08noviembre/diciembre2009

www.casaarabe.es

AnálisisTÚNEZ Y LAS ELECCIONES

ISSN

198

9-04

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El pasado 25 de octubre se celebraron en Túnez elecciones presidenciales y legislativas. Son los quintos comicios electorales que se celebran en el país desde que el actual presidente, Zine El Abidine Ben Ali, asumiera la presidencia en 1987. Como en los casos anteriores, el défi cit de pluralismo y competitividad ha dado el triunfo absoluto al partido gubernamental, la Reagrupación Constitucional Democrática (RCD). El presidente Ben Ali ha obtenido el 89,62% de los votos y su partido ha conseguido 161 escaños de los 214 que componen el Parlamento.

Atalayasociopolítica de Casa Árabe

SumarioAnálisis 1. Túnez y las elecciones. 2. Informe de Desarrollo Humano Árabe de 2009: entre seguridad humana y polémica. 3. Oposición tribal y armada: el reto de Islamabad

Perfi les 1. Amat al-‘Alim al-Soswa: “la primera mujer yemení”. 2. El “clan” Mehsud: al servicio de los Talibán de Pakistán Opinión pública 1. ¿Qué piensan los ciudadanos árabes- israelíes? 2. Los yemeníes y sus instituciones 3. Los afganos y las tropas estadounidenses 4. Encuesta de opinión publica en Pakistán 5. Valoración del liderazgo estadounidense 6. El programa nuclear iraní y las sanciones

Documenta 1. 64ª Asamblea General de Naciones Unidas 2. La Corte Permanente de Arbitraje y el confl icto por la zona sudanesa de Abyei. 3. Documento de Salvación Nacional (Yemen). 4. Conferencia Internacional de Moscú sobre Darfur (6-7- de octubre). 5. Informe Goldstone: Human rights in Palestine and other occupied arab territories. Report of the United Nations fact fi nding mission on the Gaza confl ict.

Escaparate de libros y revistas

Publicación del IEAM de Casa Árabe

Dirección: Gema Martín Muñoz

Director adjunto: Rafael Ortega Rodrigo

Investigadores: Rocío Vázquez Martí y Amira Kedier

Cuando el presidente Ben Ali llegó al po-der en 1987, comenzó su gobierno con un aparente impulso reformista que progresi-vamente se ha ido limitando y restringien-do. En 1989, en preparación para las elec-ciones legislativas, se introdujeron ciertas modifi caciones en la ley electoral pero se mantuvo intacto el sistema de listas, que otorga todos los escaños de una circuns-cripción a la lista más votada (entre 2 y 14 escaños según la población), lo cual be-nefi cia siempre al partido gubernamental. Respecto a las elecciones presidencia-les, aunque la Constitución tunecina contempla la posibilidad de que varios candidatos se presenten a las elecciones presidenciales, exige el apoyo de un mí-nimo de treinta diputados del Parlamen-to, requisito muy difícil de alcanzar para otros partidos, dado que el RCD contaba con el 75% de los escaños de la cáma-ra. En 1994, a instancias del presidente, el parlamento aprobó una serie de “leyes especiales temporales” mediante las cua-les se permitía la concurrencia de otros candidatos distintos del presidente Ben Ali. Fue así como algunos grupos consiguie-ron presentar a sus candidatos en las tres elecciones anteriores a la de este año. Hay que señalar también que la Constitución limitaba a dos el número de legislaturas consecutivas que se podían desempeñar pero un referéndum aprobó abrumadora-mente el cambió en la ley, en 2002, para prolongar indefi nidamente los mandatos presidenciales.

A partir de 1994, otra ley gubernamental aprobó una cuota mínima de escaños (un 20% entonces, que ahora se ha aumenta-do a un 25%) para los partidos de la opo-sición: de 19 en aquel año (que constituía un 10%), se pasó a 34 en los comicios de 1999 (un 17,5%), y a 37 (19,5%) en las elecciones de 2004. El último cambio im-portante que se ha introducido afecta al número de escaños del Parlamento, que ha aumentado de 189 a 214, con lo que el número de escaños reservados a la opo-sición se elevó a 53 (un 24,7%). La oposi-ción no logra superar ese umbral del 25%, de manera que el RCD goza de la mayoría del 75% de los escaños.

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Por último, respecto a las elecciones presidenciales, se aprobó en 2008 otra ley mediante la cual se eximía a los candidatos de la necesidad de contar con el apoyo de 30 diputados del Par-lamento y permitían que se presentara “el líder electo de cualquier grupo polí-tico que hubiera desempeñado su car-go durante un mínimo de 2 años” y que se encontrara en activo.

El presidente de la República tiene competencia para nombrar al primer ministro y al gobierno, así como a los gobernadores de las 24 provincias. Puede gobernar por decreto, adoptar “medidas excepcionales” y declarar la guerra, puesto que es también el jefe de las Fuerzas Armadas, y goza de in-munidad judicial durante el tiempo que dure su mandato.

En las recientes elecciones legislativas de octubre, de los siete partidos que han competido con el RCD, cinco pueden considerarse agrupaciones políticas próximas al régimen: el Partido de Uni-dad Popular, el Movimiento de Demó-cratas Socialistas, la Unión Democrá-tica Unionista, el Partido Social Liberal y el Partido Verdes por el Progreso, y dos representan una línea de oposición: el Movimiento de Renovación y el Foro Democrático por las Libertades y el Tra-bajo. Los resultados fi nales se refl ejan en el siguiente cuadro: El porcentaje de participación que se ha anunciado ofi -cialmente es del 89,40%. Hay que seña-lar que en los pasados comicios, la cifra publicada fue del 80%.

Los candidatos a la presidencia

Los candidatos que finalmente obtuvie-ron la aprobación del Tribunal Consti-tucional para presentar su candidatura fueron cuatro: el presidente Zine al-Abi-dine Ben Ali, por el RCD; Muhammad Bushiha, del PUP; Ahmad al-Inubli, del UDU; y Ahmad Ibrahim, del MR.

- Reagrupación Constitucional Demo-crática (RCD) es el heredero del parti-do histórico creado por Habib Burgui-ba tras la independencia, varias veces reformado (Partido Libre Constitucional –al-Hizb al-Hurr al-Dusturi- conocido como el-Destur, Nuevo Partido de la Constitución –Hizb al-Dustur al-Yadid, conocido como Neo-Destur-, Partido

TOTAL 214

Al-Tayammu‘ al-Dusturi al-Dimuqrati

Reagrupación Constitucional Democrática (RCD) 161

Harakat al-Dimuqratiyin al-Ishtirakiyin

Movimiento de Demócratas Socialistas (MDS) 16

Hizb al-Wahda al-Sha‘biyya

Partido de Unidad Popular (PUP) 12

Al-Ittihad al-Dimuqrati al-Wahdawi

Unión Democrática Unionista (UDU) 9

Al-Hizb al-Iytima‘i al-Taharruri

Partido Social Liberal (PSL) 8

Hizb al-Judar li-l-Taqaddum

Partido de los Verdes por el Progreso (PVP) 6

Harakat al-Taydid

Movimiento de Renovación (MR) 2

Socialista Constitucional, al-Hizb al-Ishtiraki al-Dusturi), hasta convertirse en la Reagrupación Constitucional De-mocrática, que siempre ha gobernado en Túnez.

- Partido de Unidad Popular (PUP), surgido como una escisión del Movi-miento de Unidad Popular, creado en 1973, ha estado liderado por Muham-mad Belhay ‘Amr durante casi dos dé-cadas. Obtuvo la legalización en 1983, cuando el gobierno permitió la creación de partidos políticos. Su ideología, de tendencia nacionalista, aboga por la independencia económica y política de la nación y, desde los años noventa del pasado siglo, ha ofrecido su apoyo públicamente al régimen. Entró en el Parlamento en las elecciones de 1994 y en las de 1999 obtuvo 7 escaños. Muhammad Belhay ‘Amr fue también candidato en las elecciones presiden-ciales de 1999, pero no alcanzó el 1% de los votos. Sucedido por Muhammad Bushiha, en los comicios de 2004 el partido aumentó sus escaños a 11 (con un 3,8% de los votos). Bushiha se ha

presentado a las elecciones presiden-ciales de 2009 y ha obtenido un 5,01% de los votos. Su partido ha logrado 12 escaños.

- Unión Democrática Unionista (UDU), creado en 1988, obtuvo la legalización finalmente en 1991. Uno de sus funda-dores más destacados fue ‘Abd el-Rah-man al-Talili que, hasta la creación del partido, había formado parte del Comité Central del RCD. En las elecciones pre-sidenciales de 1999 obtuvo un 0,99% de los votos. Al-Talili lideró el UDU has-ta 2003 cuando fue sucedido por Ah-mad al-Inubli, que se ha presentado a las elecciones presidenciales de 2009 obteniendo un 3,70% de los votos. La UDU ha participado en todas las elec-ciones legislativas anteriores (1989, 1994, 1999, 2004). En las legislativas de 2004, la UDU consiguió 7 escaños y en las de 2009 ha obtenido 9.

- El Movimiento de Renovación (MR), antiguo partido comunista, fundado en 1993 por Ahmad Ibrahim y otras perso-nalidades destacadas de diversas co-rrientes de izquierda e independientes, participó en las elecciones de 1999 y 2004, obteniendo 5 y 3 escaños res-pectivamente. Presentó un candidato en las presidenciales de 2004, Muha-

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mmad ‘Ali al-Helwani, que obtuvo, al igual que los otros candidatos de la oposición, menos de un 1%. En 2007, Muhammad al-Hermel fue sustituido en el cargo de secretario general por Ah-mad Ibrahim, quien se ha presentado a las presidenciales de 2009, obteniendo un 1,57% de los votos. El MR trabaja en coordinación con otros dos partidos de izquierdas que no están legalizados: el Partido Socialista de Izquierda y el Par-tido del Trabajo Nacional Democrático. En 2008, los tres partidos anunciaron su intención de trabajar juntos a través de la Iniciativa Nacional por la Demo-cracia y el Progreso, que tiene como objetivo “aunar en la lucha a las fuer-zas democráticas y progresistas para alcanzar las libertades generales, las exigencias sociales, la soberanía na-cional y la defensa de los principios de justicia e igualdad”. Ahmad Ibrahim era el único candidato que representaba de oposición. Este candidato denunció sus dificultades para celebrar mítines, colgar carteles electorales y repartir su programa durante la campaña. Su par-tido ha conseguido 2 escaños en los últimos comicios.

Los partidos ausentes

El Movimiento de Tendencia Islámica (MTI, que tenía su origen en al-Yama‘a al-Islamiyya y que fue el embrión del posterior partido al-Nahda) se creó en Túnez en 1981 por los que serían sus dos líderes más destacados, Rashid al-Gannushi, y ‘Abdelfattah Muru. Ya en época de Bourguiba, los islamistas eran uno de los grupos de oposición más movilizadores. La relación entre el régimen y la corriente islamista ha sido predominantemente de enfrentamien-to radical, si bien en los años setenta Bourguiba se apoyó en las asociacio-nes islamistas de predicación (sin par-ticipación en la escena política) para hacer frente a los grupos de izquierda, principalmente sindicalistas y universi-tarios, que entonces constituían el prin-cipal frente de oposición. Pero el isla-mismo se fue haciendo cada vez más político y fue así como se creó el MTI. La primera estrategia gubernamental fue apropiarse del discurso religioso con el objetivo de debilitar a la oposi-ción islamista, pero no obtuvo los resul-tados esperados.

Cuando Ben Ali llegó al poder desarrolló, inicialmente, una estrategia de refuerzo del islam estatal y una relativa tolerancia hacia el islamismo y les permitió partici-par, si bien como independientes, en las elecciones de 1989, para lo que se cam-biaron el nombre a Movimiento al-Nahda (Renacimiento). Si bien no consiguieron ningún escaño, puesto que todavía no estaba vigente la ley que reserva el 25% de los asientos a los partidos de oposición, sí se perfi ló como la princi-pal fuerza que podría desafi ar al partido gobernante. El RCD decidió entonces que debía neutralizar a al-Nahda, que ya controlaba la mayoría de las mez-quitas, tenía arraigo social, sobre todo en los barrios populares, y contaba con una rama estudiantil –la Unión General de Estudiantes de Túnez- que estaba presente en la mayoría de los consejos directivos de las facultades.

Tras la experiencia argelina, en la dé-cada de los 90 prevaleció la línea gu-bernamental de represión y persecución contra el islamismo, contando con el apoyo de otros partidos (como el Movi-miento de Demócratas Socialistas), que en origen se consideraban de oposición pero que se sumaron al gobierno en su “aversión” hacia los islamistas. Los diri-gentes de al-Nahda y también muchos de sus miembros más jóvenes –que habían pertenecido a la ahora desapa-recida Unión General de Estudiantes de Túnez– se exiliaron, principalmente en Europa, y no han vuelto al país desde entonces. Durante más de veinte años, lo miem-bros de al-Nahda en el exilio han cele-brado asambleas generales, han convo-cado manifestaciones de protesta ante las embajadas tunecinas de Europa, han ofrecido apoyo económico a quie-nes iban saliendo de la cárcel, han pro-testado ante el Parlamento Europeo etc. Pero, según algunos analistas, como Rashid Khechana del Arab Reform Ini-tiative, los islamistas no han conseguido reorganizarse desde su desmantela-miento a principios de los años 90.

En noviembre de 2008, con motivo de la celebración del vigésimo primer aniversario de la llegada de Ben Ali al poder, éste ordenó la puesta en liber-tad de los miembros de al-Nahda que aún permanecían en prisión, abrién-dose un todavía poco claro proceso de negociación entre el régimen y al-Nahda, lo cual está abriendo brechas en el grupo islamista entre el sector interno y el de los exiliados. Los pri-meros, víctimas de la represión, se muestran más pragmáticos y abiertos a una potencial reconciliación con el poder, en tanto que los miembros en el exilio mantienen una línea más dura. Así, Al-Sadeq Shuru, ex presidente de al-Nahda, declaró, en una entrevista ofrecida a Islamonline.net nada más salir de la cárcel en 2008, que confía en que “las relaciones entre el movi-miento y el régimen mejoren; espe-ramos que se permita al movimiento obtener sus derechos respecto a la actividad política y también que se solucione la cuestión de los exiliados (…), que se les permita regresar a su patria; esperamos también que se dé una verdadera mejora en el clima democrático”. Y añade que “el obje-tivo de al-Nahda es ahora alcanzar una reconciliación nacional en la que ningún grupo esté excluido pero, para ello, es necesario que el régimen esté prepara do para aceptar dicha recon-ciliación con al-Nahda (...) Tenemos que ver señales positivas de que el régimen ha cambiado su postura”.

Otro partido que ha estado ausente de los comicios es el Partido Demo-crático Progresista (PDP, al-Hizb al-Dimuqrati al-Taqaddumi), el único grupo legal que ha boicoteado las elecciones. Sobre este partido hay que señalar que siempre se ha con-siderado un partido de oposición con apoyo social. Fundado en 1983 como “Agrupación Socialista Progresista”, fue legalizado en 1988 y en 2001 cam-bió su nombre al actual. Participó en las elecciones legislativas de 1989, 1994 y 1999 pero no ha logrado nun-ca ningún escaño, a pesar de la cuota reservada a los partidos de oposición, lo que podría ser interpretado como el reflejo del temor del partido gober-nante a que este grupo obtenga tribu-na parlamentaria.

