“El Estado como Empleador de Última

Instancia, la perspectiva postkeynesiana aplicada al caso argentino”

Agustina Taverna “Trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017.”

Contenido Resumen .............................................................................................................................................. 3

Introducción ........................................................................................................................................ 3

El Estado como Empleador de Última Instancia ................................................................................. 7

¿Cómo financiar esta política? ............................................................................................................ 9

Efectos esperados del programa ....................................................................................................... 10

Simulación del programa para Argentina ......................................................................................... 12

Resultados ......................................................................................................................................... 12

Conclusiones ..................................................................................................................................... 15

Anexo ................................................................................................................................................ 17

Bibliografía ........................................................................................................................................ 20

Resumen Al inicio del siglo XXI la situación argentina, similar a la latinoamericana en general, es la

de un cuestionamiento de ideas neoliberales, donde el Estado asumió un nuevo rol,

generando cambios en las políticas sociales. Si bien la prioridad asignada al crecimiento del

producto y el empleo condujo, a una mejora en los indicadores económicos y sociales,

persisten en la región problemas socioeconómicos como desempleo, precariedad laboral y

pobreza, con la consecuente exclusión de sectores de la población a la seguridad social.

Entre los instrumentos estatales para afrontar las problemáticas de esta índole, destacan las

fiscales. La presente investigación analiza como el enfoque del Estado como empleador en

última instancia logra solucionar este problema desde una postura postkeynesiana. La

misma se realizo mediante la aplicación de estimaciones econométricas basadas en

indicadores socioeconómicos de la Argentina para el año 2015 y explorando sus

consecuencias sobre la economía real de dicho país. La política de inyección de dinero,

sobre la demanda agregada de sectores sociales postergados, reduce los niveles de pobreza

y desempleo, viendo estos efectos a través del equilibrio general. Los resultados ahondan

en la exploración empírica y proyectiva de la teoría original Minsky, abonando a la

capacidad explicativa de dicha teoría para la realidad económica latinoamericana de la

segunda década del presente siglo.

Introducción

El comienzo de siglo para nuestro país no es un caso diferente a lo sucedido en el resto de

Latinoamérica. El cuestionamiento de ideas neoliberales hicieron que el Estado asumiera un

nuevo rol, generando cambios en las políticas públicas en general y en las políticas sociales

en particular. Si bien la prioridad asignada al crecimiento del producto y el empleo condujo,

en la mayoría de los países, a una mejora en los indicadores económicos y sociales,

persisten en la región problemas socioeconómicos que afectan a una parte importante de la

población: desempleo, precariedad e informalidad laboral, pobreza e indigencia. De esta

forma, amplios grupos de la población suelen encontrarse excluidos del acceso a los

beneficios de la seguridad social.

En Argentina, la crisis de la Convertibilidad y su salida generaron un proceso de

significativos cambios en las políticas públicas. La disputa entre diversas fracciones y

clases sociales por la orientación del modelo de desarrollo, en articulación con los límites

impuestos por la estructura económica y social construida durante la etapa neoliberal,

condujeron a nuevas orientaciones en la dinámica de la lucha social y la acción del Estado.

En este contexto y con grandes debates de por medio, las políticas sociales se

transformaron notablemente para hacer frente a las necesidades expuestas en la población.

Pero dichas políticas tomaron un nuevo rumbo en 2008 frente a la desaceleración en los

niveles de actividad producto de la crisis económica mundial. Los cambios en la

macroeconomía conducen a profundizar políticas destinadas a aquellos individuos menos

beneficiados en los años de crecimiento sostenido, en especial a todas las personas que no

tenían cobertura del sistema de seguridad social (ya sea por no participar del mercado de

trabajo o por hacerlo de manera precaria/informal).

Todo esto nos lleva a pensar cuál es el rol del estado en nuestra sociedad. Musgrave nos

dice que el mismo tiene tres funciones esenciales: asignación, distribución y estabilización.

