentuados en las tasas de participación, como a restricciones en la demanda, debido al progresivo debilitamiento de los sectores mayormente empleadores de mujeres (como el Estado) y también a los persistentes factores discriminatorios del mercado, lo cual se refleja en las mayores tasas de desempleo con respecto a los hombres con iguales niveles de escolaridad o similares ocupaciones. En el caso de la PEA rural, ésta tiene tasas de crecimiento mucho menores, ubicándose en una tasa anual media del 2.4% en el período de 1985 a 1990, una tasa del 2,8% entre 1990 y 1995, más una tasa de crecimiento estimada

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en un 2,5% para el período entre 1995 al 2000. Además de esto, el peso relativo de la PEA rural dentro de la PEA total ha venido disminuyendo progresivamente en todos los países de la región. En términos generales, la PEA de 15 años y más con ocho años y menos de instrucción alcanza un porcentaje significativamente mayor en las zonas rurales que en las urbanas, del orden del 80% en la mayoría de los casos, mientras en las urbanas ronda el 60% en promedio. A esta situación debe añadirse el aumento significativo que se ha experimentado la PEA desde el año 1990 en cuanto al promedio de años de escolaridad. Lo anterior, se refleja en el aumento de la tasa de participación urbana para ambos sexos, en los grupos con 7 años y más de instrucción, mientras ha disminuido la tasa de los grupos con seis años y menos, esto con una tasa general de participación sin variaciones substanciales. 1. Tendencias del empleo formal y del

empleo informal En términos generales, puede afirmarse que durante esta década si bien aumentó el empleo formal en términos absolutos, no puede decirse los mismo en términos relativos, ya entre 1990 y 1996 el 40% de los nuevos empleos urbanos se crearon en el sector formal. A nivel de países, tanto Costa Rica como Panamá mostraron un porcentaje menor al promedio del área en estudio. A nivel centroamericano, el sector formal registró su mayor tasa crecimiento en las zonas urbanas con un 17,83% entre 1991 y 1994, siendo Panamá el país con la mayor tasa de crecimiento registrado con un 29,19%. De acuerdo con la cifras publicadas por el informe del Estado de la Región de 1999, el sector informal ha experimentado un leve aumento en todos los países centroamericanos entre los años de 1990 y 1996, con excepción

de Costa Rica, donde pasó del 33,8% en 1990 al 33,3% en 1996 y de El Salvador, donde pasó de un 53,9% a un 49,0% en el mismo período (gráfico no 1). Mientras en Costa Rica y Panamá, la informalidad alcanzó en 1996 una relación del 50% con respecto a los ocupados en el sector formal, en los casos de El Salvador y Honduras lo igualó, en tanto que en Nicaragua, la relación de ocupados en el sector informal es prácticamente inversa, al superar los informales en un 40% al sector formal. De agregarse que pese a la falta de datos sobre la dimensión de esta problemática, el sector informal concentra la mayor proporción de familias pobres con excepción de algunos nichos en los que se obtienen mayores ingresos. En República Dominicana el empleo generado en el sector formal registra una tendencia al decrecimiento dentro de la estructura del empleo total generado, estimada en un 1.7% anual. El crecimiento durante el período 1999-2000 fue del 0.7%. En términos de generación de empleo, el sector informal creció considerablemente durante el período 1991-1998, al registrar una tasa de crecimiento del 82.9 con una tasa de crecimiento anual del 11.8%. En 1991 el sector formal tuvo un peso del 64.2% en el total del empleo nacional. Sin embargo, se produjo una tendencia hacia la informalización del mercado laboral en detrimento del sector formal, que apenas creció en un 5.5%. Así, el sector informal creció un 77.4%. Para 1998 el sector formal llegó apenas al 50.8%, evidenciando el proceso de informalización del mercado laboral, a la par del proceso de terciarización de la economía en consonancia con las tendencias de apertura comercial. Al hacer un balance entre ambos sectores, se tiene que durante el período 1991-1998 el empleo formal registró un crecimiento negativo (-13.4%). El empleo informal creció ocho veces más que el formal.

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La tendencia del empleo informal es la de crecer en función del limitado crecimiento o decrecimiento económico del empleo formal, salvo que las nuevas políticas de empleo orienten la economía a la generación de suficientes empleos en este último sector. De acuerdo con lo anterior, ha aumentado la exclusión del mercado de trabajo de importantes sectores de la PEA. Los jóvenes sin experiencia laboral poseen tasas de desempleo que duplican a la tasa global, que para 1998 fue del 14.7%. En el caso de las mujeres es más alto, en las personas discapacitadas se cuadruplica. Además, la cantidad de empleo generado cada año tanto en el sector formal como en el informal es insuficiente para cubrir la demanda de la población desempleada. 2. La pobreza y el empleo En lo referente a la evolución de la ocupación de la PEA según segmento del mercado de trabajo, la ocupación del sector moderno aumentó significativamente entre los años 1990 a 1996 (5,82%), a pesar de lo cual el

40% de los nuevos empleos se generaron en el sector informal. En total, la tasa de informalidad pasó del 44,8% en 1990 al 43,7% en 1996. Con excepción de Costa Rica y El Salvador, los demás países mostraron leves incrementos en la tasa de informalidad, mostrando un deterioro en la calidad del mercado de trabajo urbano. De acuerdo con lo anterior, los grupos más afectados son los jóvenes que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo y las mujeres. En este sentido, ambos grupos presentan tasas de subempleo muy superiores al del conjunto de la PEA, lo cual se debe en primer lugar a las exigencias de calificación y a la falta de experiencia laboral. En el caso de los jóvenes, la tasa abierta de desempleo supera el promedio nacional. Para las mujeres, los problemas de desempleo son más intensos en los casos de Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Sin embargo, llama la atención el hecho de que en El Salvador y Honduras, la situación es a la inversa, lo cual suscita dudas con respecto a la exactitud de los registros.

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Gráfico No. 1 Centroamérica. Evolución de la ocupación en el sector

informal y moderno. 1990-1996

% de ocupados 90% de ocupados 96

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Según el informe de la CEPAL, Panorama Social de América Latina para 1998, la búsqueda de empleo por parte de los jóvenes es menos exitosa en comparación con el resto de la fuerza de trabajo, al punto que la tasa de desocupación de la población activa entre los 15 y los 24 años representa aproximadamente el 50% del desempleo total en las zonas urbanas, siendo las principales fuentes el sector comercio y de servicios. Panamá en particular, exhibe los índices de desempleo juvenil más altos de la región, con un 31,5%, a pesar de que son elevados también en Nicaragua (20,9%) y República Dominicana (27,8%). Como indica el informe, la inserción temprana de los jóvenes en la actividad laboral está estrechamente ligada con la capacidad de retención del sistema educativo y la situación económica del hogar. Ambas situaciones también condicionan la forma en que los hogares y los jóvenes mismos perciben la rentabilidad de la inversión en capital humano. En este sentido, cabe señalar que en los últimos años la fuerza de trabajo juvenil ha venido exhibiendo en la mayoría de los países, si bien de manera lenta, un aumento sostenido en el número promedio de años de estudio con excepción de Honduras y Nicaragua, donde los niveles de educación de la PEA siguen siendo muy bajos. La temprana inserción laboral tiene repercusiones que deben ser consideradas a la hora de establecer políticas para mejorar las oportunidades de calificación para el trabajo, esto por cuanto diversos estudios de la CEPAL han demostrado que los niños y los adolescentes que trabajan desde temprana edad se descapitalizan en dos años de estudio aproximadamente, lo cual lleva a que perciban

