Resumen de Prensa - UGTportal.ugt.org/saludlaboral/mutuas/noticias/rp mutuas 01... · 2014-06-16 · Cuentas, los objetivos de la fiscalización han consistido en: a) Analizar las

Del 1-abr-14 al 30-abr-14

MUTUAS

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NOTICIAS referentes a MUTUAS

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APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN

SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA

INCAPACIDAD TEMPORAL POR LAS ENTIDADES

DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de 27 de marzo de 2014, ha aprobado el

“Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad

temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social”.

En la fiscalización han sido objeto de revisión y análisis los procedimientos de gestión y

control sobre la incapacidad temporal aplicados por el Instituto Nacional de la

Seguridad Social, por el Instituto Social de la Marina y por las Mutuas de Accidentes de

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, así como los

procedimientos de intercambio de información, vigentes en el ejercicio 2011, entre las

entidades del sistema de la Seguridad Social, los Servicios Públicos de Salud de las

Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

La fiscalización del Tribunal se ha referido a las actuaciones realizadas por estas

entidades durante el ejercicio 2011, sin perjuicio de que se han empleado los datos de

ejercicios anteriores o posteriores que se han considerado oportunos para el

cumplimiento de los objetivos fijados en la fiscalización.

De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de

Cuentas, los objetivos de la fiscalización han consistido en:

a) Analizar las actuaciones de control y verificación efectuadas por las entidades del

sistema de la Seguridad Social sobre las compensaciones que realizan las

empresas por pago delegado, correspondientes a la prestación económica de

incapacidad temporal.

b) Verificar los controles que tienen establecidos el Instituto Nacional de la

Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina para la gestión de la

incapacidad temporal.



c) Verificar la gestión de los convenios y protocolos de actuaciones formalizados

entre el anterior Ministerio de Trabajo e Inmigración y las Comunidades

Autónomas para el control de la incapacidad temporal, y analizar la gestión y

coordinación entre las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la

Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina con los Servicios Públicos de

Salud de las Comunidades Autónomas, y del Instituto Nacional de Gestión

Sanitaria respecto al control de la incapacidad temporal.

d) Verificar las actuaciones de control realizadas por las Mutuas de Accidentes de

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para la gestión de

la incapacidad temporal.

e) Asimismo, se han abordado las cuestiones relacionadas con las previsiones

contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva

de Mujeres y Hombres.

El contenido del Informe podrá ser consultado a partir de los próximos días en la página

web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).

Fuente: TRIBUNAL DE CUENTAS (MADRID) 04/04/2014



La Seguridad Social pagó "indebidamente" 341.350

bajas

Se pagaron casi 17,36 millones en deducciones a empresas por

incapacidades indebidamente documentadas

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la

Marina y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la

Seguridad Social pagaron, entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013, un

total de 341.350 procesos de incapacidad temporal sin contar con los partes médicos

acreditativos de la baja, lo que "podría suponer la inexistencia de procesos reales de

incapacidad temporal que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la

Seguridad Social".

Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su 'Informe de fiscalización sobre la

gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la

Seguridad Social', que acaba de remitirse a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa

Press.

Según dicho documento, los servicios públicos de salud de Andalucía, Canarias,

Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia incumplieron su obligación

de remitir a la Seguridad Social los partes médicos de confirmación de las bajas

temporales, lo que impidió realizar los controles adecuados al INSS, que tampoco

reclamó a los gobiernos regionales que cumplieran con esa obligación.

De hecho, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que entre octubre

de 2010 y abril de 2013 existieron 337.047 procesos de incapacidad temporal

por contingencias comunes para los que no había ningún parte médico asociado, lo

mismo que sucedía con otros 4.329 procesos derivados de contingencias profesionales.

A esto hay que sumar que la información disponible en el INSS sobre recaídas de bajas

anteriores "no fue debidamente contrastada ni validada", lo que también podría haber

supuesto un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social, ya que cuando se

trata de una recaída el importe a pagar es menor porque se descuentan los días del

proceso anterior. Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el

médico de cabecera pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior.



Durante el mismo periodo, dice el Tribunal, también existieron más de 2,9 millones de

procesos de incapacidad abiertos sin el correspondiente parte de la empresa, lo que

"resta eficiencia al control de los procesos" y al pago de las prestaciones

correspondientes.

Deducciones empresariales

De hecho, el Instituto de Seguridad Social no tiene "ningún control" sobre las

deducciones que las empresas utilizan por procesos de incapacidad temporal, lo que

"puede suponer pagos indebidos" para el organismo, tal y como demuestra el informe.

No en balde, se detectaron al menos 14.340 deducciones derivadas de bajas

temporales por contingencias comunes en las que no había parte médico de baja ni

transmitido por los servicios médicos ni por la empresa, lo que generó un coste de

15,61 millones de euros. Lo mismo sucedió en 822 casos de contingencias

profesionales, que supusieron el abono de 742.283 euros.

Asimismo, se detectaron procesos de incapacidad temporal finalizados por los

que las empresas seguían deduciéndose cotizaciones "por tiempo ilimitado y sin que

fueran detectadas por la Seguridad Social". En este sentido, sólo en el segundo mes

tras finalizar 1.648 bajas las empresas correspondientes se dedujeron "indebidamente"

más de un millón de euros, y "existe el riesgo de que en el tercer mes y siguientes

continuaron practicando deducciones indebidas de forma ilimitada", señala el informe.