Con la enmienda introducida en 2008 respecto al criterio de selección de los candidatos a la presidencia, el PDP se veía imposibilitado para pre-sentar la candidatura de su ex secre-tario general, Ahmad Nayib al-Shabbi, y estaba obligado a elegir a la actual secretaria general, Maya al-Yaribi, con mucho menor liderazgo. El PDP protestó contra esta decisión pero fi-nalmente, en agosto de 2009, al-Sha-

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FUENTES Y REFERENCIAS

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bbi retiró su candidatura, y al-Yaribi lo haría un poco más tarde. La decisión de al-Shabbi fue descrita por los ana-listas internacionales como “la retira-da del candidato que más seriamen-te podía haber desafiado a Ben Ali en las elecciones” (análisis del Arab Reform Initiative, octubre de 2009). El PDP anunció que boicotearía las elecciones.

Por otra parte, con la modificación de 2008, otro líder de la oposición, Mus-tafa Ben Ya‘far, del Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades legali-zado hace siete años, pero él elegido tan sólo hace un año para liderarlo,

se vio incapacitado para presentar su candidatura.

En definitiva, el resultado de las elec-ciones ha sido previsible e inevitable. Cabe señalar que, según el Índice de Paz Global, Túnez es el país más pacífico de África y también lidera el Índice de Competitividad Global de países africanos elaborado por el Foro Económico Mundial. Esta estabi-lidad económica no se ve acompaña-da de un proceso de reforma política y transparencia jurídica, necesarias para evitar el creciente malestar po-lítico-social de este pequeño país del Magreb.

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INFORME DE DESARROLLO HUMANO ÁRABE DE 2009: ENTRE SEGURIDAD HUMANA Y POLÉMICA

El informe de 2009 ve la luz después de dos años de preparación y es el primero de la segunda serie de informes previs-tos por el PNUD hasta 2011. Muchos de los temas tratados ya habían sido desa-rrollados en los cuatro volúmenes de la serie anterior (2002-2005), pero en este caso la atención se centra en la seguridad humana, considerada como un requisito previo para el desarrollo humano. En su realización colaboraron más de noventa académicos e investigadores, y se llevó a cabo una encuesta en cuatro países –Líbano, Kuwait, Marruecos y los Terri-torios Palestinos. Para dar mayor repre-sentatividad a los componentes sociales, se amplió la presencia de mujeres en el consejo consultivo del informe y se orga-nizaron tres foros de debate entre jóve-nes de la región. El mensaje general del informe invita a considerar el concepto de seguridad humana como complemen-tario al de seguridad nacional, amplia-mente difundido en la región, en el senti-do de que ambos tienen como objetivo la protección de las vidas de las personas, pero desde dos perspectivas distintas que no tienen porqué ser opuestas. La segu-ridad humana, amenazada actualmente por los distintos factores analizados en el informe, se centra en el ser humano y su objetivo es garantizar la seguridad y la libertad del individuo permitiéndole disfrutar de sus derechos y expandien-do así sus posibilidades de desarrollo. El

Presentado en Nueva York y Beirut el pasado verano, el Informe de Desarrollo Humano Árabe de 2009 realizado por el PNUD ofrece una nueva perspectiva sobre la situación en el mundo árabe, analizando los niveles de seguridad humana en la región. Para hacerlo, se siguió la defi nición de este concepto que se encontraba en el Informe de Desarrollo Humano de 1994, considerándolo como “la liberación de los seres humanos de las amenazas graves, extendidas, duraderas y considerables ante las que sus vidas y libertad son vulnerables”. Tanto esta defi nición como los contenidos del informe están en la base del debate surgido en torno a esta publicación y su validez.

referente de la seguridad nacional, por el contrario, es el Estado, cuya seguridad e integridad tienen que ser protegidas de las amenazas, principalmente militares, que también pueden afectar al entorno en el que el individuo se mueve. Por eso habría que considerar los dos conceptos como interrelacionados y evidenciar los puntos de intersección entre ellos para alcanzar un más alto nivel de desarrollo humano, imposible si se sigue enfocan-do el concepto de seguridad únicamente desde la perspectiva del Estado.

En el contexto árabe no abundan los es-tudios relacionados directamente con el concepto de seguridad humana, aunque recientemente ha aparecido en la obra de distintos autores árabes mostrando visio-nes muy diferentes respecto a sus signi-fi cados y objetivos. Algunos la relacionan exclusivamente con la dimensión militar, considerándola como la liberación del miedo y el respeto a la dignidad humana, mientras que otros la ven estrictamente dependiente de la prosperidad material y del equilibrio en la sociedad, recono-ciendo la complementariedad entre los distintos aspectos que caracterizan la vida del ser humano, tal y como apare-cen en el informe del PNUD. Para uno de los colaboradores que ha participado en la realización del informe, Aziz al Az-meh, aunque el concepto de seguridad humana tienda a alejar el enfoque del Estado y de la comunidad nacional cen-trándolo en el individuo, en el contexto del Estado árabe es fundamental tener en consideración el carácter étnico, reli-gioso y cultural de los grupos en los que los individuos se desarrollan, además de la ideología panarabista que puede caracterizar algunos de ellos, para en-contrar soluciones que se adecuen al contexto.

Los cuatro informes precedentes so-bre Desarrollo Humano Árabe trataron los défi cits de oportunidades para las nuevas generaciones, de acceso a las fuentes del conocimiento, de libertad y de empoderamiento de la mujer que afectan a la región, considerándolos obstáculos para el progreso; el infor-me de 2009 ve estos problemas bajo el prisma del desarrollo humano y los identifi ca como las consecuencias de

las amenazas que pesan sobre la segu-ridad humana en sus distintos aspectos, dedicando a cada uno de ellos un capí-tulo, en este orden:

- la seguridad ambiental amenazada por la desertifi cación, que afecta a un quinto de las tierras árabes, el agotamiento de los recursos naturales –en primer lugar, el agua–, y el calentamiento global;

- la seguridad política amenazada por varias formas de represión moral y física ejercidas por el Estado, que se muestra reacio a aceptar procesos de reforma que impliquen el paso a un Estado civil y no militar, con políticas de inclusión e igualdad social que reducirían los con-fl ictos generados por la politización de la diversidad de la población;

- la seguridad personal de los grupos mi-noritarios o vulnerables, como las muje-res, los niños, los trabajadores extranje-ros y los refugiados, amenazados por la falta de interés por parte del Estado y de la sociedad;

- la seguridad económica amenazada por el desempleo, cuya tasa en el mundo árabe, el 14,4%, es más del doble de la media mundial (6,3%), y por la pobreza, puesto que una persona de cada cinco vive por debajo del umbral de la pobreza (2$ al día);

- la seguridad alimenticia amenazada por la hambruna y la malnutrición, cuyos efectos se podrían paliar o eliminar, a lar-go plazo, con estrategias dirigidas tanto a la mejora de la productividad y de los ingresos de la personas, como a la toma de medidas urgentes reservadas a los grupos vulnerables y marginados;

- la seguridad sanitaria amenazada por las enfermedades, en un contexto don-de no se da la importancia sufi ciente a la prevención y donde no hay igualdad de posibilidades de acceso a la sanidad;

- la seguridad general amenazada por las ocupaciones y las intervenciones militares extranjeras, tomando en consi-deración, de manera particular, las con-secuencias sobre la población iraquí, palestina y somalí.

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A día de hoy, el nivel de seguridad huma-na, tal y como es concebido por el PNUD, no está garantizado uniformemente en los distintos países de la región árabe, por eso el informe propone fundamentalmente un replanteamiento del contrato social entre Estado y ciudadanos que focalice la aten-ción en las prioridades vitales para el bien-estar de los individuos. Esta operación se debería realizar a través de la reorientación de las políticas que el Estado, la sociedad civil, los ciudadanos y los actores interna-cionales tendrían que aplicar en sus distin-tas esferas de acción para reducir dichas amenazas. Los autores del informe iden-tifi can, pues, en la inseguridad humana el origen de los problemas de desarrollo en el mundo árabe, pero reconocen también que los regímenes autoritarios no son la única causa de todos estos problemas, aunque sus intereses en el mantenimiento del po-der y en la seguridad del Estado han limita-do los esfuerzos para tratar las amenazas que afectan al ser humano. El informe no habla abiertamente de la promoción de la democracia, sino que insiste en que la se-guridad humana y la seguridad del Estado pueden reforzarse mutuamente, y analiza las formas en las que los Estados orien-tados hacia su propia seguridad afectan a la seguridad de sus ciudadanos, como por ejemplo a través del abuso de las leyes marciales o de emergencia que justifi can la violación de derechos humanos, o de la falta de garantías de independencia del poder judicial.

Algunas líneas propuestas para mejorar la situación, tanto el fortalecimiento del esta-do de derecho como la diversifi cación de las estructuras económicas -demasiado centradas ahora en la industria del petró-leo- conllevarían el replanteamiento de los mecanismos de toma de decisiones políticas de los países en cuestión y el comienzo de un proceso de reforma que los anteriores informes del PNUD también consideraban necesario.

Quizás sean estas las razones por las que la repercusión de estos informes es limita-da en los ámbitos gubernamentales de los países árabes, puesto que lo que se pone en discusión es la actual estructura y ges-tión del poder, atribuyendo en parte a los que se benefi cian de ella la responsabili-dad de la situación. Pero al mismo tiempo, es cierto que estos informes han provo-cado, puntualmente, un debate en otros círculos, tanto intelectuales como ideológi-cos, cumpliendo así uno de los objetivos que se proponen: ofrecer nuevos temas a la opinión pública en el mundo árabe.

Por un lado, estos informes son bien recibi-dos por analizar de manera crítica la acción de las elites post-coloniales que detentan el poder en los países árabes y por apoyar la necesidad de un proceso de reforma. Aunque, dentro del grupo de los que apo-yan los informes, muchas ONGs critican

el hecho de que no se identifi can explíci-tamente, por ejemplo, los responsables de las violaciones de los derechos humanos referidas en los informes. Por otro, los sim-patizantes de los regímenes gobernantes sostienen que estos informes no describen objetivamente la realidad, puesto que, se-gún ellos, la mayoría de los colaboradores con los que cuentan apoyan la agenda política de la oposición, que tiende a exa-gerar los problemas y quitar importancia a los logros conseguidos por los gobiernos actuales. Otros, como los nacionalistas o los islamistas, ven los informes como una injerencia más de Occidente, en particular Estados Unidos, en los asuntos árabes. Pero este año, el debate se ha transfor-mado más bien en polémica, sobre todo respecto a la independencia de la que su-puestamente el informe tendría que gozar. La controversia se desencadenó cuando, una semana antes de su lanzamiento, el autor principal del informe, Mustafa Kamal El Sayed, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de El Cairo y de la Univer-sidad Americana de El Cairo, declaró que la versión fi nal del informe no correspondía con la que él y sus colaboradores habían presentado, declinando así cualquier res-ponsabilidad sobre los contenidos de la publicación. En una entrevista concedida al periódico egipcio al Masry al Youm pu-blicada el 14 de julio, el profesor El Sayed declaró no haber sido consultado sobre los cambios, en sus palabras “drásticos”, que hicieron los funcionarios del PNUD en la versión fi nal y que debilitaban la credi-bilidad y la calidad analítica del informe mismo. Según la entrevista, El Sayed fue contactado en julio de 2007 por la Ofi ci-na Regional para los Estados Árabes del PNUD, que le encargó la realización del in-forme. En sus declaraciones, afi rmaba ha-ber presentado cuatro borradores, el último en septiembre de 2008, a los responsables de las publicaciones de Naciones Unidas, y sólo en marzo de 2009 se le enseñó la versión fi nal del informe sin posibilidad de revisión y de la que habían desaparecido contribuciones de algunos investigadores, como por ejemplo George Abi Sa‘b, Samir Amin y Ahlam Mustaganem. Las críticas se refi eren, en particular, a la estructura del volumen y al orden de las partes, puesto que el capítulo sobre el impacto de la ocu-pación extranjera en la región, que estaba previsto que fuera el segundo capítulo, fue desplazado al último lugar y el capítulo so-bre seguridad personal, pasó de ser el úl-timo a ser el cuarto. Además, de la edición fi nal quedó excluido un capitulo, presente en los borradores, sobre los confl ictos iden-titarios y sus consecuencias sobre la segu-ridad humana, que, según las investigacio-nes realizadas por el equipo del profesor El Sayed, causan muchos más daños que las ocupaciones extranjeras en la región. Sobre este punto en concreto, el profesor afi rma que haber eliminado dicho capitulo va en contra del análisis del tema realizado

por el propio PNUD en 1994, recogido en el Informe de Desarrollo Humano Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana, del que se sacó tanto la defi nición como el marco teórico para el informe en cuestión, y que efectivamente identifi caba como una de las siete dimensiones de la seguridad humana la seguridad social amenazada por disputas étnico-sectarias.

En respuesta a las acusaciones, en una entrevista concedida al mismo periódico y publicada el mismo día, Adel Abdel Latif, coordinador del informe para la Ofi cina Re-gional para los Estados Árabes del PNUD, afi rmaba que el informe tenía que refl ejar la visión de todos los colaboradores, no sólo la del investigador principal, y que los cambios fueron hechos porque en el borrador presentado por El Sayed la rela-ción entre seguridad humana y desarrollo sostenible no resultaba clara. En cualquier caso, según Abdel Latif, las modifi caciones han afectado a la metodología y no a los contenidos. Respecto a las partes que fue-ron excluidas, el coordinador del proyecto sostiene que no estaban lo sufi cientemen-te documentadas para ser publicadas. Por la delicadeza de los temas tratados y las implicaciones que tienen las partes en cuestión, es natural preguntarse hasta qué punto son fi ables las palabras que acompa-ñan a los datos de la publicación en todas las ediciones de los informes, incluyendo la de 2009, según las cuales: “Los análisis y las recomendaciones políticas de este informe no refl ejan necesariamente la vi-sión del PNUD, de su junta directiva o de los países miembros de Naciones Unidas. El informe es [el resultado] del trabajo de un grupo independiente de autores pa-trocinado por la Ofi cina Regional para los Estados Árabes, PNUD”. Y también cabe interrogarse sobre la existencia o no de un interés en convertir estos informes en ver-daderas herramientas políticas por parte de quienes los publican.

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Evidentemente, estas dudas no se refieren exclusivamente al informe de 2009, sino que surgieron con la primera publicación, en 2002, cuando Naciones Unidas decidió realizar por primera vez un informe sobre el desarrollo de una región específica –el mundo árabe– y se cuestionaron las po-sibles relaciones entre esta decisión y la agenda política de la administración estado-unidense. Algunos analistas no consideran casual la coincidencia temporal y opinan que, después de los ataques de 11-S, en el mundo occidental, y en particular en EEUU, se sintió la necesidad de encontrar una ra-zón que explicara lo sucedido sin basarse exclusivamente en cuestiones de política internacional. Supuestamente por eso, la atención se centró en la falta de desarrollo de la región de donde procedían 11 de los terroristas involucrados en los atentados de aquel día, evidenciando deficiencias locales y presentando explicaciones basadas en causas endémicas.

