HACIA DÓNDE VAMOS · 2018. 12. 18. · Tel. (809) 221-5140 ext. 2287 HACIA DÓNDE VAMOS Es una revista trimestral del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

Año 2 | Número 5 | Julio 2018

HACIA DÓNDE

VAMOS

Propuesta de ley: La planificación del país se centrará en cinco regiones únicas Pág. 18 Pág. 20

un nuevo enfoque El territorio

Ley de Ordenamiento Territorial regulará el uso de suelo y losasentamientos humanos

HACIA DÓNDE VAMOSPublicación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

CONSEJO DE REDACCIÓN

Isidoro Santana Ministro de Economía Planificación y Desarrollo

Edwin J. RuizDirector Dirección de Comunicaciones

Félix MéndezEncargado de Comunicación Externa

Rosa Moreno/Winston VargasCorrectores de estilo

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Av. México esquina Doctor Delgado

Santo Domingo, Distrito Nacional,

República Dominicana

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HACIA DÓNDE VAMOSEs una revista trimestral del Ministerio de Economía,

Planificación y Desarrollo (MEPyD) producida por la

Dirección de Comunicaciones. La reproducción del

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ción de citar la fuente.

Año 2 | Número 5 | Abril 2018

HACIA DÓNDE

VAMOS

Propuesta de ley: La planificación del país se centrará en cinco regiones únicas Pág. 18 Pág. 20

un nuevo enfoque El territorio

Ley de Ordenamiento Territorial regulará el uso de suelo y losasentamientos humanos

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo|Hacia Dónde Vamos |

En el Ministerio de Economía, Pla-nificación y Desarrollo se tiene

la misión de conducir y coordinar los procesos, planes, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas económicas que lleven la República Dominicana ha-cia un estadio superior de desarrollo ca-racterizado por la cohesión económica, social, territorial e institucional.

El horizonte futuro se construye con los planes y acciones que, como adoqui-nes que empiedran el camino, nutren la voluntad social y política para conquistar las metas en beneficio de toda la ciuda-danía dominicana, presente y futura.

Ese quehacer institucional, bajo el atareado día a día, representa una buena historia que contar. Con ese propósito presentamos una segunda entrega de la revista digital del MEPyD, que nació bajo el nombre «Hacia dónde Vamos».

¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta perentoria, que debe pensarse, que debe expresarse y que debe responderse para atestiguar si vamos por la senda correcta que nos lleva hacia el buen destino.

«Hacia dónde vamos» también tiene su propia historia que contar. Sus prime-ras tres ediciones se publicaron en for-mato impreso y tuvieron una periodici-dad trimestral.

La presente edición es la segunda en formato exclusivamente digital, lo que corresponde a la voluntad de con-tribuir a dos grandes objetivos. El pri-mero es eliminar fronteras nacionales y generacionales en la difusión de sus informaciones y mensajes, que mucho tienen de rendición de cuenta a los ciudadanos. Asimismo, de fortalecer vínculos con los públicos extranjeros, entre ellos instituciones públicas, or-ganismos internacionales y ciudadanos del mundo. Lo segundo, y no menos importante, es fomentar la cultura ver-de, que pasa por reducir a lo exclusi-vamente necesario la impresión de do-cumentos.

En esta segunda edición digital los temas tratados incluyen la efectividad de la cooperación para el desarrollo, donde los objetivos para 2018-2019

incluyen contribuir a la consolidación institucional; aumentar la transparen-cia, mejorar la igualdad de género y apoyar la participación de la sociedad civil.

Esta segunda edición digital tam-bién es portadora de las palabras del ministro Isidoro Santana sobre la divul-gación de los resultados de la II Encues-ta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), donde destaca que es responsabilidad del Estado proteger y preservar las fron-teras nacionales, resguardando nuestras fronteras con todo el rigor que manda el ordenamiento jurídico. Pero igual es su responsabilidad de promover la con-vivencia pacífica entre los ciudadanos, propiciar la inclusión social y el respeto de los derechos humanos. «El Estado no puede ser patrocinador de un apartheid social ni racial», sostiene.

Damos a conocer dos proyectos de ley, uno para organizar el territorio nacional en cinco regiones únicas de planificación y otro para la clasificación y regulación del uso de suelo, dos nor-mas que constituirán, de contar con la aprobación de los cuerpos legislativos, instrumentos fundamentales en la plani-ficación para el desarrollo.

En esa edición también se recomien-da la entrevista realizada a Celeste Silié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asocia-ciones sin Fines de Lucro (ASFL), y a la asesora Cynthia Díaz. En la misma, se presentan los frutos de la ardua labor rea-lizada en casi dos años de trabajo, en la que han sido inspeccionadas más de dos mil asociaciones sin fines de lucro, lo que es un proceso que no se detiene.

Asimismo, entre otros temas, en las paginas digitales de esta segunda edición, los lectores conocerán la vi-sión integral que para impulsar solu-ciones en agua y saneamiento presen-tó República Dominicana en el Octavo Foro Mundial del Agua.

Estos y otros temas podrán los lec-tores conocer en las páginas de «Hacia dónde Vamos». Son adoquines que em-piedran el camino hacia el futuro.

Adoquines que empiedran el camino al futuro

EDITORIAL

8.3% de la población total del país

La población total de origen extranjero* en la República Dominicana alcanzó la cifra de

847,979 personas

En 2017, en la República Dominicana habían

570,933 inmigrantes*

8.6%653%

El incremento se produjofundamentalmente por

la inmigración haitianay venezolana.

Comparado con la situación prevaleciente en 2012, esta cifra representa un incremento de 10.3%

Cerca del 80% tiene edad de

15 a 45 añosEl número de inmigrantes aumentó de

46,300 personas

Haiti Venezuela

87.2%

originarias de otros países12.8%nacieron en Haiti

COMPARANDO CON LAS CIFRAS ESTIMADAS

EN EL ENI-2012:Las actividades relacionadascon la hotelería y restaurantes.

• 44.8% de los nacidos en otros países se concentran en dos categorías:

El comercio

• 76.4% de los inmigrantes haitianos se concentran en tres ramas de actividad:

26.3%en comercio

33.8%en el sector agropecuario

16.3%en construcción

EN TÉRMINOS LABORALES:

(*conformada por la suma de los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes)

(*personas residiendo aquí pero nacidas en el extranjero)

10

14

16

18

24

CONTENIDO

5 La efectividad de la cooperación al desarrollo: seguimiento a su evolución.

7 República Dominicana presenta avances en el 9no Foro Urbano Mundial.

8 Discurso del ministro Isidoro Santana en la divulgación de los resultados de la II Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017).

10 Entrevista a Celeste Silié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL).

13 El catastro municipal, instrumento operativo de la planificación estratégica territorial.

14 Octavo foro mundial del agua: República Dominicana presenta visión integral para impulsar soluciones en agua y saneamiento.

16 Informe sobre método y resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017).

18 Cinco regiones de planificación para un desarrollo más equitativo y mayor cohesión territorial.

20 Ley de ordenamiento territorial dotará al país de categorías de uso de suelo y regulará asentamientos humanos.

22 Plan de desarrollo económico en Hermanas Mirabal: Agricultura y agroindustria, la ruta hacia el desarrollo.

24 Entrevista a Alejandro Jiménez Reyes, director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) José Joaquín Hungría Morell.

26 El SNIP más joven de la región fortalece las inversiones públicas.

28 Criptomonedas: de lo virtual a lo real.

5Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo|Hacia Dónde Vamos |

III RONDA DE MONITOREO DE LA ALIANZA GLOBAL

A propósito del desarrollo de la Tercera Ronda de Monitoreo de

la Alianza Global, dentro de cuyo marco se realiza, como cada dos años, el levan-tamiento de información para medir los avances logrados en la adopción de los principios de la eficacia y efectividad de la ayuda, el Viceministerio de Cooperación Internacional confirma su participación en este ciclo. Con este ejercicio se pretende alcanzar un mayor fortalecimiento de la gestión de la cooperación internacional para el desarrollo.

La cooperación internacional para el desarrollo ya no es sinónimo de «la asis-tencia oficial para el desarrollo (AOD)». El panorama de la cooperación para el desarrollo ha cambiado y evolucionado enormemente. Además de los actores tra-dicionales, como las organizaciones multi-laterales, bilaterales y organizaciones de la sociedad civil, se han incorporado nuevos cooperantes a través de la cooperación Sur-Sur y triangular, del sector privado y de las organizaciones filantrópicas.

Para aplicar la Agenda 2030, mar-co universal y global del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, se requiere el apoyo de todos estos acto-res. En este sentido, hoy en día la coo-peración al desarrollo abarca distintos tipos de iniciativas internacionales y adopta diversas modalidades: recursos financieros, creación de capacidades, desarrollo y transferencia de tecnolo-gía, cambios de políticas (por ejemplo: a fin de garantizar la coherencia de las políticas nacionales y ayudar a abordar cuestiones sistémicas de carácter mun-dial) y asociaciones entre múltiples in-teresados. En el marco de una alianza mundial para el desarrollo sostenible, todos estos elementos son cruciales para que República Dominicana pueda aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), valién-dose, entre otros instrumentos, de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda lide-rada por la Alianza Global.

¿Qué es la Alianza Global y cómo contribuye a impulsar los impactos en el desarrollo?

La Alianza Global (GPEDC por sus siglas en inglés) fue creada en el Cuar-to Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Busan, en 2011, por 161 países y líderes de instituciones multilaterales y bilaterales represen-tantes de diferentes estamentos de la sociedad civil (actores privados, loca-les y regionales), la academia, sindica-tos y parlamentarios. En concordan-cia con la Agenda 2030, el objetivo de la alianza es el fortalecimiento de la efectividad de la cooperación para producir el máximo impacto en el de-sarrollo. A través de su plataforma de actores múltiples, la Alianza Global proporciona apoyo y orientación; ade-más, comparte el conocimiento para impulsar el impacto del desarrollo con un fuerte enfoque en el ámbito país, asegurando un grado de coherencia y colaboración entre todos los actores del desarrollo, en los flujos y políticas de cooperación. El proceso sinérgico que debe darse entre todas las inicia-tivas vigentes contribuye a potenciar el impacto en los ODS.

Principios que sustentan la Agenda de la Eficacia de la Ayuda

Como se conoce, la Alianza Global se basa en cuatro principios que tienden a la eficacia/efectividad de la cooperación al desarrollo; estos son:

1. Foco en resultados: las inversiones y los esfuerzos tienen un efecto du-radero en la eliminación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, en el desarrollo sostenible y en mejorar las capacidades de los países.2. Apropiación por parte de los países: los países definen sus prioridades na-cionales y modelan la forma de imple-mentarlas con la participación de todos los actores del desarrollo; a este princi-pio actualmente se le denomina «apro-piación incluyente».3. Alianzas incluyentes para el desarro-llo: el desarrollo sostenible depende de la participación de todos los actores y se beneficia de la diversidad de roles y del carácter complementario de las contribuciones. Hoy en día, cuando la tendencia de los flujos de la ayuda ha migrado hacia países de menor de-sarrollo relativo (África y Asia) que los considerados de «renta media», estas alianzas son sumamente importantes.

La efectividad de la cooperación al desarrollo: seguimiento a su evolución

Ilustración 1. Evolución del debate de la Eficacia de la Ayuda desde los ODM a los ODS

4. Transparencia y rendición de cuentas compartida: los esfuerzos de coopera-ción al desarrollo son transparentes y rinden cuentas a todos los actores, in-cluida la ciudadanía en general. El mo-nitoreo de la alianza a los países cada dos años para medir el cumplimiento de los Acuerdos de la Eficacia y la exi-gencia de la gestión por resultados son herramientas que contribuyen a esa transparencia.Estos principios son producto de una se-

rie de debates y compromisos internacionales desde mediados de los noventa, que se con-solidaron en 2002 en la Primera Conferencia de Financiación al Desarrollo, celebrada en Monterrey, México, y que han culminado en 2016 en la Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global celebrada en Nairobi, Kenia.

La Alianza Global monitorea los avances en el cumplimiento de los com-promisos asumidos en Busan1 para una cooperación al desarrollo más eficaz a través de un marco de monitoreo de diez indicadores, los cuales están siendo revi-sados y ampliados al integrar la Agenda de la Eficacia de la Ayuda con la Agenda 2030 para la 3a Ronda de Monitoreo de la Alianza Global (AGCED).