Poco control incluso con datos

De hecho, el organismo fiscalizador lamenta que incluso cuando el INSS tiene

información suficiente hasta el 64% de las bajas temporales queda sin controlar ni por

los servicios centrales ni por las direcciones provinciales de la Seguridad Social, hasta

rozar los dos millones de casos, lo que supone un "grave defecto de control interno".

Esta situación supuso que en el periodo mencionado entre 2010 y 2013 se financiaran

1.185 millones de euros de prestaciones sin comprobaciones ni controles. El

Tribunal ha constatado posteriormente que al menos en 254 casos las empresas se

dedujeron 627.141 euros cuando los trabajadores supuestamente incapacitados ni

siquiera estaban dados de alta a la Seguridad Social, y en otros 217 casos por valor de

226.750 euros se comprobó que no habían cotizado el mínimo como para acceder a la

prestación.



Con respecto a los casos que sí se han controlado, el Tribunal de Cuentas señala que

en 2012 disminuyeron los expedientes un 31,4%, al quedar excluidos de la fiscalización

del INSS los contratos laborales a tiempo parcial. Además, sólo el 36% de los casos se

enviaron a Tesorería de la Seguridad Social para cruzar los datos, si bien hasta 110.114

de esos procesos no pudieron ser validados, por lo que las deducciones

correspondientes también quedaron sin control.

"Además, los resultados de los controles automatizados del INSS fueron

insuficientes dado que en las direcciones provinciales del mismo se practicaron

notificaciones de reclamación de deudas por deducciones indebidas de incapacidad

temporal a las empresas superiores en un 102,5% a las comunicadas inicialmente por

los servicios centrales", advierte el Tribunal, que critica no obstante que en algunas de

esas provincias sólo se reclamaba cuando la cantidad era a favor de la Administración y

no cuando era un saldo favorable a la empresa.

En el caso de las Mutuas, el Tribunal detectó que entre 2010 y 2012 se pagó a

538 trabajadores tanto la prestación por desempleo como la de incapacidad temporal

con la modalidad de pago directo a cargo de Asepeyo por un importe de 107.198 euros.

Los retrasos en la tramitación de las disconformidades presentadas por los trabajadores

también suponen un coste para la Seguridad Social, que debe seguir abonando la

prestación mientras se resuelve el caso, lo que sólo en la Dirección Provincial de Madrid

supuso un perjuicio económico de más de 65.600 euros entre 2011 y 2012.

Por todo ello, el tribunal recomienda al Ministerio de Empleo que cree una base de

datos de partes médicos debidamente consolidada y conjunta con la información

de que disponen las entidades de la Seguridad Social para que puedan compartir la

información, evitar errores y deficiencias en la transmisión de datos y lograr un control

más eficiente de las bajas temporales.

Asimismo, la Tesorería de la Seguridad Social debería establecer controles informáticos

adecuados sobre las deducciones, y compartir información con el INSS para poder

controlar mejor las deducciones indebidas.

Pagos excesivos a las comunidades autónomas

El Tribunal critica también que el Instituto Nacional de la Seguridad Social financió

"indebidamente" casi 2,5 millones de euros a diferentes comunidades autónomas en el

año 2011 en virtud de convenios de colaboración para el control de la incapacidad



temporal, una cantidad que a su entender debería reclamar junto con los

correspondientes intereses de demora.

En concreto, se pagaron 541.850 euros de más a Andalucía, 17.918 euros a

Aragón, 1.542 euros a Extremadura, 267.636 euros a Galicia, 822.413 euros a

Murcia, 206.262 euros a La Rioja, 494.485 euros a Castilla y León, 73.450 euros a

Castilla-La Mancha, 3.947 euros a Baleares y 1.217 euros a la Comunidad Valenciana,

por incumplimientos en diversos compromisos.

Asimismo, se han detectado otras irregularidades en la gestión de los convenios de

colaboración y deficiencias en la ejecución de los mismos. No obstante, tanto Navarra

como País Vasco, donde no se firmaron convenios generales de control de la

incapacidad temporal, tuvieron una incidencia de este fenómeno y un coste por afiliado

"muy superior a la media nacional", lo que lleva al Tribunal a pensar que "la

formalización de dichos convenios, a pesar de sus irregularidades, fueron beneficiosos

en términos generales".

Fuente: LA NUEVA ESPAÑA (ASTURIAS) 07/04/2014



SIN LOS PARTES MÉDICOS


incapacidades temporales

El Servicio Cántabro de Salud incumplió su obligación de remitir a la SS los

partes médicos de confirmación de las bajas temporales

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina y las

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

pagaron, entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013, un total de 337.047

procesos de incapacidad temporal sin contar con los partes médicos acreditativos de la

baja, lo que "podría suponer la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal

que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social".

Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su 'Informe de fiscalización sobre la gestión y

control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social',

que acaba de remitirse a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press.






PAGOS EXCESIVOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Tribunal critica que el Instituto Nacional de la Seguridad Social financió





El TC señala que los pagos efectuados a las comunidades autónomas -todas salvo

País Vasco y Navarra- por los objetivos correspondientes al indicador sobre prevalencia

y el indicador sobre días de incapacidad temporal/afiliado no fueron debidamente

justificados por el INSS, "por falta de información estadística", y a pesar de ello financió



íntegramente a las comunidades autónomas por el cumplimiento total de ambos

objetivos, por lo que entiende que el INSS debe aportar los datos ciertos, calcular la

correcta financiación que correspondería a cada región y, en su caso, exigir los

reintegros oportunos.