De hecho, la administración del presidente George Bush hizo referencia al informe de 2002 en varias ocasiones para justificar la intervención estadounidense en la región con la promoción de la democracia presen-tada en la “Freedom Agenda”. Por ejemplo el 2 de junio de 2004, cuando el senador Richard Lugar en su presentación de la “Ini-ciativa para el Gran Oriente Medio” ante el Comité para las Relaciones Exteriores del Senado, citó nueve veces el informe del PNUD, encontrando en él las razones de la existencia del terrorismo y del presunto resentimiento hacia Occidente en el mundo árabe. Por otro lado, según algunos perio-distas estadounidenses, como Thomas L. Friedman del New York Times, la adminis-tración Bush, después de revisar el borra-dor del informe de 2004, habría retrasado su publicación para suavizar las críticas a la invasión de Iraq por parte del ejército de Estados Unidos y a la ocupación israelí de los territorios palestinos. Siguiendo este en-foque, hay quien ve en ello la razón por la que se dejó de publicar el informe en 2005.

Otras presuntas presiones procedentes, en este caso, directamente de los países obje-tos de estudio tendría que ver con las en-cuestas que se realizaron para el informe. Según al diario egipcio al-Dustur, Marrue-cos pidió que se excluyeran de la encuesta preguntas sobre las fuerzas de seguridad, mientras que Kuwait exigió que las pregun-tas se realizaran sólo entre los ciudadanos kuwaitíes, excluyendo a la población de tra-bajadores inmigrados.

En general, aparte de las críticas puntuales, existen dudas referidas a la evaluación del informe. En concreto, sobre la ambigüedad a la hora de identificar cuáles, entre las presentadas, son las amenazas conside-radas prioritarias y cuáles las secundarias. El informe, en su tercer capítulo, reconoce que la región es vulnerable a las presiones externas por lo que se refiere a las transfor-maciones políticas, aportando dos ejemplos muy concretos. Por un lado, muestra cómo la “Freedom Agenda”, al mismo tiempo que dirigía la política exterior estadounidense, proclamando la lucha contra el terrorismo global, autorizaba implícitamente a los regímenes autoritarios árabes a reconfi-gurar y ampliar sus poderes represivos a través de leyes antiterroristas. Por otro lado, explica cómo la retirada del apoyo a la promoción de la democracia se produ-jo después de las victorias electorales de “algunos movimientos islámicos” –la refe-rencia a Hamás y a las elecciones de 2006 es evidente pero no explicita– y cómo esto ha confirmado los miedos de la mayoría de los reformistas árabes para quienes en la perspectiva de las potencias extranjeras “la democracia en la región es importan-te sólo hasta el punto de lograr su propia seguridad y otros intereses. Cuando no es así, la seguridad y los intereses tienen preferencia y la reforma se encuentra sin apoyos” (Informe de Desarrollo Humano Árabe de 2009, p. 76).

En el informe no quedan muy claras las relaciones entre las dimensiones internas

y externas de las amenazas a la seguridad humana, cuando éste es un tema de debate actual dentro del mundo árabe. Por sus características geoestratégi-cas, recursos naturales y relaciones con Israel, el mundo árabe es uno de los protagonistas de las políticas y es-trategias internacionales y donde los acontecimientos han mostrado que la seguridad de terceros países ha sido desencadenante de conflictos, mien-tras que en el informe se tiende casi siempre a primar las causas internas frente a las externas.

En general, la polémica gira sobre el desigual rigor analítico al tratar los distintos factores o casos, como por ejemplo, que tratándose de seguridad humana en el mundo árabe, la impor-tante cuestión de los refugiados se aborde únicamente en la segunda mi-tad del cuarto capítulo dedicado a los “grupos vulnerables”, o por qué la crisis de Darfur es el único ejemplo de con-flicto identitario, y que, además, sólo se aborde cuando se trata la necesidad de control institucional sobre los abu-sos de poder, en el segundo capítulo. Respecto a este último punto, y según recoge Marc Lynch en The Nacional (30/7/2009), uno de los colaboradores opina que el informe no trató el conflic-to que se está viviendo entre sunníes y shiíes (véase Atalaya nº 4)

No obstante, hay que señalar que el lanzamiento múltiple en diversos países árabes que se le ha querido dar a este informe, distinto respecto a las edicio-nes anteriores que sólo se presentaron en una ocasión, está fomentando un amplio debate público sobre sus con-tenidos con el fin, como ha garantizado Amat ‘Alim al-Soswa, directora de la Oficina Regional para los Países Ára-bes del PNUD (véase Perfil), de “refor-zar el dialogo y asegurar su seriedad, diversidad y pluralismo intelectual”.

Fuentes:

ABDEL FATTAH, Moataz. “Impact of the Arab Human Development Reports”. Arab Reform Bulletin. (Septiembre de 2009)

Arab Human Development Report 2009. Challenges to Human Security in the Arab Countries. New York: United Nations Publications, 2009.

KAWZALLY, Saseen. “UNDP Arab Human Development Report: security first, occupation last”. Menassat. 24 de Julio de 2009. http://www.me-nassat.com/?q=en/news-articles/6934-undp-arab-human-development-report-security-first-occupation-last

LYNCH, Marc. “Grading places”. The National (30 de Julio de 2009)

NAFAA, Hassan. “UNDP credibility”. Al-Ahram weekly, nº 957 (23-29 de Julio de 2009) http://weekly.ahram.org.eg/2009/957/op1.htm

“Politics at the expense of the truth?”. Al Masry al Youm (14 de Julio de 2009)

“Walking the tightrope”. Al Masry al Youm (14 de Julio de 2009)

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OPOSICIÓN TRIBAL Y ARMADA: EL RETO DE ISLAMABAD

Pakistán tiene una larga tradición de presencia de diferentes corrientes islamistas y partidos políticos de esa orientación integrados en el sistema político y social del país. Sin embargo, en los últimos años ha sido el Movimiento Talibán Pakistán el que ha llamado la atención de los análisis, debido a la virulencia de su enfrentamiento con el régimen de Islamabad. El rechazo de la autoridad central, la oposición frontal a la política ofi cial respecto al movimiento Talibán del vecino Afganistán, la participación pakistaní en la campaña contra el “terrorismo” de la administración estadounidense, y por lo tanto la presencia del ejército en las zonas fronterizas en las que tradicionalmente eran las tribus las que garantizaban la seguridad, son los ejes alrededor de los cuales se articula el discurso y el comportamiento talibán pakistaní.

El surgimiento del Movimiento Talibán Pa-kistán (Tehrik-i Taliban Pakistan) (MTP) y el enfrentamiento con el gobierno pakistaní está estrechamente ligado al ascenso y caída del movimiento Talibán en Afganistán y vinculado al apoyo del régimen pakistaní a la adminis-tración estadounidense en su “campaña con-tra el terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Las autoridades de Isla-mabad, presionadas por EEUU, incrementa-ron la presencia militar y las campañas para “limpiar” las zonas fronterizas con el país ve-cino, califi cadas de refugio tanto de talibanes afganos, que huyeron del país tras la invasión de EEUU, como de elementos de al-Qaida. Así, a la vez que se intensifi caban las opera-ciones militares pakistaníes en la zona fronte-riza, aumentaba la revuelta y la contestación violenta contra la autoridad estatal.

Surgimiento del MTP Es imposible desligar los procesos sociopo-líticos de Pakistán del devenir de su vecino al otro lado de la Línea Durand de demarca-ción, trazada en 1893. En la época del yihad en Afganistán contra las tropas soviéticas, en la década de los ochenta, Pakistán dio cobijo, prácticamente, a todos los grupos de muyahidin afganos; ofi ciales del ejército pa-kistaní ayudaron y participaron en esa lucha contra el ejército rojo e Islamabad puso su in-fraestructura a disposición de EEUU y Arabia Saudí, que prestaban, a su vez, apoyo a los combatientes afganos. Por Peshawar, capital de la Provincia Fronteriza del Noroeste, pasa-ron los “árabes afganos” que se sumaron a la lucha contra la invasión soviética de un país islámico. Tras la caída del régimen pro-sovié-tico de Naguibullah, en abril de 1992, Pakistán intentó determinar la composición del nuevo régimen afgano: apoyó a Qalbuddin Hikmat-yar y a su Partido Islámico con la esperanza de que instaurara un régimen pro-pakistaní, y trazó los pasos que tenían que dar los mu-yahidin afganos para formar gobierno. Hasta que estallaron las contradicciones internas en Afganistán tras la retirada soviética en forma de un nuevo confl icto armado y, ante el fraca-so de su estrategia, Pakistán buscó un nuevo aliado: el movimiento Talibán.

Durante la guerra civil afgana (1992-1996), las escuelas religiosas deobandis en Pakistán, que contaban con las ayudas económicas de Arabia Saudí, se llenaron de jóvenes afganos, refugiados y empobrecidos, que nutrieron al movimiento Talibán. Voluntarios pakistaníes

pasaron a Afganistán a luchar junto a las fi las de los Talibán; la inteligencia pakistaní aupó al nuevo movimiento. Así, tras la toma de Kan-dahar a fi nales de 1994, cuando comenzó a verse a los Talibán como una opción real de gobierno en Afganistán, el movimiento enca-bezado por Mullah Omar contó inicialmen-te con el apoyo militar y estratégico de las autoridades estadounidenses y pakistaníes, especialmente de los cuerpos de seguridad, entre ellos el todopoderoso Inter-Services Intelligence (ISI) –la inteligencia militar pa-kistaní–.

Una vez anunciada la determinación de EEUU de derrocar al régimen Talibán tras los atentados del 11-S, Pakistán intentó mediar para, al menos, contar con los dirigentes ta-libán más pragmáticos y crear en el país ve-cino un nuevo régimen que surgiera desde dentro del propio movimiento, según recono-ció el entonces presidente pakistaní Pervez Musharraf. Acabar con un régimen, aunque

fuera el Talibán, y generar un vacío de poder podía ser peligroso para Pakistán, y cualquier infl uencia que perdiera sobre el país vecino redundaría en benefi cio de su máximo rival en la zona, la India. Islamabad era también consciente de las rupturas internas que po-dría ocasionar su alineamiento con EEUU en la guerra contra los Talibán de Afganistán: diferencias en el seno del ejército que se saldaron con la destitución de altos cargos opuestos al apoyo pakistaní a las fuerzas estadounidenses (siempre ha habido una re-lación especial entre las fuerzas islamistas y el ejército, al menos hasta 2001); diferencias entre los actores políticos; y entre la jefatura religiosa y la clase política dirigente –basta recordar la fetua de la Asociación de Ulemas de Pakistán declarando ilícita la intervención estadounidense en Afganistán–.

A raíz de todos estos procesos, y en determi-nadas áreas geográfi cas pakistaníes, fueron surgiendo movimientos que no reconocían

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la legitimidad del gobierno central –por ello insistían en la creación de sus propios tribunales y luchaban contra lo que conside-raban una injerencia del régimen de Islama-bad– y que estaban totalmente en contra de la política de alineamiento del régimen con la administración de EEUU. Estas zonas geográfi cas sufrieron desde el principio la guerra contra los Talibán de Afganistán ya que comenzaron a ser objeto de ataques estadounidenses que pretendían acabar con los talibanes afganos allí refugiados y con las huestes de al-Qaida.

Al igual que el movimiento Talibán afgano, el pakistaní se gestó entre estudiantes de las escuelas religiosas deobandis que fl orecie-ron en la zona fronteriza entre ambos países durante los años de la guerra civil afgana y que acogían a muchos de los desplazados afganos. Estas escuelas, existentes en el país desde su nacimiento en 1947, y crea-das en un principio como alternativa a los cambios educativos que había provocado el colonialismo británico, ofrecían enseñanza religiosa gratuita y preparación profesional a las familias más desfavorecidas con un espí-ritu de modernización y reforma, cumpliendo con el objetivo con el que nacieron a fi nales del siglo XIX. Sin embargo, ese espíritu se fue perdiendo gradualmente hasta llegar a lecturas rigoristas y tradicionalistas, entre-mezcladas con los valores tradicionales de la etnia pastún (mayoritaria en Afganistán y en las zonas fronterizas de Pakistán). Algunas escuelas iniciaron, especialmente durante la guerra civil afgana, un proceso de progresiva politización y militarización que dio como fru-to el movimiento Talibán, tanto afgano como pakistaní.

El MTP se constituyó orgánicamente en oc-tubre de 2007, es decir pocos meses des-pués del punto de infl exión que supuso el asalto a la mezquita Roja de Islamabad en julio de ese año. La actuación del gobierno ante la crisis de la Mezquita Roja, con una inmensa reacción militar ante las provoca-ciones de los estudiantes, fue la demostra-ción palpable de que, por un lado, el régimen de Musharraf no estaba dispuesto a tolerar que la infl uencia de algunas tendencias is-lamistas se extendieran a la capital, de ahí el cierre de la escuela de la mezquita, y de que, por otro, Musharraf ejecutaba la política estadounidense de lucha contra todo aquello que pudiera califi carse de radicalismo.

Pero los orígenes del MTP pueden remontar-se a fi nales de los noventa del pasado siglo, más concretamente a 1998 y al distrito de Orakzai, situado al oeste del país, en las Áreas Tribales de Administración Federal (ATAF). En un principio, y siguiendo la estela de Tali-bán-Afganistán, eran grupúsculos que tenían como objetivo luchar contra la corrupción y la inseguridad en las zonas tribales y apoyar a los Talibán-Afganistán. Poco después, los di-ferentes grupos existentes comenzaron a co-ordinar sus acciones y surgió la organización Movimiento Talibán Pakistán (MTP).

La ATAF es la zona de influencia de la corriente Talibán, influencia consegui-da también con una depuración de las jefaturas tribales acusadas de colabo-racionismo con las autoridades pakis-taníes y estadounidenses. Esta táctica allanó el camino para imponer su au-toridad en la zona tribal, pero llevó di-rectamente a un enfrentamiento entre el grupo denominado Emirato Islámico de Waziristán (EIW) y el Estado. El EIW creó una administración paralela que proclamó un Estado islámico en febre-ro de 2006. El conflicto se cerró en falso el 5 de septiembre de 2006 con la firma del Acuerdo de Waziristán de alto el fuego. Este acuerdo reconocía a la insurgencia como movimiento y cuerpo

Las Áreas Tribales de Administración Federal (ATAF) incluyen 8 distritos: Bajaur, Khyber, Ku-rram, Mohmand, Waziristán Norte, Waziristán Sur y Orakzai; y seis Provincias Fronterizas: Peshawar, Kohat, Bannu, Lakki, Tank y Dera Ismael Khan. Su extensión es de 27.220 km² (la extensión total del país es de 803.940 km²) y tiene una población estimada de unos 3,5 millones (de una población de unos 166 millones). Las zonas de ATAF y las Provincias Fron-terizas dependen directamente del gobierno central y del presidente del país, quien designa a los gobernadores que actúan como sus representantes directos. En virtud de la Constitución del país no están bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo ni de la Corte Superior de Justi-cia. La ausencia de estas instituciones, junto a la ausencia de otros organismos del Estado (policía, gobiernos locales…) es suplida por la autoridad tribal, o en el caso que nos ocupa actualmente por grupos de una orientación u otra, por ejemplo el MTP. Estas zonas tienen representación política en las instituciones del Estado (parlamento, senado), si bien como in-dependientes ya que no se aplica a la zona la Ley de Partidos Políticos. Es decir, prevalecen las alianzas tribales y son los líderes tribales quines actúan como interlocutores.

de seguridad aunque rechazaba la idea de la creación de un “Estado Talibán” en la zona.