Los objetivos para este nuevo ejerci-cio 2018–2019 se centran en consolidar las instituciones de los países en desarro-llo, aumentar la transparencia y la previ-sibilidad de la cooperación al desarrollo, medir los esfuerzos nacionales enfoca-dos en mejorar la igualdad de género y apoyar una mayor participación de la so-ciedad civil, los parlamentos y el sector privado en los esfuerzos del desarrollo. Algunos de los indicadores se basan en los establecidos en la Declaración de Pa-rís sobre la Eficacia de la Ayuda que los países señalaron como particularmente importantes, mientras que otros captan dimensiones más amplias incorporadas en los acuerdos de Busan y en los ODS.

Cada dos años se hace un levanta-miento de información mediante una en-cuesta liderada por los propios países. La información obtenida a través de este ejer-cicio de monitoreo de la AGCED se reúne en un informe de progreso global antes de la reunión ministerial que se realiza para conocer los resultados alcanzados. Este monitoreo mundial proporciona una fuen-te de datos empíricos que contribuyen al

diálogo político y a la rendición de cuentas dentro de la Alianza Global.

Estas rondas interactivas de monito-reo realizadas cada dos años dan segui-miento a los avances en el tiempo, permi-tiendo a los miembros de la Alianza Global extraer lecciones y crear una hoja de ruta compartida y orientada a la acción para mejorar la efectividad de la cooperación al desarrollo y sentar las bases de la respon-sabilidad mutua entre todos los actores del desarrollo. Las lecciones aprendidas a través del monitoreo nutrirán esta vez di-rectamente la revisión y el seguimiento a la Agenda 2030. Como expresa el docu-mento de Resultados de Nairobi, la Agen-da de la Eficacia es una herramienta que contribuirá al cumplimiento de los ODS. Sus resultados servirán como insumos a la reunión anual del ECOSOC.

República Dominicana en la agenda de la Alianza Global

República Dominicana, como signata-ria de los diferentes acuerdos internacio-nales sobre la efectividad de la coopera-ción al desarrollo y miembro de la Agenda Global (AGCED) ha realizado los siguientes pasos para asegurar la implementación de estos compromisos.

En ese sentido, ha participado en las distintas rondas de monitoreo des-de la Declaración de París y de la actual Alianza Global (AGCED). Los resulta-dos de la última medición, realizada en 2015-16 con el apoyo y participación de la comunidad de cooperantes en el país, la sociedad civil y el sector priva-do pusieron de manifiesto interesantes datos que servirán como desafío en el cumplimiento de los principios de la efi-cacia de la ayuda para determinar los nuevos avances logrados en el ejercicio de medición de este año. Como parte de los retos pendientes está ampliar el ejercicio de monitoreo de la AGCED, incorporando la participación de otros actores de relevancia, y una mayor participación del MEPYD, revirtiendo de esta manera el enfoque de arriba a abajo a un proceso más de abajo hacia arriba, creando una base más amplia e incluyente que permita un verdadero li-derazgo local y vaya más allá de un ejer-cicio tecnocrático de alto nivel.

1 Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (2011). Para ver haga clic en el siguiente enlace electrónico: https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf.

6 | Julio 2018

El marco de monitoreo: principios compartidos y compromisos diferenciados para una cooperación al desarrollo más eficaz

IndicadoresActor responsable de informar sobre los avances

Gobiernonacional

Socios parael desarrollo

Sociedadcivil

Sectorprivado

1 Los socios para el desarrollo usan marcos de resultados liderados

por los países● ●

2 Las organizaciones de la sociedad civil operan en un entorno que

maximiza su compromiso y sus contribuciones al desarrollo● ● ●

3 El diálogo público-privado promueve la participación del sector pri-

vado y su contribución al desarrollo● ● ●

4 Existe información transparente y disponible públicamente sobre la

cooperación al desarrollo●

5a La cooperación al desarrollo es previsible (anual) ●5b La cooperación al desarrollo es previsible (a mediano plazo) ●6 La cooperación al desarrollo se incluye en presupuestos sujetos a

control parlamentario● ●

7 La rendición de cuentas mutua se potencia mediante revisiones

incluyentes●

8 Los gobiernos dan seguimiento a las asignaciones públicas para

equidad de género y empoderamiento de la mujer●

9a Los gobiernos fortalecen los sistemas nacionales ●9b Los socios para el desarrollo usan sistemas nacionales ●10 La ayuda no está ligada ●

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf


En febrero pasado se realizó en la ciudad de Kuala Lumpur, Mala-

sia, la novena versión del Foro Urbano Mundial, con el título «Ciudades 2030, Ciudades para Todos: Implementando la Nueva Agenda Urbana», a la cual asistie-ron más de 22 mil participantes de 165 países, entre los que se destacan más de cien ministros y viceministros, funciona-rios de gobierno, especialistas y líderes de todo el mundo.

Las delegaciones debatieron los pa-sos concretos para la implantación de la Nueva Agenda Urbana como una herra-mienta para alcanzar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La misión de la República Domini-cana estuvo encabezada por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, quien cumplió un pro-grama con encuentros encaminados a visibilizar los avances realizados en el país en planificación territorial y urbana, enfatizando su vinculación con el de-sarrollo socioeconómico y la inversión pública. Estuvo acompañado del emba-jador concurrente del país en Malasia, Hans Danneberg Castellanos.

Santana participó en el panel de alto nivel «Desarrollo y urbanización: invirtiendo en la fuerza transformadora de las ciudades», en el cual esbozó una panorámica sobre el proceso de urbani-zación en el país y presentó las iniciati-vas gubernamentales planteadas para enfrentar la urbanización sin control.

Citó por ejemplo detener la metro-polización caótica, incidir en la planifica-ción desconcentrada, fortalecer los go-biernos locales e impulsar un sistema de ciudades intermedias, promocionando nuevas urbanizaciones formales con in-versión privada a través de fideicomisos y asistiendo a diversos municipios en la formulación de sus planes de ordena-miento territorial.

Durante el Foro Urbano Mundial también se presentó la experiencia domi-nicana en la sesión «Implementación de la Nueva Agenda Urbana en los gobiernos subnacionales de Latinoamérica», junto a la experiencia del gobierno municipal de Zapopan y el caso de Mérida, en México, bajo la coordinación de UN-Hábitat.

La sesión permitió destacar el apo-yo del Gobierno dominicano a la imple-mentación de la Nueva Agenda Urbana (NUA) en el ámbito regional como mu-nicipal, por medio de los procesos de desconcentración que se realizan desde el MEPyD. Asimismo, se citaron los avan-ces en la formulación del Plan de Acción del país para la Nueva Agenda Urbana y se presentaron los esfuerzos realizados desde el MEPyD junto a la Federación Dominicana de Municipios para la puesta en funcionamiento de metodologías diri-gidas a fortalecer el nivel de planificación de los ayuntamientos y la efectividad de estos planes en el desarrollo local.

De igual manera se realizó el entre-namiento en la herramienta de planifica-

ción, que integra las consideraciones de cambio climático a los planes de ordena-miento y desarrollo en el país. Esta se-sión fue conducida por especialistas del International County Managment Asso-ciation y de ICF International.

La herramienta de planificación tomó como base la Guía metodológica para la formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (DGODT/MEPyD) y presentó como casos de estu-dio los procesos llevados a cabo en San Pedro de Macorís, Las Terrenas, Santia-go y el Distrito Nacional.

La delegación liderada por el minis-tro Santana también llevó a cabo una serie de encuentros como parte de las actividades programadas para la visita oficial a Kuala Lumpur, entre las que se destaca la reunión con la directora eje-cutiva de UN-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, con quien intercambió impresio-nes sobre el avance de los procesos de planificación territorial en República Do-minicana, destacando la consolidación de instrumentos metodológicos de apo-yo a los gobiernos locales.

De igual manera, la misión participó en la reunión con los ministros y autori-dades máximas en vivienda y desarrollo urbano de Latinoamérica y el Caribe que asistieron a Kuala Lumpur y en el en-cuentro con los ejecutivos del Banco de Desarrollo de América Latina. Estas acti-vidades permitieron fortalecer la presen-cia dominicana en el plano internacional y generar alianzas para impulsar proce-sos de desarrollo territorial sostenibles en República Dominicana, con el apoyo de actores estratégicos vinculados a la temática en los distintos continentes re-presentados en el evento.

Las alianzas realizadas y los cono-cimientos adquiridos durante este Foro son aportes fundamentales para el pro-ceso de consolidación del Sistema Na-cional de Planificación e Inversión Pú-blica conducido por el MEPyD, el cual debe apuntar a la articulación de todos los componentes que forman parte de la institucionalidad gubernamental, con la finalidad de establecer un modelo de desarrollo intersectorial atendiendo a las limitaciones y potencialidades de cada territorio.

NOVENO FORO URBANO MUNDIAL

La RD pone sus ojos hacia la desconcentración urbana

Durante el Foro Urbano Mundial también se presentó la experiencia domi-

nicana en la sesión «Implementación de la Nueva Agenda Urbana en los go-

biernos subnacionales de Latinoamérica», junto a la experiencia del Gobierno

municipal de Zapopan y el caso de Mérida, en México, bajo la coordinación de

UN-Hábitat.

Por el arquitecto Erick Dorrejo

8 | Julio 2018

ENI-2017

Por Isidoro SantanaMinistro de Economía, Planificación y Desarrollo

Discurso del ministro Isidoro Santana

El fenómeno de la migración es consustancial al surgimiento y

evolución de la especie humana. Y en tiempos recientes, la movilidad de la población ha adquirido una gran multi-plicidad de formas, pues el desarrollo de las comunicaciones y del transporte ha generado incentivos muy diferenciales para vivir en uno u otro país, al tiempo que permite una variedad mucho mayor de modalidades de desplazamientos.

Si queremos actuar positivamen-te sobre la realidad social, la primera condición es conocerla. Y en nuestro tiempo, la migración internacional es una parte fundamental de esa realidad. Ahora los procesos migratorios están asociados a los procesos de globaliza-ción, de las desigualdades estructurales entre países y regiones, y por supuesto, de la inequidad en el acceso a los bie-nes y servicios, que es símbolo y reali-dad del mundo contemporáneo.

La Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017) viene a cubrir una parte importante del requerimiento de datos para conocer nuestra realidad. La misma constituye una de las fuentes de información estadística más impor-tantes del país, dado que proporciona informaciones actualizadas sobre la población inmigrante y sus descendien-tes establecidos. Estas informaciones servirán de base para la formulación de políticas para el desarrollo del país, incluyendo aquellas que tengan como objetivos el mejoramiento de las con-diciones de vida de los inmigrantes, y para monitorear los planes y programas dirigidos a esa población.

El informe que hoy ponemos en

circulación presenta los resultados de-rivados de la ENI-2017, en lo referente al volumen de la población inmigrante en la República Dominicana y de los nativos descendientes de inmigrantes y de los cambios experimentados por estos dos grupos poblacionales durante los últimos cinco años. Adicionalmen-te se incluyen los cuadros a través de los cuales es posible identificar el país de procedencia de los inmigrantes, su zona de residencia habitual, actividades a que se dedican, así como su caracte-rización demográfica y socioeconómica.

Como ha sido expuesto, la ENI-2017 es una encuesta probabilística por muestreo, en la cual se utilizó el concepto de segmento compacto. Es un ejercicio estadístico de alcance na-cional y tiene representatividad a nivel de zona de residencia, región, y los es-tratos que se basan en la concentra-ción de la población inmigrante y sus descendientes.

El levantamiento de la información se realizó mediante entrevista directa a los informantes adecuados del ho-gar, con los cuestionarios previamente elaborados. En los lugares habitados se obtuvieron informaciones acerca de los atributos geográficos, socioeconómi-cos y demográficos básicos de 223,528 personas.

Los resultados de la encuesta indi-can que, en 2017, en la República Do-minicana había, en números redondos, 571 mil inmigrantes, es decir, personas residiendo aquí, pero nacidas en el ex-tranjero. Esto equivale al 5.6% de la población total del país. De esas per-sonas procedentes de otro país, 498

mil nacieron en Haití, representando el 87% del número total de inmigrantes, mientras que las otras 73,108 personas son originarias de otros países, lo que muestra el conocido predominio de los inmigrantes haitianos.