menores ingresos al llegar a la vida adulta. A lo largo de su ciclo laboral, la pérdida de ingresos acumulada se cuadruplicará eventualmente y hasta sextuplicará los ingresos que generaron durante los años que estuvieron incorporados en el mercado de trabajo, cuando deberían haber permanecido en la escuela adquiriendo los dos años adicionales de educación. Tal situación supone una doble limitación a las oportunidades de bienestar económico, ya que por una parte dejan de cursar años clave para la formación de su capital educativo, y por otra, se restringen fuertemente sus habilidades para incorporarse eventualmente al mercado laboral. 3. Las categorías ocupacionales de la

PEA: una inserción muy diferenciada En los países de mayor desarrollo relativo de la región, de cada 100 personas ocupadas, alrededor de 75 son asalariados, ya sea del sector público y del sector privado, estos países son México, Costa Rica y Panamá. En estos dos últimos países, el empleo público asalariado es el más alto de la región y se sitúa entre el 20 y el 26% (1 de cada 3 de la PEA asalariada), habiendo disminuido levemente en Panamá y en un 5% en Costa Rica (cuadro no. 6). En cambio en el resto de países, el empleo asalariado es (con excepción de Nicaragua, el más bajo) en promedio alrededor de 15% más bajo que en Panamá, Costa Rica y México. Esto se debe principalmente a un menor peso del empleo público, ya que en cuanto al empleo privado las proporciones son similares.

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Cuadro No. 6 Distribución de la PEA activa ocupada según inserción laboral,

Zonas urbanas, 1990-1997 PAIS

Años Patronos Total asalariados

Asalariados Sector Público

Asalariados sector privado

Trabajadores por cuenta propia8

Costa Rica 1990 5.5 74.8 25.0 49.7 19.7 1997 7.7 72.4 20.5 51.9 19.8 El Salvador d/ 1990 3.4 62.9 13.8 49.1 33.7 1997 5.7 61.9 13.3 48.6 32.5 Guatemala 1986 4.5 62.1 13.8 48.3 33.3 1989 2.6 63.8 14.7 49.2 33.6 Honduras 1990 1.5 65.5 14.4 51.1 33.0 1997 6.3 60.4 10.1 50.3 33.4 Nicaragua 1997 2 60.4 14.8 45.6 37.6 Panamá 1991 3.4 73.1 26.6 46.5 23.5 1997 3.3 77.1 24.5 52.6 19.7 Rep. Dom. 1992 2.8 61.9 14.3 47.6 35.3 1997 3.7 62.5 11.9 50.6 33.9 México 1989 3.3 76.4 16.0 60.4 20.3

1996 4.5 73.5 15.1 58.4 22.3 Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEPAL: Panorama social de América Latina, 1998, 251-252. a/ Incluye a los oficios domésticos y México incluye a los asalariados del sector público. b/Panamá y México no disponen de información sobre el tamaño de los establecimientos, excepto para 1993 y 1993. Por tanto, los asalariados no profesionales ni técnicos en establecimientos que ocupan hasta cinco personas fueron incluidos en la columna correspondiente a los establecimientos con más de cinco personas. c/Incluye a profesionales y técnicos. d/Las cifras para 1990 no son estrictamente comparables con las de 1995 y 1997, debido a cambios en la clasificación de profesionales y técnicos.

8 Incluye también trabajadores familiares no remunerados.

Este déficit de empleo público se manifiesta en un mayor peso del empleo por cuenta propia en esos países, los cuales, concentran el mayor peso de la PEA de Centroamérica. En términos absolutos, por lo tanto, el peso de los trabajadores por cuenta propia es muy alto en Centroamérica, debido a que se sitúa en los países más poblados. De los 13 millones de trabajadores (asalariados y por cuenta propia) que se estima para el año 2000 en Centroamérica, el 65% serán asalariados (8.55 millones) y el 35% trabajadores por cuenta propia (4.67 millones).

Un 23% de todos los asalariados se ubica en Costa Rica y Panamá, el resto en los otros países. En cambio del total de trabajadores por cuenta propia solo un 14.5% se ubica en Costa Rica y Panamá, y un 85.5% en los otros países, siendo el de mayor importancia Guatemala (31.2%). Lo que es más interesante observar es que del total del empleo asalariado en el sector público de la región, el 33.3% (una tercera parte) se ubica en Costa Rica y Panamá. El peso del sector público es en gran medida uno de los factores estructurales más

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importantes que explicarían las diferencias en desarrollo humano en los países de la región, y al mismo tiempo los diferenciales en los niveles de exclusión, pero ello ha sido insuficientemente estudiado (cuadro no. 7). En cuanto a las categorías ocupacionales en El Salvador, como dato importante para la formación profesional, se resalta que los

aprendices disminuyeron de 9.273 en 1996 a 6.040 en 1997. De esto puede derivarse que los programas de formación profesional han venido absorbiendo la modalidad de aprendiz en el sentido informal y asistemático. Las categorías ocupacionales más numerosas son: asalariado permanente con 630.999 personas, cuenta propia con 605.390 y asalariados temporales con 456.078.

Cuadro No. 7

Centroamérica. Distribución de los trabajadores asalariados y los trabajadores por cuenta propia en la región. Año 2000.

(cifras en millones y porcentajes)

PAIS

Total trabajadores asalariados (sector público y sector privado)

Asalariados del sector privado

Total asalariados del sector públicos

Total trabajadores por cuenta propia

TOTAL REGIÓN 8.55 millones 7.23 millones 1.32 millones 4.67 millones Porcentajes 100.0 100.0 100.0 100.0

COSTA RICA 12.7 11.8 16.9 8.9

PANAMA 10.3 9.2 16.4 5.6 Subtotal 23.0 21.0 33.3 14.5 EL SALVADOR 17.1 17.4 14.7 18.5 GUATEMALA 30.1 30.3 28.6 31.2 HONDURAS 17.0 18.1 11.1 20.4 NICARAGUA 12.9 12.9 12.3 15.4 SUBTOTAL 77.0 79.0 66.7 85.5

Fuente: Elaboración propia.

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La tasa de desempleo abierto es variable por países, más alta en algunos de ellos como Panamá y República Dominicana, pero lo que salta a la vista es la mayor tasa de desempleo que afecta a los jóvenes y a las mujeres en todos los países, así como el gran peso que ha adquirido el sector informal, aunque a este respecto hacen falta estudios empíricos

precisos. Solamente se cuenta con estimaciones globales, de difícil comparación entre años y a veces entre países. No obstante, se concluye que la informalidad ha ganado terreno y es uno de los factores condicionantes en la situación de pobreza que afecta a la región (gráfico no. 3 y cuadro no. 8).