Sin embargo, el más relevante es el último dado que su objetivo es permitir formular un

camino para alcanzar el pleno empleo junto con altos niveles de crecimiento de la economía

y estabilidad de precios, evitando fluctuaciones económicas importantes que repercuten de

manera grave en el desarrollo de los países.

La necesidad del Estado de cumplir su rol de estabilizador surge frente a los altos niveles de

desempleo e inflación, generados por insuficiencia de la demanda agregada y excesiva

demanda y pleno empleo, respectivamente.

Para afrontar estas problemáticas y lograr alcanzar los objetivos, el Estado tiene distintos

instrumentos donde los mismos pueden ser monetarios, a través de la tasa de interés,

modificación de expectativas, nivel de precios, etc.; o bien fiscales donde se modifica la

demanda agregada (gastos financiados con emisión, deuda o impuestos).

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ind

ice

de

Gin

i

Indice de Gini según Banco Mundial

Indice de Gini según INDEC

En línea con estas funciones para solucionar los problemas de desigualdad, y aceptando que

el crecimiento económico por sí solo no alcanza generándose una clara necesidad de una

participación más activa por parte del Estado. A pesar de las diferentes políticas

implementadas por el Estado Nacional en los últimos años, el índice de Gini (herramienta

que se utiliza para medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso) que se vio

disminuido sigue igualmente en niveles elevados para nuestro país como se puede observar

a continuación.

Gráfico 1: Evolución del índice de Gini según Banco Mundial y el INDEC, para los años 2004-2015.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y Banco Mundial.

Hyman Minsky sostenía que “Un ingrediente necesario de cualquier guerra contra la

pobreza es un programa de creación de empleo; y nunca se ha demostrado que un

exhaustivo programa de creación de empleo, tomando a las personas como son, eliminará

por sí sola una gran parte de la pobreza que existe. Además que en lugar de proporcionar a

los pobres la oportunidad de trabajar, hay que brindarles la oportunidad de aprender a

trabajar”.

Es así como Minsky, Kalecky, Abba Lerner entre otros, proponen una política de estado de

creación de empleo, es decir que la creación de empleo y la disminución de la pobreza

como consecuencia del desempleo esté en manos del gobierno y no del sector privado.

Actualmente los economistas Wrandall Ray, Pavlina Tcherneva, Mathew Furstater, entre

otros, son quienes estudian principalmente e impulsan la aplicación de este tipo de

programas en países donde el ingreso proveniente de salarios es el recurso mayoritario en

los hogares.

Ellos marcan como un ejemplo claro de este tipo de programas lo ocurrido durante la

presidencia de Franking Roosvelt en el New Deal con programas inclusivos como “Civilian

Conservation Corp” y el “Works Progress Administration”, los cuales eran agencias que se

encargaban de emplear individuos que se encontraban en condición de desempleo para

trabajar en obras públicas financiadas por el Estado. Con estos programas se crearon 3,6

millones de empleos lo que ayudó sustancialmente a poder salir de la crisis, y estimular la

creación de empleos en el sector privado. Otro ejemplo fue Suecia, en donde se

desarrollaron programas amplios que garantizaban el acceso a puestos de trabajo a todos. A

pesar de que el gobierno sueco durante los años ’70 volvió para atrás un poco con esta

política, Suecia se encuentra cerca del pleno empleo ofreciendo programas generadores de

empleo con salarios muy altos.

En Argentina, en el año 2002 se implementó el programa Jefas y Jefes de Hogar

Desocupados (JJHD), el cual estaba destinado a todos los jefes de familia sin trabajo y con

hijos menores de 18 años a cargo, el mismo creó 2 millones de puestos de trabajos, lo que

representaba un 5% de la población y aproximadamente el 13% de la fuerza laboral total

del país.