Las características del diseño de la muestra de la ENI-2017 permiten que los resultados sean comparados con los arrojados por la ENI-2012, a partir de lo cual se calcula que, en los últimos cinco años, el número de inmigrantes aumentó en 46,300 personas, equi-valente a un promedio 9,260 perso-nas anuales. El incremento se produjo fundamentalmente por la inmigración haitiana y venezolana, motivado espe-cialmente por causas de tipo laboral, ya que cerca del 80% se encuentra en edades de 15 a 45 años.

Particularmente entre los nacidos en Haití, los menores de 15 años cons-tituyen el 7.2%, mientras que los de 65 años en adelante son apenas un 2.7 por ciento. Esto es muy diferente a la estructura por edad de los procedentes de otros países.

La población de inmigrantes naci-dos en Haití se incrementó en 39,600 personas en esos 5 años, al pasar de 458,200 en 2012 a 497,800 en 2017. Por su parte, la inmigración venezola-na se incrementó de 3,400 personas a 25,900 en el mismo periodo, lo cual im-plica que se multiplicó por más de siete.

Mientras que entre los inmigrantes se verificaba la dinámica descrita en forma previa, la población nacida en la República Dominicana descendiente de inmigrantes, en 2017 alcanzó la cifra de 277,000 personas; específicamente, un

en la divulgación de los resultados de la II Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017)


total de 253,300 son de origen haitia-no, incluyendo 171,900 casos en que ambos padres son nacidos en Haití y en otros 81,600 que tienen un progenitor nacido en Haití y otro en la República Dominicana.

De este modo, la población total de origen extranjero en la República Dominicana, conformada por la suma de los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes, en 2017 alcanzó la ci-fra de 848 mil personas, equivalente al 8.3% de la población total del país.

En resumen, de las informaciones discutidas previamente se concluye que en los últimos cinco años en la República Dominicana se registró un incremento de la población inmigrante cercano a 50 mil personas, impulsado por las corrientes migratorias de carác-ter laboral tradicionales provenientes de Haití y las nuevas corrientes migra-torias provenientes de Venezuela.

Como seguramente ustedes ha-brán podido apreciar, desde que se dieron a conocer las primeras cifras de la encuesta, comenzaron a llover los cuestionamientos originados en que cada persona tiene su propia percep-ción sobre los números. Pero la percep-ción humana nunca ha sido buena en medición de las estadísticas sociales, en buena parte porque suele ser mol-deada por la particular forma que tiene cada individuo de ver el mundo, o bien por resultar influida por los datos emiti-dos por los más vocingleros.

Y si de inventar cifras se tratara, en el país habría tanta cantidad de in-migrantes como capacidad de inven-tiva tenga el cerebro humano. Noso-tros, en cambio, tenemos que trabajar con los números que nos dicen las estadísticas. Las que les presentamos hoy, son el fruto del trabajo consa-grado de algunos de los expertos más respetados que hay en el país sobre la materia; e incluso de algunos otros países de la región.

Reconocemos que, al compartir República Dominicana la misma isla con un vecino tan pobre, uno de los países más pobres del mundo, tenemos un real problema de inmigración irregular.

Frente a este fenómeno, el Estado

está haciendo lo que le corresponde hacer. En respuesta a lo establecido en la Sentencia 168-13 del Tribunal Cons-titucional, el Gobierno decidió impulsar un ambicioso e inclusivo Plan de Regu-larización de Extranjeros en condición migratoria irregular, que abrió la posibi-lidad de dotar al país de una regulación moderna y eficiente de los extranjeros residentes en su territorio, mecanismo que ha jugado un papel importante en el control migratorio, al tiempo que po-sibilitó otorgar un estatus migratorio regular a casi 250 mil extranjeros.

Los mismos, luego de ser registra-dos biométricamente, fueron dotados del documento correspondiente, lo que contribuyó a facilitarles el acceso a condiciones de vida más dignas, al pro-piciarles la oportunidad de obtener me-jores empleos y salarios, beneficios de la seguridad social, educación y salud, y particularmente, ahorrarles el desaso-siego de sentirse ilegales y el riesgo de ser deportados en cualquier momento.

Casi en su totalidad, la inmigración que nos llega se origina en razones de empleo e ingresos. El hecho de que en-tre los haitianos que viven en el país la tasa de participación laboral es de 77 por ciento, más que en cualquier otro grupo demográfico, y de que apenas el 2.7% supera los 65 años, es señal de que vienen a trabajar, y que permane-cen en el país básicamente durante su vida laboral. Sin embargo, alguna gen-te suele atribuirles otros propósitos, acuñando expresiones como invasión pacífica, fusión o destrucción de la so-beranía nacional.

Estas expresiones fueron, cada una en su momento, ideadas por personas con interés en hacer daño y, lamenta-blemente, de tanto ser repetidas, con el tiempo han llegado a confundir a mu-chísimos dominicanos de buena fe, que ahora las usan como si fueran verdades irrefutables, sin detenerse a pensar en la carga emocional que conllevan, ni en el daño que pueden provocar a largo plazo al estimular el odio al prójimo y deteriorar el ambiente de convivencia.

Señoras y señores, en nuestros días la migración fronteriza es el centro de la atención pública de numerosas

sociedades, constituyendo un asunto de alta prioridad para los gobiernos, la sociedad civil al interior de cada país, y organismos internacionales. Las no-ticias e informaciones relativas a las migraciones gozan de una presencia constante en los diferentes grupos que conforman la vida social.

Así como la República Dominica-na, muchísimos países del mundo acu-san serios problemas de migración por razones económicas. Esto ha venido generando incluso movimientos de xe-nofobia, pero desconozco que en otros países eso se haya vinculado con asun-tos relativos a la soberanía nacional

Es importante reconocer que es responsabilidad del Estado proteger y preservar las fronteras nacionales. Tam-bién es responsabilidad del Estado apli-car y hacer cumplir las leyes de migra-ción, tratando de evitar la inmigración irregular. Nuestras fronteras se están protegiendo con todo el rigor que man-da el ordenamiento jurídico.

Pero no es responsabilidad del Es-tado propiciar el odio entre los pueblos. Tampoco es responsabilidad del Estado instigar en la población sentimientos xenófobos, ni la discriminación social o racial, sino todo lo contrario, su respon-sabilidad es promover la convivencia pacífica entre los ciudadanos, propiciar la inclusión social y el respeto a los de-rechos humanos.

El Estado no puede ser patroci-nador de un apartheid social ni racial, siendo que su mayor responsabilidad frente a su pueblo es procurar que na-die se quede atrás.

Muchas gracias

10 | Julio 2018

«Las organizaciones sin fines de lucro que no presentaron la rendición de cuentas al día no fueron

consideradas para recibir fondos este año»

- Celeste Silié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción

de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)-

Celeste, cuando asumió este cargo, ¿cuáles fueron las primeras decisiones tomadas por el Centro?

Primero, para el fortalecimiento ins-titucional, reclutamos personal técnico calificado en este ámbito e integramos un cuerpo de inspectores para conocer dónde estaban situadas las asociacio-nes y qué hacían con la financiación re-cibida. Luego, coordinamos la ejecución de los mandatos de la Ley 122-05 y su reglamento (40-08) porque las asocia-ciones se regían por la Ordenanza 520 y había que adecuarlas a la Ley.

Cuando comenzamos a aplicarla, apenas el 30% de las asociaciones esta-ban adecuadas a ella, por lo que comen-zamos a requerirles toda la documenta-ción legal. Antes de iniciar el proceso de otorgamiento de subvenciones estata-les les dimos de plazo hasta el 30 de

junio del año pasado, lo que permitió a muchas de ellas acogerse a la Ley, lo que otras muchas no pudieron.

¿Cuántas están registradas?Siete mil (7,000), de las cuales mil

doscientas (1,200) están recibiendo fondos públicos. El año pasado, mil quinientas solicitaron subvención para este año 2018 pero, por varios moti-vos, solo fueron consideradas mil dos-cientas. Era la primera vez que el Cen-tro evaluaba “solicitud por solicitud”.

¿Cynthia, cuál fue el procedimiento llevado a cabo?

Bastante flexible este año, pues en-tre los criterios de evaluación incluimos una serie de parámetros fáciles de cum-plir por la mayoría de las asociaciones.

Celeste, ¿cuáles fueron esos parámetros y criterios?

Primero, determinar si las asociacio-nes rendían cuentas, ya que este criterio tiene para el Centro una alta significa-ción, y apenas el 30 % de ellas rendía cuentas y el 70 % no. En este sector de las organizaciones sin fines de lucro no existe la cultura de rendir cuentas establecida en la Ley, pero tampoco se les había exigido. Desde entonces, las asociaciones ya vienen a rendir cuentas y solo con esta medida el resultado ha sido que permitió evaluar a mil doscien-tas (1,200), las que vienen haciéndolo. En consecuencias, las que no entregaron su rendición de cuentas al día no fueron consideradas para recibir fondos.

Para adecuar estas asociaciones a la Ley tuvimos que educarlas, concienciar-las de que los fondos de los cuales se desprende el Estado para transferírselos

tienen que ser destinados a la ejecución de proyectos y programas que impacten socialmente. En apoyo a ese proceso, la Unión Europea envió al consultor Oscar Díaz que diseñó junto a las direcciones generales de Presupuesto, de Impuestos Internos, de la Contraloría General y de la Cámara de Cuentas una normativa para la rendición de cuentas, el Sistema Nacional de Gobernabilidad, Rendición de Cuentas y Transparencia (Sinagort), el cual está casi listo para la firma de todas las oficinas fiscalizadoras de fondos pú-blicos. Además, el sistema está incorpo-rado a una plataforma tecnológica dona-da por el Banco Mundial que igualmente estará lista en un par de meses.

Cynthia: Además de la subvención estatal tramitada desde el Centro, la Ley manda la inclusión por las asociaciones de los recursos recibidos por medio de contratos de servicios, de convenios de gestión y de exoneraciones fiscales. De ahí que, por ejemplo, si una asociación recibe del Centro una transferencia co-rriente de un millón de pesos y cinco millones por concepto de exoneracio-nes será categorizada a partir del total de la suma, que además incluye los que reciben de fuentes extranjeras.

¿Deben las asociaciones identificar las fuentes?

Sí. Todo está estipulado así en la normativa y es parte de las herramientas diseñadas por el Centro para evaluación interna. Es decir, toda solicitud de eva-luación de fondos trabajada ahora por el Centro será incorporada también a la plataforma tecnológica. El Centro recaba esa información, la cual podrá cruzarla con otras instituciones en un futuro.

La directora ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, Celeste Silié, expone junto a la asesora Cynthia Díaz el proceso de fortalecimiento institucional que ella comenzó en septiembre de 2016, cuando asumió esas funcio-nes, para adecuar las organizacio-nes no gubernamentales a la Ley 122-05 que las regula y que, reveló, no había sido aplicada desde los 12 años que fuera puesta en vigor. El Centro, órgano del Mepyd, impulsa la participación de estas asociaciones en la gestión de los programas de desarrollo.

LAS ONG


Entonces, Celeste, ¿esa rendición de cuentas va más allá de lo recibido del Presupuesto Nacional?

Sí, la Ley permite a las asociaciones convenir y contratar con el Estado y reci-bir exoneraciones y, dependiendo de esos beneficios estatales, se las clasifica en a, b, c, d, e. Un ejemplo: si una asociación en Dajabón cuida tres adultos mayores y el Estado la subvenciona con cuarenta mil pesos mensuales no puede ser clasificada igual que otra que reciba seis millones de pesos mensuales del Estado: a ésta se le exigirá estados financieros auditados.

Celeste, ¿cuántos millones fueron asignados este año a las asociaciones sin fines de lucro?

Mil 788 millones (RD$1, 788, 000) del Presupuesto General de la Nación de 2018.

¿Cuál sector de prestación de servicios por las asociaciones recibió la mayor subvención, el de salud, educación, deportes?

Cynthia Díaz: Esas subvenciones están repartidas entre (los ministerios) de Salud, Educación y la Presidencia, pues las asociaciones tienen que tra-bajar con asistencia social y desarrollo comunitario, donde el grupo es grande.