0

10

20

30

40

50

60

Porcentaje

CR ELS HON NIC PAN RDOM MEX

Países

Gráfico No. 2Centroamérica, República Dominicana y México.

Distribución de la PEA según categoría ocupacional en zonas urbanas. 1997

PatronosAsalariados sector públicoAsalariados sector privadoTrabajadores por cuenta propia

010203040506070

Tasa por mil

CR

ELS

GU

A

HO

N

NIC

PAN

RD

OM

Países

Gráfico No. 3Centroamérica y República Dominicana. Principales

indicadores del trabajo. 1997

Tasas de participaciónTasa de desempleoTasa de desempleo en mujeres

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Cuadro No. 8 Indicadores del mercado laboral según país 1990 y 1996

Total región 1990 1996 Tasa de desempleo abierto 8.8 8.7 Tasa de informalidad 44.8 43.7 Costa Rica Tasas de participación 53.1 52.3 Tasa de desempleo total 5.4 6.6 Jóvenes 10.3 13.9 Mujeres 6.2 7.6 Tasa de informalidad 33.8 33.3 El Salvador Tasas de participación 55.0 54.1 Tasa de desempleo total 10.0 7.0 Jóvenes 18.6 14.3 Mujeres 9.8 5.0 Tasa de informalidad 53.9 49.0 Guatemala a/ Tasas de participación 63.3 63.9 Tasa de desempleo total 6.5 4.9 Jóvenes Nd Nd Mujeres 29.7 33.4 Tasa de informalidad 71.8 Nd Honduras Tasas de participación 50.1 54.7 Tasa de desempleo total 6.9 6.6 Jóvenes 10.4 9.7 Mujeres 5.8 5.1 Tasa de informalidad 48.7 50.1 Nicaragua Tasas de participación 51.2 48.7 Tasa de desempleo total 23.3 15.0 Jóvenes 34.2 Nd Mujeres 20.8 14.0 Tasa de informalidad 57.2 58.9 Panamá Tasas de participación 57.3 61.7 Tasa de desempleo total 13.6 17 Jóvenes 33 34.8 Mujeres 15.2 20.5 Tasa de informalidad 31.1 31.6 Rep. Dominicana Tasas de participación 55 53.2 Tasa de desempleo total 19.6 16.7 Jóvenes 32.2 28.8 Mujeres 33 28.6 Tasa de informalidad nd 46.7 Fuente: Precios y salarios en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, pp. 20. Elaborado por el ETM/San José, con base datos del SIAL/OIT/Panamá. Unidad de Estadísticas y Análisis Cuantitativo: datos básicos socioeconómicos, 1999. a/datos de 1995.

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4. Exclusión por categorías ocupacionales

Hay otro aspecto de la exclusión que tiene que ver con los trabajadores asalariados y por cuenta propia de un mayor interés en lo concerniente a la educación técnica, la educación de adultos y la formación profesional. La institucionalidad pública es muy precaria para atender a los trabajadores por cuenta propia. La institucionalidad privada también. La institucionalidad pública se concentra prioritariamente en el sector privado asalariado. En la categoría de los trabajadores asalariados del sector privado, entre el 12 y el 22% son profesionales y técnicos. Panamá tiene el más alto porcentaje (22%) y Nicaragua el más bajo. En general entre 1 y 2 de cada 10 asalariados del sector privado son profesionales y técnicos. En cambio, en los trabajadores por cuenta propia, con excepción de Costa Rica en donde 1 de cada 10 es profesional o técnico, en el resto de países, hay prácticamente 1 por cada 20. La proporción de profesionales y técnicos de los asalariados del sector privado es de 5 a 1 con respecto a los trabajadores por cuenta propia. En general, estos datos nos muestran un bajísimo grado de calificación profesional y técnica de la fuerza de trabajo en Centroamérica. Los países que tienen los mayores desafíos hacia los próximos años son aquellos que tienen el más alto crecimiento demográfico, la proporción más alta de jóvenes y la tasa de crecimiento más alta de la población urbana. Estos países son Guatemala, Nicaragua y

Honduras. Pero además en los casos de Guatemala y Honduras estos países tienen todavía altas tasas de crecimiento de la población rural, por lo que necesitarían políticas combinadas, en lo que se refiere especialmente a educación y formación profesional. D. La educación: crisis de cobertura y crisis de calidad Como ya se sabe, los niveles de instrucción son determinantes en las posibilidades de inserción laboral, mientras que ésta determina hasta cierto grado los niveles de ingreso y por tanto, los niveles de pobreza. 1. El analfabetismo El analfabetismo es todavía muy alto en cuatro países de la región. Las diferencias son claras con respecto a Costa Rica y Panamá. Las mujeres tienen un analfabetismo mayor en El Salvador y Guatemala. En este último país las diferencias entre hombres y mujeres son las más dramáticas (14 puntos de diferencia), sobre todo en lo que respecta a las mujeres indígenas. Las diferencias son notables también en la población comprendida entre 15 y 24 años de edad. El analfabetismo sigue siendo uno de los principales problemas sociales a nivel centroamericano y de República Dominicana y constituye el principal indicador de la brecha social en el acceso a la educación. Para el año 1995, a nivel subregional una de cada tres personas mayor de 15 años era analfabeta, alcanzando en promedio el 24,2%. Tal situación es especialmente grave en Guatemala con un 44,4% de analfabetismo y Nicaragua con un 34,3% (gráfico no. 4).

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Por sexo existen diferencias importantes a nivel subregional y en algunos países (cuadro no. 9). A nivel subregional la tasa promedio de analfabetismo de las mujeres alcanza el 26,3%, mientras que para el caso de los hombres alcanza el 23,5%. Guatemala y El

Salvador muestran las mayores desigualdades en este aspecto. En cuanto a zonas, las mayores tasas de analfabetismo se presentan en las zonas rurales y en algunos casos, supera en más del doble a la urbana.

Cuadro No. 9

Porcentaje de analfabetismo de la población de 15 años y más, según sexo y países, 1995

Países Total Hombres Mujeres Total en miles

Peso relativo Con relación a

América Central Costa Rica 5.2 5.3 5.0 116 2.1 El Salvador 28.5 26.5 31.2 957 17.7 Guatemala 44.4 37.5 51.4 2,627 48.6 Honduras 27.3 27.4 27.3 867 16.0 Nicaragua a/ 30.4 25.4 26.2 678 12.5 Panamá 9.2 8.6 9.8 161 3.0 Total América Central 5,406 100.0 Rep. Dominicana/ 17.5 Nd nd 952 México 10.0 Nd nd 32,678 Fuente: Estado de la región, informe 1, 1999, p. 168. a/ Los datos corresponde a la encuesta de hogares de 1998. b/ Censo Nacional de Población y Vivienda 1993, República Dominicana. Citado en Internet.