En la práctica el programa presentó algunas diferencias con la propuesta postkeynesiana, ya

que no participaron en el programa todos aquellos que querrían hacerlo, y de aquellos que

sí participaron, no todos realizaron una contraprestación laboral (o se capacitaron), también

existieron beneficiarios que no realizaron tarea alguna. Al haberse relajado la

“contraprestación” exigida y al carecer de continuidad en el tiempo (la prestación duraba

entre 3 y 6 meses, aunque era renovable en determinadas condiciones), el programa JJHD

actuó como una suerte de seguro de desempleo masivo. A pesar de que los impulsores

postkeynesianos del EUI lo toman como ejemplo al programa aplicado en la Argentina, por

las características mencionadas anteriormente funciona como ejemplo acotado del EUI.

Si bien esta política postkeynesiana del “Estado como Empleador de Última Instancia” fue

viable en países desarrollados y vemos que funciona, generando grandes logros y avances

en el crecimiento de dichos países, cabe preguntarnos si es posible implementar este

programa en Argentina para mejorar el problema coyuntural actual, dado que al mejorar la

situación laboral de los individuos, generando empleo público garantizado y sostenido con

un nivel de salario seguro, permitirá avanzar hacia una economía desarrollada con altos

niveles de riqueza generando también una caída en la desigualdad y la pobreza.

Como veremos más adelante, en nuestro país y en otros de la región es viable este tipo de

programas siendo una posible solución a los problemas de antes mencionados que

necesitan de un Estado activo y presente.

El Estado como Empleador de Última Instancia

“El problema de la política es desarrollar una estrategia para el pleno empleo que no conduzca a inestabilidad, inflación y desempleo. El instrumento principal de tal política es la creación de una demanda de trabajo infinitamente elástica a un salario piso o mínimo que no dependa, ni a largo ni a corto plazo, de las expectativas de ganancias de las empresas. Puesto que solamente el gobierno puede divorciar la oferta de empleos del beneficio que genera emplear trabajadores, la demanda de trabajo infinitamente elástica debe ser creada por el gobierno."

-- Hyman P. Minsky, Stabilizing an Unstable Economy, 1986

Esta propuesta heterodoxa como el resto de las políticas relacionadas al empleo tiene como

objetivos reducir el nivel de desempleo, beneficiar a un grupo socioeconómico específico

que se considera perjudicado y postergado, y proveer un valor social a un bien o un servicio

que no hubiera sido producido en otra situación por el sector privado. Es decir que queda a

criterio del Estado en función de sus objetivos la elección del sector de la economía donde

implementaría esta política de empleo y capacitación de individuos.

El EUI sostiene que es posible conseguir o acercarse al pleno empleo en un contexto de

mercado laboral flexible con las siguientes características:

1. Se le ofrece trabajo a todos aquellos individuos que quieran, puedan y estén

disponibles para trabajar, sin importar sexo, edad, experiencia, raza, a un salario fijo

establecido por el Estado.

2. Actúa como estabilizador automático asegurando un nivel de demanda agregada que

sea suficiente para alcanzar el pleno empleo. Y los trabajadores entran y salen de

este programa según se contrae o expande el empleo en el sector privado. Esto no

implica competencia con el empleo formal privado o público. Es decir que si la

demanda de trabajadores del sector privado se redujera, entonces aumentaría la del

sector público, mientras que en cuanto la actividad económica mejora y aumenta la

actividad del sector privado, los trabajadores empleados en el programa EUI

podrían abandonarlo cambiando su empleo por uno en el sector privado, debiéndose

este pase a los mayores salarios pagados en él.

3. La remuneración del empleo realizado bajo este programa tiene que ser suficiente

para alcanzar un nivel de vida digno, y ayuda a mantener estabilidad en el nivel de

precios y salarios, incluyéndose seguros de salud.

4. Durante el programa se capacitarán a los individuos para facilitar su ingreso en el

mercado laboral post programa tanto en el sector privado como público.

5. Los individuos que forman parte del programa trabajaran en la realización de

actividades socialmente útiles.