¿Cuántas asociaciones han sido inspeccionadas, Celeste?

Más de dos mil, de las siete mil re-gistradas. Todas las que tuvieron fondos asignados en 2017. Además, las que los han solicitado para este 2018, que son unas mil quinientas.

¿Cuántas nuevas fueron incluidas?Unas 200, que nunca habían reci-

bido fondos, y sin embargo hacían un buen trabajo.Celeste, ¿cuál es el proceso para la asignación de fondos?

Estos fondos son transferencias corrientes desde los ministerios a los que las asociaciones están adscritas. También lo están a los consejos de la niñez (Conani), de personas enveje-cientes (Conape) y personas discapaci-tadas (Conadi).

El año pasado reubicamos a todas las asociaciones en su órgano secto-rial, pues muchas correspondientes al área de Salud Pública aparecían adscri-tas a la de Educación y, a su vez, otras muchas que aparecían adscritas a la Presidencia correspondían en verdad a Educación o a Medio Ambiente. Por esas razones no se les podía dar el de-bido seguimiento. Los ministerios son los que transfieren fondos, no el Cen-tro, que sólo regula y norma.

Cyntia: En ese aspecto, hay quie-nes creen que las transferencias a las asociaciones según el área de asisten-cia se hacen desde el presupuesto pre-sentado a la Dirección General de Pre-supuesto por los ministerios. En esos casos, los proyectos de las asociacio-nes deben ser presentados acorde a la Ley a través del ministerio correspon-diente y son evaluados por el Centro.

Celeste: Por primera vez evalua-mos todas las solicitudes de subven-ción junto con los ministerios. Luego se consensuaron los fondos a asignar. En este proceso los ministerios hicie-ron un buen trabajo, ya que cuando llegamos al Centro detectamos que en ellos no existían las comisiones mixtas de habilitación que la Ley ordena.

Los ministerios son los responsa-bles de la entrada de las asociaciones sin fines de lucro a la prestación de servicios sectoriales, y las asociacio-nes de consignarlo en sus estatutos para ser incorporadas en la Procura-duría General de la República que las certifica. Aquí es cuando comienza el proceso hacia la sectorial o ministerio

Celeste Silié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro.

12 | Julio 2018

correspondiente y que se toma la deci-sión en comisión mixta.

La importancia de haber tomado este procedimiento la ilustra la reso-lución conjunta suscrita entre el Mi-nisterio de Administración Pública y el Mepyd que dispone que todos los mi-nisterios crearán una oficina de habili-tación de asociaciones que dependerá de los viceministerios de planificación.

¿Requieren contrapartida los proyectos de las asociaciones?

No necesariamente. Inclusive, dentro de sus gastos les pedimos es-pecificar qué monto aportan al proyec-to de sus propios recursos, en vista de que puede que en la prestación de ser-vicios algunas tengan beneficios.

¿No es esto contrario a la Ley 122-05?No. Lo que no pueden es repartir

dividendos sino reinvertir los beneficios en la misma actividad. No pueden per-cibir lucro. En este sentido la ley es muy clara respecto a las asociaciones que pueden recibir fondos públicos. Solo las mixtas, las de beneficio público o de servicio a terceras personas. Por eso las de beneficio mutuo no califican.

¿Celeste, cuántas oficinas de habilitación han sido creadas?

Muchos ministerios ya las han creado, entre ellos Industria y Comercio con su co-misión mixta, Salud Pública y Medio Am-biente. Y otros, Educación y la Presiden-cia, ya tienen ese proceso muy avanzado.

Celeste, ¿cómo se articulan los objetivos de esas asociaciones y los de la Estrategia Nacional de Desarrollo?

Este año tenemos un formato de solici-tud de subvención que analiza los proyectos y programas para alinearlos sus objetivos y los de la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Celeste, ¿cómo se expresa la concentración poblacional urbana y la distribución territorial en las asociaciones?

En el área urbana está el 70 % de las asociaciones sin fines de lucro.

¿Cuántos inspectores tiene el Centro?Cinco: uno en la zona norte, otro

en la sur, uno en la este y dos en el Gran Santo Domingo.

Cynthia, ¿para la evaluación el año pasado cuáles criterios utilizaron?

Primero, hicimos un diagnóstico institucional, pues nunca aquí se ha-bía hecho una evaluación de solicitud. Solo se recibía, se registraba en una lista conforme a lo que el solicitante recibió el año anterior. No había crite-rios técnicos, un proceso que permi-tiera decir déjame ver tu proyecto, en qué consiste.

La evaluación tuvo dos compo-nentes fundamentales: evaluación del proyecto y evaluación de la asociación en su lugar de actuación visitado por nuestros inspectores. También una apreciación respecto al proyecto que había sido financiado el año anterior,

su desarrollo, qué harían y qué hacían. Por ejemplo, consideramos si de-

sarrollaban un programa de beneficio público o de servicio a terceras perso-nas, si la asociación estaba constituida dentro del plazo para adecuarse a la Ley, si rendía cuentas, su documen-tación administrativa, que tiene que ser un máximo de 20 % del total del presupuesto; si cumplía con ese 20 %, si rendían cuentas respecto a los fon-dos otorgados en 2016, y si se había ejecutado más del 50 %. Todos esos criterios los colocamos en la normativa para que las asociaciones los conocie-ran.

Celeste: Había algunas asociacio-nes que ni siquiera, nunca, habían reti-rado los fondos.

Cyntia: No lo habían ejecutado porque no tenían cómo, ni siquiera RNC. Eso se tomó en cuenta al mo-mento de la evaluación.

La asesora Cynthia Díaz y Celeste Silié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro.


Por José Alberto Cepeda

Encargado Unidad Gobiernos Locales DGIP

La Constitución de la República y la Ley Orgánica (1-12) de Estra-

tegia Nacional de Desarrollo (END) a 2030, fija en los gobiernos municipales del país la responsabilidad y la oportuni-dad de proyectar qué tan ricos o pobres son los territorios que administran, me-diante un inventario de bienes inmue-bles y el valor monetario de cada uno.

En adición, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNIP), instituido por la Ley 498-06, establece los instrumentos para que los gobier-nos subnacionales tengan la oportuni-dad de resolver temas históricos, tales como: establecer de manera georre-ferenciada los inmuebles y bienes del municipio, las infraestructuras y servi-cios que posee el territorio, las zonas vulnerables y, dentro de ellas, la escala o grado del riesgo para fortalecer el sis-tema tributario y fiscal local hacia don-de debe crecer el territorio. Esto deben hacerlo apoyados en una política de gestión urbana, suburbana y rural.

Deben, además, instaurar un siste-ma de costeo e información de los servi-cios, zonificar acorde con las normas ju-rídicas derivadas de las resoluciones que incidan en una demarcación específica y establecer la identidad social de los sec-tores y de las viviendas con nombres de calles y número único.

Cada de uno de estos temas de-berán ser convertidos en capas es-tratégicas del catastro nacional, para transformarlo en el eje del futuro, para

impactar en el desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo.

Contextualizando lo dicho en el pá-rrafo anterior, la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, establece la figura del catastro en varios artículos.

El artículo 50 versa sobre la «vigen-cia y finalización del mandato»; el art. 131 de la «memoria anual», y el 157 establece que el encargado de recau-daciones llevará al día el catastro y los inmuebles del municipio. Así también, el art. 184 establece la obligación de los ayuntamientos de la inscripción y regis-tro inmobiliario de las propiedades de sus bienes inmuebles y derechos reales ante el Registro de Títulos.

Por último, el artículo 189 sobre «venta a los arrendatarios», establece lo siguiente:

Estos cinco artículos le otorgan a la figura del catastro un régimen de control y comercial dentro de la estructura del gobierno local.

El catastro tiene que evolucionar dentro de la administración local; tiene que ser una herramienta estratégica y operativa que permita crear un siste-ma de información georreferenciado

que se articule con otras herramientas y que permita crear y actualizar bases de datos para uso interno de las entida-des territoriales y los usuarios/clientes. Este tema tiene que articularse entre las administraciones locales y la administra-ción del Gobierno central a través de la Dirección General de Catastro Nacional, entidad que define las diferentes direc-trices en esta área.

Un sistema de información georrefe-renciado garantiza un campo de benefi-cios no utilizado por los ayuntamientos en República Dominicana, moderniza la es-tructura económica y urbanística del país.

Constituye un escenario propicio para incidir en el cambio de cultura en la planeación espacial, disponer de ins-trumentos y políticas para una efectiva inversión pública para solucionar los

problemas locales e impactar positiva-mente en la felicidad de los ciudadanos. Sería el escenario estratégico para la vinculación directa entre el nivel nacio-nal y local, a fin de articular las informa-ciones para establecer un catastro con uniformidad para consulta y versatilidad de capas estratégicas, dependiendo del criterio del usuario.

Artículo 189. «En los casos en que los arrendatarios de terrenos

o solares municipales deseen adquirir por compra los terrenos

o solares ocupados por ellos, los ayuntamientos podrán hacer

tales ventas, mediante trámite de la sindicatura y aprobación del

concejo de regidores, fijando como precio de las mismas el valor

atribuido a los inmuebles de que se trate en la última tarifa vo-

tada por el ayuntamiento y ajustada por los precios de mercado,

no pudiendo ser menor que el precio definido por las instancias

del Catastro Nacional y los precios de referencia de la Dirección

General de Impuestos Internos».

El catastro municipal,instrumento operativo de la planificación estratégica territorial

EL CATASTRO MUNICIPAL

14 | Julio 2018

República Dominicana presentó ante el Octavo Foro Mundial

del Agua una visión integral de su com-promiso para impulsar soluciones a los problemas que afectan al sector agua y saneamiento.

El documento presentado recono-ce este líquido como un derecho hu-mano consagrado en la Constitución, que constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, inembargable, esencial para la vida y cuyo consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Además, en-foca el agua como recurso que, en gran medida, sustenta las diversas activida-des económicas y socioculturales, la sa-lud humana y la calidad de vida de los dominicanos.

De acuerdo con el documento, el agua potable y el saneamiento (APS) de-manda de una acción conjunta para un cambio de conducta en la gestión de los servicios, de una urgente moderniza-ción y reformas institucionales con clara definición en la separación de roles y de recursos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Foro Mundial del Agua, celebra-do del 19 al 23 de marzo de 2018 en Brasilia, finalizó con un «llamamiento ur-gente para una acción decisiva sobre el agua», el cual resultó de las discusiones de ministros y jefes de delegaciones de más de 100 países.

«El Estado dominicano reconoce el agua y el saneamiento como derecho

humano y eje estratégico del desarrollo nacional, valorando el agua como recur-so en su justa dimensión y un bien eco-nómico en proceso de incorporación a las cuentas nacionales», indica el docu-mento de 171 páginas. Ubica el uso del recurso agua en la producción agrícola, de energía, en el desarrollo del turismo, en el sector minero y en el crecimiento industrial.

Al presentar la declaración ante el foro, el ministro de Economía, Planifica-ción y Desarrollo, Isidoro Santana, acom-pañado del viceministro de Cooperación

Internacional, Inocencio García Javier, de-claró el compromiso del presidente Dani-lo Medina que bautizó el período 2016-2020 «Cuatrienio del Agua».

El ministro afirmó que existen retos y puntos clave relacionados con el agua pendientes de resolver, por lo que el país ha puesto el norte hacia un Estado de bienestar y solidaridad, en armonía con el medio ambiente, donde la dis-ponibilidad del agua, servicios básicos y desarrollo resulten suficientes, de cali-dad para todos los habitantes y plena-mente satisfechos al 2030.

República Dominicana presenta visión integral para impulsar soluciones en agua y saneamiento

El agua, un derecho humano estratégico de uso público. (Constitución Dominicana)

Exhibición en el Foro Mundial del Agua, Brasilia.

OCTAVO FORO MUNDIAL DEL AGUA


El funcionario consideró vital el fi-nanciamiento para cumplir con los pro-yectos de agua potable y saneamiento y la infraestructura para el aprovecha-miento del agua como recurso. «El agua es un bien público cuyos beneficios pueden distribuirse entre todos los ha-bitantes, en la modalidad de servicio de calidad, sin gratuidad, pero sí con equi-dad, por lo que resulta impostergable redefinir claramente nuevos criterios para el flujo financiero que impulse a nuestros países a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible», manifestó Santana.