En el caso de Cantabria, el informe señala que se produjeron, sin la debida

justificación, dos pagos indebidos a favor de la Fundación Marqués de Valdecilla en

lugar de a la Comunidad Autónoma, "legítima acreedora" de la ejecución del convenio

de colaboración, por un importe total de 1.087.257 euros, por lo que el INSS "debe

exigir a la citada fundación la devolución de estas cantidades y proceder al pago del

importe a la Comunidad Autónoma".

Cuentas señala que se pagaron 541.850 euros de más a Andalucía, 17.918 euros a

Aragón, 1.542 euros a Extremadura, 267.636 euros a Galicia, 822.413 euros a Murcia,

206.262 euros a La Rioja, 494.485 euros a Castilla y León, 73.450 euros a Castilla-La

Mancha, 3.947 euros a Baleares y 1.217 euros a la Comunidad Valenciana, por

incumplimientos en diversos compromisos.








NO SE SABE SI SON RECAÍDAS


de 2010 y abril de 2013 existieron 337.047 procesos de incapacidad temporal por

contingencias comunes para los que no había ningún parte médico asociado, lo mismo

que sucedía con otros 4.329 procesos derivados de contingencias profesionales.

A esto hay que sumar que la información disponible en el INSS sobre recaídas de

bajas anteriores "no fue debidamente contrastada ni validada", lo que también podría

haber supuesto un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social, ya que cuando se

trata de una recaída el importe a pagar es menor porque se descuentan los días del

proceso anterior. Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el

médico de cabecera pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior.



Durante el mismo periodo, dice el Tribunal, también existieron más de 2,9 millones

de procesos de incapacidad abiertos sin el correspondiente parte de la empresa, lo que


correspondientes.

DEDUCCIONES EMPRESARIALES









Asimismo, se detectaron procesos de incapacidad temporal finalizados por los que las

empresas seguían deduciéndose cotizaciones "por tiempo ilimitado y sin que fueran

detectadas por la Seguridad Social". En este sentido, sólo en el segundo mes tras

finalizar 1.648 bajas las empresas correspondientes se dedujeron "indebidamente" más

de un millón de euros, y "existe el riesgo de que en el tercer mes y siguientes


POCO CONTROL INCLUSO CON DATOS






1.185 millones de euros de prestaciones sin comprobaciones ni controles. El Tribunal ha

constatado posteriormente que al menos en 254 casos las empresas se dedujeron

627.141 euros cuando los trabajadores supuestamente incapacitados ni siquiera

estaban dados de alta a la Seguridad Social, y en otros 217 casos por valor de 226.750

euros se comprobó que no habían cotizado el mínimo como para acceder a la

prestación.









En el caso de las Mutuas, el Tribunal detectó que entre 2010 y 2012 se pagó a 538

trabajadores tanto la prestación por desempleo como la de incapacidad temporal con la

modalidad de pago directo a cargo de Asepeyo por un importe de 107.198 euros.

Fuente: EUROPA PRESS (CANTABRIA) 08/04/2014



En el año 2011


euros en incapacidades temporales sin tener los

partes médicos



pagaron en el año 2011 un total de 206.262 euros "indebidamente" en La Rioja.



que acaba de remitirse a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press.

En éste el Tribunal señala que los pagos efectuados a las comunidades autónomas -

todas salvo País Vasco y Navarra- por los objetivos correspondientes al indicador sobre

prevalencia y el indicador sobre días de incapacidad temporal/afiliado no fueron

debidamente justificados por el INSS, "por falta de información estadística", y a pesar

de ello financió íntegramente a las comunidades autónomas por el cumplimiento total

de ambos objetivos, por lo que entiende que el INSS debe aportar los datos ciertos,

calcular la correcta financiación que correspondería a cada región y, en su caso, exigir

los reintegros oportunos.






PAGOS EXCESIVOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Tribunal critica que el Instituto Nacional de la Seguridad Social financió







Concretamente, Cuentas señala que se pagaron 541.850 euros de más a Andalucía,

17.918 euros a Aragón, 1.542 euros a Extremadura, 267.636 euros a Galicia, 822.413

euros a Murcia, 206.262 euros a La Rioja, 494.485 euros a Castilla y León, 73.450 euros

a Castilla-La Mancha, 3.947 euros a Baleares y 1.217 euros a la Comunidad Valenciana,

por incumplimientos en diversos compromisos.








NO SE SABE SI SON RECAÍDAS

De hecho, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que entre octubre de

2010 y abril de 2013 existieron 337.047 procesos de incapacidad temporal por





supuesto un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social, ya que cuando se trata de

una recaída el importe a pagar es menor porque se descuentan los días del proceso

anterior. Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el médico de

cabecera pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior.




correspondientes.

DEDUCCIONES EMPRESARIALES

















POCO CONTROL INCLUSO CON DATOS











prestación.










Fuente: EUROPA PRESS (LA RIOJA) 08/04/2014



Son las estimaciones del Tribunal de Cuentas en su informe sobre esta

gestión

La Seguridad Social camina con muletas: pagó

341.350 incapacidades sin tener los partes médicos

Los casos se habrían dado entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de

2013







INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS



que acaba de remitirse a las Cortes.






De hecho, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que entre octubre de

2010 y abril de 2013 existieron 337.047 procesos de incapacidad temporal por





LA INFORMACIÓN NO FUE CONTRASTADA





anterior.

Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el médico de cabecera

pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior. Durante el mismo periodo, dice el

Tribunal, también existieron más de 2,9 millones de procesos de incapacidad abiertos

sin el correspondiente parte de la empresa, lo que "resta eficiencia al control de los

procesos" y al pago de las prestaciones correspondientes.

NINGÚN CONTROL







15,61 millones de euros.