Un elemento central para el funcionamiento de este programa es el salario propuesto por

parte del Estado el cual funcionaría como un salario mínimo ya que nadie estaría dispuesto

a trabajar tanto en el sector privado como en el público, fuera de este programa, por un

salario menor al propuesto por el Estado como Empleador de última Instancia, EUI de

ahora en adelante. Además las personas que tienen un salario de reserva superior a este,

pueden rechazar esta oferta de trabajo y seguir siendo desempleados pero de manera

voluntaria.

¿Cómo financiar esta política? Un economista tipo con formación neoclásica la primera pregunta que se haría fiel a su

formación es: “¿De dónde saldrá el dinero para financiar esta política de contratación

masiva por parte del Estado?”

Según los economistas que forman parte de la misma corriente de pensamiento que propone

esta política como solución en el mercado laboral, los postkeynesianos, para entender el

financiamiento de este tipo de programa hay que tener presente la capacidad que tiene el

Estado de hacer que el “dinero” sea aceptado por toda la sociedad como el instrumento que

se utilizará para pagar las obligaciones. Es el mismo Estado el que emite esta moneda para

comprar todos los bienes y servicios que desea al sector privado, y es este último sector el

que recibe el dinero y genera necesidad de acumular para tener stock o solo para saldar las

obligaciones fiscales que tiene con el Estado.

Si el gobierno aumenta el gasto generando un aumento del déficit, implica que mayor

cantidad de dinero se encuentra en manos del sector privado, y si se quiere evitar que

disminuya la tasa de interés es el propio Estado el que puede salir a pedir prestado al

privado el dinero que él mismo emitió controlando con intervenciones en el mercado

monetario el valor de su moneda, y esto es posible según Randall Wray si la economía

posee una moneda soberana, es decir que no haya compromiso por parte del Estado en

convertir esa moneda en oro o cualquier otra moneda. Entonces no habría inconvenientes

de financiar este programa.

Es decir no sería necesario una recaudación previa para el financiamiento de la política,

sino que se destine parte del presupuesto o se emita ya que no genera efectos inflacionarios.

Sin embargo, en una economía como la de nuestro país no es tan sencillo el financiamiento

de la manera como la que mencionamos anteriormente, ya que la economía argentina se

enfrenta a restricciones al ser una economía dependiente y periférica. En nuestro caso la

tasa de interés se vuelve objetivo de política y el tipo de cambio si se deja que sea libre y se

acomode con las variaciones que necesite en función de la tasa de interés tendría grandes

implicancias a nivel macroeconómicos. Igualmente estas restricciones pueden llegar a no

ser inamovibles y se podría financiar el programa según recomiendan los propios

ideólogos.

También sabemos que existen numerosas fuentes de financiamiento a las que se pude

recurrir sin seguir la receta original de esta política de la emisión, como es reasignar los

recursos que ingresan por recaudación, utilizar el fondo de garantía de sustentabilidad, o si

nos enfocamos en las recomendaciones realizadas por Hanni, Martner y Podestá en su

trabajo “El potencial redistributivo de la fiscalidad en América Latina”, se podría buscar

alguna modificación en el impuesto a la renta personal aumentando las tasas efectivas de

los últimos deciles, para disminuir de esa manera la evasión y elusión, generando un mayor

nivel de recaudación que permita aumentar la redistribución del ingreso mediante la

implementación de un programa como el EUI.

Efectos esperados del programa Como primer efecto del programa nos encontramos con una expansión de la demanda

agregada ya que personas que actualmente no reciben ingresos o los tienen pero en niveles

muy bajos verán incrementado su ingreso disponible y de esta manera aumentará el

consumo agregado debido a que su propensión marginal a consumir es mayor en

comparación con los deciles superiores, disminuyendo así las exportaciones y aumentando

las importaciones deteriorando la balanza comercial ya que los principales productos de

exportación de nuestro país son bienes de consumo, como carne y cereales. Es decir que al

aumentar el consumo de bienes y servicios finales, se genera un aumento en el

multiplicador de la demanda agregada.