Rezago institucionalEl «Documento País» puntualiza

que el tema del agua potable y sanea-miento muestra rezago institucional. Sin embargo, destaca que, en 2010, con la reforma de la Constitución, dio un giro primordial con el reconocimiento del re-curso agua como un derecho.

Para el coordinador sectorial de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos de la Mesa de Coordinación del Recurso Agua del MEPyD, Roberto Castillo Tió, el «Documento País» articula el agua con una visión de integralidad para satisfacer la demanda de cada uno de los sectores.

Castillo Tió considera como un punto importante de este documento la necesidad del ordenamiento institucio-nal que requiere el sector agua potable

y el agua como recurso. «Obviamente, hay quienes planteamos una estricta se-paración de roles en el ejercicio de estas funciones porque, hasta ahora, todas las funciones han estado dispersas, en du-plicidades, con un marco institucional no bien claro», expresa Castillo Tió.

Las reformas y separación de rolesEl esquema institucional, en avan-

zado proceso de discusión, radica en la separación de roles en el ordenamiento del recurso agua en un organismo rector como primer nivel, bajo la tutela del Mi-nisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según el documento. También, un segundo nivel integrado por organis-mos sectoriales del Estado como agua potable y saneamiento, producción agro-pecuaria, energía y minas, industria, turis-mo, agua ambiental y desarrollo de obras hidráulicas de propósitos múltiples.

Resalta, además, la redefinición del Instituto Nacional de Recursos Hi-dráulicos como autoridad nacional del agua, con funciones de regulador del sistema sin entrar en competencias con las funciones de los organismos sectoriales, para garantizar la transpa-rencia. En el caso de aguas potables y saneamiento, la rectoría a cargo del Ministerio de Salud Pública se forta-lecerá con la redefinición del Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantari-llados como regulador de las prestado-

ras de servicios.En cuanto al tema del financiamien-

to, Castillo Tió lo considera de suma importancia, debido a que el país de-dica entre 0.34 % a 0.4 % del PIB, que resultan insuficientes para satisfacer las necesidades. El «Documento País» indi-ca que la inversión requerida para la co-bertura total nacional en el sector APS equivale al 2 % del PIB en el primer año y 1.6 % durante tres años consecutivos.

Destaca que poner en vigencia ple-na el derecho humano al agua y al sanea-miento no es un gasto sino una inversión con valor agregado de efecto inmediato en la economía nacional. El indicador del Banco Mundial refiere que con cada dó-lar invertido se genera un valor agregado en bienestar de cuatro dólares.

En otro aspecto, el documento aborda la situación de las cuencas bi-nacionales, los problemas de sequía y la deforestación. Menciona, asimismo, la necesidad de una coordinación técnica conjunta entre República Dominicana y Haití para un manejo adecuado de las aguas transfronterizas.

El foro congregó a expertos del sector de agua y saneamiento de los sectores gubernamental, privado, sociedad civil y académico de todo el mundo.

Exhibición en el Foro Mundial del Agua, Brasilia.

16 | Julio 2018

Informe sobre método y resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes

ENI-2017

Muestra estudiada La Segunda Encuesta Nacional de

Inmigrantes (ENI-2017), es una encues-ta probabilística por muestreo, en la cual se utilizó el concepto de segmento compacto. En forma aleatoria se selec-cionaron 912 unidades primarias de muestreo (UPM) y, mediante la técnica de barrido, se entrevistó a todas las personas residentes dentro de éstas.

Dado el tamaño promedio de cada unidad primaria de muestro, se esperaba encontrar alrededor 72,000 hogares. Sin embargo, debido a que no solo se visitarían los hogares, sino también a todas las estructuras que albergan personas, se esperaría que el número de habitáculos fuese sensiblemente superior a la 72,000. Efectivamente, se encontraron 73,286 sitios habitados (hogares, granjas, construcciones, negocios, etc.)

Este ejercicio estadístico es de alcance nacional y tiene los siguientes niveles de representatividad: zona de residencia, macro-región, región de planificación y los estratos que se basan en la concentración de la pobla-ción inmigrante y sus descendientes. Las características del diseño de la muestra de la ENI-2017 permiten que los resultados sean comparados con los arrojados por la ENI-2012.

Instrumentos de recolección de la información utilizados

En esta investigación estadística se aplicaron dos cuestionarios: uno dirigido a los hogares y otro a la pobla-ción inmigrante, así como a las perso-nas nacidas en República Dominicana cuyos padres nacieron en otro país.

Mediante el Cuestionario de Ho-gares se recopilaron datos acerca del tipo de vivienda, número de hogares



847,979 personas



8.6%653%






46,300 personas

Haiti Venezuela

87.2%





El comercio


26.3%en comercio






LA MIGRACIÓN


existentes en ellas, relación de paren-tesco con el jefe de hogar, sexo, edad de las personas, país de nacimiento, país de nacimiento del padre, país de nacimiento de la madre, acceso a ser-vicios básicos en el hogar, recepción de remesas monetarias y en especie en el hogar, entre otros aspectos importantes.

A su vez, por medio del Cuestio-

nario Individual se investigaron los datos siguientes: país de nacimiento de los inmigrantes; condición de lecto-escritura, afiliación a seguros de salud, condición de ocupación, envío de remesas, año de llegada a la República Dominicana, tenencia de documentos de identidad, alcance del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y vínculos con el país de

origen. Adicionalmente se incluyó un módulo destinado a indagar acerca de algunos aspectos relacionados con la salud reproductiva de las mujeres in-migrantes. Algunos de estos aspectos se encuentran todavía bajo análisis.

Trabajo de campo La recolección de los datos de la

ENI-2017 tuvo una duración de 54 días y se desarrolló entre los días 15 de agosto y 18 de octubre de 2017. En esta fase del proyecto participaron 146 personas, 78 de las cuales fun-gieron como entrevistadores, 26 como supervisores de campo, 26 como intérpretes y 16 como facilitadores de procesos. En adición a este equipo, cuatro técnicos contratados fungieron como Supervisores de calidad de la información en campo, mientras que seis técnicos de la Dirección de Cen-sos y Encuestas de la ONE realizaron labores de Supervisores nacionales.

El levantamiento de la información se realizó mediante entrevista directa a los informantes adecuados del ho-gar, con los cuestionarios previamente elaborados. En los lugares habitados se obtuvieron informaciones acerca de los atributos geográficos, socioe-conómicos y demográficos básicos de 223,528 personas, entre los cuales se identificó un total de 24,547 inmigran-tes y descendientes de inmigrantes, a quienes se les aplicó el cuestionario individual.

Procesamiento de los datos.

Una semana después de haber iniciado el trabajo de campo se co-menzó con las actividades de crítica y codificación de los datos. A su vez, una semana después de iniciada esta fase se comenzaron los trabajos de digitación. A finales de diciembre se concluyó la digitación e iniciaron las actividades tendentes a la limpieza de la base de datos.

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la ENI-2017, MEPyD, ONE, UNFPA, Unión Europea.



847,979 personas



8.6%653%






46,300 personas

Haiti Venezuela

87.2%





El comercio


26.3%en comercio






18 | Julio 2018

CINCO REGIONES DE PLANIFICACIÓN

Cinco regiones para aprovechar de manera más eficiente los re-

cursos del país quedarán conformadas cuando sea convertido en ley el proyec-to de regiones únicas de planificación, para impulsar un desarrollo más equita-tivo. La iniciativa de ley orgánica creará las regiones Cibao Norte, Cibao Central, Región Metropolitana, Este y Suroeste.

La propuesta tiene el objetivo de propiciar un mejor desarrollo nacional, regional y local, orientando las políti-cas, planes, programas y proyectos de inversión pública para asegurar un de-sarrollo local sostenible y una mayor cohesión territorial.

El proyecto para la regionaliza-ción de la planificación tiene entre

sus propósitos promover la coordi-nación entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales para el logro de los objetivos y los resultados espera-dos en la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo. Además, pro-piciar la coordinación interadminis-trativa y las sinergias en la ejecución de las políticas, planes, programas y

Las regiones de planificación son establecidas para ordenar territorialmente la aplicación de las

políticas públicas a favor del desarrollo de la nación.

Cinco regiones de planificación para un desarrollo más equitativo y mayor cohesión territorial


proyectos nacionales, sectoriales y lo-cales de desarrollo contenidos en el Plan Plurianual del Sector Público.

El proyecto consigna en su artí-culo 8 que al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) compete implementar la regionaliza-ción del territorio nacional, como ór-gano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. El MEPyD abrirá unidades desconcen-tradas en cada una de las regiones, las cuales dependerán de su Viceministe-rio de Planificación.

Estas unidades tendrán como función principal coordinar en el terri-

torio la formulación de los planes re-gionales y provinciales de desarrollo y asesorar a los consejos de desarrollo. Las sedes se ubicarán en Santiago de los Caballeros, San Francisco de Ma-corís, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Barahona. Con la apertura en 2017 de la Oficina de Planificación Regional Cibao-Norte, en Santiago, el MEPyD comienza este proceso de desconcentración.

En torno al tema, el arquitecto Erick Dorrejo, asesor del Ministerio de Economía, expresa que más que la división geográfica, el proyecto de ley prevé también desconcentrar las funciones del Estado en términos re-gionales. Dice que se podrá trabajar la planificación del desarrollo desde cada una de las regiones para tener más cer-ca las potencialidades y limitaciones de cada uno de los territorios, para definir las iniciativas a implementar, en con-junto con sus actores.

Las regiones de planificación son establecidas para ordenar territorial-mente la aplicación de las políticas públicas a favor del desarrollo de la nación.

Estado de situaciónEl proyecto de ley impulsado

por el Gobierno fue aprobado en el Senado y luego pasó a la Cámara de Diputados, que lo aprobó en prime-ra lectura y lo envió a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales. Está pendiente de aprobación en se-gunda lectura.

Recuento del proyectoEntre 2012 y 2013, el Viceminis-

terio de Planificación del Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Ordenamiento y Desarro-llo Territorial, llevó a cabo un proceso de socialización del anteproyecto de ley de regiones únicas de planifica-ción.

A lo interno fueron consultados los viceministerios de Planificación, de Cooperación Internacional, y la Unidad Asesora de Análisis Económi-co y Social. También los ministerios de la Presidencia, Agricultura, de Educa-

ción, de Interior y Policía, de la Mujer, de Medio Ambiente y Recursos Natu-rales, de Obras Públicas y Comunica-ciones, de Salud Pública, de Turismo, de Administración Pública y la Federa-ción Dominicana de Municipios, y los institutos nacional de la Vivienda y de Recursos Hidráulicos.

Luego, el MEPyD conformó una mesa de trabajo para la elaboración del proyecto y el 15 de enero de 2015 realizó una presentación al entonces ministro Temístocles Montás. El 10 de marzo del mismo año fue introducido al Congreso Nacional por el senador por San Juan, Félix Bautista, presiden-te de la Comisión de Economía, Plani-ficación y Desarrollo del Senado.

Antecedentes de la regionalizaciónLa actual regionalización del terri-

torio nacional fue establecida a través del Decreto 710-04, del 30 de julio de 2004, que establece que las10 regio-nes de planificación son: Cibao Nor-te, Cibao Sur, Cibao Nordeste, Cibao Noreste, Valdesia, El Valle, Enriquillo, Yuma, Higuamo y Ozama.

Delimitación del territorio en cinco regiones únicas de planificación:

La región Cibao Norte: provincias de Dajabón, Montecristi, Santiago Ro-dríguez, Valverde, Puerto Plata, San-tiago y Espaillat.

La región Cibao Central: María Trinidad Sánchez, Samaná, Hermanas Mirabal, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez.

Región Metropolitana: Distrito Nacional, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia y la provin-cia Santo Domingo.

La Región Este: San Pedro de Ma-corís, La Romana, La Altagracia, El Sei-bo y Hato Mayor.

La Región Suroeste: Elías Piña, San Juan, Azua, Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.

Cinco regiones de planificación para un desarrollo más equitativo y mayor cohesión territorial

20 | Julio 2018

La República Dominicana contará con categorías de uso de suelo y

con las normativas para el establecimiento de asentamientos humanos cuando el pro-yecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo pendiente en el Congreso Nacional sea convertido en ley orgánica.