0

5

10

15

20

25

30

35

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Tasa por mil

CR PAN RDOM MEX HON NIC ELS GUA

Países

Gráfico No. 4Centroamérica, República Dominicana y México. Tasa

de analfabetismo.1997

Tasa de analfabetismo

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El caso de Guatemala, según su informe del desarrollo humano del año 1998, en cuanto al panorama social de los diversos grupos étnicos, muestra que los municipios con una mayor proporción de población indígena presentan los grados más altos de analfabetismo, situación que se repite a nivel subregional, puesto que es superior en el noroccidente y en el norte. Sólo tres comunidades étnicas promedian más del 50% de alfabetización y son aquellas con mayor cercanía al área metropolitana (Guatemala: 59%, Sololá: 58,9% y Totonicapán: 52,7%), lo que evidencia que el área de habitación es un factor condicionante del acceso a la educación. El promedio nacional alcanza solamente el 32,8%, cifra alta si se tiene en cuenta que la tasa bruta de escolaridad tiende a sobreestimar el resultado educativo del país, al incluir niñas y niños con sobreedad. La deserción es relativamente alta (9,5%). El analfabetismo alcanza un 37% de los habitantes mayores de 15 años, de los cuales el 23% se encuentra en

el área urbana y el 77% en la rural. Además, el 44% son hombres y el 56% son mujeres. El 61% de los analfabetos corresponde a la población indígena. 2. Promedio de años de escolaridad El promedio de años de escolaridad de la población en general, se mantiene relativamente bajo, ubicándose entre los cuatro y los cinco años para la mayoría de los países de América Central con excepción de Costa Rica (5,7 años) y Panamá (6,8 años). En República Dominicana el promedio de años de la PEA es de 4.3 y en México de 7.7 (gráfico no. 5). A nivel subregional, si bien el panorama educativo ha mejorado significativamente en comparación con los años 80, aún tiene un peso considerable la PEA urbana con educación primaria únicamente, ya que para el año 1996 alcanzaba un 41,3%.

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Guatemala, merece especial atención ya que una tercera parte de su fuerza de trabajo no posee ningún grado de educación formal. El promedio nacional es de 3.2 años. El 40% de la población más pobre tiene entre uno y uno y medio años de escolaridad, mientras los más ricos promedian 7 años. En Honduras, el 25% de la PEA no tiene ningún grado de escolaridad; el 57% posee algún grado del nivel primario; el 14% ha realizado estudios de secundaria y cerca del 4% llegaron al nivel superior. De 1990 a 1996, los trabajadores sin ningún nivel educativo disminuyeron cerca de un 6%, las de primaria completa aumentaron un 10%, las de secundaria completa un 61% y las de educación superior un 108%. También las mujeres exhiben un mayor nivel de escolaridad que los hombres. En 1996 el porcentaje de mujeres con nivel de secundaria o superior era del 37%, mientras que los hombres alcanzaron el 22%, a pesar de lo cual persiste una considerable brecha salarial entre ambos en todos los niveles.

Nicaragua, por su parte, muestra un retroceso ya que la PEA sin educación aumentó de un 8,7% en 1990 a un 10,9% en 1996, mientras la PEA con educación primaria solamente, pasó de un 36,3% a un 48,7% en el mismo período. En 1990 la PEA tenía 4.3 años de escolaridad en promedio. De acuerdo a datos recientes del Ministerio del Trabajo9, el 20% de la población económicamente activa no posee ningún grado de instrucción, el 45% concluyó la primaria, el 26% realizó estudios de secundaria y el 8% tiene instrucción universitaria. En la zona rural, el 33% de la población total no sabe leer ni escribir. Entre los jóvenes menores de 20 años, el 22% se declaran analfabetos. Además, el 36% de los niños entre 6 y 14 años de edad no asistía a la escuela en 1996. La educación ocupa un lugar destacado en las preocupaciones de distintos sectores, gubernamentales y no gubernamentales. Los 9 MINISTERIO DEL TRABAJO. Dirección General de Empleo y Salario. Tendencias del mercado de trabajo en Nicaragua y perfiles de la PEA rural - 1996. Managua, abril de 1997.

Gráfico No. 5Centroamérica, República Dominicana y México. Años

promedio de escolaridad de la PEA (mayores de 25 años). 1995

0

2

4

6

8

10

12

Costa Rica Guatemala Nicaragua Rep.Dominicana

Países

Año

s de

esc

olar

idad

Añospromedio deescolaridadde la PEA(mayores de25 años)

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esfuerzos por mejorar el sistema educativo a nivel regional han estado centrados tradicionalmente en el mejoramiento de la educación básica, procurando ampliar su cobertura, lo cual se ha logrado parcialmente a expensas de la calidad. En Costa Rica se está tratando de universalizar la enseñanza de la computación y de una segunda lengua en dicho nivel, a la vez que se está tratando de cerrar la brecha entre las zonas urbanas y rurales, las cuales se han quedado rezagadas en los indicadores. Los datos anteriores, son el claro reflejo de la prioridad brindada por los distintos gobiernos de la región a las políticas de educación. Consecuentemente con lo anterior, son precisamente los países que destinan el mayor porcentaje del gasto del gobierno a la educación los que presentan los mejores indicadores tanto a nivel de alfabetización como de la eficiencia del sistema educativo. En este sentido, tanto Costa Rica como Panamá destinan a la educación los mayores

porcentajes del PIB (5,8% y 4,9% en 1997 respectivamente), los cuales son además los más altos del área en estudio con excepción de México (cuadro no. 10). En Honduras el Gasto Público en educación como porcentaje del PIB alcanzó el 4.7% en 1996, mientras que el gasto total en educación como porcentaje del PNB alcanzó el 6.7% en el mismo año. Por el contrario, Guatemala, El Salvador y República Dominicana presentan en comparación, los bajos más porcentajes de inversión en educación del área (1,7%, 2,2% y 1,9% del PIB para 1995 respectivamente). Los gastos en educación se han incrementado en la década del noventa, pero ese incremento ha sido en términos generales modesto. Sobre todo si se toma en cuenta el gran rezago en la educación que ya tenían algunos países. Todavía la heterogeneidad es muy marcada en cuanto a la magnitud del gasto en la educación con respecto al producto de la economía como se observa en el siguiente gráfico:

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El mayor crecimiento en la tasa de escolaridad lo experimentó EL Salvador, en 17 años (16.1%), lo cual le ha permitido a ese país acercarse a los países de mayor desarrollo

relativo en la región, como son Panamá, Costa Rica, México y República Dominicana, en lo que respecta a la tasa de escolaridad global.