Lo mismo sucedió en 822 casos de contingencias profesionales, que supusieron el

abono de 742.283 euros. Asimismo, se detectaron procesos de incapacidad temporal

finalizados por los que las empresas seguían deduciéndose cotizaciones "por tiempo

ilimitado y sin que fueran detectadas por la Seguridad Social".

En este sentido, sólo en el segundo mes tras finalizar 1.648 bajas las empresas

correspondientes se dedujeron "indebidamente" más de un millón de euros, y "existe el

riesgo de que en el tercer mes y siguientes continuaron practicando deducciones

indebidas de forma ilimitada", señala el informe.













prestación.

LOS CASOS CONTROLADOS







"Además, los resultados de los controles automatizados del INSS fueron insuficientes

dado que en las direcciones provinciales del mismo se practicaron notificaciones de

reclamación de deudas por deducciones indebidas de incapacidad temporal a las

empresas superiores en un 102,5% a las comunicadas inicialmente por los servicios

centrales", advierte el Tribunal, que critica no obstante que en algunas de esas

provincias sólo se reclamaba cuando la cantidad era a favor de la Administración y no

cuando era un saldo favorable a la empresa.








Por todo ello, el tribunal recomienda al Ministerio de Empleo que cree una base de

datos de partes médicos debidamente consolidada y conjunta con la información de que

disponen las entidades de la Seguridad Social para que puedan compartir la








Pagos excesivos a las Comunidades El Tribunal critica también que el Instituto Nacional

de la Seguridad Social financió "indebidamente" casi 2,5 millones de euros a diferentes

comunidades autónomas en el año 2011 en virtud de convenios de colaboración para el

control de la incapacidad temporal, una cantidad que a su entender debería reclamar

junto con los correspondientes intereses de demora.

POR COMUNIDADES

En concreto, se pagaron 541.850 euros de más a Andalucía, 17.918 euros a Aragón,

1.542 euros a Extremadura, 267.636 euros a Galicia, 822.413 euros a Murcia, 206.262

euros a La Rioja, 494.485 euros a Castilla y León, 73.450 euros a Castilla-La Mancha,

3.947 euros a Baleares y 1.217 euros a la Comunidad Valenciana, por incumplimientos

en diversos compromisos.


colaboración y deficiencias en la ejecución de los mismos.

No obstante, tanto Navarra como País Vasco, donde no se firmaron convenios

generales de control de la incapacidad temporal, tuvieron una incidencia de este

fenómeno y un coste por afiliado "muy superior a la media nacional", lo que lleva al

Tribunal a pensar que "la formalización de dichos convenios, a pesar de sus

irregularidades, fueron beneficiosos en términos generales".

Fuente: EL PERIODISTA DIGITAL (MADRID) 08/04/2014



Castilla-La Mancha, en procesos de pagos

indebidos y fraude a la Seguridad Social







Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su "Informe de fiscalización sobre la gestión y

control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad

Social", que acaba de remitirse a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press.






Procesos de incapacidad laboral


de 2010 y abril de 2013 existieron 337.047 procesos de incapacidad temporal por







anterior. Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el médico de

cabecera pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior.






correspondientes.

Ningún control



















Cientos de millones







prestación.






enviaron a Tesorería de la Seguridad Social para cruzar los datos.

"Además, los resultados de los controles automatizados del INSS fueron insuficientes

dado que en las direcciones provinciales del mismo se practicaron notificaciones de

reclamación de deudas por deducciones indebidas de incapacidad temporal a las

empresas superiores en un 102,5% a las comunicadas inicialmente por los servicios

centrales", advierte el Tribunal, que critica no obstante que en algunas de esas

provincias sólo se reclamaba cuando la cantidad era a favor de la Administración y no

cuando era un saldo favorable a la empresa.








Base de datos

Por todo ello, el Tribunal recomienda al Ministerio de Empleo que cree una base de

datos de partes médicos debidamente consolidada y conjunta con la información de que

disponen las entidades de la Seguridad Social para que puedan compartir la






El Tribunal critica también que el Instituto Nacional de la Seguridad Social financió







Castilla-La Mancha

En concreto, se pagaron 541.850 euros de más a Andalucía, 17.918 euros a Aragón,

1.542 euros a Extremadura, 267.636 euros a Galicia, 822.413 euros a Murcia, 206.262

euros a La Rioja, 494.485 euros a Castilla y León, 73.450 euros a Castilla-La Mancha,

3.947 euros a Baleares y 1.217 euros a la Comunidad Valenciana, por incumplimientos

en diversos compromisos.








Fuente: EL DIGITAL DE CASTILLA LA MANCHA () 08/04/2014



Empleo retrocede y renuncia al alta de las mutuas

por silencio positivo

El anteproyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros este mes

reforma la gestión de las bajas por enfermedad común

Los médicos del sistema nacional de salud se opusieron desde el primer momento

y, con ellos, el Ministerio de Sanidad y las consejerías correspondientes de las

Comunidades Autónomas: el cambio en la gestión de las bajas y altas de la

incapacidad temporal por enfermedad común no podía incluir el silencio positivo para

dar por aprobadas las propuestas de alta de los médicos de las mutuas. El anteproyecto

de ley de mutuas que será probablemente aprobado por el Consejo de Ministros este

mes para remitirlo al Parlamento no llevará finalmente la introducción de ese silencio

positivo. En la actualidad, cuando un trabajador está de baja, el médico de la mutua

de su empresa hace el seguimiento de la baja y puede presentar una "propuesta

motivada" de alta si considera que está en condiciones de trabajar, pero es el

facultativo del sistema autonómico de salud el que debe aceptar o rechazar esa

propuesta en un plazo de diez días; si no contesta, la propuesta de alta de la mutua no

se lleva adelante. El Ministerio de Empleo incluyó en el borrador del anteproyecto de ley

de mutuas el silencio positivo, de manera que si el médico no justificaba la prolongación

de la baja por enfermedad para rechazar la propuesta de la mutua en un plazo de cinco

días, esta alta se aplicaría de forma automática, aunque siempre con la posibilidad de

recurrirla ante la inspección del Instituto Nacional de Seguridad Social. La

polémica acompañó a este punto, que había sido solicitado desde la patronal, y el