La primera aparición de la denomina-ción MTP se remonta al 23 de octubre de 2007, cuando la prensa pakistaní publicó que cinco grupos armados se habían unido bajo esta denominación en el distrito de Mohmand para com-batir a las bandas criminales. El 14 de diciembre de 2007 se anunció oficial-mente la creación del Movimiento Tali-bán-Pakistán, y en agosto de 2008 fue calificado por las autoridades pakista-níes como “grupo terrorista”. En febrero de 2009, el grupo pasó a denominarse Asamblea Consultiva de los Muyahidin,

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aunque en los medios de comunicación se mantuvo la denominación de MTP, tras la unifi cación de tres grupos que reclama-ban el mismo nombre –los grupos de Bai-tullah Mehsud (Waziristán Sur), Hafez Gul Bahader (Waziristán Norte) y Mawlawi Nadhir (de la tribu wazir en Waziristán)– centrado en ataques contra las tropas extranjeras en Afganistán. Baitullah fue nombrado emir, Bahader viceprimer emir, y Mullah Faqir Muhammad, del distrito tri-bal de Bajaur, como número tres de la or-ganización. El Consejo Consultivo incluía personalidades de las zonas tribales y del Valle de Swat (Movimiento de Aplicación de la Shari‘a de Muhammad) dirigido por Mawlana Fadlallah, cuya principal reivin-dicación era la aplicación de la legislación islámica. Es decir, el actual MTP funciona más como una denominación genérica dentro de la cual se mueven grupos de marcado carácter tribal y muy vinculados a jefes tribales.

Los principios y objetivos de MTP eran: aplicación de la shari‘a; creación de un frente común para combatir contra las tro-pas de la OTAN en Afganistán; el yihad defensivo contra el ejército pakistaní; eli-minación de los puestos militares en las zonas tribales; liberación del imam de la mezquita Roja de Islamabad, Mawlawi Abdelaziz Ghazi (quien de hecho fue li-berado en abril de 2009); y rechazo de cualquier acuerdo de paz con el gobierno pakistaní.

Según fuentes ofi ciales, repetidas conti-nuamente por los medios pero difícilmen-te verifi cables, el MTP cuenta con entre 30.000 y 35.000 hombres armados (aun-que en Waziristán Sur se encontrarían actualmente unos 10.000), la mayoría li-cenciados o matriculados en las escuelas deobandis, e indudablemente cuenta con cierto apoyo de jefes tribales desconten-tos con la política de Islamabad y con la actuación del ejército, a los que ven exce-sivamente alineados con las políticas es-tadounidenses en Pakistán y Afganistán, y especialmente tras la operación militar lanzada en Waziristán Sur.

La mayor parte de los miembros del MTP son pakistaníes de la etnia pastún, que habita principalmente en la zona noroes-te del país fronteriza con Afganistán, y evidentemente se le han sumado taliba-nes afganos refugiados en el país vecino desde el derrocamiento del régimen en 2001.

El enfrentamiento es cada vez más encar-nizado y a las acciones del ejército pakis-taní y a los bombardeos con aviones no tripulados le suceden acciones armadas del MTP o grupos que comparten con él objetivos y estrategias. De hecho, el ra-dio de acción de la “insurgencia” se ha extendido, prácticamente, a todo el país, incluida la capital: desde las ATAF al Valle

de Swat, Malakand, Islamabad, las Pro-vincias Fronterizas, Baluchistán, el Pun-jab…. Y también se van modifi cando las tácticas: acciones simultáneas en puntos diferentes del país y centradas, cada vez más, en contra de las fuerzas de seguri-dad, tanto el ejército como la policía o la inteligencia. Por ejemplo, el 15 de octubre tuvieron lugar cinco atentados terroris-tas: tres de ellos en Lahore (este) contra instalaciones militares y de la seguridad (Ofi cina Federal de Investigaciones, cen-tro de entrenamiento de la policía y centro de entrenamiento de las fuerzas especia-les de la policía); casi al mismo tiempo se producía un ataque suicida con coche bomba contra un centro de la policía en Kohat (noroeste); y otro ataque en Pes-hawar contra la sede del gobierno.

Parece, también, que el MTP ha sellado una alianza con el grupo armado Amjad Farooqi, del Punjab, zona sensible y lugar tradicional del poder pakistaní limítrofe con India, una provincia que ha sido tradi-cionalmente la gran proveedora de ofi cia-les del ejército. Este grupo, supuestamen-te responsable de los ataques en Lahore, recibe el nombre de quien, según la segu-ridad pakistaní, planifi có los dos intentos fallidos de asesinato del entonces presi-dente Musharraf, también originario del Punjab, en diciembre de 2003. Farooqi murió en septiembre de 2004.

Precedentes: los confl ictos del Valle de Swat y Waziristán Norte

Swat es un distrito de la Provincia Fronte-riza del Noroeste y, junto con Peshawar, uno de los más poblados de la zona. En el siglo XIX se constituyó como “emirato islámico” en el marco de la India de enton-ces y en el momento de la partición, 1947, se incorporó a Pakistán permanecien-do como “emirato islámico” hasta 1969, cuando se convirtió en una provincia más del país.

El enfrentamiento en el Valle de Swat, hasta hace poco una de las zonas más turísticas del país, demuestra que la ideo-logía del MTP ha traspasado los límites de su zona natural de infl uencia. Los prin-cipales actores fueron el Movimiento de Aplicación de la Shari‘a de Muhammad, dirigido por Mawlana Fadlallah, el ejér-cito pakistaní y la presión externa de la administración estadounidense. Este mo-vimiento fue creado en 1992 por Sufi Mu-hammad, escindido del partido islamista Yamaat-i-Islami en 1981 por diferencias estratégicas, ya que Sufi estaba en con-tra de participar en el juego electoral. Sufi combatió en Afganistán contra las tropas soviéticas y, tras la caída del régimen Ta-libán, movilizó a sus hombres para luchar en Afganistán contra las tropas occiden-tales. El ejército pakistaní, en el marco de la “guerra contra el terrorismo”, inició en 2002 una campaña para contener el

movimiento de Sufi , quien fue detenido, llevado a Guantánamo, trasladado a la prisión de Bagram, a las afueras de Ka-bul, y después entregado a las autorida-des pakistaníes. Le sucedió en la jefatura del movimiento su yerno Mawlana Fadlallah (apodado Mullah Radio), quien prosiguió el enfren-tamiento con el régimen de Musharraf. En 2007, el movimiento impuso su autoridad en el Valle de Swat y consolidó su alianza con el MTP. La autoridad del movimiento, demostrada con la creación de tribunales religiosos o la sustitución de las escuelas ofi ciales por otras, supuso una afrenta al régimen. Mediante la mediación de Sufi , puesto el libertad en 2008 con la prome-sa de acabar con la violencia en la zona, se llegó a la fi rma de un alto el fuego, el 16 de febrero de 2009, por el cual el go-bierno regional de la Provincia Fronteriza del Noroeste reconocía y autorizaba el control del grupo sobre el Valle de Swat y Malakand, y la aplicación de la legisla-ción islámica en ambas zonas. El acuerdo recogía otros importantes puntos y podía servir de modelo a futuros acuerdos simi-lares: creación de tribunales religiosos, ya que el movimiento rechaza tanto el Tribu-nal Superior como los tribunales civiles; una corte de justicia; compensaciones a las víctimas de las operaciones del ejér-cito y retirada de los militares del Valle de Swat. A cambio, el MTP se comprometía a detener sus acciones armadas contra las fuerzas de seguridad y contra responsa-bles gubernamentales, eliminar las armas del espacio público, disolver las milicias privadas, desmontar los campos de entre-namiento, no utilizar, sin previa autoriza-ción, la emisora de radio desde la cual Fa-dlallah difundía el discurso talibán, poner fi n a los ataques contra pequeños comer-cios (de música, peluquerías…) y permitir el regreso de las niñas a las escuelas. El 14 de abril, dos meses después, el Parla-mento ratifi có el acuerdo que después fue fi rmado por el presidente. Ante este retra-so, el movimiento Talibán en Swat acusó al gobierno de ralentizar su aplicación, especialmente lo referido a la creación de una Corte de Justicia islámica.

En abril de 2009, tras la retirada de Sufi de las conversaciones de paz, el gobierno cambió de actitud debido a varios factores: presiones externas de EEUU que insistía en que al-Qaida había reorganizado sus fi las en la zona y en que los Talibán-Afga-nistán utilizaban ese territorio pakistaní para preparar los ataques contra tropas occidentales al otro lado de la Línea Du-rand con el apoyo del MTP; y debido a la ampliación de la infl uencia del movimien-to, que para las autoridades se acercaba peligrosamente a la capital (la infl uencia se había extendido hasta Buner, a unos cien kilómetros de Islamabad). El gobier-no optó por la solución militar para aca-bar con el control de los Talibán en Swat. Pero, a pesar de que las autoridades pa-

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kistaníes afi rmaron el pasado verano que habían limpiado la zona de elementos del MTP, tras obligar al desplazamiento de más de dos millones de personas, éste si-gue presente y continúa sus ataques con-tra el ejército regular en Swat. El combate de Swat, provocó también la intervención de al-Qaida: un comunicado del número dos de la organización, Ayman al-Zawahi-ri, de fi nales de agosto, hacía referencia al combate en el Valle de Swat y resal-taba, con la retórica coránica habitual, la necesidad de unir fi las para luchar contra el régimen pakistaní. La zona de Waziristán, situada al noroes-te de Pakistán, fronteriza con Afganistán, es de mayoría pastún. En Waziristán Sur hay dos tribus que han controlado tradi-cionalmente la zona: los Wazir y los Me-hsud; la primera siempre se ha tenido como más colaboradora con Islamabad. Desde la creación del Estado de Pakis-tán, la autoridad central no ha impuesto su control sobre la zona de Waziristán, sino que la ha dejado en manos de la je-fatura tribal tradicional. Estas tribus han sido usadas por el poder central, tanto en la guerra contra India por Cachemira, como en la guerra contra los soviéticos en Afganistán. La zona recibió muchas infl uencias del régimen Talibán afgano y proliferaron las escuelas religiosas y el sentimiento de simpatía hacia los Talibán del país vecino. Tras la caída del régimen Talibán, Waziristán se convirtió en un re-fugio, gracias en parte a su orografía y a la porosidad de la frontera, de los Talibán huidos del país vecino y, supuestamente, de los miembros de al-Qaida. En 2004, esta zona, tanto el Norte como el Sur, fue testigo de una campaña del ejército que acabó en septiembre de 2006 con la fi rma de un alto el fuego entre las autoridades y combatientes próximos a los Talibán. El acuerdo estipulaba que los combatientes extranjeros con vínculos con al-Qaida de-pusieran las armas; que se pusiera fi n a los ataques contra las fuerzas pakistaníes y a las incursiones de los talibán afga-nos; la supresión de los controles milita-res de las fuerzas pakistaníes y el pago de compensaciones a los damnifi cados por la campaña del ejército. Pero un año después, los rebeldes, en un comunicado fi rmado ya por el MTP, dieron por roto el acuerdo argumentando que las autorida-des no habían cumplido sus compromi-sos. La ruptura del acuerdo contribuyó a la creación formal del MTP.

¿El riesgo de un escenario afgano en Pakistán?

A fi nales del verano de 2009, las autori-dades anunciaron una gran ofensiva en Waziristán Sur, lo que inmediatamente provocó un éxodo considerable entre la población civil (unos 100.000 habitantes de la provincia). También desde el anun-cio de la campaña se produjo una escala-

da de la violencia perpetrada por el MTP y grupos aliados. La ofensiva terrestre y aérea, denominada por el ejército “Rah-i-Nijat” (‘El camino de la liberación”), co-menzó, efectivamente, el 17 de octubre pasado: casi 28.000 militares frente a unos 10.000 hombres armados del MTP y de grupos similares, y es previsible que sea larga, tanto por el número de comba-tientes de los que dispone el MTP, bajo la jefatura de Hakimullah Mehsud, como por la orografía de Waziristán, muy montaño-sa, y su proximidad a Afganistán, lo que hace fácil pasar al país vecino en caso de sentirse muy acosados. Por otro lado, tal y como han reconocido los propios servi-cios de seguridad pakistaní, incluido la in-teligencia militar, la zona se considera un “agujero negro” del que es difícil obtener información útil para el ejército. Además, parece que el ejército no ha encontrado el sufi ciente apoyo de la población local, de ahí su insistencia en la distribución de folletos en los que afi rma que la operación no tiene como objetivo “la patriótica tribu Mehsud”, sino que tiene como fi nalidad salvarla de las garras de “los terroristas que han destruido la paz en todo el territo-rio”, es decir, los integrantes del MTP. Sin embargo, la población de la zona que re-chaza al MTP, pero que está sufriendo las operaciones y el desplazamiento sin una infraestructura adecuada para acogerla, considera que “el camino de la liberación” no es tal, sino una demostración de fuer-za que no conducirá a la desaparición de la violencia. La indecisión de la administración estado-unidense en la adopción de un plan estra-tégico defi nido para Afganistán, y también para Pakistán, difi culta la resolución de la crisis: el jefe de las tropas estadouniden-ses y de la OTAN en Afganistán, el gene-ral Stanley A. McChrystal, defi ende el en-vío de más tropas para estabilizar la zona; el vicepresidente, Joe Biden, es partidario de intensifi car los ataques aéreos en las zonas tribales pakistaníes, y centrarse en perseguir a los miembros de al-Qaida y no a los Talibán, y cree que enviar más tropas a Afganistán no cambiará en mu-cho la situación actual. Se debate entre ampliar los efectivos –40.000 más–, o re-ducirlos, sobre centrar o no las operacio-nes militares en combatir a al-Qaida; por otro lado, los departamentos de Estado y de Defensa consideran que los Talibán de Afganistán están vinculados con al-Qaida y si en algún momento volvieran al poder le volverían a ofrecer refugio a la organi-zación de Osama Ben Laden; se baraja, pero todavía está por decidir, la opción de compensaciones económicas a aque-llos taliban que abandonen la violencia; se ha iniciado una arriesgada política de “compra” de la fi delidad de líderes loca-les en cada provincia que puedan apoyar a EEUU. El presidente estadounidense, Barack Obama, según su discurso pro-nunciado en el Centro Nacional de Lucha

contra el Terrorismo, parece valorar la op-ción conocida como “Pakistán primero”, es decir, centrarse en al-Qaida y perse-guir la organización en territorio pakistaní, por considerar que es una amenaza muy grave contra EEUU.