Cuadro No. 10

Panorama regional de la educación Tasa de escolaridad a/

(Porcentajes) Incremento En las coberturas

Tasa bruta de matriculación Primaria

Tasa bruta de matriculación Secundaria

País 1980 1985 1990 1994 1997/a 1980-1997 1995 1995 Costa Rica 55,3 51,0 54,3 68,0 66,0 10.7 107 50 El Salvador 47,9 48,6 51,6 55,0 64,0 16.1 88 32 Guatemala 35,2 37,9 41,5 46,0 47,0 11.8 84 25 Honduras 47,2 51,5 56,4 60,0 58,0 10.8 112 32 Nicaragua 53,3 52,3 53,5 62,0 63,0 9.7 110 47 Panamá 65,8 64,0 65,3 70,0 73,0 6.2 106 68 Rep. Dom. 60,0 66,0 nd Nd 66,0 6.0 103 41 México 64,8 65,6 66,2 Nd 70,0 5.2 115 58 Fuente: CEPAL, UNESCO, PNUD. a/ Número total de alumnos de primer, segundo y tercer ciclo, como porcentaje total de la población de entre 6 y 23 años. En cuatro países de la región, el crecimiento en la tasa de escolaridad se situó en el 10% en promedio, a lo largo de 17 años; mientras que en tres países de mayor desarrollo relativo en educación, el crecimiento osciló entre el 5 y el 6%.

La conciencia social sobre el problema también ha aumentado en forma cada vez más creciente. Sin embargo, hay un obstáculo estructural fundamental como lo es la capacidad fiscal del estado, la más pequeña de

Gráfico No. 6Centroamérica, República Dominicana y México. Evolución del gasto del

Gobierno en educación como porcentaje del PIB. 1990-1995

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Años

Porc

enta

je

CRELSGUAHONNICPANRDOMMEX

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la región, medida en términos de la carga tributaria. Por otra parte, en el caso de Guatemala, el aumento de la cobertura y la calidad de la educación pasa necesariamente por superar la

exclusión de los pueblos indígenas y las poblaciones rurales no indígenas. Son estas poblaciones, sobre todo las mujeres, quienes están más afectadas por la exclusión y la discriminación existente en el sistema educativo.

Cuadro No. 11

Grado de preparación de los recursos humanos Educación como % del PIB a/

Educación como % del Gasto Público

Gasto Público social Excluyendo educación como % del PIB b/

Calidad de la política educativa c/

País 1985 1995 1992-94 1993-95 1992 Costa Rica 4.5 4.5 19.2 19.9 11.6 1.0 El Salvador 3.1 2.2 nd 31.0 1.3 1.7 Guatemala 1.8 1.7 12.8 18.2 3.2 2.2 Honduras 4.2 3.9 16.0 16.5 4.2 2.5 Nicaragua 6.8 nd 12.2 12.2 6.8 2 Panamá 4.6 5.2 18.6 21.0 13.8 1.4 Rep. Dominicana 1.8 1.9 nd 13.2 3.7 1.5 México 3.9 5.3 nd 26.0 Nd nd Fuente: elaboración propia con base en datos de CEPAL. a/ El dato de Guatemala y Honduras corresponde a 1991 b/ El dato de Guatemala corresponde a 1989; el de República Dominicana a 1990; los de Costa Rica y Panamá a 1991 y los de El Salvador y Honduras a 1992. c/ A cada una de las siguientes políticas se le asignó un número (1=buena, 2=regular, 3=mala) y se le asignó una ponderación, según los siguientes criterios: acceso universal (40%), aislamiento educativo (20%), creatividad e innovación (10%), gestión institucional (10%), profesionalismo de los educadores (10%). Mientras los países del OCDE dedican un 12.3% en promedio a la educación, la mayoría de los países de la región dedican entre un 13 y un 31%. Este porcentaje podría parecer razonable en comparación con los de la mayoría de los países del OCDE, pero es pequeño si se toma en cuenta que existe una población en edad escolar más grande que la de los países citados; el presupuesto nacional es relativamente pequeño en relación con el PIB y tiene un sistema educativo controlado centralmente, lo que implica un mayor gasto público. Costa Rica, Panamá y México tienen los mejores indicadores en este aspecto, con un promedio mayor de años de instrucción para

los jóvenes. Posiblemente Guatemala es el que está más a la zaga en este aspecto. Las diferencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales son abismales. Sobre todo en El Salvador, Honduras, República Dominicana y seguramente Guatemala. De acuerdo con el Informe sobre el empleo en el mundo de la OIT (1998), en la década de los años 90 la mayoría de los países de la región con excepción de Costa Rica y Nicaragua, tuvieron un mayor porcentaje de matriculación en formación profesional con respecto a la década anterior (cuadro no. 12). A esto se une algún nivel de aumento en el nivel del Gasto Público destinado a la formación con respecto al gasto total en educación.

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Cuadro No. 12 Formación profesional: Participación y Gasto Público

Categoría Matriculados en formación profesional

(% secundaria)

Gasto Público en formación profesional (% del Gasto Público en educación)

País 1980s % 1990s % 1980s % 1990s % Costa Rica 1980 22.5 1995 22.4 1980 6.8 1995/a nd El Salvador 1980 62.0 1993 73.6 1980 0.3 nd nd Guatemala/ 1980 17.3 … nd 1979 2.4 1995b/ 2.1 Honduras 1980 22.3 1991 30.2 1985 3.8 1995 5.7 Nicaragua 1980 11.9 1993 7.2 1980 4.2 1994c/ nd Panamá 1980 23.2 1990 25.3 1980 7.2 1994 8.2 Rep. Dominicana 1980 6.4 1994 8.2 1980 3.3 1995 2.6 Fuente: Informe sobre el empleo en el mundo, 1998, p. 257. a/Sólo gasto del Ministerio de Educación. b/Excluyendo las subvenciones públicas a la educación privada. c/Sólo gasto del Ministerio de Educación en primaria y secundaria. 1 Interrupción de la serie. 3. Evolución de las tasas de escolaridad

y la deserción De acuerdo con los datos del Informe del Estado de la Región, la tasa neta de escolaridad para la población de 7 a 12 años alcanzó para 1997 el 101,7% en Costa Rica, el 91,4% en El Salvador, el 69,3% en Guatemala, el 85,4% en Honduras, el 73,5% en Nicaragua, 95,2% en Panamá y República Dominicana 79.7%. Sin embargo, es en la población de 13 a 17 años donde se presentan las menores tasas de escolaridad, es así que el mismo año Costa Rica presentaba una tasa neta del 57,7%, El Salvador un 59,2%, Guatemala 19,6%, Honduras un 26,3%, Nicaragua un 29,1% y Panamá un 67,1%. Según los datos de la CEPAL, desde el año 1980 se ha registrado un aumento en la tasa bruta de escolaridad de todos los países de la región, incluyendo República Dominicana y México. El caso de Guatemala, presenta la menor tasa de escolaridad, la cual pasó del 35,2% en 1980 al 47% en 1997. De acuerdo con las cifras anteriores, un 42,3% de la población costarricense en edad de asistir a la educación prevocacional, no está asistiendo a clases, en El Salvador alcanza un