Ministerio ha acabado retirándolo. No obstante, se introducirá una fórmula alternativa

que modificará "el peso de los actores en las bajas laborales", según fuentes solventes.

En todo caso, el anteproyecto de ley establece el uso de los recursos sanitarios de las

mutuas que están infrautilizados para que sean aprovechados también por los servicios

públicos de salud.

Las prestaciones por incapacidad temporal (IT) representaron un gasto de más

de 5.000 millones de euros el año pasado, y el Gobierno prevé ahorrar alrededor

de 500 millones al año con las nuevas medidas. Precisamente el Tribunal de Cuentas ha

remitido esta semana un informe al Parlamento donde denuncia entre el 1 de octubre

de 2010 y el 30 de abril de 2013, la Seguridad Social abonó 341.350 procesos de

incapacidad temporal sin contar con los partes médicos acreditativos de la baja, lo que



"podría suponer la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal que

pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social". El secretario

de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, aseguró este martes antes de

comparecer en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que han presentado

alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas y que, en todo caso, es una cifra

que apenas representa el 2% del total de bajas laborales que gestiona la Seguridad

Social y que suman más de 13 millones en el periodo analizado.

Burgos expuso ante los diputados de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo el

amplio frente de reformas que se van a introducir en la gestión del sistema de

Seguridad Social. Junto con el anteproyecto de ley de mutuas también se aprobará

probablemente antes de finales de abril el real decreto de incapacidad temporal, que

afecta fundamentalmente a procedimientos de gestión. Asimismo, está ultimándose el

reglamento sobre la cotización de las retribuciones en especie, que incluirá

"retoques" pero no "cambios sustanciales", en palabras del secretario de Estado. En

mayo concluye el plazo para regularizar el pago de cuotas por estas retribuciones en

especie (vales de comida, entrega de acciones, planes de pensiones, gastos de

guardería, seguros médicos y otros), a los que vienen obligadas las empresas desde

finales del año pasado.

Otra de las reformas que se preparan es la liquidación directa e individualizada de

cuotas que la Seguridad Social hará a cada empresa por sus trabajadores. A su vez,

los trabajadores mayores de 50 años recibirán este año una carta donde la Seguridad

Social les calculará la pensión que podrían recibir en el momento de su jubilación si se

mantienen las condiciones de cotización.

El último proyecto es un nuevo modelo de atención al ciudadano de forma directa y

personalizada que denominan 'Tu Seguridad Social' y que tendrá su primer desarrollo

en junio.

Por otra parte, la recaudación de la Seguridad Social aumentó en abril un 2,85% y

alcanzó los 7.730 millones de euros. "Es el cuarto mes en que esta tasa presenta

valores positivos y de intensidad creciente", señaló el secretario de Estado de Seguridad

Social. Esos datos no incluyen los ingresos por cotizaciones de los convenios con

Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o Servicio Público de Empleo. Si se

incluyen, los ingresos en abril superan los 8.600 millones de euros, con un incremento

del 2,35%. Llama la atención que la afiliación a la seguridad Social no ha subido

más del 1% mientras que la recaudación está creciendo al 2,8%. No obstante, habrá

que esperar a ver el efecto de la tarifa plana de 100 euros al mes para los nuevos



contratos indefinidos que supongan incremento de plantilla, ya que los expertos

advierten de la pérdida de ingresos que puede suponer para la Seguridad Social. Frente

a ello, el secretario de Estado recalcó que lo importante para el futuro del sistema es

aumentar el empleo.

Asimismo, el responsable de la Seguridad Social destacó la reducción de los

aplazamientos de pago porque "constituyen un signo avanzado de mejoría" de la

situación económica, ya que han bajado en número y en importe (un 14,8% y un

35,6% hasta marzo respectivamente) sin que se hayan modificado los criterios.

Además, la tasa de morosidad en el sistema se ha reducido al 2,85%, la más baja

desde el inicio de la crisis económica, después de haber llegado hasta el 3,8% en enero

de 2009.

Burgos resaltó que se han "recuperado" 145.542 afiliados desde el punto más bajo de

afiliación, pero negó "cualquier complacencia" porque el trecho hasta recuperar los 3,3

millones de ocupados perdidos durante la crisis "es muy amplio". Aprovechó su

comparecencia para explicar que la nómina mensual de pensiones ha crecido un 40%

desde 2007 al pasar de 5.657 millones de euros al mes hasta los 7.946 millones. Este

año, el déficit previsto para el sistema de la Seguridad Social es el 1,1% del PIB, el

mismo con el que cerró el año pasado - por debajo del 1,4% previsto-.

El secretario de Estado consideró "razonable" que este año se vuelva a recurrir al Fondo

de Reserva para abonar la paga extra de los pensionistas. El año pasado, la hucha

de las pensiones se redujo más de un 14%.