La propuesta establecerá una serie de regulaciones que tomarán en cuenta la adaptación al cambio climático, los des-equilibrios y desigualdades territoriales, la sostenibilidad ambiental, la gestión inte-gral de riesgo, la competitividad econó-mica y la calidad de vida de la población.

La clasificación del uso del suelo en urbanizado, industrial, agropecuario, fo-restal, minero, costero-marino, servicios especiales y áreas protegidas será con-forme con los criterios del órgano rector de la planificación y la inversión en el país, el MEPyD, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

«Estas categorías no son limitati-vas ni excluyen a otras pasibles de ser incluidas en otras leyes complemen-tarias», precisa el proyecto. A su vez, cada una de estas categorías tiene una subclasificación, por ejemplo, los tipos de uso del suelo urbanizado en resi-dencial, comercial, institucional, turís-tico, industrial y recreativo.

El proyecto indica en el párrafo I del artículo 51 que los ayuntamientos o juntas de distritos solo emitirán cer-tificaciones de no objeción del uso del suelo cuando cuenten con una orde-nanza que establezca dónde se pueden asignar las distintas categorías de uso en el territorio municipal.

«En caso de no tenerla, se realizarán los planes correspondientes para contar con la información para la toma de de-cisiones, o ser apoyadas por los minis-

terios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, Planificación y Desarrollo para su realización y, poste-riormente, proceder a emitir la ordenan-za correspondiente».

De acuerdo con el proyecto, las autoridades competentes asignarán el uso de suelo urbanizado solo cuando no afecte la seguridad alimentaria, sustitu-yendo, por ejemplo, el uso de suelo de vocación agrícola.

Otros criterios son que no se incre-menten los niveles de vulnerabilidad con edificaciones en cañadas o arroyos que han sido rellenados, próximos a fallas geológicas, cauces antiguos, áreas de deslizamiento e inundación marina o de ríos y, además, que no afecte la sosteni-

bilidad ambiental.Para el arquitecto Erick Dorrejo,

asesor del MEPyD en la materia, cuan-do el proyecto sea convertido en ley dotará por vez primera al país de cate-gorías de zonificación de suelo. «El que pueda generarse un catálogo de uso de suelos y de zonas de uso preferente, creo que es una de las grandes apues-tas», manifestó, y precisó que otra im-portancia del proyecto es que articulará todo el sistema gubernamental.

Asentamientos humanosEl proyecto prohíbe, en el artículo 26,

la instalación de asentamientos humanos en lugares vulnerables o de alto riesgo, en zonas de alta productividad agrícola y

Ley de Ordenamiento Territorial

para regular el uso de suelo y los asentamientos humanos

Los ayuntamientos concederán permisos de uso de suelo con base en la clasificación general y en las ordenanzas municipales.

NO RESIDENCIALES EN SUELO AGRÍCOLA


en áreas prohibidas por las leyes. En ese orden, los asentamientos humanos infor-males no están permitidos en el marco del ordenamiento territorial, por lo que las autoridades competentes de las unidades político-administrativas actuarán confor-me a las sanciones establecidas en la ley para aquellos que los impulsen y ejecuten.

En cuanto a los asentamientos hu-manos informales existentes, localizados o desarrollados en zonas urbanas, se es-tablece que sean incluidos en los planes municipales de ordenamiento territorial. Las autoridades los adecuarán a la ley en coordinación con las instituciones o personas involucradas con un interés le-gítimamente protegido.

De igual modo se declarará de alto interés nacional la titulación de terrenos y la regularización de los asentamientos humanos existentes conforme a los pla-nes de ordenamiento territorial nacional, regional y municipal que se elaboren con los requerimientos de esta legislación y de las leyes existentes.

La localización de nuevos asenta-mientos humanos estará sujeta a es-tudios de impacto ambiental y vulne-rabilidad ante riesgos que establezcan su factibilidad, al estudio de factibili-dad de desarrollo económico, social y cultural para sus futuros habitantes, en el que se establezca generación de empleos; así como a la localización en áreas que no alteren los niveles de alta productividad agrícola de sus suelos.

Además, deberá estar sujeto a acuerdos formales de convivencia pa-cífica entre la población de acogida y la población a ser reasentada, locali-zación en zonas que garanticen su re-lación funcional y su conectividad con el entorno inmediato.

Proyecto priorizadoEl presidente del Senado, Reinaldo

Pared Pérez, anunció que este proyecto está entre las iniciativas que se les daría un tratamiento priorizado en la presente legislatura (discurso del 27 de febrero de 2018 ante la Asamblea Nacional).

Dijo que el Senado y la Cámara de Di-putados, en coordinación con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, celebra-ron el Foro Legislativo Empresarial, en el

que identificaron varias iniciativas legislati-vas, entre ellas la ley de ordenamiento te-rritorial y uso de suelo. Mientras que en el foro el presidente de la Asociación de Ho-teles y Turismo (Asonahores), Joel Santos, dijo que el proyecto es importante para desarrollar los polos turísticos del país.

Recuento En 2011 fue introducida la propues-

ta de ley de ordenamiento y desarrollo territorial impulsada por el Gobierno, a través del MEPyD. En julio de 2014 se iniciaron los trabajos de una comisión de los ministerios de Economía, Planifica-ción y Desarrollo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y legisladores.

El 29 y 30 de enero de 2015 se llevó a cabo el seminario taller «Conformación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial», donde fue presentada la pro-puesta borrador de ley de ordenamiento territorial con uso de suelo incluido.

En mayo de 2015 la iniciativa fue aprobada en primera lectura en la Cá-mara de Diputados y fue el resultado del esfuerzo conjunto del Gobierno

y el Poder Legislativo a través de se-siones de trabajo coordinadas por la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, tomando en cuenta la propuesta original del dipu-tado Radhamés González.

En junio de ese mismo año fue aprobada en segunda lectura en la Cá-mara de Diputados. En julio de 2015 fue conformada una comisión especial en el Senado, donde perimió y volvió a la Cámara de Diputados y fue aprobada nuevamente.

En agosto de 2017 fue conformada una comisión bicameral. En noviembre de 2017 la Comisión Bicameral, pre-sidida por el diputado Plutarco Pérez, concluyó el estudio del proyecto de ley, exceptuando 14 artículos, de acuerdo con informaciones en la página web de la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa estudiada por la Co-misión Bicameral fue propuesta por los senadores de Azua, Rafael Calderón; de La Vega, Euclides Sánchez, y de San Juan, Félix Bautista. Al concluir la legis-latura pasada el proyecto perimió.

El proyecto plantea prohibir los asentamientos urbanos informales e incluir los existentes en planes de reordenamiento.

mento en una herramienta con vida, en una guía de trabajo para las diversas acciones y proyectos que se han con-venido y entendido como prioritarios”.

El plan informa que esta provin-cia, reconocida también por sus mura-les, cuenta con clústeres estratégicos generadores de riqueza y trabajo para esta demarcación creada en 1952 con el nombre de Salcedo, hasta 2007, cuando se la designó Hermanas Mi-rabal, en honor a las heroínas Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas en 1960 por luchar por la liberación del país de la dictadura de Trujillo.

Una cuarta parte de la producción local la mantiene este sector que pro-porciona más de seis mil empleos. El plan cita al clúster del zapote, a la Aso-ciación de Productores Agropecuarios, a los productores de cacao, de vege-tales, de pimiento morrón, de pepino y tomates, entre otros.

En cuanto al sector agroindustrial cita la exportación de productos derivados del zapote hacia Estados Unidos y Canadá.

Mientras que el plan, elaborado con el apoyo de la Escuela de Go-bierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, de México, recuerda que el café es la segunda fuente de riqueza y uno de los principales productos exportados.

22 | Julio 2018

CACAO, VÍVERES Y VEGETALES

Laboriosa, como las hormigas, la población de la provincia Her-

manas Mirabal ve en la agricultura y en la agroindustria el buque insignia que transportará a sus munícipes al puerto del desarrollo.

En esta cuna de Las Mariposas, hay una conjunción de voluntades que consiste en ver en la planificación la herramienta aliada que orientará la puesta en marcha de los proyectos destinados al florecimiento provincial.

Con una extensión de 430 kilóme-tros cuadrados, en el centro norte del país, la provincia tiene a Salcedo como capital municipal, además de los muni-cipios de Tenares y Villa Tapia.

El 59.1% de la población no rebasa los 34 años, y poco más de setenta mil personas (78.1 % de la población), te-nía no más ayer, en 2010, un nivel de escolaridad entre primaria y superior.

Los grupos de educación en cien-cias sociales y educación superior suman cerca del 75 %, por lo que constituyen un punto de referencia

importante para las estrategias de de-sarrollo industrial.

El Plan para el Desarrollo Econó-mico, que identifica las mayores opor-tunidades para la transformación y la consolidación, contiene seis objetivos específicos, treinta y cinco líneas de ac-ción y veintiún proyectos estratégicos.

Fue diseñado por la Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DIGEDES), del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), orientado a propiciar la pro-ducción y la productividad y la genera-ción de riqueza y empleo.

En 2013 la provincia ocupó el vi-gésimo cuarto lugar en empleos en el país, lo que representó el 0.9 % del total nacional, de acuerdo con la En-cuesta Nacional de Fuerza de Trabajo.

Al acto de lanzamiento del plan concurrió el titular del ministerio, Isi-doro Santana, quien manifestó a los asistentes: “Ustedes, líderes y diri-gentes de la provincia, tienen en sus manos el reto de convertir este instru-

Plan de Desarrollo Económico en Hermanas Mirabal: Agricultura y agroindustria,la ruta hacia el desarrollo

Acto de presentación del plan, realizado en Salcedo.


«Esperamos que juntos,

desde el sector privado y

el público, podamos se-

guir trabajando y lograr

que estas líneas base del

desarrollo económico

puedan tener sus resul-

tados»

«Es un plan muy prome-

tedor, fruto de mucho

trabajo y consenso, de

mucha participación de

la sociedad y de todos los

entes que tienen que ver

con el desarrollo de la

provincia»

Los atractivos turísticos y el acervo histórico y cultural de la provincia fueron tomados en cuenta para la concepción del plan de desarrollo.

El Bosque de la Mujer, en Salcedo.

Jaime David Fernández Mirabal,

Ex vicepresidente de la República

Yamirka Tejada,

Vice Alcaldesa de Villa Tapia.

24 | Julio 2018

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

¿Cuál es la importancia de contar con un instituto geográfico?

Después que la República Dominicana definiera su carta de ruta, ese plan nacio-nal de desarrollo, esa determinación de qué país queremos ser a 2030, los planificado-res se percataron de que sería necesario una herramienta idónea para que todos los insumos y resultados provenientes de la infraestructura del Ministerio de Econo-mía, Planificación y Desarrollo, de la Oficina Nacional de Estadística, de las direcciones generales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, de Inversión Pública, de Desa-rrollo Económico y Social fueran visualiza-dos y analizados a través de un mapa. Y es

ahí cuando se crea el Instituto Geográfico Nacional, como esa herramienta idónea.

En vista de que ese plan de desarrollo debe reflejar la vinculación entre el ciuda-dano y su territorio, es ahí también donde el Instituto viene a jugar un papel funda-mental en la relación de las comunidades con el territorio. No sólo con los recursos del territorio, sino además con sus habi-tantes y con la planificación de la inversión. Toda relación con recursos humanos, fí-sicos (agua, suelo, flora, entre otros), ele-mentos del clima, con la preparación del ser humano que habita ese territorio se aborda desde diferentes puntos de vista. Por eso, aunque históricamente sólo se ha venido mencionando una geografía des-criptiva, pasiva, la que nos enseñan en la escuela, existe una geografía humana acti-va, la que impregna dinamismo al territorio. ¿Cómo podemos ver, en términos prácticos, esa vinculación entre ciudadanos y territorio?