40,8%, en Guatemala un 80,4%, en Honduras un 73,7, en Nicaragua un 70,9% y en Panamá un 32,9%. Tomando en cuenta a los países con datos disponibles, se tiene que para el año de 1997 en el caso de Costa Rica, el 76,1% de los niños y las niñas de 14 a 15 años de edad tenían al menos seis años de estudio completos, ya sea que asistan o no a la escuela, en Honduras el porcentaje alcanzó el 62,7%, en Panamá el 85,0%, mientras que en México alcanzó el 78,1%. Para el año 1997, se ha estimado que 7,7 millones de niños, niñas y jóvenes centroamericanos se matricularon en los primeros niveles educativos, es decir, preescolar, primaria y secundaria, de los cuales el 71,4% corresponde a primaria. A pesar de esto, de acuerdo con la tasa de escolaridad se estima que un millón de niños entre los 7 y 12 años de edad se quedó sin matricular, lo cual equivale a un 18,9%. En el caso de los jóvenes, se estima que alrededor de dos millones de jóvenes con edades entre los 13 y 17 años, lo que equivale a un 59,7% de la población en dicho rango de edad, no están matriculados en la educación secundaria.

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La tasa neta de matriculación secundaria alcanzó el 47% en Costa Rica en 1996, en Guatemala del 20%, mientras que en el ciclo diversificado no sobrepasa el 11%; en Honduras alcanzó apenas el 35%, en República Dominicana el 52% en el ciclo básico de secundaria y el 33% en el segundo ciclo. Según los datos de CEPAL, la matriculación secundaria técnica para los países con datos para el período de 1989-1991 fue de un 22% para Costa Rica, de un 30% para Honduras, un 9% en Nicaragua y un 26% en Panamá. En todos los países ha habido un crecimiento de la cobertura de la educación secundaria. Pero ha sido muy bajo y bajo, en relación a la magnitud de los jóvenes en edad que teóricamente deberían insertarse en la educación secundaria. Ha aumentado la inclusión relativa pero ha aumentado la exclusión absoluta en los países de mayor rezago educativo. 4. Estructura de la educación y del

empleo Las tendencias del mercado laboral en Costa Rica muestran un cambio significativo, pasando de la agricultura como principal fuente de empleo al sector industria y al sector comercio y servicios. Los empleos de mayor demanda están relacionados con la industria textil y la confección de prendas de vestir, la mecánica, la electrónica; la programación de computadoras, turismo y secretariado en el sector servicios. Desde el punto de vista de la generación de empleo, se está pasando rápidamente del gobierno, como uno de los principales agentes empleadores, al sector privado. Actualmente, el sector público ocupa un 16% de la fuerza laboral, sobre todo en las áreas urbanas, donde uno de cuatro empleados pertenece al sector público. Según el tipo de actividad, el 60% se ocupa en actividades del sector moderno, mientras un 40% se ocupa en actividades tradicionales.

Dentro de ésta distribución, el 25% se dedica a actividades agropecuarias tradicionales, el 16% a actividades informales urbanas, que incluyen a microempresas de cinco empleados o menos, especialmente en la agricultura y la construcción; 36% se ubica en actividades del sector moderno urbano y el restante 24% en actividades del sector moderno rural. Como consecuencia de la desaceleración de la economía el mercado laboral sufre un deterioro por el tercer año consecutivo. En el período 1994-1996, los ocupados plenos disminuyeron 7% (sólo en 1996, se perdieron más de 23 mil puestos de trabajo); el número de desocupados aumentó 54% (la tasa de desempleo abierto aumentó por el segundo año consecutivo y se situó, para julio de 1996, en 6,2%, la más alta en la presente década); el número de subempleados visibles aumentó 38% y el de subempleados invisibles 30%; la subutilización de la fuerza laboral (incluyendo a los desocupados y a los subempleados) creció un 38% y alcanzó casi el 14%. Las consecuencias de esa situación para los trabajadores que permanecen ocupados son menor estabilidad laboral, mayor intensidad de trabajo y condiciones de contratación más desfavorables. A pesar del incremento de los salarios mínimos, la población empleada vio disminuir sus ingresos: en 1996, el ingreso promedio mensual mostró una reducción, en términos reales, del 2,9%. El sector que más ha eliminado puestos de trabajo ha sido el industrial. En 1996, los sectores que más redujeron plazas fueron: construcción, agricultura, industria y transporte, almacenamiento y comunicaciones. El sector público contribuyó con casi la quinta parte del total de puestos eliminados. Durante el período 1995-1996, disminuyó en el empleo público que representa el 82% de la reducción total en el período 1990-1996. La expulsión de trabajadores del sector público, sin la correspondiente capacidad de absorción por parte del sector privado, agravó aún más la situación laboral en el país.

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En general, las condiciones de empleo han sido menos favorables para las mujeres, afectadas con mayor fuerza que los hombres tanto por el desempleo abierto, como por el subempleo visible. Asimismo existe una clara relación entre el desempleo y el nivel de pobreza. En 1996, la tasa de desempleo abierto para la población en condición de pobreza extrema fue de 16,3%, para aquellos en condición de pobreza de 12,6% y para los no pobres de 4,8%. En El Salvador, la Tasa Global de Participación para 1997 se calculó en un 50.9%. La Tasa de Ocupación se estimó en 92.03%. Por su parte, la tasa de desempleo abierto fue de 7.97%. En el área rural ésta tasa alcanzó el 8.71% de la población. En la población joven dicha proporción fue mayor: 13.74%, mientras que a nivel urbano alcanzó el 14.9%. Con relación al género, durante 1997 los hombres se vieron más afectados por el desempleo con una tasa del 9.52%, mientras que para las mujeres alcanzó el 5.32%. La Tasa de Subempleo fue del 30%. El subempleo visible alcanzó el 2.9%, mientras el invisible fue del 27.1%. Esta situación tiene su impacto en el hecho de que una cuarta parte de la PEA no tiene ingresos que lleguen al salario mínimo. El sector o rama de actividad que más absorbió fuerza de trabajo es el de la agricultura y la ganadería, el cual dio ocupación a 527.342 personas en 1997. La rama que ocupa el segundo lugar es la del comercio y servicios, ocupando a 508.179 personas y, en tercer lugar, la industria manufacturera con 332.890 personas. La PEA en Guatemala era de 3,6 millones de personas en 1998. La tasa de desempleo se acerca al 2%, característica de países donde un alto porcentaje de la población trabaja en el sector agrícola o en la economía informal. Si bien el nivel de desempleo es bajo, sólo el 36% de la PEA está empleada, mientras el restante 64% está subempleado: trabaja menos