En consecuencia, es posible que el esce-nario de la guerra afgana se puede trasla-dar a Pakistán. De ahí que algunas voces ofi ciales en Islamabad defi endan el envío de tropas pakistaníes a esas zonas para estabilizar la situación antes de que se haga realidad ese nuevo escenario. Algu-nos medios de comunicación parecen ir avanzando en la posibilidad de la presen-cia militar estadounidense en Pakistán: el Sunday Times adelantaba que pronto comenzarán los ataques aéreos sobre la zona de Quetta (Pakistán) porque se cree que el Mullah Muhammad Omar y líderes de al-Qaida se encuentran allí protegidos por la inteligencia pakis-taní (Sunday Times, 27/09/2009). Si esto se llegara a producir, la desesta-bilización de la zona y del país sería un riesgo muy probable, a pesar de la contrapartida económica del nuevo plan de ayuda económica aprobado por Washington.

El plan, denominado Plan Kerry-Lugar, fue aprobado por el Congreso estado-unidense en septiembre. Se trata de una ayuda no militar de 7.500 millo-nes de dólares para los próximos cin-co años, más del triple de las ayudas anteriores. Este plan está destinado a varios fines: mejora de escuelas, con especial atención a la enseñanza de las niñas y a la creación de bibliote-cas; financiación de grupos de defen-sa de los derechos de las mujeres y los niños; 150 millones de dólares, al menos, se destinan al entrenamiento y modernización de la policía; inversión en creación de puestos de trabajo y mejora de infraestructura en zonas ru-rales; financiación de planes de apoyo a la supervisión civil, a las institucio-nes y culturización del elector; cam-pañas sanitarias y de lucha contra las enfermedades que afectan a la pobla-ción infantil. A cambio, las autoridades pakistaníes deben comprometerse a no destinar la ayuda económica a fi-nes belicistas contra los países veci-nos, especialmente contra la India, y luchar contra los extremistas en terri-torio pakistaní. El plan de ayuda, estre-chamente condicionado a la efectivi-dad de la campaña pakistaní de lucha contra el terrorismo –si Pakistán actúa en contra de los objetivos estratégicos de EEUU se suspenderán las ayudas– y a la imposición de un control sobre las actividades nucleares militares del país, está siendo muy criticado por algunos partidos políticos y por fuer-zas parlamentarias que lo consideran como una injerencia en la soberanía

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FUENTES:

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del país. Hay una desconfianza que se ha manifestado durante la visita de la Secretaria de Estado estadouniden-se, Hillary Clinton, a Pakistán a finales de octubre, a quien la periodista Asma Shirazi dijo “estamos luchando en una guerra que nos ha sido impuesta, no es nuestra guerra, es su guerra” (Reuters, 30/10/2009).

Todo ello puede poner en jaque al go-bierno pakistaní ante su opinión públi-ca (según una encuesta realizada por el Internacional Republican Institute entre el 15 de julio y el 7 de agosto, el 77% de los encuestados estaba en contra de que el ejército estadouniden-se realizara operaciones en las áreas tribales y el 80% rechazaba que Pakis-tán cooperase con EEUU en su guerra contra el terrorismo) y su oposición po-lítica, a pesar del reciente encuentro entre el presidente Zardari y el líder de la oposición Nawaz Sharif (Partido de la Liga Musulmana-Nawaz) para formar un frente común frente a la oposición “extra-constitucional”, tribal y armada. Las autoridades pakistaníes no piden tanto más ayudas económicas cuanto otras cosas: más tecnología militar y que los mercados occidentales (UE y EEUU) se abran más a los productos pakistaníes para aliviar un tanto la agu-da crisis económica del país. Influencia Talibán en las Provincias Fronterizas y en las Áreas Tribales (The Long War Journal)

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Perfi lesAMAT AL-‘ALIM AL-SOSWA: “LA PRIMERA MUJER YEMENÍ”

A sus 51 años recién cumplidos, Amat al-‘Alim al-Soswa se puede considerar como una pionera de la vida pública yemení, tan-to a nivel nacional como internacional, pues su pionera carrera en muchas ocasiones le ha adjudicado el título de “la primera mujer yemení” en desempeñar cargos infl uyentes en el gobierno y en diferentes institucio-nes.

Nació en Ta‘iz el 27 de agosto de 1958, en el entonces Reino de Yemen, y desde muy pequeña se quedó huérfana de pa-dre. Empezó precozmente su carrera en el mundo de la comunicación, puesto que a los 9 años presentaba programas in-fantiles en la radio de su ciudad natal. De niña ya apuntaba maneras: fue jefa de un amplio grupo de Girls Scouts de Ta‘iz que se dedicaba a labores sociales (limpieza y acondicionamientos de las tumbas, visitas a hospitales y a instalaciones de servicios gubernamentales). A los 18 años presenta-ba los informativos en la televisión yemení. Esta experiencia, desarrollada desde 1976 hasta 1980, la marcó tanto que dedicó sus estudios a ese campo, con una licenciatu-ra en Medios de Comunicación, Radio y Televisión conseguida en 1980 en la Uni-versidad de El Cairo, y unas prácticas en la emblemática e histórica emisora cairota Sawt al-‘Arab (La Voz de los Árabes). A esto le siguió un master en Comunicación Internacional en la Universidad Americana de Washington D.C. en 1984. Cuando re-gresó a Yemen comenzó a trabajar como presentadora y directora de programas, fue subdirectora de programación de la cadena televisiva nacional Sana‘a TV entre 1984 y 1986, el cargo más alto de una mujer en la televisión del Yemen del norte de la época, y redactora jefe (1991-1999) de la revista mensual Mutaba‘at I‘lamiyya (Seguimien-tos informativos), editada por el ministerio de Información y especializada en medios de comunicación.

Como defensora de la ampliación de la participación política y de los derechos de las mujeres en Yemen, la conjunción entre la democracia y el empoderamiento de la mujer en la era de la información ha sido el

núcleo de su actividad política, iniciada en 1986 cuando se unió a las fi las del Congre-so Nacional Popular (al-Mu’tamar al-Sha‘bi al-‘Amm), el partido que fundó en 1982 el entonces presidente de la República Árabe del Yemen, ‘Ali ‘Abdallah Saleh, y que des-de 1990 preside la República Yemení tras la unifi cación. En el seno de esta organización política, Amat al-Soswa se hizo un hueco en la jefatura convirtiéndose en miembro del Comité Permanente desde 1986 hasta 1999. Activista en movimientos feministas yemeníes, ha sido presidenta de la sección femenina del partido, miembro fundador del Comité Nacional de Mujeres, que dirigió du-rante 5 años desde 1995, y presidenta de la Unión de Mujeres Yemeníes entre 1989 y 1990.

En 1991 fue nombrada asistente del vice-ministro de Información, un cargo que ella ocupó a partir de 1997. Dos años después pasó al ministerio de Asuntos Exteriores, siendo la primera mujer embajadora del Yemen unifi cado, con representación en Suecia, Dinamarca y Holanda, donde, en-tre el año 2000 y el 2003, fue también la representante permanente de Yemen en la Organización para la Prohibición de las Ar-mas Químicas en La Haya. En esa misma época, fue consultora en varias ocasiones de distintas agencias de las Naciones Uni-das.

Después de un paréntesis que la llevó en 2003 de vuelta a Yemen, donde fundó y di-rigió el ministerio de Derechos Humanos, en 2006 retomó los cargos internacionales con su nombramiento, en diciembre de 2005, por parte del entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi An-nan, como subsecretaria general, adminis-tradora auxiliar del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y direc-tora regional del PNUD para los países ára-bes. Al-Soswa, desde su ofi cina en Nueva York, está al mando de un equipo de 500 personas que trabaja en las distintas sedes nacionales. De la anterior dirección heredó las líneas generales de la agencia para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio en la región y la publicación de los infor-mes de desarrollo humano árabe, cuyos dos últimos números, correspondientes a 2005 y a 2009, se han realizado bajo su supervisión.

Además de los cargos institucionales, Amat al-‘Alim al-Soswa ha sido profesora en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Sana‘a en los años ochenta y ha participado en numerosas conferencias internacionales relacionadas con los temas de género y democracia, tanto en Yemen como en otros países. Además, ha sido edi-tora de publicaciones relacionadas con sus

principales campos de interés: un informe sobre la condición de la mujer en Yemen –La mujer yemení en cifras, de 1996– y un libro sobre el fortalecimiento de la democracia en Yemen, publicado en 2003. Este último, en concreto, recoge las ponencias de distintas personalidades sobre el panorama político en Yemen y, entre ellas, la suya en la que pone de relieve las diferencias existentes entre los discursos teóricos y la práctica cul-tural del día a día, en lo que se refi ere a la participación de la mujer en la vida política del país. En los años noventa publicó varios estudios sobre los medios de comunicación relacionados con los distintos grupos socia-les, entre ellos un estudio sobre los medios, los menores y la violencia (1996) y otro titu-lado La mujer en los medios de comunica-ción yemeníes, publicado en 1993. La liber-tad de prensa, la participación política de la mujer, y los derechos humanos son algunas de las cuestiones en las que se centra la labor investigadora de al-Soswa.

Su labor ha sido premiada internacional-mente con distintos reconocimientos, como la medalla de la Organización Egipcia para la Solidaridad Afro-Asiática, la medalla de honor de la sheyja Fatima, esposa del emir de Emiratos Árabes Unidos (2002), o la Legión de Honor, la más alta condecora-ción francesa, que le concedió en 2005 el entonces presidente, Jaques Chirac. En la ceremonia de entrega de esta última conde-coración, el embajador francés en Yemen le atribuyó el premio en reconocimiento a su infatigable esfuerzo por crear un modelo de mujer que refuerza su papel en la sociedad, especialmente a través de la educación. Amat al-Soswa está casada y tiene dos hi-jos, una niña (Samá) y un niño (Riman).

Amat al-‘Alim al-Soswa recibiendo el pre-mio Global Leadership del Centro John F. Kennedy en Washington D.C.

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EL “CLAN” MEHSUD: AL SERVICIO DE LOS TALIBÁN DE PAKISTÁN

Waziristán, dividida en Norte y Sur, forma parte de las Áreas Tribales de Administración Federal, ha gozado tradicionalmente de cierta autonomía y ha estado en manos de líderes tribales que se han resistido al control de la autoridad central. Está habitada mayoritariamente por la etnia pastún, el grupo étnico dominante en estas zonas fronterizas pakistaníes y también en el vecino Afganistán, y cuyas dos tribus más importantes son la Wazir y la Mehsud. La tribu Mehsud predomina, sobre todo, en Waziristán Sur, donde representa el 60% de la población. De este grupo tribal han salido tres personas que han mantenido o mantienen un pulso con el gobierno pakistaní, con las tropas internacionales desplegadas en Afganistán y con la administración estadounidense: Abdallah, Baitullah y Hakimullah; los dos primeros con una vida corta pero intensa, y parece que el tercero les sigue los pasos.

Abdallah nació en 1974. Luchó con los Talibán en Afganistán durante la guerra civil de los 90, donde perdió una p ierna al estallarle una mina en 1996. En 2001 fue detenido en Tora-Bora por las tropas estadounidenses y pasó algo más de dos años en Guantánamo. Fue puesto en libertad sin cargos y regresó a su país.

En Pakistán, encabezó una lucha contra el régimen y se le acusó de dirigir o participar en varias acciones terroristas: el atentado contra el Hotel Marriott en Islamabad (septiembre de 2004); y el secuestro de dos ingenieros chinos en Waziristán Sur (octubre de 2004), entre otras. Abdallah exigía que el ejército pakistaní detuviese sus operaciones contra los miembros de Talibán Afganistán y de al-Qaida que se habían refugiado en Pakistán tras la entrada estadounidense en el país vecino, operaciones en las que las víctimas eran mayoritariamente, según afirmaba, civiles inocentes. Murió en julio de 2007 al estallarle una granada de mano durante un enfrentamiento con el ejército en la provincia de Baluchistán, aunque según la información oficial pakistaní se quitó la vida al verse acorralado en una operación del ejército. Su bastón de mando lo recogió Baitullah Mehsud.

Baitullah nació en 1970 en la localidad de Dohuk, en Bannu, una de las seis provincias fronterizas con Afganistán incluidas en las

Áreas Tribales. Baitullah no tenía formación religiosa ni de ningún otro tipo, pues no hay constancia de que estudiara en ninguna escuela pública ni en ninguna religiosa. Su autoridad, al igual que la de su predecesor, le llegó de la experiencia. Comenzó luchando junto a Abdallah en Afganistán contra las tropas soviéticas a una edad muy temprana (las tropas soviéticas se retiraron en el 89). Tras la muerte de Abdallah y de forma natural, le sucedió en la jefatura y comenzó afianzando su autoridad en Waziristán Sur –con la estrategia de eliminación física de líderes tribales incluida– y después fue elegido “emir” del Movimiento Talibán Pakistán (MTP) en diciembre de 2007.

La figura de Baitullah comenzó a destacar coincidiendo con las medidas que adoptó el anterior presidente pakistaní, Pervez Musharraf, para acabar con la oposición de los jueces que rechazaban su reelección presidencial. Su nombre había aparecido en junio de 2006, antes de la muerte de Abdallah, como el representante de las tribus de Waziristán simpatizantes con los Talibán que negociaron con el régimen pakistaní un alto el fuego en la ofensiva que llevaba a cabo el ejército contra éstos y las tribus aliadas. Baitullah ejercía de enlace entre el MTP y al-Qaida y entre el MTP y los Talibán en Afganistán, a pesar de las diferencias entre ambos en el terreno de la estrategia: el MTP luchaba contra el régimen pakistaní, mientras que los Talibán afganos pedían que se luchara contra las tropas extranjeras en Afganistán y no se molestara al ejército pakistaní.

Se dijo en su momento que Baitullah llegó a dirigir un movimiento armado en todo Waziristán que contaba con cerca de 20.000 combatientes, varios miles de ellos (3.000) extranjeros procedentes de Asia Central. Bajo su jefatura, el Movimiento realizó algunas acciones muy sonadas: el secuestro de más de 200 militares pakistaníes para intercambiarlos por miembros del MTP encarcelados en verano de 2007 o para presionar al gobierno a que retirara sus tropas de la región de Waziristán; la toma de una guarnición militar en Waziristán del Sur; y explosiones en Rawalpindi en 2006.

Con estas acciones, y debido a su lucha contra el bandolerismo en la

zona, logró cierta popularidad entre las tribus y una aparición continuada en los medios de comunicación locales y regionales. Poco después, su nombre saltó a los medios internacionales, después de que fuera acusado por el régimen pakistaní del asesinato de la ex-primera ministra Benazir Bhutto el 27 de diciembre de 2007 en la ciudad de Rawalpindi, la que se supone es la ciudad más segura de todo Pakistán, sede de los servicios de inteligencia y de seguridad. A partir de entonces, su mediatización internacional despegó: la administración estadounidense puso precio a su cabeza, 5 millones de dólares. Para la administración pakistaní valía menos: 620.000 dólares. Por otro lado, su relación con el gobierno pakistaní fue muy contradictoria: firmó acuerdos de seguridad pero abrió campos de entrenamiento y participó, como dirigente del MTP, en ataques contra las tropas estadounidenses en Afganistán. En febrero de 2008 creó, junto a su rival Mawlay Nazir, que controlaba las planicies de Waziristán del Sur, y Hafez Bahadur, de Waziristán del Norte, una coalición denominada Consejo Unificado de Muyahidin, para hacer frente a las tropas estadounidenses en Afganistán.