En un discurso que escuché del secre-tario general de las Naciones Unidas sobre el tema geoespacial, él decía: «Todo ocurre

en un lugar». Eso es la geografía; todos los actos del ser humano ocurren en un lugar. El territorio es parte de cada ciudadano, la persona está vinculada a su entorno, al lugar donde vive; por eso, el ser humano, el indivi-duo, como ciudadano, es más que el cuerpo físico, es su cultura, su tierra, y esa cultura se la da el lugar de donde viene, cómo se desenvuelve, la actividad económica, la in-formación que tiene sobre dónde vive. Es un conjunto de condiciones que hace que convierta al ser humano en parte de ese am-biente y, en consecuencia, a actuar sobre él.¿Cómo se articula la información geográfica dispersa en distintas instituciones?

Una de las funciones clave que la ley manda al Instituto Geográfico Nacional es construir la infraestructura de datos espa-ciales de la República Dominicana. Esto es, construir la red que interconectará a todas las instituciones generadoras de informa-ción geográfica, pues cada una tiene una parte de esa información.

Esa infraestructura conformará una red en la que toda esa información, basada en

El director del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell, ingeniero Alejandro Jiménez Reyes, as-pira a que para 2020 el país haya com-pletado la actualización de la cartografía base de República Dominicana, actuali-zado el catálogo de nombres geográfi-cos (nomenclátor) de todos los lugares, la infraestructura de datos espaciales, así como la coordinación de la red geo-désica nacional.

Como órgano rector de la geografía, la cartografía y la geodesia, el Instituto tiene la función de establecer políticas generales que fortalezcan, protejan y desarrollen estas áreas para contribuir con el desarrollo sostenible del país. El Instituto Geográfico Nacional fue crea-do mediante la Ley 208-14 y está adscri-to al Ministerio de Economía, Planifica-ción y Desarrollo (MEPyD).

En este diálogo, Jiménez Reyes ha-bla de los retos como fundador y primer director de una institución de vital im-portancia para la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

«En términos geográficos, la República Dominicana debe tener una visión insular»

Entrevista con el directo Alejandro Jiménez Reyes

Alejendro Jiménez, Director Instituto Geográfico Nacional.


normas internacionales de información geo-gráfica (la familia ISO 19100) esté disponible para los tomadores de decisiones acceder a la información correcta en la planificación efectiva de la inversión pública territorial.

También facilitará información vital para inversionistas extranjeras en la Repú-blica Dominicana. Cualquier persona que venga a invertir en una zona específica del país deberá tener a mano toda la informa-ción geográfica. Por ejemplo, sus recursos naturales, el uso del suelo, población, el nivel educativo, la cantidad de habitantes, los recursos hidráulicos, las condiciones climáticas, etcétera. Todos estos datos son informaciones geográficas necesarias para la adecuada planificación de cualquier in-versión. Igualmente, para la parte agrope-cuaria se requiere información hídrica, me-teorológica y de recursos humanos, a fin de establecer qué tan aptos son los suelos de acuerdo con su capacidad productiva para un determinado cultivo en una región.

En todos los casos, esta información geográfica proporcionada por la infraes-tructura de datos espaciales deberá ser información confiable y certificada oficial-mente por el órgano rector, el Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué se hace para actualizar la cartografía base de República Dominicana?

Estamos realizando una labor de in-teroperabilidad humana para coordinar la actualización de la cartografía base. Hemos dado el primer paso, solicitar a todas las ins-tituciones la cartografía temática disponible para homologarla y definir la norma nacio-nal que regirá en adelante su elaboración.

Hemos adelantado reuniones con ins-tituciones como el 911, la Dirección Ge-neral de Catastro, la Dirección de Ordena-miento y Desarrollo Territorial del MEPyD, la Comisión Nacional de Emergencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Junta Central Electoral y el Instituto Cartográfico Militar, entre otras.

Estamos llamados a realizar la carto-grafía base de República Dominicana, cuya última actualización data del año 1984. La cartografía base es la que contiene todos los datos fundamentales del país, tales como carreteras, centros poblados, ríos, entre otros, dependiendo de la escala, que es la que nos permite visualizar detalles en el territorio. Estos datos están organiza-

dos por capas, y cada una contiene infor-mación diferente. Por eso, el trabajo que estamos realizando es interdisciplinario e interinstitucional. ¿Cómo se vinculan las actividades del Instituto y las academias?

Además de sus funciones de rectoría, como manda la Ley 208-14, el IGN tiene un rol fundamental, vinculado a la investi-gación y a la formación de profesionales. Recientemente firmamos un acuerdo con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la única en el país que forma ingenieros geomáticos en su Escue-la de Geomática, que es una disciplina que enlaza las geociencias con las tecnologías de la información. La información geográ-fica es básica para actividades tales como evaluación ambiental, manejo de recursos terrestres y marinos, gestión del riesgo de desastres, monitoreo de presas, navega-ción de embarcaciones y aeronaves, ocea-nografía y turismo.

Este convenio de colaboración permi-tirá la asistencia técnica en los ámbitos de la geografía, cartografía y geodesia, tanto del personal técnico como de estudiantes y profesionales del área. Se establece la rea-lización conjunta de talleres, cursos, diplo-mados y congresos educativos, así como facilitar a los estudiantes de las carreras de Ingeniería Geomática y Agrimensura de la UNPHU los medios para adquirir materia-les de soporte para su formación técnica.

En este sentido, el IGN proporcionará apoyo en informaciones geográficas y ma-terial de cartografía actualizados para la eje-cución de proyectos de investigación cuyos objetivos beneficien a ambas instituciones. Los técnicos del IGN, mediante un programa de formación y capacitación permanente, tendrán facilidades para estudios en cursos de educación continuada, técnicos, técnicos superiores y profesionales en la sede central y de la UNPHU y sus otros recintos.Háblenos ahora de geografía y frontera: Haití-RD. ¿Habrá una agenda conjunta?

En términos geográficos, debemos tener una visión insular. Los recursos na-turales del territorio no están limitados por fronteras político-administrativas. Un evento catastrófico natural no se detiene en una frontera. Por esa obvia razón, de-bemos promover una visión estratégica para el manejo compartido de los recur-sos con el vecino país de Haití, que no es

el único caso en la región, pues la misma complejidad fronteriza la tienen Nicaragua y El Salvador, Guatemala y México, y otras naciones del continente.

Nosotros tenemos que hacer geogra-fía, geodesia y cartografía con una visión insular, porque ni las epidemias, ni la se-quía ni los factores del cambio climático se detienen en una frontera. Y por ello es necesaria la colaboración permanente y el intercambio de información geográfica en-tre los institutos nacionales geográficos de ambos países.¿Contamos con los recursos humanos capacitados en geografía?

Únicamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo imparte la carrera de Ciencias Geográficas. Pero, fíjese, como mencionamos antes, ya la UNPHU tiene una escuela de Geomática (Geociencias + Informática).

Un instituto geográfico no debe estar conformado sólo por geógrafos, cartógra-fos o geodestas. El personal técnico debe reflejar la multidisciplinaridad e incentivar la interdisciplinariedad en sus objetivos y resultados. Si partimos de que los mapas han pasado del arte y la teología al comer-cio y la política, que ahora deben reflejar mejor la demografía, la economía, la ecolo-gía y la ingeniería, produciendo una imagen viva y dinámica del mundo, entonces, ade-más de las disciplinas señaladas, un institu-to geográfico hoy debe estar conformado por ingenieros, ecologistas, economistas, sociólogos, geólogos. Y esa es la institución que estamos construyendo. En la medida en que el IGN alcance su madurez, desa-rrollaremos un programa de pasantías que incorporará las disciplinas citadas al equipo técnico de la institución.¿Cuáles serían los aportes del IGN ante los aparentes procesos de pérdida de tierra cultivable y recursos hídricos?

Precisamente, parte de la responsabi-lidad del instituto geográfico es motivar la preservación de los recursos naturales me-diante el apoyo a las instancias correspon-dientes para el inventario y monitoreo de estos; aún más, si consideramos que nues-tros mayores ingresos de divisas los aporta el turismo, uno de cuyos sustentos son los recursos naturales. No es casual que en el consejo directivo del Instituto esté repre-sentado el Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales.

26 | Julio 2018

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de República

Dominicana es el más joven de la re-gión, pues se inicia a partir del 2009 tomando en consideración las expe-riencias de países como Perú y Colom-bia. En su tiempo de vida, este sistema ha logrado fortalecer las inversiones públicas en el país.

El proceso de implementación del sistema nació en 2006 con la aproba-ción de las normas base, tales como el Reglamento del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, la nueva Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley de Crédito Público y legislación para reorganizar los gobiernos muni-cipales.

Actualmente, el SNIP está adscrito al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), aunque también depende del Ministerio de Hacienda.

Las normas aprobadas en los úl-timos diez años hacen hincapié en la definición de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que es el instrumento de planificación nacional que contiene la visión de país a largo plazo.

Los objetivos estratégicos están en los planes plurianuales y en los de me-diano plazo, los cuales contienen todos los programas y proyectos priorizados para ejecutar. Hay una vinculación es-trecha entre lo que dice la END y lo que está en los proyectos de inversión pública. Tienen que perseguir cada uno de esos objetivos estratégicos. De otra manera, no son admitidos en el sistema.

El Ministerio de Economía elabora la programación macroeconómica y Ha-cienda el marco fiscal del cual salen los techos para el plan plurianual de inver-sión pública del que salen, a su vez, los presupuestos anuales.

Visión sistémicaLos planes plurianuales permiten

una visión sistémica de la inversión pú-blica, pues incluyen la visión de corto y mediano plazo de los proyectos, pero también su relación con la estrategia de desarrollo de país. Asimismo, marcan un control estratégico de la cartera para que las autoridades del Estado trabajen de manera articulada. Por otra parte, al evitar que cualquier proyecto que no cumpla con los lineamientos de la END

prospere, se ha elevado la calidad de los proyectos de inversión pública, al igual que la relación entre aquellos proyectos y las prioridades nacionales.

En el sistema no se admiten aque-llos proyectos de inversión no alineados a los objetivos de la END. La inversión pública, en general, se relaciona con los siguientes sistemas: Presupuesto, Crédito Público, Tesorería, Contabilidad Gubernamental, Compras y Contrata-ciones, Administración de Recursos Hu-

fortalece las inversiones públicas en la República Dominicana

El SNIP más joven de la región


manos, Administración de Bienes Na-cionales y Control Interno.

Los proyectos guardan un orden en nomenclatura en correlación con los sectores. Para facilitar este último punto, se han creado sistemas y subsis-temas de interfaces que ponen a inte-ractuar el sistema de Presupuesto y el sistema de Inversiones.

Por otra parte, el flujo de informa-ción está organizado en función del ciclo de la inversión pública, para que llegue a cada nivel con los pasos requeridos para la formulación de proyectos, de tal manera que puedan ser presentados al SNIP y luego ser consolidados en la Dirección General de Inversión Pública. Existe también un comité interinstitucio-nal que garantiza la programación de los presupuestos y que reporta los avances físicos y financieros durante la ejecución. Esto hace posible presentar los informes de rendición de cuentas al Ministerio de Economía que, a través de la Dirección de Inversión, hace la revisión técnica en el proceso de formulación, otorga los códigos SNIP, revisa, consolida y trans-mite a DIGPRES tanto los POA como la programación trimestral.

Las normas técnicas han permitido crear una cultura de proyectos

El sistema se apoya en herramien-tas como un sitio web que articula las tipologías del SNIP con las categorías programáticas del sistema, para ges-tionar proyectos e inversión; además, cuenta con un banco de proyectos, con un módulo de priorización y que alcanza a todas las instituciones del Estado.

Con el apoyo de la Unión Europea se trabaja en incorporar las municipali-dades al SNIP a través de un programa de fortalecimiento de capacidades. Otra herramienta son las normas técnicas, que nos han permitido crear una cultura de proyectos y garantizar la calidad de los proyectos de inversión.

Dentro de las normas técnicas apa-rece un proceso de formulación, viabili-dad y registro ex ante del proyecto, que responde a criterios definidos en las ins-tituciones sectoriales y en los órganos rectores. También se ha diseñado una metodología general y algunas metodo-

logías sectoriales, además de otras que se están desarrollando para formular proyectos con estándares de calidad. En conclusión, con el sistema de inversión pública de República Dominicana los procesos para hacer más eficientes la inversión pública han avanzado de ma-nera importante.