Fuente: DIARIO DE NAVARRA (NAVARRA) 09/04/2014



EL ANTEPROYECTO DESFAVORECE AL SECTOR

Las clínicas privadas rechazan la Ley de Mutuas

Critican que puedan utilizar como prolongación de la Seguridad Social

La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) ha puesto de manifiesto su

desacuerdo con el anteproyecto de reforma de la Ley de Mutuas de Accidentes de

Trabajo y Enfermedades Profesionales que baraja el Gobierno. La patronal critica que

en él se plantee la utilización de este tipo de entidad “como una prolongación de la

sanidad pública” y que puedan contratar asistencia con las aseguradoras.

A través de un comunicado, la organización que preside Cristina Contel rechaza la

posibilidad de que la Seguridad Social pueda encomendar a las mutuas pruebas o

tratamientos sin que se lleven a concurso. Asimismo, asegura que aunque sí se utilizara

este mecanismo las clínicas estarían en desventaja. “No se haría en condiciones de

igualdad por la exención tributaria absoluta de la que disfrutan, y seguirán disfrutando,

las mutuas”.

A pesar de alabar su eficacia en la gestión de prestaciones, la FNCP considera que las

mutuas no deben convertirse “en ningún caso” en una “prolongación de la sanidad

pública”. Esta no es una queja nueva en el sector, que ya se ha pronunciado ante la

Comisión Nacional de Mercados y Competencia o la Secretaría de Estado de Seguridad

Social. “Estos medios, en teoría, están destinados única y exclusivamente a cubrir

necesidades de quienes abonan las cuotas, que son los empresarios adheridos a cada

mutua”.

Entrada al mercado de la mano de las aseguradoras

La colaboración de las mutuas con el ámbito público no es el único aspecto que genera

“preocupación” en las clínicas privadas. Y es que el anteproyecto prevé que las mutuas

puedan contratar servicios de asistencia con las entidades aseguradoras, algo que

desde la federación se rechaza de plano. “Como estos centros están amortizados vía

cuota y dadas sus ventajas legales, la libre competencia entre los centros sanitarios

privados resultaría muy perjudicada y que ninguna clínica podría igualar sus

condiciones”, detalla el comunicado añadiendo que esta normativa añadiría 400 nuevos

centros al mercado de la provisión sanitaria privada.

Fuente: REDACCIÓN MÉDICA (MADRID) 11/04/2014



A TRAVÉS DE LA REFORMA DE LA LEY DE MUTUAS

Clínicas privadas rechazan que el Gobierno pueda

permitir a las mutuas colaborar con el SNS sin

necesidad de concurso

La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) asegura que existe un "rechazo

unánime" en el sector de la sanidad privada a que la reforma de la Ley de las Mutuas

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que prepara el Gobierno pueda

permitir a estas entidades colaborar con la sanidad pública pruebas o tratamientos sin

necesidad de un concurso público.

En un comunicado, esta entidad que representa a más de 450 centros ha defendido

que esta posibilidad sería "gravemente lesiva" ya que, incluso en caso de haber un

concurso, éste no sería en condiciones de igualdad por la exención tributaria absoluta

de la que disfrutan las mutuas. y seguirán disfrutando, las Mutuas.

"Se consolidaría con esta norma una práctica que la FNCP ha denunciado también,

por escrito y en diversas reuniones, a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia

y a la propia Secretaría de Estado de la Seguridad Social, como es la contratación de los

medios de las mutuas para descongestionar la Sanidad Pública", han denunciado.

Sobre todo, según añaden, cuando estas entidades están destinados "única y

exclusivamente" a cubrir necesidades de quienes abonan las cuotas, que son los

empresarios adheridos a cada una.

Adicionalmente, temen que también se prevea que las mutuas puedan contratar

asistencia con entidades aseguradoras privadas, lo que significaría introducir más de

400 centros sanitarios en el mercado de la provisión sanitaria privada.

Además, como estos centros están en su mayoría amortizados vía cuotas y dadas sus

ventajas legales, la libre competencia entre los centros sanitarios privados resultaría

"muy perjudicada", ya que ninguna clínica podría igualar las condiciones de las que

parten las mutuas.



La justificación que se utiliza para legitimar esta práctica es que hay recursos

excedentarios de las mutuas, advierte la FNCP, que aboga porque éstas sigan siendo un

"eficaz medio de gestión" de prestaciones de la Seguridad Social "sin que en ningún

caso se conviertan en una prolongación de la sanidad pública".

Fuente: EUROPA PRESS (MADRID) 11/04/2014



CC OO y UGT piden retirar la reforma de la ley de

mutuas

Los sindicatos lo reclamarán el 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la

Seguridad en el Trabajo

CC OO y UGT van a aprovechar la celebración del próximo Día Internacional de la Salud

y la Seguridad en el Trabajo, el 28 de abril, para reclamar la retirada de la reforma de

la ley de mutuas que elabora el Gobierno del PP, una reforma que también ha sido

rechazada por ELA y LAB. Y eso que el Ministerio de Empleo ha dado marcha atrás en

su intención de dotar a las mutuas laborales de una mayor capacidad para dar altas

laborales —era considerado casus belli por las fuerzas sindicales— en los casos de

incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes.

Tras la última revisión del texto, se estipula que las altas en esos procesos serán

emitidas “por el correspondiente facultativo del Servicio Público de Salud”. Asimismo,

podrán ser extendidas por los inspectores médicos del Servicio Público de Salud, el

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su caso, del Instituto Social de la

Marina.