Si bien este mismo efecto se puede tener aumentando las transferencias en efectivo o en

especie, o vía reducción de los impuestos, no se generarían los puestos de trabajo donde

más se necesitan estratégicamente y personas con pocas calificaciones y/o sin instrucciones

no se podrían insertar nunca en el mercado laboral y seguirían sin cobertura de salud

dependiendo de la capacidad de atención de la salud pública. Vale recordar que con esta

política no solo se emplea gente sino que se brinda capacitación constante, la cual abre

caminos y genera más oportunidades en el mercado laboral.

En términos salariales, si el salario que determina el programa es superior al mínimo que

existe actualmente, los salarios que se ubican por debajo aumentarán, y también se esperará

que este movimiento ascendente se traslade al resto de los salarios nominales del mercado,

que si bien se espera que ese aumento sea mayor en los niveles de ingresos más bajos y

menor en los salarios más elevados del mercado, se generaría una disminución de la

dispersión salarial.

Sin embargo, si el salario que se ofrece al ingresar al EUI es igual al salario mínimo,

Otro efecto es el logro del pleno empleo sin generar inflación, ya que el Estado al

estabilizar el precio de la mano de obra que es uno de los principales costos de producción

en la mayoría de los bienes y servicios de la economía. Además si bien deja de existir la

amenaza del desempleo porque al quedar sin trabajo pueden recurrir al EUI, no es muy

probable que se logren los aumentos salariales requeridos ya que el empleador del sector

privado puede contratar a alguien que se encuentre trabajando bajo el programa EUI

ofreciéndole un salario mayor al que recibe en el programa. De esta manera se frenan los

aumentos de precios que generan inflación por el control de las presiones salariales. Es

decir, el EUI funciona como un ancla que no permite presiones inflacionarias debido al

aumento salarial.

El Estado además si altera de alguna manera las condiciones de trabajo en el sector público

volviendo más atractivo insertarse en el sector privado, lograría que este último aumente su

recaudación y al aumentar la demanda agregada generando crecimiento de la economía

argentina, los privados verán incrementadas sus ganas de invertir en el país, y no producir

de esta manera un crowding out del sector público al privado, sino una complementación de

ambos.

Simulación del programa para Argentina A continuación presentamos una simulación del programa en nuestro país para el segundo

trimestre del 2015 en función de los datos provenientes de la Encuesta Permanente de

Hogares para los 31 aglomerados urbanos que releva esta encuesta.

Antes de realizar la simulación, procedemos a calcular el índice de Gini del ingreso per

cápita familiar, el cual es un indicador de la desigualdad de los ingresos. Se calcula sobre la

base de cuánto de la torta recibe cada parte de la población y tiene un valor entre 0 y 1,

siendo menos desigual aquellos países cuyo indicador se acerque a 0 y más desigual cuanto

más se aproxime a 1. Es decir, el resultado esperado y deseado por cualquier hacedor de

política sería que el Índice de Gini disminuya con el paso del tiempo.

Además vamos a calcular cuántos individuos de los relevados en la encuesta se encuentran

por debajo de la línea de indigencia y pobreza antes de aplicar el programa para poder

realizar una comparación antes y después.

Toda la metodología utilizada para la estimación de la línea de pobreza se encuentra en el

Anexo.

Resultados En la situación inicial previa a la aplicación de la política nos encontramos con una

economía que tiene un índice de Gini en función del ingreso per cápita familiar de 0,4.

Además en este escenario nos encontramos con que el 1,38% de la población se encuentra

bajo la línea de indigencia y el 9,71% en condiciones de pobreza.

Para el segundo trimestre de 2015 el salario mínimo vital y móvil ascendía a un monto de

$4716, este es el salario neto de aportes a la obra social elegido en la simulación del

programa. Por lo tanto estimamos un escenario de máxima en el cual participan del

programa todos los desocupados y los ocupados que tengan un ingreso laboral de la

actividad principal menor al mínimo vital y móvil.

Antes de realizar la simulación nos encontramos con la siguiente distribución de ocupados,

ocupados con un salario menor a $4716, desocupados, inactivos y menores de 10 años.