Baitullah murió el 5 de agosto de 2009 en un bombardeo realizado desde un avión estadounidense no tripulado sobre una zona de Waziristán Sur, aunque algunas fuentes dicen que el misil cayó directamente sobre la casa de su suegro, Malik Ikramuddin Mahsud –Baitullah se casó con una hija de Malik, un hombre de religión, en noviembre de 2008– en la zona de Zangarha y que también falleció una de sus dos esposas. El MTP, que en un principio negó la veracidad de esa información, acabó reconociendo que había perdido a su líder en el bombardeo del 5 de agosto. Ayman al-Zawahiri, el número dos de al-Qaida, difundió una grabación titulada Elegía al modelo ejemplar de la juventud, el emir mártir Baitullah, que Dios se apiade de él.

Mucho se ha hablado de la influencia negativa de la muerte de Baitullah en el devenir del MTP, y es cierto, pero también hay que tener en cuenta que, a pesar de la personificación de la jefatura del grupo en los Mehsud, el MTP es también una ideología y una estrategia, y ha mostrado que ha sobrevivido a pérdidas similares.

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El primer dirigente del embrión del MTP, Nik Muhammad, murió en octubre de 2004 en un bombardeo estadounidense, y le sucedió Abdallah quien imprimió más fuerza al movimiento; Baitullah hizo lo propio. Rápidamente se buscó a un sucesor entre los miembros de la tribu Mehsud y la elección recayó en Hakimullah, (nacido en Kotkai, Waziristán Sur), quien entonces tenía alrededor de unos treinta años. Hakimullah había sido el portavoz oficial de su predecesor en 2007 y es primo del jefe militar del movimiento, Qari Huseyn. Poco se sabe de él antes de esto, salvo que dejó los estudios tras la invasión estadounidense de Afganistán. Fue adquiriendo “fama” por medio de algunas operaciones muy arriesgadas y sonadas, como el asalto a la localidad de Orakzai (noviembre de 2008). Pero la situación interna del MTP ya no era la misma que cuando Baitullah sucedió a Abdallah.

La elección de Hakimullah, producida a finales de agosto, no concitó la unanimidad en las filas del movimiento. Si Baitullah había logrado acabar con las diferencias entre las más de diez tribus y facciones que se integraban en el MTP, en el proceso de elección de Hakimullah también opinaron las armas. Según fuentes oficiales había un importante rival: Wali ur Rahman Mehsud. Pero a favor de la elección de Hakimullah intervinieron Ayman al-Zawahiri –señal de la progresiva influencia de al-Qaida sobre la insurgencia Talibán pakistaní– y el hombre fuerte de Talibán Afganistán, Mawlay Siray al-Din Haqqani, quienes presionaron para que se respetara el deseo de Baitullah de que fuera Hakimullah quien se hiciera con las riendas del MTP tras su muerte. Tanto la inteligencia pakistaní, el Inter-Services Intelligence (ISI), como responsables estadounidenses difundieron, en septiembre de 2009, la información de que Hakimullah había muerto a resultas de un enfrentamiento interno con Wali ur Rahman por la sucesión de Baitullah. Pero poco después apareció vivo, y junto al que fuentes oficiales consideraban su rival, en un vídeo difundido por la televisión pakistaní a principios de octubre, donde además prometía venganza contra EEUU y Pakistán por la muerte de Baitullah y por los bombardeos de los aviones no tripulados. La elección de Hakimullah ha supuesto una escalada de la violencia perpetrada por Talibán Pakistán. Hakimullah Mehsud.

Baitullah

Abdallah

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Opinión pública

1. ¿Qué piensan los ciudadanos árabes-israelíes?

En octubre se presentaron en la Brooking Institution de Washington los resultados de la encuesta ¿Qué piensan los ciudadanos árabes de Israel? realizada en agosto por la Cátedra Anwar Sadat para la Paz y el Desarrollo en colaboración con Zogby International. El investigador Shibley Telhami realizó esta encuesta como complemento a las que se efectúan anualmente por la Cátedra Anwar Sadat para estudiar la opinión de los árabes sobre el papel de los medios de comunicación y su visión de las principales cuestiones internacionales. Centrando la atención en los árabes israelíes, ha sido posible detectar cómo su opinión difi ere de la de los demás árabes en diversos asuntos. Respecto a internet, el 44% de los árabes israelíes lo utiliza a diario, mientras que la media entre la población de los países árabes que abarca la encuesta–Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Líbano– es del 18%. Esto infl uye también a la hora de considerar internet como una fuente de información, ya que sólo el 7% de los árabes lo usan como fuente principal, frente al 28% de los árabes-israelíes. Además de ofrecer una comparación entre los árabes residentes en Israel y los demás, la encuesta ofrece las perspectivas de las distintas comunidades que componen el colectivo árabe-israelí y a la pregunta “¿Qué canal de información ve más para seguir los acontecimientos internacionales?” destaca cómo el canal qatarí Aljazeera es considerado como un referente para el 53% de los musulmanes, un valor cercano al 55% de media de los demás países árabes, y solo para un 15% de los drusos. Estas diferencias en los resultados entre comunidades se mantienen en la opinión sobre las relaciones entre EEUU y Oriente Medio, ya que el 65% de los drusos defi nen su actitud hacia EEUU como muy favorable, frente a un 14% entre los musulmanes y un 30% entre los cristianos.

Después de 6 meses de administración Obama, ¿cómo describiría su actitud respecto a sus políticas para Oriente Medio?

¿Qué cree que ocurrirá si la solución de dos Estados contiguos fracasara?

Las respuestas son uniformemente negativas a la hora de evaluar las condiciones de la población iraquí. De hecho, a la pregunta “¿Cómo considera que están los iraquíes después de la guerra?”, el 78% de los árabes-israelíes contesta “peor” (77% de los musulmanes, 79% de los cristianes y 86% de los drusos). Respecto a Irán, la totalidad de los drusos entrevistados cree que este país está intentando desarrollar armas nucleares, mientras que el 6% de los cristianos y el 33% de los musulmanes piensan que está llevando a cabo investigaciones nucleares con fi nes pacífi cos. Sobre el tema que les afecta más de cerca, el confl icto árabe-israelí, el 51% de los entrevistados no cree que sea posible alcanzar la paz defi nitiva entre Israel y los palestinos, mientras que el 34% la considera inevitable pero requerirá mucho más tiempo.

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En caso de que se constituyera un nuevo estado palestino, el 64% de los árabes-israelíes no aceptaría que se transfi rieran allí ciudades arabo-palestinas que actualmente existen en Israel. Además, el 41% de los encuestados cree que, si naciera un Estado palestino en paz con Israel, los derechos de los árabes-israelíes mejorarían en Israel.

¿Cuál de estas afi rmaciones le describe mejor?

¿Cuál de las siguientes respuestas describe mejor su opinión respecto a la defi nición de Israel como Estado judío?

Confi anza en las instituciones

Otro aspecto en el que se detectan opiniones diferentes entre los componentes de la comunidad árabe-israelí es el derecho de retorno de los refugiados palestinos. El 64% de los musulmanes lo considera un derecho muy importante sobre el cual no se pueden hacer acuerdos, opinión compartida por el 37% de los cristianos y solo el 14% de los drusos.

Respecto a los esfuerzos del Estado por aumentar el número de puestos de trabajos de calidad y gestionar la pobreza del país –el más pobre de la región y con una tasa de desempleo del 35%–, uno de cada nueve encuestados del sur (11%) dice estar satisfecho con ellos, mientras que en el norte afi rman lo mismo tres de cada diez.

2. Los yemeníes y sus instituciones

En septiembre, Gallup publicó los resultados de una encuesta, realizada entre febrero y marzo sobre una muestra de 1.000 adultos yemeníes, sobre las actitudes de la población hacia las instituciones. Las respuestas de los encuestados evidencian marcadas diferencias de opinión entre los yemeníes del sur y del norte, casi 20 años después de la unifi cación (mayo de 1990). En concreto, los yemeníes del sur manifi estan menor confi anza que los del norte en las instituciones, pues sólo un 29% de los encuestados en el sur contesta “sí” a la pregunta sobre si tiene confi anza en el gobierno nacional o en la policía local.

l f d l E t d t l ú d t d t b j d lid d ti l b d

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3. Los afganos y las tropas estadounidenses

Gallup realizó una encuesta en Afganistán en el mes de junio, con una muestra de 1.000 adultos, para sondear la opinión de los afganos respecto al envío de más tropas por parte de Estados Unidos. Una media del 49% afi rma que más tropas contribuirían a estabilizar la seguridad en las provincias del sur frente a un 32% de encuestados que cree que no lo conseguirían.

Pero las opiniones varían a lo largo del país y, evidentemente, las respuestas están condicionadas por las circunstancias que se viven en las distintas regiones. Los afganos del este y del sur tienen opiniones bastante parecidas, pues viven en las regiones donde se enviaron más tropas para frenar la insurgencia talibán. En las zonas centro-norte del país, las que son relativamente más seguras, la opinión es fi rmemente favorable al envío de más tropas, mientras que los más escépticos parecen ser los habitantes del oeste, donde un 69% de los encuestados cree que el envío de más militares no ayudará a mejorar la situación.

Las opiniones varían también según la procedencia étnica de los entrevistados: los pastún, que viven principalmente en el sur y este del país, se dividen casi a partes iguales entre los que apoyan el envío de más tropas, 35%, y los que no, 38%. Al contrario, seis de cada diez hazaras y tayikos, distribuidos mayoritariamente en el centro-norte del país, opinan que enviar más tropas mejoraría la situación en el sur del país.

En general, respecto a la labor de la administración estadounidense, la población afgana está dividida, casi a partes iguales, entre los que la aprueban, el 50%, y los que no, el 42%, con resultados un poco mejores respecto a los de 2008, cuando el porcentaje era 48% a favor y 48% en contra.

4. Encuesta de opinión publica en Pakistán

El International Republican Institute, una organización de orientación republicana –cuyo objetivo principal es el avance de la democracia en el mundo– con sede en Washington, ha realizado una encuesta sobre una muestra de 4.900 pakistaníes, hombres y mujeres, entre julio y agosto de 2009, cuyos resultados ofrecen una panorámica sobre la opinión pública en el país que abarca distintas temáticas. En general, se puede afi rmar que la actitud de los pakistaníes es bastante pesimista, sobre todo cuando se tratan temas como la economía y la seguridad del país. Su opinión, respecto a los datos recogidos en marzo de este mismo año, ha empeorado varios puntos porcentuales. En la valoración de su situación económica personal a lo largo del último año, el 72% de los encuestados afi rma que ha empeorado, 9 puntos porcentuales más respecto a los datos de marzo, y respecto al futuro, el 58% de los entrevistados cree que su situación no mejorará, con un aumento de 22 puntos respecto a los datos anteriores. También el porcentaje de los que se sienten más inseguros respecto al año pasado ha aumentado, pasando de un 60% en marzo a un 69% en la última encuesta. No obstante, el 75% de la población prefi ere un gobierno democrático, aun a riesgo de que eso condujera al país a la inestabilidad, antes que una dictadura militar.

¿Cree que el envío de más tropas estadounidense es ayudar a estabilizar la seguridad en las provincias del sur?

¿Cree que más tropas estadounidenses ayudarían a estabilizar la seguridad en las provincias del sur?

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Sólo el 13% de los entrevistados considera el terrorismo como la cuestión más importante a la que se tiene que enfrentar el país, mientras que las cuestiones económicas son las prioritarias. Pero al mismo tiempo, para el 90% el extremismo religioso representa un serio problema, y el 86% consideran que los grupos Talibán o de al-Qaida que operan en Pakistán también lo son. De hecho, el 69% de los entrevistados apoyó al ejército en su lucha contra los insurgentes en la región de Malakand (el ejército pakistaní abrió una ofensiva militar en el norte del país tras la ruptura de un acuerdo de paz fi rmado entre el Movimiento Talibán y el gobierno), pero la mayoría de la población, el 77%, está fi rmemente en contra de la intervención estadounidense en las áreas tribales y de la cooperación de Pakistán en la “lucha contra el terrorismo” promovida por EEUU (80%). Por primera vez desde las encuestas de junio de 2008, la población se muestra casi dividida sobre un acuerdo de paz con los extremistas: un 50% está en contra y un 46% a favor, mientras que en marzo de este año los resultados fueron un 72% a favor y un 22% en contra. Respecto a las relaciones internacionales del país, el 87% de los encuestados cree que Arabia Saudí es, entre los países propuestos, el que tiene las mejores relaciones con Pakistán, el 9% apunta a China, el 2% a EEUU y el 1% a Irán y al Reino Unido.

Respecto a Afganistán, sólo el 21% de los entrevistados tiene una opinión favorable sobre su presidente, Hamid Karzai, y el 74%, además, considera que su gobierno es pro-indio.

En política interior, el 51% de la población opina que la persona que gestionaría mejor los problemas actuales de Pakistán sería Nawaz Sharif, líder del partido Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), a quien el 58% de la población también quisiera ver como presidente del país. En segundo lugar, con el 13%, fi gura el actual presidente de la república, Asif Ali Zardari, apoyado en su cargo por el 17% de los encuestados. El 57% de los encuestados votaría, hoy, al partido de Sharif si hubiera elecciones, y los datos regionales demuestran que su partido tiene un gran apoyo en la región del Punjab (82%) y en la Provincia Fronteriza del Noroeste (47%). En el sureste, en la provincia del Sindh, por el contrario, tiene mucho apoyo (63%) el Partido Popular de Pakistán (PPP) del actual presidente Zardari, que también ha ganado puntos en la región del Balochistán, llegando al 33%, mientras que el partido de Sharif perdió 28 puntos porcentuales respecto a marzo, pasando de un apoyo del 45% a un 17%.

¿Cual es la cuestión más importante a la que tiene que hacer frente Pakistán?

¿Deberían colaborar los EEUU conPakistán en los ataques en contra de los

terroristas?

¿Cuál es su opinión sobre estos países?

Evolución del apoyo a los partidos políticos

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5. Valoración del liderazgo estadounidense

La organización Gallup ha publicado una encuesta, realizada en once países árabes a principios del mes de junio, en la que se aprecia que, si bien la valoración de la opinión pública respecto al liderazgo estadounidense se mantiene baja, lo cierto es que ha mejorado significativamente en 8 de ellos. Exceptuando Líbano y los Territorios Palestinos, donde el porcentaje de personas que valora positivamente la actuación estadounidense ha disminuido un 3% y un 6% respectivamente, en los demás países el aumento ha sido importante: desde un 3% más en Yemen hasta un 23% en Túnez. El país donde el porcentaje ha sido mayor es en Mauritania (el 56% de los encuestados aprueba la labor de los estadounidenses) pero el país donde el cambio ha sido más notable ha sido Túnez, que ha pasado del 14% a favor del trabajo de los estadounidenses (en junio de 2008) a un 37% en la última encuesta.

Tras el significativo aumento de la visión desfavorable de la opinión pública árabe sobre la administración Bush, especialmente durante su segundo mandato, transcurridos sólo dos meses desde la investidura de Obama ya pudieron notarse cambios en la opinión de los encuestados. Es también importante señalar que, a pesar de que el porcentaje de personas favorables a la administración estadounidense ha aumentado en varios países, también el porcentaje de encuestados que respondió “no sabe/ no contesta” se incrementó en Arabia Saudí, Siria, Túnez, Líbano, los Territorios Palestinos y Yemen.