Se ha logrado sistematizar la rendi-ción de cuentas, incluso en los perfiles de proyectos que se presentan ante el Congreso, con el detalle de cuál es el papel de cada institución en el proce-so de la inversión. EI Banco Central de República Dominicana indica en su úl-timo informe que una de las variables que más estaba incidiendo en mantener el crecimiento del país era la formación

bruta de capital físico. Mantener esa formación ligeramente por encima de los niveles de América Latina obedecía, según el Banco Central, a dos factores: primero, a un influjo importante de in-versión privada y, segundo, a una inver-sión pública de calidad.

Al iniciar este proceso, solo el 10 % de los proyectos que se presentaban en República Dominicana respondía a los estándares de un SNIP. En apenas cinco años, el 95 % de iniciativas de inversión pública responde a estas exigencias, y en valor monetario, la inversión se ha duplicado. Esto es una muestra del de-sarrollo de capacidades en formulación de proyectos que han alcanzado nues-tras instancias sectoriales.

Operación yFuncionamiento

Evaluación y Cierre y de los PIP

Ejecución de Proyectos de IP

Programación de Recursos

Plan Anual de Inversión Pública

ProblemáticaNacional,

regional y local

Plan Nacional Plurianual de

Inversión Pública

Ciclo de la Inversión Pública

Ciclo de Vida de la Inversión Pública

28 | Julio 2018

TECNOLOGÍA

Las criptomonedas se han con-vertido en un tema de especial

interés para millones de personas, quienes investigan constantemente su fortaleza tecnológica y de inversión. De hecho, en enero 2018 la palabra criptomonedas alcanzó la popularidad máxima de búsqueda en el navegador de Google. La realidad es, ¿cómo no mostrar interés en estas monedas vir-tuales, cuando la más famosa, el bit-cóin, aumentó su valor de manera ver-tiginosa en meses pasados? Esto, sin dejar de lado otras fortalezas que la caracterizan.

El bitcóin, al igual que otras mo-nedas similares que surgieron luego de esta, como ethereum, ripple, prime-coin, entre otras1 , se consideran acti-vos virtuales que han sido construidos para funcionar como medios de inter-cambio, basados en la tecnología de la criptografía (técnica que a través de cifras o códigos protege documentos y datos), para asegurar el flujo tran-saccional, así como para controlar la creación de unidades adicionales de la moneda (Chohan, 2017).

En 2009, Satoshi Nakamoto (seu-dónimo del creador) lanzó el sistema bitcóin, con el cual se podían hacer

transacciones financieras sin interme-diarios bancarios usando como instru-mento la moneda virtual bitcóin, carac-terística que la hizo atractiva desde su lanzamiento. Este sistema, basado en la tecnología blockchain (cadena de blo-ques), coexiste de forma paralela al sis-tema financiero y consiste en una gran base de datos en las que están inscritas todas las operaciones financieras reali-zadas con la moneda virtual.

La cadena de bloques funciona como un libro de contabilidad, donde las transacciones se verifican y equi-libran gracias a la interacción de un entramado de agentes, denominados mineros, quienes protegen la red me-diante el procesamiento de una gran cantidad de algoritmos (criptografías). Las transacciones se almacenan en cada uno de los múltiples nodos que integran la cadena de bloques. Los nodos están constituidos por las com-putadoras que ejecutan el software de Bitcóin en el mundo, y se conectan

Por Yaurimar TeránEspecialista Sectorial

Criptomonedas: de lo virtual a lo real

¹ A marzo 2018, se registran más de 1500 criptomo-nedas en circulación (Coinmarketcap, 2018).

En un mercado eficiente, la

ley de la oferta y la demanda

determina el valor de un ac-

tivo —sea este el dinero—. En

el caso de las criptomonedas,

la aceptación y la confianza

han sido determinantes por

su valor.


entre sí por medio de in-ternet. La interacción den-tro del sistema les permite a los mineros obtener una pequeña porción de bitcoi-nes, que se reparte de ma-nera aleatoria como recom-pensa.

Esta tecnología hace del bitcóin una moneda re-lativamente segura, pues tratar de quebrantar el sis-tema le generaría un costo innumerablemente alto a quien lo intente. De hecho, el protocolo tecnológico de la cadena de bloques au-menta cada cierto tiempo el grado de dificultad para ob-tener bitcoines, reduciendo así el alcance a estas mo-nedas de usuarios con una computadora básica.

Ahora bien, aparte de lo atractivo de la tecnología que respalda las monedas virtuales, sus defensores consideran que pueden lle-gar a constituir un sistema de intercambio universal y resaltan en ellas tres grandes cualidades: i) reduc-ción de los costos transaccionales -no hay intermediarios-, ii) reducción en los tiempos de las liquidaciones y iii) capa-cidad de permanecer en el anonimato en las transacciones.

Adicionalmente, el bitcóin, y en general las criptomonedas, a dife-rencia del dinero fiduciario, son des-centralizadas –carecen de respaldo gubernamental o alguna autoridad monetaria– y el algoritmo que los crea garantiza una oferta limitada y estable, lo que evita aumentos repentinos y discrecionales y permitiría la conser-vación de su valor. Para el caso del bitcóin, la oferta total es finita, nunca

existirán más de 21 millones de bitcoi-nes en circulación. Al 12 de julio de 2018 la oferta en circulación es de 17.15 millones de bitcoines (Yahoo Fi-nance, 2018).

El ecosistema Bitcóin es aún jo-ven, sin embargo, los beneficios des-critos han incrementado su populari-dad como medio de cambio de bienes y servicios: ropa, alimentos, artículos electrónicos, automóviles, casas, pro-gramación, diseño, etcétera. Si se aña-de la aceptación del bitcóin por parte de grandes empresas tecnológicas, como Microsoft; países (Japón, Corea del Sur, Australia); sistemas de pagos en línea, como Paypal y la creación de bolsas de valores y corretaje de crip-

tomonedas (Coinbase –en EE. UU.–, Bitstamp –en Eu-ropa–, Coincheck y Bitfinex –en Asia–) la lista de acep-tación se hace mucho más grande.

Sin embargo, no todo sobre el bitcóin es positivo. Debido precisamente a su falta de regulación y al com-plejo sistema que lo respal-da, el mercado de criptomo-nedas es sumamente volátil, incrementando el riesgo a la hora de invertir. Así como en un mercado eficiente, la ley de la oferta y la deman-da determina el valor de un activo –sea este el dinero–, en el caso de las criptomo-nedas, la aceptación y con-fianza han sido determinan-tes de su valor. En 2017 el bitcóin experimentó incre-mentos entre 400 % y más de 1000 % en tan solo días (1338 % interanual al 31 de diciembre 2017), pero bastó una ola de opiniones

a favor de su regulación por parte de organismos internacionales –incluso países– para que su valor se desplo-mara en 64 % en tan solo 36 días hasta alcanzar un valor de US$6937 el 5 de febrero de 2018. Luego de esta fecha, se incrementó en 66 % en un mes y, desde entonces hasta el 12 de julio ha disminuido su valor en 46.3 %. Estos cambios de valor reafirman el alto gra-do de volatilidad de la criptomoneda.

Dada la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y la facilidad de operar de manera anónima a través de seudónimos, se han prestado para reali-zar operaciones sin dejar rastros, lo que las hace atractivas para transacciones de actividades ilegales, convirtiéndo-

Se debe ser cuidadoso y

objetivo antes de incur-

sionar en el mundo de las

monedas virtuales, invertir

en ellas no debería ser por

estar en la onda tecnológica

y mucho menos ser el único

activo que se posea porque

se ha cambiado todo lo que

se tiene para adquirirlas

—Incluso comprarla con

deudas-, pues hay que estar

claro que, así como se gana

se pierde y este último pue-

de ser más significativo.

30 | Julio 2018

las últimamente en un punto focal para agentes supervisores, quienes se en-cuentran discutiendo la mejor forma de intervenir en su regulación. No obstan-te, se han encontrado con disyuntivas incluso en la forma de clasificarlas antes de ubicarlas dentro de algún marco re-gulatorio, como es el caso del gerente general del Banco de Pagos Internacio-nales (BPI), Agustín Carstens, quien dijo en un discurso que las criptomonedas como el bitcóin no cumplen con «la de-finición básica textual» de ser una mone-da (CNN, 2018).

En este punto vale la pena anali-zar la definición básica del dinero y sus funciones y evaluar si las criptomone-das cumplen con los requisitos básicos para ser consideradas dinero.

Es evidente que al menos por el momento, las criptomonedas no cum-plen exactamente con las tres fun-ciones básicas del dinero, ya que no puede ser utilizada como reserva de valor y no es por completo una uni-dad de cuenta. En este sentido, sería incorrecto asegurar que las criptomo-nedas funcionan como el dinero fidu-ciario. No obstante, algunos analistas advierten sobre su potencial como activo monetario dado el retorno im-plícito que poseen en forma de liqui-dez (Rallo, 2017). En otras palabras, el bitcóin puede ofrecerle a su tenedor la ventaja de revenderlo en el futuro minimizando los costes de transacción (si evita pasar por el sistema bancario).

Dada la actualidad de las crip-tomonedas y la «emoción» que las rodea, en especial el bitcóin, siguen surgiendo intereses por la tecnología que respalda esta moneda y se siguen creando conceptos inspirados en la misma. Este es el caso de Venezuela, que retomando la idea de su expresi-dente Hugo Chávez Frías de crear una moneda fuerte respaldada por mate-rias primas, ha creado un criptoactivo denominado petro, cuya tecnología de fondo es la misma de la del bitcóin (blockchain).

El petro tiene efectivamente su respaldo en materias primas, específi-camente reservas de petróleo. Según

el Libro blanco del petro (White Paper Petro) (Venezolana, 2018), «el Estado promoverá e incentivará el uso del Petro con miras a consolidarlo como opción de inversión, mecanismo de ahorro y medio de intercambio con los servicios del Estado, la industria, el comercio, y la ciudadanía en gene-ral». Adicionalmente, «el Petro será un instrumento para dar estabilidad eco-nómica e independencia financiera de Venezuela».

Hay que esperar la forma en cómo se consolidará el petro, pues a priori parece que el mismo se ha creado para solventar los problemas de liquidez de Venezuela. De ser así, estaría compro-metiendo los recursos petroleros a fu-turo, tal vez necesarios para respaldar una economía actualmente quebran-tada.

Si se desea invertir en criptomo-nedas, se debe ser cuidadoso y objeti-vo antes de incursionar en este mundo virtual. Si bien el interés en las mismas se explica básicamente por los eleva-dos rendimientos que generan, inver-tir en ellas no debería ser por estar en la ola tecnológica y mucho menos ser el único activo que se posea porque se ha cambiado todo lo que se tiene para adquirirlas –incluso comprarlas con deuda–. Algunos consejos sobre invertir en ellas apuntan a plantear un porcentaje al que se estaría dispuesto a perder en caso de caídas significati-vas en el precio.

Por el momento, el bitcóin, como otras monedas virtuales, no reempla-zará a los tradicionales métodos de pago para convertirse en una alter-

nativa dominante a corto plazo. El mercado de las criptomonedas es aún muy joven y queda mucho por evaluar. Sin embargo, la tecnología avanza a pasos gigantescos y es evidente que en un futuro (tal vez no muy lejano) el sistema financiero se vea obligado a adaptarse a nuevos medios de pa-gos, ya sean monedas virtuales u otros sistemas que surjan. Si bien la transi-ción completa a un sistema totalmen-te virtual puede tomar varios años, en especial por temas regulatorios y de seguridad internacional, en el media-no plazo las criptomonedas podrían llegar a convertirse en métodos com-plementarios y coexistir con el dinero «normal» que hoy conocemos.

Bibliografía

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Rallo, J. R. (11 de Diciembre de 2017). El valor intrínseco de bitcoin no es cero. El Confiden-cial. Obtenido de https://blogs.elconfiden-cial.com/economia/laissez-faire/2017-12-11/el-valor-intrinseco-de-bitcoin-no-es-ce-ro_1490354/

Venezolana, S. d. (31 de enero de 2018). Alba Ciudad. Obtenido de http://albaciudad.org

Yahoo Finance. (5 de marzo de 2018). Obteni-do de https://finance.yahoo.com

El dinero es un medio de cambio aceptado universal-

mente que puede ser usado para hacer transacciones.

En general, es un medio de pago para bienes y servi-

cios o para el pago de deudas, públicas o privadas.

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