Tabla 1: Distribución de las personas según su condición por regiones. Año 2015.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Suponiendo que van a ingresar al programa todos los desocupados que pasarían a estar en

condición de ocupados, y todos los ocupados con un salario actual menor al mínimo, nos

encontramos con esta nueva distribución de las personas según su condición por regiones:

CondiciónGran Buenos

AiresNOA NEA Cuyo Pampeana Patagonia Total

No Respuesta 12 10 1 6 8 7 44

Ocupados 2.516 2.090 1.016 1.154 3.615 2.277 12.668

Ocupados con

salario meor al

SMVM

2.138 2.823 1.161 1.281 3.286 988 11.677

Desocupados 343 283 40 97 501 153 1.417

Inactivos 4.218 5.265 3.064 2.523 6.927 2.982 24.979

Menores de 10

años1.638 1.912 858 941 2.361 1.236 8.946

Total 10.865 12.383 6.140 6.002 16.698 7.643 59.731

Tabla 2: Distribución de las personas según su condición luego del EUI por regiones. Año 2015.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Observamos que entrarían al programa un total de 13.094 personas, de los cuales el 28,9%

pertenecerían a la región Pampeana, seguido por NOA y en tercer lugar Gran Buenos Aires.

Luego de aplicado el programa calculamos nuevamente el índice de Gini el cual disminuye

a 0,35, es decir que con esta política la distribución del ingreso se vuelve más igualitaria en

la economía argentina. Por otro lado nos encontramos con que el porcentaje de individuos

bajo la línea de indigencia cae de 1,38% a 0,32%, lo mismo ocurre con las personas que se

encuentran en condiciones de pobreza ya que pasamos de la situación inicial de 9,71% a

tener solamente el 2,44% de la población bajo estas condiciones.

Es decir que solamente con la aplicación de la política, la economía se volvió más

igualitaria y el porcentaje de personas bajo condiciones pobreza y pobreza extrema

disminuye considerablemente.

Además en términos salariales podemos observar en la siguiente tabla que en todas las

regiones aumentó el salario promedio de la actividad principal luego de la aplicación del

programa.

Otro indicador importante es el coeficiente de variación, el cual es una medida de

dispersión que describe la variabilidad de las observaciones en relación con la media. Por lo

tanto en todo el país vemos una reducción de las variaciones de todos los salarios de la

CondiciónGran Buenos

AiresNOA NEA Cuyo Pampeana Patagonia Total

No Respuesta 12 10 1 6 8 7 44

Ocupados 2.516 2.09 1.016 1.154 3.615 2.277 12.668

Ocupados en

el programa2.481 3.106 1.201 1.378 3.787 1.141 13.094

Inactivos 4.218 5.265 3.064 2.523 6.927 2.982 24.979

Menores de 10

años1.638 1.912 858 941 2.361 1.236 8.946

Total 10.865 12.383 6.140 6.002 16.698 7.643 59.731

actividad principal con respecto al salario promedio. Esto significa que la dispersión

salarial disminuyó y es una prueba más de que la desigualdad en términos de ingresos se

vio reducida una vez aplicado el programa.

Tabla 3: Comparaciones en términos salariales antes y después del programa. Año 2015.

Salario promedio Desvío Estándar Coeficiente de

Variación

Región Antes de

EUI Después de EUI

Antes de EUI

Después de EUI

Antes de EUI

Después de EUI

Gran Buenos Aires

5.817 7.262 5.618 4186 0,97 0,58

NOA 4.287 6.188 4.286 2.776 1,00 0,45

NEA 4.650 6.370 4.563 3.288 0,98 0,52

Cuyo 4.947 6.661 4.888 3.463 0,99 0,52

Pampeana 5.499 7.012 5.417 3.968 0,99 0,57

Patagonia 9.358 10.214 8.074 6.931 0,86 0,68

Total 5.623 7.136 5.556 4.143 0,99 0,58 Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Por el lado del costo de esta política, tenemos que por cada individuo que ingresa al

programa el salario es $ 4716 más el 8% de contribuciones a la obra social para que cada

persona que participe del mismo tenga la cobertura de salud.