Porcentajes de los países donde la opción “NS/NC” al menos se ha duplicado:

2008 2009

Túnez

Aprueba 14% 37%

Desaprueba 86% 49%

NS/NC - 15%

Arabia Saudí

Aprueba 12% 29%

Desaprueba 81% 52%

NS/NC 6% 19%

Siria

Aprueba 4% 15%

Desaprueba 91% 71%

NS/NC 5% 14%

Yemen

Aprueba 11% 14%

Desaprueba 85% 72%

NS/NC 4% 14%

Líbano

Aprueba 25% 22%

Desaprueba 70% 60%

NS/NC 5% 18%

Territorios Palestinos

Aprueba 13% 7%

Desaprueba 81% 80%

NS/NC 6% 12%

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Entre quienes respondieron que se opondrían, un tercio de los encuestados asegura que estaría a favor de un acuerdo por el que se eliminaran las sanciones e Irán pudiera seguir el programa nuclear, incluido el enriquecimiento de uranio, pero que garantizara acceso ilimitado y sin restricciones a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica para que pudieran asegurarse de que no está desarrollando armas nucleares. El 22% seguiría oponiéndose a un trato semejante.

Preguntados sobre el impacto que las sanciones impuestas desde el exterior tienen sobre el país, el 23% aseguró que tienen un impacto muy negativo; el 37% considera que tiene algún efecto negativo; el 15% opina que tienen un pequeño efecto negativo; y el 15% considera que no tiene un efecto negativo.

Sobre la relación entre el programa nuclear (enriquecimiento de uranio incluido) y el aumento de las sanciones, el 35% está seguro de que las sanciones se incrementarán si Irán continúa desarrollando su programa; otro 35% cree que probablemente aumenten las sanciones; el 10% opina que probablemente no aumentarán; y el 9% está seguro de que no se intensificarán las sanciones.

Por otra parte, el 31% estaría a favor de hacer un trato mediante el que las sanciones fueran eliminadas e Irán pudiera seguir desarrollando su programa nuclear, a condición de que se comprometiera a no enriquecer uranio; el 55% se opondría a dicho acuerdo.

¿Estaría a favor de hacer un trato para levantar las sanciones a cambio de que Irán dejara de enriquecer uranio?

6. El programa nuclear iraní y las sanciones

La organización World Public Opinion realizó una encuesta el pasado mes de septiembre sobre la opinión de los iraníes respecto al programa nuclear que desarrolla su gobierno. En este sentido, el 55% aseguró que lo ideal sería desarrollar únicamente energía nuclear; el 38% se expresó a favor de que se desarrolle energía y armas nucleares; el 3% cree preferible no tener un programa nuclear.

El sondeo se realizó con una muestra de 1.000 adultos en 11 países árabes: Egipto, Territorios Palestinos, Siria, Arabia Saudí, Qatar, Túnez, Argelia, Mauritania, Yemen, Líbano y Kuwait. La población no árabe se excluyó de la encuesta en Arabia Saudí, Qatar y Kuwait.

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1. 64ª Asamblea General de Naciones Unidas

Establecida en 1945 por la Carta de Naciones Unidas, la Asamblea General es el órgano deliberativo y representativo principal de la ONU. La Asamblea, que prevé la participación de los 192 países miembros y que se reúne en sesiones anuales entre septiembre y diciembre, está presidida este año por Ali ‘Abdessalam Treki, ministro libio para Asuntos de la Unión Africana. Esta presidencia libia representa una visibilidad internacional para un país que desde hace años había quedado al margen de las dinámicas internacionales. El 64º periodo de sesiones de la Asamblea General se inauguró el 15 de septiembre y el programa, además del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, abarcará, a lo largo de los próximos cuatro meses la promoción del crecimiento económico y del desarrollo sostenible, con particular atención a África; la promoción de los derechos humanos; la coordinación de las actividades de asistencia humanitaria; la promoción de la justicia y del derecho internacional; el desarme; la fiscalización de drogas, prevención del delito y lucha contra el terrorismo. Aunque la labor de la Asamblea se desarrolle a lo largo de cuatro meses, la actividad que más llama la atención es el debate general, en el que los jefes de algunos de los Estados miembros pronuncian sus discursos frente a la sesión plenaria. En particular, la mañana del 23 de septiembre tomaron la palabra, entre otros, el presidente de EEUU, Barack Obama, el lider libio, Muammar al-Gaddafi, el emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al-Thani, el presidente argelino, Abdelaziz Boutefl ika, y por la tarde el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad. Tanto el líder libio como el iraní desencadenaron una polémica por el contenido de sus discursos, en los que ambos arremetieron contra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, puesto que, según ellos, en lugar de defender la paz sólo protege los intereses de las potencias que tienen derecho a veto (EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido). En particular, el presidente Ahmadineyad defi nió a las potencias que imponen sus intereses al resto del mundo como “dictadores disfrazados de demócratas” y el presidente libio, en su primera visita a la ONU, califi có al Consejo de Seguridad como “el Consejo del Terror”. (Texto en inglés del discurso del presidente estadounidense)

Documenta

(video en árabe de la intervención del líder libio)

(video en inglés de la intervención del líder libio)

(Texto en árabe de la intervención del emir de Qatar)

(Texto en inglés de la intervención del emir de Qatar)

(Texto en árabe del discurso del presidente argelino)

(Texto en francés del discurso del presidente argelino)

(Texto en inglés del discurso del presidente iraní)

2. La Corte Permanente de Arbitraje y el conflicto por la zona sudanesa de Abyei.

El pasado miércoles 22 de julio, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya dio a conocer su informe sobre la zona sudanesa de Abyei. Abyei es un territorio disputado por los gobiernos del norte, controlado por el Congreso Nacional (CN), y del sur, en manos del Movimiento Popular de Liberación de Sudán (MPLS). Según el CN, Abyei, situada a unos 900 kms al sudoeste de la capital, pertenece históricamente a una provincia del norte, la de Kordofan Sur. Sin embargo, el MPLS afirma que históricamente ha pertenecido al sur del país, a la provincia meridional de Bahr al-Gazal, y que fue transferida administrativamente al norte en 1905, en la época del condominio anglo-egipcio sobre Sudán. En virtud de los acuerdos de paz de Naivasha, firmados en enero de 2005 por ambas partes para poner fin a una guerra civil que había comenzado con la propia independencia del país en 1956, además de realizarse un referéndum entre la población de Abyei sobre su pertenencia al sur o al norte, una comisión de expertos de ambas formaciones políticas, y de Estados Unidos, Europa y África, deberían encargarse de fijar los límites geográficos de la zona. Los trabajos de la comisión concluyeron que era imposible trazar esos límites y proponían que se trazaran unos nuevos, lo cual fue rechazado tajantemente por el CN, aunque fue aceptado por el MPLS. Estas discrepancias se tradujeron, a principios de 2008, en enfrentamientos armados en la zona que a punto estuvieron de convertir

en papel mojado los acuerdos de paz. La disputa entre ambas partes está originada fundamentalmente por la presencia de recursos petrolíferos (dos tercios de la producción petrolífera del país) y acuíferos (por la zona corre el río Bahr al-Arab, afluente del Nilo, y hay abundantes acuíferos subterráneos vitales para una zona cuya economía es agrícola y ganadera) y por la estructura demográfica y tribal (con la presencia mayoritaria de dos grupos: al-Masiriyya, arabizada e islamizada, y Dinka Ngok, africana y animista, con sus respectivas jefaturas tribales). Dado que las dos partes no llegaban a ningún acuerdo a propósito de Abyei, decidieron plantear sus diferendos ante la Corte Permanente de Arbitraje, comprometiéndose a aceptar la decisión a la que ésta llegara sobre los límites de esta zona cuya extensión, según cada una de las partes, varía.

La decisión de la CPA incluye la reducción geográfica de la zona de Abyei, de 18.500 km² a 10.000 km² y unos nuevos límites geográficos que suponen que los campos petrolíferos de Abyei se encontrarían en terrenos pertenecientes al norte de Sudán y que, por lo tanto, deberían estar bajo control del gobierno de Jartum. Así el gobierno del norte dejaría de darle el porcentaje de la riqueza derivada de esos pozos petrolíferos al gobierno del sur, tal y como estipulan los acuerdos de Naivasha de 2005. En principio, ambas partes han considerado que la decisión de la CPA es equilibrada, aunque han señalado las dificultades de su aplicación, pero reconocen que pone punto final al conflicto entre ellos, al menos así lo expresaron tanto el presidente del país, Omar Hasan al-Bashir, como su vicepresidente y presidente del gobierno del sur, Salva Kiir.

Texto en inglés de la decisión final de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya

Resumen en árabe de la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje

Comunicado de prensa de la CPA, en árabe

Comunicado de prensa de la CPA en inglés

Mapa de la nueva geografía de Abyei

Mapa comparativo

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3. Documento de Salvación Nacional de Yemen

El Comité Preparatorio para el Diálo-go Nacional (que incluye partidos po-líticos, organizaciones, personalida-des políticas y sociales, empresarios, ulemas, intelectuales, líderes de opi-nión y representantes de la sociedad civil) ha presentado un Documento sobre los objetivos de dicho diálogo nacional. La crisis nacional, para los reunidos en el Comité, ha alcanzado su punto culminante con las revueltas po-pulares en el sur del país y la reanuda-ción de la guerra contra los hawthiyyin en la provincia septentrional de Sa‘da, unidas a la acuciante pobreza, las altas tasas de desempleo, el analfabetismo y el agotamiento de sus recursos natu-rales. El informe se estructura en tres partes: diagnóstico de la crisis política nacional, soluciones y tratamientos y mecanismos. El Presidente del Comité, Muhammad Salem Bsondowa, señaló que el diálogo tiene como objetivo al-canzar soluciones productivas para sa-car al país de las acuciantes crisis, ha-ciendo a la vez un llamamiento a todos los yemeníes para que se unan con el fin de alcanzar un estado descentraliza-do en el que todos los ciudadanos dis-fruten de justicia e igualdad. El secreta-rio general del Comité, Hamid al-Ahmar, ha afirmado que el diálogo nacional in-cluiría a todos los yemeníes y que el Comité hablaría de forma transparente con todo el mundo. Señaló que esta vi-sión ha sido estudiada cuidadosamente y tiene como objetivo general lograr un alineamiento popular y el consenso na-cional para hacer cambios que salven la estructura del Estado y restauren los objetivos de la unificación yemení. El Comité está dirigido por una coalición de partidos de oposición, entre los que se encuentran el principal partido isla-mista legal del país, al-Islah, el Partido Socialista y otros partidos minoritarios. (Texto en árabe del Informe)

(referencia en inglés)

4. Conferencia Internacional de Moscú sobre Darfur (6 y 7 de octubre).

El enviado especial del presidente ruso a Sudán, Mikhail Margelov, y el secre-tario general del parlamento sudanés, Ahmad Ibrahim al-Tahir, propusieron a principios de año celebrar una confe-rencia internacional sobre la crisis de Darfur, “para ver las cosas desde fuera y encontrar vías de reconciliación”. Esa conferencia internacional se celebró en la capital rusa el 6 y el 7 de octubre, con la participación de una delegación sudanesa, representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea, China, Ho-

landa, Estados Unidos (el enviado es-pecial estadounidense a Sudán, Scout Gration), Finlandia, Suecia, la Unión Africana y la Liga Árabe. Además, tam-bién estuvieron presentes organiza-ciones humanitarias y académicos. El encuentro debería considerarse como un apoyo más a las accidentadas con-versaciones de Doha entre el régimen sudanés y los principales movimientos de oposición armada de Darfur, y cuya siguiente ronda sigue retrasándose. Los enviados especiales a Sudán de China, EEUU, UE, Francia, Rusia y Reino Uni-do firmaron una declaración tras la con-ferencia internacional en la que revisa-ron los acontecimientos ocurridos en el país desde la celebración de la prime-ra reunión de Doha, el pasado mes de mayo, y en los que ven algunas señales de progreso, como el despliegue de las fuerzas internacionales híbridas (UNA-MID), pero a la vez son conscientes de que no ha habido cambios fundamen-tales. Instan a las partes a cumplir los Acuerdos de Naivasha de 2005, firma-dos entre el gobierno sudanés y la gue-rrilla del sur, el Movimiento Popular de Liberación de Sudán, y llaman a unificar todos los esfuerzos para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad, subra-yando el papel fundamental que deben desempeñar la Unión Africana, la ONU y otros organismos internacionales para prestar todo su apoyo a las partes en conflicto y conducirlas hacia las mesas de negociación. Las repercusiones de este encuentro internacional son, como viene ocurriendo con los intentos de so-lucionar la crisis de Darfur, muy limita-das. De hecho, un día después uno de los principales movimientos armados de esta provincia sudanesa, el Movimiento de Justicia e Igualdad, rechazó cual-quier compromiso con las resoluciones de la conferencia.

(Texto en inglés de la Declaración de los enviados especiales a Sudán reunidos en Moscú)

(Referencia en árabe a la declaración de los enviados especiales)

5. Informe Goldstone: Human rights in Palestine and other occupied arab territories. Report of the United Na-tions fact finding mission on the Gaza conflict.

El presidente de la Asamblea General de la ONU, el libio ‘Ali Treki, decidió a finales del pasado mes de octubre la celebración de una sesión de la Asamblea en la que se debatiría el informe Goldstone, que acusa a Israel y a Hamás de haber cometido crímenes de guerra durante el enfrentamiento de 23 días que tuvo lugar en Gaza a finales de 2008 y principios de 2009, durante el que murieron 1.400

palestinos, en su mayoría civiles y más de una quinta parte de ellos menores -según recuentos hospitalarios locales y de ONG israelíes, palestinas e internacionales- y 13 israelíes, cuatro civiles y nueve soldados. Tras varios días de aplazamiento, la reunión fue finalmente convocada a solicitud de los estados árabes, que contaban con el apoyo de los 118 países del movimiento de Países No Alineados, según aseguró su presidente, quien instó al Consejo de Seguridad a “considerar seriamente y actuar de acuerdo con las recomendaciones” del informe.

El Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, aprobó el documento el pasado 16 de octubre y recomendaba a la Asamblea General que lo estudiara en una reunión formal. El secretario general, Ban Ki-Moon, declaró que tomaría medidas una vez la Asamblea hubiera estudiado el documento, que recomendaba al secretario general que llamara la atención del Consejo de Seguridad sobre su contenido.

El documento, elaborado por un comité de la ONU dirigido por el juez sudafricano Richard Goldstone, recomienda trasladar el caso a la Corte Penal Internacional si las dos partes no abren investigaciones “creíbles” sobre su actuación durante el conflicto. El informe fue presentado el pasado 29 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, pero su estudio por parte de la Asamblea General ha sido aplazado y obstaculizado por diferentes naciones, como EE.UU, que rechazó dicho informe, y varios miembros del consejo, incluidos el Reino Unido, Francia y Alemania, que mantuvieron silencio al respecto.