Las mutuas, deberán presentar una solicitud de alta a las unidades de Inspección

Médica del correspondiente servicio de salud y, en última estancia, podrá pedir su

aprobación al INSS. El problema es que, a renglón seguido, se considera el silencio

administrativo como positivo.

CC OO y UGT reclaman la retirada de aquellos elementos lesivos para los trabajadores y

una mejora en la normativa de enfermedades profesionales que, con el objetivo de

reducir su subregistro, facilite los procesos de reconocimiento y actualice su listado de

acuerdo con las últimas investigaciones científicas. De igual forma demandan la

aprobación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2020

incluyendo objetivos precisos de reducción de la siniestralidad, afloramiento de

enfermedades producidas por el trabajo y de equivalencia de la protección

independientemente del tipo de relación laboral y, finalmente, el mantenimiento de las

inversiones públicas en materia de prevención de riesgos laborales.



UGT va a hacer especial hincapié en el papel del sindicato en este terreno, para lo que

ha elegido el lema Con los sindicatos el trabajo es más seguro, recordando que “la

desregulación legislativa condena la seguridad y salud de los trabajadores y la

economía de España”.

Fuente: EL PAÍS (EUSKADI) 17/04/2014



El fiscal acusa a la excúpula de Mutua Universal de

malversación

El ministerio público cifra en 195 millones el desvío de fondos de la entidad

El fiscal de Barcelona Emilio Sánchez Ulled sostiene que 11 exdirectivos de Mutua

Universal o de empresas de su entorno cometieron un desvío de fondos de, al

menos, 195 millones de euros y les atribuye, sin perjuicio de la calificación final, los

delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida y/o

administración desleal, falseamiento de cuentas y falsedad documental. La acusación

pública ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona

en el que solicita que se concluya la investigación, que se inició en agosto del 2007 a

raíz de una querella de la fiscalía.

Entre las personas imputadas se encuentran Joan Aicart Manzanares, que fue director

general de la Mutua y que dejó su cargo a raíz del proceso judicial, así como cuatro

exsubdirectores generales (José Eduardo Villa, Alfredo Isidro Maciá, Francisco Javier

Tobajas y Josep García Belaire), cuatro jefes de departamento, un denominado

consultor general y un asesor jurídico.

El fiscal sostiene que los imputados se «concertaron» para expandir el volumen de

negocio de la entidad a «costa principalmente del patrimonio de la Seguridad Social».

Para ello, según la acusación, «distrajeron» fondos de carácter público, que destinaban

a conceder beneficios a determinados asociados con la finalidad de «captarlos» o

«fidelizarlos». Asimismo, supuestamente desviaban dinero parar crear y mantener en

funcionamiento un entramado societario que prestaba servicios a terceros y a la propia

mutua «en un claro conflicto de intereses» y en perjuicio del erario público.

Fuente: EL PERIODICO (BARCELONA) 22/04/2014



Bañez renuncia a facilitar que estas entidades interrumpan las bajas

La potestad de dar altas médicas retrasa la reforma

de las mutuas

Empleo quiere otorgar más poder a los médicos de las mutuas y

Sanidad se opone

La Oficina Económica de Moncloa será quien tenga la última palabra

Entre los planes del Ministerio de Empleo siempre ha estado aprobar en la primera

mitad de 2014 la nueva regulación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales, que son entidades colaboradoras de la Seguridad Social

que gestionan ya las bajas laborales de cerca del 90% de los trabajadores.

Sin embargo, la nueva regulación de estas entidades registra constantes y sucesivos

retrasos. Sin ir más lejos, estaba previsto que el anteproyecto de ley fuera mañana

viernes al Consejo de Ministros pero finalmente no será así. Su aprobación volverá a

posponerse, según fuentes que negocian esta nueva normativa.

Los responsables del Ministerio de Empleo mantuvieron en la tarde del martes una

reunión con representantes de la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CC OOy UGT

para exponerles la situación por la que atraviesa el proyecto de ley cuya última versión

es de hace tres meses, rechazada frontalmente por los sindicatos.

Según fuentes conocedoras del contenido de este encuentro, el secretario de Estado de

la Seguridad Social, Tomás Burgos, expuso a los agentes sociales que en la última

versión del anteproyecto de ley que está elaborando su departamento, ya no aparece la

posibilidad, que se daba en un borrador anterior, de que las mutuas propusieran el alta

a los médicos de familia que habían emitido la baja a través de la Inspección médica de

los Servicios Públicos de Salud. Y esta tendría cinco días para contestar y aceptar la

propuesta de alta de la mutua o denegarla y justificarlo. En el caso de no pronunciarse

en esos cinco días, los médicos de las mutuas podrían dar el alta al trabajador.



Esta propuesta de Empleo, que contaba con el respaldo de los empresarios de CEOE,

fue rechazada de plano por los sindicatos. Además, según fuentes del sector, esta

intención de dar más poder a los facultativos de las mutuas se ha topado con

problemas legales relacionados con las competencias de los médicos de cabecera

dependientes de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Y también con

el rechazo del Ministerio de Sanidad, que teme la oposición de los médicos, reactivando

una nueva rebelión de las batas blancas, según fuentes del sector.

Ante esto, el nuevo texto que prepara Empleo se limita a reducir a cinco días el plazo

en el que la Inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) –en

lugar de los servicios regionales de salud– debe responder si acepta o no la propuesta

de alta de una mutua. Pero si no responde, el silencio administrativo no significará que

el facultativo de la mutua pueda dar el alta al trabajador.