de las horas reglamentarias y devenga remuneración menor del salario mínimo. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 63% de la PEA se encuentra en zonas rurales. El 75% trabaja en el sector agropecuario, mientras un 20% se desempeñan en actividades como la manufactura, la producción de textiles y la construcción. En ambas actividades, resalta la baja productividad. La gran mayoría de las fincas pequeñas no tiene capacidad productiva suficiente para alimentar una sola familia. La calidad del empleo en Guatemala es baja, lo que guarda relación directa con el nivel de educación de la fuerza laboral. De acuerdo con la Encuesta Nacional Sociodemográfica, el 38% de la fuerza laboral ocupada no poseía ningún grado de escolaridad, para 1989. Los niveles de productividad son bajos, debido a que no se cuenta con sistemas congruentes de capacitación técnica, transferencia tecnológica y de conocimientos, lo cual se traduce en limitantes para aprovechar las oportunidades de desarrollo" (INCAE, 1998). Esto se afirma al observar la evaluación de estándares de competitividad mundial, en donde el país ocupa el lugar número 53 de una evaluación de 58 países, y es catalogado como "un mercado laboral rígido y de baja productividad", (World Economic Forum, 1997). En Honduras a fines de 1994, la población ocupada era de 1,8 millones de personas, el 70% hombres y un 55% en el medio rural. El desempleo abierto es moderado, debido a que los estratos de menor productividad e ingresos absorben parte importante del incremento de la fuerza de trabajo urbana. Estos están formados por asalariados no profesionales empleados en la microempresa, trabajadores por cuenta propia no calificados y empleados domésticos. Con excepción de los últimos, este grupo constituye el llamado sector informal urbano (SIU). Hacia 1992, Honduras se situaba en el grupos de los seis países con una elevada proporción

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de empleo urbano en ocupaciones típicas de estratos de baja productividad e ingreso, en un porcentaje que fluctuaba entre el 40% y el 50%. El 40% de los salarios estaba por debajo del nivel mínimo, dentro de un contexto de deterioro del poder adquisitivo, el cual disminuyó en un 15% entre 1989 y 1994. La importancia de las pequeñas y microempresas, agrícolas y no agrícolas, se refleja en un 32%, tanto del empleo, como del PIB10. El sector informal, caracterizado principalmente por actividades comerciales, crece en la medida del incremento de las migraciones del campo a la ciudad y de la escasez de oportunidades laborales. Al analizar de manera más específica las tendencias del mercado laboral a partir de 1990, indica que el cambio más notorio ha sido al disminución de la importancia relativa de las actividades del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, minas y canteras) como proveedores de empleo. En los años analizados, se registró una caída de aproximadamente un 8% (del 43% al 35%). Las actividades primarias resultan significativas fuentes de empleo en la zona rural y semirural. Sin embargo, aún en el área rural, ha disminuido la importancia del empleo en el sector primario. En las dos ciudades principales no supera el 2%, pero aumenta al 15% en el resto urbano y al 60% en la zona rural. Aún en estos dos últimas áreas, ha descendido el peso del sector primario. La disminución de la PEA del sector primario ocurre paralelamente a la diversificación del mercado de trabajo, en especial en el sector secundario) manufactura y construcción) y terciario (servicios de todo tipo). Para el año 1996, la mayor parte de la fuerza de trabajo se ubicaba en el sector primario 10 GRUPO CLAVE DE HONDURAS. Contribución al taller Atención a la Micro y Pequeña Empresa. Proyecto “Elementos para una Estrategia de Educación para el Trabajo en el Istmo Centroamericano”. Banco Interamericano de Desarrollo/Unión Europea. Septiembre, 1997.

(35%), seguida por la manufactura (18%), los servicios comunales, sociales y personales (18%), el comercio (17.9%), la construcción (5.4%), los servicios básicos (2.9%) y, finalmente, los servicios financieros (1.9%). La mayor parte de los trabajadores del sector primario trabaja por cuenta propia, es decir, como minifundistas y pequeños productores (43%), seguido por los trabajadores asalariados (31%) y trabajadores familiares no remunerados (20%). Los empleadores representan apenas el 4%. En la manufactura, la PEA ha crecido cerca del 4% entre 1990 y 1996 en todas las regiones del país. El porcentaje de la PEA masculina es asalariada (69%) y de la femenina son trabajadoras por cuenta propia (TCP) (46%) y una parte asalariada (36%). En el sector de servicios comunales, sociales y personales, las mujeres sobrepasan a los hombres en 12% (56% y 44%). La categoría salarial más importante son los asalariados (58.5%). Sigue en importancia el servicio doméstico (20.6%) y luego los TCP (18%). El empleo en los servicios de este tipo predomina en las áreas urbanas. En Tegucigalpa se concentra cerca de un tercio de la PEA (33%) y en San Pedro Sula y en el resto urbano un poco más de la quinta parte. En el sector comercio la mayor parte de la fuerza de trabajo es femenina también (59%). La categoría laboral predominante es la de TCP (50%), seguida en importancia por el servicio doméstico (20.6%) y luego los TCP (50%), seguida por los asalariados no profesionales (24.6%) y los trabajadores familiares no remunerados (13%). En su ubicación regional, la PEA en el comercio tiene más importancia en las ciudades (alrededor del 25%) que en el área rural (11%). En este subsector la informalidad parece ser mayor que en otras áreas. En la actividad agrícola, el TCP está asociado al minifundismo o tenencia precaria de la tierra, mientras que en la zona urbana se identifica con el trabajo informal. Ambas

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tienen en común el hecho de que están dirigidas a la subsistencia. De acuerdo con el estudio: "Evaluación de la Fuerza Laboral en Honduras", financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), para mediados de los años 90, la situación actual del mercado laboral hondureño indicaba la existencia de una marcada brecha que separa a los trabajadores en dos grupos bien definidos. Por un lado, se encuentra una mayoría de los trabajadores quienes posee escasa instrucción y con pocas diferencias salariales según la función desempeñada. Dentro de este grupo, la capacitación de un obrero no se traduce automáticamente en un salario más alto, por lo cual se elimina el incentivo personal para que el obrero desee adquirir nuevas aptitudes. De ahí que en el mercado la demanda de capacitación sea restringida. Por su parte, los empleadores siguen prefiriendo los métodos de producción y servicios basados en el uso extensivo de mano de obra barata, aprovechando la ventaja de los salarios comparativamente más bajos que en el resto de la región, mientras al mismo tiempo critican la falta de aptitudes y de ética de trabajo en el obrero. Los empleadores no crean una fuerte demanda de aptitudes técnicas en el mercado. Por encima de cierto nivel básico de instrucción y capacitación (educación secundaria y luego enseñanza técnica especializada), el mercado laboral comienza a funcionar de manera más clásica; es decir, permitiendo que el trabajador mejore su situación y sus ingresos cuando adquiere nuevas aptitudes. Los empleadores rápidamente contratan a dichas personas y les pagan en consonancia. La brecha que separa a esos trabajadores de la gran masa de mano de obra no calificada es considerable. Por consiguiente, el factor crítico sigue siendo la situación en que se encuentra la educación básica en Honduras. Sin embargo, pese al aumento considerable en la inscripción de estudiantes en los programas de enseñanza