Por lo tanto, el salario bruto de cada trabajador es de $ 5093,28, y en el escenario de

máxima que tomamos en el que todos los individuos que se encontraban en condiciones

ingresaban al programa, esta política significa para el estado un costo solamente en materia

salarial de $ 66.691.408,3 por mes.

Conclusiones Toda la región latinoamericana se vio afectada y desprotegida frente a los cambios en la

economía mundial en 2008 producto de la crisis. Ante la situación de altos niveles de

desempleo, desigualdad en la distribución del ingreso, pobreza e indigencia era necesario

un rol activo por parte del Estado para que reformulara las políticas sociales buscando

favorecer a los sectores más vulnerables.

Frente a esto, se propuso la política postkeynesiana conocida como “Estado como

Empleador de Última Instancia”, que garantiza un empleo digno para todos aquellos

individuos que puedan, quieran y estén dispuestos a trabajar, obteniendo un salario digno y

una cobertura de salud que le permita mejorar su calidad de vida y la de su familia.

Cabe destacar que este programa político, no sólo intenta solucionar las fallas en el

mercado laboral que llevaron a tomar decisiones de política económica erróneas

anteriormente y que conllevó a perjudicar a los sectores con menores herramientas y

capacidades de defenderse, sino que también busca establecer una conexión en el

consciente colectivo de la sociedad entre un salario seguro y un empleo público garantizado

y sostenido en el tiempo.

En el presente trabajo se realizó una simulación de aplicación de este tipo de programas

para Argentina para el año 2015, y encontramos que si ingresan al programa todos aquellos

individuos en condiciones de participar, se reduce tanto el porcentaje de población en

condiciones de indigencia como de pobreza, pasando de 1,38% a 0,32% y de 9,71% a

2,44% respectivamente. Además la distribución del ingreso se volvería más igualitaria ya

que el índice de Gini presenta una disminución, pasando de 0,4 a 0,35.

Por lo tanto ante la pregunta de si este tipo de programa se puede aplicar en Argentina, la

respuesta es sí; vemos que es posible implementar una política de estas características en

nuestro país. Seguir las recomendaciones aconsejadas por los economistas Post-

Keynesianos ayudaría a mejorar las condiciones coyunturales, generándose altos niveles de

empleo, haciendo que la distribución del ingreso se vuelva menos desigual y produciendo

como fin último que muchas personas puedan salir de situaciones vulnerables como lo son

la pobreza y la indigencia.

En el caso de que las restricciones que tiene la economía argentina no permitan la

implementación de este programa tal como lo presentan las recomendaciones de sus

pensadores, es necesario repensar en alguna nueva política monetaria o fiscal parecida a

este programa que permita altos niveles de protección social como EUI ya que este crea

suficiente empleo para personas de bajas calificaciones, y en caso de que el individuo se

encuentre desempleado por un período largo de tiempo, bajo un programa como el EUI se

estaría capacitando continuamente, teniendo un empleo que le permita una vida digna

evitando así la desmotivación de estar fuera del mercado laboral.

Si bien los problemas económicos, específicamente en el mercado laboral, no se van a

solucionar en un abrir y cerrar de ojos, es necesario que el Estado tome un rol activo y

comience a generar líneas de acción relacionadas con el fortalecimiento del mercado

interno, principalmente en aquellos sectores que son intensivos en mano de obra, junto con

programas como el EUI que generan además capital humano.