Sin embargo, la Oficina Económica del Gobierno es la que, tras este cambio, ha

paralizado la aprobación de este proyecto de ley y sus responsables quieren ser los que

tengan la última palabra. Por ello, ni los sindicatos –que apoyarían esta renuncia–, ni

los empresarios, que son contrarios a ella, quieren posicionarse hasta que tengan un

texto por escrito.

Fuente: CINCO DIAS (MADRID) 24/04/2014



Condenada una mutua que obligó a un ertzaina a ir

a trabajar sin estar recuperado

El agente estuvo trabajando en 2013 entre agosto y octubre, mes en el que

fue operado por segunda vez, aunque la lesión no le permitía manejar el

arma o conducir el vehículo oficial.

Una juez de lo Social de Bilbao confirma en la sentencia que el ertzaina no

estaba "en condiciones" para desempeñar su puesto de patrullero.

"El problema es que las mutuas son juez y parte: pagan las bajas y también

te dan el alta", denuncia el ertzaina afectado, que además critica al INSS,

también condenado en este caso.

"El problema es que las mutuas son juez y parte: pagan las bajas y también te dan el

alta". Esta es la reflexión que hace Aitor A.G., un patrullero de la Ertzaintza que entre

agosto y octubre de 2013 fue obligado a coger el alta por la mutua y la Seguridad

Social pese a que la lesión que arrastraba en su dedo índice de la mano derecha -tras

una detención el 10 de marzo de ese año- le impedía manejar el arma, la defensa o

conducir el vehículo oficial. El alta médica decidida inicialmente por la mutua se produjo

el 28 de julio, decisión que fue apoyada por el médico evaluador del Instituto Nacional

de la Seguridad Social (INSS) prácticamente un mes después. La primera operación se

le practicó el 25 de marzo, y, pese al periodo de rehabilitación, su dedo no quedó bien.

Pero, en contra de su criterio, fue obligado a volver a trabajar. Finalmente, la realidad

le dio la razón: el agente se tuvo que someter a una segunda operación el 10 de

octubre de ese mismo año. Ahora, la juez también le ha respaldado con una sentencia

en la que apunta que no estaba "en condiciones" para trabajar ya que el agente "presta

sus servicios de patrulla y es consustancial a esta prestación de servicios el uso del

arma, uso que no le era posible, atendiendo a la limitación del dedo que padecía".

"Mi crítica va contra la mutua, que al final no deja de ser una empresa que quiere ganar

dinero y parece claro que deben tener algún tipo de prima de productividad por dar

altas meteóricas. Pero también contra el médico evaluador del INSS que me trató al

inicio y que me dijo directamente que lo único que iba a mirar era si el alta d el mutua

estaba bien dada o no, no si realmente estaba en condiciones de trabajar", sostiene el

ertzaina.

De hecho, Aitor A.G, una vez que la Seguridad Social le da la razón a la mutua y tiene

que incorporarse de nuevo al trabajo (27 de agosto de 2013), es cuando presenta la



demanda y solo después es cuando en las mediciones que realiza su médico de

empresa (el de la Ertzaintza), el médico privado que contrató y el de la Seguridad Social

todos ellos admiten las limitaciones que tenía (en el baremo oficial lo cifraban entre un

70 y un 75), frente a la visión del médico de la mutua, que cifraba la movilidad del dedo

en un 110, según relata el afectado.

La magistrada Beatriz García, titular del juzgado de lo Social número 3 de Bilbao, ha

condenado a la Mutua Mutualia, al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco y al

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por este caso. En concreto, la mutua

deberá "abonar la prestación correspondiente" al periodo en el que el trabajador estuvo

de alta médica pese a no estar en condiciones. En total, algo más de tres meses, en los

que además el ertzaina estuvo relegado de su trabajo normal de patrullero "al no poder

manejar el arma y las defensas necesarias", algo inherente a su trabajo.

La juez asegura en la sentencia, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, que durante

todos esos meses "la situación" del ertzaina era "limitante de estos movimientos, y ha

de entenderse que esa limitación es impeditiva de una función esencial para un policía

como es el manejo de un arma, habiendo sido necesaria una nueva intervención

quirúrgica por la mala evolución de la lesión, que ya a fecha de alta le impedía o

dificultaba de forma importante le manejo del arma".

"No todos los trabajadores tienen la misma protección"

La magistrada añade en su resolución, notificada a finales de marzo pasado, que "lo

cierto es que el trabajador presta sus servicios de patrulla y es consustancial a esta

prestación de servicios el uso del arma, uso que no le era posible, atendiendo a la

limitación del dedo que padecía", por lo que la situación del demandante era que no

estaba en condiciones para trabajar, "el tratamiento era oportuno y no estaba agotado,

como lo demuestra la intervención posterior".

El agente está relativamente satisfecho con la sentencia, ha recuperado un mes de

vacaciones que perdió, aunque no puede exigir "daños y perjuicios por lo ocurrido sin

entrar en otro pleito, con el consiguiente gasto", explica contrariado. Pero, además,

deja otro mensaje para la reflexión que va más allá del caso concreto: "Al final yo soy

un privilegiado porque llevo trabajando 20 años en la Ertzaintza y tengo una mayor

protección, además de tener el respaldo del sindicato. En otros trabajos, y con la

situación actual, no todos los trabajadores tienen la misma protección, ni es fácil ejercer

tus derechos sin jugarte el empleo".

Fuente: EL DIARIO (EUSKADI) 25/04/2014

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Resumen de Prensa - UGTportal.ugt.org/saludlaboral/mutuas/noticias/rp mutuas 01... · 2014-06-16 · Cuentas, los objetivos de la fiscalización han consistido en: a) Analizar las