técnica, no se observan esfuerzos significativos por aumentar la oferta de tales programas a fin de satisfacer los requerimientos del mercado laboral. De acuerdo con el Estudio Sectorial, al analizar el período 1990-96, se tiene que los trabajadores con jornada completa con bajo nivel educativo aumentaron menos que aquellos con niveles educativos más altos. Los trabajadores sin ningún nivel educativo o analfabetas disminuyeron en el período aproximadamente un 6%. Las personas del siguiente nivel (primaria incompleta) aumentaron en un 10%, las de primaria completa en un 61%, las de secundaria y técnica incompletas en un 69%, las de secundaria y técnica completa, 61% y las de educación superior, 108%. También las mujeres exhiben en términos relativos, un mayor nivel de escolaridad que los hombres. En 1996, el porcentaje de mujeres con nivel de secundaria o superior era del 37%, mientras que el de los hombres alcanzó el 22%. A pesar de esto, persisten considerables diferencia entre los ingresos de las mujeres y de los hombres en todos los niveles. Se observa una tendencia marcada de la PEA a aumentar su nivel de escolaridad, indicador indirecto de un aumento creciente de la demanda de educación formal de parte de los trabajadores a la que el sistema educativo ha estado respondiendo. Al utilizar el indicador de Edwards y Todaro para analizar el cambio en el nivel educativo de los desempleados y subempleados en el período, la oferta excede efectivamente a lo que puede absorber el mercado de trabajo. En efecto, la escolaridad promedio de la población desocupada (aproximadamente 7 años entre 1990 y 1996) es mucho más alta que la de la PEA ocupada (5.3 años en 1996). En el caso de la PEA subocupada11, el promedio de escolaridad es de tres años. 11 La PEA desocupada incluye a personas que están ejerciendo presión sobre el mercado de trabajo, se trata principalmente de personas buscando empleo por primera vez y de los cesantes. En el caso de la PEA subocupada se trata, por lo general, de

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En Panamá la falta de oportunidades de trabajo afectaba con mayor fuerza la región metropolitana, en donde la tasa de desempleo ascendía al 16%. En cuanto al sexo, el desempleo incidía mayormente en las mujeres, que presentaban una tasa de desocupación de 19%, frente a 11% de los hombres. La subutilización de la mano de obra se expresaba en casi un tercio de la población clasificada en las categorías “actividades por cuenta propia” y “trabajadores familiares no remunerados”, cuyos niveles de ingreso, en la mayoría de los casos, son muy bajos12. La composición de la PEA por rama de actividad ha variado sustancialmente en las últimas décadas, así la agricultura ha tenido un descenso considerable, al pasar del 60.6% de la PEA en 1960 al 14.5% en 1996, con un leve crecimiento a partir de 1997 para alcanzar el 18.2% en 1998. Contrariamente, el sector industria junto con el comercio y los servicios han experimentado un crecimiento considerable, sobre todo a partir de 1970, situándose en el 24.3% y el 57.5% para 1998, respectivamente. Esto evidencia un proceso de "terciarización" de la economía. En 1998 se registró un ligero decrecimiento en el sector servicios en favor del sector comercio e industria. Las ramas del sector Servicios (excluyendo servicios financieros) y Comercio juntos crearon 43% de los empleos plenos en el período 1991-1996, la Agricultura el 17% y la Industria sólo el 12%. Una gran proporción de los empleos nuevos en todos los sectores de la economía son empleos a tiempo completo y con salarios al menos iguales al salario mínimo. Esto marca una diferencia con otros países de la región que se caracterizan por la magnitud e importancia creciente del empleo informal. personas con un bajo nivel educativo y que no están en condiciones de encontrar un puesto de trabajo, por lo que terminan autoempleándose o aceptando jornadas de corta duración. 12 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA. Op. cit.

En República Dominicana durante el período 1991-1998, la PEA tuvo un crecimiento del 25.6%; la PEA ocupada también tuvo un crecimiento sostenido del 33.0%, con un crecimiento anual de 93.416 ocupados. En el mismo período la PEA desocupada decreció levemente en un 5.7%, lo que significó una reducción promedio anual de 3.673 puestos. La PEA ocupada para 1991, representaba el 80.4% de la PEA total, mientras que para 1998 ascendió al 85.3%. Por su parte, la PEA desocupada representaba el 19.6% para 1991, mientras que para 1998 representaba el 14.7%, hecho que refleja un descenso en la tasa de desempleo. Por sexo, se tiene que la PEA masculina se incrementó durante 1991-1998 con un crecimiento porcentual del 7.4%, mientras que la PEA femenina creció al 9.6%, indicativo de una creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. La tasa global de participación, medida por la proporción de la población de 10 años y más que está ocupada o en busca de trabajo, pasó del 42.6% en 1984, al 57.6% en 1998. En consecuencia se redujo la población inactiva y aumentó considerablemente la participación. Entre 1984 y 1998 la tasa de ocupación se incrementó significativamente, al pasar del 32.9% al 49.1% acorde con el crecimiento promedio del 3.9% del PIB real. La tasa de desocupación fue del 14.7% en promedio, en contraste con el 23.0% registrado en 1984. En el Distrito Nacional, la tasa de desocupación alcanzó el 19.1%, mientras que para el resto de las zonas urbanas, bajó al 14.8% y en el resto de las zonas rurales llegó al 10.%, indicativo de que la demanda de empleo insatisfecha para la zona del Distrito Nacional es mucho mayor que en el resto de las zonas urbana y rural, debido en parte a los procesos migratorios hacia la capital. La tasa de desocupación por género presenta importancias significativas, alcanzando la masculina el 9.2% y la femenina el 23.9%, lo

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que demuestra que aún existen barreras para la absorción de mano de obra femenina. Estas cifras revelan que el crecimiento de la economía se ha traducido en un ensanchamiento de las oportunidades de empleo para los dominicanos, ya que ha pesar que la PEA ha aumentado, la desocupación ha descendido significativamente. Por categoría de ocupación, el 43% de los ocupados se encontraba laborando por cuenta propia, el 33.5% eran empleados privados y el 10.8% empleados públicos, es decir, 88% del total de ocupados, mientras el restante 12% eran empleadores o patronos en empresas no constituidas en sociedad, trabajadores no remunerados y empleados del servicio doméstico. De acuerdo con los grupos ocupacionales, la mayor proporción son trabajadores de servicios y vendedores, con el 23.0%; el

19.6% son trabajadores no calificados; el 15.6% son oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios; el 13.9% son agricultores y trabajadores calificados, agropecuarios y pesqueros, y el 10.6% son operadores de instalaciones y máquinas y montadoras. La categoría de profesionales y técnicos disminuyó en un 58.8%, entre los gerentes y administradores en 44.7% entre los comerciantes y vendedores en 45% y entre los agricultores y ganaderos en un 13.9%. Sin embargo, en la categoría de los empleados de oficina aumentó en un 10.8%. Debido a los procesos de reducción del Estado iniciados en 1997, el cual incluye la privatización de empresas públicas, es de esperarse que la tasa de cesantía aumente considerablemente como consecuencia de los despidos que se han efectuado en el sector público.