Anexo Para poder estimar la pobreza absoluta en la población argentina se utilizan dos métodos:

Directo que identifica los hogares o personas que no alcanzan a satisfacer las

Necesidades Básicas

Indirecto, conocido como “enfoque del ingreso”, que calcula la Línea de la

Pobreza a partir de la construcción de la canasta básica. Esta última se divide en dos

tipos: la Canasta Básica Alimentaria que se utiliza para medir la indigencia mientras

que la Canasta Básica Total se usa para la medición de la pobreza; en ambos casos

es calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Tanto la Línea de Indigencia como de la Pobreza son conceptos normativos, ya que por

debajo de ellas las personas no tienen la capacidad para alcanzar un mínimo nivel de vida.

Es decir, que la medición de la pobreza de esta manera es un método indirecto y

unidimensional porque se comparan los ingresos totales que declaran los miembros del

hogar en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) con los ingresos establecidos como los

umbrales de indigencia y pobreza.

La canasta básica alimentaria, conocida como canasta de referencia, se determina según los

hábitos de consumo de la población que se está estudiando y depende de los requerimientos

normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto de entre 30

y 59 años cubra durante un mes esas necesidades (este individuo toma el nombre de “adulto

equivalente”)

Como los requerimientos nutricionales difieren según el sexo y la edad de la persona, se

construyen equivalencias para poder determinar cuánto consumen las personas de otras

edades y sexos.

Mientras que la Canasta Básica Total incluye además de los alimentos y bebidas, bienes y

servicios no alimentarios, y se calcula ampliando la canasta alimentaria utilizando la

inversa del Coeficiente de Engel siendo este la relación entre el gasto en alimentos y los

gastos totales de los hogares.

El valor de la canasta se determina asignándole los precios ajustados de cada mes según las

variaciones del Índice de Precios al Consumidor para el Gran Buenos Aires. Es decir que

cualquier variación en el Índice de Precios altera el valor de las mismas.

Para estimar el porcentaje de individuos bajo condiciones de indigencia y pobreza,

actualizamos el valor de la canasta básica alimentaria por el IPC de bebidas y alimentos que

publica la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincias de San Luis. Se

eligió ese índice porque conjuntamente con el que publica la Ciudad de Buenos Aires son

los que utilizaron durante todos estos años la oposición política como guía para medir la

inflación ya que había posiciones a favor y en contra de los índices publicados por el

INDEC.

Como dijimos anteriormente la Canasta Básica Total es la Canasta Básica Alimentaria

multiplicada por la inversa del Coeficiente de Engel. Para poder realizarlo tomamos los

valores publicados por INDEC de la inversa de dicho Coeficiente (β) y se actualizó también

con el IPC San Luis de la siguiente manera:

𝛽𝑚 = 𝛽𝑚−1 ∗ (𝐼𝑃𝐶𝑛𝑔

𝑚 𝐼𝑃𝐶𝑎𝑙𝑚⁄

𝐼𝑃𝐶𝑛𝑔𝑚−1 𝐼𝑃𝐶𝑎𝑙

𝑚−1⁄)

Siendo IPCmng e IPCm-1 ng índice de precios nivel general en el mes m y m-1

respectivamente, mientras que IPCmal e IPCm-1al los índices de precios en alimentos y

bebidas para el mes m y m-1 también respectivamente.

De esta manera determinamos,

𝐶𝐵𝑇𝑚 = 𝐶𝐵𝐴𝑚 ∗ 𝛽𝑚

Luego, para poder determinar la incidencia de la pobreza utilizamos el indicador propuesto

porFoster, Greer y Thorbecke en un artículo de 1984:

𝐶𝐵𝑇𝑚 = 𝐶𝐵𝐴𝑚 ∗ 𝛽𝑚

Siendo 𝑥𝑖: el ingreso per cápita familiar que se compara con la línea de la pobreza (𝑧) para

ese año.

Si bien existe un indicador FGT para cada valor de α, el cual define la estructura con la que

se pondera a cada individuo pobre para arribar al índice agregado, en nuestro caso en

particular utilizamos un valor de α igual a 0. En dicha situación, el indicador recibe el

nombre de “tasa de incidencia de la pobreza”. Esta medida es la más usual de pobreza,

expresando el número de pobres como proporción del total sin tener en cuenta el grado de

pobreza.

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