(íntegro en inglés)

(sumario en inglés)

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Escaparate de libros y revistas

Abduh Mujtar Musa. Masalat al-yanub wa-muhaddadat al-wahda fi -l-Sudan (La cuestión del Sur y las amenazas contra la unidad de Sudán). Beirut: Markaz Dirasat al-Wahda al-‘Arabiyya, 2009, (318 pp.). Las elites sudanesas no han podido conseguir la armonía entre los diferentes componentes de la sociedad del país y, además, existe una falta crónica de confi anza entre las jefaturas políticas del norte y del sur. Ambos elementos han agravado el “problema del sur”, que para el autor es una crisis de identidades. En este contexto, Mujtar Musa, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Islámica de Omdurman (Sudán), presenta un marco teórico que sirve para explicar y entender la identidad y el fenómeno étnico en el país (más de 500 tribus, 50 grandes grupos étnicos y 115 lenguas) y su infl uencia en las relaciones entre el norte y el sur. Un Sudán unifi cado y duradero no puede construirse con una simple alternancia en el poder, una redistribución de la riqueza o un auténtico sistema federal, es necesario conseguir la integración nacional y la integración social para que se de una verdadera fusión de “nacionalismos étnicos” en una identidad sudanesa que acoja en su seno la diversidad étnica, cultural, religiosa, lingüística y social.

Mahmood Mamdani. Saviors and Survivors. Darfur, Politics and the War on Terror. Nueva York: Pantheon Books, 2009 (398 págs.). A menudo, los análisis de la crisis de Darfur están descontextualizados, pero no es el caso de este interesante estudio de Mamdani que presenta el contexto socio-histórico sudanés indispensable para entender Darfur. Este libro, además, analiza las respuestas internacionales a la crisis y cómo se globalizó. Mamdani traza el origen de la crisis de Darfur: confl ictos entre nómadas y sedentarios por el control de pastos y recursos acuíferos, la acción de la administración colonial británica en la zona, las repercusiones de la guerra fría en los escenarios libio y chadiano que facilitaron la entrada de armas y la militarización de la provincia de Darfur, los intentos del régimen que se instala en Jartum en 1989 por controlar la población y crear asentamientos para nuevos grupos tribales y cómo las contradicciones estallan de forma violenta a partir de 2003, entre dos grupos principales de insurgencia en Darfur y el régimen central sudanés. Al mismo tiempo, y es algo que ocupa una parte central del estudio, desarticula la teoría del genocidio, denunciando la actuación de organizaciones como Save Darfur y de otros lobbies estadounidenses, pues afi rma que no se ha tratado de la eliminación física de “tribus africanas”, sino que tanto víctimas como verdugos son árabes. Analiza que la cuestión del genocidio –que considera falsa–sirvió para internacionalizar la crisis y preparar el terreno a una intervención militar disfrazada de “intervención humanitaria”. Mamdani, nacido en Uganda, es profesor de Antropología, Ciencias Políticas, Culturas y Lenguas de Oriente Medio y Asia de la School of International and Public Affairs de la Universidad de Columbia.

Jubin M. Goodarzi. Syria and Iran. Diplomatic alliance and power politics in the Middle East. Londres: I. B. Tauris, 2009 (359 págs.). Profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Webster en Ginebra, Jubin Goodarzi presenta en este trabajo de investigación académica la evolución de las relaciones entre Siria e Irán marcadas, en los últimos cuarenta años, por un acuerdo de defensa mutua cuyo objetivo ha sido, fundamentalmente, neutralizar tanto las posibilidades ofensivas de Iraq e Israel como los planes de expansión de los intereses estadounidenses en la región. El libro, reedición de una primera versión publicada en 2006, recorre las maniobras diplomáticas entre ambos países y los países del entorno, demostrando cómo, aunque haya estado caracterizada también por difi cultades, esta alianza ha constituido para los líderes de ambos países una herramienta con la que contar para delinear sus políticas regionales.

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Nasr Hamid Abu Zayd y Hilal Sezgin. El Corán y el futuro del islam. Barcelona: Herder, 2009 (195 págs.). Originalmente publicado en alemán (Véase Atalaya nº 6), llega ahora la versión española de este interesante ensayo sobre El Corán, el profeta Muhammad y la relación entre tradición y modernidad. El autor parte de un análisis del Corán como texto histórico y lleva a cabo una revisión de las transformaciones que ha vivido el islam a lo largo de su historia, acercándose a la relación de esta religión con Irán, la tradición griega o el universo indio, que tanto han infl uido en la conformación del islam. Tal y como afi rma Abu Zayd, “el signifi cado práctico y político de una religión no puede encontrarse en el texto mismo, sino en la correlación entre el texto y los procesos históricos, en la interacción entre el creyente y sus textos sagrados”.

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Ray Takeyh. Guardians of the Revolution: Iran and the World in the Age of the Ayatollahs. Nueva York: Oxford University Press, 2009 (329 págs.). El autor, iranio-estadounidense, hace un repaso de la historia del Irán moderno analizando todas sus etapas: comienza revisando la ideología de Jomeyni y la política exterior de aquel régimen en su primer momento de apogeo (“una revolución sin fronteras”, como señala el autor), y la guerra con el vecino Iraq, analizada como “uno de los confl ictos más devastadores del moderno Oriente Medio”. Revisa la época de Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997), donde el pragmatismo se instala en la política iraní debido a la necesidad de reconstrucción económica y de rehabilitación nacional y que afectó, también, a las relaciones exteriores. Se detiene, asimismo, en el reformismo de la era de Muhammad Jatami (1997-2005) y en su proyección exterior orientada al “diálogo de civilizaciones”, sin olvidar las repercusiones del 11-S y la crisis nuclear. Para concluir, al autor analiza el surgimiento de una nueva “derecha” en Irán que se plasma en el triunfo de Ahmadineyad en junio 2005 y que, según señala, coincide con importantes transformaciones en Oriente Medio (por ejemplo, la invasión de Iraq). Un estudio muy completo de la evolución de la “revolución” de la mano de Ray Takeyh, miembro del Council on Foreign Relations de Nueva York.

Faegheh Shirazi. Velvet Jihad: Muslim Women’s Quiet Resistance to Islamic Fundamentalism. Florida: University Press of Florida, 2009 (288 págs). Faegheh Shirazi, profesora asociada en el Departamento de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Texas, analiza en este estudio la simbología que ha adquirido el velo a lo largo de la historia. Si bien se suele relacionar con la religión y las costumbres culturales, el hiyab ha desempeñado también un importante papel político y la autora considera que las interpretaciones que asumen que el pañuelo representa la sumisión de la mujer son simplistas y están fuera de lugar. El velo está inmerso en las agendas políticas, se ha utilizado como símbolo de protesta política o, por el contrario, para expresar apoyo a determinados grupos. Shirazi analiza también diversos temas que son importantes para las mujeres, desde asuntos de la vida diaria, como la higiene o la vestimenta, hasta el aborto, el control de natalidad o la virginidad. Por último, la autora explica cómo las mujeres se han servido de internet para construir una comunidad transnacional orientada a defender sus derechos y a desarrollar estrategias para combatir a quienes intentan limitarlos.

Marina Ottaway, Amr Hamzawy (Eds.). Getting to Pluralism: Political Actors in the Arab World. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2009. Los autores analizan en esta obra cómo la gran pluralidad que, de hecho, existe en las sociedades árabes (elites gobernantes, corrientes islamistas, partidos laicos…) no se ve refl ejada en las dinámicas políticas. Según argumentan, el desequilibrio en la balanza de poder y la interdependencia de estos grupos limita la diversidad política y su efi cacia a la hora de exigir y llevar a cabo reformas. Los autores apuntan que el mundo árabe se ve inmerso en una perjudicial apatía política que afecta incluso a los grupos islamistas que, en el pasado, habían demostrado una gran capacidad para movilizarse y ganar adeptos. El estudio analiza las características de los principales actores políticos y destaca la debilidad de los partidos laicos, deteniéndose con interés en la complejidad de la participación de los islamistas en política. Marina Ottaway es directora del Programa de Oriente Medio del Carnegie Endowment for International Peace y es especialista en transformaciones políticas en Oriente Medio y en seguridad en el Golfo. Es también miembro del proyecto Democracy and Rule of Law. Amr Hamzawy es, asimismo, miembro del Carnegie Endowment for International Peace, académico egipcio especialista en ciencias políticas y en procesos de reforma en Oriente Medio. Por último, Michele Dunne, también miembro de la citada institución y editora del Arab Reform Bulletin, tiene experiencia en el Departamento de Estado estadounidense y en la Casa Blanca como especialista en asuntos de Oriente Medio.

Sami Aoun. Apres le choc. Moyen Orient: Incertitudes, Violences et Espoirs. Montreal: Les Éditions Université de Sherbrooke, 2009 (273 págs.). Sami Aoun, canadiense de origen libanés, es profesor de Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de Sherbrooke, en Quebec, y director de investigación sobre Oriente Medio para la Cátedra Raoul-Dandurand de Estudios Estratégicos y Diplomáticos de la Universidad de Quebec. En esta obra ofrece un análisis sobre el choque que supuso el 11-S para Oriente Medio, las consecuencias que de aquellos atentados se derivaron (como la invasión de Iraq o el surgimiento de movimientos radicales terroristas) y los factores que llevaron a la administración Bush a imponer su visión del Gran Oriente Medio. El autor considera que la debilidad política, militar y económica de dicha región, fundamental para el equilibrio internacional, fue uno de los factores que empujaron al ex presidente estadounidense a adoptar determinadas políticas orientadas a proteger sus propios intereses geopolíticos. Aoun analiza la situación actual en diversos países árabo-islámicos y ofrece un estudio crítico sobre las rivalidades regionales, como por ejemplo, la competencia que existe entre Irán y Arabia Saudí por extender su órbita de infl uencia en la región.

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Souad T. Ali. A Religion, Not a State. Ali ‘Abd al-Raziq’s Islamic Justifi cation of Political Secularism. Utah: University of Utah Press, 2009, (192 págs.). Souad T. Ali, académica sudanesa que dirige el Departamento de Letras y Culturas Clásicas y de Oriente Medio en la Escuela Internacional de Letras y Culturas de la Universidad Estatal de Arizona (EEUU), se propone con esta obra repensar la fi gura de Ali Abdelraziq y lo que supuso su obra El islam y los fundamentos de poder: el califato y el gobierno en el islam, publicada en 1925. Con un prólogo de Bernard Weiss, profesor emérito de Lengua y Literatura en el Centro de Oriente Medio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Utah, el libro presenta una explicación de la teoría de Abdelraziq que, publicado tan solo un año después de la caída del Califato, rechazaba la idea de un “estado islámico mundial liderado por un califa” y confi rmaba que “el islam es una religión, no un Estado; un mensaje, no un gobierno”. La autora analiza, a través del estudio de Abdelraziq, el actual debate que existe entre los partidarios de un gobierno islámico y los partidarios de una total separación entre Estado y religión. Además de la cuestión del islam y el secularismo, la autora ha estudiado los derechos de la mujer en el islam.

VV.AA. al-Hawthiyya fi -l-Yaman.. al-Atma‘ al-madhhabiyya fi dill al-tahawwulat al-duwaliyya (La hawthiyya en Yemen… Ambiciones confesionales a la sombra de las transformaciones internacionales). El Cairo: al-Markaz al-‘Arabi li-l-Dirasat al-Insaniyya (en colaboración con Markaz al-Yazira al-‘Arabiyya li-l-Dirasat wa-l-Buhuth de Sanaa), 2009 (372 págs.). Este estudio, en el que colaboran diversos especialistas y académicos, analiza el movimiento hawthi de Yemen en su dimensión política e intelectual y la naturaleza de la fractura que se vive actualmente entre este movimiento y el Estado yemení. Se centra también en explicar el papel de los actores internos y externos y los efectos del confl icto en el escenario político yemení. El libro se estructura en cuatro secciones amplias: surgimiento y trayectoria de al-Hawthiyya; enfrentamientos, desarrollo, posturas, infl uencias; ¿quién se benefi cia y qué pasará en el futuro?; resultados y consecuencias.

al-Mustaqbal al-‘Arabi, nº 368 (octubre 2009). Este número de la revista al-Mustaqbal al-‘Arabi, que publica mensualmente el Centro de Estudios de Unidad Árabe, ofrece un análisis sobre los cristianos y el pensamiento nacionalista árabe en Egipto y en Bilad al-Sham. Otro artículo analiza la relación entre política y religión en Europa, centrándose en los partidos democristianos y tomando Italia y Alemania como modelo para el análisis. ‘Abdallah al-Shayyi, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Kuwait, presenta un artículo sobre los desafíos de futuro de este país. Este número incluye también un documento de trabajo de Madawi al-Rashid, profesora de Antropología Religiosa en la Universidad de Londres, titulado “El proyecto de modernización del gobierno saudí”. Presenta además sus habituales secciones de traducciones y bibliografía en diversas lenguas.

Afkar/Ideas, nº 23 (otoño 2009). El último número de esta revista trimestral editada por Estudios de Política Exterior y el Instituto Europeo del Mediterráneo presenta tres temas centrales: los desafíos a la seguridad en el Mediterráneo occidental (con colaboraciones de Fernando Reinares, Ahmed Driss, Lakhdar Benchiba y José Enrique de Ayala, entre otros), la “fi ebre” electoral que vive el mundo árabe e islámico, desde Mauritania hasta Irán (con artículos de Larbi Sadiki y Nayereh Tohidi) y la crisis mundial y la fractura económica en los países del Mediterráneo, con refl exiones de Moncef Mahroug, Agustín Ulied y Jordi Beltrán. Además, incluye una extensa entrevista con el príncipe jordano Hasan Bin Talal.

Revistas

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Ará’ hawla al-Jaliy, nº 61 (octubre 2009). El último número de esta revista mensual, editada por el Centro de Investigaciones del Golfo, incluye un dossier monográfi co sobre Yemen compuesto por doce artículos de diversos especialistas que analizan la realidad actual yemení: la política tribal, las cuestiones de seguridad, la necesidad de cambio, las perspectivas de futuro, la presencia de al-Qaida en Yemen, la crisis por la que atraviesa el país o las estrategias que han de desarrollar los países de la región para “salvar” a este país. Además, incluye otros estudios entre los que destacan el de ‘Abdelaziz Ben Saqr, director del Centro de Investigaciones del Golfo, en el que se plantea cuál es el papel que desempeña el Consejo de Cooperación del Golfo; o el de Jaled al-Mu‘ayni titulado “La doble ocupación: competencia regional para llenar el vacío en Iraq”.

Al-Mayalla al-‘Arabiyya li-l-‘Ulum al-Siyasiyya, nº 23 (verano 2009). ‘Adnan al-Sayyed Huseyn, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Líbano, es el encargado de abrir este número de la revista con un artículo sobre los “elementos de confi anza” que existen entre EEUU y el mundo islámico. Incluye también un dossier con dos análisis sobre legalidad internacional, además de estudios sobre la cuota femenina en los parlamentos árabes; la globalización y la soberanía del Estado-nación; y sobre el papel del “factor tribal” en la política jordana. En la sección de opinión, el escritor y periodista egipcio ‘Omar ‘Ali Hasan publica un artículo titulado “Los islamistas y la reforma política en Egipto”. Esta revista también ofrece una sección bibliográfi ca.

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